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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06645-00

Mecanismo de amparo: existe identidad parcial de partes, objeto y

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06645-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Superior de Palabreros, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal Administrativo de La Guajira y el Ministerio de Interior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al Tribunal Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Agencia Nacional de Tierras y la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR las pretensiones frente al Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Palabreros y la Personería Municipal de Hatonuevo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 16 Pdf 50, expediente electrónico núm. 44650-31-89-001-2021-00015-00. Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar. 21 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00 Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06645-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: DILVANIA EPIAYU EPIAYU
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Y OTROS
Tema: DEBIDO PROCESO - SE DECLARA IMPROCEDENTE EL
MECANISMO DE AMPARO - Existe identidad parcial de partes, objeto y
causa petendi. No cumple con el requisito de legitimación en la causa por
activa. Se niegan las demás pretensiones.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el
Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Superior de
Palabreros, la Inspectora de la Policía del Municipio de Hatonuevo y la Personería
Municipal de Hatonuevo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Dilvania Epiayu Epiayu, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, consulta previa, autonomía o
autodeterminación de los pueblos indígenas y “[…] Derecho a la tierras (sic)
ancestral colectiva […]”, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de
La Guajira, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Agencia Nacional de
Tierras, a la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo, al Ministerio del
Interior, al Consejo Superior de Palabreros, y a la Personería Municipal de
Hatonuevo por: i) la presunta mora judicial en resolver la medida cautelar dentro del
medio de control de nulidad radicación núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00; ii) la
remisión de la “[…] queja disciplinaria contra el juez Primero Civil del Circuito de San
Juan del Cesar […] a la comisión seccional de disciplina judicial del Cesar […]”; iii)
la presunta mora en resolver la “[…] medida de protección a la posesión, del bien
inmueble las delicias […]” y “[…] la revocatoria directa para determinar la
clarificación de la propiedad del predio bien inmueble las delicias […]”; iv) realizar
“[…] diligencia de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu […]”; y v) la
omisión en brindar protección y “[…] defendernos […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató ser miembro de la comunidad indígena Wayuu, la cual se encuentra ubicada
en zona rural del Municipio de Hatonuevo La Guajira, conformada por más de 90
familias del clan Wayuu.

2.2. Indicó que la sociedad Carbones del Cerrejón instauró el proceso de restitución de
tenencia núm. 44-650-31-89-000-2021-00015-00 contra Dilvania Epiayu, Virgilio
Epiayu y Audomelio Fragozo en calidad de herederos de la señora Francisca Epiayu
y herederos indeterminados de Francisca Epiayu, el cual le fue asignado al Juzgado
Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 5 de junio de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la terminación del contrato de Comodato No. 055-
0002-2008 celebrado el tres (03) de noviembre de 2009, entre CARBONES DEL
CERREJÓN LIMITED Y FRANSISCA EPIAYU, Comodante, respecto al inmueble
rural denominado «Las Delicias» identificado con folio de matrícula No. 212-27027,
ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, por incumplimiento de ésta última
a la restitución del inmueble pese a la comunicación realizada por el demandante del
25 de mayo de 2020.

SEGUNDO: ORDENAR la entrega por parte de DILVANIA EPIAYU, VIRGILIO
EPIAYU, AUDOMELIO FRAGOZO, a favor de CARBONES DEL CERREJÓN, del
bien inmueble objeto del contrato de Comodato No. 055-0002-2008 celebrado el tres
(03) de noviembre de 2009, denominado «Las Delicias» identificado con folio de
matrícula No. 212-27027, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira […]”.

2.3. Puntualizó que mediante auto de 2 de julio de 2025 el Juzgado Primero Civil del
Circuito de San Juan del Cesar, ordenó comisionar al alcalde de Hatonuevo, para
realizar la entrega del inmueble denominado “[…] las delicias […]” y que, el 9 de julio
de 2025 el secretario del juzgado libró el Despacho Comisorio núm. 12.

2.4. Refirió que el Tribunal Administrativo de La Guajira adelanta el medio de control de
nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00 contra la Superintendencia de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, en
el que se solicitó una medida cautelar, la cual no ha sido resuelta por la autoridad
judicial, situación con la cual “[…] se está ocasionando perjuicios irremediables,
porque con el pronunciamiento se determina quien posee el derecho de la propiedad
del bien inmueble las Delicias […]”.

2.5. Mencionó que radicó ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una queja
contra el Juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, sin embargo, dicha
Comisión Nacional, decidió remitir el expediente “[…] a la comisión seccional de
disciplina judicial del Cesar […]”.

2.6. Subrayó que no está de acuerdo con la remisión de la queja disciplinaria “[…]
porque esa investigación por las (sic) gravedad de los hechos y por trasparencia

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

(sic) debe ser reasumida de manera excepcional por la comisión nacional de
disciplina judicial, porque el juez primero civil del circuito de San juan del Cesar, vive
en la ciudad de valledupar y el juez es muy amigo de los magistrados que lo están
investigando […]”.

2.7. Afirmó que el 29 de agosto de 2025, el señor Neron Epiayu mediante radicado núm.
2022-210-6-4152 le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras, expidiera los actos
administrativos de revocatoria directa del certificado de libertad y tradición en el sentido
de “[…] cambiara con relación al propietario el cual refleja la anotación No. 6 […] que
el propietario del bien inmueble las Delicias es el señor NERON APIAYU […]”.

2.8. Mencionó
haber solicitado a la Agencia Nacional de Tierras una medida de
protección a la posesión del inmueble “[…] las delicias […]”, sin que haya
pronunciamiento alguno.

2.9. Manifestó que el Consejo Superior de Palabreros “[…] tienen conocimiento, de los
hechos que estamos siendo afectados por medio de la diligencia de desalojo en
nuestras tierras, y de acuerdo al sistema normativo wayuu, ellos deben defendernos
de acuerdo a nuestros usos y costumbres […] además forman parte de la
jurisdicción especial indígenas, por no defendernos están violando nuestros
derechos fundamentales al debido proceso […]”.

2.10. Adujo que la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo “[…] está violando
el artículo 5 del decreto 747 de 1992 […] el parágrafo 2 y 3 del artículo 79 de la ley
1801 de 2016 […] parágrafo del artículo 80 de la ley 1801 de 2016 […]” y que “[…] no
puede ordenar diligencia de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu
campesina sujeto de especial protección […]”.

2.11. Indicó que la Personería del Municipio de la Guajira, está vulnerando su derecho
fundamental al debido proceso porque “[…] ellos tienen conocimientos de todo lo
negativo que nos están sucediendo, y nunca nos han bridado (sic) protecciones de
nuestros derechos humanos, solo fueron el día 21 de octubre del año 2025, a la
diligencia de desalojo, donde nunca estuvieron a favor de nuestra comunidad wayuu
[…]”.

2.12. Comentó que mediante Resolución 0461 de 17 de julio de 20251 el Fondo Nacional
de Vivienda les otorgó subsidios para mejora de vivienda rural, “[…] eso lo realizaron
porque nosotros si somos dueños de nuestro territorio, el cual fue avalado por la
alcaldía de Hatonuevo […]”, en ese orden, no entiende “[…] por qué nos quieren
desalojar de manera irregular […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

1 “por la cual se asigna cuarenta y ocho (48) subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de

mejoramiento de vivienda rural dentro del Esquema Público”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

“[…] 1-Tutelar los derechos fundamentales a la Vida, Debido proceso, Igualdad,
Consulta previa y Derecho colectivo de la comunidad Indígena wayuu el espinal
Municipio de Hatonuevo La Guajira, vulnerados por la Comisión nacional de
Disciplina judicial, Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, Ministerio
del interior, Agencia nacional de tierras, Consejo superior de palabreros,
Inspectora de policía del municipio de Hatonuevo La Guajira y la Personera del
municipio de Hatonuevo La Guajira, ocasionándonos perjuicios irremediables.

2-Ordenar a la inspectora de policía del municipio de Hatonuevo La Guajira,
suspender de manera provisional el trámite de desalojo contra nuestra
comunidad indígena wayuu el espinal, municipio de Hatonuevo La Guajira,
hasta tanto no se efectué un pronunciamiento de fondo por parte de la Agencia
nacional de tierras sobre la clarificación de propiedad del bien inmueble Las
Delicias , sobre también el trámite de la Medida de protección a la posesión y
hasta tanto no se pronuncie el Tribunal contencioso administrativo de La
Guajira, con relación a la acción de nulidad sobre el predio bien inmueble las
Delicias.

3-Ordenar a la Agencia nacional de tierras, proferir el acto administrativo de
fondo sobre la clarificación de la propiedad del bien inmueble las Delicias y
también expedir el acto administrativo sobre la Medida de protección a la
posesión ancestral de la comunidad indígena wayuu el espinal municipio de
Hatonuevo La Guajira, como lo ordena el decreto 2333 de 2014, sobre el predio
las Delicias, teniendo en cuenta que la ley establece un término de 20 días
hábiles para pronunciarse y hasta la fecha es termino esta vencido, el no
pronunciamiento de la agencia nacional de tierras sobre la medida de protección
a la posesión ancestral están violando nuestro derecho fundamental al debido
proceso y ocasionándonos perjuicios irremediables, porque con esta medida
solicitada no pueden tampoco desalojarnos.

4-Ordenar a la Comisión nacional de disciplina judicial, reasumir competencias
con relación a la investigación disciplinaria contra el juez primero civil del circuito
de San juan del Cesar La Guajira, porque con ustedes tenemos más garantías
constitucionales y trasparencias en la investigación, no estamos de acuerdo que
este siendo investigado por la comisión seccional de disciplina del Cesar.

5-Ordenar al Ministerio del interior, Consejo superior de palabreros y a la
Personera municipal de Hatonuevo La Guajira, garantizar nuestros derechos
humanos con enfoques diferencial, con relación a este proceso […]”. [Sic en
toda la cita].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de octubre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso inadmitió la presente acción de tutela, a fin de que la parte actora
indicara “[…] las entidades contra las que dirige la acción constitucional, cuál es la
actuación de dichas entidades que considera vulneradora de sus derechos
fundamentales y las pretensiones a obtener a través del mecanismo de amparo de
la referencia, por cuanto el contenido del escrito de tutela no es preciso y claro […]”.

5. Cumplido lo anterior, a través de auto de 13 de noviembre de 2025 admitió la
presente acción de tutela y negó la medida provisional solicitada. Asimismo, vinculó
como terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Superintendencia
de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha,
a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, al alcalde de Hatonuevo,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

al Juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, al señor Audomelio
Fragozo Epiayu, a Cerrejón Zona Norte S.A. y a International Colombia Resources
Corporation LLC – Intercor.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Consejo Superior de Palabreros solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, por cuanto desconoce el proceso ordinario que se adelanta en el caso en
concreto, a su vez, “[…] no hemos actuado ni en favor ni en contra […]”.

6.2. Carbones de Cerrejón Limited, Cerrejón y Cerrejón Zona Norte S.A. solicitó
negar la acción de amparo dada la existencia de cosa juzgada constitucional con la
acción de tutela núm. 44001-22-14-000-2025-10066-02 mediante la cual la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia de 30 de octubre de 2025 declaró
improcedente el mecanismo constitucional, por las mismas partes, mismo objeto y
misma causa petendi.

6.2.1.Precisó que en el caso en concreto se trata de un inmueble que el padre de la
accionante Neron Epiayu vendió a Cerrejón, tal como consta en escritura pública
210 de 13 de junio de 2002 y en anotación núm. 6 del folio de matrícula 210-27027
y el cual fue entregado en calidad de comodato a la madre de la accionante.

6.2.2.Informó que, mediante sentencia de 5 de junio de 2025, el Juzgado Primero
Civil del Circuito de San Juan, declaró la terminación del contrato de comodato y
ordenó la entrega del inmueble a Cerrejón. Decisión que no fue apelada por la
accionante y en consecuencia, se comisionó al alcalde municipal de Hatonuevo para
llevar a cabo la entrega del inmueble denominado “[…] las Delicias […]”.

Refirió que la acción de tutela resulta ser improcedente por incumplimiento del
6.2.3.
requisito general de subsidiariedad, toda vez que la accionante no presentó recurso
de apelación contra la sentencia de 5 de junio de 2025 y actualmente se está
tramitando un recurso de revisión contra la citada providencia.

6.3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar informó que en
ese Despacho se adelanta el proceso de restitución de inmueble arrendado en
comodato núm. 44650-31-89-000-2021-00015-00, promovido por Carbones del
Cerrejón contra los herederos determinados e indeterminados de Francisca Epiayu
el cual finalizó con sentencia de 5 de junio de 2025, notificada el 6 del mismo mes
y año, la cual no fue apelada y se encuentra ejecutoriada.

6.3.1.Indicó que, mediante providencia de 2 de julio de 2025, se comisionó al alcalde
de Hatonuevo La Guajira para llevar a cabo la entrega del inmueble denominado
“[…] las Delicias […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

6.3.2.Solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento
del requisito general de subsidiariedad, en razón a que la accionante no agotó los
recursos previos a la interposición de la presente acción de tutela.

6.4. LaComisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar informó que esa
Seccional no tramita procesos en contra del Juez Primero Promiscuo Municipal de
San Juan del Cesar, por cuanto ese municipio pertenece al departamento de La
Guajira, y el conocimiento le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de La Guajira.

6.5. LaSuperintendencia de Notariado y Registro actuando a través del
Registrador principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, toda vez que
no existe una relación sustancial y procesal que permita deducir la responsabilidad
de esa oficina de registro.

6.5.1.Refirió que las oficinas de registros de instrumentos públicos se limitan a dar
publicidad a los actos sujetos de registro; ya que la publicidad se realiza a través de
la inscripción de los actos y contratos en el registro, lo que se realiza mediante un
procedimiento establecido en la Ley 1579 de 2012.

6.6. El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó su desvinculación y negar las
pretensiones de la acción de tutela, por cuanto ese Tribunal no ha incurrido en
ninguna acción u omisión que atente contra los derechos fundamentales solicitados
por la accionante.

6.6.1.Señaló que el señor Audomelio Fragozo Epiayú instauró el medio de control
de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00 contra la Superintendencia de
Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha La
Guajira, con el fin de que se declarara la nulidad del acto de registro contenido en
“[…] la anotación núm. 004 de 24 de junio de 2002 […]”, demanda que fue admitida
mediante auto de 14 de enero de 2025.

6.6.2.Indicó que Cerrejón Zona Norte S.A e International Colombia Resorces
Corpooration Lic Intercor interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió
la demanda, alegando la falta de competencia de ese Tribunal y solicitó remitir las
diligencias a la jurisdicción ordinaria. Recurso que fue negado mediante auto de 19
de noviembre de 2025.

Expuso que la medida cautelar solicitada no ha sido resuelta, debido a que el
6.6.3.
proceso se encontraba pendiente de resolver el recurso de reposición contra el auto
admisorio de la demanda, en el que se atacaba la competencia de ese Tribunal para
tramitar el proceso de nulidad.

6.7. La Agencia Nacional de Tierras informó que la señora Dilvania Epiayu Epiayu
no figura como sujeto procesal, interesada, solicitante, titular de derechos,
opositora, ni tercero con interés legítimo dentro del Procedimiento de Revocatoria

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

Directa adelantado contra la Resolución de Adjudicación núm. 3567 de 18 de julio
de 1994 que adjudicó el predio denominado “las Delicias” ubicado en el Municipio
de Barracas en el Departamento de La Guajira.

6.7.1.Indicó que de acuerdo con el sistema de información ORFEO, el 7 de
septiembre de 2025 el señor Audomelio Fragozo Epiayu presentó una solicitud de
medida de protección a la posesión del predio denominado “[…] LAS DELICIAS con
FMI 210-27027 […]” al cual se le asignó el radicado núm. 202562003904442, el cual
se encuentra en verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 5° del Decreto 2233 de 2014.

6.7.2.Señaló frente a la clarificación del predio que mediante “[…] memorando
interno No. 202532000538073 se indicó que el predio con FMI No. 210-27027
aparece como un predio de Carácter Urbano y se informó que a la fecha no cursa
ningún Proceso Administrativo Especial Agrario iniciado bajo el régimen
contemplado en el Decreto Único 1071 de 2015 o el Decreto Ley 902 de 2017 […]”,
[subrayado del texto] motivo por el cual solicitó negar las pretensiones del
mecanismo de amparo.

6.8. El Ministerio de Interior Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto ese ministerio no tiene competencia para realizar procesos
de i) protección de la posesión de predios ocupados por pueblos indígena y ii)
clarificación de tierras en territorio colombiano, así como tampoco es la autoridad
competente para dictar órdenes a autoridades administrativas que contraríen lo
ordenado por autoridades judiciales.

6.9. El Ministerio de Interior Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto ese ministerio no tiene competencia para realizar procesos
de i) protección de la posesión de predios ocupados por pueblos indígena y ii)
clarificación de tierras en territorio colombiano, así como tampoco es la autoridad
competente para dictar órdenes a autoridades administrativas que contraríen lo
ordenado por autoridades judiciales.

6.10. El Municipio de Hatonuevo manifestó que la presente acción de tutela debe
ser rechazada por temeridad, en razón a que por los mismos hechos y pretensiones
se adelanta la acción de tutela núm. 44001-22-14-000-2025-10066-02 ante la Corte
Suprema de Justicia.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.

VI.2. Cuestión previa

8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Consejo Superior de Palabreros, la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal Administrativo de La Guajira
y el Ministerio de Interior.

9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20068 señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

10. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el Consejo Superior de Palabreros, la
Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal Administrativo de La Guajira
y el Ministerio de Interior fueron señalados en el escrito de tutela como los causantes
de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, la Sala considera
que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta
acción constitucional, razón por la cual se denegará las solicitudes de
desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la presente acción de tutela es improcedente por compartir identidad
parcial de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso núm. 44001-
22-14-000-2025-10066-02.

c) Si el Tribunal Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Agencia Nacional de Tierras vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la accionante por: i) haber incurrido
presuntamente en mora judicial por no resolver la medida cautelar solicitada
en el proceso número 44001-23-40-000-2024-00131-00, ii) por remitir la
queja disciplinaria núm. 44001-25-02-000-2025-00811-00 y iii) por no resolver
la solicitud de medida de protección a la posesión del predio las Delicias.

d) Si el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Palabreros y la Personería
Municipal de Hatonuevo vulneraron los derechos fundamentales invocados
por la accionante, por la omisión de brindar protección y “[…] defendernos
[…]”.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

12. De acuerdo con el artículo 5°del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

13. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

14. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.

15. Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.

VI.5. El caso concreto

16. La señora Dilvania Epiayu Epiayu, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, consulta previa, autonomía o
autodeterminación de los pueblos indígenas y “[…] Derecho a la tierras (sic)
ancestral colectiva […]”, cuya vulneración le atribuyó al Tribunal Administrativo de
La Guajira, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Agencia Nacional de
Tierras, a la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo, al Ministerio del
Interior, al Consejo Superior de Palabreros, y a la Personería Municipal de
Hatonuevo por: i) la presunta mora judicial en resolver la medida cautelar dentro del
medio de control de nulidad radicación núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00; ii) la
remisión de la “[…] queja disciplinaria contra el juez Primero Civil del Circuito de San
Juan del Cesar […] a la comisión seccional de disciplina judicial del Cesar […]”; iii)
la presunta mora en resolver la “[…] medida de protección a la posesión, del bien
inmueble las delicias […]” y “[…] la revocatoria directa para determinar la
clarificación de la propiedad del predio bien inmueble las delicias […]”; iv) realizar
“[…] diligencia de desalojo contra nuestra comunidad indígena wayuu […]”; y v) la
omisión en brindar protección y “[…] defendernos […]”.

17. Sea lo primero indicar, que dado que la sociedad Carbones de Cerrejón Limited,
Cerrejón y Cerrejón Zona Norte S.A. manifestó que se adelantó la acción de tutela
núm. 44001-22-14-000-2025-10066-01/02 por el mismo objeto y causa petendi, la
Sala procederá a estudiar si en el presente caso se debe declarar la improcedencia
del presente mecanismo de amparo por compartir identidad de partes, de objeto y
de causa petendi.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

VI.5.1. Del estudio de temeridad de la acción de tutela por compartir
parcialmente identidad de partes, de objeto y de causa petendi con el proceso
núm. 44001-22-14-000-2025-10066-01/02

18. En el presente asunto la parte accionante le atribuyó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, consulta previa,
autonomía o autodeterminación de los pueblos indígenas y “[…] Derecho a la tierras
(sic) ancestral colectiva […]”, al Tribunal Administrativo de La Guajira, a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Inspectora de
Policía del Municipio de Hatonuevo, al Ministerio del Interior, al Consejo Superior de
Palabreros, y a la Personería Municipal de Hatonuevo.

19. La sociedad Carbones de Cerrejón Limited, Cerrejón y Cerrejón Zona Norte S.A.
y el Municipio de Hatonuevo en sus informes de tutela indicaron que la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia de 30 de octubre de 2025 resolvió la
acción de tutela núm. 44001-22-14-000-2025-10066-02, por las mismas partes,
mismo objeto y misma causa petendi.

20. El artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 señala lo siguiente:

“[…] ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar […]” [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

21. La Corte Constitucional ha interpretado la norma citada de la siguiente manera:

“[…] .1.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación
temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de tutela por la
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, sin motivo
expresamente justificado. Lo anterior, trae como consecuencia su rechazo o la
decisión desfavorable de todas las solicitudes.

2.1.2. Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en
reiterada jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para
abordar su posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben
analizarse los siguientes:

1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de
tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud.

2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que
no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo señalado
explícitamente por la ley o la jurisprudencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente
a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo
argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos
procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y
solicitud.

2.1.3. Respecto del primero de los aspectos antes anotado, el juez debe
analizar si hay una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas de
manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado
por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado.

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la acción de
tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.

De la misma manera, esta Corporación ha entendido la temeridad desde dos
perspectivas. La primera alude a su estructuración cuando una persona
presenta simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades
judiciales y la segunda extiende la temeridad a aquellos eventos en los cuales
la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción […]”.

22. En ese orden de ideas, se observa que la acción de tutela núm. 44001-22-14-
000-2025-10066-01/02 fue presentada por los señores Virgilio Epiayu, Dilvania
Epiayu y Audomelio Fragozo Epiayu, frente a la cual existe parcialmente identidad
de partes, de causa petendi y de hechos; tal como se puede observar en el siguiente
cuadro comparativo:

Proceso núm. 44001-22-14-0002025- Proceso núm. 11001-03-15-000-
10066-01/02 2025-06645-00 (de la referencia)

Accionante: Virgilio Epiayu, Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu
Dilvania Epiayu Epiayu y,
Audomelio Fragozo Epiayu

Partes Accionados: Juzgado Primero Civil Accionados: Tribunal Administrativo
del Circuito de San Juan del Cesar (La de La Guajira,
Guajira), Comisión Nacional de Disciplina
Agencia Nacional de Tierras, Judicial,
Alcaldía de Hatonuevo Ministerio del Interior,
Inspección de Policía de Hatonuevo, Agencia Nacional de Tierras,
Oficina de Registro de Instrumentos Consejo Superior de Palabreros,
Públicos de Riohacha, Inspectora de Policía del Municipio de
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Hatonuevo
Agencia Nacional de Minería, Personería Municipal de Hatonuevo.
Notaría Única de Barrancas, Carbones
del Cerrejón Limited,
Procuraduría 12 Judicial II Ambiental y
Agraria de Riohacha,
Comunidad La Palmita,
Luis Ángel Esguerra Murciales,
Luz Karime Gómez Cerchiaro y
Rebeca María del Pilar Pinto Mayorga.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

“[…] [i] Ordenar dejar sin efectos “[…] Ordenar a la Agencia nacional de
jurídicos la sentencia de fecha 5 de tierras, proferir el acto administrativo de
junio del año 2025, proferida por el fondo sobre la clarificación de la
juzgado primero civil del circuito de propiedad del bien inmueble las
Pretensiones San Juan del Cesar La Guajira, por Delicias y también expedir el acto
incurrir en los defectos procedimental, administrativo sobre la Medida de
fáctico y sustantivo (…); protección a la posesión ancestral de la
comunidad indígena wayuu el espinal
[ii] Ordenar a la Agencia Nacional de municipio de Hatonuevo La Guajira […]
Tierras, certificar sobre la propiedad
del predio Las Delicias el cual […] Ordenar a la inspectora de policía
pertenece a la nación y no a la del municipio de Hatonuevo La Guajira,
empresa Carbones del Cerrejón suspender de manera provisional el
Limited, y este fue adjudicado al señor trámite de desalojo contra nuestra
Nerón Epiayu de la comunidad comunidad indígena wayuu el espinal,
indígena wayuu el espinal municipio de municipio de Hatonuevo La Guajira,
Hatonuevo La Guajira; hasta tanto no se efectué un
pronunciamiento de fondo por parte de
[iii] Ordenar al alcalde y al Inspector de la Agencia nacional de tierras sobre la
Policía del municipio de Hatonuevo La clarificación de propiedad del bien
Guajira, no tramitar [el] despacho inmueble Las Delicias […].
comisorio ordenado por el Juez
Primero Civil del Circuito de San Juan […] Ordenar a la Comisión nacional de
del Cesar, porque el predio Las disciplina judicial, reasumir
Delicias no pertenece a la empresa competencias con relación a la
Carbones del Cerrejón […] además investigación disciplinaria contra el juez
cuando existen trámites realizados por primero civil del circuito de San juan del
la Agencia nacional de tierras sobre Cesar La Guajira, porque con ustedes
clarificación de propiedad ningún tenemos más garantías
proceso o demandas son procedentes constitucionales y trasparencias en la
hasta tanto no se resuelvan de fondo investigación, no estamos de acuerdo
[…]”. que este siendo investigado por la
comisión seccional de disciplina del
Cesar.

[…] Ordenar al Ministerio del interior,
Consejo superior de palabreros y a la
Personera municipal de Hatonuevo La
Guajira, garantizar nuestros derechos
humanos con enfoques diferencial, con
relación a este proceso […]”.

De acuerdo con el escrito de tutela Relató ser miembro de la comunidad
allegado por la Directora de la Unidad indígena Wayuu, la cual se encuentra
de Carrera del Consejo Superior de la ubicada en zona rural del municipio de
Judicatura: Hatonuevo La Guajira, conformada por
más de 90 familias del clan Wayuu.
“[…] el 5 de junio de 2025 el Juzgado
Primero Civil del Circuito de San Juan Indicó que la sociedad Carbones del
del Cesar (La Guajira), profirió Cerrejón instauró el proceso de
Hechos sentencia de «única instancia» restitución de tenencia núm. 44-650-31-
ordenándoles restituir a favor de la 89-000-2021-00015-00 contra Dilvania
empresa Carbones del Cerrejón Epiayu, Virgilio Epiayu y Audomelio
Limited, el predio «denominado Las Fragozo en calidad de herederos de la
Delicias, que comprende 69 hectáreas señora Francisca Epiayu y herederos
de tierras con 5.336 metros, con el indeterminados de Francisca Epiayu, el
número de matrícula inmobiliaria No. cual le fue asignado al Juzgado Primero
210-27027». Civil del Circuito de San Juan del Cesar,
autoridad judicial que, mediante
Explicaron que el inmueble en sentencia de 5 de junio de 2025, resolvió
mención fue adjudicado a su padre declarar la terminación del contrato de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

Nerón Epiayu (ya fallecido), según comodato núm. 055-0002-2008 y
resolución No. 67567 expedida por el ordenó la entrega del inmueble.
extinto INCORA el 18 de julio de 1994,
contra la cual la Agencia Nacional de Puntualizó que mediante auto de 2 de
Tierras presentó acción de revocatoria julio de 2025 el Juzgado Primero Civil del
directa, comprendiendo la Circuito de San Juan del Cesar, ordenó
compraventa de Nerón Epiayu a comisionar al alcalde de Hatonuevo,
Carbones del Cerrejón Limited para realizar la entrega del inmueble
«mediante escritura pública No. 210 de denominado “[…] las delicias […]” y que,
fecha 13 de junio de 2002 de la Notaría el 9 de julio de 2025 el secretario del
Única de Barrancas», acto que «es juzgado libró el Despacho Comisorio
irregular por violar la Ley 160 de núm. 12. 1994», por tratarse de un bien baldío
en el que se encuentran «nuestros Refirió que el Tribunal Administrativo de
cementerios o sitios sagrados desde La Guajira adelanta el medio de control
hace más de 90 años [y] forma parte de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-
de nuestro territorio colectivo y parte 00131-00 contra la Superintendencia de
del globo de tierras La Palmita de Notariado y Registro – Oficina de
propiedad de la Nación, según Registro de Instrumentos Públicos de
resolución No, 20233200304846 de Riohacha, en el que se solicitó una
fecha 31 de mayo de 2023, proferida medida cautelar, la cual no ha sido
por la Agencia Nacional de Tierras, resuelta por la autoridad judicial.
bajo el asunto agrario de clarificación
de propiedad con matrícula Mencionó que radicó ante la Comisión
inmobiliaria No. 210-45290 ubicado en Nacional de Disciplina Judicial, una
el municipio de Hatonuevo La queja contra el Juez Primero Civil del
Guajira». Circuito de San Juan del Cesar, sin
embargo, dicha Comisión Nacional,
Afirmaron que con el fallo proferido por decidió remitir el expediente “[…] a la
el juzgado accionado el 5 de junio de comisión seccional de disciplina judicial
2025, se les están «ocasionando del Cesar […]”.
perjuicios irremediables», porque «el
predio Las Delicias nunca ha sido de Afirmó que el 29 de agosto de 2025, el
propiedad de la empresa Carbones del señor Neron Epiayu mediante radicado
Cerrejón Limited, [sino que] está núm. 2022-210-6-4152 le solicitó a la
adjudicado legalmente a nuestro padre Agencia Nacional de Tierras, expidiera
Nerón Epiayu», por tanto, el alcalde y los actos administrativos de revocatoria
el Inspector de Policía de Hatonuevo, directa del certificado de libertad y
«no pueden darle trámite al despacho tradición en el sentido de “[…] cambiara
comisorio enviado por el Juez Primero con relación al propietario el cual refleja
Civil del Circuito de San Juan del la anotación No. 6 […] que el propietario
cesar, donde ordena la entrega del del bien inmueble las Delicias es el señor
predio las delicias (…), porque es un NERON APIAYU […]”.
predio baldío de la nación y la
propiedad por orden de la Agencia Mencionó haber solicitado a la Agencia
Nacional de Tierras está en cabeza del Nacional de Tierras una medida de
señor Nerón Epiayu (QEPD), miembro protección a la posesión del inmueble
de la comunidad indígena wayuu El “[…] las delicias […]”, sin que haya
Espinal (…), él era nuestra autoridad pronunciamiento alguno.
clanil [y] fue reemplazado por nuestro
hermano mayor por la parte matriarcal Manifestó que el Consejo Superior de
Audomelio Fragozo Epiayu (…)». Palabreros “[…] tienen conocimiento, de
los hechos que estamos siendo
Agregaron que además de haberse afectados por medio de la diligencia de
establecido que a la empresa desalojo en nuestras tierras, y de
carbonífera no le pertenece el predio acuerdo al sistema normativo wayuu,
Las Delicias según «la anotación No. 6 ellos deben defendernos de acuerdo a
del certificado de libertad y tradición nuestros usos y costumbres […]
actualizado de la matrícula inmobiliaria además forman parte de la jurisdicción
No.

201-27027 de fecha 15 de agosto especial indígenas, por no defendernos
del año 2025, expedido por la oficina están violando nuestros derechos
de registro de instrumentos públicos fundamentales al debido proceso […]”.
de Riohacha», la Agencia Nacional de
Tierras adelanta trámites «sobre

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

clarificación de propiedad», y en esas Adujo que la Inspectora de Policía del
condiciones, «ningún proceso o municipio de Hatonuevo “[…] está
demanda son procedentes hasta tanto violando el artículo 5 del decreto 747 de
se resuelvan de fondo», pues, itera, 1992 […] el parágrafo 2 y 3 del artículo
«el desalojo genera afectaciones 79 de la ley 1801 de 2016 […] parágrafo
directas contra nuestra supervivencia del artículo 80 de la ley 1801 de 2016
étnica, social, cultural, espiritual y […]” y que “[…] no puede ordenar
contra nuestros usos, costumbres y diligencia de desalojo contra nuestra
cosmovisión» […]”. comunidad indígena wayuu campesina
sujeto de especial protección […]”.

Indicó que la Personería del municipio
de la Guajira, está vulnerando su
derecho fundamental al debido proceso
porque “[…] ellos tienen conocimientos
de todo lo negativo que nos están
sucediendo, y nunca nos han bridado
(sic) protecciones de nuestros
derechos humanos, solo fueron el día
21 de octubre del año 2025, a la
diligencia de desalojo, donde nunca
estuvieron a favor de nuestra
comunidad wayuu […]”.

23. Conforme con lo anterior, para la sala no existe duda que entre la presente acción
de tutela y el proceso de tutela número 44001-22-14-000-2025-10066-01/02, existe
parcialmente identidad de partes entre la accionante y las accionadas: Agencia
Nacional de Tierras y la Inspectora de Policía del Municipio de Hatonuevo, existe
identidad de objeto y de causa petendi9. Esto es así porque en síntesis se alega la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, el presunto hecho
constitutivo de la vulneración es la ejecución del desalojo que el Juzgado Primero
Civil del Circuito de San Juan del Cesar comisionó a la inspección de Policía del
municipio de Hatonuevo a través del Despacho Comisorio núm. 012 de 9 de julio de
2025, para realizar la diligencia de entrega del inmueble denominado “[…] las
delicias […]” en el marco del proceso verbal de restitución de inmueble núm. 44-
650-31-89-000-2021-00015-00 y la falta de expedición de la clarificación de la
propiedad del inmueble denominado “[…] las delicias […]”.

24. En virtud del artículo 38 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, se declarará
improcedente la presente acción de tutela frente a las pretensiones de: i) ordenar a
la inspectora de policía del municipio de Hatonuevo suspender el trámite de desalojo
“[…] contra nuestra comunidad indígena wayuu […]”; y ii) ordenar a la Agencia
Nacional de Tierras proferir acto administrativo sobre la clarificación de la propiedad
del inmueble denominado “[…] las delicias […]”.

25. La Sala se abstendrá de imponer las sanciones previstas en la Ley porque no se
encuentra acreditada la mala fe en el presente caso.

9 Se pretende que se suspenda i) la orden de entrega del inmueble denominado “[…] las delicias […]” contenido

en la sentencia de 5 de junio de 2025 y librado mediante despacho comisorio núm. 012 de 9 de julio de 2025, y
se ordene: ii) la expedición de la clarificación de la propiedad del inmueble denominado “[…] las delicias […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa, frente a las demás
pretensiones.

VI.5.2. De la falta de legitimación en la causa por activa en el caso sub examine

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de
1991, toda persona tiene a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los
particulares encargados de la prestación de un servicio público.

28. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

29. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

30. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso.
Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede
el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona.
Adicionalmente, la legitimación en la causa como requisito de
procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la

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Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente […]”10. [Negrilla fuera del texto].

31. En el caso objeto de estudio se observa que la señora Dilvania Epiayu Epiayu
solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso por la presunta
i) mora judicial del Tribunal Administrativo de la Guajira en resolver la medida
cautelar dentro del medio de control de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-
00, ii) la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de remitir la queja
disciplinaria núm. 44001-25-02-000-2025-00811-00 y, iii) por la falta de trámite a la
solicitud de medida de protección a la posesión del predio las Delicias, radicado
ante la Agencia Nacional de Tierras.

32. Revisado el expediente del medio de control cuestionado, se observa que los
sujetos procesales son (i) el señor Audomelio Fragozo Epiayu [demandante], (ii) la
Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha [demandado] y, (iii) Cerrejón Zona Norte S.A. e International
Colombia Resorces Corpooration LLC Intercor [vinculados]; por lo que, en principio,
los legitimados para interponer esta acción serían los mencionados sujetos
procesales.

33. Asimismo, al observar la denuncia disciplinaria, se advierte que los implicados
son (i) el señor Audomelio Fragozo Epiayu [quejoso], (ii) Ronald Hernando Jiménez
Therán – Juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar [denunciado]; por lo
que, en principio, los legitimados para interponer esta acción serían los
mencionados sujetos procesales.

34. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial11.

“[…] En el caso bajo examen, la actora pretende que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el TRIBUNAL al haber incurrido en una
presunta mora judicial injustificada dentro del medio de control de los derechos
e intereses colectivos identificado con el número único de radicación 25000-23-
41-000-2019-00303-00, promovido por la señora VERUSKA NIETO BORJA
contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros, para la
protección de los derechos colectivos afectados como consecuencia de la
deforestación, contaminación de aguas, extinción de flora y fauna, entre otros
hechos, en el Departamento del Amazonas.

[…]

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se

10 Corte Constitucional. Sentencia T – 568 de 2012. M.P.: Mauricio González Cuervo
11 Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón;

7 de septiembre de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; 2 de noviembre de 2023

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se
discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya protección se
persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona12.

Precisado lo anterior, se tiene que, -de acuerdo con el informe rendido por el
TRIBUNAL y las actuaciones visibles en el aplicativo de consulta SAMAI13-, en
el medio de control que dio origen a la presente acción constitucional figuran
como sujetos procesales la señora VERUSKA TATIANA IVONNE JOHANA
NIETO BORJA, como demandante […], entre los que no se encuentra la señora
JULIA MARGARITA ACOSTA.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido el criterio consistente en que quien
promueva una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión
de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo14.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la señora JULIA MARGARITA
ACOSTA no ostenta ninguna de esas calidades ni se hizo parte en el respectivo
medio de control de los derechos e intereses colectivos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2019-00303-00, del cual alega
una presunta mora judicial vía tutela, en tanto no es titular de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia cuya
vulneración depreca, máxime cuando la misma actora aseguró en el escrito de
tutela que solicitó la coadyuvancia dentro del proceso, la cual le fue denegada,
situación que confirma que carece de legitimación en la causa por activa para
promover la solicitud de amparo de la referencia.

Ante dicha circunstancia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, pues no se acreditó el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa de la actora, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia […]”. [Negrilla original del texto].

35. De lo anterior, se puede concluir que la accionante al no tener la calidad de parte
dentro del medio de control de nulidad núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00, ni
ser sujeto procesal dentro de la denuncia disciplinaria núm. 44001-25-02-000-2025-
00811-00 no es titular del derecho fundamental presuntamente afectado por la
supuesta mora judicial en el citado proceso de nulidad y la remisión de la queja
disciplinaria.

36. Tampoco se cumple el presupuesto de legitimación en la causa por activa
respecto de la solicitud de medida de protección radicada ante la Agencia Nacional
de Tierras, porque la señora Dilvania Epiayu no radicó dicha solicitud.

37. Mediante informe de 26 de noviembre de 2025, la Agencia Nacional de Tierras
señaló que “[…] la solicitud de medida de protección a la posesión en el predio
denominado “LAS DELICIAS con FMI 210-27027 […]” fue presentada por el señor

12 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
13https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023410002019003030025

00023
14 Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada con

el número único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y 2 de
noviembre de 2023, identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

Audomelio Fragozo Epiayu bajo el radicado núm. 202562003904442 de 7 de
septiembre de 2025 y que “[…] una vez se verifique el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 2233 del 2014, se le indicara al
peticionario […]”.

38. Además, se corroboró con las pruebas allegadas a esta acción que la solicitud fue
suscrita por el señor “[…] Audomelio Fragozo Epiayu […]” y no por la aquí
accionante.

39. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado15, en lo relacionado con el derecho
fundamental de petición, que el único legitimado para perseguir su protección judicial,
en caso de vulneración, es la persona que presentó el escrito de petición.

40. Tampoco se cumplen los requisitos para reconocer a la accionante como agente
oficioso porque en el escrito de tutela no manifestó expresamente que actuaba en
dicha calidad y no demostró la imposibilidad de los agenciados para interponer la
acción de tutela por sí mismos.

41. Así las cosas, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa, contra las pretensiones encaminadas a que i)
se ordene al Tribunal Administrativo de la Guajira resolver la medida cautelar dentro
del medio de control de nulidad radicación núm. 44001-23-40-000-2024-00131-00,
ii) la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de remitir la “[…] queja
disciplinaria contra el juez Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar […] a la
comisión seccional de disciplina judicial del Cesar […]” y, iii) la falta de trámite a la
solicitud de medida de protección a la posesión del predio las Delicias, radicado
ante la Agencia Nacional de Tierras.

VI.5.3. De la presunta vulneración de los derechos fundamentales por parte
del Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Palabreros y la Personería
Municipal de Hatonuevo

42. La accionante manifiesta que las entidades accionadas – el Ministerio del Interior,
el Consejo Superior de Palabreros y la Personería Municipal de Hatonuevo,
vulneraron sus derechos fundamentales por la presunta omisión de brindarles
protección y acompañamiento en las diligencias de desalojo dentro del predio las
Delicias.

43. Mediante informe de 23 de noviembre de 2025 el Consejo Superior de Palabreros
señaló que “[…] desconocemos integralmente […]” las circunstancias y derechos
que se reclaman en la presente acción constitucional, toda vez que la señora
Dilvania Epiayu no ha elevado solicitud, requerimiento o concepto alguno ante esa
entidad, razón por la cual no ha existido actuación previa que permita atribuirle
omisión o inacción.

15
Corte Constitucional, Sentencia T-682/17 y Sentencia T-817/02.

20

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

44. Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de informe del 27 de noviembre de
2025, manifestó que la accionante no expuso ni acreditó hecho alguno que
demostrara que dicha entidad, en el marco de sus competencias, hubiera vulnerado
los derechos fundamentales que alega. En consecuencia, sostuvo que no existe
relación entre las actuaciones del Ministerio y la presunta afectación invocada.

45. En cuanto a la Personería Municipal de Hatonuevo, si bien no presentó informe
dentro del trámite de la acción de tutela, la Sala advierte que, conforme al escrito
del 6 de noviembre de 202516, suscrito por la Inspectora de Policía de Hatonuevo y
remitido al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Juan del Cesar, se evidencia
la participación de la Personera Municipal en las diligencias correspondientes, lo
cual desvirtúa la alegada omisión.

46. En ese orden, al no demostrar la accionante haber solicitado la protección o
acompañamiento del Ministerio del Interior y del Consejo Superior de Palabreros
durante las diligencias de entrega del inmueble denominado las Delicias, ubicado
en el Municipio de Hatonuevo, y no acreditarse actuación u omisión alguna por parte
de las entidades que configure una vulneración cierta, actual y directa de sus
derechos fundamentales, la Sala negará las pretensiones de la acción de amparo.
Ello por cuanto no se configura el presupuesto fáctico mínimo que permita
establecer la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales de la
accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Superior de Palabreros, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Tribunal
Administrativo de La Guajira y el Ministerio de Interior, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela frente al
Tribunal Administrativo de La Guajira, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
la Agencia Nacional de Tierras y la Inspectora de Policía del Municipio de
Hatonuevo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones frente al Ministerio del Interior, el Consejo
Superior de Palabreros y la Personería Municipal de Hatonuevo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

16 Pdf 50, expediente electrónico núm. 44650-31-89-001-2021-00015-00. Juzgado Primero Civil del Circuito de

San Juan del Cesar.

21

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06645-00
Accionante: Dilvania Epiayu Epiayu

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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