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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06671-01

Fecha
16 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06671-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Subtema 2: auto rechaza recurso. Subtema 3:
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Humberto Sierra Flórez, en contra de la sentencia
del 27 de noviembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.

1. Síntesis del caso

El señor Humberto Sierra Flórez presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
seguridad social, que consideró vulnerados con ocasión de las providencias del 21
de enero y 27 de marzo de 2025, proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, dentro del trámite del recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia identificado con el radicado núm. 73001-33-33-003-2017-00215-
00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 2, certificado 7B34E16F20254618 4CAB3D7652C2A8E5
4A1C3F679CFAC52A C53C74F76391D45C.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2. El señor Humberto Sierra Flórez nació el 21 de junio de 1959 y prestó sus
servicios como docente de tiempo completo, desde agosto de 1978 hasta el mes de
mayo de 2010.

3. El accionante, al cumplir los requisitos dispuestos por la Ley 114 de 1913,
solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el reconocimiento y pago de la pensión
gracia; sin embargo, la entidad negó el requerimiento del actor, al considerar que su
vinculación fue de carácter nacional.

4. El tutelante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la UGPP, con el fin de que se dejara sin efectos el acto administrativo que
negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar, se ordenara
acceder a dicha pretensión.

5. El Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué, por medio de sentencia del 3 de
julio de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la UGPP
reconocer y pagar a favor del actor la pensión reclamada. Contra dicha decisión la
entidad demandada presentó recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia del 26 de mayo de
2022, revocó la decisión del juez de primera instancia y, en consecuencia, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el demandante no cumplía con el
requisito de 20 años de servicio en la docencia territorial o nacionalizada debido a
que no logró acreditar que los tiempos de servicio prestados a partir del 22 de
febrero de 1988 eran de carácter nacionalizado.

7. El señor Humberto Sierra Flórez interpuso recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia.

8. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, a través de auto del 21 de enero de 2025, rechazó de plano el
mecanismo judicial, con fundamento en el parágrafo del artículo 265 de la Ley 1437
de 2011, pues los argumentos del recurrente se limitaban a controvertir el análisis
probatorio del Tribunal, y no demostraban una contradicción directa con una regla
de unificación.

9. El accionante presentó recurso de súplica contra la anterior decisión, pero los
demás integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por auto del 27 de marzo de 2025, confirmaron la providencia del 21 de
enero de 2025.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad
y la Seguridad Social del señor HUMBERTO SIERRA FLÓREZ.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio proferido por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de marzo de
2025, que confirmó el rechazo del Recurso Extraordinario de Unificación de
Jurisprudencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que, ADMITA Y TRAMITE el
Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia interpuesto por el señor
HUMBERTO SIERRA FLÓREZ contra la sentencia del 26 de mayo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por cumplirse lo ordenado en la causal del
artículo 258 del CPACA.

CUARTO: En virtud de la facultad constitucional y discrecional que gozan los jueces
y magistrados de la república, y al haberse enterado y teniendo conocimiento de la
vulneración de un derecho fundamental, ORDENAR la revocatoria de la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en fecha 26 de
mayo de 2022, y en su defecto CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué en fecha 03 de julio de 2020 […]2.

11. Como fundamento de las pretensiones, consideró que las providencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el 21 de
enero y el 27 de marzo de 2025, incurrieron en defecto sustantivo porque omitieron
dar aplicación al numeral 4 del artículo 262 del CPACA y, en consecuencia, no se
tramitó el recurso extraordinario de jurisprudencia, pese a que la solicitud cumplió
el presupuesto fijado en la norma.

12. Adicionalmente, indicó que las decisiones cuestionadas desconocieron el
precedente jurisprudencial invocado en el recurso extraordinario de unificación,
pues no tuvieron en cuenta que la solicitud se fundamentó en la sentencia de
Unificación CE SUJ2-011-18 proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de
2018, con radicado núm. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

13. De esta manera, explicó que en el contenido del recurso se expuso las razones
por las cuales dicha sentencia de unificación fue desconocida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en la medida en que se negó a reconocer la calidad de
docente nacionalizado del demandante, pese a que se demostró que fue nombrado
para laborar como docente en instituciones educativas de carácter municipal.

14. Asimismo, advirtió que el recurso extraordinario en discusión, no buscaba que
se revaloraran las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento, sino
que se dirigía a demostrar que la valoración del Tribunal Administrativo del Tolima
se hizo bajo una premisa jurídica equivocada, esto es, la prevalencia del certificado
laboral aportado por la UGPP, sin tener en cuenta el contenido de los actos de

2
Se transcribe incluso con errores.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

nombramiento, lo cual desconoció el precedente vinculante previsto en la
mencionada sentencia de unificación.

15. El accionante resaltó que, «cuando en las certificaciones laborales aparezca
anotado equivocadamente que el docente es nacional, debe prevalecer la tipología
que deviene de los actos de nombramiento o vinculación. Si un docente fue
nombrado por un alcalde o gobernador a un establecimiento nacionalizado o
territorial conserva esa clasificación».

16. En ese sentido, mencionó que el Tribunal Administrativo del Tolima negó la
prensión gracia, con fundamento en que el certificado de la historia laboral clasificó
al demandante como docente nacional y desestimó las designaciones realizadas
con posterioridad a 1988. En suma, no tuvo en cuenta que la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 precisó que la naturaleza de la
vinculación al servicio público educativo se puede definir a través del acto de
nombramiento. Razón por la cual acudió al mecanismo del recurso extraordinario
de unificación.

17. Finalmente expuso que la autoridad judicial accionada, al rechazar el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con el argumento que se discutía la
prueba y no la regla, impidió que se corrigiera la violación del precedente, esto es,
que se aplicara la jurisprudencia unificada que garantiza su derecho a adquirir la
pensión gracia lo que, en su criterio, se traduce en la restricción desproporcionada
de sus derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva

2.3. Trámite procesal

18. El despacho ponente, mediante auto del 22 de octubre de 20253, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal Administrativo
del Tolima, al Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué y a la UGPP, en su
condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

19. La UGPP4 solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo porque
no cumplió los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencia judicial, tal y como lo ha definido la jurisprudencia de
la Corte Constitucional.

20. Afirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo ni
en desconocimiento del precedente, pues las decisiones cuestionadas fueron claras
y precisas en indicar que «se evidenció que no había lugar a extender los efectos

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00 índice 4, certificado 7F9DC91B72933F49 CD441C3AAC00A2F0
48DDF1297C0DDA3F AE919CEDDDCC3980.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00 Incide 9, certificado B986F0385446228B 15A8EC866754585D
1D42A7BBA40F6AEE 63DDC39C202FD01A.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

de la sentencia de unificación pedidos y, por ende, acceder al reconocimiento de la
pensión gracia que hoy nos ocupa».

21. Expresó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido por la ley para el efecto.

22. El Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué5 remitió el expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

23. El Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

24.El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 27 de
noviembre de 20256, declaró improcedente la tutela, al considerar que no cumplió
con el requisito de inmediatez.

25.Al respecto explicó que el accionante cuestionó las providencias proferidas el 21
de enero y el 27 de marzo de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado que rechazaron de plano el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia presentado por el señor Sierra Flórez en el proceso identificado
con el radicado núm. 73001 33 33 003 2017 00215 00/01.

26. De esta manera, indicó que la providencia del 27 de marzo de 2025 fue notificada
el 9 de abril de 2025 a la parte demandante y a su apoderado; sin embargo, la
presente acción de tutela fue radicada el 23 de octubre de 2025, por lo que
consideró que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez,
dado que fue promovida luego de transcurridos más de seis meses de notificada la
última decisión cuestionada.

2.6. Impugnación

27.
La parte actora presentó impugnación7 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Cuarta. En su escrito, indicó que el fallo de primera instancia aplicó
de manera estricta el requisito de inmediatez, sin tener en cuenta que la
jurisprudencia constitucional y de lo contencioso-administrativo ha flexibilizado la
exigencia de este requisito, en los siguientes eventos: i) la condición de adulto
mayor del accionante, ii) la naturaleza de la pensión gracia como prestación
periódica, que configura una vulneración continua y actual de los derechos

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 8, certificado 0A528ADDE0E4C21F 0EE78E0463BB1723
BE6118A41F559FA5 D9D45965001850A5.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 12, certificado 55AB7F8D726B7BD9 3495644CE0777E8A
49E79932E8467C08 46783192EF833C81.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 16, certificado núm. A793AC3F0E4F1A66 32D020813BA66E84
28F11FD4E3CD56BB D2B5A31DCFB94277.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

fundamentales, y iii) la afectación directa a los derechos a la seguridad social y al
mínimo vital.

28. De este modo, afirmó que el señor Humberto Sierra Flórez es una persona de
especial protección constitucional dado que se trata de un adulto mayor (66 años),
lo que permitiría efectuar un análisis menos rígido del presupuesto temporal para
ejercer la tutela.

29. Agregó que existe un motivo válido para la interposición tardía de la tutela, pues
el apoderado del accionante, que lo representó en el trámite del proceso ordinario,
del recurso extraordinario de revisión y de la presente acción de tutela, el 22 de
agosto de 2025, fue sometido a un procedimiento quirúrgico cardiovascular, que
requirió una estricta recuperación postoperatoria, por lo que dados sus quebrantos
de salud se vio obligado a tener una disminución de su actividad laboral.

30. Así pues, consideró que en el presente asunto existió una situación de fuerza
mayor que explica el tiempo transcurrido para no acudir de forma inmediata a la
tutela.

31.
Adicionalmente refirió que la pensión gracia reclamada por el actor es una
prestación periódica, por lo que la afectación es actual y permanente, lo que
flexibiliza el requisito de inmediatez.

32. Por otro lado, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
relacionados con el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente
alegados con respecto a las providencias cuestionadas.

33. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 27 de
noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa por activa del señor Humberto Sierra Flórez está
acreditada porque fue el demandante en el trámite del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en el que fueron expedidas las providencias que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

36. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió
las decisiones, objeto de estudio.

3.3. Cuestión preliminar

37. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante las cuales se rechazó la procedencia del recurso
extraordinario de unificación y se resolvió una súplica en contra de la primera
decisión, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte
actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a los dos
autos cuestionados.

38. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
que analizó el recurso de súplica promovido por el accionante, la cual fue expedida
el 27 de marzo de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por el señor Humberto Sierra Flórez dentro del trámite del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

40.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

41. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

42. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

43. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

44. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

45.En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
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una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
46. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del trámite de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en el
que se profirió la decisión objeto de tutela.

47. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 27 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, fue notificado el 9 de abril siguiente16, y quedó ejecutoriado17 el 23
de abril de 2025. Así pues, como quiera que la demanda de tutela se presentó el 23
de octubre de 202518, es claro que en este asunto se acudió a la acción
constitucional, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia
constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

48. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

49. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un trámite de recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

50. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

51.
Corresponde a la Sala determinar si en los términos del escrito de impugnación,
¿el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social de Humberto
Sierra Flórez e incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, al proferir el auto del 27 de marzo de 2025, mediante la cual se confirmó

16
Samai, exp. 73001-33-33-003-2017-00215-01, índice 21.
17
Se aclara que para determinar los términos de notificación y ejecutoria de la providencia objeto de estudio, se tuvo en
cuenta lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 2213 de 2022 y 302 del Código General del Proceso y, adicionalmente, se
tomó en consideración el periodo de vacancia judicial correspondiente a la semana santa del año 2025.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 1.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

la providencia del 21 de enero de 2025, que rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia promovido por el accionante?

52. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

53. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

54. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

55. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 22.

56. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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57. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23

3.5.2. El desconocimiento del precedente judicial

58. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas24.

59. Al respecto, la Corte Constitucional25 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente,
el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un
sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio

23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
25 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

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relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales26.

60. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia27.

61. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»28.

62. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela29.

63.
Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación30.

64. Finalmente, resulta oportuno destacar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

26 Se transcribe incluso con errores.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
29 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
30 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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3.6. Caso concreto

65. En el asunto bajo estudio, el señor Humberto Sierra Flórez presentó escrito en
ejercicio del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en contra de la
sentencia del 26 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que la parte
actora promovió en contra de la UGPP.

66. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante providencia del 21 de enero de 2025, rechazó de plano el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

67.
El señor Humberto Sierra Flórez presentó recurso de súplica contra la anterior
decisión. A su turno, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
emitió providencia el 27 de marzo de 2025 en la que confirmó en todas sus partes
la providencia inicial.

68. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, que la
autoridad accionada, al proferir el auto del 27 de marzo de 2025, incurrió en defecto
sustantivo porque desestimó la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, sin dar aplicación al numeral cuarto del artículo 262
del CPACA.

69. Explicó que el recurso se encontraba debidamente fundamentado en la
aplicación de la sentencia de Unificación CE SUJ2-011-18 proferida por el Consejo
de Estado el 21 de junio de 2018, con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01
(3805-2014), la cual fue desconocida por el Tribunal Administrativo del Tolima, al
proferir la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues concluyó que su vinculación como docente fue
del orden nacional, con base en una certificación, sin tener en cuenta el contenido
de los actos de nombramiento.

70. Adicionalmente, indicó que la decisión cuestionada impidió que se corrigiera una
situación ocurrida al interior del proceso ordinario, consistente en la debida
interpretación de la naturaleza de su vinculación como docente, con fundamento en
el criterio definido en la sentencia de Unificación CE SUJ2-011-18 proferida por el
Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, con radicado 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014), lo que, a su juicio, implicaba un desconocimiento del
precedente jurisprudencial.

71. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (auto del
27 de marzo de 2025), se observa que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A examinó el contenido de los artículos 257 y 258 del CPACA e indicó
que dichas normas establecen que la única circunstancia que da lugar al recurso
extraordinario de jurisprudencia es la contrariedad de una sentencia dictada en
única o en segunda instancia por los tribunales administrativos con una sentencia
de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado.
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72. En este sentido, la autoridad accionada resaltó que el contexto de las normas
supone la existencia de una regla jurídica de unificación establecida por la
jurisprudencia de esta corporación, en los términos del artículo 270 del CPACA, que,
si bien debía ser aplicada de manera uniforme a todos los casos con iguales
características, fue desconocida por la autoridad judicial que emitió la sentencia
controvertida.

73. Asimismo, la providencia cuestionada refirió que «la aplicación de una
determinada regla de unificación no es automática, sino que requiere analizar los
fundamentos de hecho y derecho de cada caso concreto para verificar que existe
correspondencia entre el problema jurídico resuelto en la sentencia de unificación y
el litigio específico que esté siendo objeto de decisión». En atención a lo anterior,
«le corresponde al juez del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
verificar si la sentencia de unificación que está siendo invocada efectivamente era
aplicable al caso disputado por tratarse del mismo objeto de litigio».

74. Con base en el contexto normativo descrito, la autoridad accionada desarrolló
el siguiente análisis del caso planteado por el señor Humberto Sierra Flórez en el
escrito del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

12. Descendiendo al caso objeto de estudio, el demandante en el recurso de súplica
adujó que si bien, en el recurso extraordinario se hace referencia a una situación de
desconocimiento o indebida valoración de la prueba, es claro que ese es un hecho que
se encuentra estrechamente relacionado con los estándares que se establecieron en
la sentencia de unificación que considera desconocida. Esto, porque, en su criterio,
dicha sentencia establece las formas de probar el carácter de docente nacionalizado.

13. Así las cosas, se advierte que en la sentencia de unificación que el actor aduce
desconoció el fallo del tribunal se establecieron diferentes reglas sobre la pensión
gracia. En específico, sobre la prueba de la calidad de docente territorial, se determinó
lo siguiente:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.

14. Por su parte, en la sentencia recurrida se señaló que, del acervo probatorio que
obra en el expediente, no se puede establecer que el demandante cumplió con el
requisito de demostrar que se desempeñó como docente territorial por el periodo de 20
años, pues las pruebas aportadas evidenciaban que a partir de 1997 fue docente
nacional. Al respecto se sostuvo:

Luego, y analizado el certificado de Historia Laboral emitido y aportado por
la Secretaría de Educación Departamental de Tolima, en cumplimiento a la
14

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prueba de oficio documental decretada por la autoridad judicial de instancia,
se aprecia que esta al definir la situación laboral del actor, consigna tipo de
vinculación Docente Nacional, y señala como acto administrativo de
vinculación la resolución No. 0386 del 20 de mayo de 1997.

Entonces, y si bien en los oficios en cita refirieren vinculación nacionalizado,
al abordar el estudio del certificado de histórico laboral conforme al cual
pretende soportar lo indicado se tiene que registra todo lo contrario, pues,
determina que corresponde a un docente nacional, prueba que conforme a
la sentencia de unificación CE-SUJ-Sii-11-2018 adiada el 21 de junio de
2018, expediente radicado No. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014), precitadas, sería el documento idóneo para acreditar la calidad del
docente.

15. De lo anterior se colige que la sentencia de unificación invocada no fue
desconocida, ni inaplicada, pues la misma fue tenida en cuenta en la providencia
recurrida. Situación diferente, es que del análisis del acervo probatorio se haya llegado
a la conclusión de que el actor no logró demostrar que se desempeñó por como docente
territorial. En contraste a lo señalado por el demandante, el Tribunal aplicó la regla de
unificación «que ordena establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales» y llegó a la conclusión que
el señor Sierra Flórez si ostentó la calidad de docente nacional, al menos desde 1997.

75. De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad accionada precisó que
la sentencia de unificación invocada por el recurrente (CE SUJ2-011-18 proferida
por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018) estableció las formas de probar la
calidad de docente territorial. En dicha decisión, se plantearon dos maneras de
acreditar tal condición, esto es: i) la copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se puede establecer con suficiente claridad que la
plaza a ocupar se de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, ii) la
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

76. En efecto, la regla jurisprudencial, en su redacción, utilizó la disyuntiva «o» para
hacer referencia a dos opciones de probar la calidad de docente territorial. De
manera, que era posible para el Tribunal Administrativo del Tolima apoyarse en una
de estas formas para definir el derecho reclamado por el actor, sin que ello implicara
un desconocimiento de la sentencia de unificación.

77. Aunado a lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación destacó que la sentencia del 6 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima examinó el acervo probatorio obrante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y determinó que este no era suficiente para
definir que el demandante cumplió con el requisito de demostrar que se desempeñó
como docente del orden territorial por un periodo de 20 años.

78. Así las cosas, la providencia acusada advirtió que el Tribunal Administrativo del
Tolima no desconoció ni dejó de aplicar la sentencia de unificación invocada, ya
15

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que, contrario a lo planteado por el recurrente, sí consideró sus lineamientos al
resolver el litigio; sin embargo, al analizar las pruebas, se concluyó que el
demandante no demostró haberse desempeñado como docente territorial, sino
como educador del orden nacional desde 1997.

79. Así pues, la autoridad judicial accionada concluyó que en el fondo la
inconformidad del recurrente se limitó a los efectos y alcances de la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo del Tolima al interior del proceso
ordinario y no a la omisión o indebida aplicación de un criterio jurisprudencial
unificado.

80.
En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de tutela desarrolló
un análisis adecuado del contenido del recurso extraordinario de unificación, lo que
le permitió concluir que la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, no desconoció un criterio o regla establecida en la
sentencia de Unificación CE SUJ2-011-18 proferida por el Consejo de Estado el 21
de junio de 2018, con radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). De
modo, que no era procedente tramitar y emitir decisión de fondo en el recurso
extraordinario de extensión de jurisprudencia.

81.Lo anterior, por cuanto al examinar los argumentos expuestos en el recurso
promovido por el tutelante y en la sentencia del Tribunal cuestionado, se logró
constatar que esta última no pasó por alto el criterio jurisprudencial definido por el
Consejo de Estado en la sentencia CE SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018.

82.
Por el contrario, lo que se observa es que la inconformidad del tutelante se
concreta en la valoración y el alcance que el Tribunal Administrativo del Tolima
asignó a las certificaciones y demás documentos allegados al proceso de nulidad y
restablecimiento, lo cual implica otro tipo de debate jurídico, que no compete definir
en sede del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

83. En este punto, conviene resaltar que el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 del CPACA, procede
cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de
unificación del Consejo de Estado, por lo que dicho mecanismo judicial no es el
escenario para discutir los reparos frente a la valoración probatoria realizada por los
tribunales.

84. En concreto, el referido instrumento judicial tiene como finalidad exclusiva
asegurar la aplicación uniforme del derecho y el respeto al precedente del Consejo
de Estado, no siendo una tercera instancia para reevaluar pruebas. Su naturaleza
es corregir la contradicción entre una sentencia de tribunal y una providencia que
fija un criterio unificado en determinado asunto.

85.
Por lo expuesto, la Sala considera que el estudio del caso del tutelante
desarrollado por la autoridad judicial lejos de mostrar alguna situación indebida por
acción u omisión, lo que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado
16

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al contenido de la normativa y la jurisprudencia aplicable, por lo que no es posible
inferir que la decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que esta
corporación no le haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que
se les atribuyera a los medios de prueba allegados al proceso ordinario.

86. En este orden de ideas, la Sala considera que el auto del 27 de marzo de 2025
estuvo soportado en un estudio razonable y coherente de los hechos y los
argumentos planteados en el trámite judicial, conforme los principios de autonomía
e independencia judicial. De esta manera, si bien la providencia objeto de tutela no
resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

87.
Así las cosas, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin
de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusiones

88. La providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A no vulneró los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente, que exija la intervención del juez de tutela.

89. En consecuencia, se modificará la sentencia del 27 de noviembre de 2025
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez y, en su lugar, se negará la
solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos consignados en esta
providencia. En su lugar, negar el amparo de tutela solicitado por el señor Humberto
Sierra Flórez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06671-01 (492)
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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