Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00593-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No.25
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión-Ley 1437 de 2011
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No es una instancia adicional
para debatir aspectos propios que fueron resueltos en el proceso inicial – No es un
mecanismo procesal por medio del cual se puedan subsanar las omisiones de las partes
en el litigio ordinario / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – Concepto y límites – Se desconoce
cuándo el operador judicial toma un camino ajeno a lo debatido en la litis / MEJOR
DERECHO - Hizo parte del petitum de la demanda – Análisis propio en casos de reintegro
laboral por supresión de empleos / EXCESO RITUAL MANIFIESTO – El que el funcionario
judicial no decrete pruebas de oficio, no constituye per sé alguna vulneración del debido
proceso, sino que está sujeto a las particularidades de cada caso / CONDENA EN COSTAS
– Criterio objetivo.
1. La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora
Oher Hadith Hernández Roa contra la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se revocó el fallo condenatorio de primera instancia.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La parte recurrente considera que, frente a la sentencia censurada, se
configura la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, dada la violación del debido proceso por: (i) desconocimiento del principio de
congruencia, toda vez que la referida providencia se pronunció sobre aspectos
ajenos a la apelación, sumado a ello, el ad quem la sorprendió al señalar que no
acreditó que ella tenía un mejor derecho, cuando en realidad la solicitud de librar
oficio a la Fiscalía para que allegara las correspondientes pruebas documentales
fue negada en primera instancia, y (ii) exceso ritual manifiesto, porque el juez de
segunda instancia “invirtió la carga de la prueba” al no decretar de oficio las pruebas
que consideraba necesarias para demostrar que a ella le asistía un mejor derecho
respecto de la nueva planta de personal de la referida entidad.
ANTECEDENTES
Proceso en el cual se profirió la sentencia objeto del recurso extraordinario
de revisión
3. El 29 de enero de 20181, la señora Oher Hadith Hernández Roa presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de: (i) el artículo 1º
1 Folios 5 a 29 del cuaderno digital 1 que obra en el índice 34 de SAMAI.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
de la Resolución 2358 del 29 de junio de 2017, a través de la cual se distribuyeron
los cargos de la nueva planta de personal del ente acusador, y (ii) el Oficio STH 35
del 30 de junio de esa misma anualidad, por medio del cual la mencionada entidad
le informó a la señora Hernández Roa sobre la supresión de su empleo y la
consecuente terminación de la relación laboral.
4. A título de restablecimiento del derecho, la parte actora pidió que se le
ordenara a la Fiscalía que la reintegrara al cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial o a otro empleo de igual o superior categoría, pagara
retroactivamente los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir
debidamente indexados y cumpliera la respectiva sentencia.
5. En la demanda se indicó que la señora Oher Hadith Hernández Roa se
desempeñó como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial,
adscrita a la Dirección Especializada de Extinción de Derecho de Dominio, del 25
de mayo de 2001 al 30 de junio de 2017.
6. El 7 de junio de 2017, la señora Hernández Roa le informó a la entidad
accionada sobre su condición de madre cabeza de familia “sin alternativa
económica” y solicitó su inclusión en el “retén social”2. Sin embargo, mediante
Resolución 2358 del 29 de junio de ese mismo año, se excluyó su nombre de la
nueva planta de personal y, por ende, se decidió suprimir el cargo que ella venía
desempeñando, lo cual le fue comunicado a través del Oficio STH 35 del 30 de junio
siguiente.
7. Como consecuencia, la accionante edificó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo tres ejes temáticos: (i) la Fiscalía desconoció la
condición de “madre cabeza de familia sin alternativa económica”; (ii) la accionante
contaba con amplia experiencia y, en todo caso, no todas las personas designadas
en la nueva planta de personal eran de carrera administrativa, ni tampoco se
trataban de sujetos de especial protección amparados en el “retén social”, y (iii) no
se tuvo en cuenta el carácter de prepensionada que ella ostentaba.
8. Mediante sentencia del 9 de marzo de 20203, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de
la citada resolución y, como consecuencia, ordenó reintegrar a la demandante, sin
solución de continuidad, al cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial y pagarle los salarios y demás acreencias laborales generadas
desde el 1º de julio de 2017 hasta la fecha en que fuera efectivamente reintegrada.
2 La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través de sentencia C-795 del 4 de noviembre de 2009,
definió retén social en los siguientes términos: “Mecanismo por medio de la cual se buscó que en los
procesos de reforma institucional, se otorgara una protección más intensa que a los demás
servidores públicos, en materia permanencia y estabilidad en el empleo a las madres cabeza de
familia sin alternativa económica, a las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y a
los servidores que al momento de la liquidación estuviesen próximos a obtener su pensión de
jubilación o de vejez. De no contarse con tal protección, en virtud de la fusión, reestructuración o
liquidación de las entidades públicas objeto del programa de renovación referido, esas personas
quedarían desprotegidas y cesantes laboralmente, al igual que sus hijos menores o aquellas
personas que dependieren económica o afectivamente de ellas”. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva,
exp: D-7725.
3 Providencia que obra en los folios 792 a 821 del cuaderno digital 1.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
9. El a quo consideró que, si bien la Ley 790 de 2002 habilitaba a la Fiscalía a
reestructurar la planta de personal, lo cierto es que, de conformidad con
jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la referida entidad le asistía el deber de
estudiar a fondo cuáles de sus servidores se trataban de sujetos de especial
protección constitucional, con el fin de adoptar las medidas necesarias y garantizar
la estabilidad laboral de cada uno de ellos.
10. Bajo ese contexto, el Tribunal señaló que, pese a que la señora Oher Hadith
Hernández Roa previamente advirtió sobre la condición de madre cabeza de familia
responsable de manera permanente de su hijo, la Fiscalía guardó silencio respecto
de dicha petición y decidió suprimir el empleo de la demandante. Además, con base
en los testimonios practicados en sede de nulidad y restablecimiento del derecho,
era posible concluir que la condición de la accionante era “un hecho notorio al
interior de la Fiscalía”4.
11. Aunado a ello, el hijo de la señora Hernández Roa tenía 21 años y era
estudiante universitario activo para la época de los hechos, por lo que la situación
de la actora encajaba en los presupuestos jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional mediante sentencia SU-388 de 20055 para que una mujer sea
considerada madre cabeza de familia. Por lo anterior, determinó que el acto
administrativo cuestionado era nulo por desconocimiento de las normas que rigen
la materia, toda vez que en el litigio ordinario la demandante probó que, a pesar de
que era sujeto de especial protección, el ente acusador no la tuvo en cuenta en la
nueva planta de personal.
12. La Fiscalía General de la Nación apeló la anterior determinación, para lo cual
señaló que: (i) cuando se hizo el estudio de las hojas de vida de los servidores que
habían acreditado alguna protección especial, la señora Oher Hadith Hernández
Roa no probó que era madre cabeza de familia, lo cual tampoco se advertía de la
documentación que obraba en su historia laboral, calidad que debió demostrar antes
de que se expidiera el decreto que definió la distribución de la nueva planta de
personal de la referida entidad, y (ii) la accionante no manifestó alguna inexistencia
de alternativa económica, por lo que, si bien no es exigible alguna prueba en
específico al respecto, existe una carga mínima de acreditar las condiciones por las
cuales se trataba de una madre cabeza de familia.
13. Mediante fallo del 19 de enero de 20236, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primer grado y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
14. Esta Corporación precisó que, si bien la señora Oher Hadith Hernández Roa
solicitó a la Fiscalía que se le incluyera en el denominado “reten social” luego de
que fuera expedido el Decreto Ley 898 del 29 de mayo de 20177, lo cierto es que,
desde el 18 de abril de esa misma anualidad, ella reportó que, para efectos
4 Folio 20 de la sentencia de primera instancia.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-388 del 13 de abril de 2005, M.P: Clara Inés Vargas
Hernández.
6 Decisión que consta en los folios 873 a 900 del cuaderno digital 1.
7 Acto administrativo por medio del cual se modificó parcialmente la estructura de la Fiscalía General
de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictaron otras disposiciones.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
tributarios del año fiscal 2016 “respondía por los gastos de su hijo (…), documento
suficiente para que la Administración pudiera inferir la situación invocada por la
servidora, pues conforme lo ha dicho el máximo tribunal constitucional, la condición
de madre cabeza de familia no depende de (…) formalidades, sino de los
presupuestos fácticos, esto es cuando el grupo familiar está a su cargo”8. En ese
sentido, si la Administración consideraba que la información con la que contaba no
era suficiente, pudo requerir a la demandante, de ahí que no es posible que en sede
judicial el ente acusador pretenda alegar una supuesta omisión de la accionante,
toda vez que ella fue “clara en exponer que tiene a su cargo la mantención y la de
su hijo”9.
15. El ad quem explicó que, durante los procesos de modificación de la planta de
personal, a las entidades les asiste el deber de brindar especial protección laboral
a los servidores públicos beneficiarios del llamado “reten social”, sin que ello
significara que la estabilidad laboral de dichos empleados es absoluta. Asimismo,
consideró que los titulares de este tipo de protección pueden ser desvinculados
cuando medie justa causa de terminación de la relación laboral, debidamente
comprobada o incluso cuando existan razones objetivas del servicio que lo
justifiquen.
16. En ese sentido, aunque la señora Hernández Roa acreditó la calidad de
madre cabeza de familia para la época de los hechos, no aportó elemento probatorio
alguno que demostrara que ella tenía un mejor derecho respecto de las personas
que fueron asignadas al empleo de fiscal delegada en la nueva planta de personal
de la Fiscalía.
17. De igual manera, en la segunda instancia se indicó que la parte demandante
no probó que: (i) las personas reubicadas en la nueva planta de personal en el cargo
de fiscal delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial no eran empleados de
carrera administrativa; (ii) los servidores designados en la nueva planta de personal
también estuvieran protegidos por el “reten social”, o (iii) que ellos tuvieran
condiciones profesionales o académicas inferiores, por lo que no se acreditaron
circunstancias que impusieran garantizar la permanencia de la accionante en el
servicio público.
18. Por lo anterior, el ad quem consideró que no se demostró que quienes
conservaron la vinculación laboral no tuvieron mayores méritos que la demandante
"o colmaran las condiciones requeridas por la Administración para asegurar los
propósitos previstos en el Decreto Ley 898 de 2017”10, por lo que la accionante
incumplió la carga procesal que le asistía de probar los hechos sobre los cuales
edificó la demanda, según el artículo 167 del CGP.
19. Además, en lo concerniente a la supuesta condición de prepensionada
alegada por la señora Oher Hadith Hernández Roa, se indicó que ese aspecto no
fue objeto de discusión en sede administrativa y, en todo caso, no se aportaron las
pruebas correspondientes para acreditarla.
8 Folio 20 de la sentencia de segunda instancia.
9 Ibidem.
10 Folios 25 y 26 de la sentencia objeto de revisión.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
20. En suma, se concluyó que los actos administrativos objeto de la controversia
no estaban viciados de irregularidad alguna, dado que la reestructuración de la
planta de personal de la Fiscalía estuvo justificada en los respectivos estudios
técnicos y se fundó en las necesidades del servicio.
Recurso extraordinario de revisión y su trámite
21. El 9 de febrero de 202411, la señora Oher Hadith Hernández Roa interpuso
recurso extraordinario de revisión contra el fallo de segunda instancia, para lo cual
invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -
nulidad originada en la sentencia-, porque, a su juicio, la referida sentencia
trasgredió el derecho al debido proceso por: (i) desconocimiento del principio de
congruencia, y (ii) exceso ritual manifiesto, porque el ad quem no ejerció las
facultades oficiosas con el fin de obtener las pruebas que permitían concluir que ella
tenía un mejor derecho, de ahí que “invirtió la carga de la prueba”.
22. La Fiscalía General de la Nación12, se opuso al recurso extraordinario de
revisión, en síntesis, señaló que la parte actora pretende promover una tercera
instancia frente al litigio ordinario que finalizó en los términos que correspondían.
23. El Ministerio Público13 rindió concepto en el sub lite, para lo cual sostuvo
que la sentencia objeto de revisión fue congruente con el petitum de la demanda, el
recurso de apelación formulado por la Fiscalía y el marco normativo aplicable al
caso. Además, la demandante omitió interponer los recursos pertinentes contra la
decisión que negó la solicitud probatoria elevada en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho.
24. Mediante proveído del 22 de mayo de 202414, se resolvieron las solicitudes
probatorias formuladas por las partes15, determinación que no fue recurrida16. Por
medio de auto del 3 de abril del año en curso17, se declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero de estado Omar Joaquín Barreto Suárez.
CONSIDERACIONES
Delimitación de los problemas jurídicos y metodología de la decisión
25. La Sala resolverá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
recurrente contra la sentencia de segunda instancia del 19 de enero de 2023,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cuanto no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
11 Índice 2 de SAMAI.
12 Índice 22 de SAMAI.
13 Índices 24 y 25 de SAMAI.
14 Índice 26 de SAMAI.
15 Al respecto, fueron decretados como pruebas los siguientes documentos: (i) sentencia objeto de
revisión, junto con su constancia de notificación electrónica, y (ii) se libró oficio para que el Tribunal
a quo allegara copia del expediente ordinario, piezas procesales que fueron enviadas en formato
físico y digital el 27 de mayo de 2024. Índice 34 de SAMAI.
16 El expediente ingresó al despacho del magistrado ponente para dictar sentencia el 13 de junio de
2024. Índice 37 de SAMAI.
17 Índice 44 de SAMAI.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de:
competencia, recurso en tiempo y legitimación en la causa.
26. Para lo anterior, la Sala debe resolver los siguientes problemas jurídicos ¿el
fallo censurado se encuentra viciado de nulidad por desconocimiento del principio
de congruencia al supuestamente haberse extralimitado en el alcance de la segunda
instancia y pronunciase sobre aspectos ajenos a los formulados en la apelación, así
como por el hecho de sorprender a la accionante al considerar que no obraba
prueba de circunstancias frente a las cuales ella formuló oportunamente la
respectiva petición en primer grado?. Además, ¿el ad quem incurrió en exceso ritual
manifiesto al no decretar de manera oficiosa los elementos de juicio que, en criterio
de la recurrente, permitían concluir que a ella le asistía un mejor derecho respecto
de las otras personas que fueron designadas en el empleo de fiscal delegada en la
nueva planta de personal?
27. Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará si el
fallo censurado desconoció el principio de congruencia en segunda instancia por
supuestamente decidir sobre aspectos que no fueron planteados en sede de
apelación. Finalmente, la Sala determinará si, de acuerdo con lo señalado por la
recurrente, la sentencia censurada incurrió en exceso ritual manifiesto porque
injustificadamente “invirtió la carga de la prueba” en el litigio declarativo al dejar de
decretar pruebas de oficio.
28. De manera previa, se presentarán algunas consideraciones generales frente
a la figura de la madre cabeza de familia y la garantía de estabilidad laboral
reforzada, la naturaleza del recurso extraordinario de revisión y el alcance de la
causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.
De la figura de la madre cabeza de familia como garantía de la estabilidad
laboral reforzada
29. De conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política, “(…) El Estado
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (…)”, lo cual permite, en
determinadas circunstancias -madres trabajadoras- interpretar la existencia de una
protección a través de la figura de la estabilidad laboral reforzada.
30. Mediante sentencia C-184 del 11 de junio de 200318, la Sala Plena de la Corte
Constitucional explicó que la protección especial a las mujeres cabeza de familia
“permite a la mujer desarrollar libre y plenamente sus opciones de vida sin que ser
cabeza de familia se constituya en un obstáculo o una carga demasiado pesada
para ello. Se trata de impedir, por ejemplo, que ser cabeza de familia le cierre
opciones laborales a la mujer o que escoger una oportunidad de trabajo implique
dejar de atender las responsabilidades que, tanto para los hombres como para las
mujeres, significa ser cabeza de familia”.
18 M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, exp: D-4364.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
31. Adicionalmente, por medio de sentencia C-795 del 4 de noviembre de 200919,
la Corte estableció que la estabilidad laboral de las mujeres cabeza de familia tiene
un origen supralegal, erigido en los fines esenciales del Estado Social de Derecho20.
Así mismo, se ha sostenido que la protección a que se viene haciendo referencia,
busca preservar las condiciones dignas de los hijos y de los dependientes21.
32. A través de sentencia SU-388 del 13 de abril de 200522, la Corte
Constitucional estableció una serie de requisitos para acreditar la condición de mujer
cabeza de familia, así: “i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores
o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de
carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por
parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus
obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que
le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por
último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la
familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar”.
33. Así las cosas, las mujeres que tienen bajo su cargo en forma permanente la
responsabilidad de hijos menores propios o ajenos y de otras personas
incapacitadas para trabajar y, que dependan de ella, tanto afectiva como
económicamente, gozan de especial protección constitucional. No obstante, dicha
estabilidad reforzada no constituye una protección absoluta ni automática, “pues en
caso de existir una justa causa el empleador podrá desvincular al trabajador de su
lugar de trabajo. Contrario a ello, si el empleado es apartado de su cargo sin tener
en consideración su condición de mujer cabeza de familia y sin existir justa causa
que lo amerite, se activa la protección laboral especial o reforzada, siempre y
cuando se verifiquen circunstancias particulares tales como el retén social o una
afectación al mínimo vital”23.
19 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, exp: D-7725.
20 Sostuvo la Corte: “(…) Aunque la protección laboral reforzada que el legislador otorgó a aquellas
personas que se encontraban en las condiciones descritas por el artículo 12 de la ley 790 de 2002,
se circunscribió en su momento, a aquellos trabajadores que eventualmente pudieran verse
afectados en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, la Corte
Constitucional ha sentenciado6 que dicha protección, es de origen supralegal, la cual se desprende
no solamente de lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución que establece la obligación estatal
de velar por la igualdad real y efectiva de los grupos tradicionalmente discriminados y de proteger a
las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, sino de los artículos 42, 43, 44 y 48
superiores; se trata en consecuencia de una aplicación concreta de las aludidas garantías
constitucionales que están llamadas a producir sus efectos cuando quiera que el ejercicio de los
derecho fundamentales de estos sujetos de especial protección pueda llegar a verse conculcado”.
21 Por medio de sentencia T-803 de 2013, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
consideró: “La categoría de mujer cabeza de familia busca entonces ´preservar condiciones dignas
de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de
ella, al tiempo que se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones,
sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las
esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos´.
Tal condición encierra el cuidado de los niños y de personas indefensas bajo su custodia, lo que
repercute en los miembros de la familia, e implica de igual manera, por vía de interpretación, la
protección hacia el hombre que se encuentre en situación similar”. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, exp:
T-3918502.
22 M-P.: Clara Inés Vargas Hernández.
23 M.P.: Alejandro Linares Cantillo, exp: T-5.761.808.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
34. Bajo ese contexto, la Sala Plena de la Corte Constitucional24 ha señalado
que, aún en los casos de sujetos de especial protección constitucional, no es posible
desconocer el principio de la supremacía del mérito, por ende, es necesario que el
respectivo servidor demuestre que le asiste un mejor derecho respecto de las
demás personas que ocuparon ese mismo cargo, para lo cual fijó las siguientes
reglas:
“En primer lugar, las personas nombradas en cargos de libre nombramiento y
remoción, no gozan de estabilidad laboral reforzada, por la naturaleza del cargo
que desempeñan. Esta misma regla es, en principio, aplicable a las personas
nombradas en provisionalidad.
En segundo lugar, a juicio de la Sala Plena, a los cargos de provisionalidad o
de libre nombramiento y remoción no le son aplicables reglas de
prepensionados o de retén social, menos aún en el caso de profesiones
liberales.
Ahora bien, en tercer lugar, cuando en la relación laboral una de las partes
la conforma un sujeto especialmente protegido inciso 2º del artículo 43 de
la CP), como lo son las madres cabeza de familia que cumplen con los
presupuestos establecidos en la sentencia SU-388 de 2005, puede llegar a
reconocérseles la garantía de la estabilidad laboral reforzada, claro está,
mientras no exista una causal justificativa del retiro del servicio, dado que
la protección de la estabilidad laboral reforzada no debe confundirse con
el otorgamiento de una inmunidad que exonere de las obligaciones a su
cargo, desconozca principios superiores como el mérito que funda el
sistema de carrera o que la proteja frente a las medidas disciplinarias,
fiscales o penales que eventualmente puedan ejercerse en su contra” (se
destaca).
35. Así las cosas, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, aunque
los derechos de los funcionarios nombrados en provisionalidad ceden frente a
aquellas personas que ganaron el concurso de méritos, lo cierto es que existe un
trato preferente frente a los sujetos de especial protección, como por ejemplo: (i) las
madres y padres cabeza de familia; (ii) las personas próximas a pensionarse, o (iii)
quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de
una enfermedad. Con todo, esa Corporación ha aclarado que esa sola circunstancia
no les otorga un derecho indefinido a permanecer en ese tipo de vinculación
laboral25.
36. En virtud de lo anterior, la Administración debe proceder con especial cuidado
antes de efectuar los respectivos nombramientos, para lo cual deberá adoptar las
medidas afirmativas tendientes a proteger los derechos de los sujetos de especial
protección. Al respecto, mediante sentencia T-313 de 202426, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional sintetizó las reglas jurisprudenciales para
armonizar la importancia atribuida a la prevalencia del mérito y el mandato
constitucional de adoptar medidas especiales frente a este tipo de personas, así:
24 Ibidem.
25 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. Sentencia T-064 del 24 de febrero de 2025, M.P.:
José Fernando Reyes Cuartas, exp: T-10.295.809.
26 M.P.: Diana fajardo Rivera, exp: T-10.027.532.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
“(i) El mérito es el criterio que prevalece para la asignación de empleos en la
carrera administrativa.
(ii) El trato preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida
en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean
provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación
cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional.
(iii) La entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los sujetos
de especial protección constitucional, consistentes en (a) que sean los últimos
en ser removidos de sus cargos; (b) y, en lo posible, vincularlos de manera
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que
venían ocupando. (
iv) La vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se
demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional
al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento.
(v) Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible por la existencia de
una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la entidad
nominadora debe hacer el nombramiento si se abren vacantes en el futuro”.
37. En ese orden de ideas, la Corte mantiene la postura de que, acorde a los
lineamientos constitucionales y legales que exigen que el ingreso y la permanencia
en los empleos de carrera se haga exclusivamente con base en el mérito, los
funcionarios vinculados en provisionalidad ostentan una estabilidad laboral que
debe ceder frente al mejor derecho27.
38. En suma, si bien en el marco de las relaciones laborales las madres cabeza
de familia, en su condición de sujetos de especial protección constitucional, son
titulares de la estabilidad laboral reforzada, ello no es óbice para que no se
presenten causales justificativas del servicio que permitan el retiro de la respectiva
servidora, en cuanto un alcance distinto implicaría desconocer principios superiores
como el del mérito.
Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
39. El recurso extraordinario de revisión tiene por objeto permitir que las
sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas nuevamente e invalidadas en
aquellos casos en los que se han obtenido por medios irregulares o carecen de
verdad, por razones no imputables a la parte afectada, conservando la finalidad de
preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa
juzgada28; por ende, dicho mecanismo no se trata de una tercera instancia29.
27 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, M.P.:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exps: T-9.407.915 y T9.418.800 (acumulados).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 20 de febrero de 2020, exp: 56.976.
29 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: (i)
sentencia del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; (ii) sentencia del 8 de
mayo de 2019, C.P.: Marta nubia Velásquez Rico exp: 46.453, y (iii) sentencia del 5 de octubre de
2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
40. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:
“El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta
con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro
del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la
legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)”30 (se resalta).
41. En las condiciones analizadas, el recurso extraordinario de revisión no está
instituido para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino
que procede en determinadas y especiales circunstancias taxativamente
consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado
con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia31:
“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los
precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro
del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que
sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede
mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió
en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones
jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la
parte que resultó desfavorecida.
La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro
veritate habetur, demostrando plenamente que esa sentencia estaba fundada
en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas
falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido,
omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito
u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron
ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado
esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión
habría sido otra”.
42. En suma, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse “para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material”32. Como
consecuencia, es fundamental que los hechos del caso se subsuman en la causal
invocada sin la necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se trata de una nueva instancia judicial.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
31 Sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de febrero
de 1974, G.J. T. CXLVII, págs. 46 y 47.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de
Decisión, sentencia del 3 de agosto de 2022, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez, exp: 2021-11463-
00 (REV).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Alcance de la causal de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011
43. El Consejo de Estado ha establecido que cuando se invoca la causal de
revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, el
recurso extraordinario debe fundarse en la configuración de: (i) las causales de
nulidad procesal previstas taxativamente en el artículo 133 del Código General del
Proceso, siempre que estas se prediquen de la sentencia33, o (ii) los supuestos que,
según la jurisprudencia, constituyen una violación del debido proceso34, así:
a. Haberse dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con
violación al debido proceso.
b. Haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso.
c. Proferir una sentencia sin motivarla.
d. Dictar un fallo inhibitorio injustificado.
e. Desconocer el principio de congruencia.
44. Aunado a ello, de acuerdo con lo manifestado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo35, podrían existir eventos adicionales que se enmarquen
en la violación del debido proceso y, por ende, den lugar a la causal de nulidad
originada en la sentencia, la cual no se agota de manera exhaustiva en los eventos
señalados36.
45. Con todo, bajo el amparo de la violación del debido proceso no es posible
plantear argumentos que tengan como propósito convertir el recurso extraordinario
en una instancia adicional del proceso ordinario precedente, pues este mecanismo
no tiene como finalidad que las partes insistan en las razones por las cuales
consideran que las pretensiones iniciales tienen o no vocación de prosperidad.
Respecto de la supuesta vulneración del debido proceso por desconocimiento
del principio de congruencia
46. La parte recurrente sostuvo que el ad quem vulneró el principio de
congruencia, dado que la sentencia censurada se fundó en el argumento de que la
señora Hernández Roa no demostró que tuviera un mejor derecho respecto de las
otras personas que fueron designadas en la nueva planta de personal como fiscal
delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, aspecto que era ajeno al
debate planteado en segunda instancia, en cuanto no hizo parte de los cargos de
apelación formulados por el ente acusador.
47. Indicó que, si bien en la primera instancia la accionante solicitó que se oficiara
a la Fiscalía, con el fin de obtener diversos documentos con los que pretendía
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión,
sentencia del 7 de junio de 2016, C.P. Jorge Octavio Ramírez, exp. 2015-02493-01 (REV).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, C.P: María Adriana Marín, exp: 2019-03861-01 (AC).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021, exp. 2020-003697-00 (REV).
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
demostrar que tenía un mejor derecho para permanecer vinculada a la Fiscalía, lo
cierto es que el Tribunal a quo denegó dicha solicitud probatoria, decisión contra la
cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales
fueron resueltos de manera desfavorable. Como consecuencia, indicó que
“resultaba inaceptable que se sorprendiera en segunda instancia a la demandante
con el argumento de que por falta de tales pruebas debían de ser negadas sus
pretensiones”37.
48. La Fiscalía General de la Nación adujo que en realidad la accionante
controvierte el razonamiento jurídico y probatorio del juez de nulidad y
restablecimiento del derecho, toda vez que no se accedió a las súplicas de la
demanda, lo cual es ajeno a las finalidades del recurso extraordinario de revisión.
En todo caso, el fallo de segundo grado se sustentó en las pruebas que obraban en
el proceso ordinario y la situación fáctica expuesta por las partes.
49. El Ministerio Público sostuvo que el fallo de segundo grado fue proferido con
base en las pretensiones de la demanda y dicha decisión se edificó en la
jurisprudencia y en el marco normativo aplicable al caso concreto
50. Respecto de la violación del principio de congruencia, esta Corporación ha
sostenido que su desconocimiento afecta la validez del fallo, por cuanto implica la
adopción de una decisión por parte del juez sin tener facultades para ello, de ahí
que se considere que da lugar a la causal de revisión contemplada en el numeral 5
del artículo 250 de la Ley 1437 de 201138.
51. El artículo 281 del Código General del Proceso establece que “[l]a sentencia
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta”.
52. Como consecuencia, a la correspondiente autoridad judicial le está vedado
imponer condena que supere las súplicas del demandante o pronunciarse sobre
aspectos distintos a los debatidos a lo largo del proceso por las partes, sin perjuicio
del ejercicio de sus facultades oficiosas39.
53. El principio de congruencia no solo constituye un límite para el juez de
primera instancia, sino también para el de segundo grado, supuesto que
precisamente se alegó en el sub lite, pues la recurrente sostuvo que el fallo del 19
de enero de 2023 se edificó bajo un aspecto que no fue parte de los cargos de
apelación planteados por la Fiscalía en el proceso declarativo, de ahí que dicha
determinación se dictó con base en un punto que no hizo parte del debate planteado
en segunda instancia.
37 Folio 12 del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 10 de marzo de 2017, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2014-00897-00.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 25 de
enero de 2018, C.P: María Elizabeth García González, exp: 2013-00911.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
54. El principio de congruencia se vulnera en la segunda instancia cuando se
resuelve el recurso de apelación desbordando los temas objeto de la alzada, salvo
el ejercicio de las facultades oficiosas.
55. El superior resolverá sin limitaciones solo en el evento en el que “toda la
sentencia” sea apelada por ambas partes, bien sea de manera principal o adhesiva,
de conformidad con lo previsto en los artículos 328 del CGP y 187 de la Ley 1437
de 2011, a cuyo tenor:
“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella” (…) (negrillas fuera del texto original).
56. La segunda de las normas citadas -el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011-
prevé que en “la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus”.
57. Así las cosas, la competencia funcional del juez de segunda instancia la
delimitan: (i) las referencias fácticas, jurídicas y argumentativas que se esgrimen
contra la decisión que se impugna40, por lo que al ad quem le está vedado enmendar
la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que debido a la
reforma fuere indispensable modificar puntos íntimamente relacionados con la
apelación, como por ejemplo, cuando a pesar de que el daño invocado fue un
aspecto que no se cuestionó en segundo grado, el juez advierte que dicha situación
no se probó, y (ii) la facultad oficiosa del superior de declarar el incumplimiento de
alguno de los presupuestos necesarios de la acción o requisitos indispensables para
que el proceso pueda ser definido de fondo, verbigracia, la caducidad, la falta de
legitimación en la causa, la indebida escogencia de la acción, el pago previo o la
interposición de los recursos obligatorios en materia de ejecutivos, según la
pretensión ejercida, lo cual es procedente aún en los casos en los que se trate de
apelante único41.
40 “Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo algunas excepciones, revisar temas del
fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación y, por lo tanto, debe decirse que,
frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia. Ello en garantía de los derechos a la
defensa, doble instancia y debido proceso que les asiste a los sujetos procesales”. Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, sentencia
del 22 de enero de 2021, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2017-03156-00 (REV).
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, C.P: Danilo Rojas Betancourth, exp: 46.005.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
58. En suma, “lo que no es materia de impugnación se tiene como consentido,
sea beneficioso o perjudicial, por lo que (…) cualquier recurso (…) se resuelve en
la medida de los agravios expresados”42. Con todo, esta Corporación ha explicado
que, si bien existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que “la competencia del juez de
segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente
mencionados en el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto
materia de impugnación” (se destaca). Lo expuesto, en los siguientes términos:
“Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por
parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la
revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal
revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos
consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado
que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones
de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el
recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer
reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la
causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen
demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las
indemnizaciones.
3.2.2.3.6. En la lógica más elemental, ‘el que puede lo más puede lo
menos’, lo que en términos jurídicos y en relación con el asunto que aquí
se trata significa que, si el juez adquiere competencia para resolver un
aspecto global de la controversia, por haber sido objeto del recurso, tiene
igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único.
Lo dicho constituye una reafirmación de la regla general deducida por la Sala,
conforme a la cual la competencia del juez de segunda instancia está limitada
a los aspectos que señale el recurrente, pero es además, una precisión sobre
los límites de esa competencia, que no pueden quedar reducidos
únicamente a la revisión de las razones señaladas por el recurrente, con
omisión del deber constitucional del juez de aplicar la ley y, en todo caso,
de atender el propio interés del apelante, que si bien en principio está
dirigido a obtener la satisfacción plena de su pretensión, abarca en todo
caso cualquier reforma que le resulte favorable a sus intereses”43 (se
resalta).
59. En el sub examine la Sala observa que, en litigio ordinario, la señora Oher
Hadith Hernández Roa pidió que se declarara la nulidad de la Resolución 2358 del
29 de junio de 2017, a través de la cual se distribuyeron los cargos de la planta de
personal de la Fiscalía General de la Nación y del Oficio STH 35 de 30 de junio de
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de octubre de 2016, M.P: Ariel
Salazar Ramírez, exp: 2013-02839-00.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia
de unificación del 9 de febrero de 2012, C.P.: Ruth Stella Correa Palacio, exp: 20.104. Reiterada por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, fallo del 26 de octubre de 2022, C.P.: María Adriana
Marín, exp: 2016-02271-00 (REV).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
esa misma anualidad. A título de restablecimiento, solicitó, que se le ordenara a la
Fiscalía que la reintegrara al cargo de Fiscal Delegada ante Tribunal Superior de
Distrito Judicial o a otro empleo de igual o superior categoría, pagara
retroactivamente los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir
debidamente indexados y que cumpliera la respectiva sentencia.
60. Como se explicó en los antecedentes de la presente providencia, la anterior
pretensión fue edificada bajo tres ejes temáticos: (i) la demandada desconoció la
condición de “madre cabeza de familia sin alternativa económica”; (ii) la actora
contaba con amplia experiencia y, en todo caso, no todas las personas designadas
en la nueva planta de personal eran de carrera administrativa, ni tampoco se
trataban de sujetos de especial protección amparados en el “retén social”, y (iii) no
se tuvo en cuenta la condición de prepensionada que ostentaba la demandante.
61. En la sentencia de primer grado, del 9 de marzo de 2020, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca consideró que el hecho de que la señora
Hernández Roa acreditara el primero de los argumentos, relacionado con la omisión
en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación respecto de la calidad de ella
como madre cabeza de hogar, era razón suficiente para declarar la nulidad parcial
del acto administrativo por medio del cual se suprimió el cargo que la accionante
desempeñaba, en cuanto fue expedido con desconocimiento de las normas que
rigen la materia.
62. La Fiscalía General de la Nación apeló la anterior determinación, para lo cual
formuló los siguientes cargos: (i) la señora Oher Hadith Hernández Roa no acreditó
la calidad de madre cabeza de familia, y (ii) la demandante informó sobre dicha
circunstancia, luego de que se expidiera el decreto que suprimió el respectivo
empleo, de ahí que, en efecto, tal y como lo señaló la recurrente, el ente acusador
no cuestionó lo relacionado con las calidades de ella respecto del empleo público
que ocupaba.
63. Bajo ese escenario, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado abordó cada uno de los reparos formulados por la parte accionada contra el
fallo de primer grado, así como lo relacionado con la acreditación de un mejor
derecho respecto de la señora Hernández Roa, aspecto que, aunque no hizo parte
de los cargos de apelación, si hace parte de los puntos que implícitamente deben
analizarse en este tipo de litigios. De manera previa, se destacó que en los
procedimientos de modificación de la estructura de la Administración en los que se
suprimen cargos, las entidades están obligadas a proteger a los beneficiarios del
llamado “reten social”. Con todo, se aclaró que dicho amparo no es absoluto, en
cuanto la desvinculación de dichos empleados es posible siempre que persistan
situaciones objetivas del servicio.
64. El ad quem concluyó que, con base en la información reportada por la señora
Hernández Roa para efectos tributarios, era posible determinar la calidad de madre
cabeza de hogar. No obstante, a pesar de que la parte actora acreditó tal condición,
ello no era suficiente para acceder a las súplicas de la demanda, toda vez que no
se probó que ella ostentaba un mejor derecho respecto de las personas que fueron
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
designadas como fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial en la
nueva planta de personal de la Fiscalía. Lo expuesto, en los siguientes términos:
“En el caso bajo examen, la Subsección evidencia que, aunque la condición
de madre cabeza de familia de la accionante está probada, no aportó
elemento probatorio que permita dilucidar que las personas reubicadas en
la nueva planta de personal en el cargo de fiscal delegado ante tribunal de
distrito no fueran empleados con derechos de carrera administrativa, no
se hallaran protegidos también por el denominado ´retén social´ o tuvieran
condiciones profesionales o académicas inferiores que impusieran
garantizar su permanencia en el servicio público sobre aquellos, y dado
que, se insiste, la distribución de los empleos tuvo como fundamento las
necesidades del servicio, comoquiera que la demandante pretende acreditar
que tiene un mejor derecho que quienes fueron asignados en el referido empleo,
en virtud del artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), es a ella a la
que le correspondía probar los hechos que sustentan sus súplicas.
En otras palabras, no hay evidencia de que quienes conservaron su
vinculación laboral no tuvieran mayores méritos que la demandante o
colmaran las condiciones requeridas por la Administración para asegurar
los propósitos previstos en el Decreto ley 898 de 2017 (…) para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
suscrito entre el Gobierno nacional y las entonces Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP) (…)”44 (se
destaca).
65. En criterio de la Sala, a pesar de que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca consideró que en el litigio ordinario era suficiente con que la señora
Oher Hadith Hernández Roa acreditara la condición de madre cabeza de familia
para acceder a las súplicas de la demanda y, por ende, no era necesario algún
análisis adicional sobre los demás ejes temáticos sobre los cuales se edificó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que ello no era
óbice para que esta Corporación estudiara los demás aspectos ligados a la
pretensión de reintegro formulada por la demandante y que se trataba de puntos
íntimamente ligados con el recurso.
66. Esta Corporación45 ha explicado que, en principio, los temas no propuestos
en el recurso de apelación serían llamados a eliminarse del conocimiento del juez
ad quem. Sin embargo, cuando se trate de puntos íntimamente relacionados con la
apelación, el superior también goza de competencia, circunstancia que no
constituye vulneración al debido proceso, ni tampoco significa desconocimiento
alguno al principio de congruencia en segunda instancia, en cuanto se trata del
cumplimiento del deber de administrar justicia del que está investido el operador
judicial, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva.
44 Folios 25 y 26 de la sentencia censurada.
45Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2017, exp: 54.440. También se puede consultar Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de enero de 2008, M.P: William Namén Vargas,
exp: 2002-00373-01.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
67. En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha destacado que en
los casos en que se pretenda la declaratoria de la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se suprimieron cargos públicos, con ocasión
de procesos de reestructuración de la Administración, a la parte demandante le
corresponde demostrar que: (i) era titular de derechos de carrera o estaba en alguna
condición de vulnerabilidad que le permitía gozar de fueros de estabilidad laboral, y
(ii) tenía un mejor derecho para permanecer en el servicio público activo, este último
criterio consiste en lo siguiente:
“La Sala ha reconocido el mejor derecho como criterio para acceder a las
pretensiones en casos similares al presente, el cual consiste en que la
persona o personas incorporadas no se encuentran inscritas en carrera o
no cumplen los requisitos para el empleo. En tales circunstancias le
corresponde a la demandante probar el supuesto de hecho aludido, es
decir, que la persona o personas incorporadas en la nueva planta de
personal ostentan un derecho inferior al suyo respecto del empleo del cual
se reclama la incorporación y que no acreditan los requisitos para el ejercicio
del mismo en tanto que aquella sí”46 (se destaca).
68. Bajo esa línea de pensamiento, la referida Sección ha considerado que el
derecho preferencial de reincorporación de los empleados de carrera o el reintegro
de los servidores en provisionalidad que se encuentran en alguna situación de
especial protección constitucional, solo es posible “cuando exista disponibilidad de
cargos con el mismo perfil y sobre los cuales este demuestre un mejor
derecho”47 (se destaca).
69. Vale la pena mencionar que la Sección Segunda ha aplicado, de forma
reiterada, el denominado “criterio de mejor derecho” en los casos en los que se
cuestionan las decisiones administrativas a través de las cuales se suprimieron
diversos cargos en la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la expedición
del Decreto Ley 898 de 2017. Esta Corporación ha explicado que, si bien es
necesario respetar las garantías de los empleados con derechos de carrera o en
situación de vulnerabilidad, ello no puede obstaculizar los procesos de
reestructuración de las entidades públicas, así:
“a. Sobre el régimen de carrera y las reestructuraciones funcionales de las
entidades del Estado (en particular, de la FGN)
(…)
Incluso, sobre el punto, el Consejo de Estado ha planteado que al margen de
que deben respetarse las garantías de los funcionarios con derechos de carrera,
tales derechos no pueden generar una petrificación de las entidades públicas,
pues dichos servidores tendrán las alternativas desarrolladas en la normativa
precitada, bien sea por su vinculación permanente y en propiedad, o porque se
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, sentencia del 1 de
noviembre de 2007, C.P: Jesús María Lemos Bustamante, exp: 2001-01784 01 (5112-2005). Criterio
reiterado por la Subsección A de la Sección Segunda por medio de fallos: (i) del 2 de octubre de
2024, C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp: 2017-01023-01 (0179-2024), y (ii) del 11 de agosto de
2022, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández, exp: 2018-00150-01 (1518-2020).
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 7 de abril
de 2011, C.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, exp: 2002-08649-02(0456-10). Reiterada por la
Subsección B de la Sección Segunda a través de fallo del 19 de febrero de 2015, C.P.: Sandra Lisset
Ibarra Vélez, exp: 2005-01434- 01(0267-14).
17
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
encuentren en condiciones de vulnerabilidad que ameriten la constitución
de fueros de estabilidad laboral reforzada, en los que deberá analizarse
además su mejor derecho para permanecer en servicio activo (…)”48 (se
destaca).
70. Así las cosas, tal y como se advirtió en la sentencia censurada, el derecho a
la estabilidad laboral no impide que la Administración, por razones de interés
general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir
determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado
cumpla sus cometidos. Como consecuencia, cuando existan motivos que justifiquen
la supresión de cargos en una entidad, es legítimo que el Estado lo haga, de ahí
que, aunque existan sujetos de especial protección constitucional, como las
personas beneficiarias del llamado “reten social”, lo cierto es que la estabilidad
laboral en esos casos no es absoluta, por el contrario, debe ceder ante el interés
general49.
71. En suma, el hecho de que el ad quem hubiera considerado que la
demandante no probó tener un mejor derecho respecto de las personas que fueron
designadas en la nueva planta de personal de la Fiscalía, aspecto sobre el cual se
edificó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, no constituye
desconocimiento alguno del principio de congruencia en segunda instancia.
72. Lo anterior, en cuanto tal y como lo ha sostenido de manera pacífica y
reiterada la Sección Segunda, en los casos de supresión de empleos por
reestructuración de planta de personal, incluso en los relacionados con la Fiscalía
General de la Nación, no es suficiente con que el demandante acredite alguna
situación de especial protección, sino que además resulta necesario que demuestre
que tenía un mejor derecho50. En ese sentido, es posible concluir que lo
concerniente a la aplicación del “principio de mérito” o “mejor derecho para
permanecer en el servicio activo” hace parte de aquellos aspectos que, aunque no
fueron propuestos en el correspondiente recurso de apelación, corresponde a un
punto íntimamente ligado con la pretensión de reintegro, lo que lo constituye como
un análisis imprescindible de este tipo de litigios.
73. Aunado a ello, no se puede pasar por alto que la Fiscalía General de la
Nación actuó como apelante única defendiendo la legalidad de los actos
administrativos demandados, en concreto, porque la accionante no demostró la
calidad de madre cabeza de familia, lo cual habilitaba al ad quem para revisar todos
los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera
expresa no se haya referido a ellos la referida entidad.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 25 de enero de 2024, C.P: Jorge Iván Duque Gutiérrez, exp: 2017-06024-01 (1262-
2023). En ese mismo sentido, también se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por
la mencionada Sección: (i) Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2021, C.P: Gabriel
Valbuena Hernández, exp: 2017-05847-01 (4801-2019), y (ii) Subsección B, sentencia del 3 de junio
de 2021, C.P: Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp: 2016-02896-01 (2855-2019).
49 Así lo señaló la Sala Plena de la Corte Constitucional por medio de sentencia C-734 del 26 de
agosto de 2003, M.P.: Álvaro Tafur Galvis, exp: D-4467.
50 Sobre la carga probatoria en este tipo de asuntos, se puede consultar la sentencia proferida el 26
de octubre de 2023, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P.: Rafael
Suárez Vargas, exp: 2002-00207-01 (2430-2019).
18
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
74. Para la Sala tampoco es de recibo el argumento de la parte demandante,
según el cual, en segunda instancia fue “sorprendida”, porque las pruebas con las
que pretendía demostrar que ella tenía un mejor derecho fueron denegadas en
primer grado y, por ende, no era posible que el Consejo de Estado fundara la
decisión bajo la supuesta omisión de acreditar tal situación.
75. Al revisar el expediente digital, se advierte que, en efecto, por medio de auto
dictado en audiencia inicial del 2 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las siguientes solicitudes probatorias formuladas por la parte
actora (se transcribe literal, incluso con posibles errores):
“(…) 2. Por impertinente no se decreta la prueba documental solicitada en el
acápite de pruebas del escrito de la demanda relacionada con oficiar a la
Subdirección de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación para que
remita copia de todos los oficios con los cuales se comunicó a los Fiscales
Delegados ante Tribunal de Distrito, la supresión del cargo, dado que no tiene
relación con el objeto del proceso.
3. Por impertinente no se decreta la prueba documental solicitada en el
acápite de pruebas del escrito de la demanda para oficiar a la Subdirección
de Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación para que indique
los nombres y número de identificación de los funcionarios que ocupan el
cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, número de resolución
de nombramiento, tipo de nombramiento, fecha de vinculación a la entidad
en caso de que esta se hubiera producido antes del nombramiento como
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito, las funciones, fecha desde que
se ejercieron y denominación del cargo, pues no se encuentra relación
directa con el proceso.
4. Por impertinente no se decreta la prueba documental solicitada en el acápite
de pruebas del escrito de la demanda relacionada con oficiar a la Subdirección
de Talento Humano de la Fiscalía General de Nación para que especifique los
requisitos y remuneración del cargo de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia, así como los nombres e identificación de los
funcionarios que ocupan dicho cargo y que fueron incluidos en la Resolución
No. 2358 de 2017, pues no se encuentra relación directa con el objeto del
proceso.
5. Por impertinente no se decreta la prueba documental solicitada en el acápite
de pruebas del escrito de la demanda relacionada con oficiar a la
Administradora Colombiana de Pensiones para que certifique quienes de los
funcionario que ocupan los cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito
y Auxiliar de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tienen
decretada y desde que fecha resolución de pensión de vejez y a quienes de
estos funcionarios les registra en el grupo familiar más de una persona con
capacidad económica para que aportara al Sistema de Seguridad Social, desde
la fecha de su vinculación hasta la fecha de expedición de la Resolución
No.02358 del 29 de junio de 2017, dado que no tiene relación directa con el
pleito”51 (se destaca).
51 Folios 425 y 426 del cuaderno digital 1.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
76. La parte demandante interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de
apelación, contra la anterior determinación, para lo cual, entre otros argumentos,
insistió en que se decretara como prueba los documentos relacionados en el
numeral 3, los cuales eran necesarios para “reafirmar que las personas que fueron
vinculadas a la planta de personal ostentaban esa condición de provisionalidad o
estaban en carrera administrativa, y si otros funcionarios fueron promovidos a ese
cargo con la expedición de la Resolución 2358 de 2017. Lo anterior también para
establecer un mejor derecho de la demandante para ser vinculada a la
entidad”52 (se resalta).
77. Respecto de la reposición, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sostuvo que no era del caso conocer la situación laboral de los demás funcionarios
que ocupan el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial,
por lo que reiteró que dicha solicitud probatoria era impertinente. El a quo indicó que
el auto que deniega pruebas no era apelable y, por ende, rechazó por improcedente
dicho recurso.
78. A juicio de la Sala, si la parte actora consideraba que la referida petición
probatoria era necesaria para acreditar que la señora Oher Hadith Hernández Roa
tenía un mejor derecho respecto de las demás personas que fueron vinculadas en
la nueva planta de personal de la Fiscalía, tal y como lo señaló en la demanda, lo
que le correspondía era agotar todos los recursos ordinarios que estaban a su
disposición, con el fin de insistir en el decreto de las respectivas pruebas, en
concreto, el recurso de queja contra el auto que rechazó por improcedente la
apelación formulada contra el proveído que denegó dichos elementos de juicio.
79. En efecto, de conformidad con el artículo 245 de la Ley 1437 de 2011, el
recurso de queja se interpondrá ante el superior “cuando se niegue la apelación
o se conceda en un efecto diferente, para que lo conceda si fuera procedente o
corrija tal equivocación, según el caso” (se destaca).
80. En ese sentido, si en criterio de la accionante era menester que se accediera
a la solicitud de pruebas para acreditar que ella tenía un mejor derecho, debió
interponer el recurso de queja. Lo expuesto, de conformidad con el numeral 9 del
artículo 243 ejusdem53, disposición normativa que prevé la procedencia de la
apelación contra el auto que deniega el decreto de alguna prueba pedida
oportunamente, de ahí que la determinación proferida por el a quo sí era apelable,
conclusión a la que hubiese eventualmente llegado el Consejo de Estado y que
hubiera habilitado a esta Corporación para que determinara si la petición probatoria
era o no pertinente, lo cual no ocurrió.
81. De esta manera, resulta contrario al principio de lealtad procesal que, en
ejercicio del recurso de revisión, se busque subsanar las falencias procesales en
las que incurrieron las partes en el proceso declarativo, y por medio del mecanismo
52 Folio 429 del cuaderno digital 1.
53 A cuyo tenor: “Artículo 243. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y
de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por
los jueces administrativos:
(…) 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente (…)” (se
destaca).
20
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
extraordinario de la referencia, se pretenda corregir las omisiones en las que se
incurrió respecto de la interposición de recursos. Como se explicó, aunque la señora
Hernández Roa pudo controvertir la denegatoria de las pruebas orientadas a
demostrar que ella tenía un mejor derecho, lo cierto es que no procedió de
conformidad y, en todo caso, en segundo grado tampoco insistió en el decreto de
dichas pruebas durante la ejecutoria de la providencia que admitió la apelación, en
cuanto, a pesar de que para cuando se interpuso dicho recurso -6 de julio de 2021-
, estaban en vigor las reformas introducidas al CPACA por medio de la Ley 2080 de
2021, norma que habilitaba solicitar pruebas en segunda instancia cuando fueran
denegadas en primer grado54, lo cierto es que la señora Oher Hadith Hernández
Roa no actuó de conformidad.
82. Por lo anterior, no es admisible el hecho de alegar la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 por supuesta
vulneración del debido proceso, para enmendar los yerros de los sujetos procesales
durante el litigio ordinario, toda vez que en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho la accionante tuvo a disposición diversas herramientas jurídicas para
obtener el decreto de las correspondientes pruebas, cosa distinta es que no hizo
uso de ellas, omisión que no es atribuible al ad quem.
83. Así las cosas, el cargo analizado carece de vocación de prosperidad, en
cuanto, se reitera, el fallo censurado no fue incongruente y, en todo caso, tampoco
se sorprendió a la actora, porque desde la primera instancia sabía que su solicitud
probatoria con la que pretendía acreditar que a ella le asistía un mejor derecho fue
negada por impertinente y a pesar de ello optó por no hacer uso de la queja, el cual
era el recurso que pudo ejercer en el marco del proceso declarativo.
Respecto de la supuesta vulneración del debido proceso por exceso ritual
manifiesto
84. La parte recurrente también sostuvo que la providencia objeto de revisión
incurrió en exceso ritual manifiesto por las siguientes razones (se transcribe literal,
incluso con posibles errores):
“En segundo lugar, la providencia recurrida incurrió en un exceso ritual
manifiesto. Esto es así porque desconoció las razones jurídicas existentes para
considerar que la carga de la prueba respecto de la existencia o no del mejor
derecho que tenía la demandante para ocupar un cargo en provisionalidad
estaba en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y no de la demandante.
Al respecto, la propia sentencia T-084 de 2018 —que la subsección citó para
estudiar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de funcionarios en
provisionalidad por ser madres cabeza de familia— señaló que
´Con todo, es indispensable resaltar que, en cualquier caso, la carga
argumentativa de demostrar plenamente que existen razones objetivas del
servicio, que justifican con suficiencia la desvinculación del funcionario
nombrado en provisionalidad por un término definido, recae en la
administración´.
54 De conformidad con el numeral 2 del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
53 de la Ley 2080 de 2021.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Esta asignación de la carga probatoria a la administración responde al hecho
de que es la administración (la Fiscalía, en el caso concreto) la que debe saber
la situación de cada uno de sus empleados y la que tiene toda la información
necesaria para tal fin
(…)
Era pues la Fiscalía y no la demandante la que debía de probar que había
agotado las posibilidades de reintegro en otro cargo para la accionante y que
esta no tenía un mejor derecho que los demás funcionarios en provisionalidad
que continuaron vinculados”55.
85. Además, la recurrente indicó que, si el juez de segunda instancia consideraba
que, para decidir el fondo del asunto, eran indispensables las pruebas relacionadas
con el hecho de que la señora Hernández Roa tenía un mejor derecho frente a las
otras personas designadas en la nueva planta de personal de la Fiscalía, debió
decretarlas de oficio, previo a dictar la sentencia censurada.
86. En términos generales, la Corte Constitucional ha comprendido en sede de
tutela el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “cuando una autoridad
judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para darle eficacia
al derecho sustancial, generando una denegación de justicia. En tal sentido, el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se estructura cuando el goce
efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la
aplicación mecánica de las normas procesales, es decir, el funcionario judicial utiliza
o concibe los procedimientos con apego estricto que los convierte en trabas para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones se traducen en una
denegación de justicia material”56.
87. La Sala advierte que en la sentencia T-084 del 5 de marzo de 2018, la Corte
Constitucional definió las reglas jurisprudenciales sobre la aplicación del
denominado “retén social” respecto de las madres y los padres cabeza de familia
en los siguientes términos:
“55. Con fundamento en las consideraciones precedentes, corresponde ahora
precisar algunas de las principales reglas que ha establecido la jurisprudencia
constitucional en la aplicación del denominado ´retén social´ respecto de la
desvinculación de madres o padres cabeza de familia en el marco de ajustes
institucionales de la administración:
(i) En los procesos de modificación de la estructura de la administración pública
(reestructuración, fusión, o liquidación de entidades, por ejemplo) en los que
exista supresión de cargos, las entidades públicas deben observar los
parámetros propios de la estabilidad laboral de los servidores públicos
beneficiarios del denominado ´retén social´.
(ii) La estabilidad laboral derivada del ´retén social´ es aplicable tanto para
funcionarios de carrera administrativa como para servidores vinculados en
provisionalidad, así como para trabajadores oficiales.
No obstante, cuando se trata de la permanencia de trabajadores
beneficiarios del ´retén social´ vinculados en provisionalidad por un
término definido, la administración puede retirarlos cuando existan
55 Folios 12 y 13 del escrito contentivo del recurso extraordinario de revisión.
56 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-081 del 14 de marzo de 2024, M.P.: Diana Fajardo
rivera, exp: T-9.557.082.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
razones objetivas del servicio que justifiquen de manera suficiente la
desvinculación de dichos funcionarios.
(iii) Los trabajadores que alegan ser beneficiarios del ´retén social´ deben
informar oportunamente a su empleador esta circunstancia, so pena de perder
su derecho a recibir la protección especial derivada de su condición, en razón
de su falta de diligencia.
(iv) La estabilidad laboral reforzada de la cual son titulares los beneficiarios
del ´retén social´ cobija tanto al sector central de la administración pública como
al descentralizado. Así mismo, es predicable de los servidores públicos
vinculados a instituciones del orden nacional y de las entidades territoriales.
(v) Las medidas que adopten las entidades públicas en el marco de la aplicación
de la protección derivada del denominado ´retén social´ no pueden implicar un
trato discriminatorio entre las personas o grupos que son titulares de especial
protección. Por tanto, no sería admisible garantizar la estabilidad laboral de las
personas en situación de discapacidad y excluir de protección a los ´pre
pensionados´.
(vi) Finalmente, se reitera que la estabilidad laboral originada en el
llamado ´retén social´ no es absoluta. Por tanto, los titulares de esta
protección pueden ser desvinculados cuando medie una justa causa de
terminación de la relación laboral debidamente comprobada. Además, su
estabilidad laboral se materializa mediante el reintegro —siempre y
cuando ello se encuentre dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas—
y se extiende hasta la terminación definitiva del proceso liquidatorio de la
entidad respectiva o hasta que cesen las condiciones que originan la
especial protección” (se destaca).
88. En ese orden de ideas, en la referida providencia no se estableció la inversión
de la prueba en aquellos litigios en los que medien derechos laborales de madres
cabeza de hogar; en cambio, a través de la referida decisión, la Corte Constitucional
precisó que a la Administración le corresponde “la carga argumentativa de
demostrar plenamente que existen razones objetivas del servicio, que
justifican con suficiencia la desvinculación del funcionario nombrado en
provisionalidad por un término definido” (se destaca).
89. La Corte Constitucional señaló que los beneficiarios del denominado “reten
social” gozan de estabilidad laboral reforzada en el curso de los procesos de
reestructuración administrativa. Sin embargo, se advirtió que la Administración
puede desvincular a dichas personas, siempre que las correspondientes entidades
públicas satisfagan la carga argumentativa requerida para tal efecto, es decir, que
“justifique plenamente la existencia de razones objetivas del servicio para el
retiro de los trabajadores que se encuentran en esta condición” (se resalta).
90. Lo expuesto, alude al deber argumentativo que debe cumplir la
Administración al expedir este tipo de actos administrativos, toda vez que, al mediar
derechos de personas de especial protección constitucional, dichas
determinaciones exigen un mayor esfuerzo por parte de las entidades, con el fin de
justificar plenamente que la desvinculación del respectivo empleado obedece
estrictamente a razones objetivas del servicio público.
91. En esa medida, a la Fiscalía General de la Nación le correspondía la carga
argumentativa de demostrar plenamente que existían razones objetivas del servicio
23
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
que justificaban la expedición de la resolución por medio del cual suprimió el cargo
que desempañaba la señora Oher Hadith Hernández Roa, sin que ello significara
que la demandante se relevaba de probar en el litigio declarativo que, frente a dicha
decisión administrativa, se configuró alguna de las causales de nulidad previstas en
la ley.
92. La Sección Segunda de esta Corporación ha destacado que, en virtud del
principio onus probandi establecido en el inciso primero del artículo 167 del CGP57,
en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos contra actos
administrativos que guardan relación con asuntos laborales, incluso en los que
estén involucrados sujetos de especial protección constitucional, si bien la carga
procesal es facultativa, en cuanto no puede ser exigido por ninguno de los sujetos
procesales, lo cierto es que la no satisfacción acarrea efectos negativos para quien
omitió su cumplimiento, verbigracia, el demandante que no acredita las afirmaciones
expuestas en la demanda58.
93. Bajo esa línea de pensamiento, la citada Sección ha señalado que, en los
litigios en los que se discute la legalidad de los actos administrativos por medio de
los cuales se suprimen empleos de provisionalidad, como lo era el caso de la señora
Hernández Roa59, incluso aquellos de personas beneficiarias del llamado “retén
social”, es a la parte actora a quien le incumbe probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen60.
94. Como consecuencia, era a la señora Hernández Roa a quien, en sede
judicial, le correspondía acreditar que la Administración no cumplió con la carga
argumentativa a la que se refiere la Corte Constitucional y, por ende, demostrar que
la Fiscalía no justificó plenamente la existencia de razones objetivas para retirarla
del servicio público.
95. En segundo lugar, vale la pena precisar que, si bien el inciso primero del
artículo 213 del CPACA61 prevé que el juez posee claras facultades oficiosas para
decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria
pueden generar inquietudes sobre una correcta valoración de la prueba, lo cierto es
que el operador judicial solo podrá ejercer dichas facultades para esclarecer
aspectos oscuros o que ofrezcan duda en el litigio y le está vedado suplir la carga
probatoria que le corresponde a las partes, pues de lo contrario, se desequilibraría
la relación jurídico procesal entre los sujetos procesales. En ese orden de ideas, el
juez debe ser neutral, sin perjuicio de que excepcionalmente se presenten
57 A cuyo tenor: “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)”.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 3 de agosto de 2017, C.P: William Hernández Gómez, exp: 2012-00365-01(1162-14).
59
60 En ese sentido, se puede consultar la sentencia dictada el 15 de febrero de 2024, por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P: César Palomino Cortés, exp: 2017-05756-01
(0664-2023).
61 Disposición normativa que establece lo siguiente: “Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera
de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes (…)”.
24
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
situaciones que ameriten hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia
probatoria62.
96. En criterio de la Sala, el juez ad quem no incurrió en exceso ritual manifiesto
al no decretar de oficio las pruebas con las que supuestamente la demandante
buscaba demostrar que le asistía un mejor derecho de las demás personas
designadas como fiscal delegado en la nueva planta de personal de Fiscalía. Lo
expuesto, toda vez que era a la señora Oher Hadith Hernández Roa a quien le
correspondía probar tal circunstancia y, por ende, usar todos los mecanismos
procesales que tenía a disposición, por lo que la respectiva omisión probatoria
conllevaba a que se negaran las súplicas de la demanda, como en efecto ocurrió.
97. Con todo, se advierte que la inconformidad de la parte recurrente se centra
en que la sentencia del 19 de enero de 2023, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión de primer grado y, en
su lugar, dispuso negar las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formulada por la señora Hernández Roa.
98. En esa medida, en el sub júdice es evidente que lo que la parte recurrente
pretende es que el debate del litigio declarativo se adelante nuevamente, para que
se llegue a la conclusión que se debe acceder a las súplicas de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no resulta de recibo, en tanto que
esto conllevaría a desconocer el objeto y fin para lo cual ha sido instituido el recurso
extraordinario de revisión, porque, se insiste, ello implicaría aceptar que por medio
del recurso de la referencia es posible que las partes subsanen las omisiones en las
que incurrieron en el proceso ordinario, en concreto, lo relacionado con la
interposición de los recursos, con el fin de acreditar la hipótesis expuesta en la
demanda ordinaria63.
99. Así las cosas, es claro que lo que pretende la recurrente tiene una finalidad
ajena al recurso de revisión, pues por la vía extraordinaria no es posible plantear
inconformidades respecto de las conclusiones probatorias y jurídicas del juez
ordinario, lo cual desconoce las razones de procedencia del mecanismo procesal
de la referencia64.
100. En suma, la parte actora no demostró las causales de revisión invocadas y,
como consecuencia, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
formulado por la señora Hernández Roa.
62 Sobre el alcance y requisitos de la prueba de oficio, se puede consultar la sentencia proferida 1 de
noviembre de 2023, por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P.: José
Roberto Sáchica Méndez (E), exp: 61.355.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 8 de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 51.617.
64 Las cuales corresponden a las siguientes: “El [recurso extraordinario de revisión] no constituye
una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más (…).
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio
y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar
con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…)” (se destaca).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110.
25
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Costas
101. Como el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la demandante se
resolvió de manera desfavorable, de conformidad con el inciso quinto del artículo
255 del CPACA65, se condenará en costas a la parte recurrente, para lo cual fija por
concepto de agencias en derecho 1 smlmv66 a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, a favor de la Fiscalía General de la Nación67.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 25, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
presentado por la señora Oher Hadith Hernández Roa contra la sentencia dictada
el 19 de enero de 2023, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2018-00224-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, señora Oher Hadith
Hernández Roa, las cuales serán liquidadas por la Secretaría General del Consejo
de Estado, teniendo en consideración las expensas demostradas en el proceso.
Por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante se fija el
monto equivalente a 1 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta providencia, para la
Nación-Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho del
consejero ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ ELIZABETH BECERRA CORNEJO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILSON RAMOS GIRÓN
65 A cuyo tenor: “Artículo 255. Sentencia (Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021) (…) Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”
(se destaca).
66 Según las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo
5 del Acuerdo 10554 de 2016, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o por la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
67 Entidad que compareció mediante su correspondiente apoderada judicial, en virtud de lo cual tuvo
a su cargo la vigilancia del proceso; además, desplegó actuaciones como las relacionadas con la
contestación del recurso extraordinario de revisión, por lo que la fijación de agencias en derecho
resulta procedente.
26
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00593-00
Recurrente: Oher Hadith Hernández Roa
Opositora: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437
de 2011)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
27
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.