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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06685-00

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06685-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Astrazeneca Colombia S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Sala Especial de Decisión No. 14 del Consejo de Estado. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06685-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

19 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 1001-03-15-000-2025-06685-00

Solicitante: ASTRAZENECA COLOMBIA S.A.S.

Autoridades: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN CUARTA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la accionante contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y la Sala Especial de Decisión 14 del Consejo de
Estado.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 7 de abril de 2025 AstraZeneca Colombia S.A.S, a través de apoderado, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la contradicción y a la
defensa, que considera vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 27 de octubre de 2022 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado no. 25000-23-37-000-2017-01325-01
(26114). También por la Sala Especial de Decisión 14 del Consejo de Estado al
proferir la sentencia del 7 de abril de 2025 en que resolvió el recurso extraordinario de
revisión de radicado no. 11001-03-15-000-2023-05655-00.

En virtud del amparo, solicita que (se transcriben, incluso con errores):

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

«A. ADMITIR la presente acción de tutela.

B. AMPARAR los derechos fundamentales que se invocan como violados.

C. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 27 de octubre de 2022
proferida en el expediente No. 25000–23–37–000–2017–01325–01
(26114) por la Honorable Sección Cuarta del Consejo de Estado

C. DEVOLVER el proceso a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

E. ORDENAR a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que profiera
nuevamente fallo del proceso de segunda instancia de acuerdo con el
fallo de tutela.»

2. Hechos relevantes

El 22 de abril de 2014 Astrazeneca presentó declaración de renta 91000231720437
del año gravable 2013, en la que determinó un saldo a favor de $1.769.494.000. El
8 de agosto de 2014 solicitó la devolución de ese saldo y el 16 de octubre siguiente
le fue reconocido y devuelto.

El 17 de septiembre de 2014 presentó la declaración informativa de precios de
transferencia y la documentación comprobatoria por el año gravable 2013 mediante
formulario 1205600027306 con radicado 91000255032392.

El 1 de agosto del 2016 la División de Gestión de Fiscalización de la entidad
recaudadora profirió́ el requerimiento especial 312382016000096, en el cual se
propuso la modificación de la declaración de impuesto sobre la renta del año
gravable 2013. Consideró que, para el análisis de precios de transferencia se debía
tomar solo la información financiera del año gravable 2013, y no la de los años 2011
a 2013 como hizo Astrazeneca, porque no hubo una situación atípica o extraordinaria
que así́ lo justificara.

Astrazeneca respondió a dicho requerimiento y explicó que, de conformidad con
directrices de la OCDE, era permitido el análisis plurianual en los estudios de precios
de transferencia cuando exista una regulación de precios directa como la de 2013.
Además, justificó los rubros de la declaración de renta.

3
Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

El 26 de abril de 2017 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN profirió́ la Liquidación Oficial
de Revisión 312412017000025 mediante la cual confirmó la propuesta de
modificación planteada en el requerimiento especial.

El 25 de agosto de 2017 Astrazeneca Colombia S.A.S. presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la DIAN, la cual se registró con el radicado
25000-23-37-000-2017-01325-01 (26114). En esta solicitó que se declarara la
nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412017000025 de 26 de abril
de 2017, proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos de Grandes Contribuyentes y, a título de restablecimiento del derecho,
pidió que se reconociera la validez y firmeza de la declaración privada presentada el
22 de abril de 2014, bajo el formulario No. 91000231720437, correspondiente al año
gravable 2013.

El 27 de mayo de 2021 la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo de primera instancia y resolvió negar
las pretensiones. El 15 de junio siguiente la accionante apeló la decisión.

El 27 de octubre de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia en la que declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de
revisión 312412017000025 de 26 de abril de 2017 y dispuso levantar la sanción por
inexactitud impuesta.

Señaló que las normas expedidas con anterioridad a 2013 no permitían prever los
efectos de la regulación de precios para la compañía, para entender que las
Resoluciones 3, 4 y 7 de 2013 sí habían establecido unas condiciones particulares
para Astrazeneca. Por esta razón, estimó que era viable realizar ajustes para el
ejercicio de comparación de la situación económica de la demandante con otras
compañías del sector. No obstante, para el uso de información financiera de los años
anteriores era necesario demostrar que esta era la única o la mejor forma de eliminar
las circunstancias económicas excepcionales ocasionadas por la regulación de
precios, lo que no ocurrió ya que la compañía expuso la excepcionalidad de la
regulación de precios, pero no demostró razones suficientes que justificaran la
necesidad de utilizar información financiera plurianual propia o de las comparables
para ello.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

Consideró que la sanción por inexactitud era improcedente, porque, a pesar de que
la demandante incurrió en una errónea interpretación del literal e) del numeral 4 del
artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 para la utilización de información plurianual, lo
que ocurrió́ fue una diferencia de criterios frente al derecho aplicable, y, en esa
medida, no había lugar a dicha sanción.

La empresa accionante interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 27 de octubre de 2022. Fundamentó el recurso en la causal quinta del
artículo 250 del CPACA. Es decir, alegó que “existía una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Argumentó que se presentaba una incongruencia, porque en la parte resolutiva de la
providencia la Sección Cuarta del Consejo de Estado mantuvo la determinación
oficial del impuesto realizada por la DIAN, aun cuando en su consideración el análisis
procedente debió haber tomado en cuenta información unianual para ambos
extremos analizados (análisis 1 a1), no información unianual de la parte analizada e
información plurianual de las comparables (análisis 1 a 3). En esa misma decisión,
la Sala también violó la congruencia externa por ser extra petita pues, decidió sobre
la utilización de información plurianual para las comparables, lo cual nunca fue objeto
de debate.

Alegó que no se respetó el quorum necesario para adoptar la decisión, pues la
sentencia de segunda instancia fue aprobada con solo dos votos favorables. Los
otros dos magistrados expresaron su desacuerdo: uno mediante salvamento de voto
y otro mediante una aclaración que, según el accionante, en realidad constituía un
salvamento, ya que evidenciaba un completo desacuerdo con la decisión.

El 7 de abril de 2025 la Sala Especial de Decisión 14 profirió sentencia que decidió
declarar infundado el recurso extraordinario de revisión. Ante el cargo de la
incongruencia, consideró que no había fundamento, pues la Sección Cuarta de esta
corporación especificó claramente las razones por las cuáles consideró que no se
había justificado el uso de información financiera plurianual de la compañía y de sus
comparables. Por su parte, frente al argumento del quorum, determinó que las
aseveraciones carecían de soporte pues fue aprobada con tres votos, uno de ellos
con aclaración, y con un solo salvamento.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante interpuso acción de tutela en contra de la sentencia del 27 de octubre
de 2022 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
no. 25000-23-37-000-2017-01325-01 (26114) proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado; y contra la sentencia del 7 de abril de 2025 en que resolvió el
recurso extraordinario de revisión de radicado no. 11001-03-15-000-2023-05655-00
proferida por la Sala Especial de Decisión no. 14 del Consejo de Estado.

Frente a la primera, el accionante argumentó que incurrió (i) en un defecto
procedimental absoluto por la falta de congruencia en el fallo y por violar el derecho
al debido proceso; (ii) en un defecto por desconocimiento del precedente al ser un
fallo extra petita; (iii) y en un defecto fáctico por indebida valoración de soportes y
argumentación aportada. Además, (iv) alegó un defecto material o sustantivo y
orgánico, porque fue una decisión tomada sin cumplir con el quorum necesario.

Frente al defecto procedimental, en primer lugar, argumentó que no hay congruencia
interna den el fallo, porque no hay armonía entre la parte motiva y la resolutiva. En
su parecer el Consejo de Estado afirmó estar de acuerdo con el planteamiento de la
compañía, pero solo declaró la nulidad parcial. Adujo que la providencia tampoco
tenía congruencia externa, pues no hay conformidad entre lo solicitado por las partes
y la decisión.

En segundo lugar, argumentó que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial
al ser extra petita. Como sustento de lo anterior, citó la SU-061 de 2018 que define
el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la sentencia de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2027, rad. No.
11001-23-31-000-2005-00397-01, y la sentencia T-149 de 2018. Además, adujo que
haber excedido las pretensiones de las partes violó sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la contradicción y a la
defensa.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

En tercer lugar, adujo que el fallo valoró indebidamente soportes y la argumentación
aportada lo que generó que incurriera en un defecto fáctico. Para el efecto, aportó
una serie de pruebas aportadas al proceso que no fueron valoradas.

Finalmente, argumentó que incurrió en defecto material o sustantivo, porque la
decisión fue tomada sin cumplir con el quorum necesario y porque la decisión debió
tomarse con un número impar de jueces. Explicó que la sentencia fue proferida por
cuatro magistrados. Dos estuvieron de acuerdo con el proyecto, Myriam Stella
Gutiérrez Argüello salvó voto y Julio Roberto Piza lo aclaró. Adujo que el contenido
de la aclaración de voto tiene la naturaleza de un salvamento.

Por otra parte, el accionante también reprochó la sentencia del 7 de abril de 2025
proferida por la Sala Especial de Decisión No. 14 del Consejo de Estado, que resolvió
el recurso extraordinario de revisión. Adujo que en esta se configuró un defecto por
decisión sin motivación, un defecto procedimental absoluto y en un defecto material,
pues no se pronunció de fondo respecto de los argumentos.

Argumentó que la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión omitió
el estudio de los cargos expuestos por la parte recurrente y desatendió de manera
injustificada el deber constitucional de resolver de fondo los problemas jurídicos
planteados. Al respecto, la accionante manifestó que existía una nulidad originada
en la sentencia de segunda instancia con base en dos aspectos esenciales: (i) la
incongruencia de la sentencia de segunda instancia al resolver el litigio sobre una
hipótesis de análisis (1 a 1) que nunca fue debatida en el proceso ni por las partes,
lo que configuró un fallo extra petita y (ii) la falta de quorum o mayoría decisoria,
pues dos de los cuatro magistrados que integraban la Sala no compartieron los
fundamentos de la decisión adoptada.

Adujo que la Sala especial de Decisión No. 14 incurrió erró al proferir una decisión
sin motivación pues no se pronunció de fondo sobre los cargos planteados.

Así, sobre el cargo de incongruencia, afirmó que la Sala Especial de Decisión No. 14
se limitó a indicar que no estaba probada la necesidad de la información y que
concordaban con la providencia criticada. No hizo ningún análisis de fondo sobre si
en verdad se probó́ con suficiencia la viabilidad de utilizar información plurianual, ni
se revisó de fondo la argumentación expuesta. Se limitó a la formalidad de indicar

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

que para la Sección no estaba probada la necesidad de la información. Por su parte,
sobre el segundo cargo relativo el quorum decisorio, la Sala Especial de Decisión
No. 14 no analizó de fondo la aclaración de voto de Julio Roberto Piza. Es decir, no
se pronunció frente al contenido de la aclaración de voto ni la estudió para determinar
si realmente se trataba de una aclaración o de un salvamento de voto.

Además, la Sala Especial de Decisión No. 14 incurrió en el defecto procedimental
absoluto al limitar sus pronunciamientos a temas formales o evasivos que no
resuelven las cuestiones sustanciales que motivaron la reclamación de fondo.
Finalmente, adujo que la Sala Especial de Decisión No. 14 incurrió en un defecto
material, al desconocer directamente la Constitución y el precedente constitucional,
por no proferir un pronunciamiento sustancial y por valorar erróneamente las pruebas
relevantes.

4. Trámite procesal

El 4 de noviembre de 20251 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
las autoridades accionadas. También se comunicó la decisión a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN como tercero con interés.

En la contestación2 el magistrado ponente de la sentencia del 7 de abril de 2025 y
miembro de la Sala Especial de Decisión 14, Alberto Montaña Plata, manifestó que
considera que la providencia de 7 de abril de 2025 y el expediente del recurso
extraordinario de revisión contienen los argumentos y elementos necesarios para
que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, está dispuesto a atender lo que disponga la Sala que decida la acción
constitucional.

El 12 de noviembre de 20253 intervino la DIAN. Solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos de procedencia
y negar el amparo solicitado, porque no se vulneró ningún derecho. Argumentó que

1 Cfr. SAMAI, Índice 6.
2 Cfr. SAMAI, Índice 13.
3 Cfr. SAMAI, Índice 15.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

la acción de tutela no tiene relevancia constitucional, no cumple ningún requisito de
procedibilidad y que no se vulneró ningún derecho.

El 12 de noviembre de 20254 la magistrada del Consejo de Estado Claudia Rodríguez
Velásquez, en reemplazo del consejero ponente que profirió la sentencia del 27 de
octubre de 2022, adujo que la acción de tutela no cumple con los requisitos de
relevancia constitucional y de inmediatez, pues no se demostró que se hubiera
configurado una anomalía de tal magnitud que requiera la intervención del juez
constitucional, también acotó que no se demostró el defecto procedimental por
desconocimiento del principio de congruencia,.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 27 de octubre del 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y
la del 7 de abril de 2025 proferida por la Sala Especial de Decisión No. 14 del Consejo
de Estado.

Se incluye el estudio de la sentencia del 7 de abril de 2025, pues, aunque no se
menciona en las pretensiones de la tutela, hace parte de la argumentación de la
accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

4 Cfr. SAMAI, Índice 16.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental5. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela6.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional7: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

5 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
6 Ibidem.
7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La accionante interpuso acción de tutela en contra de la sentencia del 27 de octubre
de 2022 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
no. 25000-23-37-000-2017-01325-01 (26114) proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado; y contra la sentencia del 7 de abril de 2025 que resolvió el
recurso extraordinario de revisión con radicado No. 11001-03-15-000-2023-05655-
00 proferida por la Sala Especial de Decisión no. 14 del Consejo de Estado.

Frente a la primera, el accionante argumentó que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrió en (i) un defecto procedimental absoluto por la falta de congruencia
y por violar el derecho al debido proceso; (ii) un defecto por desconocimiento del
precedente al resolver de forma extra petita; (iii) y un defecto fáctico por indebida
valoración de soportes y de la argumentación allegada. Además, (iv) en un defecto
material o sustantivo y orgánico, porque la decisión fue tomada sin cumplir con el
quorum.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

Sobre el defecto procedimental, en primer lugar, argumentó que no hay congruencia
interna del fallo, porque no hay armonía entre la parte motiva y la resolutiva, ni entre
lo solicitado por las partes y lo resuelto. En segundo lugar, argumentó que el fallo
desconoció el precedente jurisprudencial al proferir un fallo extra petita. Como
sustento de lo anterior, citó la SU-061 de 2018 en que se define el carácter rogado
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la sentencia de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2017, con rad. No. 11001-23-31-000-
2005-00397-01, y la sentencia T-149 de 2018. En tercer lugar, adujo que el fallo
valoró indebidamente soportes y argumentación aportados. Finalmente, argumentó
que la decisión fue tomada sin cumplir con el quorum necesario, pues la aclaración
proferida por el magistrado Julio Roberto Piza realmente era un salvamento.

Del estudio del expediente, la sala advierte que, en el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por la accionante contra la sentencia del 27 de octubre de 2022,
los cargos presentados son los mismos que los de la esta acción de tutela, salvo los
relativos a la valoración indebida de los soportes y de la argumentación y al
desconocimiento del precedente. Es decir, como sustento de la causal quinta del
artículo 250 del CPACA argumentó que se presentaba incongruencia interna, porque
en la parte resolutiva de la providencia no era congruente con la parte motiva; ni lo
solicitado con la parte resolutiva. También alegó que no se respetó el quorum
necesario para adoptar la decisión, pues la sentencia de segunda instancia fue
aprobada con solo dos votos favorables. Los otros dos magistrados expresaron su
desacuerdo: uno mediante salvamento de voto y otro mediante una aclaración que,
según la accionante, en realidad constituía un salvamento, ya que evidenciaba un
completo desacuerdo con la decisión.

La Sala advierte que los cargos del recurso extraordinario de revisión dirigido en
contra de la sentencia del 27 de octubre de 2022 son los mismos que los esbozados
en la acción de tutela, salvo por relacionado con el defecto fáctico por indebida
valoración de soportes y de la argumentación aportada y con el desconocimiento del
precedente. En consecuencia, La Sala estima que los argumentos presentados por
la solicitante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
sino que se encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de
conocimiento.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

Además, el escrito de tutela no satisface una carga argumentativa suficiente al
esgrimir el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, pues al relacionar las
providencias supuestamente omitidas no explicó de manera clara ni suficiente cuál
es su fuerza vinculante o cuáles son las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto
ordinario que se ignoraron.

Adicionalmente, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto. Al no
advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracteriza a las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, las quejas atinentes a la sentencia del 27 de octubre de 2022 no
cumplen con el requisito general de relevancia constitucional.

El accionante también reprochó la sentencia del 7 de abril de 2025 proferida por la
Sala Especial de Decisión No. 14 del Consejo de Estado. Alegó que incurrió un
defecto por proferir una decisión sin motivación y no pronunciarse de fondo sobre los
cargos planteados. Frente a la incongruencia, alegó que la Sala no hizo ningún
análisis de fondo sobre si en verdad se probó́ dentro del expediente con suficiencia
la procedencia de utilizar información plurianual, ni revisó de fondo la argumentación
expuesta. Se limitó a la formalidad de indicar que para la Sección no estaba probada
la necesidad de la información.

Por su parte, sobre el segundo cargo relativo el quorum decisorio, reprochó que la
Sala Especial de Decisión No. 14 no analizó de fondo la aclaración de voto de Julio
Roberto Piza. Es decir, no se pronunció frente al contenido de la aclaración de voto
ni la estudió para determinar si realmente se trataba de una aclaración o de un
salvamento de voto. Finalmente, alegó que incurrió en un defecto procedimental y
material al limitar sus pronunciamientos a temas formales o evasivos que no
resuelven las cuestiones sustanciales que motivaron la reclamación de fondo y por
valorar erróneamente las pruebas relevantes.

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

La sala advierte, sobre el cargo de congruencia, que la sentencia reprochada indicó
lo siguiente:

«Al respecto, considera la Sala que carece de fundamento la causal invocada pues, en
la Sentencia de 27 de octubre de 2022, la Sección Cuarta de esta Corporación
especificó claramente las razones por las cuáles consideró que no se había justificado
el uso de información financiera plurianual de la compañía y de sus comparables. Que,
a juicio del juez natural de la causa, aunque se demostró́ una circunstancia económica
excepcional, no se acreditó la necesidad de acudir a información plurianual porque el
análisis requerido se podía efectuar con la información del año gravable 2013.

El recurso extraordinario de revisión, fundamentado en la causal 5 del artículo 250 del
CPACA, no es el escenario pertinente para debatir los fundamentos de la decisión frente
a la cual se interpuso. Es evidente que la autoridad judicial expresó las razones de su
decisión, los motivos por los cuáles no había lugar a declarar la nulidad de la liquidación
oficial de revisión, pero sí se debía revocar la sanción por inexactitud y, esa decisión no
es cuestionable mediante la vía procesal elegida por la parte demandante»

Así mismo manifestó lo siguiente al referirse sobre el quorum decisorio:

«Considera la Sala que carecen de soporte las aseveraciones lanzadas por la sociedad
demandante al respecto pues, revisado el expediente con radicado 25000-23-37-000-
201701325-01 (26114) en el aplicativo Samai, se evidencia que la Sentencia de 27 de
octubre de 2022 fue aprobada con 2 votos sin manifestación, un voto favorable con
aclaración y un salvamento de voto, es decir, cumplió́ con el estándar fijado por las
normas pertinentes, como se explica a continuación.

44. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado
tiene dentro de sus atribuciones la de establecer su propio reglamento. En uso de esa
atribución, esta Corporación profirió́ el Reglamento Interno del Consejo de Estado, allí́
estableció́ que la Sección Cuarta estaría integrada por 4 magistrados. Por su parte, la
Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, dispuso que todas las
decisiones de las corporaciones judiciales requerirían, para su aprobación, del voto de
la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección que debatiera el asunto,
lo cual también fue consagrado en el Reglamento Interno del Consejo de Estado, en el
cual se estableció́ que “Solo será́ aprobado el proyecto que exprese, en todas sus
partes, el parecer y la decisión de, por lo menos, la mayoría absoluta de los miembros
que componen la sala, sección o subsección”.

De acuerdo con lo anterior, la sentencia objeto de revisión contó, efectivamente, con
mayoría absoluta pues obtuvo los votos sin manifestación de los magistrados Stella
Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García, el voto favorable con aclaración del
magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez y salvamento de voto de la magistrada Myriam
Stella Gutiérrez Argüello, es decir, 3 de los 4 magistrados expresaron su parecer con lo
decidido. Aunque el voto del magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez fue objeto de
aclaración, ello no obsta para que sea un voto favorable pues, allí́ mismo, el magistrado
expuso que acompañaba la decisión y que su aclaración se limitaba a precisar ciertos
puntos, a su juicio necesarios para el entendimiento de la providencia.

En este aspecto, tampoco se evidencia una causal de nulidad en la sentencia porque,
la providencia logró efectivamente los votos necesarios para su aprobación y, no puede
ahora la parte demandante tergiversar la manifestación de la voluntad de uno de los
magistrados para dar una lectura errónea y contraria a la realidad de esa aclaración de

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

voto, que le permita concluir una violación al debido proceso inexistente. En este
sentido, no se configuró la causal de nulidad alegada».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que los cargos presentados en contra
de la sentencia del 7 de abril de 2025 se enfocan en solicitar pronunciamientos de
fondo, sobre temas abordados por la providencia. En consecuencia, la Sala estima
que los argumentos presentados por la solicitante no acreditan una vulneración o
amenaza a derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver sobre la
controversia ya decidida por el juez de conocimiento.

Igualmente, resulta conveniente reiterar lo que la sentencia reprochada explicó
respecto al recurso extraordinario de revisión: este no es un recurso encaminado a
censurar desde una perspectiva sustancial la sentencia promulgada en el marco de
un proceso ordinario, al extremo de derivar en una decisión de tercera instancia. Al
contrario, su procedencia se sujeta a la configuración de las causales taxativas.

Teniendo esto en cuenta y revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la
decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las
pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable
al asunto. Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela tampoco es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la solicitud no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional.

En conclusión, la Sala encuentra que los cargos palnteados por el accionante en
contra de las providencias reprochadas no cumplen el requisito de general de
relevancia constitucional. Así las cosas, la Sala habrá de declarar improcedente la
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Expediente nº. 1001-03-15-000-2025-06685-00
Accionante: Astrazeneca Colombia S.A.S.
Acción de tutela – Primera instancia

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Astrazeneca Colombia
S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Sala Especial de Decisión
No. 14 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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