Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06671-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06671-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06671-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06671 00
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Medio de control: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial que rechazó recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por incumplir el
requisito general de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Humberto Sierra Flórez en
contra de las providencias proferidas el 21 de enero y 27 de marzo de 2025 por la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, en el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia identificado con el radicado nro. 73001 33 33 003 2017
00215 00/01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Humberto Sierra Flórez, actuando por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela en contra de las precitadas providencias y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Igualdad y la Seguridad Social del señor HUMBERTO SIERRA FLÓREZ.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio proferido por la Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de marzo
de 2025, que confirmó el rechazo del Recurso Extraordinario de Unificación de
Jurisprudencia.
TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que,
ADMITA Y TRAMITE el Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
interpuesto por el señor HUMBERTO SIERRA FLÓREZ contra la sentencia del 26
de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por cumplirse
lo ordenado en la causal del artículo 258 del CPACA.
CUARTO: En virtud de la facultad constitucional y discrecional que gozan los
jueces y magistrados de la república, y al haberse enterado y teniendo
conocimiento de la vulneración de un derecho fundamental, ORDENAR la
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06671 00.
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revocatoria de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima en fecha 26 de mayo de 2022, y en su defecto
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué en fecha 03 de julio de 2020.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que nació el 21 de junio de 1959 y que prestó sus servicios como
docente de tiempo completo, con vinculación nacionalizado, desde agosto de 1978 hasta
mayo de 2010.
Manifestó que, al cumplir con los requisitos dispuestos por la Ley 114 de 1913, solicitó a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue
negada por la entidad al considerar que el señor Sierra Flórez tuvo vinculación nacional.
Señaló que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
UGPP con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Ibagué que, en sentencia del 3 de julio de 2020 accedió a las pretensiones y ordenó a la
entidad demandada que reconociera y pagara la pensión gracia a favor del señor Sierra
Flórez.
Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Tolima, en sentencia del 26 de mayo de 2022 la revocó y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que el demandante, hoy accionante,
no cumplía con el requisito de 20 años de servicio en la docencia territorial o
nacionalizada debido a que no logró acreditar que los tiempos de servicio prestados a
partir del 22 de febrero de 1988 eran de carácter nacionalizado.
Indicó que, al evidenciar que el mencionado fallo de segunda instancia desconocía la
sentencia de unificación dictada el 21 de junio de 2018 por el Consejo de Estado en el
proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2013 04683 01, presentó
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Expuso que la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto del 21
de enero de 2025 rechazó de plano el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, justificando la negativa en el parágrafo del artículo 265 de la Ley 1437 de
2011 comoquiera que dicho recurso se limitaba a controvertir el análisis probatorio del
tribunal, y no demostraba una contradicción directa con la regla de unificación.
Continuó relatando que, en contra de la providencia anterior interpuso recurso de súplica
solicitando la admisión del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y
advirtió que “la indebida valoración probatoria era la manifestación de la inaplicación de
la regla de unificación sobre la prueba del vínculo docente”2.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06671 00.
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Anotó que, por auto del 27 de marzo de 2025, la Subsección A, Sección Segunda de esta
Corporación confirmó el auto del 21 de enero de 2025 que rechazó de plano el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo y en
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Adujo que “la providencia tutelada, rechazó el Recurso Extraordinario de Unificación de
Jurisprudencia, arguyendo que el recurso pretende abrir un debate probatorio de
instancia, argumento que resulta excesivamente formalista y restrictivo”3.
Sostuvo que “el Recurso Extraordinario en discusión, no busca que se revalore la prueba,
sino demostrar que la valoración del Tribunal Administrativo del Tolima se hizo bajo una
premisa jurídica equivocada; esto es, la prevalencia del certificado sobre el acto de
nombramiento, lo que desconoce el precedente vinculante de la sentencia de
unificación”4.
Explicó que5:
El recurso extraordinario de unificación se fundamenta directamente en la
Sentencia de Unificación CE SUJ2-011-18 proferida por el Consejo de Estado en
fecha 21 de junio de 2018, con Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014), y en el contenido del recurso se expuso la línea que hace referencia a que
dicha sentencia de unificación fue desconocida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, pues éste se negó a reconocer la calidad de docente nacionalizado del
demandante, pese a que se demostró que el mismo fue nombrado para laborar
como docente en instituciones educativas de carácter municipal, y estando
acreditadas esas condiciones dentro del proceso, con su negativa, el Tribunal hizo
un desconocimiento no sólo de las pruebas allegadas sino, de la postura del
Consejo de Estado que estableció de qué manera puede determinarse la calidad
de docente nacionalizado.
Precisó que6:
Si bien, en el recurso extraordinario, se hace referencia a una situación de
desconocimiento o indebida valoración de la prueba, es claro que este es un hecho
que se encuentra intrínseco en el debate de desconocimiento de la teoría de la
jurisprudencia marcada con la Sentencia de Unificación por el Consejo de Estado,
en tanto que dicha sentencia establece las formas de probar el carácter de docente
nacionalizado y de validarlo, lo cual en el caso que nos ocupa quedó más que
demostrado según las reglas de unificación descritas en la SU, ya que la
vinculación del demandante se encuentra estipulada en el Acto Administrativo de
nombramiento que es de orden Municipal, y con el cual se puede establecer con
suficiencia que la plaza es territorial y que el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas y/o exógenas de la respectiva localidad.
Argumentó que7:
Con su negativa, el Tribunal Administrativo del Tolima entra a desconocer esa
condición para darle validez a un certificado emitido por una autoridad
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
3
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administrativa que no tiene competencia para definir qué carácter tiene un
docente, ya que esas condiciones se determinan por el nombramiento y el origen
de los recursos de la entidad nominadora, como expresamente lo establece el
Consejo de Estado en las reglas de unificación de su sentencia, precedente de
obligatorio cumplimiento.
Aseveró que los autos cuestionados incurrieron en un yerro “al interpretar la carga
argumentativa del artículo 262, numeral 4 del CPACA, como una mera discusión
probatoria, cuando en realidad era la demostración de que la conclusión fáctica del
Tribunal Administrativo del Tolima había inaplicado la regla jurídica unificada”8.
Agregó que, aunque el auto que resolvió el recurso de súplica consideró que la sentencia
de unificación invocada no fue desconocida, pues la misma fue tenida en cuenta en la
sentencia de segunda instancia, aseguró que la decisión del Tribunal Administrativo del
Tolima solo hizo referencia a ella, pero no la aplicó.
El accionante subrayó que, “cuando en las certificaciones laborales aparezca anotado
equivocadamente que el docente es nacional, debe prevalecer la tipología que deviene
de los actos de nombramiento o vinculación. Si un docente fue nombrado por un alcalde
o gobernador a un establecimiento nacionalizado o territorial conserva esa clasificación”9.
En ese sentido, mencionó que el Tribunal Administrativo del Tolima, al negar la pensión
gracia, basó su decisión en que el certificado de historia laboral lo clasificaba como
docente nacional, descartando el tiempo posterior a 1988.
Finalmente arguyó que la autoridad judicial accionada, al rechazar el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia bajo el argumento que se discutía la
prueba y no la regla, impidió que se corrigiera la violación del precedente, esto es, que
se aplicara la jurisprudencia unificada que garantiza su derecho a adquirir la pensión
gracia lo que, bajo su consideración, se traduce en la restricción desproporcionada de
sus derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 23 de octubre de 202510, a través del aplicativo de recepción
de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a
esta Sección que, por auto del 30 de octubre de 202511 la admitió y dispuso notificar12 a
la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado como parte accionada; así
como vincular13 al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, al Tribunal
Administrativo del Tolima y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06671 00.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06671 00.
12 Esta orden se cumplió el 4 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06671 00.
13 Ibidem.
4
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, como terceros interesados
en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué para
que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el
radicado nro. 73001 33 33 003 2017 00215 00/01.
3.2. La subdirectora de defensa judicial de la UGPP allegó escrito14 en el que solicitó que
se declare la improcedencia de solicitud de amparo porque, según estima, no cuenta con
los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Aseguró que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo ni en
desconocimiento del precedente, pues “se evidenció que no había lugar a extender los
efectos de la sentencia de unificación pedidos y por ende acceder al reconocimiento de
la pensión gracia que hoy nos ocupa”.
Resaltó que la acción de tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia para
revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse
agotado un procedimiento establecido por la ley para el efecto.
3.3. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué remitió el expediente
solicitado15, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la
tutela.
3.4. El Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A, Sección Segunda del
Consejo de Estado guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 16 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,17 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201919, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
14 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06671 00.
15 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06671 00.
16 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
17 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
18 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:
4.2.1. El señor Humberto Sierra Flórez, actuando por conducto de apoderado, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución nro. RDP 008160 del 24 de febrero de 2016 por la cual se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, así como el contenido en la Resolución RDP
024228 del 29 de junio de 2016 que confirmó la anterior decisión.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condenara a la entidad
demandada a reconocer y pagar a su favor una pensión gracia a partir del 21 de junio de
2009.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Ibagué que, en sentencia del 3 de julio de 2020 dispuso lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. RDP 008160 del 24
de febrero de 2016 y RDP 024228 del 29 de junio de 2016, a través de las cuales
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social U.G.P.P., denegó el reconocimiento de la
pensión de jubilación gracia al actor.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social U.G.P.P., a que reconozca y liquide la pensión de jubilación
gracia con el 75% promedio mensual obtenido en el último año anterior a la fecha
en que adquirió el status pensional, esto es, del 21 de junio de 2008 al 20 de junio
de 2009, efectiva a partir del 21 de junio de 2009 y liquidada con todos los factores
de salario, junto con los incrementos anuales que le corresponda. – No cabe la
exigencia de los aportes para la inclusión de los factores salariales (artículo 47 de
la Ley 4/66, reglamentada por el art. 5 Decreto 1773 de 1966).
TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción, con
relación a las mesadas causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2012.
CUARTO: CONDENAR a Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social U.G.P.P. a pagar al
demandante, las mesadas pensionales de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
segundo de esta providencia, pero con efectos fiscales a partir del 10 de
diciembre de 2012 […]. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
4.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la UGPP interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 26 de mayo de 2022 la revocó y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
4.2.4. El señor Humberto Sierra Flórez, actuando a través de su apoderado, presentó
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en contra de la precitada sentencia
del 26 de mayo de 2022, alegando, entre otras cosas, lo siguiente:
20 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 73001 33 33 003 2017 00215 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06671 00.
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El Tribunal Administrativo del Tolima a través de su providencia del 26 de mayo
de 2022, contraría a todas luces la sentencia de unificación jurisprudencial
proferida por el Consejo de Estado en fecha 21 de junio de 2018, con Radicado
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), Consejero Ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter; por las siguientes razones:
El Juez Ad Quem, apoya su decisión, en un certificado de tiempo de servicio
expedido por la Secretaría de Educación Departamental del Tolima, indicando que
no se acreditó “con la respectiva certificación de la entidad nominadora que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial”.
Con la sentencia aquí impugnada el Juez Ad Quem desconoce el carácter de
docente nacionalizado que posee el actor conforme a los nombramientos de orden
Municipal (NO Nacional) que acreditan el ejercicio de la función en el cargo de
docente; desconociendo los preceptos normativos que regulan el reconocimiento
de la pensión gracia, en tanto que no convalida como requisito de prestación del
servicio para el cómputo de los 20 años exigidos por la norma, el tiempo laborado
bajo el cargo de Docente a partir del 22 de febrero de 1988 como producto de un
nombramiento del orden municipal y sus posteriores ratificaciones o traslados por
medio de Actos del orden territorial.
4.2.5. Por auto del 21 de enero de 2025, el despacho de conocimiento de la Subsección
A, Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó de plano el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia interpuesto por el señor Sierra Flórez.
4.2.6. Inconforme con la decisión anterior, el señor Sierra Flórez presentó recurso de
súplica y la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto del 27 de
marzo de 2025 la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad de la tutela es
la protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales, ésta debe formularse
en un plazo razonable contado a partir del hecho que originó la amenaza o vulneración,
pues aceptar lo contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional destacó que la
importancia de exigir un término razonable entre la notificación de la providencia que se
controvierte y la interposición de la acción de tutela, radica en que dicho requisito: “(…)
(i) garantiza una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas
de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las solicitudes
negligentes (…)”.
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La citada Corporación estableció dos eventos en los que es posible valorar la
admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que hubiese transcurrido un
largo período respecto de la vulneración o amenaza de derechos: (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual; y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a
quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho
de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros21.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto, teniendo en cuenta,
entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un motivo válido para la inactividad del
accionante; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados, y (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición22.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del 21 de junio de
2018, explicó lo siguiente:
[…] la tutela debe interponerse dentro de un término oportuno y razonable, es
decir, en un momento cercano a aquel en que se presentó la vulneración o
amenaza. No obstante, también ha considerado que en los eventos donde la
afectación permanece en el tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque
la posición desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante […].
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del
5 de agosto de 2014, unificó su jurisprudencia23 y, en cuanto al requisito de inmediatez,
estableció que “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente
(…)”. (Negrillas del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales, por regla general,
la acción se debe interponer dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de
la providencia que se cuestiona, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso particular, tomando en
consideración las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.
En el asunto bajo examen, el accionante cuestiona las providencias proferidas el 21 de
enero y el 27 de marzo de 2025 por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado que rechazaron de plano el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
21 Sentencia T-584 de 2011.
22 Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014.
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.:11001 03 15 000 2012 02201 01.
8
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Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
presentado por el señor Sierra Flórez en el proceso identificado con el radicado nro.
73001 33 33 003 2017 00215 00/01.
En ese sentido, y, comoquiera que la providencia del 27 de marzo de 2025 fue notificada
el 9 de abril de 202524 tanto al correo electrónico del demandante, hoy accionante, como
al de su apoderado en el proceso contencioso, y la presente acción de tutela fue radicada
el 23 de octubre de 202525, se desprende que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la inmediatez, dado que fue promovida luego de transcurridos más de seis
meses de notificada la providencia cuestionada.
Adicional a lo anterior, la Sala observa que la parte accionante no ofreció ningún motivo
que justifique su inactividad en la interposición de la acción en un término prudencial, ni
se advierte, prima facie, que se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la interposición tardía de
la presente tutela.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con el requisito general de
inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor
Humberto Sierra Flórez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27 de
noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
24 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 73001
33 33 003 2017 00215 01.
25 Visto en los índices 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06671 00.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06671 00
Accionante: Humberto Sierra Flórez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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