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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06701-00

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06701-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Enevis Rafael Reyes Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06701-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06701-00
Accionante: ENEVIS RAFAEL REYES MORENO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos fáctico y sustantivo. Requisito
de la relevancia constitucional por reiteración de argumentos

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Enevis Rafael Reyes Moreno, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de octubre de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y al principio de primacía de
realidad sobre las formas, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

[sic a toda la cita] “PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de Segunda Instancia Sentencia
Nº S7-253-Ap de fecha 17 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia - Sala Séptima de Decisión Radicación: 05 001 33 33 002 2021 00393 01,
por incurrir en Defecto Fáctico y Defecto Sustantivo. Como consecuencia de lo anterior:

SEGUNDA: AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), al
Trabajo en condiciones dignas y justas (Art. 25 C.P.), a la Igualdad (Art. 13 C.P.), a la
Seguridad Social (Art. 48 C.P.) y al Principio de Primacía de la Realidad sobre las
Formalidades (Art. 53 C.P.) del señor ENEVIS RAFAEL REYES MORENO.TERCERO:

TERCERA: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala
Séptima de Decisión, que, en un término perentorio, profiera una nueva decisión en la
que se declare la existencia de una relación laboral encubierta, Contrato Realidad entre
ENEVIS RAFAEL REYES MORENO y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por
el periodo comprendido desde el 2 de agosto de 2005 hasta el 5 de diciembre de 2014.

CUARTO: ORDENAR el reconocimiento y pago de los conceptos salariales de todo
INSTRUCTOR de planta y demás derechos laborales que le corresponden al señor
Enevis Rafael Reyes Moreno, y que la liquidación se realice con base en los honorarios
pactados en cada contrato.

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Accionante: Enevis Rafael Reyes Moreno

QUINTO: ORDENAR el reembolso al accionante de los aportes a seguridad social
efectuados como independiente, en la proporción que le correspondía asumir al
empleador (SENA), y que se computen los tiempos de servicio para efectos pensionales,
de conformidad con la jurisprudencia unificada y las normas aplicables”.

2. Hechos

La parte accionante manifestó que prestó sus servicios de manera personal y
remunerada al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como instructor, mediante
sucesivos contratos de prestación de servicios que abarcaron el período
comprendido entre el 2 de agosto de 2005 y el 5 de diciembre de 2014.

Indicó que las obligaciones específicas derivadas de dichos contratos se
correspondían con las funciones permanentes y misionales propias de un instructor
del SENA, consistentes en impartir formación profesional, desarrollar actividades,
seleccionar ambientes de aprendizaje y evaluar aprendices, las cuales calificó como
subordinadas y de carácter permanente.

Con fundamento en lo anterior, solicitó al SENA el pago de las sumas dejadas de
reconocer durante el tiempo en que prestó sus servicios en forma personal y
subordinada a la entidad. Dicha solicitud fue negada mediante oficio n.° 2-2017-
0048-02 de 26 de octubre de 2017.

En consecuencia, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el SENA, con el fin de que se declarara la
nulidad del oficio mencionado, por el cual se negó la existencia de una relación
laboral y, en consecuencia, el reconocimiento de las prestaciones económicas
derivadas de dicho vínculo.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Medellín, bajo radicado n.° 05001-33-33-002-2021-00393-00, que mediante
sentencia de 29 de junio de 2023 resolvió negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó el elemento de la subordinación necesario para la
configuración de un contrato realidad.

Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien mediante sentencia de
17 de septiembre de 2025 confirmó la decisión de primera instancia. En esa
oportunidad, el Tribunal concluyó que no se aportó el material probatorio suficiente
para demostrar la existencia de un contrato realidad, en particular la relación de
subordinación.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que el asunto reviste de relevancia constitucional,
por cuanto se funda en que la decisión reprochada ha incurrido en “una falla
sistémica en el razonamiento jurídico, demostrando una disfunción cognitiva al
fracasar en la asimilación y procesamiento adecuado del acervo probatorio”.

Asimismo, señaló que la providencia incurrió en un defecto sustantivo, al
desconocer la jurisprudencia vertical e ignorar decisiones que, frente a situaciones
fácticas similares, reconocieron la existencia del contrato realidad contra la misma
entidad .
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Sentencias proferidas en los procesos con radicado interno n°. 2129-2022, 5216-2023 y 6647-2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Accionante: Enevis Rafael Reyes Moreno

Indicó que se vulneró el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, y agregó que la sentencia
justificó los contratos de prestación de servicios en el marco de la Ley 80 de 1993,
pero omitió analizar que su objeto correspondía a una labor misional y permanente
del SENA, conforme a la Ley 119 de 1994.

Expuso, además, que se configuró un defecto fáctico al desestimar la evidencia
que demostraba la relación laboral subordinada, pues esta se calificó como simple
coordinación, cuando en realidad se evidenciaba la rendición de informes y el
cumplimiento de horarios. Incluso, en el fallo de primera instancia se reconoció que,
en el interrogatorio practicado, se indicó que el coordinador asignaba un horario, lo
que constituye un indicio de subordinación. También se pasó por alto la equivalencia
entre las funciones del instructor contratista y las del personal de planta, así como
la continuidad entre los contratos de prestación de servicios.

4. Trámite procesal

Por auto de 30 de octubre de 2025, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Antioquia-. De igual
modo, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Medellín, como terceros interesados en el resultado
del proceso. Finalmente, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º
164408 a 164412 de 4 de noviembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión. Asimismo, se surtió el correspondiente aviso en la página web del
Consejo de Estado con el fin de comunicar la actuación a los terceros interesados.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó negar las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se realizó una
interpretación contraria a derecho, sino ajustada a la normatividad aplicable al caso.

Adujo que la sentencia reprochada confirmó la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, tras concluir que no se demostró que en la
vinculación del demandante con la demandada se configuraran la totalidad de los
elementos esenciales que tipifican la relación laboral, tales como la continuada
dependencia y/o subordinación. Por ello, no puede afirmarse que el actor haya
quedado desprotegido o que se le hayan vulnerado sus garantías mínimas
laborales, dado que suscribió contratos con la demandada y la terminación de estos
obedeció al cumplimiento del plazo estipulado para la prestación del servicio.

Agregó que, contrario a lo manifestado por el demandante, la decisión cuestionada
realizó un análisis completo y de fondo respecto de las pruebas obrantes en el
expediente y, con fundamento en ellas, se estableció que no se acreditaban los
elementos necesarios para demostrar la relación laboral alegada. Además, los
argumentos del escrito de tutela denotan una inconformidad con lo decidido y con
el estudio del caso en ambas instancias.

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Accionante: Enevis Rafael Reyes Moreno

5.2. Respuesta del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín

El titular del despacho judicial presentó informe en el que pidió negar las
pretensiones invocadas por el demandante, a lo que agregó que el proceso ordinario
se adelantó en salvaguarda de las garantías procesales que le asisten a las partes.

5.3. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

El apoderado judicial de la entidad se pronunció sobre los hechos expuestos en la
demanda de tutela y solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela por
considerar que el asunto carece del presupuesto de relevancia constitucional, ya
que el debate propuesto es competencia del juez natural y escapa de la órbita del
juez constitucional. Además, que la decisión objetada se ajusta a la normatividad
aplicable al caso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por el señor
Enevis Rafael Reyes Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
resulta procedente conforme a los requisitos generales establecidos para cuestionar
providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecerse si el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos alegados por la parte actora,
con ocasión de la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2025.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
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Accionante: Enevis Rafael Reyes Moreno

condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Enevis Rafael Reyes Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
considerar que la sentencia de 17 de septiembre de 2025, que confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, incurrió en los
defectos fáctico y sustantivo.

4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Al respecto, la parte accionante señaló que se desconocieron las sentencias
proferidas por el mismo Tribunal accionado en casos similares6, en los que se
reconoció la existencia del contrato realidad y el principio de primacía de la realidad,
al justificar los contratos de prestación de servicios bajo la Ley 80 de 1993, sin
considerar que su objeto era misional y permanente según la Ley 119 de 1994.

Además, indicó que se desestimaron pruebas que evidenciaban subordinación,
como la asignación de horarios y la rendición de informes, así como la equivalencia
funcional con personal de planta y la continuidad contractual.

Del análisis de los argumentos que sustentan los defectos alegados, la Sala advierte
que estos fueron objeto de pronunciamiento por el Tribunal Administrativo de
Antioquia al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Por lo que, en este
caso se incumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto se está utilizando
la acción de tutela con el fin de reabrir el debate ya zanjado por el juez natural del
asunto.

En efecto, del expediente ordinario, la Sala observa que la accionante promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de que se declarara la
nulidad del oficio n.° 2-2017-0048-02 del 26 de octubre de 2017, por el cual se negó
la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, el reconocimiento de las
prestaciones económicas derivadas de dicho vínculo.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Medellín, bajo el radicado n.° 05001-33-33-002-2021-00393-00, que profirió
sentencia el 29 de junio de 2023, en la que resolvió negar las pretensiones de la
demanda al considerar que no se acreditaron los elementos necesarios para la
configuración de un contrato realidad. Contra esta decisión, la parte accionante
interpuso recurso de apelación en el que mencionó lo siguiente:

“De los citados contratos de prestación de servicios se advierte sin lugar a equivocación
que el demandante se desempeñó como INSTRUCTOR del SENA entre el 2 de agosto
de 2005 y el 5 de diciembre de 2014, y en dichos contratos se debía desarrollar
actividades propias de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones.

Para lo cual debió realizar las siguientes actividades, que son propias de todo
INSTRUCTOR contratista o de planta al servicio del SENA y las cuales se pueden
comprobar con los diferentes informes mensuales que se presentaron cada mes y que
fueron suscritos por sus superiores jerárquicos como los son el supervisor del contrato y
el coordinador académico, dichos documentos también constan en los citados
antecedentes Administrativos aportados por el SENA.

(…)

Nótese que estas actividades Citadas obligaciones denotan un carácter de ESTRICTO y
DETERMINE el SENA son IMPERATIVO por lo que si se permite configurar una
SUBORDINACIÓN frente al hoy demandante. Las demás obligaciones encuadran dentro
de las establecidas por la jurisprudencia que permiten configurar la labor de docente, que
en esencia corresponde a un servicio que se presta personalmente y de manera
subordinada, por el cumplimiento de las directrices de los superiores.

(…)

La prestación personal del servicio, por parte del señor ENEVIS RAFAEL REYES
MORENO se dio de manera permanente, es decir en el periodo comprendido entre el 2
de agosto de 2005 y el 5 de diciembre de 2014.

6
Hizo mención a las sentencias proferidas en los procesos con radicado interno n°. 2129-2022, 5216-2023 y
6647-2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Los contratos celebrados por el demandante con dicha entidad debían ejecutarse de
manera personal, al punto que el mismos no podían designar su reemplazo, sino que la
entidad autorizaba el mismo de ser necesario, de lo que resulta lógico que la prestación
del servicio debió ser personal para el desempeño de tal labor, dado los conocimientos
profesionales específicos que se requiere para impartir la formación en determinada
área.

Lo anterior, también se infiere de los contratos de prestación de servicios que se
aportaron como medio de prueba con la demanda, en los que expresamente se dice que
su objeto es la ‘prestación de servicios personales…’. En consecuencia, está demostrada
la prestación personal del servicio por parte del actor, quien por sí mismo realizó las
labores de instructor y docente al servicio del SENA”.

Sobre el elemento de la subordinación, la parte demandante indicó que el mismo se
configuró “en la medida en que las labores fueron desempeñadas en los lugares asignados
por los coordinadores y/o supervisores asignados por la entidad y en los horarios
establecidos, como lo es los horarios y salones de clase dispuestos para el cumplimiento
del objeto contractual, así como la utilización de los bienes tecnológicos (computadores,
video bean, mesas, entre otros)”. Y refirió que de las pruebas obrantes en el expediente
se puede concluir que no se trataba de actividades ocasionales, ni ajenas al objeto
social de la entidad, ya que había otros instructores vinculados a la planta de
personal.

El recurso de apelación fue desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante sentencia de 17 de septiembre de 2025, en la que se confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
las siguientes consideraciones:

“En primer lugar, el demandante acredita la prestación personal del servicio, a través de
los varios contratos de prestación de servicios suscritos con la demandada, los cuales
se detallaron en el acápite anterior de esta providencia; adicionalmente, los objetos de
cada vinculación fueron para prestar servicios de formación, tanto, en el área de Tics y
electrónica como en el centro de tecnología de la manufactura avanzada y la actividad
desarrollada por el señor ENEVIS RAFAEL REYES MORENO se prestó en el SERVICIO
NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, Regional Antioquia.

(…)

Igualmente, se observa de los dos contratos de prestación de servicios aportados dan
cuenta de su labor como instructor en el área teleinformática, y que las obligaciones allí
descritas, consistieron en cumplir el objeto de ese contrato, responder por la buena
calidad de los servicios contratados, mantener su autonomía e independencia sobre la
forma de cumplir el objeto del contrato y mantener actualizados”.

En relación con la remuneración por la prestación del servicio, la autoridad judicial
accionada refirió que el actor efectuó la labor encomendada y cumplió sus
obligaciones contractuales. Respecto al elemento de la subordinación expuso que,
se encontraba acreditado que el demandante tuvo que prestar sus servicios
personales para impartir formación tanto en el área de teleinformática, como en el
centro de tecnología de la manufactura avanzada y mencionó que:

“en lo que respecta a los elementos probatorios con los que se pretende acreditar los
restantes elementos de la relación laboral, esto es, el relativo al horario de labores, la
dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar respecto del empleador es
necesario que se acredite la existencia de una continuada dependencia o subordinación-
elemento sin el cual no es posible hablar de una relación legal y reglamentaria propia de
los empleados públicos, a los cuales la parte actora ha pretendido asimilar su situación-
, el demandante aportó únicamente los certificados expedido por el Sena de los contratos
de prestación de servicios suscritos.

En audiencia de pruebas celebrada, el demandante en el interrogatorio practicado,
manifestó que siempre cumplió con los objetos contractuales, y que los contratos
suscritos no contaban con cláusula de exclusividad, lo que le permitió prestar sus

7
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servicios como docente de cátedra al ITM, desde el año 2010, encontrándose el vínculo
vigente para el momento de la declaración.

(…)

Contrario a lo considerado por el demandante, el documento aportado no prueba de
manera clara el cumplimiento de un horario, sino una intensidad horaria en actividades
académicas, y en caso de que se hubiese demostrado el establecimiento de horarios,
estos no implican la existencia de subordinación y menos en el presente asunto, en el
que la labor ejercida por el señor Reyes Moreno era la de instructor, por lo que de manera
indiscutible se debía enfocar en las jornadas preestablecidas y con ello cumplir con el
objeto contractual, por lo que lo afirmado por el declarante encuentra su razón de ser en
la labor desempeñada y en la coordinación que debía llevarse a cabo respecto de la
función del demandante como formador”.

Conforme a lo anterior, la Sala advierte que los argumentos expuestos por la parte
accionante buscan reabrir el debate jurídico planteado en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con el reconocimiento del
contrato realidad derivado de los contratos por prestación de servicios suscritos con
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En particular, se cuestiona que la
valoración probatoria desconoció la existencia del elemento de subordinación.
Dicho debate, como se indicó, fue planteado en el recurso de apelación y resuelto
por el Tribunal accionado en el curso del proceso ordinario, en el que se concluyó
que, a partir de lo probado, no se acreditaban los elementos de la relación laboral;
por ende, lo procedente era confirmar la decisión que negó las pretensiones de la
demanda.

En ese contexto, para la Sala, el asunto carece del presupuesto de relevancia
constitucional, dado que existen similitudes entre los reproches formulados en el
proceso ordinario y los argumentos planteados en el escrito de tutela. Además, lo
relacionado con el desconocimiento de las sentencias proferidas por el Tribunal
accionado en casos análogos, aun cuando no fue propuesto en el recurso de
apelación, tiene como fin insistir en el mismo debate analizado por el juez natural,
por lo que tampoco deviene procedente, a lo que se agrega que no corresponden a
la misma sala de decisión7.

Sobre el presupuesto de la relevancia constitucional la Corte Constitucional en
sentencia SU-573 de 20198, estableció que tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces”9 (Negrilla de la Sala)

10
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia

7
Sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión, radicado n.° 05001-23-33-000-2021- 00533-01 (Nº Interno
2129-2022); sentencia proferida por la Sala Quinta de Decisión, radicado n.° 05001-23-33-000-2018- 00275-01
(Nº Interno 5216-2023) y sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión, radicado 05001-23-33-000-2021-
00534-01 (Nº Interno 6647-2024).
8
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
9
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
10
M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06701-00
Accionante: Enevis Rafael Reyes Moreno

constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.

A su vez, en sentencia SU-451 de 202411, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la seguridad social y al principio de
primacía de realidad sobre las formas, en este caso, a la manera de una tercera
instancia, toda vez que insiste en el mismo debate propuesto ante el juez natural.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Enevis Rafael Reyes Moreno, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

11
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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