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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06607-00

Fecha
20 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06607-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José Salvador Jiménez Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, por no superar los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06607-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

20 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-00
Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06607-00
Demandante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela

Temas: Tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos de
procedencia. Relevancia constitucional y subsidiariedad. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis
Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José Salvador Jiménez Pérez en contra del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José
Salvador Jiménez Pérez promovieron acción de tutela, mediante la cual solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que estimaron vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Bolívar con ocasión de los autos proferidos el 5 de agosto y 2 de octubre de 2025, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número
13001-33-33-002-2020-00149-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 15 de abril
de 2010, la Policía Nacional, mediante Resolución 01114 de 2012, reconoció la pensión
de sobreviviente a Delvis Judith Pérez Jiménez, cónyuge del subintendente fallecido José
David Jiménez Correa, y a sus tres hijos, Davianis, José René y José Salvador Jiménez

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130013333002202000149011300123

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Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

Pérez. Posteriormente, en 2020, la mesada fue incrementada al 100% a favor de la
señora Pérez, tras la pérdida del derecho de sus hijos.

2.2. No obstante, mediante Resolución 0414 de 2024, la Policía Nacional dispuso la
reducción del monto reconocido en un 50%, al asignar igual proporción a Carmen Inés
Jiménez Utría, hija del causante. Tal determinación se adoptó en cumplimiento de la
orden impartida en la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 13001-33-33-002-
2020-00149-01 por el tribunal accionado.

2.3. Ante esa decisión administrativa, el 21 de junio de 2024, la señora Pérez Jiménez
solicitó copia del expediente judicial, oportunidad en la cual constató que no fue vinculada
en calidad de tercera con interés dentro del referido proceso ordinario. Posteriormente,
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena2 remitió el enlace web para
el acceso al expediente el 7 de octubre del mismo año.

Con fundamento en lo anterior, el 8 de noviembre de 2024, los actores promovieron
incidente de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, alegando la configuración
de una indebida notificación y la consecuente vulneración de su derecho de defensa.

2.4. El 26 de marzo de 2025 la Policía Nacional efectuó un nuevo descuento sobre la
mesada pensional de la señora Pérez Jiménez y, como consecuencia, la redujo a la suma
de $351.821.

2.5. A partir de lo expuesto, los accionantes promovieron acción de tutela, mediante la
cual solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, que estimaron vulnerados
con ocasión de la providencia del 31 de marzo de 2023 y de la Resolución 414 de 2024,
al considerar que tales decisiones desconocieron las garantías constitucionales
invocadas.

El asunto le correspondió por reparto la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado bajo el radicado número 11001-03-15-000-2024-06445-00, autoridad que
mediante sentencia del 7 de febrero de 2025 declaró improcedente el amparo.

No obstante, la Sección Cuarta de esta Corporación, al resolver la impugnación
interpuesta por los actores, a través de fallo del 8 de mayo del año de 2025 revocó la
decisión y, en su lugar dispuso: i) amparar de manera transitoria los derechos invocados;
y, ii) suspender, los efectos de la sentencia del 31 de marzo de 2023 hasta tanto el
Tribunal Administrativo de Bolívar decidiera el incidente de nulidad propuesto por los
actores.

2.6. Finalmente, con auto del 5 de agosto de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar
rechazó el incidente de nulidad bajo el argumento de que la sentencia ya se encontraba
ejecutoriada y que la vía adecuada era el recurso extraordinario de revisión. Mediante

2 Juez de primera instancia en el proceso ordinario.

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Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

providencia del 2 de octubre de 2025, dicha corporación confirmó la negativa a reponer
esa decisión.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte actora solicitó:

“PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENE al Tribunal
Administrativo de Bolívar dejar sin efecto los autos del del 5 de agosto del 2025
y 2 de octubre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho radicado número 13001-33-33-002-2020- 00149-
01, por los que se rechazó el incidente de nulidad y resolvió no reponer la
anterior decisión”.

Como sustento de la acción de tutela, la parte actora:

3.1. Afirmó que los autos del 5 de agosto y del 2 de octubre de 2025, proferidos por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al rechazar el incidente de nulidad con
fundamento en la ejecutoria de la sentencia y en la supuesta procedencia exclusiva del
recurso extraordinario de revisión.

A su juicio, dicha autoridad omitió examinar que la nulidad alegada se sustentaba en la
falta de notificación en legal forma, causal exceptuada por el artículo 134 del Código
General del Proceso, que permite su formulación incluso con posterioridad a la sentencia
y no restringe su ejercicio únicamente al recurso de revisión.

3.2. Consideró que las providencias censuradas se fundamentaron en una interpretación
parcial que deriva en un defecto sustantivo y un exceso ritual manifiesto, y contraviene el
principio de prevalencia del derecho sustancial. Las decisiones, además, privilegiaron
una lectura formalista en detrimento de la efectividad de las garantías procesales.

3.3. Precisó que la irregularidad adquiere mayor relevancia porque los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes no fueron vinculados desde la etapa admisoria del proceso, lo
que afectó su derecho de defensa.

En punto de lo anterior, indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió
amparo transitorio al derecho al mínimo vital de Delvis Judith Pérez Jiménez y suspendió
los efectos de la sentencia del 31 de marzo de 2023 al advertir que los beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes no fueron vinculados desde la etapa admisoria ni en fases
posteriores del proceso. Esta omisión impidió su participación efectiva y afectó de manera
directa el derecho de defensa.

3.4. Agregó que el tribunal consideró que se debía acudir al recurso extraordinario de
revisión sin considerar que el término previsto en el artículo 251 del CPACA ya había

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vencido. Explicó que la sentencia de segunda instancia data del 31 de marzo de 2023,
mientras que el conocimiento efectivo de su existencia se produjo mediante comunicado
notificado el 27 de mayo de 2024, cuando el plazo anual se encontraba superado. En tal
sentido, la exigencia de interponer un recurso jurídicamente inviable impuso una carga
imposible y cerró de manera irrazonable el acceso a un mecanismo judicial efectivo.

3.5. Finalmente, señaló que, si bien el artículo 285 del Código General del Proceso no
permite al juez revocar o reformar su sentencia, no excluye la competencia para declarar
la nulidad de lo actuado cuando se acredita una causal taxativa que invalida el proceso.
En efecto, el incidente de nulidad no persigue la modificación del criterio con el que se
decidió el proceso ordinario, corrección de un vicio que afecta la validez de la actuación.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. La solicitud se radicó el 21 de octubre de 2025, e ingresó al despacho de la
magistrada ponente el 22 de octubre del mismo año.

4.2. Mediante escrito del 23 de octubre siguiente3, de manera conjunta, los magistrados
que integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestaron
estar impedidos para asumir el conocimiento del asunto, Para ello, invocaron la causal
prevista en artículo 56.4 del Código de Procedimiento Penal.

Con auto emitido el 9 de diciembre de 20254 la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación resolvió no aceptar el impedimento y devolver el expediente al
despacho ponente. La Secretaría General ingresó el proceso el 19 de enero de 2026 5

4.3. Mediante auto del 20 de enero de 20266 se admitió la acción de tutela, se negó la
medida provisiona y se ordenó la vinculación del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Cartagena, de la Nación, Ministerio de Defensa Policía Nacional y de Carmen
Inés Jiménez Utria.

4.4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena7 remitió el proceso
ordinario en medio digital y presentó informe en el que propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida que los reproches de los actores se
dirigieron en contra de una autoridad diferente.

4.5. El Tribunal Administrativo de Bolívar8 sostuvo que no se configuró vulneración de
los derechos fundamentales invocados, toda vez que los autos del 5 de agosto y 2 de
octubre de 2025 se profirieron con estricta sujeción al marco normativo aplicable. Precisó
que, conforme al artículo 134 del Código General del Proceso, las nulidades deben

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI.
4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI.
5 Índice 00014 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00015 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado CA66D3E84D36CD88 E6E41A2FC16D1BE1 91172F8FBF8DB239

8CF6A6A45911738D.
8 Índice 00022 del aplicativo SAMAI, certificado EEEEF730615B351F D37A9C17250FC742 ABEB90C3ED4B54DE

5D4DEA5985347290. Reiterado en el índice 00023.

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alegarse antes de la sentencia y solo de manera excepcional pueden proponerse con
posterioridad, en los eventos expresamente previstos por la ley, entre ellos, mediante el
recurso extraordinario de revisión cuando no fue posible alegarlas oportunamente. En tal
sentido, concluyó que la nulidad invocada debía tramitarse exclusivamente a través de
dicho recurso, en los términos del artículo 250 del CPACA.

Adicionalmente, indicó que admitir el incidente de nulidad implicaría reabrir un proceso
amparado por la cosa juzgada, en contravía del artículo 285 del CGP y de los principios
de seguridad jurídica. En consecuencia, afirmó que la acción de tutela constituye un
mecanismo improcedente para reabrir un debate procesal ya definido y solicitó su
rechazo, en atención a su carácter excepcional frente a providencias judiciales.

La Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar remitió enlace web de acceso al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho9.

4.6. La Policía Nacional10 señaló que las decisiones cuestionadas se ajustaron a los
parámetros constitucionales y legales aplicables, en tanto efectuaron un análisis integral
del material probatorio y resolvieron el asunto dentro del marco de competencia funcional
del Tribunal. Manifestó que no se configuró defecto fáctico ni sustantivo alguno, allí se
expusieron de manera expresa las razones que sustentaron la determinación adoptada,
por lo que la acción de tutela pretende reabrir un debate propio de la instancia ordinaria.

4.7. Carmen Inés Jiménez Utria no presentó escrito de intervención.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591
de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Delvis
Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José
Salvador Jiménez Pérez, al ser los titulares de los derechos que afirman fueron
vulnerados, en tanto presentaron el incidente de nulidad que fue decidido de manera
negativa a través de los autos del 5 de agosto y del 2 de octubre de 2025, dictados al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
número 13001-33-33-002-2020-00149-01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Bolívar, por cuanto fungió como juez de segunda instancia dentro del

9 Índice 00019 del aplicativo SAMAI.
10 Índice 00010 del aplicativo SAMAI.

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proceso mencionado. Además, son sus actuaciones a la que la parte actora le atribuyó
la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la

14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto16.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial17.

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”18, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.

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5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Al analizar los cargos, la parte actora sostuvo que las providencias cuestionadas
incurrieron en: i) defecto sustantivo y exceso ritual manifiesto, por adoptar una
interpretación restrictiva que desconoce la prevalencia del derecho sustancial; ii)
afectación del derecho de defensa, por la omisión de vincular a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes desde la etapa de admisión, situación advertida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado al conceder amparo transitorio; iii) imposición de una carga
imposible, al exigir el recurso de revisión, pese a que el término del artículo 251 del
CPACA se encontraba vencido cuando se conoció la sentencia; iv) indebida aplicación
del artículo 285 del CGP, al asumir que la prohibición de revocar la sentencia excluye la
competencia para declarar la nulidad de lo actuado cuando se acredita un vicio procesal
que compromete su validez.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en los autos del 5 de agosto y 2
del octubre de 2025, así como de las pruebas allegadas al proceso, se arribó a las
siguientes conclusiones:

Auto del 5 de agosto de 2025 [decide nulidad]:

“De cara al caso en concreto se tiene que, la parte actora alega que, no fueron
notificados en debida forma del auto admisorio de la demanda, así como tampoco
fueron vinculados en etapas posteriores y que, conocieron del proceso judicial a
través del acto administrativo por el cual la entidad demandada da cumplimiento
al fallo judicial, acudiendo al Juzgado de Origen a solicitar el expediente,
conociendo así los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del
medio de control de la referencia.

En virtud de lo anterior se tiene que, la norma supra prevé que, cuando la nulidad
tenga origen en la sentencia contra la cual no procede recurso, esta puede ser
alegada con posterioridad, (i) en la diligencia de entrega, (ii) como excepción en
la ejecución de la sentencia, o (ii) mediante el recurso de revisión, si no se pudo
alegar por la parte en las anteriores oportunidades.

Sobre esta última posibilidad, es preciso indicar que el artículo 185 del CCA
establece expresamente que el recurso extraordinario de revisión procede contra
las sentencias ejecutoriadas, y el artículo 188 ibidem prevé las causales,
disposiciones que se deberán analizar en concordancia con el artículo 134 del
CGP13. Así mismo, resulta oportuno advertir que, no resulta procedente que, a
través de un incidente de nulidad se pretende declarar nulo todo lo actuado dentro
de un proceso que cuenta ya con sentencia ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa
juzgada, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 285 del CGP
no le es posible al mismo juez revocar la sentencia que profirió.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que dentro del presente asunto el
incidente de nulidad fue formulado después de ejecutoriada la sentencia de
segunda instancia, providencia contra la cual no procede recurso alguno, este
Despacho resolverá rechazar la solicitud de incidente de nulidad formulada por la
señora Delvis Judith Pérez Jiménez y Otros, ya que tal y como se refirió en líneas

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-00
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que anteceden, la nulidad debe proponerse en los escenarios descritos a través
del recurso de revisión, de modo que, no resulta procedente que a través del
incidente se pretende reabrir un proceso que ya fue culminado y que cuenta con
sentencia ejecutoriada”.

Auto del 2 de octubre de 2025 [decide reposición]:

“Conforme lo alegado por los recurrentes, el Despacho ha de precisar que, el
artículo 134 del CGP prevé la oportunidad y tramite de las nulidades. En su primer
inciso establece que estas pueden alegarse en cualquiera de las instancias antes
de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si se origina en ella.

Este Despacho abordará la interpretación que debe dársele al artículo 134 del
CGP frente a la oportunidad que contempla la ley para presentar la nulidad
originada en la sentencia contra la cual no procede recurso o que la misma se
encuentra ejecutoriada. Para el recurrente, es dable presentar el incidente de
nulidad ante el juez que expidió esa providencia incluso después de ejecutoriada,
por su parte, este Despacho, sostuvo que ello no es posible, pues frente a ese
caso específico, solo es dable elevar la solicitud en tres escenarios, como son:

(i) en la diligencia de entrega,

(ii) como excepción en la ejecución de la sentencia, o

(iii) mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las
anteriores oportunidades.

Este Despacho, para sustentar su postura, considera que los dos primeros incisos
del artículo 134 del CGP regulan dos situaciones diferentes. El primer inciso, se
refiere a aquellas nulidades generadas mientras se encuentra en curso el proceso,
incluido aquellas generadas en la sentencia. Esta última posibilidad debe
entenderse, en el sentido que, es oportuno o viable solo si contra la sentencia aún
procede recurso, esto es, no se encuentra ejecutoriada, en caso contrario, es
decir, cuando no procede recurso, esa situación pasa a ser regulada en el inciso
siguiente.

El segundo inciso de esa norma reguló la oportunidad de presentar nulidad una
vez ha culminado el proceso, esto es, cuando contra la sentencia ya no proceden
recursos y por ende se encuentra ejecutoriada. En esa situación, el legislador solo
autorizó dos causales de nulidad, como son la nulidad por indebida representación
(Art. 133 # 4º y falta de notificación o emplazamiento en legal forma (art. 133# 8).
Frente a las causales ya mencionadas el legislador le brindó escenarios distintos
a los contemplados en el primer inciso del artículo 134 del CGP para proponerla,
específicamente fuera del proceso ordinario, pues comprendió que para esas
causales de nulidad era muy probable que el afectado las conociera solo al
momento de ejecutarse la sentencia, es decir, luego de haber culminado el
proceso ordinario y encontrarse la sentencia en firme.

En ese mismo inciso, el legislador se refirió exactamente a la nulidad originada en
la sentencia contra la cual no proceda recurso, es decir, ejecutoriada; En ese caso,
el legislador comprendió que el escenario para proponerla ya no será al interior
del proceso ordinario, ni específicamente en la etapa posterior a la sentencia
regulado en el inciso primero, por la sencilla razón que el proceso ya fue concluido,
en consecuencia, dispuso escenarios, fuera del proceso ordinario, para proponerla
como son:
[…]

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Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

En el caso en concreto, estamos ante el escenario que el proceso ordinario
concluyó, y la sentencia proferida se encuentra en firme. En consecuencia, es este
último espacio el previsto por el legislador para presentar lo alegado por s
recurrentes y que de hecho se encuentra consagrado dentro de las causales de
revisión de las sentencias proferidas dentro de esta jurisdicción, previendo el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, lo siguiente:

ARTÍCULO 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación. (Negrilla fuera de texto)

De modo que, bajo la interpretación planteada, una sentencia que pone fin al
proceso y contra la cual no procede recurso solo puede anularse o dejarse sin
efectos a través del recurso extraordinario de revisión y no por medio del incidente
de nulidad al interior de un proceso que ya fue terminado y que cuenta con
sentencia ejecutoriada. Esto, por cuanto se estaría reactivando un proceso que ya
fue terminado, hecho totalmente improcedente, pues así lo dispone el # 2 del
artículo 133 del CGP así como el parágrafo 135 del CGP al señalar, que revivir un
proceso legalmente concluido igualmente constituye una nulidad con carácter de
insaneable.

En ese orden de ideas, si la parte incidentante considera que dentro del proceso
se configuró alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 133 del
CGP, y específicamente, las que trae el inciso segundo del artículo 134 del CGP,
estas deben ser alegadas en los escenarios señalados en esa misma norma, por
cuanto la sentencia que culminó el proceso ordinario se encuentra ejecutoriada y
contra la misma no proceden recursos, lo cual hace inviable las oportunidades del
primer inciso del artículo 134 del CGP.

Adicionalmente, esta interpretación sería coherente y consistente con los
principios de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada que se infieren
de lo dispuesto en el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP), según
el cual el juez no puede revocar su sentencia, una vez esta se encuentre en firme.
Por último, en mi calidad de magistrado ponente no dicté la sentencia, sino lo fue
por una Sala de decisión de este tribunal, en consecuencia, bajo la calidad en que
resuelvo este recurso carecería de facultad o competencia para dejar sin efectos
la sentencia proferida, reitero, por una Sala de decisión de esta corporación.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que, este no es el escenario consagrado por
el legislador para formular una solicitud de nulidad contra un proceso que
legalmente ha sido terminado, el Despacho decidirá no reponer lo decidido en auto
del 05 de agosto de 2025, por el cual rechazó el incidente de nulidad”.

5.3. En conclusión, para la autoridad judicial accionada: i) el incidente de nulidad fue
formulado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
providencia que puso fin al proceso y frente a la cual no procedía recurso alguno,
circunstancia que excluye la posibilidad de promover nulidades al interior del trámite
ordinario; ii) tratándose de una nulidad originada en decisión judicial en firme, el
ordenamiento aplicable permite que las razones de nulidad se formulen mediante el
recurso extraordinario de revisión, por lo que el incidente promovido por los accionantes
resultaba improcedente; iii) admitir la nulidad por la vía incidental implicaría reabrir un

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Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

proceso legalmente concluido y desconocer la prohibición de revocar sentencias en firme
prevista en el artículo 285 del CGP.

5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la
parte actora con ocasión de las providencias cuestionadas.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración19.

5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del derecho
fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto, toda vez
que reitera argumentos de índole legal desarrollados, sin esbozar las razones concretas
por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con las
providencias atacadas, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
dichas decisiones se sustentaron en el principio de autonomía judicial.

5.6. Ahora bien, la parte actora alega que la autoridad accionada le impuso una carga
imposible de cumplir, al exigirle interponer el recurso de revisión, pese a que el término
del artículo 251 del CPACA se encontraba vencido cuando se conoció la sentencia.

La Sala advierte que el artículo 248 CPACA dispone que el recurso extraordinario de
revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. A su turno el artículo 250.5
CPACA establece como causal de revisión la nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Asimismo, la Corte Constitucional se ha referido respecto a la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, en los siguientes términos: “(…) responde a que se enmiende

19 Sentencia SU215 de 2022.

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los errores o ilicitudes cometidas en la expedición de las sentencias ejecutoriadas, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones
de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”.20

Así las cosas, es al juez natural del asunto es a quien le corresponde pronunciarse
respecto de la admisibilidad o no del recurso extraordinario de revisión y quien debe
realizar la debida valoración de la argumentación que exponga el demandante para
justificar la vulneración al debido proceso con base en la causal de revisión mencionada.
Además, que no se ha vencido el plazo para interponer el recurso, toda vez que es ante
esa autoridad donde deberá acreditarse la fecha en que la accionante tuvo conocimiento
de la sentencia que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales, particularmente
por no haber sido vinculada al proceso pese a que la decisión adoptada podía incidir
directamente en el reconocimiento y pago de su derecho pensional.

En consecuencia, no le es dable al juez de tutela desplazar el análisis que corresponde
al juez natural, pues ello implicaría desconocer el principio de subsidiariedad que rige la
acción de amparo. En ese sentido la Corte ha señalado:

Así, en principio, el ciudadano debe esperar a que la autoridad judicial
competente se pronuncie de fondo acerca de la procedencia o no de la causal
de revisión, ya que dicho mecanismo constituye un medio de defensa judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de la
accionante. Por consiguiente, la acción de revisión que habrá de surtirse ante la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, constituye el escenario
natural donde se pueden ventilar las circunstancias reseñadas en la acción de
tutela bajo las causales taxativamente previstas en la legislación procesal,
aportar las pruebas que considere necesarias y brindar los elementos de juicio
indispensables para demostrar que efectivamente al momento de dictarse
sentencia que considera atentatoria de sus derechos fundamentales.21

5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario23.

5.8. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de

20 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2012 [Fundamento jurídico 9.1]
21 Corte Constitucional, sentencia T-291 de 2014
22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-00
Accionante: Delvis Judith Pérez Martínez y otros

relevancia constitucional y subsidiariedad, por consiguiente, se declarará improcedente
el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Delvis
Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José
Salvador Jiménez Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, por no superar
los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

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