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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06680-00

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06680-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRESE fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez, para conocer el presente asunto, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: NIÉGUESE la solicitud de desvinculación elevada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. TERCERO: NIÉGUESE la solicitud de acumulación de procesos solicitada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en precedencia. CUARTO: NIÉGUESE el amparo solicitado por la protección del derecho de petición, por las razones expuestas en precedencia. QUINTO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela frente a los derechos conexos, por las razones expuestas en precedencia. 10 Corte Suprema de Justicia, expediente 11001023000020250121300 del 6 de noviembre de 2025, M.P. Juan Carlos Espeleta Sánchez. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00 Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro Acción de tutela SEXTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06680-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

1 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06680-00
Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque
Accionados: Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por Gloria María
Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda Duque contra la Presidencia de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la supuesta vulneración del
derecho de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso
en el trámite de la convocatoria 27 para la provisión de cargos en la Rama Judicial.

SÍNTESIS1

Los accionantes presentaron acción de tutela con el fin de que se ampare su derecho
fundamental de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido
proceso, los cuales consideraron vulnerados porque la respuesta otorgada por la Unidad
de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no fue de fondo;
además, solicitó la modificación del cronograma y la expedición de la lista de elegibles de
los aspirantes a Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única que ya superaron de manera
satisfactoria todas las etapa establecidas en el Acuerdo PCSJA 18-11077 de 2018. La Sala
negará el amparo solicitado en relación con el derecho de petición porque la respuesta
otorgada fue clara, precisa y congruente y, de otro lado, se declarará improcedente la
demanda de tutela frente a los derechos conexos porque no se cumplió con el requisito
general de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de octubre de 2025, Gloria María Jiménez Londoño y David Alejandro Castañeda
Duque presentaron una demanda de tutela con el fin de obtener el amparo de su derecho
fundamental de petición en conexidad con acceso a cargos públicos, igualdad y debido
proceso. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por las accionadas
porque estas otorgaron una respuesta con evasivas y no fue de fondo.

1 Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06680-00
Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Acción de tutela

2. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

PRIMERA. Tutelar los derechos fundamentales invocados por GLORIA MARÍA JIMÉNEZ
LONDOÑO y DAVID ALEJANDRO CASTAÑEDA DUQUE.

SEGUNDA. Se ordene a las accionadas publicar de manera anticipada al cronograma
recientemente expedido para la convocatoria 27 y, de forma autónoma, es decir, solo para
el grupo al que pertenecen los actores, la lista de resultados de las pruebas que faltan por
revelarse dentro del grupo de concursantes a Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única,
es decir, la psicotécnica y la valoración de antecedentes/experiencia, luego de agotar todos
sus integrantes las etapas eliminatorias y clasificatorias que les eran exigibles.

TERCERA. Que se imparta orden a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
para que, en el término que el Juez constitucional disponga, proceda a expedir la Resolución
o acto administrativo contentivo de la lista de elegibles correspondiente al grupo de
aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior - Sala Única, sin supeditar su
conformación a la culminación de otras fases por parte de terceros ajenos a tan particular
grupo, pues se ha demostrado que la práctica administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura no impone inexorablemente -como ocurrió en la Convocatoria N° 22- la confección
de listas universales o únicas.

EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR. Pido, ante la coexistencia de cronogramas en la
convocatoria N° 27 y para evitar nuevas dilaciones y solo en el evento de no acceder el juez
constitucional a las súplicas principales atrás propuestas, amparar los derechos
fundamentales invocados y ordenar a las accionadas -especialmente a la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura- expedir un acto administrativo o Resolución que ordene
la elaboración de un “cronograma especial e inamovible” así como exclusivo para el grupo
de concursantes al cargo de Magistrado de Tribunal Superior Sala Única, que sea
independiente del avance o parálisis de otras especialidades, con hitos y fechas perentorias
que culminen en la publicación de resultados y la expedición de la lista de elegibles de Sala
Única en los términos fijados por el Juez constitucional, pero en todo caso más cercanos a
las fechas que actualmente fueron establecidas en el último cronograma revelado por las
entidades tuteladas.

B. Hechos

3. En el escrito de tutela, los accionantes narraron que, el 24 de junio de 2025, presentaron
una petición ante el Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitaron lo siguiente:

PRIMERO. Se aplique en nuestro caso; esto es, para quienes buscamos ocupar el cargo de
Magistrado de Tribunal Superior de Distrito –Sala Única- un criterio interpretativo acorde con
las finalidades legales y constitucionales perseguidas por los concursos de méritos, y que
aquello ocurra dentro de un plazo razonable, publicando los resultados de (i) la prueba
psicotécnica, (ii) la valoración de experiencia adicional y docencia y (iii) la capacitación
adicional, y poder así culminar dentro de esta convocatoria con las etapas de selección y
clasificatoria y,

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a elaborar las respectivas listas
de elegibles y enviarlas a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de cubrir las vacantes
existentes en los distintos Tribunales Superiores de Distrito – Sala Única-, las cuales se
ubican en Quibdó, San José del Guaviare y Arauca.

3.1 El 2 de junio de 2025, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura le indicó a los accionantes que, el 13 de febrero de 2025 ya se le
había dado respuesta frente al primer punto y, en cuanto al segundo, que no era posible

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Accionante: Gloria María Jiménez Londoño y otro
Acción de tutela

elaborar la lista de elegibles hasta tanto no se encuentre en firme el registro; sin embargo,
estos consideraron que fue evasiva y que no resolvió el fondo de la petición. Además,
señalaron que no existe ninguna normativa en el ordenamiento jurídico que impida
conformar una lista individual de elegibles para la convocatoria 27, máxime si llevan más
de siete años esperando a la culminación del concurso en el que superaron todas las etapas
de manera satisfactoria.

3.2 Según los accionantes, a las 17 personas que son aspirantes a magistrados de Tribunal
Superior - Sala Única no se les puede exigir esperar a que todos los demás participantes
acrediten el cumplimiento del curso de formación judicial o las etapas que le hagan falta,
pues ello atentaría contra sus derechos fundamentales.

3.3 Advirtieron que, durante la convocatoria 22 se realizaron listas por cargo o especialidad,
lo que demuestra “que las aquí accionadas efectivamente pueden expedir listas exclusivas
por especialidad y en momentos diferentes, sin tener que esperar a que la totalidad de los
grupos de aspirantes definan al tiempo las particularidades que cada uno tengan”.

3.4 Finalmente, que existen dos cronogramas que han sido modificados, uno
correspondiente a la convocatoria 27 y otro al curso de formación judicial. En consecuencia,
la entidad encargada del trámite del concurso de méritos podría expedir un cronograma
aplicable especialmente a los grupos que ya han cumplido con todos los requisitos.

C. Fundamentos de la vulneración

4. En el escrito de tutela los accionantes manifestaron que las respuestas otorgadas a los
derechos de petición deben ser de fondo y sin evasivas, situación que no se evidenció en
la contestación dada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura.

4.1 De otro lado, refirieron que el mérito exige decisiones oportunas y razonables, por lo que
la demora de cada una de las etapas del concurso vulnera el derecho fundamental de
acceder a cargos públicos. En ese orden de ideas, reiteraron que, para los aspirantes a
Magistrados de Tribunal Superior – Sala Única era posible realizar una lista especial puesto
que todos cumplieron con los requisitos del proceso de selección, toda vez que “nadie más
podrá competirles o reclamarles un mejor derecho derivado de tan exclusiva elección”.

D. Trámite procesal

5. Por auto del 28 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela2 Dicha providencia fue
debidamente notificada a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y a la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla3.

2 Índice 4 del aplicativo Samai.
3 Índice 7 del aplicativo Samai.

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Acción de tutela

E. Oposiciones e intervenciones

6. La Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la petición no fue dirigida a dicha
entidad y tampoco fue quien la respondió; además, que no tuvo ninguna injerencia en la
actuación administrativa objeto de reproche, por lo que no se le puede atribuir la supuesta
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes.

6.1 Frente al fondo del asunto, consideró que se debía declarar improcedente la demanda
de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes
cuentan con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para reprochar
los actos administrativos que se expidieron en el marco de la convocatoria 27, como fue el
oficio CJO25-3538 del 2 de julio de 2025 “en el cual se indicó que no es procedente elaborar
las listas de elegibles a efectos de cubrir las vacantes de los distintos Tribunales Superiores
de Distrito”.

6.2 Adicionalmente, indicó que los Acuerdos PCSJA18-11077de 2018 y PCSJA19-11400 de
2019 no contemplaron la posibilidad de escindir o modificar el cronograma del concurso de
méritos como lo pretenden los accionantes, razón por la que, alterar las fases procesales
vulneraria el principio de igualdad y el derecho al debido proceso de los demás
participantes. Igualmente, la solicitud de realizar una lista de elegibles diferenciada por
cargos desconocería la “naturaleza universal e indivisible del concurso de méritos, conforme
a los principios de rigen la convocatoria 27”, máxime si existe recursos aún se encuentran
pendientes de resolver, por lo que indicó:

Asimismo, es preciso señalar que, de conformidad con el cronograma fijado por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial, la expedición de la resolución mediante la cual se
publican los resultados de la etapa clasificatoria está prevista para el 13 de enero de 2026,
y su notificación se llevará a cabo entre el 14 y el 20 de enero del mismo año. Se reitera que
la Escuela Judicial ha actuado conforme a las disposiciones que rigen el IX Curso de
Formación Judicial Inicial. En ese sentido, las decisiones adoptadas se han ajustado
estrictamente a las condiciones previstas en los acuerdos y el cronograma. Por lo tanto, no
resulta jurídicamente viable que, los aquí accionantes pretendan que se les adelante a la
siguiente fase cuando faltan resolver los recursos de reposición en contra del acto
administrativo que les notificó la nota final de los demás discentes.

6.3 Finalmente, solicitó que se acumularan en un único trámite todas las acciones
constitucionales que se han presentado por los mismos hechos y contra la misma entidad,
razón por la que trajo a colación una lista de casos que se están tramitando en diferentes
juzgados del país y otro en la Corte Suprema de Justicia.

6.4 La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura señaló que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental a los
accionantes, toda vez que dicha entidad le dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la
petición. Al respecto, indicó:

En este caso, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial ha mantenido una línea de
actuación constante, ajustada a las reglas establecidas en el Acuerdo PCSJA18-11077 y en
los cronogramas de la Convocatoria 27, sin incurrir en contradicciones que generen
expectativas legítimas de reconocimiento anticipado de derechos. Por tanto, cualquier
modificación unilateral de las etapas o del cronograma, en beneficio exclusivo de un grupo

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de aspirantes, no solo vulneraría el principio de igualdad, sino que desconocería la fuerza
normativa de la convocatoria como “ley del concurso”, afectando la transparencia y seguridad
jurídica del proceso.

6.5 De otro lado, señaló que tampoco se han vulnerado los derechos conexos alegados por
los accionantes, puesto que la convocatoria aún se encuentra en trámite y se ha adelantado
el proceso con sujeción a las reglas establecidas en el Acuerdo PCSJA18-11077. En ese
orden de ideas, concluyó que lo que se pretende con la demanda de tutela es modificar el
cronograma para beneficio particular.

6.6 Finalmente, aclaró que la demanda de tutela también resulta improcedente al no cumplir
con el requisito de subsidiariedad, porque los accionantes cuentan con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir los actos administrativos que se
expiden a lo largo de la convocatoria.

6.7 La Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

7. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por Gloria María Jiménez Londoño y
David Alejandro Castañeda Duque contra la Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).

G. Cuestión previa

8. El 1° de diciembre de 2025, el Consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez presentó
manifestación de impedimento con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal4, aplicable por remisión expresa del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991. Lo anterior, dado que dos de sus familiares dentro del cuarto grado
de consanguinidad están aspirando a ser nombrados como empleados de carrera de la
Rama Judicial en la convocatoria 27.

8.1 Se declarará fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado Fredy
Ibarra Martínez, dado el interés que les asiste a sus familiares dentro del cuarto grado de
consanguinidad en la convocatoria 27, circunstancia que configura una causal legal de
impedimento.

4 “Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…).
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.

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H. Solicitud de desvinculación

9. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla solicitó su desvinculación del presente proceso
de tutela porque consideró que las imputaciones realizadas por los accionantes no se
dirigían en contra de actuaciones en las que hubiera tenido alguna injerencia. La Sala
negará tal solicitud, en tanto dicha autoridad sí tiene participación en el trámite del proceso
de selección para la provisión de cargos de la Rama Judicial, pues de acuerdo con el
Acuerdo PCSJA18-11077 la Escuela es la encargada de adelantar la Fase III del proceso;
además, el artículo 5 del mencionado acuerdo prescribe que:

La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” tendrá bajo su responsabilidad el desarrollo de las
diferentes actividades relacionadas con la inscripción, implementación, evaluación,
notificación y publicación de los resultados del Curso de Formación Judicial Inicial, hasta su
culminación, y una vez en firme, remitirán consolidados los resultados finales a la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.

9.1 Para la Sala es claro que, si bien no se formuló imputación alguna frente a dicha entidad
respecto de la presunta vulneración del derecho de petición, lo cierto es que la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla sí ostenta interés en lo decidido dentro de la acción de tutela,
toda vez que cualquier determinación que se adopte en relación con los derechos conexos
implicaría una actuación por parte de dicha entidad.

I. Solicitud de acumulación

10. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en la contestación de la demanda de tutela
solicitó que se acumularan varios procesos que comparten “presuntamente” identidad de
causa, objeto y parte accionada. Relacionó los siguientes procesos:

Accionante Accionada Radicado Despacho
Juzgado Octavo de
Rocío Cecilia Ejecución de Penas y
73001318700820250011000
Catillo Mariño Medidas de Seguridad
Escuela de Ibagué
Ana María Judicial Juzgado 33 Civil del
Botero Rodrigo Lara 11001310303320250054800 Circuito de Bogotá
Piñeros Bonilla
Ninfa María
Juzgado 37 Laboral del
Guzmán 11001310503720251021300
Circuito de Bogotá
Moscote
Andrés Felipe Corte Suprema de
11001-02-30-000-
Lenis Justicia Sala de
202501213-00
Carvajal Casación Laboral
Daniel Felipe Juzgado Diecisiete
110013335 017 2025
Diaz Administrativo de
00328 00
Guevara Bogotá D.C

10.1 La Sala aclara que, no toda tutela puede ser acumulada y tramitada bajo un mismo
proceso. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido una serie de requisitos
para que proceda la acumulación, a saber: “(i) que tengan identidad de hechos (acciones u

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omisiones); (ii) que presenten un mismo problema jurídico; (iii) que sean presentadas por
diferentes accionantes; y (iv) que estén dirigidas en contra del mismo sujeto pasivo”5.

10.2 Si bien la entidad accionada no allegó copia de los respectivos expedientes a fin de
cotejar si se cumplen con los anteriores requisitos, la Subsección, luego de revisar la página
web de la Rama Judicial, constató que la petición de acumulación de procesos debe ser
negada porque el proceso con radicado 73001318700820250011000 no genera resultados
y los procesos con radicados 11001310303320250054800, 11001310503720251021300 y
11001333501720250032800 se promovieron solo en contra de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, razón por la que no cumple con el requisito que exige que estén dirigidas en
contra del mismo sujeto pasivo. Finalmente, frente al expediente
11001023000020250121300, se observa que, el 6 de noviembre de 2025, la Corte Suprema
de Justicia ya adoptó una decisión de fondo, lo que impediría su acumulación.

10.3 Por lo explicado, la Sala negará la petición elevada.

J. Sentido de la decisión

11. La Sala negará el amparo solicitado frente a la supuesta vulneración del derecho de
petición. Frente a los derechos conexos se declarará la improcedencia por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por cuanto los accionantes cuentan con un mecanismo
judicial idóneo para discutir los actos administrativos proferidos en el trámite del concurso
de méritos.

K. Caso concreto.

12. Los accionantes consideraron vulnerado su derecho de petición porque, en su sentir, la

respuesta otorgada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura a la petición de 24 de junio de 2025 fue evasiva y no la resolvió
de fondo.

12.1 Contrario a lo manifestado en la demanda de tutela, para la Sala, la respuesta otorgada

fue clara, precisa y congruente, cosa diferente es que los accionantes no compartan o no
estén conformes con su contenido.

12.2 La Corte Constitucional, en sentencia SU-191 de 2022 señaló que el derecho de
petición se vulnera en dos situaciones, i) cuando la respuesta se otorga por fuera del
término legal establecido para cada tipo de petición y, ii) cuando la respuesta no puede
ser considerada de fondo, sin que ello implique que se deba acceder necesariamente a lo
requerido. Posteriormente, en sentencia T-066 de 2024, el máximo tribunal de lo
constitucional refirió que:

28. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener una pronta resolución. Esta garantía permite asegurar la efectividad
de otros derechos de rango legal o constitucional, por lo que ha sido considerada por la
jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales

5 Corte Constitucional, auto 174 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento
de sus deberes. El núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad
de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal
respectivo.

29. El primer elemento buscar brindar a toda persona la garantía efectiva y cierta de poder
presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, sin que se puedan abstener de
recibirlas y tramitarlas. El segundo elemento implica que el destinatario de una solicitud debe
resolver de fondo las peticiones interpuestas, de forma clara, precisa y congruente. Y el
tercer elemento refiere a que se debe dar respuesta en el término legal establecido,
incluyendo la obligación de notificar la respuesta al peticionario de manera idónea y conforme
con las ritualidades previstas en la ley.

12.3 En el caso concreto, los accionantes, el 24 de junio de 2025, elevaron la siguiente
petición:

PRIMERO. Se aplique en nuestro caso; esto es, para quienes buscamos ocupar el cargo de
Magistrado de Tribunal Superior de Distrito –Sala Única- un criterio interpretativo acorde con
las finalidades legales y constitucionales perseguidas por los concursos de méritos, y que
aquello ocurra dentro de un plazo razonable, publicando los resultados de (i) la prueba
psicotécnica, (ii) la valoración de experiencia adicional y docencia y (iii) la capacitación
adicional, y poder así culminar dentro de esta convocatoria con las etapas de selección y
clasificatoria y,

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se proceda a elaborar las respectivas listas
de elegibles y enviarlas a la Corte Suprema de Justicia, a efecto de cubrir las vacantes
existentes en los distintos Tribunales Superiores de Distrito – Sala Única-, las cuales se
ubican en Quibdó, San José del Guaviare y Arauca.

12.4 La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
el 2 de julio de 2025, contestó la petición presentada por los accionantes en los siguientes
términos:

Al respecto me permito indicarles que, con oficio CJO25-744 de 13 de febrero de 2025, el
cual se anexa, esta Unidad dio respuesta al punto PRIMERO.
Ahora bien, en cuanto SEGUNDO punto, no resulta procedente dado que debe surtir cada
una de las etapas señaladas en el Acuerdo de Convocatoria, y solo hasta tanto se encuentre
en firme el registro de elegibles, los integrantes de éste, podrán optar por las vacantes que
se publiquen de conformidad con lo señalado en los artículos 164 y 165 de la Ley Estatutaria
de Administración de Justicia, y en los Acuerdos PSAA08-4536 de 2008, PSAA11-9941 de
2011 y PSAA14-10269 de 2014.
Lo anterior toda vez que las reglas de la convocatoria protegen los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, y además que, la convocatoria 27 fue regulada mediante
acuerdo que contiene las normas que se aplican al proceso desde el inicio hasta su
culminación, máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto en la sentencia SU-067-2022
(apartado 135), ya mencionada.
En el mismo sentido, se reitera que, el acuerdo en cita, en su calidad de norma reglamentaria
y de obligatorio cumplimiento, constituye el marco jurídico rector del proceso de selección
por concurso de méritos. La Corte Constitucional ha reiterado que la convocatoria, contenida
en actos como este acuerdo, tiene fuerza normativa y constituye la “ley del concurso”, en la
medida en que su observancia estricta garantiza la realización de los principios
constitucionales de mérito, igualdad y transparencia que rigen el acceso a la función pública.

12.5 En la respuesta del 13 de febrero de 2025, a la que remitió la anterior respuesta, la
accionada luego de realizar un estudio de las funciones que le fueron atribuidas y de la
regulación que gobierna el concurso de méritos, concluyó que:

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Bajo ese entendido, es importante destacar que nos encontramos en la etapa de selección,
en específico, en el desarrollo del Curso de Formación Judicial; por tanto, se requiere agotar
el desarrollo de esta etapa, surtida la cual, ya en la etapa clasificatoria del concurso de
méritos se procederá a publicar los puntajes obtenidos en la prueba psicotécnica y la
valoración de experiencia adicional y docencia.
En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación del Consejo Superior de la Judicatura
responde a la naturaleza del concurso y preserva la garantía de transparencia e
imparcialidad del mismo, puesto que como bien ya se dijo, el Acuerdo PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para
los concursantes y el mismo señaló de manera integral cada una de las etapas y fases del
concurso de méritos, incluyendo dentro de la etapa clasificatoria la prueba psicotécnica, y
cuyos puntajes serán publicados junto con los de los demás factores, en la correspondiente
resolución, lo cual no admite excepción para ningún grupo de participantes.

12.6 Para la Sala, la respuesta otorgada satisface en su integridad los elementos
constitutivos del derecho de petición, por cuanto se refiere al fondo de la petición
interpuesta, fue emitida dentro del término establecido por el legislador y, además, es
clara, precisa, congruente y consecuente.

12.7 Lo anterior se concluye porque, al cotejar las dos peticiones elevadas por los
accionantes”6, se constató que coincidían en el primero de los interrogantes, esto es, la
solicitud de publicar de manera anticipada los resultados de las pruebas psicotécnicas, la
valoración de experiencia adicional y docencia y la capacitación adicional. Por esta razón,
la remisión efectuada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura constituye una respuesta de fondo, concreta, clara y razonada,
pues en la respuesta del 13 de febrero de 2025 se advierte que se expusieron de manera
suficiente las razones por las cuales dicha solicitud no era procedente.

12.8 Frente al segundo interrogante, la respuesta otorgada igualmente fue concreta, dado
que indica de manera clara que no es procedente realizar anticipadamente un registro de
elegibles para el cargo para el cual aspiraron los accionantes, dado que la convocatoria
aún se encuentra en curso y deben respetarse todas las etapas previstas en el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018.

12.9 Así las cosas, para la Subsección, la respuesta otorgada no fue evasiva, sino que por
el contrario respondieron la petición de fondo y de manera congruente con lo solicitado,
por lo que no se puede considerar que existió una vulneración al derecho de petición.

12.10 Ahora bien, resulta importante aclarar que, de todos modos, no se encuentra dentro
del ámbito de competencia del juez constitucional ordenar que se expida la lista de
elegibles o que se modifique el cronograma solo para un grupo de personas, pues el
trámite se ha surtido cumpliendo con el procedimiento establecido en el acuerdo de la
convocatoria.

12.11 La pretensión subsidiaria, relacionada con “la elaboración de un ‘cronograma especial
e inamovible’ así como exclusivo para el grupo de concursantes al cargo de Magistrados
de Tribunal Superior Sala Única, que sea independiente del avance o parálisis de otras

6 La primera fue la que promovieron el 23 de enero de 2025 y se respondió el 13 de febrero de la misma anualidad,

mientras que la segunda se radicó el 24 de junio de 2025 y se respondió el 2 de julio de 2025

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especialidades” tampoco está llamada a prosperar, por lo siguiente:

a) No se encuentra dentro de la órbita de competencia del juez impartir órdenes a las
accionadas para que se establezca un “cronograma especial e inamovible”. Menos aun
cuando, según las pruebas allegadas al expediente por la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, la expedición del registro de elegibles se encuentra programada para el 22 de abril
de 2026. Por tanto, los términos aún no se han vencido, y además no se acreditó ni se
alegó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

b) Expedir un acto administrativo o resolución que ordene la elaboración de un
“cronograma especial e inamovible” puede ser lesivo de derechos fundamentales de los
demás concursantes, porque establecería, sin un fundamento especifico, un trato
diferencial para unos sujetos en particular, sin que existan razones poderosas para ello.

12.12 Ahora bien, de la demanda de tutela también se desprende que los accionantes están
inconformes con la forma en que se ha adelantado el trámite del concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial; sin embargo, frente a este
punto la demanda de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

12.13 Según los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y residual
a los demás medios de defensa judicial. En virtud del requisito de subsidiariedad, la
demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos excepcionales: (i) cuando el
afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, caso en el cual la
tutela procede como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza
la tutela con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, evento en el que procede
como mecanismo transitorio.

12.14 En este sentido, de acuerdo con los artículos mencionados y con lo establecido
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional 7 , si el ordenamiento jurídico ofrece
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir a
ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este
mecanismo.

12.15 La Corte Constitucional se ha pronunciado en sendas oportunidades frente a la
improcedencia de la demanda de tutela cuando se discute un acto administrativo proferido
en el trámite de un concurso de méritos; sin embargo, también ha señalado algunas
excepciones. Al respecto ha indicado en sede de unificación que:

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es el escenario natural para la reivindicación de los derechos
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden reclamar no solo
el control de legalidad correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece la Ley 1437

7 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se
surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.
95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de méritos.
Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es
la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en
este tipo de actuaciones administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general,
[…] es improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por
las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues
para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la
Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las medidas cautelares, «que pueden ser de
naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión», demuestra que tales
acciones «constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de
los actos administrativos».
96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla
general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos
de mérito. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones
administrativas podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los
siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias
del juez administrativo. A continuación, se explican estas hipótesis8.

12.16 Posteriormente, la Corte Constitucional manteniendo la misma línea argumentativa
establecida en la anterior sentencia señaló que:

80. Así las cosas, las acciones de tutela que se interponen en contra de los actos
administrativos que se profieren en el marco de concursos de méritos, por regla general, son
improcedentes, en tanto que existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en el marco de esta, la
posibilidad de solicitar medidas cautelares. Esto sin perjuicio de que, atendiendo a las
particularidades del caso en concreto puesto en conocimiento, al juez constitucional evalúe
si los mecanismos ordinarios de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son idóneos
para la protección de los derechos fundamentales9.

12.17 En virtud de lo anterior, es claro que, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho sería el instrumento idóneo para controvertir las decisiones proferidas en el
trámite de la convocatoria 27, en el que, adicionalmente, pueden solicitarse medidas
cautelares preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión del acto que
consideren lesivo de sus intereses.

12.18 De otro lado, se reitera que en el presente asunto no se demostró ni se alegó la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la demanda de tutela como
mecanismo transitorio, por lo que la intervención del juez no se observa como imperiosa
para la protección de los derechos fundamentales de los accionantes. En efecto, de la
lectura del escrito de tutela no emana con claridad una lesión de las entidades accionadas
a derechos superiores de los accionantes.

12.19 Lo que en realidad observa la Sala es que los accionantes pretenden un trato
diferenciado en relación con la convocatoria 27, pero no presentan argumentos ni motivos

8 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
9 Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo. En ese mismo sentido ver: sentencia T-081 de

2021, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, sentencia T-493 de 2023, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, sentencia T-156
de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, entre otras.

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suficientes para que por vía de tutela se expidan reglas distintas destinadas solo para
ellos.

12.20 No sobra advertir que la presente decisión guarda relación con la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia del 6 de noviembre de 2025, en la que se resolvió uno de los
casos que la Escuela Judicial solicitó acumular, en dicho proceso, al igual que en este, se
concluyó que la demanda de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque
los actos administrativos se podían discutir en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho:

Siguiendo esa línea de pensamiento, emerge con claridad que los reproches esbozados por
el accionante son improcedentes en la medida en que lo perseguido es que se deje sin efecto
un acto administrativo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla -correspondiente a la Resolución EJR25-307 de 7 de octubre de 2025-
, respecto del cual la vía correcta para discutir su legalidad es ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo a través de los medios de control establecidos para ello,
mecanismos en los cuales puede solicitar las medidas cautelares reguladas en el artículo
229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10.

12.21 Por consiguiente, la Sala negará el amparo solicitado frente al derecho de petición y,
declarará improcedente la demanda de tutela frente a los derechos conexos porque no se
cumplió con el requisito de subsidiaridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRESE fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado
Fredy Ibarra Martínez, para conocer el presente asunto, por las razones expuestas en
precedencia.

SEGUNDO: NIÉGUESE la solicitud de desvinculación elevada por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla.

TERCERO: NIÉGUESE la solicitud de acumulación de procesos solicitada por la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por las razones expuestas en precedencia.

CUARTO: NIÉGUESE el amparo solicitado por la protección del derecho de petición, por
las razones expuestas en precedencia.

QUINTO: DECLÁRESE improcedente la acción de tutela frente a los derechos conexos,
por las razones expuestas en precedencia.

10 Corte Suprema de Justicia, expediente 11001023000020250121300 del 6 de noviembre de 2025, M.P. Juan Carlos

Espeleta Sánchez.

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SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

SEXTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

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