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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01325-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2017-01325-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412017000025 de 26 de abril de 2017 por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, LEVANTAR la sanción por inexactitud impuesta en la Liquidación Oficial de Revisión nro. 312412017000025 de 26 de abril de 2017. CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2017-01325-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de octubre de 2022

Radicación:25000233700020170132501 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-201701325-01 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
Demandado: U.A.E.-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta. Régimen de precios de transferencia.
Procedencia de ajustes. Información plurianual.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 27 de mayo de 20211, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El 21 de mayo de 2013, la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos emitió
la Circular número 03, en la que se estableció la metodología para la fijación de precios
para los medicamentos que se comercializaban en todo el territorio nacional. El 28 de
agosto de 2013 mediante Circular 04 se decidió ampliar la lista de medicamentos
incluidos en el régimen de control directo de precios, en la que se incluyeron varios
medicamentos comercializados por la demandante. El 20 de diciembre de 2013, la
Comisión emitió la Circular 007 en la que se incorporaron nuevos medicamentos
comercializados por AstraZeneca.

La demandante presentó su declaración del impuesto sobre la renta correspondiente
al año gravable 2013 el 22 de abril de 2014, en la que determinó un saldo a favor de
$1.769.494.000 2. Dicho saldo fue solicitado en devolución el 8 de agosto de 2014 y fue
devuelto el 16 de octubre de 2014.

El día 17 de septiembre de 2014, la demandante presentó la declaración informativa
de precios de transferencia y la documentación comprobatoria por el año gravable
2013 mediante formulario 1205600027306 y radicado nro. 91000255032392.

Previo requerimiento especial, la demandada profirió Liquidación Oficial de Revisión
en la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2013,
al considerar que el análisis de precios de transferencia que realizó la demandante no

1 Índice 2 SAMAI.
2 Índice 2 SAMAI.

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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

era procedente, por haberse tomado la información financiera promedio de los años
2011 a 2013, y no solo la información financiera del año 2013 3.

DEMANDA

La sociedad AstraZeneca Colombia S.A.S., en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso
Administrativo, formuló mediante apoderada ante esta jurisdicción las siguientes
pretensiones 4:
“Las siguientes son las pretensiones del presente medio de control:

A. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No.
312412017000025 de 26 de abril de 2017, notificada el 27 de abril de 2017, proferida
por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes.

B. A título de restablecimiento del derecho solicito que se reconozca la validez y firmeza
de la declaración privada presentada por AstraZeneca el 22 de abril de 2014, bajo el
formulario No. 91000231720437, correspondiente al año gravable 2013.

C. Que se condene en costas al demandado en virtud de la ilegalidad de los actos y, en
el evento de no acceder a las pretensiones de la presente demanda, no se condene
en costas a la parte demandante.”

La demandante invocó como normas violadas los artículos 260-3, 260-4, 647, 684,
772, 773 y 774 del Estatuto Tributario; el Decreto 4048 de 2008; la Ley 100 de 1993 y
su Decreto Reglamentario 413 de 1994; la Circular 004 del 1 de septiembre de 2006;
el Decreto 4474 de 2010; la Resolución 5229 de 2010, Resolución 05 de 2011,
Resolución 1020 de 2011 y Resolución 1697 de 2011 del Ministerio de la Protección
Social, el Documento CONPES 155 del 30 de agosto de 2012; las Circulares de la
Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos 001 y 002 del 30 de diciembre
de 2011 y Circular 001 de 2012, Circular 004 del 8 de noviembre de 2012, Circular 03
del 21 de mayo y 04 del 28 de agosto de 2013, Circular 07 de diciembre de 2013 y las
Directrices de la OCDE.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente 5:

En primer lugar, señaló que no le corresponde a la DIAN realizar el análisis acerca de
la regulación de control de precios de los medicamentos. Al hacerlo, la demandada
concluyó erróneamente que esta era una situación absolutamente previsible para las
compañías del sector desde los años sesenta. La DIAN únicamente se refiere a varias
normas en materia de precios de medicamentos, sin identificar si las mismas
impactaron los precios de los medicamentos distribuidos por la demandante.

No era previsible para la demandante ni para las demás compañías del sector
farmacéutico anticiparse a las condiciones en las cuales se regularían los precios de
los medicamentos que comercializan, lo cual va en contravía del principio general del
derecho según el cual “nadie está obligado a lo imposible”. Además, indicó que no le
era posible tener acceso a la información reportada por otras compañías en relación

3 Índice 2 SAMAI.
4 Índice 2 SAMAI.
5 Índice 2 SAMAI.

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FALLO

con este tema ni al análisis de riesgos que estas realizaron para el año en discusión,
pues se trata de datos protegidos por el principio de reserva de ley.

En relación con el Decreto 4474 de 2010, la Resolución 5229 de 2010, Resolución 05
de 2011, Resolución 1020 de 2011, y la Resolución 1697 de 2011, expuso que la DIAN
desconoció que el Consejo de Estado, en una decisión que suspendió
provisionalmente dichas normas, fue claro en indicar que las mismas no contienen una
regulación de fijación de control de precios, sino una política de reembolso de los
recobros que se hacen ante el FOSYGA por medicamentos no incluidos en los planes
de beneficios.

Ninguna norma vigente otorga competencia al CONPES para decidir acerca de la
política de control de precios de los medicamentos, entidad que tampoco era
competente para ello en el año 2012 cuando se expidió el documento citado por la
autoridad tributaria. Por otro lado, las circulares 001 y 002 de 2011 y 001 de 2012
mencionadas no brindan información para suponer, como lo afirmó la DIAN, que se
modificaría su régimen de libertad vigilada, para someterse en adelante a la modalidad
de control de precios.

Indicó que la regulación normativa siempre es imprevisible. Afirmar que los partícipes
del mercado de medicamentos pueden prever el impacto que la regulación de control
directo de precios pueda generar en su actividad muestra que la administración
desconoce la realidad de la dinámica normativa en materia de precios de
medicamentos, pues el control directo de precios solamente se produce con la
expedición de la regulación y solo desde ese momento (y no antes) se podrá estimar
los efectos reales generados para la compañía. Así, toda planeación que se haga con
anterioridad resulta meramente especulativa.

Expuso que no es lógico desconocer el impacto que generaron la Circular 03 del 21
de mayo de 2013 y la Circular 04 del 28 de agosto de 2013 en la situación de mercado
de los medicamentos cobijados por esa normativa, pues esta nueva regulación
incorporó unos medicamentos al régimen de control directo de precios a través de la
fijación de valores máximos para el reconocimiento y pago de medicamentos no
incluidos en los planes de beneficio. Así, la demandante resaltó que los cambios en
los precios implicaron una limitación en la generación de ingresos para AstraZeneca,
pues moderó el normal desarrollo del negocio de la compañía. Adicionalmente, lo
dispuesto en la Circular nro. 007 del 20 de diciembre 2013 también tuvo efecto para la
compañía en el año 2013, pues precisamente por esta circunstancia se constituyó una
provisión, y en la contabilidad consta la realización de descuentos derivados del control
de precios, pruebas que no fueron desvirtuadas por la DIAN.

Indicó que a lo largo del 2013, las empresas del sector farmacéutico tuvieron la
posibilidad de participar activamente en la emisión de las circulares finales, y conocer
anticipadamente en este año el sentido de la regulación de precios de los
medicamentos, razón por la cual el efecto económico derivado de la regulación del
precio de los medicamentos se produjo no solo con la publicación de las circulares,
sino meses antes en el año 2013. Los clientes de AstraZeneca tuvieron la oportunidad
de conocer el borrador de estas normas y, por consiguiente, exigir un descuento en
los productos comercializados respecto del precio acordado en la negociación original,
con base en el precio tope estimado que quedaría reflejado posteriormente en las
circulares.

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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

Señaló que la cantidad de medicamentos sometidos al régimen de control de precios
y que fueron comercializados por AstraZeneca en el año gravable 2013 es muy
superior a los afectados en el año 2012, razón por la cual no era previsible el efecto
económico de la regulación de precios para el año 2013. Además, el control de precios
para el año 2012, con cinco marcas, solo se generó en los últimos dos meses del año,
mientras que para el año 2013 estas cinco marcas generaron ventas a precios ya
sometidos a control por 12 meses. Los ingresos brutos por venta de marcas sometidas
a control de precios en el año 2013 representaron cerca del 75% de los ingresos netos
totales de la compañía en el mismo año.

Expuso que el control de precios generó un impacto en los resultados financieros de
la compañía para el año 2013, sin que ello significara un cambio en las funciones,
activos y riesgos de AstraZeneca, dado que este impacto refleja la materialización de
un riesgo, mas no desconoce su existencia. Adicionalmente, consideró que es
igualmente evidente que esta situación generó impacto en AstraZeneca y no en las
compañías seleccionadas como comparables, pues estas no atravesaron por una
situación adversa atípica para el año 2013, ya que no enfrentaron la materialización
del riesgo regulatorio, y no debieron incurrir en descuentos adicionales en ventas a
clientes, como sí tuvo que hacerlo la demandante.

Enfatizó en que el análisis de precios de transferencia debe reconocer estas
situaciones o partidas excepcionales. En este sentido, consideró que el literal d) del
numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3030 del 2013, en consonancia con las Directrices
Aplicables en Materia de Precios de Transferencia propuestas por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estableció que en el análisis
económico propio del régimen de precios de transferencia, de forma excepcional, se
podrá utilizar más de un periodo de análisis, siempre que se incluyan las razones de
carácter económico, financiero y técnico que soporten el uso de varios períodos de
análisis para el estudio.

Sostuvo que si bien es cierto que los riesgos, funciones y activos de la empresa no
cambiaron, sí se materializaron riesgos derivados del control directo de precios de
medicamentos, lo cual impactó en la situación rutinaria de la compañía al tener que
registrar partidas que disminuyeron los ingresos por descuentos adicionales que se
tuvieron que otorgar a clientes, y una provisión de inventarios por la revalorizaclón de
los mismos a precios menores, indicados por las regulaciones publicadas por la
Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos.

Para AstraZeneca era necesario tomar información histórica para poder realizar su
análisis de precios de transferencia por las siguientes razones de carácter económico-
financiero:

(i) La demandante iba a efectuar pedidos regulares de mercancía de acuerdo con
la demanda de bienes, y basados en el crecimiento de la compañía, era
previsible que en el año 2013 se presentara un incremento en el número de
unidades. No obstante esta situación se vio alterada en el año 2013 de manera
que se tuvo un mayor saldo de inventarios, y estos se mantuvieron a un costo
de adquisición superior al valor al cual podían venderse, razón por la cual
AstraZeneca acudió a sus vinculados para que le otorgaran un descuento; y se
estableció una provisión, dado que era imposible prever el impacto exacto que
iba a tener el control de precios.

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(ii) La provisión registrada disminuyó el valor del inventario e incrementó el valor
del costo de ventas de la compañía en el año 2013 por tipo de medicamento,
aspecto que no era optativo, sino consecuencia de la fijación administrativa de
precios de venta.

(iii) Si bien la compañía concedió descuentos para aumentar la rotación de los
inventarios, no fue posible que estos equipararan el precio de venta inicialmente
acordado al precio controlado publicado por la Comisión de Regulación de
Precios de Medicamentos, y

(iv) Los ingresos operacionales registraron una variación de un 7,7% en los años
2010 y 2011, y de 7,4% en el año 2012, para luego pasar a una de -3,9% en el
año 2013. Estos menores ingresos no serían recuperables en años posteriores
al no existir la posibilidad de vender a un precio superior al que la Comisión de
Regulación de Precios de Medicamentos estableció.

Así mismo, existieron razones desde el punto de vista técnico para utilizar información
histórica en el análisis de precios de transferencia, como lo contemplan las directrices
de la OCDE, que establecen la posibilidad de tomar un promedio plurianual dada la
existencia de una situación excepcional.

Consideró que, si bien la aplicación del método utilizado para efectos de la aplicación
del régimen de precios de transferencia supone que debe realizarse un análisis
funcional (funciones, activos y riesgos) de la compañía, dicho análisis no se limita a su
definición, sino que involucra el efecto que puede tener en el ciclo de la operación. Así,
en el caso concreto se puede concluir que existió un riesgo de mercado por la caída
significativa del precio de los productos comercializados en el año 2013; un riesgo
regulatorio o de presión gubernamental porque en el año 2013 se alteraron los precios
en el ciclo económico de la compañía, y un riesgo de inventario, que se materializó en
el mayor costo de inventario de medicamentos frente al valor al que se vendieron.

De aceptarse el análisis de la DIAN, igualmente tendría que ajustarse el margen
operacional en su comparabilidad, y aun así continuaría cumpliéndose con el principio
de plena competencia. Dado que existió una situación excepcional debieron realizarse
ajustes de comparabilidad por: (i) el exceso del gasto por descuentos otorgados a
clientes motivados en el control de precios, lo cual genera que este valor se adicione
al valor de ingresos operacionales que la autoridad tributaria contempló como
información financiera del año 2013, por cuanto dicho valor ya se había disminuido de
los ingresos en la suma total de los descuentos comerciales condicionados otorgados
en el mismo año, y (ii) la mayor provisión de inventarios registrada para reconocer el
efecto de la regulación de precios, que no se presentó en las compañías comparables
por lo que corresponde a un gasto contable no rutinario de precios de transferencia.
La provisión de inventarios genera un doble ajuste para efectos fiscales, pues la
compañía realizó una provisión para reconocer la pérdida en sus ventas del periodo
afectado por la regulación de precios en Colombia que está incluida en los estados
financieros, y que no fue depurado por la autoridad tributaria.

Finalmente solicitó que se levantara la sanción por inexactitud, dado que no se
encuentran configurados los supuestos del artículo 647 del Estatuto Tributario para su
imposición. Adicionalmente consideró que se configuró una diferencia de criterios en
la interpretación del derecho aplicable, pues AstraZeneca soportó de manera idónea
los fundamentos de derecho frente a los cuestionamientos de la administración.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, se opuso a las pretensiones
de la demanda en los siguientes términos 6:

La demandante adicionó varias pruebas documentales que carecen de utilidad, como
es el caso de los comentarios de diferentes farmacéuticas a las circulares número 004
de 2013 y 007 de 2013 y su correspondiente respuesta, pues son simples opiniones
que no aportan al proceso razones para hacer un análisis plurianual en el estudio de
precios de transferencia del año 2013.

Indicó que la política de regulación de medicamentos del Estado colombiano
contempló todas las posibilidades para garantizar su aplicación haciendo partícipes a
las partes interesadas sin afectar su desarrollo económico.

Con la expedición de la Ley 1607 de 2012 se estableció que solo podría utilizarse
información plurianual en el análisis de precios de transferencia cuando existieran
circunstancias excepcionales; y en el caso concreto, en su criterio la regulación de
precios había sido emitida por normas anteriores al año 2013 y no era ni atípica ni
excepcional. Así mismo, expuso que no existieron argumentos económicos y técnicos
en los periodos 2011 y 2012 que hubieren afectado el resultado del año 2013, y que
por tanto justificaran el análisis plurianual realizado por la demandante.

En este sentido, consideró que la información a tener en cuenta en el análisis era la
correspondiente al año 2013, año en el que ocurrieron los hechos económicos, razón
por la cual consideró que no era procedente incrementar el costo de ventas de los
medicamentos adquiridos en $18.608.863.409, sino por el contrario, tomar los costos
de ventas reportados en sus estados financieros por ese año. Así, para obtener un
margen de utilidad correspondiente a la mediana, realizó un ajuste en la declaración
de renta de $8.650.938.000 por concepto de operaciones por compra de inventarios.

Las medidas de control de precios están orientadas a detectar y resolver las
distorsiones del mercado, teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos en
Colombia son mucho más altos que en otros países, incluyendo países de altos
ingresos, como también que la mayor parte del gasto farmacéutico es público y
aproximadamente la mitad del gasto público se realiza a través de los recobros al
FOSYGA, y hay evidencia de que se ha abusado del sistema.

Consideró que en el régimen de control de precios de medicamentos se calculan
precios de referencia internacional que se aplican como topes con el fin de establecer
que no existan precios que reflejen un abuso de poder de mercado. Así, concluyó que
lo que busca la regulación de precios es ajustar los precios a un régimen de plena
competencia que es el fin de los precios de transferencia. Señaló que las
circunstancias del mercado no podían ser ignoradas por la demandante, pues es una
compañía con altos índices de participación, posicionamiento y ventas dentro del
mercado global.

6 Índice 2 SAMAI.

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FALLO

En relación con los ajustes por mayor provisión de inventarios registrada por
$4.783.267.000, reiteró que no existió una situación excepcional, especial o atípica
para AstraZeneca durante el año 2013, razón por la cual no procedía el ajuste
propuesto.

Finalmente, consideró que la sanción por inexactitud impuesta en el acto demandado
procede en tanto no era posible realizar un análisis plurianual por la demandante, pues
este solo se encuentra permitido para casos extraordinarios, aspecto que configura
una inexactitud sancionable en tanto supone la utilización de datos falsos equivocados
o desfigurados, como lo establece el artículo 647 del E.T.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”,
negó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones 7:

De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado, la imprevisibilidad consiste
en aquellas situaciones en las que el acaecimiento de un suceso se escapa de las
previsiones normales o la conducta prudente adoptada por quien alega la situación;
así, resulta imprevisible aquel suceso súbito, emergente e intempestivo que
desemboca en una situación insuperable e imposible de evitar. En el caso concreto,
consideró que no era suficiente sostener que la OCDE avalara la utilización de datos
plurianuales para el análisis de comparabilidad exigido por el régimen de precios de
transferencia para superar tal excepcionalidad, pues la demandante debió expresar
las razones financieras, técnicas o de otra índole que soportaran la situación
excepcional, y no lo hizo.

El Tribunal no encontró procedente realizar un ajuste en el análisis de comparabilidad
de precios de transferencia, dado que no se aportó un estudio de precios de
transferencia que diera cuenta del análisis exclusivamente de la información financiera
aportada en el año 2013, sino que únicamente se aportó la información financiera
promediada de los años 2011 a 2013.

Finalmente consideró que era procedente la sanción por inexactitud. No se condenó en
costas por no encontrarse probadas.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante apeló el fallo por las siguientes razones 8:

A su juicio, la sentencia de primera instancia no analizó el régimen de precios de
medicamentos expuesto en la demanda. Esa falta de análisis dio lugar a una falta de
entendimiento y adecuado examen de las implicaciones del cambio de precios en los
resultados económicos de AstraZeneca en el año 2013. Las normas de control de
precios que afectaron a la compañía no le permitían en ninguno de sus apartes
anticipar el impacto en sus resultados, lo que implicó que el año 2013 fuera un año
extraordinario en su operación.

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8 Índice 2 SAMAI.

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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

Indicó que AstraZeneca se vio afectada por la regulación de precios en el año 2013, y
no en los años anteriores, dado que fue el año 2013 en el que se materializó el riesgo
en su operación derivado de dicha regulación, aspecto al que se hizo referencia en su
análisis de precios de transferencia, y se probó con la contabilidad, la certificación del
revisor fiscal y la información aportada a lo largo del proceso. Los principales efectos
de la fijación de precios de medicamentos en el año 2013 se reflejaron en descuentos
concedidos a clientes, provisión de inventarios y emisión de notas crédito a los
clientes.

Señaló que el análisis plurianual no requiere de una imprevisibilidad definida desde el
punto de vista de fuerza mayor, pues la exigencia legal está en función de las
circunstancias excepcionales, y claramente una regulación de precios de
medicamentos lo es. Argumentó que la sentencia proferida por el Tribunal erró en
asimilar la fuerza mayor a situaciones extraordinarias como la que atravesó
AstraZeneca en el año 2013, producto de la política gubernamental de fijación de
precios. Indicó que las situaciones excepcionales a las que se refiere el inciso 4 del
literal e) del numeral 4 del artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 no establecen que el
análisis esté condicionado a que se presenten circunstancias necesariamente
calificables como fuerza mayor o caso fortuito. De conformidad con la sentencia del
Consejo de Estado del 14 de junio de 2018 (exp. 20821, M.P. Milton Chaves García),
se reconoció que los ajustes de comparabilidad podían ser previsibles e incluso
resistibles.

Reiteró que se identificaron diferencias frente a las comparables seleccionadas para
el análisis, dado que estas no presentaron egresos por descuentos con origen en
regulación de precios, ni presentaron egresos por provisión de inventarios con origen
en la regulación de los precios de los medicamentos comercializados. El ajuste técnico
económico razonable que permite eliminar dichas diferencias fue ignorado por la DIAN
y por el Tribunal, al no considerar que es mandatorio realizar estos ajustes.

Indicó que de conformidad con el articulo 260-3 del E.T., una compañía es comparable
cuando no existen diferencias significativas entre ellas que, como en este caso,
afecten materialmente las condiciones analizadas, salvo que dichas diferencias sean
eliminadas. Es decir, si la diferencia aludida no es eliminada o al menos mitigada, no
se puede predicar la comparabilidad necesaria en el análisis de precios de
transferencia. Reiteró que aún con los ajustes correspondientes en el margen
operacional, AstraZeneca continuaría cumpliendo con el principio de plena
competencia, porque estaría dentro del rango de mercado estimado en el análisis.

Expuso que AstraZeneca, en la documentación comprobatoria i) incluyó su
información financiera y sus estados financieros, en donde se evidencia el impacto de
la regulación de los precios de los medicamentos, ii) describió que el riesgo por
decisiones gubernamentales, a diferencia de años anteriores, se materializó en el año
2013, lo que determinó un cambio funcional en su operación, iii) incluyó el detalle de
la información financiera de las comparables seleccionadas para el análisis de precios
de transferencia, y iv) explicó las razones por las cuales el método de precios de
transferencia seleccionado era aplicable; y entre otros aspectos, abordó las
conclusiones del análisis en donde se evidencia el cumplimiento del principio de plena
competencia.

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Radicación:25000233700020170132501 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

La posición de la sentencia apelada indicaría que únicamente es posible que la DIAN
pueda controvertir los análisis de precios de transferencia presentados por los
contribuyentes, mientras que estos no podrían refutar dichos análisis por fuera de la
documentación comprobatoria. Esto contradice la posición del Consejo de Estado, que
ha sostenido que es viable acudir a peritajes u otros documentos para realizar
aclaraciones, ampliaciones y análisis complementarios tendientes a demostrar que el
análisis correcto respecto de la evaluación del cumplimiento del principio de plena
competencia fue precisamente aquel detallado en la documentación comprobatoria.

Señaló que la DIAN no demostró ni argumentó que el estudio de precios de
transferencia se apartara de la realidad económica de AstraZeneca, ni que la
utilización de tres años de información financiera fuera inadecuada, ni que el margen
de rentabilidad fuera incorrecto; sino que, en su criterio, se limitó a proponer un análisis
incompleto bajo una lectura superficial de la misma documentación comprobatoria en
donde se señaló la situación extraordinaria de AstraZeneca del año 2013 frente a las
comparables.

Expuso que la sentencia apelada yerra en no pronunciarse respecto de la carga
excesiva que se está imponiendo a AstraZeneca frente al ajuste por el
desconocimiento en el rubro de costo de ventas. En cambio, la demandante probó que
uno de los efectos de la regulación de precios fue reconocido como un gasto no
deducible, y corresponde a la provisión de inventarios por regulación de precios, suma
que debió ser detraída del ajuste definitivo.
Finalmente, en relación con la sanción por inexactitud, consideró que la misma no
procede dado que no se cumplen con los presupuestos sancionables contenidos en el
artículo 647 del Estatuto Tributario. Adicionalmente consideró que se configuró una
diferencia de criterios en el derecho aplicable, situación que ni siquiera fue analizada
de fondo por la sentencia apelada.

TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA

La demandada no se opuso durante la oportunidad prevista en el artículo 247 numeral
4.° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Y, dado que no se decretaron
pruebas en segunda instancia, en concordancia con el numeral 5° de la citada norma,
no se corrió traslado para alegar.

El Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en el artículo
247 numeral 6.° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

La Sala decide sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412017000025 de 26 de abril de 2017, por medio de la cual la DIAN modificó la
declaración de renta del año gravable 2013 presentada por la demandante, para
desconocer los costos de ventas y de prestación de servicios que dieron lugar a un
ajuste en la documentación de precios de transferencia.
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Radicación:25000233700020170132501 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante, le
corresponde a la Sala determinar: (i) si había lugar a efectuar cambios en el análisis
de precios de transferencia de la demandante correspondiente a sus operaciones por
el año gravable 2013; y concretamente, si era posible tomar dentro del método de
márgenes transaccionales de utilidad (TU), escogido para el análisis por la propia
demandante, la información financiera promedio de los años 2011, 2012 y 2013, (ii)
en caso contrario, si se llevó a cabo un análisis correspondiente al periodo bajo
examen ajustado a los parámetros indicados en la ley y sus normas reglamentarias , y
(iii) si hay lugar a la imposición de la sanción por inexactitud.

El régimen de precios de transferencia está dirigido a los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados
económicos o partes relacionadas del exterior para que se determinen los ingresos
ordinarios y extraordinarios, costos y deducciones, activos y pasivos teniendo en
cuenta el principio de plena competencia, conforme al cual las operaciones entre
entidades vinculadas deben reflejar las condiciones que se hubieran utilizado en
operaciones similares o equivalentes entre partes independientes, con el fin de que
prevalezcan los precios de mercado, y no los fijados por las partes artificialmente en
razón de la vinculación que poseen.

El artículo 260-3 del Estatuto Tributario recoge los métodos de análisis de operaciones
aplicables para determinar, en el régimen de precios de transferencia, el precio o
margen de utilidad en las operaciones con vinculados, dentro del cual puede concluirse
que tales operaciones se llevaron a cabo en condiciones similares a las que hubiesen
encontrado partes independientes. Este régimen contempla la posibilidad de efectuar
ajustes en la aplicación de dichos métodos para lograr un mayor grado de
comparabilidad entre las compañías analizadas, de manera que haya mayor certeza
en la determinación de las condiciones de mercado de las operaciones analizadas.

El artículo 260-4 del Estatuto Tributario establece la posibilidad de efectuar ajustes de
comparabilidad con el fin de eliminar las diferencias materiales entre las operaciones
entre vinculados frente a las independientes, aspecto que ha sido reiterado por esta
Sala así:

“Cabe recordar que la comparabilidad de las transacciones está determinada por la
existencia de características económicas relevantes de las transacciones, y por la
posibilidad de efectuar ajustes técnicos razonables a las condiciones de tales operaciones,
según voces del artículo 260-3 ET. Y, dentro de las condiciones de comparabilidad puede
encontrarse las condiciones generales del mercado o las estrategias de negocios. Ello
conduce a concluir que, si la comparación se enfrenta con una condición económica
particular, que se encontrase en la parte analizada y no en las comparables o viceversa,
esta podrá eliminarse, con el fin de lograr una mayor comparabilidad, siempre que su
eliminación sea razonable.”9

En este mismo fallo, esta Sala indicó que no es necesario que la circunstancia sea
imprevisible o irresistible, sino que basta con que sea una situación propia del ente
analizado que desfigure u obstaculice el examen o contraste comparativo entre sus

9 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 14 de junio de

2018, Expediente nro. 20821, C.P. Milton Chaves García.
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Radicación:25000233700020170132501 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

transacciones y las de terceros comparables, en la medida que ello dificultaría la
objetividad de la comparación.

La comparabilidad de las transacciones está determinada por la existencia de
características relevantes de las transacciones, y por la posibilidad de efectuar ajustes
técnicos razonables a las condiciones de tales operaciones. De esta manera, cuando
existe una condición económica que afecta a la parte analizada y no a las comparables,
esta puede ser ajustada, de manera que se haga posible la comparación.

En el caso concreto, los movimientos realizados por la sociedad por concepto de
descuentos comerciales y el valor de inventario por el registro de provisiones fueron
acreditados mediante las notas crédito emitidas a los clientes 10, el certificado de
contador público de la demandante 11,el certificado de revisor fiscal de la demandante 12
y notas a los estados financieros por el año 2013 13.

Esta Sala encuentra que, si bien existían normas expedidas con anterioridad al año
gravable 2013 en materia de control de precios de medicamentos, ninguna de ellas
permitía anticipar el efecto especifico que iba a tener para la compañía demandante la
regulación de algunos de los medicamentos que producía. Efectivamente, el control
directo de precios solamente se produce con la expedición de la regulación específica
que establece los medicamentos afectados, el precio mismo, el término o periodo de
control de precios u otras condiciones, y solo desde ese momento se podrán estimar
los efectos reales derivados de esa decisión administrativa generados para la
compañía. Que en el pasado se hayan emitido normas generales de control de precios,
o que se haya controlado los precios de algunos medicamentos, incluso del mismo
proveedor, no supone que es posible anticipar los efectos económicos concretos de
una decisión particular de control de precios en un año o periodo determinado.

En este sentido, las circulares 03 del 21 de mayo de 2013, 04 del 28 de agosto de
2013 y 007 del 20 de diciembre 2013 sí establecieron unas condiciones económicas
particulares para la sociedad demandante en el año mencionado, que no puede
suponerse que eran compartidas en los mismos términos por otras compañías del
mismo sector económico con las cuales puede adelantarse un estudio comparativo
para efectos de aplicar el régimen de precios de transferencia, razón por la cual la Sala
considera que sí había lugar a realizar tal comparación en el estudio de precios de
transferencia, asumiendo la necesidad de hacer ajustes respecto de este punto, de tal
manera que la comparación de las operaciones analizadas pudiera efectuarse
teniendo en cuenta condiciones similares.

Esta Sala encontró probado que AstraZeneca efectuó descuentos comerciales, que
obedecieron a la diferencia entre el precio de venta original menos el precio establecido
a través del control de precios por $2.258.265.790 (gasto que no fue necesario para
sus comparables), dada la regulación de precios de los productos de la demandante.
Así mismo, se evidenció que el ajuste por la provisión de inventarios fue realizado para
reconocer la pérdida en sus ventas por el periodo afectado por la regulación de precios
en Colombia, que no fue tenida en cuenta por parte de la demandada en el rechazo
de costos de venta.

10 Folio 319 a 455 CP3.
11 Folio 506 CP3.
12 Folio 511 CP3.
13 Folios 90 a 102 CA1.

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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

En este sentido, esta Sección considera que sí procedía realizar ajustes a la hora de
comparar la situación económica de la demandante frente a otras compañías del
sector económico, en la medida en que hubo una regulación de precios de
medicamentos que afectó de manera particular a AstraZeneca, pues fue dirigida de
manera específica a algunos de los medicamentos comercializados por esta
compañía, lo cual fue una circunstancia imprevisible por ella.

En el caso concreto, la apelante considera que de aceptarse que no era procedente el
análisis plurianual de la información financiera, y en cambio se tomara la información
correspondiente al año 2013 y se comparara con la información financiera promedio
de los años 2011, 2012 y 2013 de las compañías comparables, se tendría que el
margen operacional con ajustes (exceso de gasto por descuentos otorgados a clientes
motivados en el control de precios por $2.258.265.790, y un ajuste por mayor provisión
de inventarios registrada para reconocer el efecto de la regulación de precios por
$4.783.267.121), podría concluirse que de todas maneras las operaciones analizadas
fueron realizadas observando el principio de plena competencia.

En contraposición, el a quo consideró que dichos ajustes no son procedentes en razón
a que la regulación de precios de los medicamentos no podía entenderse como una
situación extraordinaria; y adicionalmente, que la demandante debió aportar un estudio
adicional que los soportara.

El fallo de primera instancia compartió la posición de la demandada en cuanto a que
la regulación de precios de medicamentos no era una situación excepcional, en tanto
las reglas generales que lo autorizaban habían sido expedidas antes del año 2013, de
manera que las medidas tomadas por la Comisión de Regulación de Precios de
Medicamentos en el año 2013, en su criterio, únicamente tenían como objetivo
orientar, detectar y resolver distorsiones de mercado, y eran previsibles por
AstraZeneca.

El literal e) del numeral 4.º del artículo 4.º del Decreto 3030 de 2013 estableció lo
siguiente sobre la información de los comparables seleccionados para el análisis de
precios de transferencia que debe tomarse en la documentación comprobatoria para
efectuar la comparación misma:

“4. Análisis Económico

El acápite correspondiente al análisis económico deberá contener:

(…) e). Detalle de los comparables seleccionados. La documentación e información a
preparar y remitir por cada tipo de operación o empresa comparable, deberá tener el nivel
de detalle requerido para demostrar la aplicación de los criterios de comparabilidad de que
trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario, para lo cual se identificarán cada uno de los
comparables seleccionados, la metodología utilizada para su determinación, las fuentes
de información de las que se obtuvieron esos comparables y la fecha de consulta a las
mismas, así como la indicación de los comparables seleccionados que se desecharon,
señalando los motivos que se tuvieron en consideración para ello.

Para estos efectos, deberán ser utilizados datos que correspondan al mismo año gravable,
o en su defecto de los períodos inmediatamente anteriores, o proyecciones en el caso de
nuevas compañías o compañías que hayan tenido cambios significativos en sus funciones,
activos y riesgos, durante el año gravable objeto de análisis, con el fin de determinar, entre
otras circunstancias, el origen de las pérdidas declaradas, el ciclo de vida del producto, los
negocios relevantes, los ciclos de vida de productos comparables, las condiciones
económicas comparables, los criterios y métodos de distribución de costos y/o gastos, de
12
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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

conformidad con el manejo técnico contable para la asignación de los mismos, las
cláusulas contractuales y condiciones reales que operan entre las partes, aportando en la
documentación comprobatoria los hechos, circunstancias y demás análisis que justifiquen
tal decisión.

La información correspondiente al contribuyente bajo análisis siempre deberá
corresponder a la del año bajo análisis. Solo en casos excepcionales se podrán utilizar
datos de más de un periodo, siempre y cuando se incluyan en la documentación
comprobatoria las razones económicas, financieras, técnicas o de otra índole que resulten
pertinentes y conducentes a los fines del estudio y se encuentren debidamente
justificadas.”

Respecto de la información financiera de las comparables, se deberá llevar a cabo el
análisis con información correspondiente al periodo gravable objeto de estudio. De no
contarse con dicha información, se podrá tomar en consideración información
correspondiente a ejercicios anteriores al ejercicio gravable para el cual se realiza la
búsqueda y el correspondiente análisis. Para ello en la documentación comprobatoria
debe dejarse explícito el día, mes y año en el cual se llevó a cabo el análisis, así como la
fecha de actualización de la base de datos utilizada. De ser necesario para el análisis
contar con varios períodos, se deberán aportar a la documentación comprobatoria todos
los análisis y explicaciones que resulten necesarios para justificar debidamente la
necesidad de dicha información.14”
(Subraya la Sala)

De lo anterior se tiene que, de conformidad con el mencionado decreto, el estudio de
precios de transferencia debe contener un análisis del año objeto de declaración, de
manera que solo cuando se trate de casos excepcionales debidamente acreditados
por razones económicas, financieras, técnicas o de otra índole, se podrá hacer uso de
un análisis plurianual; eso es, tomar información relevante para el análisis
correspondiente a varios años, sin limitarse al año analizado.

De acuerdo con las directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de
transferencia, los datos referidos a varios años deben utilizarse cuando aportan valor
al análisis de precios de transferencia, porque son necesarios para comprender los
hechos y circunstancias que rodean una operación determinada, como es el caso por
ejemplo de situaciones de pérdida o de contratos a largo plazo15.

En el caso concreto, el método utilizado por la demandante en su estudio de precios
de transferencia fue el método de márgenes transaccionales de utilidad de la
operación (TU), que de conformidad con el artículo 260-3 consiste en determinar la
utilidad de operación que se hubiera obtenido con o entre partes independientes en
operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta
variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo.

En aplicación de este método, AstraZeneca utilizó como indicador del nivel de utilidad
generado el margen operacional (MO), que consiste en la relación entre la utilidad
operacional y las ventas netas. Y para efectuar la división de utilidad operativa sobre
ventas y el rango de plena competencia fue tomada información financiera promedio
de tres años (2011, 2012 y 2013), tanto para la demandante como para sus
comparables.

14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta. Sentencia del 14 de junio de

2018, Expediente nro. 20821, C.P. Milton Chaves García.
15 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO - OCDE. Directrices aplicables en

Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributaria, Madrid, 22 de julio
2010.
13
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FALLO

La demandante expuso en el recurso de apelación que la utilización de información
plurianual en su estudio de precios se encuentra justificada en la afectación
experimentada por la compañía por el control de precios de sus medicamentos, dado
que esta circunstancia fue excepcional e imprevisible por la demandante.

Por su parte, la DIAN cuestionó que se realizara un análisis plurianual, pues este
únicamente puede realizarse en casos excepcionales. En este sentido, indicó que la
demandante no expuso argumentos económicos y técnicos que justifiquen no realizar
el análisis únicamente por el año 2013, pues no ocurrieron circunstancias que
afectaran el giro ordinario de sus actividades, máxime cuando, según ella, la regulación
de precios fue anterior al año 2013.

Esta Sala encuentra que, en el análisis del estudio de precios de transferencia
realizado por la demandante, se tomó información financiera de los años 2011, 2012
y 2013 de la demandante y de sus comparables en la aplicación del método
seleccionado. Así mismo, para dicho análisis se realizaron diferentes ajustes de
acuerdo con las cuentas del balance general correspondientes a cuentas por cobrar,
inventarios y cuentas por pagar, dadas las circunstancias de la compañía derivadas
del control de precios impuesto por la Comisión de Regulación de Precios de
Medicamentos.

Al respecto, la Sala considera que, si bien el literal e) del numeral 4 del mencionado
artículo 4 del Decreto 3030 de 2013 establece la posibilidad de utilizar información
financiera plurianual en la aplicación del método seleccionado, la condiciona a la
existencia de casos excepcionales; es decir, a aquellos en los que no es posible,
mediante la utilización de la información financiera del año declarado, hacer un estudio
de comparabilidad que contemple las condiciones particulares o excepcionales de la
operación y las circunstancias de relevancia económica en las que se llevó a cabo.

Para estimar viable dicho análisis plurianual, conforme la norma citada, no es suficiente
con que existan circunstancias imprevisibles en el año declarado, sino que además,
no sea posible realizar un estudio de precios de transferencia que identifique las
características particulares de la operación con base en información financiera del año
declarado, que para el caso concreto sería el año 2013, pues la utilización de
información financiera de años anteriores es excepcional, y debe limitarse a aquellas
circunstancias en las que sin esta información no resulta posible realizar un análisis de
las operaciones bajo condiciones de mercado; esto es, que resulta indispensable
recurrir a la información de otros años para poder salvar diferencias significativas en
las condiciones económicas de las partes o de las operaciones analizadas en el año
concreto, y así poder determinar si las operaciones objeto de análisis se efectuaron en
las condiciones en que las mismas hubiesen sido realizadas entre partes
independientes.

En el presente caso, la utilización de información financiera de otros años en la
aplicación del método debía basarse en que efectivamente esta era la única o la mejor
manera de eliminar las circunstancias económicas de las operaciones comparables,
ocasionadas por la situación excepcional de regulación de precios realizada por la
Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos, hasta el punto de que no
recurrir a información de otros años falsearía la comparación. No obstante, la apelante
apenas justificó el uso de dicha información en la naturaleza imprevisible y excepcional
de las circunstancias que le dieron lugar, lo cual resulta insuficiente, pues como esta

14
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FALLO

misma lo expuso en el escrito de apelación y en la demanda, era posible realizar el
estudio de precios de transferencia con la información financiera del año 2013, pero
con los ajustes correspondientes.

Según lo dispuesto en el literal e) del numeral 4.º del artículo 4.º del Decreto 3030 de
2013 arriba transcrito, la utilización de información correspondiente a varios años está
permitida, pero siempre que el contribuyente demuestre que es menester recurrir a
esa información plurianual para efectos de llevar a cabo los ajustes de comparabilidad,
si hay lugar a ello, así como su confrontación con los de los comparables. La norma
exige que se justifique el uso de la información plurianual por la existencia de una
circunstancia particular que impide realizar la comparación con base en la información
de un solo año.

Resulta entonces que si bien era procedente realizar un ajuste que eliminara las
circunstancias que podían viciar la objetividad del análisis de comparabilidad, ello no
alcanza a justificar que se haya utilizado información financiera de la compañía y de
sus comparables por varios años, pues como se mencionó con anterioridad ello debe
realizarse de manera extraordinaria, en aquellas circunstancias en las que no es
posible utilizar información del mismo año gravable (2013 en este caso).

Esta Sala encuentra que AstraZeneca debió tomar la información financiera
correspondiente al año 2013 tanto de la compañía como de sus comparables, de
manera que para tomar la información plurianual de las mismas, era necesario
justificar las razones para ello. Es claro que se justifica realizar ajustes sobre las
operaciones de la parte analizada, o de las comparables, en la medida en que ello sea
necesario para efectuar una comparación más precisa entre ambas; pero en todo
caso, la necesidad, viabilidad y utilidad de tales ajustes debe estar plenamente
justificada, pues de otra manera el ajuste propuesto carecería de sustento, y con ello,
los resultados de la comparación propuesta.

Del estudio de precios de transferencia y de la información allegada por la demandante
se puede establecer que el control de precios generó un impacto en los resultados
financieros de la compañía, y ello daba lugar a que se efectuaran ajustes en aquellas
variables o condiciones económicas, técnicas o financieras que podían afectar el
análisis de comparabilidad. Pero no existieron razones suficientes presentadas por la
demandante que justificaran que era necesario utilizar información financiera
plurianual propia o de las comparables para ello, porque fuese claramente insuficiente
que con la realización de ajustes para el mismo año gravable 2013 se eliminaran las
circunstancias que hacían imposible una comparación objetiva. Lo anterior resulta más
claro cuando en las Notas a los Estados Financieros del año 2013, se expresó que no
se anticipaban cambios significativos en el estudio de precios de transferencia en
relación con el año anterior:

“En atención a lo previsto en las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, la Compañía
preparó un estudio de precios de transferencia sobre las operaciones realizadas con
vinculados económicos del exterior durante 2012. El estudio no dio lugar a ajustes que
afectara ingresos, costos y gastos fiscales de la Compañía. Aunque el estudio de
precios de transferencia de 2013 se encuentra en proceso de preparación, no se
anticipan camios significativos en relación con el año anterior.”16

16 Folio 872 reverso C.A 5
15
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En este sentido, la Sala se aparta del criterio del Tribunal, por cuanto considera que la
demandante demostró la existencia de una circunstancia económica excepcional,
como lo fue la regulación de precios de los medicamentos, de manera que est a
circunstancia debía eliminarse de una comparación con terceros independientes
recurriendo a ajustes. No obstante, en este caso los ajustes fueron realizados al tiempo
con la utilización de información plurianual, tanto propia como de las compañías
comparables, sin que se diera cuenta suficiente de la necesidad de acudir a tal
información plurianual, en tanto que era posible efectuar el análisis requerido con
información del mismo año gravable 2013, lo cual descartaba la necesidad del análisis
con base en información plurianual, y con ello, la procedencia del análisis de
comparabilidad en los términos defendidos por la demandante en este caso.

Debe reiterarse que el numeral 4 del mencionado artículo 4 del Decreto 3030 de 2013
es claro al permitir la utilización de información de varios años para efectos de llevar a
cabo una comparación válida entre operaciones, pero siempre que la necesidad de
acudir a tal información plurianual esté plenamente justificada, supuesto que a juicio
de la Sala no se encuentra suficientemente probado en este caso, lo que lleva a
desestimar el cargo.

Sanción por inexactitud

La demandante alegó que no es procedente la sanción por inexactitud establecida en
el artículo 647 del Estatuto Tributario, debido a que existió una diferencia de criterios
con la administración, y no se informaron datos falsos 17.

En cuanto a la diferencia de criterios en relación con el artículo 647 del Estatuto
Tributario esta Sala en sentencia de 11 de junio de 2020, concluyó lo siguiente 18:

“Lo que exculpa, antes y después de la reforma introducida por el artículo 287 de la Ley
1819 de 2016 al artículo 647 del ET, es el hecho de que el declarante esté incurso en un
error relativo al derecho aplicable, a la hora de autoliquidar el tributo. No basta entonces,
para exculpar, que se advierta en el caso la existencia de una mera «diferencia de
criterios» entre los sujetos de la relación jurídica tributaria. Para el régimen sancionador
es irrelevante que las posiciones jurídicas de los sujetos de la relación tributaria sean
discrepantes; ese dato viene dado en la medida en que acreedor y deudor del tributo
interpretan desde su posición e interés jurídico las normas que deben aplicar. Si no hubiera
diferencia de criterios, sencillamente no habría debate alguno sobre la cuantificación del
tributo y, por tanto, no habría infracción. Lo determinante con miras a exonerar de la
reacción punitiva es establecer si el «criterio» desplegado por el administrado tuvo causa
en un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación, vigencia o existencia del
tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual propició en él la errónea
creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico.”

(Subraya la Sala)

En el presente caso, la Sala evidencia que el debate surgió respecto a la interpretación
del literal e) del numeral 4.º del mencionado artículo 4.° del Decreto 3030 de 2013 en
relación con las circunstancias que dan lugar al uso de información de forma plurianual
en el estudio de precios de transferencia, pues la demandante utilizó dicha información

17 “Art. 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión

de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de
gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos (…)”
18 Exp. 21640 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

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Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

bajo el entendimiento de que ello estaba justificado como consecuencia de la
regulación de precios realizada por la Comisión de Regulación de Precios de
Medicamentos.

En este asunto, la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de revisión
demandada resulta improcedente, porque la demandante interpretó que dada la
regulación de precios de medicamentos efectuada por la Comisión de Regulación de
Precios de Medicamentos, se encontraba en una situación excepcional, que la
autorizaba para hacer uso de información plurianual en su análisis de comparabilidad.
Sin embargo, lo que esta norma toma en consideración no es la excepcionalidad de
las circunstancias, sino la excepcionalidad del uso de la información de años anteriores
cuando no es posible tomar la información del año gravable declarado para mayor
comparabilidad.

Por lo anterior, se encuentra configurada una diferencia de criterios en el derecho
aplicable, razón por la cual esta Sala levantará la sanción por inexactitud.

Condena en costas

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (agencias en derecho y gastos del
proceso), comoquiera que no se encuentran probadas en el expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar,

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412017000025 de 26 de abril de 2017 por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, LEVANTAR la sanción por
inexactitud impuesta en la Liquidación Oficial de Revisión nro.
312412017000025 de 26 de abril de 2017.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
Aclaro voto

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicación:25000233700020170132501 (26114)
Demandante: AstraZeneca Colombia S.A.S.
FALLO

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto

18
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