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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06599-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06599-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la señora Oher Hadith Hernández Roa. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Oher Hadith Hernández Roa Accionado: Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-00 SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06599-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06599-00
Accionante: OHER HADITH HERNÁNDEZ ROA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA 25 ESPECIAL DE DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Sala 25 Especial de Decisión del
Consejo de Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto
2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 27 de octubre de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El 21 de octubre de 2025, la señora Oher Hadith Hernández Roa, por
medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la Sala 25
Especial de Decisión del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende
que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

2. La anterior transgresión se la adjudica a la sentencia del 30 de abril de
2025, proferida por la autoridad judicial accionada en el trámite del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00.

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la

Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado, y se dispuso la vinculación de la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de la Fiscalía General de la Nación, y de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en virtud del artículo 610 del Código General
del Proceso.

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Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Accionado: Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-00

Mediante dicha providencia, se declaró infundado el recurso formulado contra la
sentencia del 19 de enero de 2023 dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2018-00224-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Amparar los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso
y acceso a la administración de justicia.

2. Dejar sin efectos la sentencia del 30 de abril de 2025 proferida dentro en
el proceso de radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00 y, en
consecuencia, ordenar a la Sala Especial de Decisión 25 del Consejo de
Estado que profiera una decisión de reemplazo, teniendo en cuenta los
fundamentos jurídicos expuestos en la presente acción3.

1.2. Hechos

4. El 29 de enero de 2018, la señora Oher Hadith Hernández Roa interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) el artículo primero
de la Resolución 2538 del 29 de junio de 2017, que restructuró los cargos de la
nueva planta de personal de la autoridad demandada; y (ii) el Oficio STH 35 del
30 de junio de 2017, mediante el cual la entidad referida le informó a la
demandante sobre la terminación de la relación laboral, con ocasión de la
supresión de su cargo.

5. En particular, estimó que el ente acusador desconoció: (i) su condición de
madre cabeza de familia y de prepensionada, (ii) que ella contaba con amplia
experiencia, y (iii) que no todas las personas nombradas en la nueva planta de
personal eran de carrera administrativa ni se trataban de sujetos de especial
protección.

6. Al medio de control se le asignó el número de radicado 25000-23-42-000-
2018-00224-00 y le correspondió a la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien, a través del fallo del 9 de marzo
del 2020, accedió a las pretensiones de la demanda4.

7. En concreto, consideró que la Fiscalía tenía el deber de estudiar a fondo
cuales de sus servidores eran sujetos de especial protección. No obstante,
concluyó que la entidad omitió que la señora Hernández Roa encajaba en los
presupuestos constitucionales establecidos para que una mujer sea considerada
madre cabeza de familia, pese a que la empleada se lo puso de presente antes
de que se restructurara la nueva planta de personal.

3 Transcripción literal del escrito de tutela.
4 Ordenó el reintegro de la demandante al cargo de fiscal delegada y el pago de los salarios y

acreencias generadas desde el 1 de julio de 2017 hasta que fuera reintegrada.

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8. Inconforme, el ente acusador apeló la decisión5. En segunda instancia, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la
sentencia del 19 de enero de 2023, revocó la providencia del tribunal y, en su
lugar, negó las súplicas de la demanda. Si bien encontró probado que la
demandante acreditó su calidad de madre cabeza de familia para la época de los
hechos, expuso que no se aportó ningún elemento de convicción que demostrara
que ella tenía un mejor derecho respecto de los empleados que fueron asignados
en la nueva planta de personal de la Fiscalía.

9. Por otro lado, frente a la presunta calidad de prepensionada, indicó que no
se discutió ese aspecto en sede administrativa y tampoco se aportaron las
pruebas correspondientes para acreditarlo. En ese orden, concluyó que los actos
administrativos demandados no estaban viciados de irregularidad alguna, puesto
que se la restructuración de la planta de personal de la Fiscalía se basó en la
necesidad del servicio y los estudios técnicos correspondientes.

10. Insatisfecha con el fallo, la señora Oher Hadith Hernández Roa promovió
el recurso extraordinario de revisión en virtud de la causal 5 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011. Esto, al estimar que el ad quem: (i) desconoció el principio
de congruencia por pronunciarse sobre aspectos no contemplados en la
apelación, e ignoró que en primera instancia ella había solicitado el decreto de
pruebas documentales que permitirían acceder a la información profesional de
las personas nombradas en su cargo, pero dicha petición fue negada 6; y (ii)
incurrió en exceso ritual manifiesto, porque invirtió la carga de la prueba, en vez
de decretar de oficio el material probatorio necesario para demostrar que a ella
le asistía un mejor derecho respecto de la nueva planta de personal.

11. La Sala 25 Especial de Decisión, mediante la sentencia del 30 de abril de
2025, declaró infundado el recurso interpuesto y condenó en costas a la parte
actora. En primer lugar, adujo que, a pesar de que no se haya propuesto en el
recurso la apelación que la demandante no acreditó tener un «mejor derecho»,
dicho argumento hace parte de los temas que deben analizarse implícitamente
en litigios de esa naturaleza.

12. De otro lado, frente a la negativa de decretar las pruebas aludidas,
argumentó que la demandante no agotó todos los recursos ordinarios que tenía
a su disposición para que se accediera a su solicitud. Ello, debido a que, aunque
haya interpuesto los recursos de reposición y apelación contra la decisión que
negó el decreto de pruebas, no radicó el recurso de queja en contra del auto que

5 Señaló que, cuando se hizo el estudio de las hojas de vida de los servidores que advertían ser
sujetos de especial protección, la demandante no probó, siquiera mínimamente, su condición de
madre cabeza de familia.
6 Solicitó oficiar a la Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación para

que indicara «los nombres y número de identificación de los funcionarios que ocupan el cargo de
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, número de resolución de nombramiento, tipo de
nombramiento, fecha de vinculación a la entidad en caso de que esta se hubiera producido antes
del nombramiento como Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, las funciones, fecha desde que
se ejercieron y denominación del cargo, pues no se encuentra relación directa con el proceso».

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rechazó por improcedente la apelación, y tampoco solicitó las referidas pruebas
en segunda instancia7.

13. En segundo lugar, puso de presente que cuando se discute la legalidad de
actos administrativos que suprimen empleos en provisionalidad, es deber de los
trabajadores demostrar que la administración no cumplió con la carga
argumentativa requerida para justificar el recorte de personal. Por ende, le
correspondía a la señora Hernández Roa probar que «la Fiscalía no justificó
plenamente la existencia de razones objetivas para retirarla del servicio».

14. Además, expuso que, pese a que el juez posee facultades oficiosas para
decretar pruebas, el operador judicial no puede suplir la carga probatoria que le
asiste a las partes. Es decir, que debe limitarse a hacer uso de dichas facultades
para esclarecer asuntos que ofrezcan duda en el litigio.

15. Finalmente, concluyó que la parte actora pretendía con el recurso
extraordinario de revisión reabrir el debate del litigio declarativo, con el objetivo
de que se acceda a las súplicas del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La accionante afirmó que, al proferir la providencia del 30 de abril de 2025,
la Sala 25 Especial de Decisión incurrió en los defectos sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto, a saber:

• Defecto sustantivo: adujo que se desconoció la evidente «desigualdad
procesal» entre una madre cabeza de familia y la Fiscalía. Por ello, era
procedente distribuir la carga de la prueba, para que le correspondiera
a la entidad demandada acreditar que sí actuó diligentemente al realizar
la restructuración de la planta de personal. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la autoridad era quien tenía el acceso a la información del
resto de compañeros que continuaron desempeñando su cargo, y que
se encontraba probado que ella era madre cabeza de familia.

En ese orden, sostuvo que «el argumento según el cual las pruebas de
oficio no eran procedentes porque rompería el equilibrio procesal en el
que el juez “debe ser neutral” no es razonable en el caso específico».

• Defecto procedimental: manifestó que se incurrió en exceso ritual
manifiesto por: (i) vulnerar su derecho fundamental al debido proceso al
afirmar que con el recurso extraordinario de revisión se pretendía reabrir
el litigio declarativo, puesto que se interpuso con el fin de presentar

7 Al respecto, se aclaró que a la fecha de interposición de apelación (6 de julio de 2021) ya estaba

vigente la Ley 2080 de 2021, la cual modificó el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011. De ahí que
la demandante tenía la posibilidad de solicitar el decreto de pruebas al juez de segunda instancia
durante el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de alzada.

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omisiones y errores del ad quem; y (ii) por exigir el uso del recurso de
queja contra el auto que rechazó la apelación, pese a que en ese
momento (antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021) el artículo 243
de la Ley 1437 de 20118 «daba a entender que la decisión de primera
instancia de negar el decreto o práctica de pruebas era inapelable, pues
este sólo lo permitía frente a los autos de los jueces administrativos, no
a los de los tribunales administrativos».

1.4. Intervenciones

17. La Sala 25 Especial de Decisión consideró que la acción de tutela de la
referencia no cumple con el requisito general de relevancia constitucional y, en
todo caso, no hubo vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.

18. Primero, indicó que el defecto sustantivo es una réplica del cargo expuesto
en el recurso extraordinario de revisión respecto del presunto exceso ritual
manifiesto en el que incurrió el juez de segunda instancia.

19. Segundo, frente al defecto procedimental, aclaró que la corporación ha
sido enfática en que el recurso de revisión no se trata de una tercera instancia
del proceso ordinario. Igualmente, a pesar de lo anterior, señaló que el fallo
controvertido explicó con suficiencia que: «(i) a la señora Hernández Roa le
asistía el deber de demostrar la aparente nulidad de las resoluciones
controvertidas; (ii) la pretensión de reintegro que ella formuló exigía que se
analizara si tenía un “mejor derecho”, aún si no se trataba de un aspecto apelado,
y (iii) dicha falencia probatoria no se podía subsanar a través del mecanismo de
revisión».

20. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declare la improcedencia
de la solicitud de amparo, y expuso que, a su juicio, carece de legitimación en la
causa por pasiva. Lo último, dado que no existe relación de causalidad entre los
hechos narrados en la tutela y la entidad.

1.5. Manifestación de impedimento

21. Encontrándose en sala el proyecto de fallo de primera instancia, mediante
escrito enviado el 11 de noviembre de 2025, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó su impedimento para conocer y decidir el presente trámite
constitucional, con fundamento en la causal contemplada en el numeral 6 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal9. Lo anterior, por haber

8 ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los

Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los
jueces administrativos: […] (Texto original de la Ley 1437 de 2011, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021)
9 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado
dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del

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conformado la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de Estado que profirió
la sentencia del 30 de abril de marzo de 2025, la cual se cuestiona en esta acción
de tutela.

22. La Sección por auto de la misma fecha de la presente providencia, declaró
fundado el impedimento manifestado por el consejero Barreto Suárez, pues
suscribió la providencia aquí controvertida. En consecuencia, el referido
magistrado fue apartado del conocimiento del proceso de tutela la referencia.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada
por la señora Oher Hadith Hernández Roa. En tal sentido, se demostrará que en
el asunto no se supera el requisito general de la relevancia constitucional.

2.1. Caso concreto

2.1.1 La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

24. El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales12 y a la configuración de algún
defecto especial13 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.

25. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la
providencia a revisar.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)

efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
13 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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26. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.

27. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).

28. La Sala advierte que la señora Oher Hadith Hernández Roa está
legitimada en la causa por activa, porque integró la parte demandante dentro del
recurso extraordinario de revisión en el que se dictó la providencia que se
reprocha mediante esta vía. Por otro lado, se evidencia que la Sala 25 Especial
de Decisión del Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva por
haber proferido la decisión controvertida dentro del trámite objeto de la litis.

29. Por último, la Fiscalía General de la Nación considera que debe declararse
su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no existe relación de
causalidad entre los hechos narrados en la tutela y la entidad. La Sección negará
dicha petición, debido a que la autoridad referida no fue vinculada a la acción de
tutela en calidad de accionada, sino como tercero con interés.

30. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional14, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

31. En este caso, a juicio de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto,
como pasa a exponerse.

32. Primero, indicó que en la sentencia controvertida se desconoció la
evidente «desigualdad procesal» entre una madre cabeza de familia y la Fiscalía,
al afirmar que la carga probatoria del litigio recaía sobre ella como empleada.

33. Segundo, sostuvo que la autoridad demandada se equivocó al afirmar que
se pretendía reabrir el debate zanjado por los jueces ordinarios, dado que el

14 Sentencia SU-215 de 2022.

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recurso extraordinario de revisión se interpuso con el fin de presentar omisiones
y errores del ad quem.

34. Tercero, manifestó que era excesivo exigirle la interposición del recurso de
queja, el cual probablemente no hubiese prosperado. Ello, teniendo en cuenta
que el auto que rechazó la apelación se expidió antes de la vigencia de la Ley
2080 de 2021 y el artículo 243 de la Ley 1437 de 201115 «daba a entender que
la decisión de primera instancia de negar el decreto o práctica de pruebas era
inapelable, pues este sólo lo permitía frente a los autos de los jueces
administrativos, no a los de los tribunales administrativos».

35. Así las cosas, la Sala considera que la solicitud de amparo no supera el
requisito de la relevancia constitucional. Esto, debido a que la parte actora
demuestra una mera inconformidad con los criterios adoptados por la autoridad
judicial accionada, sin que medie una argumentación encaminada a evidenciar la
presunta transgresión de sus garantías constitucionales que justifique la
intromisión del juez de tutela.

36. En primer lugar, respecto del defecto sustantivo formulado, se observa que
la accionante pretende convertir este trámite constitucional en una instancia
adicional, dado que los argumentos traídos a esta sede son una reiteración de
los presentados en el recurso extraordinario de revisión, los cuales fueron
estudiados por la autoridad judicial accionada.

37. En efecto, de conformidad con jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado16, en la sentencia del 30 de abril de 2025, se explicó que «en
los casos en que se pretenda la declaratoria de la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se suprimieron cargos públicos, con
ocasión de procesos de reestructuración de la Administración, a la parte
demandante le corresponde demostrar que: (i) era titular de derechos de carrera
o estaba en alguna condición de vulnerabilidad que le permitía gozar de fueros
de estabilidad laboral, y (ii) tenía un mejor derecho para permanecer en el servicio
público activo[…]».

38. En segundo lugar, frente a los defectos procedimentales por exceso ritual
manifiesto, se tiene que la señora Hernández Roa realmente pretende imponer
su tesis sobre lo decidido por la Sala 25 Especial de Decisión del Consejo de
Estado. Ello, puesto que, pese a que se le haya indicado que se buscaba reabrir
el debate jurídico zanjado por los jueces ordinarios, se estudió cada uno de los

15 ARTÍCULO 243. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los

Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los
jueces administrativos: […] (Texto original de la Ley 1437 de 2011, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021)
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 1 de noviembre de 2007,

M.P. Jesús María Lemos Bustamante, rad. 19001-23-31-000-2001-01784-01 (5112-2005);
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 2 de octubre de 2024, M.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, rad. 25000-23-42-000-2017-01023-02; y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 11 de agosto de 2022, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, rad. 15001-23-33-000-2018-00150-01.

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cargos propuestos en el recurso extraordinario de revisión para explicársele por
qué debía declararse infundado.

39. Además, la autoridad judicial accionada al exponer que la demandante no
agotó todos los mecanismos judiciales que tenía para solicitar el decreto de
pruebas que le permitían acreditar que gozaba de un «mejor derecho», no se
limitó a la pérdida de oportunidad de haber interpuesto el recurso de queja, sino
que hizo énfasis a que en segunda instancia tampoco «insistió en el decreto de
dichas pruebas durante la ejecutoria de la providencia que admitió la apelación,
en cuanto, a pesar de que para cuando se interpuso dicho recurso –6 de julio de
2021–, estaban en vigor las reformas introducidas al CPACA por medio de la Ley
2080 de 2021, norma que habilitaba solicitar pruebas en segunda instancia
cuando fueran denegadas en primer grado».

40. Por lo anterior, la Sala evidencia que la parte actora realmente muestra
desacuerdo con el fallo del 30 de abril de 2025, debido a que no accedió a las
pretensiones propuestas en el recurso extraordinario de revisión, de lo cual no se
deriva una verdadera cuestión de relevancia constitucional que justifique la
intervención del juez de tutela.

41. En este punto, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental, lo que no
ocurre en este caso.

42. Por último, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia
de una alta corte como el Consejo de Estado, la procedencia es aún más
excepcional y debe ser más restrictivo el análisis del presupuesto bajo estudio.

2.2. Conclusión

43. Así las cosas, esta Sección concluye que, en el caso concreto, no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En ese sentido, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Oher Hadith
Hernández Roa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la señora Oher Hadith Hernández Roa.

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www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Oher Hadith Hernández Roa
Accionado: Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06599-00

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía
General de la Nación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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