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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2010-00158-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-31-000-2010-00158-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional patrimonialmente responsable por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro, así como por las lesiones sufridas por Lewis Díaz Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 169 Henao Pérez, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, 1998. Citado en: Nuevas reflexiones sobre el daño: Ponente: Javier Tamayo Jaramillo, Coeditado por Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado y LEGIS, Primera Edición, 2017. 89 Radicado: 19001233100020100015801 (56561) Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado, los perjuicios que a continuación se enunciaran y en los siguientes valores: 100 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Cecilio Hurtado Perjuicios Viafara, Zoraida Hurtado, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi morales Mariana Hurtado Vásquez. 50 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Cristian Eduardo Hurtado Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado Hurtado, Juan Andrés Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado, Dora Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis Hurtado Hurtado. Lucro cesante La suma de $288.001.491,71 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y la suma de $288.471.997,15 para Yudi Mariana Hurtado Vásquez. TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro, los perjuicios que a continuación se enunciaran y en los siguientes valores: Perjuicios 100 SMLMV para María Beatriz Ruíz Carabalí y 100 SMLMV para morales Liliana Romero Ruíz. Lucro cesante La suma de $364.312.289,99 para María Beatriz Ruíz Carabalí y la suma de $292.689.740,97 para Liliana Romero Ruíz. CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por las lesiones sufridas por Lewis Díaz Abonía, los perjuicios que a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-31-000-2010-00158-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 19001233100020100015801 (56561)1
Demandante: LEWIS DÍAZ ABONÍA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por muerte y lesiones de
uniformados. Activación de campo minado instalado por las
FARC. Omisión en las medidas de seguridad para el
desplazamiento de la tropa. Falla del servicio. Graves
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. Responsabilidad
de las FARC como organización y/o colectivo en virtud del
Acuerdo de Paz. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente
a las víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño. Sin
costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 21 de mayo de 2008, los soldados profesionales Maxs Hernando Estupiñán
Marín, Lewis Díaz Abonía, Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús
Romero Castro, pertenecientes al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón

1 Mediante autos del 15 de diciembre de 2011 y 24 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo del

Cauca dispuso la acumulación de los procesos: 190012331000201000015800,
190012331000201000016100, 190012331000201000022600 y 190012331000201000024600.

2

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Pichincha del Ejército Nacional, se desplazaban por la vereda “Las Palmas” del
municipio de Toribio (Cauca), en desarrollo de la misión táctica MONGUI. Durante
el recorrido, miembros de las FARC activaron un campo minado por la acción de
un control remoto. Como consecuencia de este lamentable hecho, los uniformados
Hurtado Hurtado y Romero Castro fallecieron, y Díaz Abonía y Estupiñán Marín
resultaron heridos.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional es patrimonialmente responsable por la muerte y lesiones sufridas por los
uniformados, pues alegan que ello se produjo porque la entidad no adoptó las
medidas de prevención y precaución requeridas para llevar a cabo la operación
militar.

La parte actora aduce que la omisión en la adopción de medidas de prevención y
precaución para el desplazamiento de la tropa se hizo consistir en que “[…] según
la orden de operaciones No. 005 ‘Soberanía 2008’ las maniobras para la ejecución
de operaciones debían realizarse en 3 fases e implicaba entre otras acciones:
efectuar registros en cada uno de los puntos críticos reconocidos durante el
movimiento táctico motorizado […] los comandantes deben dar órdenes claras y
precisas al personal de soldados […] todo desplazamiento a pie debe efectuarse
con infiltración nocturna, antes de realizarse un movimiento a pie debía efectuarse
un reconocimiento de la ruta a seguir en la carta […] uno de los principales
obstáculos que pueden encontrar las tropas en su movimiento motorizado o
terrestre, lo constituyen los campos minados, las tropas deben utilizar equipos y
medios suministrados por el comando superior; especial atención, emplear
personal instruido sobre el manejo de explosivos […] una vez las unidades estén
en los sitios ordenados para efectuar el desplazamiento estos deben efectuarse a
campo traviesa […] las unidades comprometidas deben restringir los movimientos
diurnos y hacer uso máximo de las horas nocturnas. Se debe antes de iniciar el
desplazamiento debe coordinar los puntos de control para lograr que el
desplazamiento se efectué sin novedad”.

3

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

II. ANTECEDENTES

Expediente No. 190012331000201000015800

1. Demanda

El 14 de mayo de 20102, Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín
Orobio, Inocencio Marín, Hebert Hurtado Marín y, Maxs Hernando, Carmen Melissa
y Andy Miguel Estupiñán Marín, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante el “Ejército Nacional”), para
que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones sufridas el 21 de
mayo de 2008 por el soldado profesional Maxs Hernando Estupiñán Marín.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
accionantes; por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán
Marín; por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán Marín; por
daño emergente, la suma de $1.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín; y por
lucro cesante, la suma de $270.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán Marín.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de
2008, el soldado profesional Maxs Hernando Estupiñán Marín, adscrito al pelotón
No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se
encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron
y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía
la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el
abastecimiento que allí se encontraba.

2 Fl. 61 a 100, C.1.

4

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Anota que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un
campo minado por la acción de un control remoto.
Concluye que, como consecuencia de esos hechos, el soldado Estupiñán Marín
sufrió graves lesiones.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por las lesiones ocasionadas a Maxs Hernando Estupiñán Marín, pues
afirman que ellas se produjeron porque dicha entidad no adoptó las medidas de
prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 24 de agosto de 20103, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda
y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando
que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del
servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y las
lesiones sufridas por el uniformado. Asimismo, indicó que la afectación padecida
por el soldado se ocasionó por la activación de un campo minado instalado por las
FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determinante de un
tercero, y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1º de junio de 20125 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ejército Nacional6 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
contestación a la demanda.

3 Fl. 107 a 109, C.1.
4 Fl. 123 a 128, C.1.
5 Fl. 169, C. 1.
6 Fl. 171 a 173, C.1.

5

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

3.2. El ministerio público7 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la
demanda, toda vez que las lesiones sufridas por el uniformado “obedecieron al
sometimiento a un riesgo excepcional por parte de sus comandantes inmediatos
que dispusieron su desplazamiento contraviniendo las directrices militares”.

3.3. La parte demandante guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000016100

1. Demanda

El 18 de mayo de 20108, Lewis Díaz Abonía, en nombre propio y en representación
de Melanie Díaz Carabalí; Álvaro Díaz Coronado, Esneda María Banguero Viafara,
Luisa Fernanda Lucumí Abonía, Shirley Carabalí Abonía, María Aurora y Elis María
Abonía, Rocío y Jesús Hernán Díaz Díaz y, Adriana, Deisy y Lina María Díaz
Abonía, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional, para que se le
declarara patrimonialmente responsable por las lesiones físicas sufridas el 21 de
mayo de 2008 por el soldado profesional Lewis Díaz Abonía.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
accionantes; por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Lewis Díaz Abonía; por
“perjuicio estético”, 200 SMLMV a Lewis Díaz Abonía; por daño emergente, la suma
de $1.000.000 a Lewis Díaz Abonía.; y por lucro cesante, la suma de $280.000.000
a Lewis Díaz Abonía.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de
2008, el soldado profesional Lewis Díaz Abonía, adscrito al pelotón No. 2 de la
compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba en
desarrollo de la misión táctica MONGUI.

7 Fl. 178 a 183, C.1.
8 Fl. 47 a 87, C.2.

6

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron
y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía
la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el
abastecimiento que allí se encontraba.

Destaca que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un
campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos hechos, el soldado Díaz Abonía sufrió
graves lesiones físicas y psicológicas, tanto así que fue dictaminado con una
pérdida de capacidad laboral.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por las lesiones ocasionadas a Lewis Díaz Abonía, pues afirman que
ellas se produjeron porque dicha entidad no adoptó las medidas de prevención y
precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 24 de agosto de 20109, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda
y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional10 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando
que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del
servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y las
lesiones sufridas por el uniformado. Asimismo, indicó que la afectación padecida
por el soldado se ocasionó por la activación de un campo minado instalado por las
FARC. Formuló como excepciones la de hecho exclusivo y determinante de un
tercero, y la genérica.

9 Fl. 104 a 106, C.2.
10 Fl. 113 a 117, C.2.

7

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 2 de marzo de 201211 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Ejército Nacional12 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
contestación a la demanda.

3.2. El ministerio público13 conceptuó que debía accederse a las pretensiones de la
demanda, toda vez que las lesiones sufridas por el uniformado “obedecieron al
sometimiento a un riesgo excepcional por parte de sus comandantes inmediatos
que dispusieron su desplazamiento contraviniendo las directrices militares”.

3.3. La parte demandante guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000022600

1. Demanda

El 26 de mayo de 201014, Zoraida Hurtado, en nombre propio y en representación
de Jhoimer Yesid, Cristian Eduardo y Yani Yulieth Hurtado Hurtado; Maribel
Vásquez Castillo, en nombre propio y en representación de Yudi Mariana Hurtado
Vásquez; Cecilio Hurtado Viafara y, Miguel Ángel, Juan Andrés, Yenyfer, Dora Alicia
y Jorge Luis Hurtado Hurtado, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Ejército Nacional,
para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del soldado
profesional Julián Fernando Hurtado Hurtado ocurrida el 21 de mayo de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
accionantes; por daño a la vida relación, 1000 SMLMV a Zoraida Hurtado, Jhoimer

11 Fl. 159, C.2.
12 Fl. 161 a 163, C.2.
13 Fl. 178 a 183, C.1.
14 Fl. 41 a 53, C.3.

8

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez; y por lucro cesante, la
suma de $346.000.000 a Zoraida Hurtado, Jhoimer Yesid Hurtado Hurtado y Yudi
Mariana Hurtado Vásquez.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de
2008, el soldado profesional Julián Fernando Hurtado Hurtado, adscrito al pelotón
No. 2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se
encontraba en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Advierte que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron
y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía
la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el
abastecimiento que allí se encontraba.

Refiere que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un
campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos lamentables hechos, el soldado Hurtado
Hurtado falleció.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la muerte del soldado Julián Fernando Hurtado Hurtado, pues
afirman que ella se produjo porque la entidad castrense no adoptó las medidas de
prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 26 de julio de 201015, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda y
ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional16 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando
que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del

15 Fl. 57, C.3.
16 Fl. 67 a 72, C.3.

9

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y la muerte
del soldado. Asimismo, indicó que el fallecimiento del uniformado se debió a la
activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones
la de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y la genérica.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de mayo de 201117 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante18 y el Ejército Nacional19 reiteraron lo expuesto en el
escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

Expediente No. 190012331000201000024600

1. Demanda

El 26 de mayo de 201020, María Beatriz Ruiz Carabalí, en nombre propio y en
representación de Liliana Romero Ruíz, mediante apoderado judicial y en ejercicio
de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra del Ejército
Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte del
soldado profesional Jaime de Jesús Romero Castro ocurrida el 21 de mayo de 2008.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
institución castrense a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV a cada una de las
demandantes; por daño emergente, la suma de $600.000.000 a María Beatriz Ruíz
Carabalí; y por lucro cesante, la sumas de $120.000.000 a María Beatriz Ruíz
Carabalí y $80.000.000 a Liliana Romero Ruíz.

17 Fl. 106, C.3.
18 Fl. 115 a 119, C.3.
19 Fl. 108 a 114, C.3.
20 Fl. 31 a 70, C.4.

10

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 21 de mayo de
2008, el soldado profesional Jaime de Jesús Romero Castro, adscrito al pelotón No.
2 de la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraba
en desarrollo de la misión táctica MONGUI.

Refiere que, en la madrugada de ese mismo día, los víveres de la tropa se agotaron
y por ello el mando de la operación ordenó a unos soldados que se dirigieran hacía
la estación de Policía de Toribio (Cauca), con el objetivo de reclamar el
abastecimiento que allí se encontraba.

Señala que, durante dicho desplazamiento, miembros de las FARC activaron un
campo minado por la acción de un control remoto.

Concluye que, como consecuencia de esos lamentables hechos, el soldado Romero
Castro falleció.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la muerte del soldado Jaime de Jesús Romero Castro, pues afirman
que ella se produjo porque la entidad castrense no adoptó las medidas de
prevención y precaución requeridas durante el desplazamiento de la tropa.

2. Contestación

El 26 de julio de 201021, el Juzgado 8º Administrativo de Popayán admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional22 se opuso a las pretensiones de la demanda, afirmando
que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del
servicio, ni tampoco el vínculo causal existente entre la omisión alegada y la muerte
del soldado. Asimismo, indicó que el fallecimiento del uniformado se debió a la
activación de un campo minado instalado por las FARC. Formuló como excepciones
la de hecho exclusivo y determinante de un tercero, y la genérica.

21 Fl. 66 a 67, C.4.
22 Fl. 74 a 79, C.4.

11

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 10 de mayo de 201123 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante24 y el Ejército Nacional25 reiteraron lo expuesto en el
escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.3. El ministerio público guardó silencio.

4. Acumulación de procesos

Mediante autos del 15 de diciembre de 2011 y 24 de abril de 2014, proferidos por el
Tribunal Administrativo del Cauca26, se dispuso la acumulación de los procesos de
reparación directa adelantados con el radicado No. 190012331000201000016100,
190012331000201000022600 y 190012331000201000024600, a aquel tramitado
con el número 190012331000201000015800, por cuanto estos se fundaban en
supuestos fácticos análogos.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 9 de abril de 201527, el Tribunal Administrativo del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que la muerte
y las lesiones sufridas por los uniformados se ocasionaron por una omisión del
Ejército Nacional, toda vez que el oficial que estaba a cargo de la misión táctica
MONGUI desatendió las medidas de prevención, precaución y de seguridad
previstas en la orden de operaciones, “exponiendo con ello a las víctimas a un riesgo
superior al que comúnmente debían soportar debido a su profesión de soldados
profesionales que conllevó, a su vez, a los lamentables resultados”.

23 Fl. 106, C.3.
24 Fl. 115 a 119, C.3.
25 Fl. 108 a 114, C.3.
26 Fl. 82 a 85, C.5. y 81 a 85, C.6.
27 Fl. 93 a 122, C.15.

12

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En la parte resolutiva, el tribunal condenó al Ejército Nacional a pagar:

Por las lesiones físicas sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín:

Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán
Perjuicios morales Marín, Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín Orobio,
Carmen Melissa Estupiñán Marín, Andy Miguel Estupiñán Marín,
Inocencio Marín y Hebert Hurtado Marín.

Daño a la salud Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán
Marín.

Lucro cesante Se condenó en abstracto a favor de Maxs Hernando Estupiñán
Marín.

Por las lesiones físicas sufridas por Lewis Díaz Abonía:

Se condenó al pago de 60 SMLMV para Lewis Díaz Abonía, Melanie
Díaz Carabalí y María Aurora Abonía; y 30 SMLMV a Luis Fernanda
Perjuicios Lucumí Abonía, Adriana Díaz Abonía, Deisy Díaz Abonía, Shirley
morales Carabalí Abonía, Lina María Díaz Abonía, Rocío Díaz Díaz, Jesús
Hernando Díaz Díaz, Elis María Abonía, Álvaro Díaz y María
Banguero Viafara.

Daño a la salud Se condenó al pago de 60 SMLMV para Lewis Díaz Abonía.

Lucro cesante Se condenó al pago de $89.770.558 para Lewis Díaz Abonía.

Por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado:

Perjuicios morales Se condenó al pago de 100 SMLMV para Zoraida Hurtado, Cecilio
Hurtado Viafara, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana
Hurtado Vásquez; y 50 SMLMV para Cristian Eduardo Hurtado
Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado
Hurtado, Juan Andrés Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado,
Dora Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis Hurtado Hurtado.

Daño a la vida en Se condenó al pago de 50 SMLMV para Zoraida Hurtado, Jhoiner
relación Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

Lucro cesante Se condenó al pago de $86.286.401 para Jhoiner Yesid Hurtado
Hurtado y $86.408.130 para Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

13

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Por la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro:

Perjuicios Se condenó al pago de 100 SMLMV para María Beatriz Ruíz
morales Carabali y Liliana Romero Ruiz.

Lucro cesante Se condenó al pago de $108.793.863 para María Beatriz Ruíz
Carabalí y $80.000.000 para Liliana Romero Ruíz.

6. Recurso de apelación

El 28 de abril de 201528, el Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 23 de noviembre de 201529 y admitido el 28 de marzo de 201630.

6.1. El Ejército Nacional31 reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera
instancia, en el sentido de que los daños reclamados no le eran imputables, porque
ellos se produjeron en razón al riesgo voluntario que los uniformados asumieron
cuando ingresaron a la institución. Asimismo, afirmó que no se probó la falla del
servicio que le fue atestada, ni el vínculo causal entre esta y, la muerte y las lesiones
de los soldados. Igualmente, refirió que en el presente caso no le asistía
responsabilidad, porque el hecho lesivo provino del actuar exclusivo y determinante
del “grupo terrorista de las ONT – FARC”. Además, destacó que comoquiera que no
se acreditaron los elementos constitutivos de responsabilidad, no procedía el
reconocimiento de ninguno de los perjuicios solicitados por los demandantes. Por
último, solicitó negar la totalidad de los perjuicios reconocidos por el tribunal por
“ausencia de responsabilidad patrimonial”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 11 de mayo de 201632 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

28 Fl. 125 a 135, C.15.
29 Fl. 186 a 187, C.15.
30 Fl. 193, C.15.
31 Fl. 125 a 135, C.15.
32 Fl. 195, C.15.

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Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

6.1. El ministerio público33 conceptúo que la sentencia de primera instancia debía
confirmarse en punto a la responsabilidad del Ejército Nacional, toda vez que “la
orden impartida a los soldados profesional fue imprudente, ya que los dejó
expuestos al enemigo, sin que las víctimas tuvieren que asumir riesgos superiores
a los que normalmente deben afrontar”. Por otra parte, afirmó que, distinto a lo
considerado por el a quo, la indemnización por concepto de daño a la vida de
relación reconocida al núcleo familiar del soldado Julián Fernando Hurtado Hurtado
no procedía, pues “este no se presume en razón al parentesco, sino que requiere
ser acreditado, cosa que no sucedió”.

6.2. La parte demandante y el Ejército Nacional guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el
Ejército Nacional contra la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, puesto que las cuantías de cada una de las demandas
superan la exigida para que un proceso adelantando en ejercicio de la acción de
reparación tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8634 del Código Contencioso Administrativo.

33 Fl. 197 a 207, C.15. El concepto fue rendido por el doctor Francisco Manuel Salazar Gómez,

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado.
34 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera

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Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se
reclama la indemnización de perjuicios por hechos imputables a una omisión del
Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto
se trata de un presupuesto procesal35.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general36, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.

otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
35 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción37, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure38 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para

37 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
38 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 39,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Pues bien, en primer lugar, se evidencia que el derecho de acción se ejerció en
tiempo respecto a las lesiones sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín, esto
es, dentro del término de dos (2) años previsto por el legislador, toda vez que: i) el
21 de mayo de 2008, ocurrió el siniestro que ocasionó lesiones al uniformado
(hechos probados 7.1.7. y 7.1.9); ii) que los libelistas presentaron solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 15 de marzo
de 201040, la cual se declaró fallida el 7 de mayo siguiente41; y iii) que la demanda
se presentó el 14 de mayo de 201042.

Igualmente, se observa que el derecho de acción se ejerció en tiempo frente a las
lesiones sufridas por Lewis Díaz Abonía, teniendo en cuenta que: i) el 21 de mayo
de 2008, ocurrió el siniestro que ocasionó lesiones al uniformado (hechos probados

39 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
40 Fl. 58 a 59, C.1.
41 Ibidem
42 Fl. 61 a 100, C.1.

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7.1.7. y 7.1.9.); ii) que los libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial
ante la Procuraduría General de la Nación el 15 de marzo de 201043, la cual se
declaró fallida el 18 de mayo siguiente44; y iii) que la demanda se presentó el 18 de
mayo de 201045.

Por otra parte, se estima que el derecho de acción respecto de la muerte de Julián
Hurtado Hurtado también se ejerció en tiempo, toda vez que: i) el 21 de mayo de
2008, falleció el uniformado (hechos probados 7.1.7. y 7.1.8.); ii) los libelistas
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de
la Nación el 19 de mayo de 201046, la cual se declaró fallida el 15 de julio siguiente47;
y iii) la demanda se presentó el 16 de julio de 201048.

En similar sentido, se evidencia que el derecho de acción se ejerció en tiempo frente
a la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro, teniendo en cuenta que: i) el 21 de
mayo de 2008, falleció el uniformado (hechos probados 7.1.7. y 7.1.8.); ii) que los
libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación el 15 de marzo de 201049, la cual se declaró fallida el 26 de
mayo siguiente50; y iii) que la demanda se presentó el 26 de mayo de 201051.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis52.

43 Fl. 45 a 46, C.2.
44 Ibidem
45 Fl. 47 a 87, C.2.
46 Fl. 39 a 40, C.1.
47 Ibidem
48 Fl. 41 a 53, C.3.
49 Fl. 27 a 29, C.4.
50 Ibidem
51 Fl. 41 a 53, C.3.
52 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.

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4.1. Legitimación en la causa por activa:

Frente a las lesiones sufridas por el uniformado Maxs Hernando Estupiñán Marín:

Maxs Hernando Estupiñán Marín (víctima), Hernando Estupiñán Estupiñán (padre),
Carmen Elena Marín Orobio (madre), Inocencio Marín (hermano materno), Hebert
Hurtado Marín (hermano materno) y, Andy Miguel y Carmen Melissa Estupiñán Marín
(hermanos), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en
este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que el
primero fue quien resultó lesionado por la activación del campo minado (hechos
probados 7.1.7 y 7.1.9.) y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta
copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento53.

Respecto a las lesiones sufridas por el soldado Lewis Díaz Abonía:

Lewis Díaz Abonía (víctima), Melanie Díaz Carabali (hija), María Aurora Abonía
(madre), Álvaro Díaz Colorado (abuelo paterno), Esneda María Banguero Viafara
(abuela paterna), Elis María Abonía (abuelo paterno), Lina María Díaz Abonía
(hermana) y, Rocío y Jesús Hernán Díaz Díaz (hermanos), son las personas sobre las
que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la
causa por activa, pues está acreditado que el primero fue quien resultó lesionado por
la activación del campo minado (hechos probados 7.1.7 y 7.1.9) y los demás
conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias de sus correspondientes
registros civiles de nacimiento54.

Frente a la muerte del uniformado Julián Fernando Hurtado Hurtado:

Cecilio Hurtado Viafara (padre), Zoraida Hurtado (madre), Jhoiner Yesid Hurtado
Hurtado (hijo), Yudi Mariana Hurtado Vásquez (hija) y, Cristian Eduardo, Yani Yulieth,
Miguel Ángel, Juan Andrés, Dora Alicia y Jorge Luis Hurtado Hurtado (hermanos),
están legitimados en la causa por activa, pues se acreditó que conformaban el núcleo
familiar del soldado Julián Fernando Hurtado Hurtado, según dan cuenta copias de

53 Fl. 7 a 13, C.1.
54 Fl. 1 a 29, C.2.

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sus correspondientes registros civiles de nacimiento55.

Maribel Vásquez Castillo no está legitimada en la causa por activa, toda vez que no
acreditó tener un vínculo familiar con el uniformado fallecido, así como tampoco tener
un interés directo en las resultas del presente asunto litigioso. Al efecto, debe
advertirse que el tribunal arribó a la misma conclusión y ello no fue reparado por la
parte demandante, por lo cual, se confirmará en este aspecto lo resuelto en la
sentencia de primera instancia, mediante la cual se declaró la falta de legitimación en
la causa por pasiva de Maribel Vásquez Castillo.

Respecto a la muerte del soldado Jaime de Jesús Romero Castro:

María Beatriz Ruiz Carabalí (compañera permanente) y Liliana Romero Ruíz (hija)
están legitimadas en la causa por activa, pues se acreditó que conformaban el núcleo
familiar del soldado Jaime de Jesús Romero Castro, según dan cuenta copias
auténticas de la sentencia del 27 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado 8º de
Familia56 que declaró la unión marital de hecho entre la víctima y la señora Ruiz
Carabalí y el respectivo registro civil de nacimiento57.

4.2. Legitimación en la causa por pasiva:

La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con los
criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección58, pues la muerte de Julián
Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro (hechos probados 7.1.7.
y 7.1.8.), así como las lesiones sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín y Lewis
Díaz Abonía (hechos probados 7.1.7. y 7.1.9.), ocurrieron en ejercicio de su actividad
como soldados profesionales de la institución. Además, por ser la entidad a quien se
le atribuye la causación de los daños reclamados.

55 Fl. 9 a 19, C.3.
56 Por medio de la cual se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre María Beatriz Ruíz

Carabalí y Jaime de Jesús Romero Castro, la cual se dio a partir del 1º de enero de 2004 y hasta el
21 de mayo de 2008.
57 F. 6 a 8, c.4.
58 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, Exp.: 20420, Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección C.

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5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si existe responsabilidad patrimonial del Estado
por los daños ocasionados a sus soldados producto de la activación de minas
antipersona instaladas por grupos al margen de la ley y ii) si quien siembra y/o
instala este tipo de artefactos tiene algún tipo de responsabilidad patrimonial frente
a los menoscabos que por ello se ocasionen.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) aquella que
corresponde por la muerte o lesión de los miembros de la fuerza pública, iii) la
responsabilidad del Estado que deriva por daños causados por la instalación y/o
activación de minas antipersona en marco del conflicto armado; y iv) las
obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo
para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y
duradera.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199159 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de

59 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, el riesgo
excepcional y el daño especial60.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por muerte o lesión de miembros de la fuerza
pública

En lo que al derecho de daños corresponde, encontramos que nuestra Carta Política
no privilegió ningún régimen de responsabilidad para dirimir las controversias en las
que se vea comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado, razón por
la que a la jurisprudencia tampoco le corresponde establecer un único título de
imputación que aplique para ciertos casos o aquellos que guarden similitudes
fácticas, toda vez que cada caso sometido a conocimiento de esta jurisdicción debe
examinarse de cara a los hechos y particularidades que revista la discusión en el
caso concreto.

En desarrollo de ese postulado, la Sala Plena de la Sección Tercera 61 de esta
Corporación sostuvo que: “En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo
previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la
Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en
manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, rad.: 21515,

reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, rad.: 23219.

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una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha
dado cabida a diversos ‘títulos de imputación' como una manera práctica de justificar
y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una
perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que
exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente
a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento,
de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios
constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del
Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia”.

Bajo el anterior contexto, los casos que presenten ciertos rasgos característicos y
que muestren –aparentemente- ser semejantes, no siempre se pueden resolver de
la misma manera, pues en cada caso concreto corresponde al juez hacer una
valoración jurídica y ponderación probatoria, para que, con base en dicho análisis
integral, se determine el régimen de responsabilidad extracontractual bajo el cual
debe dirimirse el conflicto sometido a estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que el régimen de
responsabilidad subjetivo o de falla en el servicio es el título de imputación que se
aplica por excelencia, toda vez que con base en dicho régimen se analiza el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado y, en consecuencia, se
constituye en la herramienta idónea para desencadenar la obligación indemnizatoria
a cargo de éste62.

A su turno, el mandato que impone la Constitución Política en el artículo 2 o inciso
2o, bajo el cual las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede
exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Rad.: 8163; sentencia del

10 de marzo del 2011, Rad: 17.738; Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 50315.

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razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con
las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance,
capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que
en un momento dado se requiera”63-64. Por tanto, las obligaciones a cargo del
Estado han de estudiarse frente al caso particular que se dirime65.

Así las cosas, puede afirmarse, entonces, que “se le exige al Estado la utilización
adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido
constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo
de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre
pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad”66.

Ahora, la posición reiterada del Consejo de Estado ha sido, en relación con los
daños sufridos por quienes ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la
defensa y seguridad del Estado v. gr. fuerzas militares, agentes de policía o personal
del INPEC, que, en principio, no se ve comprometida la responsabilidad del Estado,
comoquiera que esos daños, como se producen con ocasión de la relación laboral
que los vincula con la Administración, están cubiertos por el régimen prestacional
que les es propio y al que tienen derecho los agentes del orden en virtud de ese
vínculo voluntario67 que implica la asunción de los riesgos ordinarios propios de la
actividad que desarrollan, que en caso de concretarse dan pie a la indemnización
conocida como a forfait. Sin embargo, la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación también ha sostenido que la reparación de esos daños resulta
procedente en los casos en los en que se encuentre probada una falla en el servicio
o se acredite que la víctima fue sometida a un riesgo superior a los que normalmente
debía afrontar en virtud de su vinculación al Estado y que resulten como
consecuencia de acciones u omisiones imputables al Estado68.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de abril de 1998, Rad.: 11837.
64Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de septiembre de 2011, Rad.:

22745.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 2000, Rad.: No. 14787.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de septiembre de 2011,

Rad.: 22745.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de mayo de 2020, Rad.:

55684.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 19 de abril de 2018, Rad.:

42.798.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Ese razonamiento obedece a que el daño que se suscita por la concreción de un
riesgo propio del servicio es el que asume voluntariamente el agente mediante su
vinculación a la fuerza pública y se produce en ejercicio de las funciones que se
despliegan en la actividad militar o de policía, que implica la exposición a peligros
superiores a los que ordinariamente asumen los ciudadanos. Por dicha razón, las
contingencias que resultan de la materialización de los riesgos a los que están
expuestos los militares y policías están cubiertos por un régimen prestacional
especial que opera en su favor cuando sufren lesiones o mueren en cumplimiento
de los actos propios del servicio (a forfait69) que, en todo caso, no excluye la
posibilidad de atribuir responsabilidad extracontractual al Estado cuando se
demuestra que el daño se causó por falla del servicio o por un riesgo excepcional70
en aquellos daños que excedan la cobertura de su régimen prestacional.

Lo anterior se traduce en que es posible acumular la indemnización a forfait con la
indemnización de perjuicios que reconoce el juez de la responsabilidad, porque
tienen fuentes diferentes71, siempre y cuando se trate de casos en los que quede

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 15 de febrero de 1996. Rad.: 10.033.
70 “Debe señalarse que, en punto de la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a los

miembros de la fuerza pública que voluntariamente se vinculan a la institución, en principio, la
jurisprudencia de la Sala ha señalado que estos asumen el riesgo propio que comporta dicha
actividad profesional2 y que, en consecuencia, el Estado solo responderá por el daño originado en
la ‘conducta negligente e indiferente que deja al personal en una situación de indefensión’ o le somete
a un riesgo anormal, esto es, diferente al inherente al servicio. Se ha precisado, además, que el
riesgo propio del servicio que se predica de los integrantes de la fuerza pública vinculados
voluntariamente a una institución castrense, no es homogéneo sino que admite distinciones, por
cuanto ‘(…) no todos los integrantes de la Fuerza Pública asumen los mismos riesgos y por esa
razón, a efectos de determinar en un evento concreto ese ‘riesgo profesional’, necesariamente ha
de tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones, la de las actividades y la de la misión que al
momento de los hechos le correspondía ejecutar, de conformidad con la labor escogida y la
institución a la cual se vinculó (…)’, por lo que la valoración del riesgo propio del servicio debe ser
revisada en perspectiva a la actividad desarrollada. Adicionalmente, se ha ponderado la conducta
desplegada por los agentes de la administración pues bien puede suceder que la actividad, pese a
hacer (sic) parte del servicio y funciones castrenses, se hubiera desplegado vulnerando reglas de
diligencia y cuidado o desconociendo los manuales de instrucción táctica o militar al respecto; así
como cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio. Con todo, el funcionario
y quienes hayan sufrido perjuicio tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente
establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait). (…)” Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 3 de diciembre de 2018, Rad.: 49781,
71 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B. Sentencia del 11 de octubre de 2021, Rad.:

50543 “[E]n este punto se adopta la posición mayoritaria de la Sala, fundada en las sentencias de la
Sala Plena de la Sección Tercera del 3 de mayo de 2007 (exp. 25020) y de la Subsección C de la
Sección Tercera del 7 de octubre de 2020 (exp. 46604), según la cual las prestaciones laborales
reconocidas por concepto de indemnización a forfait no son incompatibles con la indemnización de
perjuicios que reconoce el juez de la responsabilidad, porque tienen fuentes diferentes”; Sentencia
del 28 de abril de 2021, Rad: 45910 “La Sala desestimará la solicitud de descontar lo pagado por la
entidad al [soldado conscripto] en la Resolución (…), pues como lo ha sostenido en oportunidades
anteriores, las fuentes de las obligaciones son distintas”.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

plenamente demostrado que el daño devino de una falla del servicio y/o de la
elevación del riesgo propio al que se somete al agente del Estado, pues si el
siniestro se ocasiona por la materialización de un riesgo propio a los que están
expuestos los militares y policías, sólo será procedente la indemnización a forfait,
con la que compensa el daño que puede llegar a sufrir en cumplimiento de los actos
propios del servicio.

Sumado a lo anterior, debe ponerse de presente que cuandoquiera que el juez al
realizar el estudio del caso sometido a su consideración no encuentra acreditada la
falla en el servicio, lo cierto es que tampoco le está vedado realizar el análisis del
caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva, esto es, riesgo excepcional o
daño especial, toda vez que, como se expuso líneas atrás, la Constitución Política
no privilegió ningún régimen de responsabilidad.

Así, cuando el daño se cause con ocasión de una actividad peligrosa, por ejemplo,
conducción de vehículos, utilización de armas de fuego o conducción de energía
eléctrica, es posible aplicar cualquiera de los dos títulos de imputación. El de falla
en el servicio, cuando se encuentra acreditado que la entidad pública demandada,
por ejemplo, no realizó el mantenimiento adecuado o incumplió con la reparación
de los automóviles de su propiedad o las armas de uso público o, el régimen
objetivo, cuando no fue la falla en el servicio de la Administración la causa del daño,
caso en el cual, por un lado, la parte actora solo deberá acreditar que la actividad
riesgosa desarrollada por la entidad pública demandada fue la que causó el daño
que se reclama, y por otro, la demandada se podrá exonerar de responsabilidad si
demuestra una causal eximente de responsabilidad, como el hecho de un tercero,
la culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor72.

En esos eventos, además, únicamente resulta posible atribuir al Estado el daño
causado por sus agentes cuando se somete al funcionario a un riesgo excepcional,
diferente o superior al que les corresponde afrontar a sus compañeros 73, o cuando

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

diciembre de 2018, Rad.: 42.992.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de

abril de 1997, Rad.:11.187: “Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a
las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Sólo cuando alguno de

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

el daño sufrido por la víctima fue causado con arma de dotación oficial y tuvo vínculo
con el servicio, esto es, que las actuaciones de los agentes estatales comprometen
la responsabilidad de las entidades públicas cuando estas tienen nexo o vínculo
directo con el servicio público, evento en el cual hay lugar a aplicar el régimen de
responsabilidad objetivo, por la creación del riesgo74, comoquiera que el hecho de
ser funcionario o portar armas de uso exclusivo de la fuerza pública, per se, no
vincula a la Administración.

Asimismo, esta Sección ha precisado que, en relación con los agentes de la policía
o militares, “el principio de la igualdad siempre debe mirarse referido a quienes se
encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros
del cuerpo armado”75 y no frente a los demás ciudadanos ajenos a dichas
actividades. Por lo tanto, si bien es cierto que el deber del Estado de proteger la
vida de todas las personas se predica también en relación con los miembros de los
cuerpos armados, la asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades
modifica las condiciones en las cuales el Estado debe responder por los daños que
éstos puedan llegar a sufrir.

6.3. Responsabilidad del Estado por daños causados por la activación de
minas antipersonales

El 18 de septiembre de 1997, un conjunto de Estados (core group), conformado por
Austria, Bélgica, Canadá, Irlanda, Filipinas, México, Países Bajos, Noruega,
Sudáfrica, Suiza, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Malasia, Nueva Zelanda,
Portugal, Eslovenia, Reino Unido y Zimbabwe, motivados por la activa campaña de
sensibilización liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Campaña
Internacional contra las Minas, promovió la firma de la Convención sobre la

ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el
principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe
mirarse referido a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los
demás miembros del cuerpo armado. En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones
personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas
armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo,
diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

Sentencia del 24 de septiembre de 2020, Rad.: 49341.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de

abril de 1997, Rad.:11.187.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonal y sobre su Destrucción, también conocida como Convención de
Prohibición de Minas Antipersonal, Convención de Ottawa o Tratado de Prohibición
de Minas.

Dicha convención dio pie a la configuración de la Acción Integral contra Minas
Antipersonal (AICMA) como concepto y estándar técnico y operativo para reducir el
riesgo de las minas a niveles que permitieran vivir en condiciones de seguridad,
disfrutar y posibilitar el desarrollo económico, social y sanitario exento de las
limitaciones que impone la presencia de estos artefactos, así como satisfacer las
necesidades de las víctimas76.

Colombia suscribió el Convenio de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y mediante el
artículo 1º de la Ley 554 de 2000 decretó aprobar la "Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción”.

La Corte Constitucional, en sentencia C-991 de 2000 efectuó el examen de
constitucionalidad de la Ley 554 de 2000 y en sus consideraciones resaltó que la
prohibición de las minas antipersonales es una cuestión humanitaria inspirada en
propósitos internacionales de protección de los derechos humanos y en la
necesidad de humanizar los medios de guerra frente a la letalidad y las
consecuencias que significan estos artefactos. En este sentido señaló:

“[…] Las minas antipersonal constituyen un arma de guerra nociva y con efectos
indiscriminados, a las cuales se les ha dado un uso irresponsable. Están diseñadas
para matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano, dejando
repercusiones psicológicas profundas en sus víctimas. Tienen una particularidad
especial pues el daño que infligen no sólo se produce durante la situación de
conflicto armado -internacional o interno-, sino que, al permanecer activas
indefinidamente, su amenaza se torna latente.

Se las identifica como el "soldado perfecto", pues nunca duerme y nunca falla, no
dejan de actuar frente a un cese de actividades bélicas y aunque han sido creadas
para fines de guerra, no distinguen entre combatientes, adultos ni niños, pues se
observa que sólo el diez por ciento de sus víctimas son combatientes; es decir, sus
efectos no se limitan a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente
militares sino que cobijan a la población civil cuando desarrolla las más sencillas

76 IMAS 04.10

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

actividades cotidianas. Esto hace que las minas antipersonales presenten
consecuencias más amplias que las descritas, en tanto interrumpen el desarrollo
económico y social de las comunidades bajo su amenaza, pues bajo el terror que
imprimen dentro de su radio de acción, impiden que las personas circulen libremente
hacia sus lugares de trabajo, escuelas, centros de salud y mercados, o que
adelanten labores en los campos relacionadas con el cultivo de las tierras, el
levantamiento de ganado, etc.

[…] la utilización de las minas antipersonal desconoce algunos de los principios
internacionales fundamentales relativos al límite de los métodos o medios de hacer
la guerra, para evitar males innecesarios y a la protección de la población civil no
partícipe de las hostilidades”

Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Constitucional concluyó que el tratado
puesto bajo su revisión: i) promueve el respeto a la dignidad humana de los
habitantes de nuestro país de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la
Constitución Política; ii) facilita el cumplimiento de los fines estatales de "proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades" al tenor de lo dispuesto en los artículos 2, 11, 12, 24,
48 y 79 de la Carta Política; iii) propende por el mantenimiento de la paz en el
territorio nacional; iv) propone una manera más civilizada para resolver el conflicto
armado interno; v) protege a la población civil; vi) somete a los combatientes a un
régimen de medios legítimos de combate; vii) se sustenta en los tres principios
esenciales del Derecho Internacional Humanitario que limitan el derecho de las
partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate, prohíben
el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate que causen
daños superfluos o sufrimientos innecesarios e imponen distinguir entre civiles y
combatientes según lo consignado en el artículo 214 de la Constitución; viii) aplica
en cualquier situación de conflicto armado internacional o interno, pues requiere que
"nunca y bajo ninguna circunstancia emplear, desarrollar, producir, almacenar o
transferir minas antipersonal”; ix) obliga tanto al Estado como a los grupos armados
irregulares a abandonar en la práctica y la utilización de las minas quiebrapatas; x)
armoniza los mandatos de la Constitución Política colombiana, con los principios del
Derecho Internacional Humanitario y algunas de las normas imperativas del ius
cogens (C.P., arts. 93 y 95); xi) establece la asistencia para el cuidado y
rehabilitación de víctimas de las minas antipersonal; y, xii) recurre a la cooperación
internacional para cumplir con las obligaciones allí pactadas, en términos de
integración, equidad, igualdad y reciprocidad entre los Estados Parte.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En consecuencia, el control de constitucionalidad declaró exequible la "Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción" y la Ley 554 de 2000 aprobatoria de la
misma.

Así, el 6 de septiembre del año 2000 Colombia se adhirió a la Convención y se
convirtió en Estado Parte a partir de su entrada en vigor, el 1 de marzo del año
siguiente77, con el compromiso de lograr que el territorio nacional quedase libre de
minas antipersonal para el año 2011, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5º de la misma.

Con todo, la Convención de Ottawa establece la obligación general de los Estados
Parte de erradicar y prohibir absolutamente el empleo de minas antipersonales y
destruir y asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal del territorio
nacional. Este compromiso es perentorio y constituye el propósito específico del
convenio, pues de ello depende que las demás actividades relacionadas con el uso
de las minas antipersonal se eliminen.

En este sentido, el artículo 1º de la Convención establece:

“Artículo 1º. Obligaciones Generales: 1. Cada Estado Parte se compromete en
ningún caso a: a) Utilizar minas antipersonal; b) Desarrollar, producir, adquirir,
almacenar, retener o transferir a cualquier persona, directa o indirectamente, minas
antipersonal; c) Ayudar, alentar o inducir, de cualquier forma, a cualquier persona a
realizar cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud de esta
Convención. 2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o asegurar la
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con las disposiciones
de la presente Convención.”

Tales obligaciones encuentran, sin embargo, la excepción de que se pueda retener
o transferir una cantidad mínima de minas antipersonal para fines de adiestramiento

77 Artículo 17. Entrada en vigor. 1. Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a

partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión. 2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta Convención entrará
en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por ese Estado de su instrumento
de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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en técnicas de detección, limpieza o destrucción de estas o con fines de su
destrucción. En este sentido el artículo 3º ibidem estable:

“Artículo 3º. Excepciones: 1. Sin perjuicio de las obligaciones generales previstas
en el Artículo 1, se permite la retención o transferencia de una serie de minas
antipersonal para el desarrollo y capacitación en técnicas de detección, remoción de
minas o destrucción de minas. La cantidad de tales minas no excederá del número
mínimo absolutamente necesario para los fines antes mencionados. 2. Se permite
la transferencia de minas antipersonal con fines de destrucción.”

A su turno, los artículos 4º y 5º del Tratado de Ottawa establecen como obligaciones
específicas en cabeza de los Estados Parte, la destrucción en el término de 4 años
de las minas antipersonal que tengan almacenadas, así como exige la destrucción
de minas antipersonal en áreas minadas, a más tardar, en los 10 años siguientes a
la entrada en vigor del tratado. A saber, en los siguientes términos:

“Artículo 4º. Destrucción de minas antipersonal almacenadas. Salvo lo dispuesto en
el artículo 3, cada Estado Parte se compromete a destruir o asegurar la destrucción
de todas las existencias de minas antipersonal que posea o posea, o que estén bajo
su jurisdicción o control, tan pronto como sea posible, pero a más tardar cuatro años
después de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte.”.

Artículo 5º. Destrucción de minas antipersonal en áreas minadas. 1. Cada Estado
Parte se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas
antipersonal en áreas minadas bajo su jurisdicción o control, tan pronto como sea
posible, pero a más tardar diez años después de la entrada en vigor de esta
Convención para ese Estado Parte. 2. Cada Estado Parte hará todo lo posible por
identificar todas las áreas bajo su jurisdicción o control en las que se sepa o se
sospeche que hay minas antipersonal y se asegurará lo antes posible de que todas
las minas antipersonal en las áreas minadas bajo su jurisdicción o control sean
perimétricas. -marcados, vigilados y protegidos por cercas u otros medios, para
garantizar la exclusión efectiva de los civiles, hasta que todas las minas antipersonal
contenidas en ellos hayan sido destruidas. El marcado se ajustará al menos a las
normas establecidas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del uso de
minas, armas trampa y otros artefactos, en su forma enmendada el 3 de mayo de
1996, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del uso de Ciertas
armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados. 3. Si un Estado Parte cree que no podrá destruir o asegurar
la destrucción de todas las minas antipersonal mencionadas en el párrafo 1 dentro
de ese plazo, podrá presentar una solicitud a una Reunión de los Estados Parte o
una Conferencia de Revisión, para una prórroga del plazo para completar la
destrucción de tales minas antipersonal, por un período de hasta diez años […]”

En este sentido, se conciben la prohibición total de las minas antipersonal y su
destrucción total, como verdaderos límites al empleo de las armas de guerra y a las
consecuencias que generan sobre la población, de modo que, tanto el Estado como
los grupos armados al margen de la ley quedan comprometidos a abandonar la

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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práctica y la utilización de estos artefactos, se itera, en defensa de los derechos
humanos de los habitantes del territorio colombiano, en procura de la humanización
del conflicto interno, en protección al medio ambiente sano, en la búsqueda,
consecución y mantenimiento de la paz y de un desarrollo económico y social justo
y equitativo.

No obstante, pese la responsabilidad del Estado y la necesidad de adoptar acciones
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este instrumento, debe
preverse el corto plazo que se otorga en la Convención para honrar esos propósitos
y la alta capacidad técnica y financiera que se requiere para cumplir con estas
metas.

Durante la primera década de implementación de la Convención (2001-2011), el
Estado colombiano avanzó en la estructuración del marco institucional y normativo
para el despliegue de la acción contra minas antipersonal en el territorio nacional.
Mediante la Ley 759 de 2002, “se dictan normas para dar cumplimiento a la
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal”.

Así se instituyó el régimen de destrucción de minas, el Centro de Coordinación de
la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), como una entidad de carácter
técnico, y se crea la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas
Antipersonal (CINAMAP), con la función de diseñar las medidas nacionales de
desminado humanitario, asistencia a víctimas, promoción y defensa del Derecho
Humanitario y del Derecho Internacional Humanitario, destrucción de las minas
antipersonal almacenadas y las campañas de concientización, y la presentación
ante el CONPES para su aprobación, verificación y promoción de tales medidas.

Igualmente, se establecieron las misiones humanitarias bajo la coordinación de la
Defensoría del Pueblo, las misiones internacionales de determinación de hechos y
el observatorio de minas antipersonal a cargo del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, encargado de recopilar, sistematizar, centralizar y
actualizar toda la información sobre el tema, para facilitar la toma de decisiones en

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a
víctimas.

Bajo el mismo propósito, se asignó al Ministerio de Defensa Nacional la obligación
de enviar mensualmente el reporte de todos los eventos relacionados con minas
antipersonal de los que tenga conocimiento y de designar al personal militar
especializado en técnicas de desminado humanitario, para adelantar labores de
detección, señalización, georreferenciación de áreas de peligro, limpieza y
eliminación de las minas antipersonal, correspondiendo al Gobierno Nacional la
financiación de los gastos ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal
y la gestión de los recursos de cooperación internacional, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Departamento Nacional de Planeación.

Asimismo, la Ley 759 de 2002 adicionó el régimen penal colombiano con los
artículos 367A y 367B que sancionan el empleo, producción, comercialización y
almacenamiento de minas antipersonal y la ayuda e inducción al empleo,
producción y transferencia de minas antipersonal, en los siguientes términos:

“Artículo 367-A. Empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas
antipersonal. El que emplee, produzca, comercialice, ceda y almacene, directa o
indirectamente, minas antipersonales o vectores específicamente concebidos como
medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, incurrirá en prisión de
diez (10) a quince (15) años, en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, y en inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. No obstante lo anterior,
el Ministerio de Defensa Nacional está autorizado a: Conservar las minas
antipersonal que tenga almacenadas de acuerdo al plazo establecido en el
artículo 4º de la Ley 554 de 2000 y las que al primero de marzo de 2001 estuviera
utilizando para la protección de bases militares, de la infraestructura energética y de
comunicaciones, debidamente señalizadas y garantizando la protección de la
población civil, dentro de los plazos establecidos en la "Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción, tal como lo dispone el artículo 5º de la Ley 554
de 2000. Trasladar las minas antipersonales en cumplimiento del plan de
destrucción y exclusivamente con ese propósito. Retener, conservar y trasladar una
cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza
o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas, que no podrá exceder
de mil (1.000) minas. Si la mina antipersonal posee dispositivo anti-manipulación o
si se ha armado como trampa explosiva, la pena será de quince (15) a veinte (20)
años de prisión, la multa será de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones será de diez (10) a quince (15) años.

Artículo 367-B. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas
antipersonal. El que promueva, ayude, facilite, estimule o induzca a otra persona a

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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participar en cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 367-A del
Código Penal, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y en multa de
doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

De otro lado, mediante el Decreto 2150 de 2007 el Observatorio de Minas
Antipersonal se transformó en el Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal (PAICMA), con funciones específicas de formulación y
ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la Acción Integral
contra Minas Antipersonal (AICMA).

Por otra parte, el desminado humanitario referido en el artículo 4º de la Convención
se ejecutó entre los años 2003 y 2004 mediante el pelotón de Desminado
Humanitario del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía
Nacional. Esta Unidad desarrolló la destrucción de los campos minados instalados
en las bases militares y de los arsenales que se encontraban almacenados 78. En
este sentido, el Estado colombiano cumplió los compromisos derivados del Artículo
4 del Tratado de Ottawa.

Frente a la implementación del artículo 5º de la Convención, esto es, la destrucción
de minas antipersonal en zonas minadas, durante la primera década de
implementación de la Convención 2001-2011, Colombia desarrolló la Política
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, contenida en el documento
CONPES 3567 de 200979, donde estableció las principales acciones para el periodo
2009-2019, dirigido al desarrollo humano, socioeconómico y sostenible de las
comunidades que se ha visto obstaculizado por la contaminación del territorio con
este tipo de artefactos explosivos.

Asimismo, antes del 1 de marzo de 2011, fecha límite para el cumplimiento de las
obligaciones del artículo 5, Colombia finalizó el despeje de los campos minados
ubicados alrededor de 35 bases militares y, por otro lado, incluyó la acción integral

78 Actas de destrucción del Programa Presidencial de DH y Aplicación del DIH – Observatorio de

Minas Antipersonal del 26 de junio de 2003, 30 de octubre de 2003, 1º de marzo de 2004, 15 de abril
de 2004, 31 de mayo de 2004, 16 de julio de 2004, 31 de agosto de 2004, 20 de octubre de 2004 y
24 de octubre de 2004. http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/convencion-de-ottawa.
79 http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/Documents/Conpes_3567_2009.pdf

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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contra minas antipersonal como uno de los temas fundamentales del Plan Nacional
de Desarrollo para el periodo 2010 – 201480.

Sin embargo, el 5 de agosto de 2010, ante la complejidad de la problemática
colombiana, cuya contaminación por minas antipersonal deriva del accionar de
grupos armados al margen de la ley que plantan en las diversas regiones del
territorio nacional, de manera continua e indiscriminada, artefactos explosivos
improvisados que funcionan como minas antipersonal, el Estado colombiano se vio
en la necesidad de solicitar una extensión al plazo previsto en el artículo 5º de la
Convención, para identificar y eliminar las áreas minadas por los grupos armados al
margen de la ley81.

Fue así como la reunión de los Estados Parte de la Convención acordó acceder a
la solicitud de ampliación del plazo para completar la destrucción de minas
antipersonal presentada por Colombia hasta el 1 de marzo de 2021, considerando
comprensible que el Estado colombiano hubiera pedido el tiempo máximo disponible
dada la magnitud del problema de contaminación conocido o sospechado. Al
respecto se observó que el Estado colombiano no contaba con la información
completa sobre la ubicación de las áreas afectadas con minas antipersonal, lo cual
era necesario para definir con precisión el nivel y la naturaleza de la contaminación
por minas y el plan de limpieza.

Ahora bien, pese a que durante el periodo 2010 – 2020 se presentaron algunos
avances en materia de desminado, lo cierto es que Colombia continúa enfrentando
una grave situación de contaminación derivada del uso de minas antipersonales de
naturaleza improvisada por parte de grupos armados organizados al margen de la
ley. Por ello, atendiendo a lo dispuesto en el Plan Estratégico 2020 – 2025 y en
consideración a que el plazo previsto en el año 2010 para la destrucción de minas
fenecía en 2021, el Estado se vio en la necesidad de solicitar una nueva extensión

80 Informe de 30 de noviembre de 2010, en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención

Sobre la Prohibición de Minas Antipersonal en Ginebra.
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/convencion-de-ottawa
81 Solicitud de extensión a los plazos previstos en el artículo 5 de la convención sobre la prohibición

del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, y sobre su
destrucción.
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/convencion-de-ottawa

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del término al tenor de lo establecido en el artículo 5º de la Convención, para efectos
de adelantar la destrucción de estos artefactos en áreas minadas y así satisfacer el
objetivo de lograr un mundo libre de minas, mediante la ejecución total del plan
operativo de desminado humanitario82.

En su solicitud de extensión, Colombia propuso un plazo de 4 años y 10 meses
adicionales, contados desde el 1º de marzo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2025, y estableció las metas de limpieza para el periodo de acuerdo con la
capacidad nacional existente y en sintonía con el Plan Operativo de Desminado
Humanitario 2020-2025. La solicitud de extensión fue aprobada por los Estados
Parte en el marco de la 18 Reunión llevada a cabo en noviembre de 202083.

Adicionalmente, se tiene que la Acción Integral contra Minas Antipersonales
(AICMA), fue incorporada dentro del capítulo XI del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual pretende la ejecución
de labores de desminado humanitario en virtud de los términos aprobados por los
Estados Parte en el artículo 5º de la Convención de Ottawa.

Siendo esto así, es dable concluir que el Estado se encuentra en ejecución de la
destrucción de minas antipersonal en áreas minadas, impuesta por el artículo 5º
dentro del término dispuesto para su cumplimiento, conclusión que deviene acorde
con lo previsto mediante sentencia de unificación en materia de minas
antipersonales, proferida el 7 de marzo de 2018 por la Sección Tercera de esta
Corporación, la cual señala:

“[…] el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal-PAICMA, en el marco de la décima reunión de
Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una extensión de diez
años para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de desminado
humanitario contenidas en el artículo 5 de la Convención, plazo que le fue concedido
a Colombia, hasta el 1° de marzo de 2021.

16.4. De modo que, no es posible afirmar que el Estado ha incumplido los
compromisos pactados en el tratado de Ottawa, de “destruir, o asegurar la

82 Informe de 30 de abril de 2022, de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/convencion-de-ottawa
83 Informe de 30 de abril de 2022, de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/convencion-de-ottawa

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destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que
estén bajo su jurisdicción o control” (artículo 5), ya que dicha obligación se haría
exigible a partir de la fecha en mención.

16.5. Vale la pena mencionar, que esta Corporación en sede de tutela , decidió
amparar el derecho al debido proceso de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, por considerarlo infringido con ocasión del fallo emitido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, con fecha del 10 de abril de 2014, mediante el cual se
condenó a esa entidad por las lesiones sufridas por un particular con una mina
antipersonal, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda,
evento que de acuerdo con el Tribunal contravino los artículos 4º y 5º de la
Convención de Ottawa, sobre la obligación a los Estados partes de destruir o
asegurar la destrucción de las minas antipersonal que se encuentren en su territorio,
o al menos delimitar y señalar las zonas en las cuales se establezca la posible
existencia de dichos artefactos. […]

16.6. Fue así como el juez de tutela concluyó que la responsabilidad del Estado
por la omisión de desminar el territorio colombiano no se podría hacer efectiva sino
una vez se cumpliera la extensión del plazo de 10 años adicionales otorgado a
Colombia, razón por la cual la sentencia del Tribunal adolecía de graves yerros: […].

16.7. Distinto el caso cuando se pretende declarar la responsabilidad del Estado
por el daño causado por una mina antipersonal de fabricación industrial instalada
por el mismo Ejército Nacional en alguna de las 35 bases militares “de interés
estratégico para la seguridad nacional”.

16.8. No se debe perder de vista que, la Ley 554 de 2000, que entró en vigor el 1º
de marzo de 2001, contempló en el artículo 5 el plazo de 10 años para desminar la
totalidad del territorio puesto bajo su jurisdicción, el cual venció el 1 de marzo de
2011, y que, respecto de la obligación de limpiar las bases militares de las minas
instaladas por el mismo Ejército, Colombia no solicitó plazo adicional alguno.

16.9. De modo que, el Estado se vería en la obligación de reparar los daños
ocasionados con las minas antipersonal ubicadas en las bases militares, i) en fechas
anteriores al plazo fijado por la Convención de Ottawa para erradicarlas, en atención
al riesgo al que él mismo sometió a la víctima de sufrir un accidente con la
detonación del artefacto o por la falla en el servicio ante la omisión de proteger a su
propio personal o civiles que ingresaran a la base militar y ii) una vez cumplido dicho
plazo, pues se habría configurado una falla en el servicio por la inobservancia del
deber contenido en la Convención y la ley que la ratificó.

[…]

19.2. Sin embargo, no deben desconocerse los plazos establecidos para llevar a
cabo la obligación de desminar todo el territorio colombiano, como se explicó más
arriba, así como las variables que entran en juego en la priorización de los
municipios objeto de acciones de desminado humanitario al interior de las distintas
comisiones interdisciplinarias que intervienen en esta toma de decisiones, […]."84

Ahora bien, como medida de construcción de paz, el 26 de septiembre de 2016 se
celebró entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP el “Acuerdo Final para la

84 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de7 de marzo de 2018, Rad.: 34359.

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terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual
incluyó la Acción Integral contra Minas Antipersonal con perspectiva de
estabilización y como medida de atención a las comunidades vulnerables.

6.4. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco
del Acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera

En el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una
paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de la
República de Colombia y las FARC, las partes reconocieron la reparación de las
víctimas como unos de sus principios angulares de la siguiente forma: “[…] El
reconocimiento de responsabilidad: Cualquier discusión de este punto debe partir
del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos
a intercambiar impunidades” 85.

Así, en armonía con los compromisos internacionales en materia de Derechos
Humanos, el Acuerdo de Paz trascendió a los simples efectos políticos y tiene una
decidida repercusión jurídica relevante86 de cara al restablecimiento de los derechos
de las víctimas como ciudadanos titulares de derechos, efecto jurídico internacional

85 Acuerdo de Paz. Punto 5. “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, pág. 124. Páginas adelante

las partes reiteran ese compromiso al referirse al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición, así:
“El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con
derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio
de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera
directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves
violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de no intercambiar impunidades,
teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los
que se contempla que “deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible”.
(Resaltado propio). Acuerdo Final, Acápite 5.1 “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición”, pág. 127. Y en desarrollo de tal idea rectora el párrafo segundo del artículo 1° del
Acto Legislativo 01 de 2017 prescribe: “El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de
las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena
sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes
participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera
en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición” (…).
86 Cfr., Sobre el efecto político y jurídico del componente de “víctimas” del Acuerdo Final,

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de convencionalidad. Bogotá, Universidad
Externado de Colombia. 2017, págs. 166-193.

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e interno del que goza el Acuerdo Final como lo ha entendido la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En efecto, la sentencia C-630 de 201787 proferida por la Corte Constitucional, que
examinó la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 201788, precisó que i) debe
existir una conexidad entre las normas y las leyes de implementación con el Acuerdo
Final y concordancia con los fines que éste persigue; ii) existe la obligación de
implementar e incorporar al derecho interno el Acuerdo de Paz, siendo esa una
“obligación de medio, esto es, de llevar a cabo los mejores esfuerzos para cumplir
con lo establecido en el Acuerdo Final, entendido como política de Estado (…)”, iii)
el deber de guardar coherencia implica que el Estado dé cumplimiento de buena fe
con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, para lo cual “goza de un margen
de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello, en el marco de lo
convenido, bajo el principio de progresividad” y iv) la incorporación del Acuerdo
Final al ordenamiento jurídico “exige su implementación normativa por los órganos
competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución
para ello”.

En similar sentido, el Consejo de Estado en la providencia de 2 de agosto de 2017,
se pronunció sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz a la luz del derecho
internacional y determinó que le correspondía al juez de lo contencioso
administrativo, como juez de convencionalidad, asumir tres ejercicios
hermenéuticos en relación con dicho Acuerdo, a saber: i) interpretación conforme;

87 Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017. A la fecha de esta decisión la Corte no ha
publicado oficialmente el texto íntegro de la Sentencia, por lo que las glosas anotadas se elaboraron
con base en el Comunicado de Prensa No. 51 de 11 de octubre de 2017 de esta Corporación.
Información disponible en el siguiente enlace web:
http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2051%20comunicado%2011%20de%20o
ctubre%20de%202017.pdf
88 Acto Legislativo 02 de 11 de mayo de 2017. Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo

artículo transitorio así: Artículo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera,
firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional
humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución y aquellos conexos con los
anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez
de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las
disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de
cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de
todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su
interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando
los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

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ii) integración normativa; y, iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos
convencionales89.

Así, es que dada la naturaleza de las obligaciones estatales de prevención,
protección y garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
e infracciones al derecho internacional humanitario, visto el efecto jurídico del
Acuerdo Final, el reconocimiento genérico de responsabilidad que en él han
realizado los actores del conflicto armado, el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo afirmó que en casos por transgresiones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario el pronunciamiento que haga el
operador judicial sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al tiempo,
la que le corresponda al Grupo Armado Insurgente FARC por la comisión de dichas
infracciones90.

89 “4.3.- De lo expuesto, deviene inexorable considerar los aspectos regulados en el Acuerdo Final a

la luz de la estructura de derecho internacional que se invoca como fuente de justificación y
legitimidad de cuanto se ha pactado allí; esa referencia copiosa, además, opera como parámetro de
validez normativa que vincula y se extiende a las autoridades estatales que en el marco de los
procedimientos de implementación, interpretación o aplicación del Acuerdo Final tengan interacción
con alguno de tales tópicos.
4.4.- Expresión concreta, más allá de lo retórico, encuentra en los siguientes criterios: (i)
Interpretación conforme. Deber de otorgar a las disposiciones del Acuerdo Final aquella
interpretación que de mejor manera se ajuste a los principios, estándares y mandatos
convencionales, lo que, correlativamente, impone ajustar los sentidos interpretativos que pugnan con
aquellos, pues la protección jurídica de los derechos y libertades a la luz del Acuerdo no puede ser
inferior a aquellos; de ser así ese déficit de protección debe ser superado por vía de la interpretación
conforme a cargo del operador jurídico89, permitiendo que el efecto útil de los principios, estándares
y mandatos convencionales opere, como se sigue de las reglas de interpretación dispuestas en el
artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (ii) integración normativa. Asumir
como solución a las lagunas que se adviertan en el Acuerdo Final la aplicación de los principio,
estándares, y mandatos convencionales con el fin de lograr la plena eficacia de los derechos
tutelables, la coherencia y solución armónica de las cuestiones abordadas en el mencionado
Acuerdo; (iii) prevalencia de los principios, estándares y mandatos convencionales Privilegiar, en
situaciones de antinomia entre el texto del Acuerdo Final y los principios, estándares y mandatos
convencionales, las prescripciones que emanan de este último, en tanto que es precisamente el
sistema de referencia sobre el que se ha estructurado el Acuerdo, siendo verdad que su pretensión
de legitimidad emana más que de las formalidades a las que fue sometido a su capacidad para
responder, a la luz de las exigencias convencionales, como herramienta jurídica al servicio de la
consolidación de los deberes generales de respeto y garantía de los derechos y libertades, como
base razonable para la adopción de disposiciones de derecho interno que hagan efectivo el goce de
aquellos89 y como acuerdo político capaz de establecer cimientos sólidos para la adopción de
mecanismos de justicia transicional en el marco de una sociedad que ha sufrido el conflicto y graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario 89” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo. Decisión de Ponente de 2 de agosto de 2017, Expediente 25000-
23-26-000-2017-00025-01 (Habeas Corpus).
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948 (A). Sobre este punto resaltó: “[…] entonces, dada la
naturaleza de las obligaciones estatales de prevención y garantía de las víctimas de graves
violaciones, visto el efecto jurídico del Acuerdo Final el reconocimiento genérico de responsabilidad
que en él han realizado los actores del conflicto armado y considerando la realidad probatoria del

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Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Se trata de concretar, entonces, en cada caso, el alcance de ese reconocimiento
jurídico de responsabilidad por las acciones adelantadas en el marco del conflicto
armado interno, toda vez que las FARC se reconoció como organización o sujeto
colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos violatorios
de las normas de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.

Precisamente, el Acuerdo Final reconoció a las FARC como un colectivo u
organización que, trascendiendo a la individualidad de sus integrantes, con
intereses intersubjetivos compartidos por esa agrupación, respondía a una
organización jerárquicamente dispuesta, con cierta permanencia en el tiempo y un
considerable tamaño en cuanto hacia el número de sus integrantes y presencia
territorial; colectivo al que se le han reconocido, por virtud de ese Acuerdo Final,
ciertos derechos o beneficios dirigidos al cese definitivo del conflicto armado en
Colombia.

No obstante, el Acuerdo Final tiene un marcado enfoque de protección de los
derechos de las víctimas y esa consideración no puede ser ajena a ninguna de las
partes del conflicto. En ese orden de ideas, consecuencia de lo estipulado en el
Acuerdo Final, se puede pregonar que las FARC, como organización y parte
firmante del Acuerdo de Paz, es sujeto pasible de imputación de responsabilidad,
no solo en términos individuales –cuestión de la que se ocupará la Jurisdicción
Especial para la Paz como componente de justicia del SIVJRNR creado en el
Acuerdo-, sino también como sujeto colectivo que, por la vía de acciones
intencionales en el conflicto armado interno, actuó como un aparato organizado de
poder irregular e ilegal, puesto que las acciones violentas desplegadas por quienes
pertenecían a esa organización no obedecían a un querer motu proprio de cada
miembro, sino a diversos planes dispuestos y/o fijados por los mandos o dirigentes
medios y altos de ésta para el logro de sus cometidos comunes por la vía del
alzamiento en armas bajo la instrumentalización de ejecutores materiales.

caso, es criterio de esta judicatura que en casos como el sub judice el pronunciamiento que haga el
juez sobre la responsabilidad del Estado debe comprender, al tiempo, la que corresponda al Grupo
Armado Insurgente FARC por la comisión de violaciones graves a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario”.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Esta postura halló sustento en el margen de apreciación del que gozan las
autoridades91 respecto de la implementación, interpretación y aplicación del
Acuerdo Final y se ajusta al derecho a la verdad que le asiste a todas las víctimas
toda vez que éstas cuentan con el derecho inalienable a conocer, con fuerza de
verdad judicial, en la mayor medida de las posibilidades, quiénes fueron los
partícipes, cuáles fueron los móviles y los pormenores que rodearon la violación a
sus derechos; también se corresponde con el derecho a la justicia, en tanto que por
esa vía la autoridad judicial no solo identifica la totalidad de los actores que, por
acción u omisión, intervinieron en la violación de derechos humanos sino que, aún
más importante, declara que los mismos son jurídicamente responsables por tales
conductas o, lo que es lo mismo, se impone un reproche jurídico a la conducta de
los responsables por ser violatorio del orden jurídico convencional, constitucional o
legal, integralmente considerado; por contera, lo dicho también se aviene al derecho
a obtener justas reparaciones de cuenta de los responsables.

Una declaración en tal sentido no implica trasgresión alguna de las competencias
que corresponden a otras autoridades, por cuanto la misma no pretende tener el
efecto ni el alcance propio de un juicio de reproche penal ni de orden transicional,
pues i) no se trata de un pronunciamiento de responsabilidad personal, sino
colectivo; ii) no se están empleando, al efecto, las categorías dogmáticas propias
del derecho penal, sino que su fundamento normativo se ubica en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; y,
iii) naturalmente a la declaración de responsabilidad que se hace no se sigue la
imposición de una pena o sanción, pues el deber de indemnizar que surge con la
declaratoria de responsabilidad civil o administrativa no se asemeja a un castigo
sino a la justa expectativa que se desprende de habérsele comprobado a un sujeto
ser partícipe o causante de los daños inferidos a una persona que fue víctima de
graves violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional
humanitario.

Y si bien la persecución contra la impunidad debe hacerse por “todos los medios
legales disponibles”, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los

91 Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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derechos de las víctimas del conflicto armado se extinga con la muerte de quien (o
quienes) se dicen son los presuntos penalmente responsables de tales violaciones
a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es así,
que resulta pertinente destacar que, si bien la muerte del presunto transgresor pone
fin a la persecución de la acción penal, lo cierto es que dicha situación no impide
que se imparta justicia a la organización y/o colectivo que consintió, planeó y
materializó el ilícito, ello, como clara manifestación de lograr justicia ante las graves
violaciones a los derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional
humanitario.

Ello es así, adicionalmente, por cuanto la implementación de programas
administrativos de reparación de víctimas a cargo del Estado, o la declaratoria
judicial de responsabilidad patrimonial y administrativa del Estado, en los términos
del artículo 90 de la Constitución Política, tampoco eliminan la obligación jurídica de
responder y resarcir a quienes se vieron agraviados con la ejecución de tan viles
crímenes, máxime si se considera, como ya se dijo, que esas violaciones han
ocurrido dentro de un contexto de conflicto armado interno no siendo, pues, actos
anecdóticos o accidentales.

Debido a su importancia, conviene subrayar que si bien el Estado adquiere
obligaciones especiales para con las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos e infracción al derecho internacional humanitario, a las que bajo ninguna
consideración puede renunciar, dichos deberes de modo alguno pueden sustituir
aquellos que pesan sobre el agente violador y/o infractor de derechos humanos
respecto de su víctima, pues, como conforme se previó en el Acuerdo Final: “En el
marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición todos
quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuirlo a
repararlos”92, de ahí que compete a cada responsable asumir las consecuencias por
sus actos violatorios, bien sea a nivel colectivo o personal93.

92 Acuerdo Final. Punto 5.1.3.2. “Acciones concretas de contribución a la reparación”, pág. 178.
93 “la impunidad debe ser erradicada mediante la determinación de las responsabilidades tanto
generales –del Estado- como individuales – penales y de otra índole de sus agentes o de
particulares-. En cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos, de
facto y de jure, que mantengan la impunidad”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso
Anzualdo Castro Vs Perú, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 125. En el mismo sentido
Caso Radilla Pacheco Vs México, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 212.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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En virtud de lo anterior, la reparación a las víctimas resulta trascendental, no solo
por las ya resaltadas finalidades que pretende el Acuerdo Final, sino también por la
suerte de reconocimiento, por parte del Estado, respecto de los actos desplegados
por las FARC, al haber acordado por la vía de la negociación, la trasformación de
esa organización de una agrupación insurgente a una organización política ubicada
en el marco de legalidad.

Lo dicho anteriormente no supone, entonces, que con ese acto el Estado deba
asumir la responsabilidad que le puede corresponder a esa organización por la
comisión de sus actos transgresores, pero sí que ello le involucra jurídicamente en
lo que atañe a asegurar a las víctimas su plena reparación, en el marco de ese
régimen jurídico de transición, mediante instrumentos legales conducentes a exigir
de las FARC su responsabilidad y la consiguiente reparación de los reprochables
daños causados por ella, como organización.

Dicho de otro modo, el paso a la luz de la legalidad de las FARC no la desvincula
jurídicamente, en manera alguna, de sus actos pasados ni del conjunto de
violaciones a las víctimas, pues bajo ninguna consideración el Acuerdo Final puede
ser considerado como un “reparto de impunidades”, como bien lo consignaron las
partes en el punto quinto del Acuerdo94.

Justamente, debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto
y Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor normativo en sí
mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-
332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos no dependen
exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes que lo
suscribieron.

No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-
EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.

94 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de mayo de 2018, Rad. 33948.

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Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han ceñido
al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los principios
del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el
Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y
demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y
pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.

En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción
de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta vinculante para las
partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo exigible frente a ellas,
en los mismos términos en los que se firmó.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 9 de abril de
2015, por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, el Ejército Nacional manifestó que los daños
reclamados no le eran imputables, porque ellos se produjeron en razón al riesgo
voluntario que los uniformados asumieron cuando ingresaron a la institución.
Asimismo, afirmó que no se probó la falla del servicio que le fue atestada, ni el
vínculo causal entre esta y, la muerte y las lesiones de los soldados. Igualmente,
refirió que en el presente caso no le asistía responsabilidad, porque el hecho lesivo
provino del actuar exclusivo y determinante del “grupo terrorista de las ONT –
FARC”. Finalmente, destacó que comoquiera que no se acreditaron los elementos
constitutivos de responsabilidad, no procedía el reconocimiento de ninguno de los
perjuicios solicitados por los demandantes.

En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo pasivo presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 9 de abril de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil, exclusivamente habrá lugar a resolverse los cargos

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
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formulados contra la decisión recurrida. Al efecto, es pertinente reiterar que esta
Corporación en sentencia de 14 de mayo de 2014, dispuso lo siguiente:

“[…] La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante; sin
embargo, constituye un requisito indispensable de ella que el apelante, en
cumplimento de la exigencia de sustentar el recurso, precise cuáles son los errores
que merecen ser analizados por el ad quem y por qué sus argumentaciones son la
razón y la evidencia que permite corregir o variar la decisión adoptada, pues, de lo
contrario, la segunda instancia se queda sin herramientas o elementos de juicio que
le permitan revisar lo acertado o no de la providencia apelada, así como saber con
certeza en qué consiste la inconformidad del apelante con ella y, por lo mismo, se
le deja sin la orientación que requiere para revisar y decidir si tal providencia merece
ser modificada o, incluso, revocada (…) Como se puede observar, la recurrente no
esgrime puntualmente ninguna razón de inconformidad en relación con el fallo de
primera instancia y, en esa medida, la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor
sobre la decisión objeto de apelación (…)Así las cosas para el despacho es claro
que no se satisfacen las exigencias de las normas atrás citadas, en particular las
del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se confirmará
la sentencia apelada”95

Es más, sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación,
la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012 96,
unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto
o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda
inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está
llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio
dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta Sección en aquella oportunidad:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –
y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen
en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como
el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
“las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan
la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
‘tantum devolutum quantum appellatum’.

95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de

mayo de 2014, expediente No. 31.469.
96 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.

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Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es
absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones
que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a
través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales
que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no
obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento
de su inconformidad para con la decisión censurada”

En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el
recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión
judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez
de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al
superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia; pero
al mismo tiempo se protege el derecho del apelante único a no ser desmejorado en
su situación favorable, de conformidad con el artículo 357 del C.P.C.:

“Conviene puntualizar que la no reformatio in pejus –al igual que ocurre con la casi
totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y
tutela– no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra,
al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i).- En primer
lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en
perjuicio o en desmedro del apelante sólo tiene cabida cuando la impugnación
respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede
comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los
cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal,
pero interpuestas por personas que aunque diferentes entre sí, en realidad comparten
un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis
(demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como
impugnaciones únicas; ii).- En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos
casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los
cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión
de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” [artículo
357, inciso final, C. de P. C.] (…).”97

En vista de lo expuesto, a continuación, se analizará si el Ejército Nacional es
patrimonialmente responsable por la muerte de los uniformados Julián Fernando
Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro, así como por las lesiones
sufridas por los soldados Maxs Hernando Estupiñán Marín y Lewis Díaz Abonía,

97 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.

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debido a los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2008 en el municipio de Toribio
(Cauca). No se analizará la causación de los daños reclamados por los
demandantes, por cuanto el Tribunal Administrativo del Cauca los tuvo por
acreditados y frente a ello ninguna de las partes formuló reparo alguno.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuales con los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que la Sección Tercera de esta
Corporación98 ha establecido que los informes militares y de policía se presumen
auténticos, en tanto “el documento público, es decir aquel que es expedido por
funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención
(artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente
a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada
mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.”99. Es
así como la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la certeza que
se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No obstante, lo
anterior, como lo que discute en el presente asunto litigioso es, precisamente, la
actuación del Ejército Nacional reportada en unos informes militares, su alcance
probatorio se sujetara a la valoración integral de los medios de convicción
decretados y practicados en el proceso.

A su turno, es del caso advertir que a las fotografías aportadas por la parte
demandante100 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta
Sala101, conforme al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil 102, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron

98 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente:19056.
99 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente:19056.
100 Fl. 36 a, C.1.
101 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832
102 Normatividad que hoy se encuentra en el artículo 244 del Código General del Proceso.

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tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue
presentado, este no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fue efectuado, pues las imágenes
fotográficas carecen de georreferenciación y de otros datos que indiquen el
momento, lugar y tiempo en los que se realizaron e igualmente tampoco puede
establecerse si corresponden al momento y al lugar en donde ocurrieron los hechos
que aquí se debaten.

Finalmente, es pertinente recordar que según el artículo 185 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas
practicadas válidamente en un proceso pueden trasladarse a otro en copia y son
apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y
testimoniales trasladadas del proceso disciplinario tramitado por la oficina de control
disciplinario interno del Batallón de Infantería No. 8 del Ejército Nacional,
adelantando en contra de los uniformados Ricardo Vélez Vega y Aldinever Restrepo
Pérez103, por cuanto estas se solicitaron por las partes y, fueron debidamente
decretadas y allegadas al proceso, de manera que ambas partes conocieron su
contenido y contaron con la oportunidad para ejercer el derecho de contradicción
frente a las mismas.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se acreditó que el soldado profesional Julián Fernando Hurtado Hurtado,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.390.624, integraba el Batallón de
Infantería No. 2 del Ejército Nacional. De esta información da cuenta copia auténtica

103 C.5, C6, C.7.

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de la certificación del 4 de noviembre de 2008, suscrita por el jefe de personal del
referido Batallón104.

7.1.2. Se probó que el soldado profesional Jaime de Jesús Romero Castro,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.046.745, integraba el Batallón de
Infantería No. 2 del Ejército Nacional. De esta información da cuenta copia auténtica
de la certificación del 4 de noviembre de 2008, suscrita por el jefe de personal del
referido Batallón105.

7.1.3. Consta que el soldado profesional Lewis Díaz Abonía, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 10.741.200, integraba el Batallón de Infantería No. 2 del
Ejército Nacional. De esta información da cuenta copia auténtica de la certificación
del 4 de noviembre de 2008, suscrita por el jefe de personal del referido Batallón106.

7.1.4. Se demostró que el soldado profesional Maxs Hernando Estupiñán Marín,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.536.076, integraba el Batallón de
Infantería No. 2 del Ejército Nacional. De esta información da cuenta copia auténtica
de la certificación del 4 de noviembre de 2008, suscrita por el jefe de personal del
referido Batallón107.

7.1.5. Consta que el 1º de mayo de 2008, el Batallón de Infantería No. 8 – “Batallón
Pichincha” del Ejército Nacional, emitió la Orden de Operación No. 005 “Soberanía
2008” – Misión táctica MONGUI108, en la que se dispuso, entre otras más, lo
siguiente:

“[…] ENEMIGO: Las organizaciones narcoterroristas de las FARC, en cabeza de la
columna móvil Jacobo Arenas que delinquen en los municipios de Caloto, Santander
de Quilichao, Jambaló, Toribio y Suárez, están en capacidad de alentar acciones
terroristas en contra de la población civil, contra la fuerza pública y, contra la
infraestructura el Estado reflejado en el secuestro, extorsión, boleteo, retención ilegal
de personas y vehículos, quema de vehículos, asaltos de población, instalación de
campos minados, plan pistola, emboscadas a las patrullas del Ejército y Policía,
asalto a puestos de Policía y unidad militares, voladuras de torres, etc.

104 Fl. 214, C.3.
105 Fl. 215, C.3.
106 Fl. 217, C.3.
107 Fl. 217, C.3.
108 Fl. 21 a 27, C.1.

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[…]

El Batallón de Infantería No. 8 Batallón Pichincha con las compañías […] Búfalo 1, 2
y 3 […] efectúan a partir del día operaciones de combate en las áreas rurales de
Jamundí – Toribio […], contra las ONT – FARC, en especial contra el Sexto Frente y
Columna Jacobo Arenas con el fin de neutralizar su capacidad armada, financiera,
logística y capturar o en caso de resistencia armada neutralizar a los narcoterroristas
de estas estructuras que delinquen en el sector antes mencionado.

[…]

Compañía Búfalo 1 – 2 – 3

Efectúa patrullajes permanentes con sus seis pelotones en los sectores del municipio
de Toribio, en las veredas […].

[…]

Instrucciones de coordinación:

1. Adelantar maniobras de búsqueda y provocación cerca al área objetivo para
establecer contacto con los narcoterroristas.
2. Se deben efectuar registros en cada uno de los puntos críticos reconocidos
durante el movimiento táctico motorizado, así como los puntos críticos que a
criterio del comandante se presenten durante el movimiento pedestre.
3. Durante el movimiento táctico motorizado se debe aplicar la técnica de avance por
saltos vigilados, de igual forma en todo momento deben ir los vehículos carpados.
4. El personal que va en la cabina debe ir de civil, y debe ser un soldado que este
en capacidad de reemplazar al conductor.
5. Los comandantes en todos los niveles deben ir en la parte trasera del vehículo.
6. En todo momento se debe conservar la cadena de custodia, no se debe manipular
el material recuperado o las evidencias.
7. En el sector y en las viviendas si se encuentran niños, estos pueden ser utilizados
por los bandidos como escudos humanos, se deben extremar las medidas de
seguridad para no atentar contra la vida e integridad del personal civil en especial
del niño y personal en estado de indefensión.
8. Los comandantes deben dar órdenes claras y precisas al personal de
soldados con el fin de no cometer errores que coloquen en riesgo la vida e
integridad.
9. El comandante es el único que ordena cuando abrir fuego con las armas de
dotación por parte del Estado contra un objetivo militar.
10. El fuego únicamente se dirige a un objetivo militar.
11. En todo movimiento que se realice, prima la integridad de los miembros de
los hombres.
12. En necesario dar buen trato a la población civil, el trato debe ser cordial buscando
el acercamiento con los moradores de la región y convertirlos en miembros de la
red de cooperantes.
13. Prohibido evacuar cuadros y soldados del área de operaciones por vía terrestre.
Estos movimientos cuando se presenten serán coordinados directamente por
intermedio del BIPIC.
14. El empleo del IOC durante la operación, será de obligatorio cumplimiento.
15. Se debe incrementar la inteligencia de combate en el área de operaciones, de ella
depende los resultados.
16. Garantizar la protección de la población civil, especialmente cuando se presente
situaciones de combate.

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17. Se debe buscar en todo momento el mínimo efecto de la acción de las tropas,
contra la población civil y sus recursos.
18. La unidad debe prever helipuertos para abastecimientos y evacuaciones y
disponer de todas las medidas de comando y control necesarias para los
procedimientos de embarque, desembarque y evacuaciones.
19. TODO DESPLAZAMIENTO A PIE, debe efectuarse mediante INFILTRACIÓN
NOCTURNA, sin importar el tiempo que requiera el movimiento, recordando
siempre que este se realiza SIGILOSAMENTE, con el fin de cumplir la misión,
aplicando las RESPECTIVAS TÉCNICAS: (Avance – Avance vigilado – Saltos
vigilados), con la probabilidad de establecer contacto o combate con el
enemigo, y al aplicar CORRECTAMENTE estos procedimientos, le permitirán
a la patrulla o contraguerrilla la habilidad de VER y CONTROLAR.
20. Durante una infiltración, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:
• Evitar ser detectado, por la población civil.
• La ruta seleccionada, debe permitirle cubierta, protección, fácil control y
navegación
• En caso de dispersión de la patrulla o contraguerrilla, se deben designar sitios
o PUNTOS DE REORGANIZACIÓN de la patrulla, a lo largo de la ruta,
teniendo en cuenta que deben ser FÁCIL DE ENCONTRAR y brinden
PROTECCIÓN Y CUBIERTA, EVITANDO ESCOGER SITIOS COMO
CAMINOS, TROCHAS, CORDILLERAS O CASAS.
• Antes de realizarse un MOVIMIENTO A PIE, debe efectuarse un
RECONOCIMIENTO de la ruta a seguir EN LA CARTA.
• Las ARMAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO, durante un desplazamiento,
NUNCA pueden ir a la cabeza de la patrulla o contraguerrilla.
• Si durante el movimiento o infiltración se presenta contacto con el enemigo,
entre otros, se deben ser los siguientes pasos: i) el personal debe
desequipararse, lo más rápido posible; ii) Identificar la posición del enemigo y
disparos sobre ella, con un buen volumen de fuego; iii) El personal que entre
en contacto, debe mantenerlo, tratando de aferrar al enemigo al terreno; iii) El
personal que no halla (sic) entrado en el contacto, debe efectuar una maniobra
ENVOLVENTE, para contrarrestar cualquier acción del enemigo.
• Se debe avanzar hacia las posiciones enemigas, mediante el FUEGO y LA
MANIOBRA, aprovechando el terreno.
• Deben tenerse los radios QAP, en INFORMAR al Comando Superior la
situación.
• Si se pierde el contacto, se debe efectuar un registro en forma PERIMÉTRICA,
con el fin de encontrar las huellas o la dirección del enemigo
21. Todas las operaciones y acciones de combate que sean necesarias para el
cumplimiento de la misión se realizarán de acuerdo con lo establecido en la
Constitución y los establecidos en el DIH, DDHH y DICA.
22. Está totalmente prohibido el transporte de personal y/o material del BILOP, que
salen a cumplir la presente orden de operaciones en vehículos civiles
intermunicipales y urbanos, así mismo queda prohibido que el personal conduzca
vehículos durante el desplazamiento.
23. Uno de los principales obstáculos que pueden encontrar las tropas en sus
movimiento motorizado o pedestre, lo constituyen los campos minados, las
tropas deben utilizar los equipos y medios suministrados por el comando
superior; especial atención, emplear el personal instruido sobre el manejo
de explosivos. Se le recuerda que estos campos minados deben ser
destruidos empleando cargas dirigidas. No está autorizado desactivar A.E.I.
(artefactos explosivos improvisados como minas, granadas artesanales,
cilindros, etc., se deben destruir).

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24. Los narcoterroristas que resulten dados de bajo por acciones del BIPIC, deben
ser plenamente identificados para evitar suplantación (tomar fotografías – videos
y constancias escritas a los moradores de la región.
25. La moral y capacidad ofensiva de las tropas del BIPIC, recae sobre el liderazgo
que ejerzan los Comandantes Subalternos, quienes deberán ser motivados por el
Comandante del Batallón.
26. Especial atención se debe tener, en el manejo de personal retenido, debe traer un
informe del motivo de su captura, que indique lugar, fecha y hora exacta de la
captura, para ser evacuado en las aeronaves debe ser esposado.
27. Se debe ejercer control permanente sobre el personal, en todos los niveles de
mando, para evitar accidentes fuera de combate (tiros idos –) y riñas internas que
causen pérdidas irreparables dentro de los integrantes de la Patrulla.
28. Todos los puntos críticos que se encuentren en el área deberán ser registrado en
su totalidad, durante el desplazamiento motorizado en la ruta restablecida.
29. Una vez las unidades estén en los sitios ordenados está rotundamente
prohibido el uso de carreteras, caminos, trochas o senderos para efectuar
los desplazamientos estos deben efectuarse a campo traviesa.
30. Las Unidades que desarrollan la presente ORDOP deben tener en cuenta y aplicar
las políticas del Comando Superior, respecto a la aptitud netamente ofensiva
contra las OAML (ONT-FARC-ELN-AUC-NARCOTRÁFICO-DELINCOMUN), sin
omitir ninguna norma que cobija toda manifestación delincuencial, evitando a toda
costa cualquier tipo de vínculo entre los miembros de la institución con estos
grupos al margen de la ley, pues de lo contrario esto le acarreara problemas de
tipo jurídico, por tal motivo se debe combatir las AUC, con igual manejo que a
cualquier organización terrorista. De igual manera se recuerda la obligación de
denunciar en caso de tenerse conocimiento de cualquier clase de relación de
personal de las patrullas con miembros de las AUI o cualquier otro grupo
delincuencial al margen de la Ley.
31. Se debe aplicar normas de D. I. H., D. H. Y DICA con el personal Civil y el
enemigo.
32. Incrementar la inteligencia de combate y tener en cuenta las características
especiales en las operaciones ofensivas, de excelente inteligencia, planeamiento,
conducción y dirección.
33. Esta operación debe ser planeada y conducida en forma contundente, explotando
el principio de sorpresa, con el fin de obtener un éxito total.
34. Las unidades deben reportarse al término de cada fase.
35. Cuando se efectúen desplazamientos durante el desarrollo de la operación bajo
ningún motivo se deben realizar en forma aislada, tiene que existir en forma
permanente apoyo mutuo y moverse por tramos entre los pelotones.
36. Se deben garantizar las comunicaciones en todo momento; los reportes deben
ser puntuales al COT (cada hora a las en punto).
37. Las unidades fundamentales podrán efectuar operaciones de destrucción,
limpieza, desinfección, patrullajes ofensivos y persecución como un todo.
38. Las unidades son netamente móviles por lo cual en la noche efectúan
movimientos nocturnos para desubicar al enemigo.
39. Los radios se utilizarán únicamente para aspectos operacionales.
40. PROHIBIDO PERNOCTAR EN ESTACIONES DE POLICIA (ACTIVADAS O
ABANDONADAS), ESCUELAS, CASAS, O IGLESIAS.
41. Las unidades deben enfocar un esfuerzo principal a la inteligencia de combate.
42. Se hace necesario extremar las medidas de contrainteligencia
(compartimentación), para evitar la fuga de información.
43. Antes de iniciar el desplazamiento las unidades deben efectuar un ensayo de
reacción y contraataque para evitar ser sorprendidos por el enemigo.

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44. Por ningún motivo se hará uso de las armas hasta tanto no esté plenamente
identificado el objetivo, o se ponga en peligro la seguridad de la patrulla.
45. Los comandantes en todos los niveles deben ejercer estricto control y
cumplimiento con el personal bajo su mando, tanto operacional como
disciplinariamente.
46. Se debe hacer uso adecuado del I.O.C. y del código de identificación de tropas.
47. Se debe poner en práctica el decálogo de seguridad con las armas de fuego.
48. Si algún comandante del nivel que sea propone o dispone actos contrarios
a los legalmente establecidos, el subalterno no está obligado a seguirlo y si
lo hace incurrirá en igual falta o delito que el comandante.
49. Se deben hacer registros en los puntos críticos, tanto en los movimientos
motorizados como en los movimientos a pie.
50. El comandante de la unidad que ejecuta la presente orden de operaciones debe
efectuar las coordinaciones necesarias con tropas de Ejército, Policía Nacional y
demás organismos de Seguridad del Estado que se encuentren en la ruta de
desplazamiento o sector donde se ejecutarán las misiones.
51. Las unidades deberán efectuar maniobras de engaño en el área.
52. La tropa no debe dejarse manipular por los colaboradores de la población civil
para cometer atropellos contra la población civil y sus propiedades.
53. LAS UNIDADES COMPROMETIDAS EN LA MISIÓN DEBEN RESTRINGIR LOS
MOVIMIENTOS DIURNOS Y HACER USO MÁXIMO DE LAS HORAS
NOCTURNAS.
54. El comandante antes de iniciar el desplazamiento debe coordinar puntos de
control para lograr que el desplazamiento se efectúe sin novedad.
55. Para cualquier procedimiento legal, administrativo, disciplinario o policial se debe
dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.
56. Cualquier duda que surja debe ser consultada con el Comando del Batallón en
cuanto a procedimientos y actividades a realizar. Recuerde es mejor que escape
un delincuente y no que muera un inocente
57. TODO DESPLAZAMIENTO A PIE debe efectuarse mediante INFILTRACIÓN
NOCTURNA, sin importar el tiempo que requiera el movimiento, recordando
siempre que este se realiza SIGILOSAMENTE, con el fin de cumplir la misión
aplicando las RESPECTIVAS TÉCNICAS (Avance - Avance vigilado) con la
probabilidad de establecer contacto o combate con el enemigo y al aplicar
CORRECTAMENTE estos procedimientos, le permitirán a la patrulla o
Contraguerrilla la habilidad de poder VER Y CONTROLAR” (Se resalta)

7.1.6. Está probado que, el 21 de mayo de 2008, los soldados profesionales Julián
Fernando Hurtado Hurtado, Jaime de Jesús Romero Castro, Lewis Díaz Abonía y
Maxs Hernando Estupiñán Marín, adscritos al pelotón No. 2 de la compañía Búfalo
del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se encontraban en desarrollo de la
misión táctica MONGUI. De esta información da cuenta el informe del 22 de mayo
de 2008, suscrito por el 2º comandante del Batallón de Infantería No. 8 del Ejército
Nacional – Batallón Pichincha109.

109 Fl. 144 a 145, C.1.

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7.1.7. Se acreditó que, en desarrollo de la citada operación, los referidos
uniformados “cayeron en un campo minado activado por control remoto por las ONT
– FARC, causándoles graves lesiones”. De esta información da cuenta el informe
del 22 de mayo de 2008, suscrito por el 2º comandante del Batallón de Infantería
No. 8 del Ejército Nacional – Batallón Pichincha110 y el radiograma operacional de
esa fecha, suscrito por el TC Diego José Guarín Sandoval111. En el último de los
documentos se señala lo siguiente:

“[…] Material expl. Halló y/o activó en campo traviesa – Tipo: mina explosivos por
acción de: control remoto. En desarrollo de misión táctica MONGUI, cayeron en
campo minado colocado por el sexto frente ONT FARC 4 soldados y el sargento”

7.1.8. Se probó que, como consecuencia de ese lamentable hecho, ese mismo día
fallecieron los soldados profesionales Julián Fernando Hurtado Hurtado, Jaime de
Jesús Romero Castro. De esa información da cuenta el informe del 22 de mayo de
2008, suscrito por el 2º comandante del Batallón de Infantería No. 8 del Ejército
Nacional – Batallón Pichincha112, los correspondientes informes administrativos por
muerte113 y su respectivo registro civil de defunción114. En los referidos documentos
se lee:

Informe del 22 de mayo de 2008, suscrito por el 2º Comandante del Batallón de
Infantería No. 8 del Ejército Nacional – Batallón Pichincha:

“[…] Con toda atención y de manera respetuosa me permito informar al señor
Brigadier General Comandante de la Tercera Brigada, sobre los hechos ocurridos el
21 de mayo de 2008 en el municipio de Toribio (Cauca), en donde un personal de
soldados de esta Unidad cayó en un campo minado, así:

El 21 de mayo de 2008, a las 06:30 am, cuando se desplazaban por las coordenadas
02 57 32 – 5616, el pelotón cayó en un campo minado instalado por las ONT FARC.

A causa de la gravedad de las heridas, falleció inicialmente el soldado SLP. ROMERO
y posteriormente el SLP HURTADO”

110 Fl. 144 a 145, C.1.
111 Fl. 209, C.2.
112 Fl. 144 a 145, C.1.
113 Fl. 120 C.3 y Fl. 257, C.4.
114 Fl. 6, C.3. y Fl. 6, C.4.

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Informe administrativo por muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado:

“[…] el día 21 de mayo de 2008, siendo las 6:00 horas aproximadamente, en
coordenadas Nos. 02 57 32 – 5616, los bandidos de las FARC instalaron un campo
minado tipo camándula, con 5 artefactos explosivos, los cuales los accionaron
simultáneamente […] La operación que se efectuó fue un movimiento a pie ordenado
por el señor oficial S3 del Batallón, se debía llegar de un sitio denominado las Antenas
a otro cercano al municipio de Toribio, para posteriormente, reclamar los víveres de
abastecimiento que se encontraba en la estación de Policía.

Dice el señor sargento al pedirme recomendación, le dije que saliéramos a las 2:00
am para llegar temprano a las coordenadas, por último, le dijo el sargento teniente
que salieran a las 5:00 horas después de que terminará el programa con el señor
mayor S3, pero el señor teniente VEGA VÉLEZ RICARDO, toma la decisión de salir
a las 6:00, llevaban más o menos unos 40 minutos aproximadamente cuando
sucedieron los hechos. En la evacuación falleció el SLP. HURTADO HURTADO
JULIÁN FERNANDO, CC 16.930.624”

Informe administrativo por muerte de Jaime de Jesús Romero Castro:

“[…] el día 21 de mayo de 2008, siendo las 6:00 horas aproximadamente, en
coordenadas Nos. 02 57 32 – 5616, los bandidos de las FARC instalaron un campo
minado tipo camándula, con 5 artefactos explosivos, los cuales los accionaron
simultáneamente […] La operación que se efectuó fue un movimiento a pie ordenado
por el señor oficial S3 del Batallón, se debía llegar de un sitio denominado las Antenas
a otro cercano al municipio de Toribio, para posteriormente, reclamar los víveres de
abastecimiento que se encontraba en la estación de Policía.

Dice el señor sargento al pedirme recomendación, le dije que saliéramos a las 2:00
am para llegar temprano a las coordenadas, por último, le dijo el sargento teniente
que salieran a las 5:00 horas después de que terminará el programa con el señor
mayor S3, pero el señor teniente VEGA VÉLEZ RICARDO, toma la decisión de salir
a las 6:00, llevaban más o menos unos 40 minutos aproximadamente cuando
sucedieron los hechos. En la evacuación falleció el SLP. ROMERO CASTRO JAIME
DE JESÚS, CC. 76.046.745”

7.1.9. Se probó que, por los mismos hechos, resultaron heridos los uniformados
Lewis Díaz Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín. De dicha información da
cuenta el informe del 22 de mayo de 2008, suscrito por el 2º comandante del
Batallón de Infantería No. 8 del Ejército Nacional – Batallón Pichincha115 y los
respectivos informes administrativos por lesiones116. En los referidos documentos
se lee:

115 Fl. 144 a 145, C.1.
116 Fl. 120 C.3 y Fl. 257, C.4.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Informe del 22 de mayo de 2008, suscrito por el 2º Comandante del Batallón de
Infantería No. 8 del Ejército Nacional – Batallón Pichincha:

“[…] Con toda atención y de manera respetuosa me permito informar al señor
Brigadier General Comandante de la Tercera Brigada, sobre los hechos ocurridos el
21 de mayo de 2008 en el municipio de Toribio (Cauca), en donde un personal de
soldados de esta Unidad cayó en un campo minado, así:

El 21 de mayo de 2008, a las 06:30 am, cuando se desplazaban por las coordenadas
02 57 32 – 5616, el pelotón cayó en un campo minado instalado por las ONT FARC.

Informe administrativo por lesiones de Maxs Hernando Estupiñán Marín:

“[…] el día 21 de mayo de 2008, siendo las 6:00 horas aproximadamente, en
coordenadas Nos. 02 57 32 – 5616, los bandidos de las FARC instalaron un campo
minado tipo camándula, con 5 artefactos explosivos, los cuales los accionaron
simultáneamente, dejando unos soldados heridos. El soldado profesional Estupiñán
Marín era el enfermero en combate, quien presentó un estrés postraumático”

Informe administrativo por lesiones de Lewis Díaz Abonía:

“[…] el día 21 de mayo de 2008, siendo las 6:00 horas aproximadamente, en
coordenadas Nos. 02 57 32 – 5616, los bandidos de las FARC instalaron un campo
minado tipo camándula, con 5 artefactos explosivos, los cuales los accionaron
simultáneamente, SLP DÍAZ ABONÍA LEVIS (SIC) […] La operación que se efectuó
fue un movimiento a pie ordenado por el señor oficial S3 del Batallón, se debía llegar
de un sitio denominado las Antenas a otro cercano al municipio de Toribio, para
posteriormente, reclamar los víveres de abastecimiento que se encontraba en la
estación de Policía.

Dice el señor sargento al pedirme recomendación, le dije que saliéramos a las 2:00
am para llegar temprano a las coordenadas, por último, le dijo el sargento teniente
que salieran a las 5:00 horas después de que terminará el programa con el señor
mayor S3, pero el señor teniente VEGA VÉLEZ RICARDO, toma la decisión de salir
a las 6:00, llevaban más o menos unos 40 minutos aproximadamente cuando
sucedieron los hechos.

7.1.10. Se demostró que, en fecha indeterminada, la oficina de control interno y
asesoría jurídica del Batallón de Infantería No. 8 del Ejército Nacional, inició una
investigación disciplinaria en contra de los uniformados Ricardo Vega Vélez y
Aldinever Pérez Restrepo, por los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2008. De esta
información da cuenta copia auténtica de la Resolución del 20 de enero de 2010,
emitido por la referida autoridad117.

117 Fl. 316 a 348, C.5.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

7.1.11. Se acreditó que, el 5 de marzo de 2009, la Junta Médica Laboral No. 29183
de la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional dictaminó una pérdida de
capacidad laboral del 41.73% a Lewis Díaz Abonía. De esta información da cuenta
copia auténtica del referido documento118.

7.1.12. Consta que, el 31 de agosto de 2009, la Junta Médica Laboral Provisional
No.32386 de la Dirección General de Sanidad del Ejército Nacional diagnosticó a
Maxs Hernando Estupiñán Marín con “trastorno de stress postraumático tratado con
psicoterapia y psicofármacos”. Por ello, se “hizo junta provisional por seis (6) meses,
tiempo al término del cual se rendirá el concepto de definitivo”. De esta información
da cuenta copia auténtica del acta de junta médica provisional No. 32386 del 31 de
agosto de 2009, emitida por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional119.

7.1.13. Se acreditó que, el 8 de septiembre de 2009, el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía del Ministerio de Defensa dictaminó una pérdida de
capacidad del 30.63% a Lewis Díaz Abonía. De esta información da cuenta copia
auténtica del referido documento120.

7.1.14. Se probó que, mediante Resolución del 20 de enero de 2010, la oficina de
control interno y asesoría jurídica del Batallón de Infantería No. 8 del Ejército
Nacional, halló disciplinariamente responsables a Ricardo Vega Vélez y Aldinever
Pérez Restrepo, por los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2008. Por lo anterior,
los sancionó con “suspensión de 8 y 7 días sin derecho a remuneración”,
respectivamente. De esta información da cuenta copia auténtica del referido acto
administrativo121.

118 Fl. 38 a 39, C.2.
119 Fl. 55 a 56, C.1.
120 Fl. 40 a 41, C.2. – El Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía resolvió, como
autoridad de última instancia, las reclamaciones y calificación de capacidad labora, así como la
clasificación de las lesiones o afecciones.
121 Fl. 316 a 348, C.5.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

7.2. Imputación frente al Ejército Nacional

En atención a los cargos formulados por el Ejército Nacional en el recurso de
apelación, es necesario determinar si los daños consistentes en: i) la muerte de
Julián Fernando Hurtado Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro y ii) las lesiones
padecidas por Lewis Díaz Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín, cuya
causación no fue cuestionada ni reparada por ninguno de los extremos que integran
la litis122, le son imputables a la institución castrense, así como si influyó otra causa
que incidió en los menoscabos reclamados.

Pues bien, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los cuales
ya se hizo un recuento en el capítulo de hechos probados, obra en el expediente la
declaración rendida por el uniformado Aldinever Pérez Restrepo123, quien afirmó ser
el mando de la primera escuadra del pelotón Búfalo cuando ocurrieron los hechos
aquí debatidos, en la que señaló que el 21 de mayo de 2008, la tropa se desplazaba
“con el fin de reclamar abastecimiento”. Asimismo, refirió que, si bien la orden
impartida por el oficial S3 era la de que los movimientos en la zona se “realizaran”
sólo en la noche, la escuadra se desplazó en el día porque “era un movimiento corto
o de pocas horas”. Además, advirtió que “el movimiento se coordinó con el
comandante de la compañía, el teniente Vega”. Finalmente, resaltó que después de
unos cuarenta minutos de desplazamiento, la escuadra “casi toda cayó en un campo
minado, quedando los soldados heridos”.

A su turno, el militar Ricardo Vega Vélez124, comandante de la Compañía Búfalo del
Batallón de Infantería No. 8 del Ejército Nacional, refirió que junto con el sargento
Pérez Restrepo, coordinaron que el 21 de mayo de 2008, una escuadra de la tropa
se desplazaría hacía Toribio (Cauca) para reclamar unos víveres. Indicó, además,
que “definimos que íbamos a salir a las 5:00 de la mañana debido a que ese día
había llovido harto y el terreno estaba complicado”. Sostuvo que, aunque el

122 Sobre los límites al recurso de apelación frente a la ausencia de reparos concretos sobre la

causación del daño: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Sentencias del 14 de junio de 2025, Rad. 69935, 14 de julio de 2025, Rad. 55619 y
del 11 de agosto de 2025, Rad. 56489.
123 Fl. 165 a 167, C.1.
124 Fl. 181 a 184, C.1.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

comando de operaciones impartió órdenes de que “los desplazamientos se deberían
hacer de noche”, el traslado se realizó en la mañana porque “el camino estaba muy
abrupto, complicado, se habían acabo los víveres e íbamos a reclamar el
abastecimiento”. Insistió desatendió la orden consistente en “salir en horas de la
noche” porque “un soldado de pronto se podía luxar o caer como ha ocurrido en
otras ocasiones”.

Finalmente, el soldado José Omar Bravo125, quien fue uno de los uniformados que
resultó herido en los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2008, refirió que, para esa
época, los comandantes de la compañía y del pelotón eran el teniente Vega y el
sargento Pérez, respectivamente. Destacó, además, que a las 5:30 horas del 21 de
mayo de 2008, se dirigían hacía Toribio “para abastecernos de víveres” y “cuando
íbamos bajando, nos activaron un campo minado, no sabíamos que eso estaba
minado”.

Pues bien, como Ricardo Vega Vélez, Aldinever Pérez Restrepo y José Omar Bravo
pertenecen al Ejército Nacional, entidad demandada en el presente proceso, en los
términos del artículo 217126 del Código de Procedimiento Civil su dicho resulta
sospechoso, dada su vinculación con la entidad referida, lo cual puede afectar su
credibilidad e imparcialidad. En ese orden, el artículo 218127 del Código de
Procedimiento Civil señala que el juez apreciará los testimonios sospechosos de
acuerdo con las circunstancias de cada caso y no puede desecharlos de plano, sino
que debe analizarlos con mayor rigurosidad128.

125 En la declaración, el uniformado adujo ser “SLP del Batallón de Infantería No. 8, Compañía Búfalo,

del Ejército Nacional”. Fl. 172 a 173, C.1.
126 “Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que, en

concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
127 “Artículo 218. Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez.

La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del
testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados
o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo
acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba. Cuando se trate de testigos sospechosos,
los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente
dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha
en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración. El juez
apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20262

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En ese sentido, se advierte que los testimonios tienen valor probatorio, porque a
pesar de la sospecha que pesa sobre ellos, se rindieron de conformidad con la
exigencias sustanciales y formales previstas para ello, no fueron tachados de falso
ni desvirtuados por ninguno de los extremos que integran la litis. Asimismo, las
declaraciones vertidas por los uniformados gozan de eficacia, porque fueron
uniformes y contestes al señalar que, pese a que el comando del Batallón ordenó a
los mandos de la compañía que los desplazamientos en la zona debían hacerse en
horario nocturno, lo cierto es que el 21 de mayo de 2008, unos soldados adscritos
a la misma se dirigían hacía Toribio (Cauca) en horas de la mañana para recoger
unos víveres y durante el traslado cayeron a un campo minado instalado por las
FARC.

Pues bien, en primer lugar, es importante destacar que aunque los daños que
resultan de la materialización de los riesgos a los que están expuestos los militares
y policías están cubiertos por un régimen prestacional especial, que opera en su
favor cuando estos sufren lesiones o mueren en cumplimiento de los actos propios
del servicio, denominada indemnización a forfait129, lo cierto es que no queda
excluida la posibilidad de atribuir responsabilidad extracontractual al Estado, cuando
se demuestra que el daño se causó por falla del servicio o por un riesgo
excepcional130, derivado de haberlo sometido a un riesgo diferente o superior al que
pudieren estar sometidos sus compañeros.

Bajo el anterior contexto, se evidencia que en el presente asunto el Ejército Nacional
incurrió en una falla del servicio que fue causa de los daños reclamados, pues los
mandos superiores de la Compañía desatendieron lo consignado en la orden No.
005 “Soberanía 2008” (hecho probado 7.1.5.) y lo impartido por el comando de
operaciones del Batallón Pichincha131, consistente en que, por la seguridad de los
uniformados, los desplazamientos debían llevarse a cabo en horario nocturno, lo
cual denota un incumplimiento a las medidas de prevención, precaución y de

129 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1996, Rad.: 10033.
130 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021,

Rad.: 47341.
131 Ello se puede corroborar con lo depuesto por los uniformados Ricardo Vega Vélez, Aldinever

Pérez Restrepo y José Omar Bravo en sus declaraciones.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

seguridad que habían sido previstas para los movimientos de la tropa en el marco
de la misión táctica MONGUI. Asimismo, porque inobservaron lo previsto en el
numeral 23 de la referida orden de instrucciones, en tanto se exigía del personal
militar un cuidado especial sobre la tropa que se desplazaba por el camino en el
que se hacia la infiltración de día mediante equipos y medios suministrados por el
comando superior, y con personal instruido sobre el manejo de explosivos.

Sobre el particular, debe advertirse que la orden de operaciones No. 005 del 1º de
mayo de 2008, señaló expresamente que: i) los comandantes debían dar órdenes
claras y precisar al personal de soldados, con el fin de no cometer errores que
pongan en riesgo su vida e integridad personal; ii) en todo movimiento realizado,
primaba la integridad de los miembro de la tropa; y iii) todos los desplazamientos a
pie debían efectuarse mediante infiltración nocturna, sin importar el tiempo que
requería el movimiento, lo cual en el presente caso no se cumplió, pues distinto a
ello y conforme a lo acreditado en el plenario, el 21 de mayo de 2008, los soldados
profesionales Julián Fernando Hurtado Hurtado, Jaime de Jesús Romero Castro,
Lewis Díaz Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín, adscritos al pelotón No. 2 de
la compañía Búfalo del Batallón Pichincha del Ejército Nacional, se desplazaban en
horas de la mañana hacía el municipio de Toribio (Cauca) para recoger unos víveres
en la estación de Policía (hecho probado 7.1.6) y durante esa operación, los
referidos uniformados “cayeron en un campo minado activado por control remoto
por las ONT – FARC”.

Lo anterior, permite constatar, sin lugar a dudas, que la desatención de la orden de
operaciones por parte del comandante de la misión devino en una conducta que
comportó un riesgo a los uniformados que hacían parte de la tropa, el cual se
concretó con la activación del campo minado por parte de las FARC cuando estos
se desplazaban por una zona fuera de los horarios definidos previamente por el
mando superior del Batallón, precisamente para evitar y mitigar los peligros a los
que estaban sometidos los uniformados.

Ahora bien, la valoración en conjunto de los medios decretados y practicados en el
proceso también permite concluir que, junto a la falla del servicio, que permite discernir
alguna culpa o negligencia en el cumplimiento de los deberes funcionales por parte

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

del Ejército Nacional, confluyó otra, aún más gravosa, que incidió en los daños sufridos
por los accionantes, pues el ilícito internacional cometido por las FARC fue
determinante en la producción del hecho lesivo, en tanto la siembra y activación de
las minas antipersona como mecanismo de guerra132 - que ha sido considerado una
grave afrenta al derecho internacional humanitario133 - fue un factor decisivo para
que el resultado gravoso se pueda concretar, de donde, esta concausa se estima
inescindible del daño, pues sin la siembra, ocultación y activación de minas
antipersona por parte de este grupo ilegal, en un sitio de tránsito probable de tropas,
con la intención de dañar a los transeúntes que pasaran por allí, no se habrían
consumado los daños reclamados en las demandas para lo cual colaboró la falta de
previsión de los comandantes de las tropas regulares a cargo del contingente que
transitó por la zona desatendiendo lo previsto en la orden de operaciones elaborada
para la misión táctica MONGUI y las órdenes impartidas por sus superiores.

Al respecto, debe señalarse que el “Protocolo II a la Convención sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, establece, entre
otras cosas: i) que cada parte contratante o parte de un conflicto es responsable de
todas las minas, armas trampa y otros artefactos que haya empleado; y ii) que está
prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas trampa u otros
artefactos, concebidos de tal forma o que sean de esta naturaleza, que causen
daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Asimismo, el artículo 4º del citado

132 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C 1076 del 5 de diciembre de 2002 advirtió lo

siguiente: “[…] la noción de crimen de guerra guarda una estrecha relación con los medios y métodos
de combate, vale decir, con las armas elegidas por los combatientes, la manera como éstas se
emplean y contra quienes se hace, las tácticas y estrategias seleccionadas para atacar al enemigo
o a quienes se consideran sus partidarios. De allí que los autores de esas atrocidades sean los
combatientes. Las víctimas, en la mayoría de los casos, serán entonces los miembros de la población
civil, aunque, se insiste, la noción de crimen de guerra abarca a los combatientes como sujetos
pasivos, en determinadas y precisas circunstancias.”
133 Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia – Sala de Amnistía o Indulto, providencia del

8 de agosto de 2019, Rad. SAI-AO1-010-2019. Sobre este punto, la citada providencia afirmó lo
siguiente: “[…] A partir de los elementos probatorios que obran en el expediente, la instalación que
vinculó al señor ACOSTA TAPIA se ejecutó en la Vereda Miraflores de la Selva en el mes de abril
de 2010, con la finalidad de evitar la erradicación de cultivos ilícitos. Fue durante una operación de
registro y control del área, y prestando seguridad a los erradicadores, que ocurrió la explosión de
una mina antipersonal, lesionando la integridad personal del soldado BASTIDAS OTAYA. En
entrevista rendida el 24 de julio de 2011 por el Subintendente del Ejército Nacional, Edwin Disney
Peña Rojas, afirmó que el soldado BASTIDAS OTAYA activó un iniciador eléctrico cuya onda
expansiva causó hemorragia en sus oídos y las esquirlas de barro impactaron sus ojos […] Como se
concluyó, la conducta por la cual fue condenado WILLIAM HUMBERTO ACOSTA TAPIA constituyó
una infracción a una norma del DIH consistente en emplear minas antipersonales”.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

instrumento internacional dispone que esta “prohibido el empleo de toda mina
antipersonal que no sea detectable”.

En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional, en la sentencia C-991/00
mediante la cual declaró exequible la Convención de Ottawa y su ley aprobatoria
(Ley 554 de 2000), estableció que el empleo de minas antipersonales es
incompatible con el Derecho Internacional Humanitario, pues desconoce los
principios relativos a la población civil y a la limitación de los medios y métodos de
combate para evitar males necesarios.

Dicho lo anterior, debe advertirse que, de conformidad con lo expuesto en el
radiograma operacional del 21 de mayo de 2008, así como en el informe del 22 de
mayo de esta misma anualidad, suscrito por el 2º comandante del Batallón de
Infantería No. 8 del Ejército Nacional – Batallón Pichincha, que se presumen
auténticos y no fueron desvirtuados en el proceso, El 21 de mayo de 2008, a las
06:30 am, cuando se desplazaban por las coordenadas 02 57 32 – 5616, el pelotón
cayó en un campo minado instalado por las ONT FARC.” (Se resalta).

Es así como, los medios de convicción decretados y practicados en el proceso
permitieron constatar que las FARC hacían uso habitual de ese medio ilícito de guerra
en la zona del país donde acaecieron los hechos, pues, no puede perderse de vista,
que la misma orden de operaciones “Soberanía 2008” señaló expresamente que “las
organizaciones narcoterroristas de las FARC […] están en capacidad de alentar
acciones en contra de la población civil, la fuerza pública y la infraestructura del país,
reflejado en […] instalación de campos minados” y “uno de los principales obstáculos
que pueden encontrar las tropas, lo constituyen los campos minados”, situación que
no debe pasarse por alto cuando se discute la responsabilidad patrimonial del
Estado, máxime en eventos como el que es objeto de análisis, en los que el

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

resultado de dicha conducta – que es considerada una grave afrenta al DIH134-135 –
se concretaron en unos daños.

Entonces, lo anterior permite colegir que la muerte de Julián Fernando Hurtado
Hurtado y Jaime de Jesús Romero Castro, así como las lesiones a Lewis Díaz Abonía
y Maxs Hernando Estupiñán Marín, se produjeron por dos causas, a saber: i) la
instalación y activación de un campo minado por miembros de las FARC y ii) las
irregularidades de los mandos superior de la Compañía Búfalo del Batallón
Pichincha Ejército Nacional encargados de la escuadra que resultó afectada,
durante el desplazamiento de la tropa llevado a cabo el 21 de mayo de 2008.

En definitiva, los daños sufridos se debieron a la conducta irregular e inconvencional
de las FARC y a la omisión de los miembros del Ejército Nacional. Precisamente,
debe reiterarse que junto a la omisión en que incurrió la institución castrense
confluyó otra, aún más intensa y gravosa, que incidió en la causación padecida por
el soldado profesional, pues, debe subrayarse, que la siembra de campos minados
y su activación como mecanismo de guerra, se erige como un ilícito internacional
en tanto constituye una grave afrenta al DIH.

134 Jurisdicción Especial para la Paz, Salas de Justicia – Sala de Amnistía o Indulto, providencia del

8 de agosto de 2019, Rad. SAI-AO1-010-2019. Sobre este punto, la citada providencia afirmó lo
siguiente: “[…] A partir de los elementos probatorios que obran en el expediente, la instalación que
vinculó al señor ACOSTA TAPIA se ejecutó en la Vereda Miraflores de la Selva en el mes de abril
de 2010, con la finalidad de evitar la erradicación de cultivos ilícitos. Fue durante una operación de
registro y control del área, y prestando seguridad a los erradicadores, que ocurrió la explosión de
una mina antipersonal, lesionando la integridad personal del soldado BASTIDAS OTAYA. En
entrevista rendida el 24 de julio de 2011 por el Subintendente del Ejército Nacional, Edwin Disney
Peña Rojas, afirmó que el soldado BASTIDAS OTAYA activó un iniciador eléctrico cuya onda
expansiva causó hemorragia en sus oídos y las esquirlas de barro impactaron sus ojos […] Como se
concluyó, la conducta por la cual fue condenado WILLIAM HUMBERTO ACOSTA TAPIA constituyó
una infracción a una norma del DIH consistente en emplear minas antipersonales”.
135 La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y

Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- señaló en providencia No. 102 del 11 de
julio de 2022135 que “el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios
para hacer la guerra no es ilimitado”. Así, frente al empleo de las minas antipersonales como
mecanismo de guerra, indicó que: “existen serias restricciones al empleo de minas antipersonales
por sus efectos indiscriminados y el tipo de afectaciones que producen respecto de las personas […]
e incluso, finalizados los conflictos armados, siguen ocasionando daños a personas civiles y
comunidades”.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En este orden de ideas, debe recordarse que, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 1571136 y 2344137 del Código Civil, existe solidaridad entre quienes
concurren en la producción del daño y el acreedor puede dirigirse contra todos los
deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin
que por este puede oponérsele el beneficio de la división.

Valga aclarar que en reciente jurisprudencia138 esta Subsección indicó que, por
efecto de la solidaridad, el resarcimiento de un hecho lesivo “se puede perseguir
frente a cualquiera de las personas que concurren a la causación del daño y por la
totalidad del monto” y “no impide la declaratoria de responsabilidad solidaria el
hecho de que todas las personas que infieren el daño estén o no demandadas en
el proceso, ya que por efectos de la misma institución jurídica de la solidaridad basta
con que se encuentre uno de los causantes del daño como litisconsorte de la parte
pasiva, lo que no obsta para que este se subrogue en los derechos de la víctima y
solicite el reembolso de lo pagado en el monto correspondiente a su deudor
solidario”. Es así como, bajo las reglas de la solidaridad, basta que uno de los
causantes del daño se encuentre vinculado como litisconsorte de la parte pasiva
para que proceda la condena, sin que ello obste para una vez realizado el pago,
este se subrogue y solicite el reembolso de lo pagado - en el monto correspondiente
• a su codeudor solidario.

Ahora bien, la condena que se impondrá a la Nación – Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional será por la totalidad de los perjuicios ocasionados a los
demandantes, pues en el presente proceso no se demandó a las FARC como
organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico
por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH y debe recordarse que,
según lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, “Si de un delito o culpa ha

136 Artículo 1571 del Código Civil “Solidaridad pasiva. El acreedor podrá dirigirse contra todos los

deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este puede
oponérsele el beneficio de la división”.
137 “Artículo 2344. Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más

personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo
delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por
dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso”.
138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 23 de agosto 2024, Rad. 64260. Reiterado en las sentencias del 18 de junio de 2025,
Rad. 66137 y 37980, proferidas por la misma Subsección.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente
responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa”. Es decir, debido
a la existencia de solidaridad entre los sujetos, la sentencia afecta a todos aquellos
involucrados en la causación del daño de modo que, como ocurre en el presente
caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional tiene la potestad de
repetir en contra de estos – las FARC – a efectos de solicitar las sumas de dinero
desembolsadas por el concepto de la condena aquí impuesta139.

En todo caso, es importante recalcar que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
1579140 y 1668141 del Código Civil, una vez el deudor solidario pague la condena
quedará subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.

Es así que, una vez la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pague la
condena que aquí se imponga, deberá repetir contra las FARC como organización
o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar reproche jurídico por los actos
violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra el fondo constituido por el
Gobierno Nacional para estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 1579 y 1668 del Código Civil, las obligaciones adquiridas por las FARC
para la reparación de víctimas en el punto No. 5 del Acuerdo Final para la

139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 24 de abril de 2024, Rad. 55722.
140 Artículo 1579: “El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los

medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga
este codeudor en la deuda. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre
sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán
considerados como fiadores. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los
otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de
la solidaridad”.
141 Artículo 1668: “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del

acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio: 1) Del acreedor
que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón a un privilegio o hipoteca; 2) Del que habiendo
comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble esta hipotecado;
3) Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente; 4) Del heredero
beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia; 5) Del que paga una deuda
ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente por el deudor; 6) Del que ha prestado dinero al deudor
para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura
pública del pago al haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero”.

68

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y lo
establecido en los artículos 3142, 4143 y 5144 del Decreto 903 de 2017145.

8. Liquidación de perjuicios

A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios teniendo en cuenta
exclusivamente la tipología de aquellos solicitados en cada una de las demandas y
concedidos por el a quo. Ello se realizará de esta manera, pues una eventual
condena no puede hacer más gravosa la situación del apelante único, en atención
al principio de non reformatio in pejus.

Por otra parte, debe advertirse que la liquidación de perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante en favor del núcleo familiar de los soldados fallecidos,
así como de los uniformados lesionados, seguirá los criterios fijados en la reciente
sentencia de unificación del 26 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Tercera de la Corporación146.

8.1.- Frente a la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado

8.1.1.- En la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a Cecilio Hurtado Viafara, Zoraida Hurtado

142 Artículo 3: “FONDO DE VÍCTIMAS. Créese un patrimonio autónomo del Departamento
Administrativo de la Presidencia que servirá de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales
monetizados y no monetizados inventariados. En contrato fiduciario se indicará los términos de la
administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio de su cargo, y los criterios
que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba. El Fondo referido será
gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno
Nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La administración del fondo fiduciario lo hará la entidad
que defina el Gobierno nacional conforme a la normativa aplicable. Facúltese al Gobierno nacional
para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al
patrimonio autónomo”.
143 Artículo 4: “Finalidad del Fondo. Con los bienes y activos incluidos en el inventario se procederá

a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación y la
implementación de los programas contemplados […] en el Acuerdo Final”.
144 Artículo 5: “Derecho de las víctimas. La puesta en marcha de las medidas contempladas en esta

norma no podrá suponer limitación, anulación o restricción de los derechos actualmente adquiridos
de las víctimas”.
145 Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a

disposición de las FARC – EP.
146 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de

Unificación SUJ – 3 002-3-2025 del 26 de noviembre de 2025, Rad.: 66841.

69

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

(madre), Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado, Yudi Mariana Hurtado Vásquez y, Cristian
Eduardo, Yani Yulieth, Miguel Ángel, Juan Andrés, Dora Alicia y Jorge Luis Hurtado
Hurtado.

A su turno, se advierte que el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció por este
concepto las sumas de 100 SMLMV para Zoraida Hurtado, Cecilio Hurtado Viafara,
Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez; y de 50 SMLMV
para Cristian Eduardo Hurtado Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel
Hurtado Hurtado, Juan Andrés Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado, Dora
Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis Hurtado Hurtado.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014147, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos

Igualmente, en lo que refiere a la prueba del perjuicio los parámetros
jurisprudenciales previeron que se requeriría la prueba del estado civil o de la
convivencia de los compañeros con la cual se acreditaría la relación afectiva en los
niveles 1º y 2º de relación de cercanía afectiva y, en consecuencia, se presumiría el
perjuicio moral. Para los niveles 3, 4 y 5 advirtieron que se requeriría la prueba de
la relación afectiva y del perjuicio moral, que en estos niveles no se presume.

147 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

70

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

En este sentido, de conformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, se acreditó que Cecilio Hurtado Viafara y Zoraida Hurtado eran los padres
de Julián Fernando Hurtado Hurtado, así como que Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado
y Yudi Mariana Hurtado Vásquez eran sus hijos, y Cristian Eduardo Hurtado
Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado Hurtado, Juan Andrés
Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado, Dora Alicia Hurtado Hurtado y Jorge
Luis Hurtado Hurtado, sus hermanos. De esta información dan cuenta copia
auténtica de sus correspondientes registros civiles de nacimiento.

Bajo el anterior contexto, la Sala confirmará lo decidido por el tribunal de primera
instancia en el sentido de reconocer, por perjuicios morales, 100 SMLMV para
Zoraida Hurtado, Cecilio Hurtado Viafara, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi
Mariana Hurtado Vásquez; y de 50 SMLMV para Cristian Eduardo Hurtado Hurtado,
Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado Hurtado, Juan Andrés Hurtado
Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado, Dora Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis
Hurtado Hurtado.

8.1.2.- En la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar, por “daño
a la vida de relación”, 1000 SMLMV a Zoraida Hurtado, Jhoimer Yesid Hurtado
Hurtado y Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

A su turno, se advierte que el a quo reconoció por “alteración a las condiciones de
existencia” 50 SLMV a Zoraida Hurtado, Jhoimer Yesid Hurtado Hurtado y Yudi
Mariana Hurtado Vásquez.

Ahora bien, con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios
reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de
perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados148, que establece la
compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación
no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano. Sin
embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de una

148 Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto

de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.

71

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima
directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles
para consolidar la reparación integral del daño149.

Así pues, habida cuenta que el reconocimiento pecuniario por afectación relevante
a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se reservó
única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente no resulta
procedente la indemnización del perjuicio invocado, toda vez que los demandantes
acuden a la jurisdicción en calidad de víctimas de rebote o indirectas, y no de
directos damnificados.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará el reconocimiento de perjuicios por “daño
a la alteración de las condiciones de existencia” ordenado por el tribunal y, en su
lugar, negará la indemnización de dicho perjuicio.

8.1.3.- Finalmente, en la demanda se solicitó la indemnización por concepto de
perjuicios materiales, a título de lucro cesante, por la suma de $346.000.000 para
Zoraida Hurtado, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Mariana Hurtado Vásquez.

A su turno, el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció por este concepto las
sumas de $86.286.401 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y $86.408.130 para
Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

Ahora bien, sobre el lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de
la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el hecho
lesivo, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización a título de lucro cesante, éste debe

149 Ibidem.

72

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

ser cierto y existente150, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales lícitos, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que, a consecuencia del daño, los demandantes dejaron
de percibir el salario sustento del núcleo familiar.

Por otra parte, para liquidar este concepto debe aplicarse la jurisprudencia de la
Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los padres
contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los
25 años151 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del
artículo 411 del Código Civil152, presunción de hombre que, desde luego, es
susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Entonces, el reconocimiento del lucro cesante se efectuará a favor de los hijos de
la víctima. Para el efecto, se dividirá el ingreso base de liquidación que corresponde
a la suma de $646.100 en dos partes iguales, a lo que adicionará un 25% por
concepto de prestaciones y se descontará un 25% que es lo que se presume la
víctima utilizaba para sus gastos personales. En tal virtud, el ingreso base de
liquidación corresponde a la suma $605.719, rubro que al ser actualizado arroja
como resultado la suma de $1.350.022.

Ahora, para la distribución entre los beneficiarios con derecho, se deben tener en
cuenta tres (3) periodos indemnizatorios, a saber:

i) Primer periodo: este periodo se encuentra comprendido desde el día del
fallecimiento de Julián Fernando Hurtado Hurtado (21 de mayo de 2008) y la fecha
de esta sentencia (9 de diciembre de 2025).

Para calcular el lucro cesante consolidado durante este periodo se utilizará la
siguiente fórmula:

150 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 1º

de marzo de 2006, Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007, Rad.: 15989.
151 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
152 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.

73

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $1.350.022 (1+ 0,004867) 210,3 - 1
0,004867

S = $492.659.810,73

Según lo expuesto, se evidencia que por el lucro cesante consolidado entre el día
del fallecimiento de Julián Fernando Hurtado Hurtado (21 de mayo de 2008) y la
fecha de esta sentencia (9 de diciembre de 2025), corresponden las sumas de
$246.329.905,36 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y $246.329.905,36 para Yudi
Mariana Hurtado Vásquez.

ii) Segundo periodo: este periodo se encuentra comprendido desde la fecha en
que fue aprobada esta sentencia 9 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2032,
día en que Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado cumplirá 25 años.

Para calcular el lucro cesante futuro durante este periodo se utilizará la siguiente
fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1 + i)n

S = $675.011 (1+ 0,004867) 73,6 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 73.6

S = $41.672.186,35

Según lo expuesto, se evidencia que, por el lucro cesante futuro, desde el día
siguiente a la fecha de esta sentencia hasta la fecha en que Jhoiner Yesid Hurtado
Hurtado cumplirá 25 años de edad corresponde una indemnización equivalente a la
suma de $41.672.186,35 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado.

iii) Tercer periodo: este periodo se encuentra comprendido desde la fecha en
que fue aprobada esta sentencia 9 de diciembre de 2025 y el 15 de marzo de 2032,
día en que Yudi Mariana Hurtado Vásquez cumplirá 25 años.

74

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Para calcular el lucro cesante futuro durante este periodo se utilizará la siguiente
fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1 + i)n

S = $675.011 (1+ 0,004867)74,6 - 1
0,004867 (1+ 0,004867)74,6

S = $42.142.091,79

Según lo expuesto, se evidencia que, por el lucro cesante futuro, desde el día
siguiente a la fecha de esta sentencia hasta la fecha en que Yudi Mariana Hurtado
Vásquez cumplirá 25 años corresponde una indemnización equivalente a la suma
de $42.142.091,79 para Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

En definitiva, por concepto de lucro cesante corresponde las sumas de
$288.001.491,71 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y $288.471.997,15 para Yudi
Mariana Hurtado Vásquez.

8.2.- Respecto a la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro

8.2.1.- En la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios morales, 200 SMLMV para María Beatriz Ruíz Carabalí y Liliana Romero
Ruiz.

A su turno, se observa que el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció por este
concepto la suma de 100 SMLMV para cada una de las demandas.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014153, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:

153 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.

75

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)

Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos

Igualmente, en lo que refiere a la prueba del perjuicio los parámetros
jurisprudenciales previeron que se requeriría la prueba del estado civil o de la
convivencia de los compañeros con la cual se acreditaría la relación afectiva en los
niveles 1º y 2º de relación de cercanía afectiva y, en consecuencia, se presumiría el
perjuicio moral. Para los niveles 3, 4 y 5 advirtieron que se requeriría la prueba de
la relación afectiva y del perjuicio moral, que en estos niveles no se presume.

En este sentido, de conformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, se acreditó que María Beatriz Ruiz Carabali y Liliana Romero Ruíz, eran la
compañera permanente y la hija del soldado profesional Jaime de Jesús Romero
Castro.

En ese sentido, se confirma lo resuelto por el a quo en el sentido de reconocer, a
título de perjuicios morales, 100 SMLMV para María Beatriz Ruiz Carabali y 100
SMLMV para Liliana Romero Ruíz.

8.2.2.- En la demanda se solicitó la indemnización por concepto de perjuicios
materiales, a título de lucro cesante, las sumas de $120.000.000 para María Beatriz
Ruiz Carabalí y $80.000.000 para Liliana Romero Ruíz. A su turno, el Tribunal
Administrativo del Cauca reconoció por este concepto las sumas de $103.793.863
para María Beatriz Ruíz Carabalí y $80.000.000 para Liliana Romero Ruíz.

Pues bien, como se indicó precedentemente, se entiende por lucro cesante la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el hecho

76

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

lesivo, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.

Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización a título de lucro cesante, éste debe
ser cierto y existente154, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales lícitos, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que, a consecuencia del daño, los demandantes dejaron
de percibir el salario sustento del núcleo familiar.

Por otra parte, para liquidar este concepto debe aplicarse la jurisprudencia de la
Corporación en la que se ha reconocido la presunción según la cual los padres
contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos alcanzan los
25 años155 en virtud de la obligación alimentaria contenida en el numeral 2 del
artículo 411 del Código Civil156, presunción de hombre que, desde luego, es
susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Finalmente, se deben tener en cuenta los dos criterios que la Sección Tercera de
esta Corporación ha tenido para conceder el lucro cesante en favor del cónyuge y/o
compañero permanente de la víctima, en caso de muerte, a saber, i) cuando es
posible inferir que debido a su estado de necesidad, el solicitante estaba recibiendo
una suma de dinero, de manera periódica, proveniente de la persona que falleció157;
es decir, en los eventos en los que se acredita la dependencia económica del
cónyuge y/o compañero permanente, de lo cual se infiere que la víctima hubiese
destinado un porcentaje de sus ingresos para su sostenimiento, de forma continua,
hasta el instante de su muerte; y ii) en el evento de que sigan con vida los

154 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 1º

de marzo de 2006, Rad.: 17256 y del 21 de mayo de 2007, Rad.: 15989.
155 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 18 de marzo de 2010. Rad.: 17047, en

Antología Jurisprudencias y Conceptos, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, disponible en
https://bit.ly/3qFJI0n
156 “Artículo 411. Se deben alimentos: […] 2. A los descendientes”.
157 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 30 de marzo de 2017, exp. 29.937, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de
noviembre de 2018, exp. 44.141; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 12 de agosto de 2019, exp. 50.699 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 46.996.

77

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

beneficiarios directos de la contribución -en dinero o en especie- que la persona
fallecida suministraba al hogar.

Entonces, el reconocimiento del lucro cesante se efectuará a favor de la cónyuge e
hija de la víctima. Para el efecto, se dividirá el ingreso base de liquidación ($646.100)
en dos partes iguales, a lo que adicionará un 25% por concepto de prestaciones y
se descontará un 25% que es lo que se presume la víctima utilizaba para sus gastos
personales. En tal virtud, el ingreso base de liquidación corresponde a la suma
$605.719, rubro que al ser actualizado arroja como resultado la suma de
$1.350.022.

Ahora, para la distribución entre los beneficiarios con derecho, se deben tener en
cuenta tres (3) periodos indemnizatorios, a saber:

i) Primer periodo: este periodo se encuentra comprendido desde el día del
fallecimiento de Jaime de Jesús Romero Castro (21 de mayo de 2008) y la fecha de
esta sentencia (9 de diciembre de 2025).

Para calcular el lucro cesante consolidado durante este periodo se utilizará la
siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i

S = $1.350.022 (1+ 0,004867) 210,3 - 1
0,004867

S = $492.659.810,73

Según lo expuesto, se evidencia que por el lucro cesante consolidado entre el día
del fallecimiento de Julián Fernando Hurtado Hurtado (21 de mayo de 2008) y la
fecha de esta sentencia (9 de diciembre de 2025), corresponden las sumas de
$246.329.905,36 para María Beatriz Ruíz Carabalí y $246.329.905,36 para Liliana
Romero Ruíz.

78

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

ii) Segundo periodo: Se tiene como periodo indemnizable desde la fecha en que
fue aprobada esta sentencia (9 de diciembre de 2025) hasta la vida probable del
mayor de los conyugues, es decir, de la señora Ruíz Carabalí quien, para la época
tiene 46 años y tres meses, es decir, 552 meses. La expectativa de vida, entonces,
corresponde a 32.64 años158, es decir, 391.68 meses.

Para calcular el lucro cesante futuro durante este periodo se utilizará la siguiente
fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1 + i)n

S = $675.011 (1+ 0,004867) 391.68 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 391.68

S = $117.982.384,63.

Según lo expuesto, se evidencia que, por el lucro cesante futuro, desde el día
siguiente a la fecha de esta sentencia hasta la fecha probable de vida de María
Beatriz Ruíz Carabalí corresponde una indemnización equivalente a
$117.982.384,63 para María Beatriz Ruíz Carabali.

iii) Tercer periodo: este periodo se encuentra comprendido desde la fecha en que
fue aprobada esta sentencia (9 de diciembre de 2025) y el 1 de diciembre de 2032,
día en que Liliana Romero Ruíz cumplirá 25 años.

Para calcular el lucro cesante futuro durante este periodo se utilizará la siguiente
fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1 + i)n

S = $675.011 (1+ 0,004867) 83,8 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 83,8

S = $46.359.835,61

158 De esta información da cuenta la Resolución 1112 del 29 de junio de 2007, expedida por la

Superintendencia Financiera de Colombia.

79

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

Según lo expuesto, se evidencia que, por el lucro cesante futuro, desde el día
siguiente a la fecha de esta sentencia hasta la fecha en que Liliana Romero Ruíz
cumplirá 25 años corresponde una indemnización equivalente a la suma de
$46.359.835,61 para Liliana Romero Ruíz.

En definitiva, por concepto de lucro cesante corresponde las sumas de
$364.312.289,99 para María Beatriz Ruíz Carabalí y $292.689.740,97 para Liliana
Romero Ruíz.

8.3.- Respecto a las lesiones de Lewis Díaz Abonía

8.3.1.- En la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a Lewis Díaz Abonía, Melanie Díaz Carabali,
María Aurora Abonía, Álvaro Díaz Colorado, Esneda María Banguero Viafara, Elis
María Abonía, Lina María Díaz Abonía, Rocío Díaz Díaz y Jesús Hernán Díaz Díaz.
A su turno, el tribunal reconoció por dicho concepto 60 SMLMV para Lewis Díaz
Abonía, Melanie Díaz Carabalí y María Aurora Abonía; y 30 SMLMV a Luis
Fernanda Lucumí Abonía, Adriana Díaz Abonía, Deisy Díaz Abonía, Shirley
Carabalí Abonía, Lina María Díaz Abonía, Rocío Díaz Díaz, Jesús Hernando Díaz
Díaz, Elis María Abonía, Álvaro Díaz y María Banguero Viafara.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014159, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de lesiones personales. En ella indicó que había lugar a reconocer dicho
tipo de perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la lesión de una persona, en
atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la
víctima, según la siguiente tabla:

159 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 31172.

80

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima directa Relación afectiva Relación afectiva Relación Relaciones
y relaciones del 2º de del 3º de afectiva del 4º afectivas no
afectivas consanguinidad consanguinidad de familiares -
conyugales y o civil (abuelos, o civil consanguinidad terceros
paterno- hermanos y o civil. damnificados
filiales nietos)

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al
50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al
40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al
30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al
20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que se acreditó que el soldado
profesional Lewis Díaz Abonía sufrió unas lesiones por la activación de un campo
minado por las FARC que le ocasionaron una pérdida de capacidad laboral del
30.63% (hecho probado 7.1.13.), y que Melanie Díaz Carabali (hija), María Aurora
Abonía (madre), Álvaro Díaz Colorado (abuelo paterno), Esneda María Banguero
Viafara (abuela paterna), Elis María Abonía (abuelo paterno), Lina María Díaz
Abonía (hermana completa) y, Rocío y Jesús Hernán Díaz Díaz (hermanos
paternos), conforman su núcleo familiar, se confirmará la indemnización de
perjuicios reconocida en la sentencia de primera instancia.

En tal virtud, la Sala reconocerá, por perjuicios morales, 60 SMLMV para Lewis Díaz
Abonía, 60 SMLMV para Melanie Díaz Carabalí y 60 SMLMV para María Aurora
Abonía; y 30 SMLMV a Luis Fernanda Lucumí Abonía, 30 SMLMV para Adriana
Díaz Abonía, 30 SMLMV para Deisy Díaz Abonía, 30 SMLMV para Shirley Carabalí
Abonía, 30 SMLMV para Lina María Díaz Abonía, 30 SMLMV para Rocío Díaz Díaz,
30 SMLMV para Jesús Hernando Díaz Díaz, 30 SMLMV para Elis María Abonía, 30
SMLMV para Álvaro Díaz y30 SMLMV para María Banguero Viafara.

8.3.2.- Por otro lado, en la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a
pagar, por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Lewis Díaz Abonía; por
“perjuicio estético”, 200 SMLMV a Lewis Díaz Abonía. A su turno, se advierte que

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

el Tribunal Administrativo del Cauca reconoció exclusivamente por este concepto
60 SMLMV para la víctima directa del daño, esto es, para Lewis Díaz Abonía.

Ahora, esta Sección en sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011160,
adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños
inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya
no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o
incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es
pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a
la salud.

Posteriormente, la Sección Tercera mediante sentencia del 28 de agosto de 2014 161,
unificó el criterio sobre la liquidación del daño a la salud. En ella indicó que el
reconocimiento de dicho perjuicio se efectúa en atención a la gravedad y naturaleza
de la lesión padecida por la víctima directa, según la siguiente tabla:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima

Igual o superior al 50% 100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia de
reconocer 60 SMLMV a Lewis Díaz Abonía por daño a la salud, pues se acreditó
que el soldado profesional sufrió una incapacidad laboral del 30.63% (hecho
probado 7.2.13.).

8.3.3.- Finalmente, en la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar,
por lucro cesante, la suma de $280.000.000 a Lewis Díaz Abonía. Por su parte, el
Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 9 de abril de 2015,
reconoció al soldado Díaz Abonía, por concepto de lucro cesante consolidado, la

160 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Rad.: 19031.
161 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad.: 31170.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

suma de $31.077.594, y por concepto de lucro cesante futuro, la suma de
$58.692.994.

Pues bien, la Sala evidencia que dicha liquidación de perjuicios se efectuó de
conformidad con los parámetros y formulas utilizadas por la jurisprudencia, toda vez
que el ingreso base de liquidación utilizado por el Tribunal correspondió al 30.63%162
del salario que el uniformado percibía para la época en que acaecieron los hechos,
a lo que se sumó el porcentaje proporcional correspondiente a prestaciones
sociales. De hecho, en la sentencia referida se dispuso lo siguiente:

“[…] La parte actora tasa este perjuicio en la suma de 280 millones de pesos,
fundándose en la pérdida de capacidad laboral de Lewis Díaz Abonía, como
consecuencia de las graves lesiones ocasionadas durante su estadía en la institución
demandada.
En el presente caso, se probó que el actor padeció una pérdida de capacidad laboral
del 30.63%, según concepto del Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía.

De esta manera, la Sala accederá a la indemnización solicitada, para lo cual tendrá
en cuenta el salario básico que percibía el uniformado, equivalente a 646.100, valor
que será actualizado y a ello se incrementará el 25% de prestaciones sociales, y se
liquidará sobre el 30.63%, porcentaje de pérdida de capacidad laboral.”

Así las cosas, la Sala actualizará las sumas reconocidas por el a quo de conformidad
con la fórmula utilizada por la corporación para esos efectos:

• Lucro cesante consolidado

Vp = Vh x índice final_
índice inicial

Vp = 31.077.594 151.87 (noviembre de 2025)
85.12 (mayo 2015)

Vp = $55.488.420,14.

De conformidad con lo expuesto se reconocerá la suma de $55.488.420,14. a Lewis
Díaz Abonía a título de lucro cesante consolidado.

162 Ello corresponde al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada al
uniformado Lewis Díaz Abonía.

83

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

• Lucro cesante futuro

Vp = Vh x índice final_
índice inicial

Vp = 58.692.994 151.87 (diciembre de 2025)
85.12 (mayo 2015)

Vp = $104.719.278,65

A su turno, de acuerdo con lo anterior, se reconocerá la suma de $160.207.698,79
a Lewis Díaz Abonía, a título de lucro cesante futuro, por la lesión que padeció con
ocasión a la activación de un campo minado instalado por las FARC, mientras se
desempeñó como soldado profesional.

8.4.- Frente a las lesiones de Maxs Hernando Estupiñán Marín

8.4.1.- En la demanda se solicitó condenar al Ejército Nacional a pagar, por
perjuicios morales, 100 SMLMV a Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena
Marín Orobio, Inocencio Marín, Hebert Hurtado Marín y, Maxs Hernando, Carmen
Melissa y Andy Miguel Estupiñán Marín.

A su turno, el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en abstracto al Ejército
Nacional a pagarle a Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín Orobio,
Inocencio Marín, Hebert Hurtado Marín y, Maxs Hernando, Carmen Melissa y Andy
Miguel Estupiñán Marín, “la suma que se determine mediante trámite incidental”163.

Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014164, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales

163 Sobre este punto, la sentencia de primera instancia consideró lo siguiente: “[…] el monto a
reconocer por perjuicios morales a favor de Maxs Hernando Estupiñán Marín y otros, se concretará
en un incidente que deberá tramitar la parte actora, de acuerdo con las siguientes pautas: i) Se
deberá solicitar a la autoridad competente, la Junta Médica Definitiva del señor Maxs Hernando
Estupiñán, correspondiente a la lesión sufrida como consecuencia de los hechos ocurridos el 21 de
mayo de 2008; ii) Se procederá a determinar el monto de la indemnización por perjuicios morales
con base en lo dispuesto en la solicitada Junta Médica Definitiva del señor Maxs Hernando Estupiñán
y teniendo en cuenta los parámetros señalados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, así
como a lo probado en el proceso respecto a la afectación sufrida por los demandantes con ocasión
de los hechos demandados”.
164 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 31172.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

en caso de lesiones personales. En ella indicó que había lugar a reconocer dicho
tipo de perjuicios a quienes habían sufrido aflicción por la lesión de una persona, en
atención al grado de relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la
víctima, según la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima directa Relación afectiva Relación afectiva Relación Relaciones
y relaciones del 2º de del 3º de afectiva del 4º afectivas no
afectivas consanguinidad consanguinidad de familiares -
conyugales y o civil (abuelos, o civil consanguinidad terceros
paterno- hermanos y o civil. damnificados
filiales nietos)

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al
50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al
40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al
30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al
20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

En este orden de ideas, se encuentra acreditado que Maxs Hernando Estupiñán
Marín fue quien sufrió las lesiones el 21 de mayo de 2008 (hechos probados 7.1.7
y 7.1.9.), así como que Hernando Estupiñán Estupiñán (padre), Carmen Elena Marín
Orobio (madre), Inocencio Marín (hermano), Hebert Hurtado Marín (hermano) y,
Andy Miguel y Carmen Melissa Estupiñán Marín (hermanos), conforman su núcleo
familiar.

Ahora bien, se observa que, aunque al expediente fue arrimada el acta de junta
médica provisional No. 32386 del 31 agosto de 2008, emitida por la Junta Médica
Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través de la cual se
diagnosticó a con “trastorno de stress postraumático tratado con psicoterapia y
psicofármacos”, lo cierto es que no presentó ninguna prueba que permitiera
acreditar objetiva y técnicamente el porcentaje de incapacidad de la víctima directa.
Por ende, en la parte resolutiva se dictará una condena en abstracto en favor de
Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen Elena Marín Orobio, Inocencio Marín,
Hebert Hurtado Marín y, Maxs Hernando, Carmen Melissa y Andy Miguel Estupiñán
Marín, para que mediante trámite incidental se determine el porcentaje de
incapacidad padecida por Maxs Hernando Estupiñán Marín que permita establecer,

85

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

objetivamente, el quantum resarcitorio165. Una vez el Tribunal a quo establezca esto,
de conformidad con los parámetros jurisprudenciales atrás referidos, deberá liquidar
el valor exacto que corresponde a los demandantes por este perjuicio, con
aplicación de los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de esta
Corporación.

8.4.2 - Por otra parte, en la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada
a pagar, por daño a la vida relación, 300 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán
Marín; y por “perjuicio estético”, 200 SMLMV a Maxs Hernando Estupiñán Marín.

A su turno, se advierte que el Tribunal Administrativo del Cauca condenó en
abstracto al Ejército Nacional a pagarle, a Maxs Hernando Estupiñán Marín, “la
suma que se determine mediante trámite incidental”166.

Ahora, esta Sección en sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011167,
adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños
inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya
no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o
incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es
pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a
la salud.

Posteriormente, la Sección Tercera mediante sentencia del 28 de agosto de 2014 168,
unificó el criterio sobre la liquidación del daño a la salud. En ella indicó que el

165 Este criterio indemnizatorio fue acogido en la sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2025,
Rad. 56299.
166 Sobre este punto, la sentencia de primera instancia consideró lo siguiente: “[…] el monto a

reconocer por concepto de daño a la salud a favor de Maxs Hernando Estupiñán, lesionado, se
concretará en un incidente que deberá tramitar la parte actora, de acuerdo con las siguientes pautas:
i) Se deberá solicitar a la autoridad competente, la Junta Médica Definitiva del señor Maxs Hernando
Estupiñán, correspondiente a la lesión sufrida como consecuencia de los hechos ocurridos el 21 de
mayo de 2008; ii) Se procederá a determinar el monto de la indemnización por daño a la salud con
base en lo dispuesto en la solicitada Junta Médica Definitiva del señor Maxs Hernando Estupiñán y
teniendo en cuenta los parámetros señalados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, así
como a lo probado en el proceso respecto a la afectación sufrida por los demandantes con ocasión
de los hechos demandados”.
167 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de septiembre de 2011, Rad.: 19031.
168 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad.: 31170.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

reconocimiento de dicho perjuicio se efectúa en atención a la gravedad y naturaleza
de la lesión padecida por la víctima directa, según la siguiente tabla:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN Víctima

Igual o superior al 50% 100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV

En virtud de lo anterior, se advierte que, como acaba de exponerse, si bien al
proceso fue aportada el acta de junta médica provisional No. 32386 del 31 agosto
de 2008, emitida por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, lo cierto es que ello no es suficiente para tener acreditada, con grado de
certeza, la pérdida de capacidad de la víctima y/o la extensión, dimensión e
intensidad de sus lesiones. Así, aunque se acreditó que la víctima sufrió un
menoscabo consistente en unas lesiones, lo cierto es que la víctima no acreditó el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Es por ello que en la parte resolutiva
de este proveído se impondrá una condena en abstracto para que así, mediante
trámite incidental, se determine el porcentaje de la incapacidad padecida por Maxs
Hernando Estupiñán Marín que permita establecer, objetivamente, el quantum
resarcitorio. Es así como, una vez el Tribunal a quo establezca tal situación, de
conformidad con los parámetros jurisprudenciales atrás referidos, deberá liquidar el
rubro exacto que le corresponde a la demandante por este concepto.

8.4.3.- Finalmente, en la demanda se solicitó condenar a la entidad demandada a
pagar, por lucro cesante, la suma de $270.000.000 a Maxs Hernando Estupiñán
Marín. A su turno, el tribunal de primera instancia condenó en abstracto al Ejército
Nacional “al perjuicio material demanda, el cual será reconocido in genere a favor
de la víctima, a efectos que sea liquidado mediante incidente”.

El fundamento de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cauca fue
el siguiente:

“[…] Como en otro aparte se indicó, de las pruebas obrantes en el expediente, se
puede establecer que, a raíz de los hechos, el actor fue diagnosticado son stress

87

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

postraumático y sufrió una disminución en su capacidad laboral, por lo cual se
accederá al reconocimiento del perjuicio solicitado.

Sin embargo y al no obrar en el expediente la Junta Médica Definitiva del señor
Maxs Hernando Estupiñán, que permita establecer el porcentaje de la pérdida de su
capacidad laboral a raíz de los hechos, lo cual se requiere a efectos de poder
determinar el salario base de liquidación; pues no de otra manera se puede liquidar
el perjuicio material aquí demandado, en los términos jurisprudenciales, dicho
perjuicio será reconocido in genere a favor de la víctima, a efectos de que sea
liquidado mediante incidente.
Así las cosas, el monto a reconocer por lucro cesante a favor del señor Maxs
Hernando Estupiñán Marín se concretará en un incidente que deberá tramitar la parte
actora, de acuerdo con las siguientes pautas:

• Se procederá a liquidar la indemnización correspondiente con base en el
salario básico que el señor Maxs Hernando Estupiñán percibía en el Ejército
Nacional, actualizándolo con los índices de precios al consumidor, siempre
que sea mayor al salario mínimo mensual legal vigente que se tenga al
momento de resolver el incidente, pues en caso contrario se utilizará el último.

• Dicho salario base se aumentará en un 25% por concepto de prestaciones
sociales.

• De la suma resultante de la operación anterior, se tomará el porcentaje que
corresponde a la pérdida de la capacidad laboral sufrida por el señor Maxs
Hernando Estupiñán Marín y que se haya determinado por la Junta Médica
Definitiva, la cual deberá ser solicitada y allegada al proceso.

• Utilizando el resultante de la operación anterior, se liquidará dicho perjuicio
con base en las fórmulas que para tales efectos ha establecido la
jurisprudencia del Consejo de Estado. La liquidación comprenderá dos
periodos, el debido o consolidado desde la fecha de los hechos (21 de mayo
de 2008) hasta la fecha de la presente providencia (9 de abril de 2015) y el
futuro que corresponde al interregno comprendido entre el día siguiente de la
fecha de la providencia y la vida probable de la víctima”.

Según lo expuesto, se advierte que el reconocimiento del perjuicio se realizó de
conformidad con los criterios previstos en la jurisprudencia del Consejo de Estado
pues, aunque en el caso en concreto se probó la configuración del perjuicio, lo cierto
es que no se acreditó, con certeza, el porcentaje de pérdida de capacidad definitiva
de la víctima, frente a lo cual pudiera establecerse el quantum de este. Al respecto,
debe señalarse que el hecho de que la víctima no haya acreditado el quantum del
perjuicio no supone, de facto, su inexistencia, pues, como se ha advertido en
anteriores oportunidades, una cosa es el perjuicio entendido como “la disminución

88

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

patrimonial que sufre una persona como consecuencia de un daño” 169 y otra, su
cuantía y/o monto a reconocer.

Así las cosas, la Sala reconocerá el lucro cesante solicitado por el demandante y
confirmará, por las razones atrás expuestas, la condena en abstracto fijada por el
Tribunal Administrativo del Cauca en la sentencia del 9 de abril de 2015. Debe
advertirse que la liquidación comprenderá dos periodos indemnizatorios, el primero
de ellos, desde la fecha en que ocurrieron los hechos (21 de mayo de 2008) y la
fecha de este proveído 9 de diciembre de 2025 y el segundo, desde el 10 de
diciembre de 2025, que corresponde al día siguiente de esta sentencia, hasta la
fecha de vida probable de la víctima.

9. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de abril de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación - Ministerio de Defensa –Ejército Nacional
patrimonialmente responsable por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado y
Jaime de Jesús Romero Castro, así como por las lesiones sufridas por Lewis Díaz
Abonía y Maxs Hernando Estupiñán Marín, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

169 Henao Pérez, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, 1998. Citado en: Nuevas

reflexiones sobre el daño: Ponente: Javier Tamayo Jaramillo, Coeditado por Instituto Colombiano de
Responsabilidad Civil y del Estado y LEGIS, Primera Edición, 2017.

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Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por la muerte de Julián Fernando Hurtado Hurtado, los perjuicios que a
continuación se enunciaran y en los siguientes valores:

100 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Cecilio Hurtado
Perjuicios Viafara, Zoraida Hurtado, Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y Yudi
morales Mariana Hurtado Vásquez.

50 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Cristian Eduardo
Hurtado Hurtado, Yani Yulieth Hurtado Hurtado, Miguel Ángel Hurtado
Hurtado, Juan Andrés Hurtado Hurtado, Yenyfer Hurtado Hurtado, Dora
Alicia Hurtado Hurtado y Jorge Luis Hurtado Hurtado.

Lucro cesante La suma de $288.001.491,71 para Jhoiner Yesid Hurtado Hurtado y la
suma de $288.471.997,15 para Yudi Mariana Hurtado Vásquez.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por la muerte de Jaime de Jesús Romero Castro, los perjuicios que a
continuación se enunciaran y en los siguientes valores:

Perjuicios 100 SMLMV para María Beatriz Ruíz Carabalí y 100 SMLMV para
morales Liliana Romero Ruíz.

Lucro cesante La suma de $364.312.289,99 para María Beatriz Ruíz Carabalí y la
suma de $292.689.740,97 para Liliana Romero Ruíz.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar, por las lesiones sufridas por Lewis Díaz Abonía, los perjuicios que a
continuación se enunciaran y en los siguientes valores:

60 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Lewis Díaz
Perjuicios Abonía, Melanie Díaz Carabalí y María Aurora Abonía.
morales
30 SMLMV para cada una de las siguientes personas: Luisa Fernanda
Lucumí Abonía, Adriana Díaz Abonía, Deisy Díaz Abonía, Shirley
Carabalí Abonía, Lina María Díaz Abonía, Rocío Díaz Díaz, Jesús
Hernando Díaz Díaz, Elis María Abonía, Álvaro Díaz y María Banguero
Viafara.

Daño a la salud 60 SMLMV para Lewis Díaz Abonía

Lucro cesante La suma de $160.207.698,79 para Lewis Díaz Abonía.

90

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

QUINTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional por las lesiones sufridas por Maxs Hernando Estupiñán Marín, a
pagar, a Maxs Hernando Estupiñán Marín, Hernando Estupiñán Estupiñán, Carmen
Elena Marín Oribio, Inocencio Marín, Hebert Hurtado Marín, Andy Miguel Estupiñán
Marín y Carmen Melissa Estupiñán Marín, a título de perjuicios morales, el monto que
resulte probado para cada uno de ellos, en el trámite incidental. Para ello, deberá
determinarse el porcentaje de la incapacidad padecida por Maxs Hernando Estupiñán
Marín que permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el
Tribunal a quo establezca esto, de conformidad con los parámetros jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa, deberá liquidar el valor exacto que corresponde a
los demandantes por este perjuicio.

SEXTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por las lesiones sufridas Maxs Hernando Estupiñán Marín, a pagarle a este,
por daño a la salud, el monto que resulte probado en el trámite incidental. Para ello,
deberá determinarse en el incidente el porcentaje de la incapacidad padecida por
Maxs Hernando Estupiñán Marín que permita establecer, objetivamente, el quantum
resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo establezca esto, de conformidad con los
parámetros jurisprudenciales referidos en la parte considerativa, deberá liquidar el
valor exacto que corresponde al demandante por este perjuicio.

SÉPTIMO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional por las lesiones sufridas Maxs Hernando Estupiñán Marín, a pagarle
a este, por perjuicios materiales a título de lucro cesante, el monto que resulte
probado en el trámite incidental. Para ello, deberá determinarse en el incidente el
porcentaje de la incapacidad padecida por Maxs Hernando Estupiñán Marín que
permita establecer, objetivamente, el quantum resarcitorio. Una vez el Tribunal a quo
establezca esto, de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia de
primera instancia, así como los parámetros referidos en la parte considerativa de este
proveído, deberá liquidar el valor exacto que corresponde al demandante por este
perjuicio.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: SEXTO: CONMINAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional para que, una vez pague la condena que aquí se le impone, repita contra
las FARC como organización o sujeto colectivo de facto, susceptible de soportar
reproche jurídico por los actos violatorios de DDHH e infracciones al DIH, y/o contra
el fondo constituido por el Gobierno Nacional para estos efectos, según los términos
descritos en la parte motiva de esta providencia.

DECIMO: REMITIR copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP), para lo de su competencia.

DECIMOPRIMERO: SIN COSTAS.”

91

Radicado: 19001233100020100015801 (56561)
Demandante: Lewis Díaz Abonía y otros

SEGUNDO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de
segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

VF/EX1

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