Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06648-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06648-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Judy Paulín López
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06648-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de inmediatez
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La accionante y su núcleo familiar, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentaron demanda contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el
propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución 01155 del 29
de marzo de 2019 por medio de la cual fue retirada del servicio de la
Policía Nacional la señora Judy Paulín López por la causal denominada
“[…] de disminución de capacidad psicofísica del 12% […]” y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenara su reintegro como miembro
activo de la Policía Nacional y el reconocimiento y pago de los salarios
y prestaciones dejados de percibir.
1.2. El Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, mediante
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sentencia de 17 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional presentó recurso de apelación.
1.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de
19 de junio de 2024, revocó la decisión de primera instancia al
considerar que “[…] el acto administrativo enjuiciado se atemperó a la
normatividad aplicable y respetó las directrices emanadas de la Corte
Constitucional en cuanto se agotó el procedimiento requerido para
retirar del servicio a funcionarios con disminución de capacidad
psicofísica […]”.
1.5. Con ocasión de la decisión anterior la accionante promovió recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue rechazado
mediante auto de 24 de septiembre de 2025 por la Subsección B de la
Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente identificado con
radicado 76001-33-33-018-2019-00180-01.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico por realizar una valoración probatoria incompleta y sesgada lo que
condujo a una falsa motivación al no tener en cuenta el testimonio del “[…]
Intendente YECSON EMILIO CHÁVEZ CHÁVEZ […]”, que afirmó que tras la
calificación inicial de la patrullera Judy Paulín López ella ejerció “[…] funciones
residuales (secretaría) por cerca de dos años con buen desempeño […]”, lo
que desvirtúa lo señalado por el tribunal accionado y por la junta médica sobre
la imposibilidad de reubicarla.
Aseguró que la autoridad accionada se conformó con el concepto médico
genérico de potencial de riesgo sin exigir un estudio de fondo que demostrara
la imposibilidad total de aprovechamiento, situación con la cual se “[…] castigó
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a la patrullera por su condición, configurando un claro trato discriminatorio
(C.C., T-729/16), contrario al principio de Dignidad Humana) (Art. 1 C.N.) […]”.
Afirmó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo al aplicar un
criterio discriminatorio y al “[…] desconocer su propio precedente (horizontal)
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (vertical) […]”.
Adujo que el tribunal accionado se apartó injustificadamente de su propio
precedente contenido en la “[…] sentencia del 23 de noviembre de 2022 (Exp.
76001-33-33-015-2017-00154-02), la misma Corporación REVOCÓ un retiro
similar por patología psiquiátrica y ordenó el reintegro del PT (R) Libio Córdoba
(suscrito defensor) […]”. Asimismo, desconoció el precedente vertical
vinculante establecido en la “[…] Sentencia C-381 de 2005, que condicionó el
retiro por disminución psicofísica. El retiro solo procede si se cumplen tres
condiciones obligatorias: i) concepto de no reubicación desfavorable Y ii)
imposibilidad probada de aprovechar las capacidades del policial en
actividades administrativas, docentes o de instrucción Y iii) autorización del
Ministerio del Trabajo […]”.
Aseguró que también se incurrió en violación directa de la Constitución porque
al fundamentar el retiro de la accionante en la “[…] causal inconstitucional del
riesgo hipotético, en lugar de la imposibilidad probada, objetiva y concreta de
reubicación. Se valida la discriminación al equiparar una patología psiquiátrica
de bajo índice con la imposibilidad absoluta de cumplir cualquier función
administrativa […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales
al Debido Proceso, a la Igualdad y a la Estabilidad Laboral Reforzada
de la Patrullera ® Judy Paulín López.
SEGUNDO: Dejar SIN VALOR NI EFECTO JURÍDICO la Sentencia nro.
143 del 19 de junio de 2024, proferida por el Honorable Tribunal
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Administrativo del Valle del Cauca (Radicación: 76001-33-33-018-2019-
00180-01).
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
en un término no mayor a diez (10) días hábiles, profiera una providencia
de reemplazo en la que:
a. Aplique su Precedente Horizontal (Sentencia Exp. 76001-33-33-015-
2017-00154-02), declarando la nulidad del acto de retiro.
b. CONFIRME la Sentencia de primera instancia (nro. 010 del 17 de
marzo de 2023) del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali.
c. Como consecuencia, ordene a la Nación - Policía Nacional el reintegro
de la Patrullera Judy Paulín López a un cargo administrativo, de docencia
o instrucción acorde a su capacidad residual demostrada, con el
respectivo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 14 de noviembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Cali, a los
señores Jaime Hernán Trochez Villanueva, Myrian López Caguazango,
Armando Santacruz López, Jenny Lizeth Casamachín López, Samuel Morán
Casamachín, Emmanuel Morán Casamachín, Anna Sofía Morán Casamachín
y Herney López Caguasango, en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe en el que
manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por la
parte accionante, ya que la providencia cuestionada analizó todas las pruebas
allegadas al expediente con las cuales pudo concluir que la señora Judy Paulín
López no tenía derecho al reintegro a la entidad.
Además de lo anterior, aseguró que lo pretendido por la vía de acción de tutela
es reabrir un debate procesal que ya fue resuelto en primera y segunda
instancia.
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Finalmente, señaló que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 19
de junio de 2024 por lo que la presente acción de tutela no cumple con el
requisito de inmediatez.
2. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó
que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad
toda vez que la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez constitucional.
Añadió que no es suficiente la simple inconformidad con las decisiones
judiciales, dado que para activar la acción de tutela se requiere demostrar que
la providencia cuestionada incurre en alguno de los defectos sustanciales
señalados por la jurisprudencia.
3. La Policía Nacional solicitó declarar la improcedencia del presente amparo
constitucional porque no se vulneró ningún derecho fundamental de la parte
accionante.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”4 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Sentencia T-584 de 2011.
8
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 19 de junio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
de radicación 76001-33-33-018-2019-00180-01.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando la parte actora interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la providencia objeto de
tutela y este fue desatado de manera desfavorable mediante auto de 24 de
septiembre de 2025, dicha circunstancia no determina la fecha desde la cual
se debe contabilizar el término de inmediatez dado que la acción de tutela de
la referencia se dirige exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia de 19
de junio de 202410.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso objeto de controversia, la notificación de la providencia
de 19 de junio de 2024 se surtió el día 26 de ese mismo mes y año; mientras
que la acción de tutela se presentó el 22 de octubre de 2025, es decir con
posterioridad al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación
como término razonable.
Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
9
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
10
En este mismo sentido se pronunció esta Sección en providencia de 23 de octubre de 2025,
expediente 11001-03-15-000-2025-05900-00.
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Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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