Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05900-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05900-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-05900-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Sandra Muñoz Cortés
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05900-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de la inmediatez
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA-, con el propósito de que se declarara
la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se
reconociera la existencia de un contrato realidad y el pago de todas las
acreencias laborales causadas entre febrero del 2000 hasta noviembre
de 2015.
1.2. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia del 8 de junio de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05900-00
1.3. Contra la decisión de primera instancia tanto la accionante como el
SENA presentaron recurso de apelación.
1.4. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de marzo de 2022, revocó la
decisión de primera instancia al considerar que no se acreditó que las
labores realizadas por la señora Sandra Muñoz Cortés como instructora
del SENA estuviesen sujetas a una subordinación continuada, habida
cuenta que no se demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de cumplimiento de labores, como tampoco que el desarrollo de las
mismas se realizaron en igualdad de condiciones con los instructores
de planta, ni fue posible determinar las órdenes directas por parte de
los jefes inmediatos.
1.5. Contra la decisión anterior la accionante promovió recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual fue rechazado
mediante auto de 11 de mayo de 2023 por la Subsección A de la
Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente identificado con
radicado 11001-33-42-048-2018-00125-01 (0489-2023).
1.6. Igualmente, la actora promovió recurso extraordinario de revisión contra
la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual
también fue rechazado mediante providencia de 1° de septiembre de
2025 dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado dentro del expediente identificado con radicado 11001-03-
25-000-2023-00472-00 (6513-2023).
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial contenido “[…] en la Sentencia de
Unificación del Consejo de Estado del 09 de septiembre de 2021, Sección
Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) […]”, en las
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05900-00
providencias de “[…] trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014).
Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00449- 01(1807-13) […] y la del
veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011), Radicación número: 5001-23-
31-000-1998-03542-01(0202-10) […] en las cuales se establecen ciertos
parámetros para determinar si existe o no contrato realidad […]” y “[…]
Sentencia del ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020). Radicación
número: 08001-23-33-000-2014-90305-01(2143-19) […]”.
Lo anterior, en criterio de la actora implicó que el tribunal accionado valorara
de forma indebida las pruebas y la realidad fáctica demostrada en el proceso
objeto de tutela.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de mi
poderdante Sandra Muñoz Cortés.
SEGUNDO. Que se deje sin efectos la sentencia del 25 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda, Subsección E, dentro del radicado 110013342048201800125
01.
TERCERO. Que se ordene al Tribunal accionado dictar una nueva
sentencia, en la que se respete el precedente jurisprudencial vinculante
fijado por:
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, providencia del tres (13) de febrero de dos mil
catorce (2014). Radicación número: 68001-23-31-000-2010-00449-
01(1807-13). Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del veintisiete (27) de enero de dos mil
once (2011), Radicación número: 5001-23-31-000-1998-03542- 01(0202-
10). Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
• Consejo de Estado del 09 de septiembre de 2021, Sección Segunda,
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda Subsección “b” consejero ponente: CARMELO PERDOMO
CUÉTER, Sentencia del ocho (8) de octubre de dos mil veinte (2020).
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Radicación número: 08001-23-33-000-2014-90305-01(2143-19) […]”.
II. INTERVENCIONES
1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe en el que manifestó que la accionante ejerció el
mecanismo de amparo como una tercera instancia, insistiendo en los
argumentos que ya fueron resueltos por esa Corporación en la sentencia de
25 de marzo de 2022, los cuales se sustentaron en los medios de prueba
obrantes en el plenario.
2. El Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá remitió
el link contentivo del expediente objeto de tutela.
3. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA señaló que el tribunal accionado
no vulneró ningún derecho fundamental por cuanto valoró las pruebas de
manera razonada, a partir de lo cual concluyó que no se acreditó la
subordinación continuada elemento esencial para que se configure una
relación laboral.
Advirtió que el tribunal no incurrió en desconocimiento del precedente, por el
contrario, aplicó las reglas jurisprudenciales vigentes, valorando las pruebas
conforme a los criterios establecidos por el Consejo de Estado.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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Respecto del requisito general de la inmediatez, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está
instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no
tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario
que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado
que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la
urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría
la procedencia del mecanismo […]”4 .
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción constitucional
se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más
riguroso en aras de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica y de salvaguardar el interés de terceros, cuya situación podría verse
injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la protección
constitucional5.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, precisó que, en tratándose
de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado como
razonable es el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela.
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición de la acción
de tutela, la jurisprudencia constitucional7 ha establecido excepciones a la
aplicación del presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y
justificarse por el accionante en cada caso particular8 , así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Sentencia T-584 de 2011.
8
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
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accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo
respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”9.
En el presente caso, se tiene que lo pretendido por la parte actora a través de
esta acción de tutela es controvertir la providencia de 25 de marzo de 2022,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 11001-
33-42-048-2018-00125-01.
Al respecto, cabe precisar que aun cuando la parte actora interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la providencia objeto de tutela y este fue
desatado de manera desfavorable mediante auto de 1° de septiembre de
2025, dicha circunstancia no determina la fecha desde la cual se debe
contabilizar el término de la inmediatez dado que la acción de tutela de la
referencia se dirige exclusivamente a dejar sin efectos la sentencia de 25 de
marzo de 2022.
Por tanto, para efectos de determinar el cumplimiento del requisito de la
inmediatez de la presente acción de tutela se debe tener en cuenta la fecha
de notificación de la sentencia de 25 de marzo de 2022.
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, de acuerdo con las constancias
obrantes en el expediente objeto de tutela la notificación de la providencia de
de 25 de marzo de 2022 se surtió el 4 de abril de 2022; mientras que la acción
de tutela se presentó el 18 de septiembre de 2025, es decir con posterioridad
al plazo de seis (6) meses establecidos por esta Corporación como término
razonable.
9
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
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Sumado a lo anterior, no se advierte justificación alguna para la tardanza en
la presentación de la solicitud de amparo, ni tampoco situación que se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional que puedan justificar su presentación por fuera del término
establecido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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