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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06647-01

Fecha
9 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06647-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 21 de noviembre de 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección Primera para en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Jesús Antonio Hernández Villero, por los motivos expuestos en esta decisión. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 1° de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-43-063-2022- 00292-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01 Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta Corporación y remitir copia. SEXTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06647-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-06647-011
Accionante : Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
los señores Zuly Vanessa Hernández Oquendo, Sara
Valentina Hernández Oquendo, Denit Esther Villero
Mendoza, Elacides Hernández Martínez, Yeison Manuel
Hernández Villero, Estebana Gregoria Hernández Villero,
Liliana María Hernández Villero, Adel Francisco Hernández
Narváez y Enadis Rosa Oquendo Hernández
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, reconocimiento del lucro
cesante por su aparente incompatibilidad con la pensión de
invalidez
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo
del 21 de noviembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Primera2,
que declaró improcedente el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

3. El demandante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la

1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C.

4. Por consiguiente, solicitó que «[…] se ordene a la Subsección C de la Sección Tercera Del
Tribunal Administrativo De Cundinamarca proferir una sentencia complementaria donde se ordene a
la entidad demandada el pago total de la Indemnización por Lucro Cesante a la que tengo derecho»

1.3 Hechos3.

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el 10 de agosto de 2022, el señor Jesús
Antonio Hernández Villero formuló el medio de control de reparación directa en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. El actor fundó sus
pretensiones en el daño antijurídico sufrido durante el desarrollo de una operación
militar en la que participó bajo su condición de soldado profesional, situación que
derivó en una pérdida de capacidad laboral de más del 50% y la afectación de su
integridad psicofísica.

6. En vista de ello, el Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo de Bogotá
admitió la demanda bajo el radicado 11001-33-43-063-2022-00292-00/01 y agotó
las etapas procesales correspondientes, así las cosas, el 30 de agosto de 2023,
dicho despacho profirió sentencia de primera instancia en la que declaró
administrativamente responsable a la entidad estatal. Si bien el fallo reconoció el
pago de perjuicios morales y daño a la salud, negó las pretensiones relativas al
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, «[…] si bien al proceso no fue
aportado acto administrativo que reconozca una pensión de invalidez a favor del demandante, las
testigos Luly Esther Yépez Morelo y Mairis María Morelo Urueta, manifestaron en sus testimonios
que al señor Jesús Antonio Hernández Villero, lo habían indemnizado y que recibe una pensión
por su accidente, y en razón a que la fuente de la pensión para el demandante es la misma de la
indemnización reclamada por los ingresos dejados de percibir, el reconocimiento del lucro cesante
en estos casos generaría un doble pago por el mismo perjuicio, que favorece a la víctima y conlleva
un empobrecimiento correlativo de la entidad demandada» 4.

3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
4
Consideraciones vertidas en la sentencia de segunda instancia, visible en el índice 11 dentro del radicado 11001-33-43-063-
2022-00292-01 en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013343063202200292012500023
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

7. Al estar en contra de la negativa a conceder el lucro cesante, el demandante
interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, misma que
el 1° de septiembre de 2025 confirmó la decisión apelada, tras considerar que el
lucro cesante resultaba incompatible con la pensión de invalidez que
supuestamente percibía el actor. Para arribar a tal conclusión, el Tribunal se apoyó
en testimonios recaudados en el proceso, a pesar de que no constaba en el
expediente el acto administrativo de reconocimiento prestacional.

8. En su escrito de tutela, el accionante puso de presente que, las autoridades
judiciales incurrieron en un defecto sustantivo al desconocer la autonomía de la
indemnización frente a la prestación social, y en un defecto fáctico al valorar de
forma arbitraria las pruebas.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 28
de octubre de 2025, admitió la demanda de tutela. En dicha providencia, se ordenó
notificar al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
como accionados; y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, a los señores Zuly Vanessa Hernández Oquendo, Sara Valentina
Hernández Oquendo, Denit Esther Villero Mendoza, Elacides Hernández Martínez,
Yeison Manuel Hernández Villero, Estebana Gregoria Hernández Villero, Liliana
María Hernández Villero, Adel Francisco Hernández Narváez y Enadis Rosa
Oquendo Hernández como terceros con interés.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá5 solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela, toda vez que no existió
ninguna actuación irregular o arbitraria. Sostuvo que su fallo se dictó bajo el principio
de autonomía judicial, realizando una valoración integral y objetiva de las pruebas y
aplicando la ley y la jurisprudencia vigente. Afirmó que garantizó el debido proceso

5
Índice 00010 de Samai.
3

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Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

al reconocer los perjuicios que sí fueron debidamente acreditados, por lo que
considera que no se configuró ninguna vía de hecho.

2.1.2 Tribunal Administrativo de Cundinamarca6 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción, dado que la tutela no cumple con los requisitos
excepcionales para atacar providencias judiciales. Argumentó que su sentencia se
fundó en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico y que el accionante
tuvo todas las garantías de defensa y contradicción. Finalmente, advirtió que el actor
pretende utilizar la tutela como una "tercera instancia" para reabrir un debate jurídico
(la compatibilidad entre pensión y lucro cesante) que ya fue cerrado en sede
ordinaria.

2.1.3. Los demás intervinientes guardaron silencio a pesar de haber sido
debidamente notificados.

1.5 Providencia impugnada7.

10. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Primera declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que
incumple el requisito de relevancia constitucional al considerar que «[…] la
argumentación planteada por la parte actora está asociada a que, a su juicio, las autoridades
accionadas resolvieron negar el reconocimiento al lucro cesante porque se encontraba disfrutando
de la pensión de invalidez, circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural de la causa judicial».

2.2 La impugnación8.

11. Inconforme con esa determinación, el tutelante la impugnó, para lo cual
manifestó que «está claro que lo tutelado corresponde a una restricción o limitación de mi derecho
fundamental al debido proceso pues en el proceso de reparación directa por medio del cual buscaba
que se administrara justicia se motivaron decisiones sin prueba idóneas y suficientes y se negaron
derechos aplicando normas regresivas y que desconocen el bloque de constitucionalidad».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

6
Índice 00011 de Samai.
7
Índice 00013 de Samai.
8
Índice 00017 del expediente de Samai de primera instancia.
4

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

12. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de 199110 y 2511 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201912 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 La acción.

13. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que,
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.

3.3 Problema Jurídico.

14. Se contrae a determinar si la acción de tutela es procedente, en caso afirmativo
se deberá determinar si la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el derecho fundamental al debido proceso y
acceso a la administración de justicia del accionante, al negar el reconocimiento del
lucro cesante bajo el argumento de su incompatibilidad con la pensión de invalidez
y al fundar dicha negativa en pruebas testimoniales ante la ausencia del acto
administrativo prestacional, teniendo en cuenta el principio de reparación integral y
la jurisprudencia de unificación sobre la materia.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

15. La acción de tutela contra providencia judicial es una medida excepcional de
control judicial frente a las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, que
posee una serie de requisitos de procedibilidad estrictos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede

9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
12
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

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Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

16. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

17. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

18. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

19. Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer que,
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos15.

3.5 Caso concreto.

20. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia del actor; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno;
(iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las
aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, en la

13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 8 de septiembre de
202516 y la solicitud de amparo se radicó el 22 de octubre siguiente, es decir, dentro
de los 6 meses; y (v) la determinación acusada no desató una acción de tutela.

21. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el
fondo del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo invocada
por el demandante, dado que, si bien aquel alegó que el Tribunal realizó una
valoración indebida de las pruebas remitidas al expediente, en realidad la
inconformidad del actor se cimienta en la interpretación que hizo el accionado sobre
el origen jurídico de la indemnización y la pensión por invalidez.

3.5.1 Defecto sustantivo.

22. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

23. La jurisprudencia constitucional17 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: «Esta Corporación ha
caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial,
originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe
tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice
o lesione la efectividad de los derechos constitucionales»18.

24. En el asunto sub examine, el demandante adujo que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «[…] la pensión de invalidez es una
prestación laboral que deviene -precisamente- de esa relación y pende únicamente del cumplimiento
de un requisito como es la perdida de la capacidad laboral superior al 50%. Por otro lado, la

16
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 1° de septiembre de 2025,
motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 3 de los mismos mes y año, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
17
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
18
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
8

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reparación del Perjuicio Material de Lucro Cesante deviene no de una relación laboral sino de la
responsabilidad del Estado en la causación de un daño antijuridico y consiste en la recuperación de
la pérdida del patrimonio por el daño.» igualmente, refirió que «[…] de acuerdo al Decreto Ley
1796 de 2000, el ingreso base de liquidación de la mesada es un porcentaje del 75% del salario
base, y, el lucro cesante sufrido consiste es en la pérdida económica producida por el daño que en
mi caso es; la p[é]rdida de mi salario que en el año 2020 era de $2.200.000.00, nótese que ni siquiera
comparando la mesada pensional que percibo actualmente iguala el salario percibido cuando sufrí
el accidente hace cinco (5) años, esto fue en el año 2020».

25. Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente
asunto, resulta oportuno anotar que, esta Sala, en anteriores oportunidades19, ha
analizado la figura de la pensión por invalidez en miembros de las Fuerzas Militares,
encontrando que «[…] para que un miembro de la fuerza pública sea acreedor al reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez es necesario que la disminución de la capacidad sicofísica se dé
en servicio activo y que el dictamen médico arroje un porcentaje de al menos 50%», por lo que

dicha prestación tiene su origen en la relación laboral vigente para los integrantes
de las FFMM.

26. Por otra parte, esta Corporación ha referido, respecto del lucro cesante, que
«[…] se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el hecho lesivo, habría
ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados»20, es decir, surge

de la configuración de un daño y ante la pérdida comprobada de una ganancia
directamente vinculada al daño. De este modo, se puede evidenciar que, para esta
corporación, la postura sobre el origen jurídico de ambas figuras se cimienta en (i)
la relación laboral legal y reglamentaria existente entre el soldado y el Estado, y (ii)
la compensación del daño con base en el artículo 90 superior.

27. En el presente asunto, se observa que la autoridad accionada, en la sentencia
censurada, fundamentó su determinación en que la «pensión de sobrevivientes» y la
indemnización por lucro cesante son incompatibles dada la naturaleza
eminentemente indemnizatoria del primer concepto:

Al respecto, cabe mencionar que es postura consolidada y reiterada de esta Sala la
incompatibilidad o improcedencia de los perjuicios materiales por lucro cesante futuro
y consolidado cuando los demandantes que solicitaron su reconocimiento son
beneficiarios de la pensión causada por la muerte de su familiar militar.

19
Como se puede evidenciar en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 29 de mayo del 2025, expediente 25000-2342-000-2017-05045-01 (3342-2024), C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente 19001-23-31-000-
2010-00158-01 (56561), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

[…]

Así, la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado y esta Sala de decisión han
sostenido la incompatibilidad de los perjuicios materiales por lucro cesante cuando se
reconoce pensión a quienes solicitan el aludido rubro, como ocurre en el sub lite, pues
aquello significaría el doble pago por un mismo perjuicio, tal como lo indicó la juez de
primera instancia, por lo cual se confirmará la negativa de dicho reconocimiento.

28. La Sala observa que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, en la modalidad de utilizar un precedente no
aplicable al caso concreto, lo que a su vez deriva en la utilización de una regla de
decisión que no cumple los supuestos de hecho para generar el efecto deseado.

29. Lo primero que debe indicarse es que el precedente horizontal traído a colación
por la accionada corresponde a un análisis hecho de cara a la pensión de
sobrevivientes, figura que posee una causa y elementos de configuración distintos
al planteado en el caso del señor Hernández Villero, quien ostenta una pensión por
invalidez dada la perdida de la capacidad laboral. Especialmente, la diferencia
radica en que la pensión de sobrevivientes exige que quien la cause haya fallecido,
lo que configura una situación que no varía a futuro, mientras que quien obtiene la
pensión de invalidez mantiene su vida, pero su salud puede mejorar o empeorar, lo
que tiene un impacto directo en el goce o disfrute de la prestación periódica.

30. Ahora, debe dejarse de manifiesto que el Tribunal fundamentó su negativa
apoyándose en el precedente horizontal de esa misma corporación al acudir a las
«[…] sentencias del 31 de enero del 2024, con ponencia del Magistrado José Élver Muñoz y del 6
de mayo de 2024 con ponencia del suscrito Magistrado» que analizan la compatibilidad entre

la pensión de sobrevivientes y la indemnización por lucro cesante, mientras que el
caso sometido a estudio por cuenta del actor indica que a aquel se le concedió la
pensión por invalidez. Luego entonces, reitera la Sala que la jurisprudencia utilizada
para resolver el punto de la compatibilidad no cumplía los requisitos del
precedente21, por tratarse de situaciones de hecho completamente distintas.

31. En esa misma línea, puede afirmarse que este no es un yerro menor, dado que
la situación planteada en el proceso ordinario pretende que se analice una

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Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejera ponente: Rocio Araujo Oñate. Sentencia del 11 de febrero del 2016,
radicación: 11001-03-15-000-2015-03358-00(AC): «[…] el precedente, como lo ha entendido el Tribunal Constitucional, es la
ratio -regla o subregla de derecho- empleada en un caso para fallar unos determinados supuestos de hecho y/o de derecho
puestos a su conocimiento. La ratio es el principio, la regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial y
que proyecta sus efectos en la parte resolutiva»
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

prestación de seguridad social, a la cual el actor tiene derecho por su condición de
servidor y empleado del Estado y que se obtiene con su invalidez, no con su muerte,
elemento que no puede ser asimilado en el precedente traído por el Tribunal para
resolver el caso concreto.

32. En vista de lo anterior, para esta Sala es claro que la aplicación del precedente
hecho por la accionada no es aplicable respecto de las normas que regulan la
pensión de invalidez y la indemnización por lucro cesante, lo que configura un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y, en consecuencia, se
deberá conceder el amparo deprecado.

IV. DECISIÓN

33. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante acreditó que la providencia cuestionada incurrió en la causal especial
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial denominada
defecto sustantivo. Por tal motivo, se revocará el fallo impugnado, que declaró
improcedente el amparo deprecado y, en su lugar, se concederán las pretensiones.

34. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del del 21 de noviembre de 2025, emitida por
el Consejo de Estado, Sección Primera para en su lugar CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia del señor Jesús Antonio Hernández Villero, por los motivos expuestos en
esta decisión.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 1° de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C, dentro del expediente con radicado núm. 11001-33-43-063-2022-
00292-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06647-01
Accionante: Jesús Antonio Hernández Villero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a
partir de la notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que
atienda lo indicado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma
y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Primera de esta
Corporación y remitir copia.

SEXTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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