República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06607-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Subtema 2: nulidad por falta de notificación. Subtema
3: defectos sustantivo y procedimental.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Delvis Judith Pérez Martínez y otros contra la
sentencia del 20 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
1. Síntesis del caso
Los señores Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René
Jiménez Pérez y José Salvador Jiménez Pérez presentaron acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideraron vulnerados con ocasión de las
providencias del 5 de agosto y del 2 de octubre de 2025, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 13001-33-33-002-2020-00149-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
2. La Policía Nacional, en cumplimiento de la sentencia del 15 de abril de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del expediente con
radicado núm. 13-001-23-31-000-2007-00282-00, expidió la Resolución 01114 del
14 de agosto de 2012, mediante la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión
de sobrevivientes a favor de la señora Delvis Judith Pérez Martínez y sus tres hijos
Davianis, José René y José Salvador Jiménez, en su condición de cónyuge e hijos
del subintendente fallecido, José David Jiménez Correa.
3. Posteriormente, en el año 2020, la mesada fue incrementada al 100% en favor
de la señora Pérez Martínez, debido a que sus hijos dejaron de cumplir los requisitos
para ser beneficiarios de la prestación social.
4. La joven Carmen Inés Jiménez Utria presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional1. Dicho asunto fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo de
Cartagena, quien, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2022, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y, ordenó el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, en su condición de hija
del subintendente, José David Jiménez Correa. Contra esta decisión, las partes en
litigio presentaron recurso de apelación.
5. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de providencia del 31 de marzo
de 2023, modificó el numeral segundo la decisión del juzgado, en los siguientes
términos:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia de fecha veintiséis (26)
de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cartagena, el cual quedará así:
«Segundo: A título de restablecimiento del derecho, la entidad demanda deberá
reconocer a partir del 26 de febrero de 2001 pensión de sobrevivientes conforme lo
determina la Ley 100 de 1993 a la joven Carmen Inés Jiménez Utria en calidad de
hija del causante, en la cuantía que resultare conforme a lo previsto en el artículo 48
inciso 2° de la Ley 100 de 1993, en la proporción del 50% en partes iguales entre los
hijos menores del causante.
El pago efectivo de las mesadas pensionales se reconocerá a partir del 26 de febrero
de 2001 y hasta el 13 de mayo de 2019.
A partir del 14 de mayo del 2019 y hasta los 25 años de edad de la joven Carmen
Inés Jiménez Utria, se reconocerá dicha prestación, siempre y cuando se acredite
ante la entidad demandada la calidad de estudiante.
Para tal efecto, la entidad encargada del reconocimiento pensional tendrá la
posibilidad de i) descontar el dinero de las mesadas siguientes hasta la concurrencia
de lo pagado en exceso; o ii) perseguir el reintegro de lo pagado en exceso, lo que
supone un proceso judicial; según lo que considere; en virtud de las razones
expuestas en la parte considerativa de esta sentencia»
1
Expediente identificado con el radicado núm. 13001-33-33-002-2020-00149-01.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
[…]
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
6. La Policía Nacional, mediante la Resolución 0414 del 17 de junio de 2024,
dispuso reducir en un 50% la mesada pensional asignada a Delvis Judith Pérez
Martínez y perseguir el reintegro de lo pagado en exceso a la referida señora por el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo de 2024. Asimismo,
ordenó recobrar los valores adicionales pagados a José Rene, José Salvador y
Davianis Jiménez Pérez.
7. Los señores Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René
Jiménez Pérez y José Salvador Jiménez Pérez, mediante escrito del 8 de noviembre
de 2024, promovieron incidente de nulidad ante el Tribunal Administrativo de
Bolívar, con el argumento de que no fueron notificados y vinculados al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 13001-33-33-002-2020-
00149-01, que adelantó la joven Carmen Inés Jiménez Utria.
8. Los accionantes presentaron acción de tutela contra la sentencia del 31 de
marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y la Resolución
414 de 2024, emitida por la Policía Nacional, al considerar que dichas decisiones
desconocieron sus garantías al debido proceso y defensa.
9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06445-00, profirió sentencia
de primera instancia el 7 de febrero de 2025, mediante la cual declaró improcedente
el amparo. Dicha decisión fue impugnada por la parte actora.
10. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de providencia del 8 de
mayo de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar dispuso: i) amparar de
manera transitoria los derechos invocados; y, ii) «suspender los efectos de la
sentencia del 31 de marzo 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
y de la resolución mediante la cual la Dirección de Talento Humano de la Policía
Nacional dispuso dar cumplimiento de dicha providencia, hasta tanto sea resuelto
el incidente de nulidad que se encuentra pendiente por tramitar dentro del proceso
con radicado núm. 13001-33-33-002-2020-00149-00/01».
11. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 5 de agosto de 2025,
rechazó el incidente de nulidad al considerar que la sentencia ya se encontraba
ejecutoriada y que la vía adecuada era el recurso extraordinario de revisión. Contra
dicha decisión, la señora Delvis Judith Pérez Martínez presentó recurso de
reposición. Sin embargo, la mencionada autoridad judicial, por auto del 2 de octubre
de 2025 resolvió no reponer la providencia recurrida.
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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENE al Tribunal Administrativo
de Bolívar dejar sin efecto los autos del del 5 de agosto del 2025 y 2 de octubre de
2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho radicado
número 13001-33-33-002-2020-00149-01, por los que se rechazó el incidente de
nulidad y resolvió no reponer la anterior decisión. […]3.
13. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo, porque efectuaron una
interpretación inapropiada del artículo 134 del Código General del Proceso, al omitir
examinar que la nulidad alegada se sustentaba en la falta de notificación en legal
forma, cuya causal se puede invocar, incluso, con posterioridad a la sentencia y no
restringe su ejercicio únicamente al recurso de revisión.
14. En este sentido, explicó que las providencias censuradas se fundamentaron en
una interpretación parcial de la norma referida, al desatender el principio de
prevalencia del derecho sustancial. Además, privilegiaron una lectura formalista en
detrimento de la efectividad de las garantías procesales.
15. Agregó que las decisiones objeto de tutela no tuvieron en cuenta que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia de tutela del 8 de mayo de 2025
advirtió que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes no fueron vinculados
desde la etapa admisoria ni en fases posteriores del proceso. Esta omisión impidió
su participación efectiva y afectó de manera directa el derecho de defensa y
contradicción.
16. Asimismo, expuso que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al indicar que, debió acudir al recurso
extraordinario de revisión sin considerar que el término previsto en el artículo 251
del CPACA ya había vencido. Precisó que la sentencia de segunda instancia fue
expedida el 31 de marzo de 2023, mientras que el conocimiento efectivo de esta se
produjo mediante comunicado notificado el 27 de mayo de 2024, cuando el plazo
del año se encontraba superado. En tal sentido, la exigencia de interponer un
recurso jurídicamente inviable impuso una carga imposible y cerró de manera
irrazonable el acceso a un mecanismo judicial efectivo.
17. Por último, aseveró que, si bien, el juez, una vez proferida la sentencia, no
puede revocar o reformar su decisión, lo cierto es que esta situación no impide que
la autoridad judicial pueda declarar la nulidad de lo actuado cuando se acredita una
causal taxativa que invalida el proceso. En efecto, el incidente de nulidad no
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06607-00, índice 2, certificado núm. 85B4A947D3345527 1BD60126B739C987
572E54353B50F468 82B1062DDCD7F56D.
3
Se transcribe incluso con errores
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persigue la modificación del criterio con el que se decidió el proceso ordinario, sino
la corrección de un vicio que afecta la validez de la actuación.
2.3. Trámite procesal
18. El despacho ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 20 de enero de 20264, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Bolívar y, puso en conocimiento
el escrito de tutela al Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena, a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a la señora Carmen Inés Jiménez Utria,
en su condición de tercero con interés.
2.4. Intervenciones
19. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartagena5 remitió, a esta corporación,
el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin
pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.
20. El Tribunal Administrativo de Bolívar6 afirmó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por los tutelantes, toda vez que los autos del 5 de agosto
y del 2 de octubre de 2025 se profirieron con estricta sujeción al marco normativo
aplicable.
21. En este sentido, destacó que, según el artículo 134 del Código General del
Proceso, las nulidades deben alegarse antes de la sentencia y solo de manera
excepcional pueden proponerse con posterioridad, en los eventos expresamente
previstos por la ley, entre ellos, mediante el recurso extraordinario de revisión
cuando no fue posible alegarlas oportunamente. En consecuencia, la nulidad
invocada por la parte tutelante debía tramitarse exclusivamente a través de dicho
mecanismo judicial, en los términos del artículo 250 del CPACA.
22. Sostuvo que, en el evento de admitirse que el incidente de nulidad constituye
un instrumento idóneo para atender el requerimiento de la actora, ello implicaría
abrir un nuevamente un proceso amparado por el principio de cosa juzgada y, se
desconocería el ámbito de actuación del juez conforme al artículo 285 del Código
General del Proceso, así como el principio de seguridad jurídica. En consecuencia,
la acción de tutela resulta improcedente para reabrir un debate procesal
previamente definido, por lo que solicitó su rechazo, atendiendo a su carácter
excepcional frente a providencias judiciales.
4
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9E4A8C49F2650CD1 F58902C9C1DE72C0.
5
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6
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Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
23. La Policía Nacional7 argumentó que las providencias cuestionadas se ajustaron
a los parámetros constitucionales y legales aplicables, en tanto efectuaron un
análisis integral del material probatorio y resolvieron el asunto dentro del marco de
competencia funcional del Tribunal, de manera que no se configuraron los defectos
alegados por la parte tutelante. Además, lo planteado por los accionantes se dirige
a proponer un debate de orden legal, propio de la instancia ordinaria.
24. La señora Carmen Inés Jiménez Utria guardó silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
25. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
20 de febrero de 20268, declaró improcedente la tutela, al considerar que la solicitud
de amparo carece de relevancia constitucional. Además, el asunto no cumple con
el presupuesto de subsidiariedad.
26. Consideró que el escrito de tutela reiteró argumentos de índole legal
desarrollados al interior de la actuación judicial cuestionada y, omitió exponer las
razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados fueron
vulnerados con las providencias atacadas, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que dichas decisiones se sustentaron en el principio de
autonomía judicial.
27. En este sentido, explicó que la parte actora no plantea un debate concreto sobre
el carácter arbitrario y desproporcionado de las decisiones judiciales cuestionadas,
por lo que no le es posible al juez de tutela advertir alguna irregularidad relevante
que demuestre una vulneración de los derechos invocados por los accionantes.
28. Por otro lado, expuso que la inconformidad descrita por los tutelantes en la
solicitud de amparo puede resolverse a través del recurso extraordinario de revisión
como lo indicó el Tribunal Administrativo de Bolívar en las providencias acusadas.
29.
Sobre el particular aclaró que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la
sentencia del 8 de mayo de 2025, ordenó suspender los efectos de la providencia
del 31 de marzo 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de manera
que los tutelantes se encontraban en término para acudir al mecanismo judicial
referido. En consecuencia, concluyó que la pretensión de la parte actora no cumple
con el presupuesto de subsidiariedad.
2.6. Impugnación
30. La parte actora presentó impugnación9 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. En su escrito mencionó que la solicitud de
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06607-00, índice 24, certificado A10DAE1EA9CE0091 D0CBB29E464A64B8
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8
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9
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2902E11DB1CE3691 ACDD9BB322C3677E.
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Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
amparo cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues lo que se
pretende es la protección de los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción.
31. Los impugnantes plantearon que el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó
su incidente de nulidad sin analizar que la irregularidad alegada (la falta de
notificación en debida forma) es una causal prevista en el artículo 134 del CGP, que
puede proponerse incluso después de la sentencia. Añadió que nunca fueron
vinculados al proceso como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo que les
impidió ejercer su defensa y contradicción. Esto constituye un defecto procedimental
con relevancia constitucional, que debió ser examinado por el juez de tutela.
32.
Asimismo, enfatizaron en que la tutela no se dirige contra la sentencia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho10, sino contra los autos del 5 de
agosto y el 2 de octubre de 2025, proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar
que rechazaron el incidente de nulidad promovido por los accionantes, en los cuales
se efectuó una interpretación restrictiva del ordenamiento jurídico procesal, que
configuraron un defecto sustantivo y un exceso ritual manifiesto.
33. Los accionantes manifestaron que la decisión impugnada vulneró su derecho
de acceso a la administración de justicia, en la medida en que los remitió al recurso
extraordinario de revisión y declaró la improcedencia del amparo con fundamento
en un criterio eminentemente formalista, lo cual desconoció el principio de primacía
del derecho sustancial. Aseveraron que la providencia del a quo erigió una barrera
desproporcionada que les impidió obtener una protección judicial efectiva de sus
derechos.
34. Finalmente afirmaron que, según la jurisprudencia constitucional, la
subsidiariedad de la tutela solo opera cuando los medios ordinarios o extraordinarios
disponibles son realmente idóneos y eficaces, lo que no ocurre en este caso. Así
pues, el juez de tutela, al ignorar esta circunstancia y declarar la improcedencia de
la acción constitucional, omitió evaluar adecuadamente la eficacia del recurso
alternativo e incurrió en un análisis erróneo del requisito de subsidiariedad.
35.
En consecuencia, solicitaron que se revoque el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud de amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 20 de febrero
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
37. La legitimación en la causa por activa de los señores Delvis Judith Pérez
Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José Salvador
Jiménez Pérez de Orozco está acreditada, porque fueron las personas que
presentaron el incidente de nulidad en el proceso ordinario en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
38.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Bolívar, debido a que fue la autoridad que profirió la decisión,
objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
39. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 11, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional12.
40.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
8
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afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
42. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución14.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
43. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
44. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
45. En el caso particular, la cuestión que se discute tiene de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada se profirió con desconocimiento del ordenamiento jurídico que,
a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
46. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
controvertir las decisiones judiciales referidas en esta acción constitucional y, que,
en su criterio, vulneraron sus derechos fundamentales.
47. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
el auto proferido el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que resolvió el recurso de reposición contra el auto del 5 agosto de 2025, fue
notificado el 3 de octubre siguiente19, y la demanda de tutela se presentó el 21 de
octubre de dicha anualidad20, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por
la jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.
48. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
49. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
50. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación a las causales de los defectos sustantivo,
fáctico y violación directa de la Constitución y, en ese orden, continuará con el
análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
51. Corresponde a la Sala determinar ¿si el Tribunal Administrativo de Bolívar
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes e incurrió en los defectos sustantivo y
procedimental, al proferir los autos del 5 de agosto y del 2 de octubre de 2025,
mediante los cuales rechazó el incidente de nulidad propuesto respecto de todo lo
actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
13001-33-33-002-2020-00149-00/01?
52. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
53. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
19
Samai, exp. 13001-33-33-002-2020-00149-01, índice 40.
20
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06607-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
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una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado23.
54. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
55.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]24.
56. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
57. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).25
23
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
24
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
11
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3.4.2. El defecto procedimental
58. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
59. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
60. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 26.
61. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»27.
62.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
63.
En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»28.
26
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
28
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
12
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3.5. Caso concreto
64. En el asunto bajo estudio, los señores Delvis Judith Pérez Martínez, Davianis
Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José Salvador Jiménez Pérez, en
ejercicio del trámite incidental, presentaron escrito con el fin de que se declarara la
nulidad de lo actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 13001-33-33-002-2020-00149-00/01, al considerar que no fueron
notificados y vinculados al referido medio de control judicial.
65. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 5 de agosto de
2025, rechazó el incidente de nulidad. Contra dicha decisión, los señores Delvis
Judith Pérez Martínez, Davianis Jiménez Pérez presentaron recurso de reposición.
66. El Tribunal accionado emitió auto el 2 de octubre de 2025, en el resolvió no
reponer la providencia recurrida.
67. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que la
autoridad judicial accionada, al proferir los autos cuestionados, incurrió en defecto
sustantivo, porque efectuó una interpretación inapropiada del artículo 134 del
Código General del Proceso, pues no tuvo en cuenta que la nulidad alegada se
sustentaba en la falta de notificación en legal forma, cuya causal se puede invocar,
incluso, con posterioridad a la sentencia y no restringe su ejercicio únicamente al
recurso de revisión.
68. Asimismo, expuso que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual al indicar que, debió acudir al recurso extraordinario
de revisión sin considerar que el término previsto en el artículo 251 del CPACA ya
había vencido. Afirmó que la sentencia que afectó sus derechos fue expedida el 31
de marzo de 2023 y tuvo conocimiento efectivo de su existencia el 27 de mayo de
2024, cuando el plazo se encontraba superado.
69.
Pues bien, al examinar el contenido de las providencias objeto de tutela29, se
observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el auto del 5 de agosto de
2025, rechazó la solicitud de nulidad, a partir de un análisis de las normas
procesales que regulan el asunto.
70. En este sentido, precisó que según el artículo 208 del CPACA, serán causales
de nulidad en todos los procesos las previstas en el Código de Procedimiento Civil
hoy Código General del Proceso y, su trámite se surtirá conforme lo dispuesto en
este último estatuto.
71. Así pues, la autoridad accionada aclaró que el artículo 134 del Código General
del Proceso establece las oportunidades para alegar las nulidades. En tal sentido,
hizo especial énfasis en el inciso segundo de dicha disposición, el cual prevé
expresamente: «La nulidad por indebida representación o falta de notificación o
29
Sentencia del 17 de julio de 2025.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
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emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no
proceda recurso, podrá alegarse también en la diligencia de entrega, como
excepción en la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión, siempre
que no haya sido posible invocarla por la parte en las oportunidades anteriores».
72. Con base en dicho precepto, el Tribunal accionado expuso las consideraciones
que se describen a continuación frente a las circunstancias alegadas por los
tutelantes:
En virtud de lo anterior se tiene que, la norma supra prevé que, cuando la nulidad tenga
origen en la sentencia contra la cual no procede recurso, esta puede ser alegada con
posterioridad, (i) en la diligencia de entrega, (ii) como excepción en la ejecución de la
sentencia, o (ii) mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte
en las anteriores oportunidades.
Sobre esta última posibilidad, es preciso indicar que el artículo 185 del CCA establece
expresamente que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, y el artículo 188 ibidem prevé las causales, disposiciones que se
deberán analizar en concordancia con el artículo 134 del CGP 30. Así mismo, resulta
oportuno advertir que, no resulta procedente que, a través de un incidente de nulidad
se pretende declarar nulo todo lo actuado dentro de un proceso que cuenta ya con
sentencia ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa juzgada, por cuanto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 285 del CGP no le es posible al mismo juez revocar la
sentencia que profirió.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que dentro del presente asunto el incidente
de nulidad fue formulado después de ejecutoriada la sentencia de segunda instancia,
providencia contra la cual no procede recurso alguno, este Despacho resolverá
rechazar la solicitud de incidente de nulidad formulada por la señora Delvis Judith Pérez
Jiménez y Otros, ya que tal y como se refirió en líneas que anteceden, la nulidad debe
proponerse en los escenarios descritos a través del recurso de revisión, de modo que,
no resulta procedente que a través del incidente se pretende reabrir un proceso que ya
fue culminado y que cuenta con sentencia ejecutoriada.
73.
En efecto, para el Tribunal accionado, lo alegado por la parte interesada
consistía en una nulidad por falta de notificación, de manera que, según lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 134 del CGP, esta irregularidad debía proponerse
a través del recurso de revisión, cuando no se hubiese podido plantear en una etapa
previa de la actuación judicial, como ocurrió en el caso particular.
74. A juicio de la corporación judicial accionada, lo anterior resultaba relevante,
dado que existía una sentencia ejecutoriada y, conforme al artículo 248 del
CPACA31, el recurso extraordinario de revisión procede contra este tipo de
providencias judiciales. En esa medida, consideró que no era viable, a través de un
trámite incidental de nulidad, declarar la nulidad de lo actuado dentro de un proceso
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera. Bogotá D.C., cuatro (04) de junio de dos mil
veinticuatro (2024). Radicación: 08001-2331-002-2007-00120-01. Consejero de Estado: Oswaldo Giraldo López.
31
Se aclara que en el Código Contencioso Administrativo la procedencia del recurso de revisión se regulaba en el artículo
188.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
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que ya cuenta con una decisión en firme, pues ello implicaría desconocer principios
superiores como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
75. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el auto del 2 de octubre de
2025, se pronunció sobre los alcances del artículo 134 del CGP. En particular, lo
relacionado con la oportunidad que establece la norma para presentar la nulidad
originada en la sentencia contra la cual no procede recurso o que la misma se
encuentra ejecutoriada. Al respecto, expuso lo siguiente:
El segundo inciso de esa norma reguló la oportunidad de presentar nulidad una vez ha
culminado el proceso, esto es, cuando contra la sentencia ya no proceden recursos y
por ende se encuentra ejecutoriada. En esa situación, el legislador solo autorizó dos
causales de nulidad, como son la nulidad por indebida representación (Art. 133 # 4º y
falta de notificación o emplazamiento en legal forma (art. 133# 8). Frente a las causales
ya mencionadas el legislador le brindó escenarios distintos a los contemplados en el
primer inciso del artículo 134 del CGP para proponerla, específicamente fuera del
proceso ordinario, pues comprendió que para esas causales de nulidad era muy
probable que el afectado las conociera solo al momento de ejecutarse la sentencia, es
decir, luego de haber culminado el proceso ordinario y encontrarse la sentencia en
firme
En ese mismo inciso, el legislador se refirió exactamente a la nulidad originada en la
sentencia contra la cual no proceda recurso, es decir, ejecutoriada; En ese caso, el
legislador comprendió que el escenario para proponerla ya no será al interior del
proceso ordinario, ni específicamente en la etapa posterior a la sentencia regulado en
el inciso primero, por la sencilla razón que el proceso ya fue concluido, en
consecuencia, dispuso escenarios, fuera del proceso ordinario, para proponerla como
son:
(i) En la diligencia de entrega,
(ii) como excepción en la ejecución de la sentencia, o
(iii) mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores
oportunidades.
76. En este contexto, el tribunal accionado precisó que la parte interesada pretende
obtener la nulidad de un proceso ordinario que ya se encuentra finalizado, dentro
del cual se profirió una sentencia en firme. En consecuencia, señaló que el
mecanismo previsto por el legislador para controvertir las irregularidades alegadas
por los recurrentes es el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo
248 del CPACA, el cual debe tramitarse con sujeción a las causales establecidas
en el artículo 250 de dicha codificación.
77. En concreto, la autoridad accionada indicó lo que sigue:
De modo que, bajo la interpretación planteada, una sentencia que pone fin al proceso
y contra la cual no procede recurso solo puede anularse o dejarse sin efectos a través
del recurso extraordinario de revisión y no por medio del incidente de nulidad al interior
de un proceso que ya fue terminado y que cuenta con sentencia ejecutoriada. Esto, por
cuanto se estaría reactivando un proceso que ya fue terminado, hecho totalmente
improcedente, pues así lo dispone el # 2 del artículo 133 del CGP así como el parágrafo
15
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
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135 del CGP al señalar, que revivir un proceso legalmente concluido igualmente
constituye una nulidad con carácter de insaneable.
En ese orden de ideas, si la parte incidentante considera que dentro del proceso se
configuró alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 133 del CGP,
y específicamente, las que trae el inciso segundo del artículo 134 del CGP, estas deben
ser alegadas en los escenarios señalados en esa misma norma, por cuanto la sentencia
que culminó el proceso ordinario se encuentra ejecutoriada y contra la misma no
proceden recursos, lo cual hace inviable las oportunidades del primer inciso del artículo
134 del CGP.
Adicionalmente, esta interpretación sería coherente y consistente con los principios de
seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada que se infieren de lo dispuesto en
el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP), según el cual el juez no puede
revocar su sentencia, una vez esta se encuentre en firme. Por último, en mi calidad de
magistrado ponente no dicté la sentencia, sino lo fue por una Sala de decisión de este
tribunal, en consecuencia, bajo la calidad en que resuelvo este recurso carecería de
facultad o competencia para dejar sin efectos la sentencia proferida, reitero, por una
Sala de decisión de esta corporación.
78. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Bolívar concluyó
que el incidente de nulidad promovido por los señores Delvis Judith Pérez Martínez
y Davianis Jiménez Pérez era jurídicamente improcedente, en la medida en que
pretendía reabrir un proceso ya concluido mediante sentencia ejecutoriada.
Finalidad que se encuentra expresamente prohibida por los artículos 133, 134 y 135
del Código General del Proceso, y que su admisión implicaría contrariar principios
como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
79. En suma, consideró que este no era el escenario adecuado para analizar las
irregularidades alegadas por los incidentantes, pues debieron proponerse en las
oportunidades procesales previstas por la ley o, en su caso, a través del recurso
extraordinario de revisión.
80. En este orden de ideas, la Sala considera que los autos proferidos el 5 de agosto
y el 2 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrieron en
los defectos alegados por la parte actora, toda vez que la decisión de rechazar la
procedencia del incidente de nulidad propuesto se sustentó en un análisis razonable
de los hechos y de la normativa procesal aplicable al caso.
81. Lo anterior, por cuanto resulta evidente que la autoridad judicial accionada
realizó una valoración razonable de los presupuestos jurídicos previstos en los
artículos 133 y 134 del Código General del Proceso. En efecto, al analizar el caso
concreto, advirtió que la nulidad invocada por los hoy accionantes fue formulada
cuando el proceso ya había concluido y contaba con sentencia de segunda instancia
ejecutoriada. En tal contexto, consideró que debía acudirse a los mecanismos
dispuestos por el legislador para tales eventos, en particular, el recurso
extraordinario de revisión, razón por la cual el incidente de nulidad no resultaba
procedente.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
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82. En este punto, resulta pertinente señalar que los argumentos en los que se
fundó la autoridad judicial accionada para desestimar la procedencia del incidente
de nulidad promovido por los accionantes evidencian una interpretación ajustada al
ordenamiento jurídico procesal y, contrario a lo sostenido por los tutelantes, no se
advierte una exégesis contraria a los preceptos constitucionales.
83. Sobre la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia de segunda
instancia y la procedencia del trámite incidental para ello, esta corporación 32, al
analizar los alcances del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil hoy 134 del
CGP, precisó lo siguiente:
De otro lado, la nulidad originada en las dos sentencias a que alude el inciso que se
comenta no se alega en cualquier oportunidad. Téngase en cuenta que para el
momento que indica la norma el proceso ya terminó –en su única o en sus dos
instancias-, y bien que esté ejecutoriada o no la providencia, lo cierto es que ya existe
la sentencia que pone fin al proceso. En estos casos la ley procesal establece la
posibilidad de que las partes aleguen la nulidad, pero “… en la oportunidad y forma
consagradas en el inciso 3”, es decir, que no puede proponerse en cualquier momento
-como sucede con las sentencias de primera instancia-, sino en los tres eventos a que
alude el inciso tercero del mismo art. 142:
i) Durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, es decir, al momento de
la entrega de bienes en un proceso ejecutivo.
ii) Como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia.
iii) Mediante el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores
oportunidades. De hecho, entre las causales de revisión de las sentencias dictadas por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra la prevista en el art. 188.6,
que contempla exactamente el mismo supuesto que refiere el inciso sexto del art. 142
del CPC.: “6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.” Esto significa que una sentencia que “pone
fin al proceso” sólo puede cuestionarse a través de esta acción, nunca a través de un
incidente de nulidad al interior del proceso terminado.
Por fuera de estos supuestos se concluye que la sentencia “que ponga fin al proceso,
contra la cual no proceda recurso” no es cuestionable por vicios de nulidad originados
en ella, a pesar de que ciertamente adoleciera de alguno. En este mismo sentido
expresa Hernán Fabio López Blanco que “Si no se interpuso recurso, o si la sentencia
no lo admite o no existe consulta, queda ejecutoriada y sólo se podrá alegar nulidad
dentro de alguna de las oportunidades que el mismo artículo 142 prevé o mediante el
empleo del recurso de revisión, lo cual es igualmente predicable para las hipótesis en
las que se quiera alegar la nulidad luego de la sentencia de segunda instancia donde,
además, existe otra posibilidad adicional y es la de pedir la nulidad a través del recurso
de casación en los procesos donde está permitido tal medio de impugnación.
84. Acorde con lo consignado, conviene mencionar que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la nulidad de lo actuado derivada de la falta de
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2013, radicado núm. 25000-23-26-000-1999-00002-
04 (AG).
17
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notificación del auto admisorio de la demanda puede alegarse a través del recurso
extraordinario de revisión33.
85.En punto a la procedencia de la nulidad por falta de notificación o
emplazamiento, la Corte Suprema de Justicia34, también, ha expuesto lo siguiente:
[L]os medios en cuestión están determinados en consideración a la naturaleza del acto
viciado, a la oportunidad en que es solicitada la nulidad e incluso, en no pocos casos,
al mandato expreso de la ley; luego es evidente que no pueda prosperar una petición
en ese sentido si no es utilizado, ante una situación procesal dada, el camino que a ella
resulte apropiado”(G.J., ib., pag.43), situación que no podía ser de otra manera como
que del contexto de las disposiciones que en la actualidad gobiernan lo atinente a las
nulidades (arts.140 a 147, ib) surge palmar “que fue voluntad del legislador la de que,
por regla general, todo lo concerniente a dicha materia se discuta y decida dentro del
proceso en que ellas han ocurrido”(G.J., t. CLV, pág. 29).
Es claro que al recurso de revisión no puede acudir la parte afectada mientras disponga
de mecanismos ordinarios de defensa judicial que todavía tenga oportunidad de ventilar
ante el juez de instancia. (…) Pues bien, cuando la alegada en la demanda de revisión
es la causal séptima, a las dos premisas mencionadas en precedencia, esto es, la
atinente a la carga de esgrimir ante el juez ordinario los medios de defensa judicial de
los que disponga el afectado; y la consistente en que el trámite del recurso de revisión
no impide el cumplimiento del fallo enjuiciado, se suma una tercera que es preciso tener
presente cuando de procesos ejecutivos o que se encuentren en fase de ejecución se
trata: es imperioso que el proceso se encuentre terminado. (énfasis fuera del texto)
(CSJ, AC4712-2014, 21 ago.).
Entonces, quien recurra en revisión no está habilitado para escoger a su antojo la vía
procesal para pretender la nulidad por indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento, pues, según quedó visto, la procedencia de este recurso excepcional
es residual, por cuanto está supeditada a que el afectado no le haya sido posible
formularla previamente en las oportunidades procesales dispuestas en las respectivas
instancias (CSJ, AC4802-2022 y AC886-2023).
86. A partir de lo transcrito, es posible advertir que «el recurso extraordinario de
revisión en sede contencioso-administrativa solo podrá invocarse la causal
contenida en el numeral 8 del artículo 133 del CGP cuando no se hubiera podido
alegar previamente. Lo anterior, deviene del supuesto de que la indebida
notificación es una irregularidad procesal que impacta el proceso y que no se origina
propiamente en la sentencia. En este orden, resulta necesario que el afectado
demuestre que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, en aras de evitar
que este mecanismo se convierta en un remedio para subsanar su negligencia»35.
87.En línea con lo expuesto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado36 analizó la procedencia del recurso extraordinario de revisión en un
33
Corte Constitucional, sentencia T-095 de 2011.
34
Corte Suprema de Justicia, auto del 24 de junio de 2004, expediente núm. 00029-2001. Criterio reiterado en auto del 12
de diciembre de 2023, expediente AC3425-2023, radicado núm. 11001-02-03-000-2022-04054-00.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2026, radicado núm. 11001-03-15-
000-2019-00682-00 (5274-2019).
36
Ibidem.
18
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asunto en el que no se practicó en legal forma la notificación del auto admisorio de
la demanda a las personas determinadas, a partir de las siguientes consideraciones:
Al respecto, la Sala considera que la señora Lelys María Mendoza Franco se amparó
en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA y lo invocado se
encuadra en uno de los supuestos de nulidad descritos en el artículo 133 del CGP,
concretamente en el numeral 8 que establece:
[…]
Ahora bien, aunque la norma transcrita refiere que la nulidad se configura cuando no
se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda, lo cierto es
que en este caso la demandante no contó con posibilidades de cuestionar este asunto
al interior del trámite ordinario, precisamente porque fue representada mediante
curador ad litem y solo tuvo noticia de lo acontecido cuando Casur le remitió, a través
de su abogado, la comunicación en la que le informó no solo de la existencia del
proceso sino que también le indicó el trámite a seguir para la ejecución y cumplimiento
de la decisión que ordenó a su favor el pago de la pensión de su interés, en un
porcentaje equivalente al 25%.
[…]
Así las cosas, al no haberse intentado la notificación personal ni puesto en
conocimiento la situación a la interesada para que interviniera en el proceso de
considerarlo pertinente, se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del
artículo 133 del CGP. Al respecto, aunque esta se generó en el curso del proceso, y no
en la sentencia de segunda instancia, se trata de una irregularidad que vicia todo lo
actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho a partir de cuando se
configuró el vicio, lo que en últimas impacta en la providencia que definió la controversia
y que se notificó por edicto.
En conclusión, el hecho de que con posterioridad a la notificación del auto admisorio
de la demanda se allegaran a la acción ordinaria documentos a partir de los cuáles era
posible establecer la dirección de notificación de la persona a quien se le emplazó y
designó curador ad litem, constituye causal de nulidad en los términos del numeral 5
del artículo 250 del CPACA y habilita la procedencia del presente recurso extraordinario
de revisión.
88. Bajo este contexto jurisprudencial, es dable advertir que las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar no revelan un defecto
sustantivo, pues el análisis que efectúo para determinar que la nulidad propuesta
por los accionantes debía plantearse en el escenario judicial expresamente
dispuesto por el legislador, como es el recurso extraordinario de revisión, resulta
pertinente y ajustado a la normativa procesal y a los criterios jurisprudenciales que
rigen la materia objeto de estudio.
89. Ahora bien, en cuanto al defecto procedimental alegado por la parte tutelante,
la Sala debe precisar que, si bien, la autoridad judicial accionada puso de presente
la existencia del recurso extraordinario de revisión como un instrumento judicial
definido por el legislador para plantear la nulidad alegada por los accionantes, ello
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
no significa que el Tribunal accionado se haya apartado de un procedimiento legal
o que se le impongan rigorismos procesales excesivos o desproporcionados, en
detrimento de sus garantías constitucionales.
90. En efecto, las circunstancias relacionadas con la oportunidad, eficacia y validez
del recurso extraordinario de revisión deberá ser analizada por la respectiva
autoridad al momento de definir su admisión, oportunidad en la cual los accionantes
podrán mencionar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de
providencia del 8 de mayo de 202537, ordenó suspender los efectos de la sentencia
del 31 de marzo 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar hasta tanto
se resolviera el incidente de nulidad propuesto.
91. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la normativa legal aplicable al caso
concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente del incidente de
nulidad. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
derechos constitucionales.
92. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del incidente de nulidad, con
el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y
pretensiones.
4. Conclusión
93. Por lo anterior, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por
cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y procedimental, que exija
la intervención del juez de tutela.
94. En consecuencia, se modificará la sentencia del 20 de febrero de 2026,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y, en su lugar,
se negará la solicitud de amparo promovida por el accionante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06445-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06607-01 (5555)
Accionantes: Delvis Judith Pérez Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Falla:
Primero: Modificar la sentencia del 20 de febrero de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, negar el amparo de tutela solicitado por Delvis Judith Pérez
Martínez, Davianis Jiménez Pérez, José René Jiménez Pérez y José Salvador
Jiménez Pérez contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, por los motivos
indicados en las consideraciones de esta providencia
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y Cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Édison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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