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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06680-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06680-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

Tema: tutela por vulneración de derecho de petición Subtema 1: procedencia del
derecho de petición para atender actividades de concurso de méritos.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por los señores Gloria María Jiménez Londoño y David
Alejandro Castañeda Duque contra la sentencia del 1 de diciembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.

1.Síntesis del caso

Los señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque
presentaron acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a cargos públicos, a la igualdad, al debido
proceso, a la eficacia, a la moralidad jurídica y a la adopción de decisiones en un
plazo razonable, que consideraron vulnerados por la Unidad de Administración de
Carrera judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, al no dar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud radicada el
24 de junio de 2025.

2.Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

2. El Consejo Superior de la Judicatura ofertó en la Convocatoria núm. 27 el
cargo de magistrado de Tribunal Superior, Sala Única, al cual se inscribieron los
señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque.

3. Los mencionados aspirantes solicitaron, el 24 de junio de 2025, al Consejo
Superior de la Judicatura la publicación de los «resultados de las pruebas
psicotécnicas y de la valoración de antecedentes». Asimismo, pidieron la expedición
de la respectiva lista de elegibles.

4. La Unidad de Administración de Carrera Judicial respondió la petición el 2 de
julio de 2025 mediante el Oficio CJO25-3538. En dicha comunicación, la entidad
negó la conformación de la lista de elegibles y la expedición de los resultados de la
prueba clasificatoria con el argumento de que deben surtirse todas las etapas del
concurso y quedar en firme el registro.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. Los señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda
Duque solicitaron el amparo de los derechos fundamentales de petición, al acceso
a cargos públicos, a la igualdad, al debido proceso, a la eficacia, a la moralidad
jurídica y a la adopción de decisiones en un plazo razonable. En consecuencia,
pidieron lo siguiente:

SEGUNDA: Se ordene a las accionadas publicar de manera anticipada al cronograma
recientemente expedido para la convocatoria 27 y, de forma autónoma, es decir, solo
para el grupo al que pertenecen los actores, la lista de resultados de las pruebas que
faltan por revelarse dentro del grupo de concursantes a Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Única, es decir, la psicotécnica y la valoración de
antecedentes/experiencia, luego de agotar todos sus integrantes las etapas
eliminatorias y clasificatorias que les eran exigibles.

TERCERA: Que se imparta orden a la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura para que, en el término que el Juez constitucional disponga, proceda a
expedir la Resolución o acto administrativo contentivo de la lista de elegibles
correspondiente al grupo de aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior -
Sala Única, sin supeditar su conformación a la culminación de otras fases por parte
de terceros ajenos a tan particular grupo, pues se ha demostrado que la práctica
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no impone inexorablemente -
como ocurrió en la Convocatoria N° 22- la confección de listas universales o únicas.

EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR. Pido, ante la coexistencia de cronogramas en la
convocatoria N° 27 y para evitar nuevas dilaciones y solo en el evento de no acceder
el juez constitucional a las súplicas principales atrás propuestas, amparar los
derechos fundamentales invocados y ordenar a las accionadas -especialmente a la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura- expedir un acto administrativo o
Resolución que ordene la elaboración de un “cronograma especial e inamovible” así
como exclusivo para el grupo de concursantes al cargo de Magistrado de Tribunal
Superior Sala Única, que sea independiente del avance o parálisis de otras
especialidades, con hitos y fechas perentorias que culminen en la publicación de
resultados y la expedición de la lista de elegibles de Sala Única en los términos fijados
por el Juez constitucional, pero en todo caso más cercanos a las fechas que

2

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Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

actualmente fueron establecidas en el último cronograma revelado por las entidades
tuteladas. . […]1.

6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
respuesta que se obtuvo fue evasiva en cuanto a que no se justificó la imposibilidad
jurídica de realizar una interpretación sistemática del ordenamiento que permitiera
acceder a las peticiones, ni se explicó por qué no se conformó una lista individual
para el grupo que ya agotó las fases exigidas por la Ley 270 de 1996.

7. Alegó que no existía norma que prohibiera la creación de listas parciales por
especialidad, para lo cual refirió la Convocatoria 22 para la provisión de cargos
similares a los de la presente oportunidad. En consecuencia, consideró viable
expedir listas exclusivas por especialidad en momentos distintos, sin necesidad de
esperar a la totalidad de los grupos de aspirantes.

8. Adicionalmente, indicó que los cronogramas de la Convocatoria 27 y del IX
Curso de Formación Judicial habían sido objeto de ajustes y modificaciones, lo cual
evidenciaba que no existía una regla inmutable que obligara a esperar a otras
especialidades o grupos para publicar la lista de Sala Única.

9. Finalmente, expuso que la dilación en la publicación de resultados o listas de
elegibles, cuando ya se habían culminado etapas y solo restaba revelar sus
resultados, afectaba directamente la garantía del mérito y vaciaba de contenido el
derecho de los concursantes que, con esfuerzo, transparencia y buena fe, habían
cumplido con los requisitos del proceso de selección.

2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente, mediante auto del 28 de octubre de 20252, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Consejo Superior de la Judicatura, a
la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.

2.4. Intervenciones

11. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla3 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no emitió la respuesta a la
solicitud de los accionantes, pues la petición se dirigió al Consejo Superior de la
Judicatura, siendo así que no es posible atribuirle la vulneración ni afectación de los
derechos fundamentales invocados.

12. Afirmó que la acción de tutela debe declararse improcedente en cuanto a que
no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que los aspirantes cuentan con
otros medios de defensa judicial para controvertir los actos administrativos del
concurso de méritos. En particular, precisó que el Oficio CJO25-3538 del 2 de julio

1
Se transcribe incluso con errores.
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 4, certificado BA9DA78C5654EA4A 9A0B42AC5A129190
B47467A8BD6FC348 94F5D82D9DD95EB6.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-0 Incide 8, certificado CA69EC92E084ACDF A437CB8917A0A061
4215987768572CD5 293DE61DA11C54E0.

3

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Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

de 2025 debió impugnarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Bajo esta premisa, advirtió que los actores
pretendieron convertir la tutela en una instancia judicial adicional.

13. Expresó que la creación de una lista de elegibles diferenciada desconocería la
naturaleza del concurso y los Acuerdos PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA19-
11400 de 2019. Señaló que dichas normas no prevén la posibilidad de escindir o
modificar el cronograma del proceso. En consecuencia, afirmó que alterar las fases
procesales vulneraría el principio de igualdad y el derecho al debido proceso de los
demás participantes.

14. Por último, la Escuela Judicial solicitó la acumulación de procesos en un único
trámite. Justificó su petición en la existencia de múltiples acciones constitucionales
presentadas contra la misma entidad por los mismos hechos, bajo los radicados
núms. 73001-31-87-008-2025-00110-00, 1100-13-103-033-2025-00548-00, 1001-
31-05037-2025-10213-00, 11001-02-30-000-2025-01213-00 y 11001-33-35-017-
2025-00328-00.

15. La Unidad de Administración de Carrera Judicial4 alegó la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados pues la entidad resolvió las
solicitudes ciudadanas mediante los oficios CJO25-744 del 13 de febrero de 2025 y
CJO25-3538 del 2 de julio de ese año.

16. Respecto a la modificación de los cronogramas para un grupo específico, la
entidad precisó que dicha medida vulneraría el principio de igualdad. Explicó que
alterar el calendario desconocería la fuerza normativa de la convocatoria como «ley
del concurso» y afectaría la transparencia y la seguridad jurídica del proceso
administrativo.

17. Por último, advirtió que la acción de tutela es improcedente por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad toda vez que los actos
administrativos expedidos durante la convocatoria pueden ser controvertidos a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que los
accionantes disponen de otro mecanismo de defensa judicial.

18. El Consejo Superior de la Judicatura guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 1 de diciembre de 20255, negó la solicitud de amparo del derecho de
petición al considerar que el requerimiento que presentaron los accionantes el 24
de junio de 2025 fue atendido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial
en los oficios CJO25-744 del 13 de febrero de 2025 y CJO25-3538 del 2 de julio de
2025.

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 10, certificado C59F5D588A98F1B3 8537F57435D625FA
6136EF367E6C126B.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 17, certificado 875519D674EE613D D9FE1BD599AE34F9
572BB7802C349C58 21247AA2C2A254B7.

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Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

20. Explicó que la respuesta proporcionada a la solicitud fue clara precisa y
congruente, toda vez que el despacho evidenció que la entidad expuso razones
suficientes para desestimarla. Asimismo, determinó que la respuesta no fue evasiva,
pues se indicó que al realizar la creación anticipada de un registro de elegibles
resultaba improcedente mientras la convocatoria estuviera en curso y no se
agotaran las etapas previstas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

21. Sostuvo que carece de competencia para imponer cronogramas especiales o
acelerar la conformación de listas de elegibles, dado que el proceso del concurso
continúa vigente y tiene como fecha de cumplimiento el 22 de abril de 2026. Al no
existir términos vencidos ni la acreditación de un perjuicio irremediable, la Sala
declaró la improcedencia de la acción en relación con los demás derechos
invocados.

22. Adicionalmente, precisó que otorgar un trato preferencial a un grupo específico
sin justificación técnica vulneraría el derecho a la igualdad de los demás
concursantes y rompería las reglas generales de la Convocatoria 27.

23. Por último, aseveró que la inconformidad de los actores frente al trámite del
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial se debió gestionar por medio de otro mecanismo judicial siendo
improcedente la acción de tutela.

2.6. Impugnación

24. La parte actora presentó impugnación6 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. Indicó que el fallo de primera instancia
incurrió en error de derecho al calificar la acción de nulidad y restablecimiento como
mecanismo judicial principal para discutir la acción presentada; que omitió dar
solución a los problemas constitucionales planteados; y que no se resolvió de la
petición presentada.

25. Expuso reproches relativos al «plazo razonable + igualdad + merito», sobre la
modificación del cronograma del concurso.

26. Argumentó una afectación al plazo razonable debido a la falta de un
pronunciamiento definitivo, ya que transcurrieron 8 años desde la realización del
concurso sin que se publicaran los resultados de la fase clasificatoria. Por esta
razón, consideró que la tutela permite la coexistencia de cronogramas modificables
y la creación de un cronograma propio para quienes cumplieron con los requisitos
preliminares.

27. Afirmó que la violación del derecho a la igualdad es inadmisible y que no se
debe otorgar el mismo trato a quienes ya cumplieron los requisitos frente a quienes
aún no lo han hecho. Por ello, solicitó un cronograma independiente para su grupo,
con el fin de evitar que su situación dependa del avance de terceros que no han
culminado el curso.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06671-00, índice 16, certificado núm. A793AC3F0E4F1A66 32D020813BA66E84
28F11FD4E3CD56BB D2B5A31DCFB94277.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

28. Sostuvo que se debió privilegiar el efecto útil del concurso sobre los
formalismos. En su opinión, la autoridad judicial debió ordenar un cronograma
especial con fechas perentorias y conminar a la accionada a publicar los resultados
pendientes y expedir la lista de elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal
Superior.

29. Alegó que se incurrió en error de derecho en la providencia impugnada, toda
vez que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio idóneo
para pretender la publicación de resultados y la culminación del concurso para el
grupo de «Sala Única». Lo anterior, debido a que no existe un acto administrativo
definitivo que permita acudir a dicha jurisdicción.

30. Aseveró que la providencia avaló una respuesta a la petición que carece de
fondo, toda vez que la entidad accionada no resolvió los puntos centrales relativos
al plazo razonable y a la publicación de resultados.

31. Adicionalmente señaló que el trámite de la acción de tutela excedió los
términos legales para proferir el fallo. Al respecto, indicó que la demanda se
presentó el 14 de octubre de 2025 y que la sentencia solo se notificó el 1 de
diciembre de ese mismo año.

32. Por otro lado, cuestionó la integración de la Sala de decisión. Explicó que, ante
el impedimento de uno de los magistrados, la corporación no nombró un conjuez.
Según su criterio, el hecho de que solo dos magistrados suscribieran la providencia
vulneró el estándar mínimo de integración previsto en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque
el fallo impugnado y, en su lugar, que se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en segunda
instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 1 de diciembre
de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa por activa de los señores Gloria María Jiménez
Londoño y David Alejandro Castañeda Duque se encuentra acreditada porque
fueron quienes presentaron las solicitudes que, en su criterio, no han sido
contestadas y, por ende, son los titulares del derecho fundamental de petición y de
las demás prerrogativas constitucionales que invocaron en el escrito de tutela.

35. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en la medida en que fueron las autoridades

6

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Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

que, según la parte actora, no han dado respuesta a sus solicitudes, y, por lo tanto,
a quienes se les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

36. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.

37. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable; y el segundo, consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»8 .

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

38. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra
satisfecho, dado que los actores no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial
para discutir la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, al acceso a
cargos públicos, a la igualdad, al debido proceso, a la eficacia, a la moralidad jurídica
y a la adopción de decisiones en un plazo razonable por falta de respuesta de las
entidades responsables.

39. Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionante argumentó que las solicitudes que presentó no han sido
atendidas en su integridad, circunstancia que, en principio, es continua en el
tiempo9.

3.5. Problema jurídico

40. A la Sala le corresponde determinar si debe confirmar, revocar o modificar la
sentencia de primera instancia del 1 de diciembre de 2025, proferida por el consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que negó el amparo del derecho de
petición de los señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda
Duque.

41. En particular, deberá establecer si ¿la autoridad accionada vulneró el derecho
de petición con ocasión de la falta de respuesta clara, precisa y congruente a la
solicitud presentada por los tutelantes el 24 de junio de 2025?

7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
9
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho es
permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera
estricta.

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Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

42. Para el efecto, se estudiarán los siguientes ejes temáticos: i) el derecho de
petición y el caso concreto.

3.5.1. Generalidades del derecho de petición

43. El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a
presentar peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por
razones de interés general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte
de estas. Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley
1755 de 2015, especificó que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de
fondo». La Corte Constitucional10, respecto del mencionado derecho, indicó lo
siguiente:

Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes.
El núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal respectivo.

44. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii)
precisión, que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo
pedido sin acudir a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud;
y (iv) consecuencia, aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada
guarde concordancia con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que
la petición surge en el marco de un procedimiento administrativo.

45. En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición,
son asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437
de 2011. En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la autoridad
a la que se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien sí lo es
y de tal actuación informar al peticionario.

3.6. Caso concreto

46. Los señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda
Duque presentaron escrito ante el Consejo Superior de la Judicatura, el día 24 de
junio de 2025, en el que solicitaron, por un lado, que en aplicación de un criterio
interpretativo acorde con las finalidades perseguidas por los concursos de méritos,
publicara los resultados de la prueba clasificatoria de la Convocatoria 27 para la
provisión de cargos en la Rama Judicial; y, por otro lado, en consecuencia de lo
anterior, elaborara la lista de elegibles de los concursantes para el cargo de
magistrados de Tribunal, Sala Única11.

10
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 2, certificado B4BDB829ED2A0934 82D397C63AFE1C46
628C07CC7EDF6CE4 E075D4AC91E9BACE.

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Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

47. De los documentos aportados al expediente, se observó que la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, mediante oficio CJO25-744 del 13 de febrero de
2025, negó la primera petición de la parte actora, pues esta había sido formulada
en anterior oportunidad, en los siguientes términos:

[…] la Corte Constitucional en Sentencia SU-067 de 2022 con ponencia de la
Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera señaló:

“135. El deber de observancia de las reglas del concurso no solo es oponible a
la Administración; la jurisprudencia constitucional ha establecido que este
mandato también alcanza al Congreso: «La obligatoriedad que surge para la
Administración en términos de autovinculación y autocontrol, incluye la sujeción
a las reglas del concurso por parte del legislador» [106]. Dicho mandato implica,
entonces, una importante restricción del margen de configuración que tiene el
Congreso de la República para regular los concursos de méritos. Esta
consideración ha llevado a la Corte Constitucional a declarar la inexequibilidad
de disposiciones legales cuya entrada en vigor acarreaba la modificación de las
reglas previstas en concursos de méritos que se encontraban en trámite [107].
Esta clase de determinaciones son abiertamente contrarias al principio de
confianza legítima, que será analizado en el siguiente apartado, y violan los
derechos fundamentales de los participantes. Por tal motivo, el legislador
también se encuentra vinculado por la directriz bajo estudio”.

Ahora bien, respecto de las etapas de concurso el numeral 4 del artículo 3.º. del
Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, estableció entre otros, el
siguiente:

“ARTÍCULO 3. El concurso es público y abierto. La convocatoria es norma
obligatoria y reguladora de este proceso de selección, por tanto, de perentorio
cumplimiento tanto para la administración como para los participantes, quienes,
con su inscripción, aceptan las condiciones y términos señalados en el presente
Acuerdo.

[…]

En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación del Consejo Superior de la
Judicatura responde a la naturaleza del concurso y preserva la garantía de
transparencia e imparcialidad del mismo, puesto que como bien ya se dijo, el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para
la administración como para los concursantes y el mismo señaló de manera integral
cada una de las etapas y fases del concurso de méritos, incluyendo dentro de la etapa
clasificatoria la prueba psicotécnica, y cuyos puntajes serán publicados junto con los
de los demás factores, en la correspondiente resolución, lo cual no admite excepción
para ningún grupo de participantes.
Así, las cosas no es posible acceder a su solicitud de conformidad con la normatividad
señalada. […]»12.

48. Con respecto a la segunda petición, en oficio CJO25-3538 del 2 de julio de
2025, se resolvió lo siguiente:

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 10, certificado 8D88B6FA65ACACE2 F0420E8199E81B00
C9517E77721353DC B4FBA611B4B3E9AC.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

Ahora bien, en cuanto al SEGUNDO punto, no resulta procedente dado que debe
surtir cada una de las etapas señaladas en el Acuerdo de Convocatoria, y solo hasta
tanto se encuentre en firme el registro de elegibles, los integrantes de este podrán
optar por las vacantes que se publiquen de conformidad con lo señalado en los
artículos 164 y 165 de la Ley Estatutaria de Hoja No. 2 Oficio CJO25-3538.

[…]

Lo anterior toda vez que las reglas de la convocatoria protegen los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica, y además que, la convocatoria 27 fue regulada
mediante acuerdo que contiene las normas que se aplican al proceso desde el inicio
hasta su culminación, máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto en la sentencia SU-
067-2022 (apartado 135), ya mencionada.

En el mismo sentido, se reitera que, el acuerdo en cita, en su calidad de norma
reglamentaria y de obligatorio cumplimiento, constituye el marco jurídico rector del
proceso de selección por concurso de méritos. La Corte Constitucional ha reiterado
que la convocatoria, contenida en actos como este acuerdo, tiene fuerza normativa y
constituye la “ley del concurso”, en la medida en que su observancia estricta garantiza
la realización de los principios constitucionales de mérito, igualdad y transparencia
que rigen el acceso a la función pública. […]»13

49. De lo anterior, se observa que la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura a través de los oficios CJO25-744 del 13 de
febrero de 2025 y CJO25-3538 del 2 de julio de 2025 atendió de forma clara, precisa
y congruente la solicitud de dar un criterio interpretativo del concurso de méritos
sobre el plazo razonable en cuanto a la publicación de resultados de la etapa
clasificatoria y de la elaboración de la lista de elegibles.

50. En este orden, se tiene que la respuesta emitida por la entidad accionada de
ninguna manera puede catalogarse como carente de contenido, confusa y evasiva,
pues es evidente que la Unidad de Administración de Carrera Judicial, de forma
explícita, les dio a conocer a los tutelantes las razones por las cuales no se pudo
expedir los resultados de la etapa clasificatoria y porque no era procedente realizar
anticipadamente un registro de elegibles para el cargo al cual aspiraron, esto es,
que se debían respetar todas las etapas previstas en el Acuerdo PCSJA18-11077
de 2018.

51. Al respecto, es pertinente mencionar que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha indicado que el núcleo esencial del derecho de petición exige que
la respuesta que emita la administración cumpla parámetros de coherencia y se
refiera de fondo al asunto objeto de análisis, lo cual «no implica aceptación de lo
solicitado»14.

52. En este orden de ideas, la Sala considera que, contrario a lo expuesto por los
accionantes en el escrito de impugnación, la Unidad de Administración de Carrera
Judicial garantizó el derecho de petición, toda vez que se encuentra demostrado en

13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06680-00 Índice 10, certificado 7E5E79134D1579BD 2D1C4ECA502CFAD1
054014CFD59A7E1A FFA71190AB0FE5E2.
14
Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2000.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

el expediente de tutela que las respuestas emitidas en los oficios CJO25-744 del 13
de febrero de 2025 y CJO25-3538 del 2 de julio de 2025 resuelven de forma precisa
y adecuada el requerimiento, independientemente de que estas no hayan sido
favorables a los intereses de los tutelantes. Por lo anterior no es posible concluir
que la entidad accionada desconoció las garantías constitucionales invocadas en la
solicitud de amparo.

53. En todo caso, resulta oportuno advertir en relación con la primera petición,
que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial profirió la Resolución CJR26-
0018 el 13 de enero de 2026, «Por medio de la cual se publican los resultados de
la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, para el cargo de Magistrado de Tribunal
Superior - Sala Única».

54. En tal sentido, al margen de que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por los señores Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro
Castañeda Duque en relación con la primera petición formulada en el escrito 24 de
junio de 2025, lo cierto es que actualmente ya fueron publicados los resultados de
la etapa clasificatoria.

55. Ahora bien, en lo que respecta a la pretensión subsidiaria de modificación del
cronograma del concurso, se indica que al no haber sido demostrado que se
causara un perjuicio irremediable, el juez constitucional no puede ordenar que se
expida una lista de elegibles única o que se modifique el cronograma, en tanto que
el trámite se encuentra en vigencia y ha cumplido con todos los lineamientos
establecidos en la Convocatoria 27.

56. Por lo tanto, al tener en cuenta lo mencionado en el Acuerdo PCSJA18-11077
de 16 de agosto de 2018 y la prueba aportada al expediente por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, el 14 de enero de 2026 fueron publicados los resultados
alegados respecto a la etapa clasificatoria y se requiere que se terminen de agotar
los requisitos de las demás etapas para poder expedir la lista de elegibles con el fin
de que se preserve la transparencia e imparcialidad. Por estas razones, resulta
procedente negar las pretensiones de amparo.

57. La Sala coincide con el juez de tutela de primera instancia en que los actos
administrativos que regulan el concurso de méritos y los actos particulares
definitivos que se expiden con ocasión de este son susceptibles de ser cuestionados
a través de los medios de control de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento
del derecho, respectivamente.

58. De manera que, si la parte actora tiene inconformidades con las reglas
generales del concurso o los cronogramas programados, puede acudir a estos
instrumentos o mecanismos judiciales.

59. En cuanto al cuestionamiento de que se excedieron los términos legales para
proferir el fallo, la Sala advierte que este debió ser un reproche expuesto ante la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que se pronunciara

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

al respecto. En ese orden, no es un asunto que corresponda ser resuelto en esta
instancia.

60. De todas formas, superar los términos previstos en el artículo 29 del Decreto
2591 de 1991 para emitir sentencia de primera instancia en razón a las dinámicas
propias de la Sala de decisión no genera falta de competencia en el trámite de tutela
ni invalida o anula la sentencia del 1 de diciembre de 2025.

61. Por último, frente al cuestionamiento de la integración de la Sala de decisión
en el fallo de primera instancia, es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo
128 de la Ley 1437 de 2011 y 58 de la Ley 270 de 1996, las providencias deben
deliberarse con la asistencia y el voto favorable de la mayoría de los miembros de
la respectiva corporación.

62. Asimismo, el Acuerdo 080 del 2019 «por medio del cual se regula el
reglamento interno del Consejo de Estado» estableció las reglas para el estudio de
los proyectos en el siguiente orden:

ARTÍCULO 49.- REGLAS PARA EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS. El estudio en
sala, sección o subsección, se sujetará a las siguientes reglas:

[…]

6. Terminado el debate se hará la votación. Si así lo solicitara cualquier consejero, se
votarán por separado la parte motiva y la parte resolutiva del proyecto, o cada una de
las cuestiones o resoluciones que comprenden una y otra. Solo será aprobado el
proyecto que exprese, en todas sus partes, el parecer y la decisión de, por lo menos,
la mayoría absoluta de los miembros que componen la sala, sección o subsección.

63. En este orden de ideas, la Sala considera que no era necesario acudir a un
conjuez, toda vez que la decisión proferida en primera instancia fue aprobada por la
mayoría de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
cumpliendo de los presupuestos necesarios para que la decisión se encuentre.

4. Conclusión

64. En atención a las razones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la
sentencia del 1 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en el entendido de que se negarán las pretensiones de la
solicitud de amparo promovida por los señores Gloria María Jiménez Londoño y
David Alejandro Castañeda Duque.

5.Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-01 (841)
Accionantes: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Accionados: Unidad de Administración de Carrera Judicial y otros

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2025 por el Consejo
de Estado Sección Tercera, Subsección B de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

13

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