Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00275-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00275-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de julio de 2024
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 05001-23-33-000-2018-00275-01
Nº Interno : 5216-2023 (expediente hibrido)
Demandante : Alberto Echeverry Arroyave
Demandada : Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Contrato realidad
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia1, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
El señor Alberto Echeverry Arroyave, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del oficio N° 2-
2017- 002062, suscrito por la subdirectora del Centro de Servicios y Gestión
Empresarial SENA.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se «reconozca la existencia
de la relación legal y reglamentaria […] desde el 17 de enero de 2005 al 31 de
diciembre de 2015» y se condene al demandado al pago: (i) de las prestaciones
sociales como cesantías, prima de servicios, primas de navidad, primas de
vacaciones, primas de vida cara, prima quinquenal, auxilios de alimentación,
bonificación de recreación, bonificación por servicios prestados, ii) devolución de
los aportes a la seguridad social, etc. iii) subsidios familiares dejados de percibir, iv)
indemnización por despido injusto, v) la sanción moratoria por no consignación de
cesantías consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y vi) la indemnización
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Magistrados que conforman la Sala Juliana Nanclares Márquez, Liliana Patricia Navarro Giraldo y Vannesa Alejandra Pérez
Rosales.
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Fl 1 a 22
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
moratoria desde que finalizó la relación que unió a las partes; subsidiariamente
ordenará reconocer la indexación de cada uno de los derechos reclamados,
teniendo en cuenta la fecha en que se hicieron exigibles.
PETICIÓN SUBSIDIARIA: En subsidio de lo anterior, solicitó el reconocimiento de
una indemnización que compense el valor de los derechos y pensiones que se les
hubiesen reconocido de haber sido tratado como un empleado público de la entidad:
igualmente, en este caso se le reconocerá también el pago de la indemnización
moratoria.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
El señor Alberto Echeverry Arroyave prestó servicios como instructor, en el periodo
comprendido entre el 17 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2015, vinculado
mediante contratos de prestación de servicios de orden sucesivo.
Señaló que prestó sus servicios en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial de
Medellín o en el Centro Tecnológico Minero Agroempresarial Antioquia, pero por
labor subordinada directamente al SENA y como contraprestación de sus servicios
personales recibía una remuneración, la cual siempre fue cancelada por
mensualidad.
Afirmó que estuvo vinculado por contrato de prestación de servicios, así como que,
entre la terminación de uno y la firma del otro, no hubo solución de continuidad, toda
vez que seguía trabajando y a los 15 días o incluso un mes, firmaba un nuevo
contrato. Las suspensiones ocurrían debido a las vacaciones colectivas de los
aprendices e instructores del Sena.
El 2 de junio de 2016, presentó reclamación administrativa para el reconocimiento
de la existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales
adeudadas, negados a través del acto acusado.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Como normas violadas refiere: Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 5, 13, 16,
25, 40-7, 42, 44, 48, 53, 83, 90 y 125 de la Constitución política; artículos 22, 23,
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
24, 37, 38, 43, 44, 45, 47, 55, 56, 64 numerales 1º y 2º y 65 numeral 1º del Código
Sustantivo de Trabajo; artículo 32 de la ley 80 de 1993.
Sostuvo que existió un verdadero contrato laboral luego que trabajó para la entidad
por más de once años. Señala que su labor fue subordinada en vista que cumplió
horarios, acató órdenes e instrucciones de sus jefes inmediatos y su permanencia
en el trabajo fue continua.
2. Contestación de la demanda3.
La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, porque la relación
se derivó de contratos de prestación de servicios profesionales y no se configuró una
relación de carácter laboral como lo pretende, ya que no fue vinculado por
nombramiento o contrato de trabajo, por lo que todo se coordinaba para el
funcionamiento del objeto del contrato.
Sostuvo que los contratos se celebraban de manera discontinua conforme a la
necesidad del servicio, porque no existía en ese momento suficiente personal para
atender la formación profesional varios municipios del nordeste y Magdalena Medio
antioqueño.
Como excepciones propuso las que denominó: i) inexistencia de la relación laboral,
ii) inexistencia de subordinación y relación contractual independiente entre las
partes, iii) pago, iv) buena fe exenta de culpa, v) falta de causa para pedir, vi)
inexistencia de la obligación por parte del SENA, vii) temeridad y mala fe y viii)
prescripción.
3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 10 de julio
de 2023, negó las pretensiones de la demanda (con condena en costas a la parte
demandante).
Manifestó que no se probó de manera suficiente el carácter permanente de las
funciones desarrolladas por la parte actora desde un criterio de equidad, debido a
que no se tiene certeza que la labor desempeñada por el demandante corresponda
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Folios 115 -154
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Expediente digital.
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
a aquellas funciones propias de los servidores públicos vinculados. En dicho
sentido, no obra prueba de elementos como la Planta de Personal o del Manual de
Funciones, que puedan dar cuenta de este aspecto. Si bien la testigo indicó que las
funciones del demandante podían ser realizadas por el personal de planta, fue muy
genérica en su afirmación, sin especificar a qué funciones se refería y no hubo
alusión al caso particular del señor Alberto Echeverry. Igualmente, no se tienen
elementos con que comparar o con los cuales compaginar tales funciones. Y es
que, el Tribunal consideró que muchas de las actividades descritas eran necesarias
dentro de una labor de “coordinación” para el cumplimiento del objeto contractual,
como se ha venido describiendo.
Señaló que el hecho de tener funciones afines a la naturaleza de la entidad no puede
dar pie automáticamente a que se reconozca una relación laboral en las mismas
condiciones que los otros empleados de la entidad que ocupan dicho cargo o uno
de similares características, máxime cuando no existe elemento material probatorio
más que el documental aportado. Por lo que la relación que surgió entre las partes
fue de coordinación, ya que fue contratado para impartir formación profesional
integral.
4. El recurso de apelación5.
4.1. La parte demandante considera que si acreditó la configuración del contrato
realidad, entre el instructor y el servicio nacional de aprendizaje Sena, teniendo en
cuenta que desempeñó un cargo de función pública denominado instructor y se
pudo demostrar el elemento de la subordinación, porque para el desempeño de sus
funciones debía atender de manera imperativa a sus jefes, los cuales están
organizados jerárquicamente, fueron ellos quienes le asignaban un horario de 8
horas diarias 40 semanales y 160 mensuales, debía cumplir unos lineamientos
político institucionales direccionados desde la Dirección General y prestar la
formación con un modelo especifico dirigido desde la Dirección General, además
que debía cumplir el reglamento SENA.
Explica que dichas actividades se ejecutaron abusando de la justificación
establecida en los estudios previos frente a la falta de personal suficiente para
garantizar la formación.
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Memorial obrante en la herramienta electrónica SAMAI.
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
También señala que la misión de la entidad era “El SENA está encargado de cumplir
la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico
de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional
integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país
(Ley 119/1994)”
Sostiene que el señor Echeverry Arroyave fue contratado desde el año 2005 en el
cargo de instructor con carácter temporal, lo que sin duda constituye un abuso del
derecho, luego que fue contratado bajo esta misma forma de contrato por más de 9
años, con interrupciones superiores a 30 días, en razón a que el proceso de
contratación es orientado desde la Dirección General y depende de los certificados
de disponibilidad de cada centro de formación, además porque cada periodo se
establecen los diferentes periodos académicos y labores que deberán atender los
instructores.
Por último, relaciona muchos documentos como pruebas para desvirtuar los
argumentos del a quo, donde se demuestra que realmente existió la relación laboral.
5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021
Con auto de 22 de marzo de 20246, el Despacho del consejero ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
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Expediente digital Índice 008 SAMAI –
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse sobre los argumentos de la apelación.
2.2. Problema jurídico.
En los términos del recurso de apelación, presentado por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer sí al demandante le asiste el derecho o no para
reclamar del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el pago de las prestaciones
salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado
como instructor, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre
formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que
celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no
se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que
alega, propios de una relación laboral.
Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala desarrollará los siguientes temas:
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad; 2.2.2. Hechos
probados; 2.2.3. Caso concreto y 2.2.4. Alcance del restablecimiento del derecho
cuando se reconoce la existencia de la relación laboral con fundamento en el
principio de la primacía de la realidad.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.
En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración
o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse
con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse
con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
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«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó
las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral,
así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio,
la continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato
de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus
elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste
singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu,
en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto
a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del
mandato respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19688, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad
competente que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de
un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública
y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer
a sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse
contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales
funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de
funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque
constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no
sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino
también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado
de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender
funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las
labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos
especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales
con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el
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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a
la administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata
en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de
la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 9.
De igual manera, la subsección B de esta sección segunda10 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
9
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de
2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
10
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema
y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.
2.2.2. Hechos probados
i) De acuerdo a los contratos de prestación de servicios y las certificaciones
expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entre las partes
suscribieron los siguientes11:
CONTRATOS PLAZO OBEJTO INTERRUPCIÓN
1651 17/01/2005 al 13/07/2005 Impartir formación profesional 15
integral en el área de sistemas
049 04/08/2005 al 16/12/2005 impartir formación profesional
integral en el área de sistemas
049 04/08/2005 al 16/12/2006 Adición y prórroga al contrato de 26
prestación de servicios No. 049 de
1/08/2005
167 25/01/2007 al 11/05/2007 Impartir formación profesional 3
integral en el área de sistemas
42 17/05/2007 al 17/12/2007 Impartir formación profesional 18
integral en el área de sistemas y
ambientes virtuales de aprendizaje
13 14/01/2008 al 22/07/2008 Impartir formación profesional 2
integral en el área de Comercio y
Servicios
195 25/07/2008 al 15/12/2008 Impartir formación 23
profesional integral en el área de
Comercio y Servicios
0008 21/01/2009 al 14/07/2009 Impartir formación profesional 1
integral en el área de Comercio y
Servicios
189 16/07/2009 al 13/12/2009 Impartir formación profesional 32
integral en el área de Comercio y
Servicios
203 01/02/2010 al 01/11/2010 Prestación de servicios 26
profesionales de carácter temporal
como instructor para impartir
formación profesional integral en
términos de planeación y orientación
de los procesos enseñanza –
aprendizaje evaluación, en el área
de teleinformática en los niveles de
formación titulada y complementaria
que orienta el centro
438 06/11/2010 al 14/12/2010 Prestación de servicios personales 3
de carácter temporal para impartir
formación profesional integral en el
área de teleinformática (análisis y
desarrollo de sistemas de
información) para el cumplimiento de
las metas del centro de servicios y
gestión empresarial
173 24/01/2011 al 08/07/2011 Prestación de servicios personales 6
de carácter temporal por periodo fijo
para la ejecución de acciones de
11
Fl 24 -29, 30 -31, 32, 37 - 39
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
formación profesional titulada y
formación complementaria en el área
de teleinformática, artes gráficas e
industrias creativas para el
cumplimiento de las metas del centro
de servicios y gestión empresarial
1080 14/07/2011 al 31/12/2011 Prestación de servicios 15
personales de carácter temporal
para impartir formación profesional
integral en el área de teleinformática,
artes gráficas e industrias creativas
para el cumplimiento de las metas
del centro de servicios y gestión
empresarial
215 25/01/2012 al 06/07/2012 Prestación de servicios personales
de carácter temporal para impartir
formación profesional integral para el 5
trabajo al nuevo talento humano en
el nivel tecnólogo (formación
titulada) en el área de
teleinformática, artes gráficas e
industrias creativas para el
cumplimiento de las metas del centro
de servicios y gestión empresarial
1729 16/07/2012 al 15/12/2012 Prestación de servicios personales 10
de carácter temporal para impartir
formación profesional integral para el
trabajo al nuevo talento humano en
el nivel tecnólogo (formación
titulada) en el área de
teleinformática, artes gráficas e
industrias creativas para el
cumplimiento de las metas del centro
de servicios y gestión empresarial
1620 22/01/2013 al 30/12/2013 Prestación de servicios personales 23
de carácter temporal para impartir
formación profesional integral para el
trabajo al nuevo talento humano en
el nivel tecnólogo (formación
titulada) en el área de
teleinformática, artes gráficas e
industrias creativas para el
cumplimiento de las metas del centro
de servicios y gestión empresarial
1725 21/01/2014 al 12/12/2014 Prestación de servicios personales 13
de carácter temporal para impartir
formación profesional integral en el
trabajo al nuevo talento humano en
el nivel tecnólogo (formación
titulada) en las áreas de servicios
administrativos, financieros y de
transporte, teleinformática, artes
gráficas e industrias creativas,
turismo, alimentos y bebidas y
servicios personales para el
cumplimiento de las metas del centro
de servicios y gestión empresarial.
1914 27/01/2015 al 14/12/2015 Impartir formación profesional 28
integral en los programas de titulada
y/o complementaria en el área de
teleinformática, para el cumplimiento
de las metas del centro de servicios
y gestión empresarial
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Además, obran en el expediente las siguientes pruebas:
Copia del acta de supervisión contrato prestación de servicios personales modalidad
instructor, suscrito por el Coordinador Académico complejo tecnológico Minero
Agropecuario en la cual consta que “el contratista viene desempeñando a
satisfacción el objeto del contrato, cumpliendo con las metas que el Complejo ha
trazado para el desempeño de sus funciones como docente”. Así como la
certificación "Cumplimiento de metas” emitida por el supervisor del contrato12.
Copia de exámenes ocupacionales dirigidos al SENA.13
Copia de informe de Ambiente de aprendizaje, de los años 2010 y 2011, en la cual
se observa la competencia a desarrollar, la fecha y horas ejecutadas14.
Copias de informes de la supervisora de los contratos al subdirector e informes del
contratista a la supervisora del año 2015 enero a diciembre, 2014, 2013, del 6 de
noviembre a diciembre de 2010, 2011, 2012, 200915.
Copia del perfil requerido por el SENA16
Copia pagos de la seguridad social17
Obra copia formato para pagos del contrato de prestación de servicios personales
– Centro de Servicios y gestión Empresarial18.
Copia de certificación suscrita por la subdirectora del Centro Multisectorial Puerto
Berrio “No existe el personal de planta suficiente o especializada Para desarrollar
actividades que se van a contratar”19.
-Declaración de la señora Mónica María Salazar Gómez e interrogatorio de parte
que dan cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que prestaba sus
servicios el demandante. (audiencia pruebas)
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Fl 40, 42, 44, y 45
13
Fl 45 al 50
14
Fl 51 al 55
15
Fl 56 al 79
16
Fl 80/81
17
Fl 82 al 86
18
Fl 87 a 89
19
Fl 90 al 98
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Dentro de este proceso judicial se recaudó el testimonio de la señora Mónica María
Salazar Gómez, quien al momento de rendir la declaración se desempeña en el
SENA como Instructora Grado 20 y fue supervisora de los contratos del señor
Alberto Echeverry cuando era Coordinadora Académica durante el año 2015. Indicó
que el objeto principal de los contratos era impartir formación profesional a los
aprendices del SENA, no cumplía horario específico, sino de acuerdo a las
necesidades de formación. Explicó que, en el procedimiento para contratar, se
determina el programa de formación y encajar el perfil del instructor requerido.
Luego se contrata al instructor y conforme a la necesidad de formación y el perfil se
asigna una programación, pero no un horario específico. Dijo que las actividades
realizadas por el actor, también eran cumplidas por los empleados de planta en su
calidad de instructores, puesto que a los contratistas se contratan porque no da
abasto la programación de los instructores de planta. Entonces se requiere contratar
personas externas para cumplir a cabalidad la programación. También aseguró que
tenía autonomía en la ejecución técnica para cumplir el contrato.
Afirmó que para ser contratista del SENA, se presentan la hoja de vida en las
convocatorias públicas que se realizan cada año, y de acuerdo a las necesidades
de formación internamente la entidad elige las personas con el mejor perfil y para
ser un empleado de planta se requiere esperar un concurso por la Comisión
Nacional del Servicio Civil y cumplir con todas las etapas del mismo.
En cuanto si existía diferencia entre los contratistas y los vinculados a la institución,
señaló que los segundos gozan de prestaciones sociales y de bienestar laboral,
cumplen un horario determinado, los instructores tienen 6 ½ de formación directa y
2 ½ de preparación. También reciben órdenes de un superior, programándose el
horario de acuerdo a las necesidades en la mañana, tarde o noche. Un contratista
generalmente está dispuesto a las necesidades de la formación, no tiene
prestaciones, ni bienestar social. Aseguró que los contratos iniciaban en enero o
principios de febrero y terminan en noviembre o a principios de diciembre, y que
nunca le impartió órdenes al demandante en la ejecución de los contratos, ya que
él tenía unas obligaciones en los contratos que sabía que tenía que desarrollar y
presenta mensualmente un informe a la supervisora, no tenía la misma carga que
los de planta, si terminaba sus labores se podían ir y al demandante no lo evaluaban
por no ser empleado de planta.
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Señaló que la programación no se fijaba en horas semanales, sino mensuales,
aproximadamente 160 horas mensuales, porque la programación no era consistente
a la semana, una semana podía tener 20, otra 40 y así. Entonces, no era uniforme,
pero desde la supervisión trataban de que no fueran más de 160, pero si se
necesitaba, así sería. En cuanto al modelo pedagógico, señaló que éste no podía
apartarse del mismo, ya que el modelo es especial centrado en el estudiante y
basado en proyectos. Los diseños de los programas no los hace ni el instructor de
planta ni de contrato, sino que, provienen de la Dirección General, inclusive de las
sectoriales, a través de un equipo especializado del SENA. Por ende, ese es el
sistema que se debe impartir por todos los instructores.
De otro lado manifestó que a los contratistas no se impone un reglamento, sino, una
serie de obligaciones, que debe reportar cada mes para saber si las cumple o no, a
través de la plataforma o asistencia de los estudiantes, tampoco se le hizo proceso
disciplinario, llamados de atención verbal o escrito, primero porque es contratista y
segundo, porque era excelente.
En el interrogatorio de parte, el señor Alberto Echeverry Arroyave manifestó que las
actividades que desempeñaba en el SENA, eran presentar formación profesional en
la modalidad presencial, formando los analistas. Sostiene que suscribió un contrato
por año y cuando presupuestalmente no daba para terminar el periodo académico,
hacían adiciones. indicó que no tenía exclusividad, pero durante ese tiempo nunca
laboró para otra entidad distinta al SENA, asistía a capacitaciones y reuniones, tanto
para contratistas como para los empleados de planta, a las cuales debían concurrir
de forma obligatoria, porque no había distinción. Es más, si estas reuniones o
capacitaciones se realizaban simultáneamente con una clase, se debía dejar algún
trabajo a los estudiantes, mientras asistían. Sostuvo que cada mes debía presentar
informes de lo que se hizo sobre ese mes. Señaló que, los instructores de planta
cumplían las mismas funciones que los instructores contratistas. Casi siempre
cumplió con 8 horas diarias de trabajo, el cual fue ejecutado siempre de manera
presencial. Una vez terminado el horario de clase asignado, se podía ir para la casa.
Realizaba actividades administrativas, por ejemplo, en el 2005 cumplió como
coordinador de virtualidad, supervisando a otros instructores.
Actuación administrativa
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
i) Mediante escrito de 2 de junio de 2017, el señor Alberto Echeverry Arroyave
reclamó del SENA que declarara la existencia de una relación laboral por la totalidad
de contratos de prestación de servicios suscritos y le reconociera las
correspondientes prestaciones sociales y acreencias laborales. Sin obtener
respuesta de la entidad20.
ii) La subdirectora del Centro de Servicios y gestión Empresarial, mediante Oficio 2-
2017-00262 del 9 de junio de 2017, negó la anterior solicitud21.
2.2.3. Caso concreto
El señor Alberto Echeverry Arroyave estuvo vinculado al Servicio Nacional de
Aprendizaje - Sena a través de contratos de prestación de servicios, cuyo objeto fue
el de impartir formación profesional integral en el área de teleinformática. Acude en
sede de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la anulación del acto
administrativo por medio del cual el ente accionado le negó el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral y el pago de las acreencias laborales y
prestaciones sociales entre el 17 de enero de 2005 y el 14 de diciembre de 2015.
En tal sentido, se encuentra acreditado que el actor prestó de manera personal el
servicio comoquiera que fue contratado directamente por el SENA como instructor
en diferentes programas y municipios del nordeste y Magdalena medio antioqueño,
es decir, dicha actividad fue ejecutada por él y no por otra persona, lo que se halla
demostrado con los contratos y las demás pruebas recaudadas.
En cuanto a la contraprestación económica, según los contratos allegados y los
formatos que debían diligenciar para el pago, se observa que percibió unos
honorarios de forma mensual, en contraprestación por los servicios prestados,
conforme a la suma acordada en cada contrato. Así, está comprobada la
remuneración como segundo elemento de la relación laboral.
Respecto de la subordinación y dependencia, resulta procedente examinar la
naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor y su verdadero alcance, con
el fin de establecer si existió o no.
20
Fl 99
21
Fl 100 a 101
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Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
El SENA fue creado mediante Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales
consistían en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el
comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de
agosto de 1957.
Posteriormente, la Ley 119 de 199422 dispone que el Sena es un establecimiento
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e
independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuya
misión, según su artículo 2, consiste en «[…] cumplir la función que le corresponde
al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país».
Así las cosas, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y
capacitar a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por el
accionante como instructor son inherentes a su materialización, habida cuenta de
que no fueron temporales y están directamente relacionadas con ella.
En el mismo sentido, aunque no se aportó el manual específico de funciones,
requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal del Sena, contenido en la Resolución 986 de 25 de mayo de 2007 (vigente
entre 2007 y 2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la
descripción de las siguientes funciones:
II. PROPOSITO [sic] PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las
Políticas Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la
Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación
según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico
adoptado.
22
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones».
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
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2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados
propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades
detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje
y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación
de conformidad con los módulos de formación y el calendario
institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de
acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las
responsabilidades institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo
de acuerdo con le [sic] Manual de Evaluación vigente.
Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo 23.
Las anteriores atribuciones guardan similitud con las ejercidas por el demandante
como instructor, puesto que denotan una dependencia de quien ejerce ese empleo,
al propio tiempo que corroboran que no puede existir coordinación para el desarrollo
de una presunta relación contractual para desempeñar esa labor, toda vez que se
trata de funciones que atañen a la esencia de la entidad demandada, las cuales
desempeñó en forma interrumpida por 10 años.
Con todo, esta Corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los
instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de servicios.
En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la comprobación de
todos los elementos que sirven para determinar sobre la existencia de dicha relación
a efectos de declararla24. En específico, sobre la subordinación ha exigido que obren
«elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»25 pues, aunque
se haya señalado que estas hacen parte las funciones propias de la entidad, «tal
situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la prestación del
servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del objeto
contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material probatorio «bajo
las reglas de la sana crítica»26 a fin de establecer la configuración o no del elemento
de la subordinación continuada.
23
Información consultada en la página electrónica: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-31-000-2012-00241-01(2525-
14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-
23-33-000-2014-00282-01 (2093-16); iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de
noviembre de 2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-
00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-
01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
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En ese sentido, de las funciones asignadas a Alberto Echeverry Arroyave, de los
contratos que suscribió, podemos destacar:
Dirección en la cual emerge, que de las propias actividades asignadas se deducía
una subordinación entre la entidad demandante y Alberto Echeverry Arroyave al
darle directrices de la forma como debía ejecutarlas.
Así las cosas, para la Sala se encuentra probado que la prestación de los servicios
profesionales por parte de la accionante en el ente demandado contó con el
elemento de la subordinación y dependencia, lo cual desvirtúa el argumento
sostenido por la demandada y el Tribunal de Instancia
En este orden, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación
del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de
servicios, y probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine,
esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
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y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala
que el ente demandado utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la
naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el
contrato realidad, en aplicación de los principios constitucionales consagrados en
los artículos 13 y 53 superiores, pues la accionante atendió funciones inherentes a
la misión del Sena, en iguales condiciones a las de otros instructores de la planta
de personal.
En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
que este requisito también se encuentra desvirtuado, pues en el presente caso las
labores desempeñadas por el demandante por más de 10 años, en forma
ininterrumpida, como instructor están referidas a las que de manera sucesiva e
ininterrumpida debía adelantar el Sena como propias u ordinarias.
Lo anterior permite colegir, que las conclusiones a las que arribó el Tribunal de
instancia para no declarar la existencia de una relación laboral entre las partes,
desconocen la realidad fáctica que evidencia el expediente pues refulge con
contundencia que las labores ejercidas por Alberto Echeverry Arroyave son iguales
a las desempeñadas por los instructores de planta del Sena.
Es decir, pese a realizar tareas que hacen parte de la naturaleza de la entidad como
es la de brindar capacitación y estudio a los aprendices del Sena, se le vinculó
mediante contrato de prestación de servicios de forma permanente y eludiendo así
el pago de los emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si hubiera
sido vinculada laboralmente.
Por consiguiente, la tesis expuesta por el A-quo según la cual como no se acreditó
el cumplimiento del horario no se deducía la subordinación, resulta equivoca pues
obvia que la labor de instructora precisa para su normal desarrollo de un tiempo
determinado el cual se acopla a las necesidades de la entidad y al programa que
ofrece a los aprendices.
De lo que podemos inferir, que para honrar con la capacitación de los aprendices
los instructores ineludiblemente deben acatar un horario.
20
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De suerte que se revocará la sentencia apelada y en su lugar se accederán a las
súplicas del libelo, ya que, se insiste, en el sub lite se probaron los tres elementos
configurativos de un contrato realidad, quedando demostrado que el Sena evadió
las obligaciones laborales respecto del demandante, toda vez que ejerció
atribuciones propias de un empleador a través de órdenes dirigidas al desempeño
de funciones ínsitas de la entidad, que, además, no fueron temporales.
En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201627, esta Sección estimó:
quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la
terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad [se resalta].
Ahora bien, en la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202128 de la sección
segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala consideró adecuado
establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de
la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de
servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que se
reputa laboral.
Bajo esa perspectiva, observa la Sala que el accionante prestó sus servicios entre
el 17 de enero de 2005 y el 14 de diciembre de 2015.
27
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
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Sin embargo, existe una interrupción mayor a treinta (30) días, de treinta y dos (32)
días.
En efecto, el contrato 189 culminó el 13 de diciembre de 2009. El 203, inició el 1 de
febrero de 2010, lo anterior daría para aplicar la regla establecida en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021, de treinta (30) días, como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos, no obstante lo
precedente, no puede entenderse dicha situación porque esta solución esta
justificada en las vacaciones de fin de año de los aprendices y en el proceso propio
de la contratación.
Lo que se traduce en que se reconocerán los emolumentos económicos propios de
una relación laboral durante el interregno comprendido entre el 17 de enero de 2005
y el 14 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones, sin que haya lugar a predicar
la prescripción en vista que la reclamación se formuló, 27 de agosto de 2018, dentro
de los tres años siguientes al último vínculo contractual
2.4. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.
Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante es
consecuencia de la nulidad de los actos acusados, como se determinó en la
referida sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de la sección segunda
de esta Corporación, la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre
la base de quien debe asumirlas.
Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya
ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona
designada regularmente, a través del acto administrativo de nombramiento y la
correspondiente acta de posesión.
En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 2016, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las
prestaciones sociales que se deberán reconocer […] al declararse una
relación de carácter laboral, […] acude a la clasificación que se ha hecho de
estas prestaciones sobre la base de quien debe asumirlas. En ese orden de
22
Numero interno: 5216-2023
Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador directamente y
las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de
Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están a
cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes
como son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales
que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la
salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio familiar, que
para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una
cotización» [negrillas para resaltar]. Asimismo, en providencia de 6 de octubre
siguiente , aclaró que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación
laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar
al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible
reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime
cuando el accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las
prestaciones a las que considera tener derecho ni el origen de las mismas»
[negrillas de la Sala].
Respecto de las vacaciones, el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978 determina que
corresponde a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios,
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales, al comportar la
condición de prestación social y de derecho como expresión de una garantía laboral
del artículo 53 superior. Por lo anterior, al declararse la existencia de la relación
laboral, procede la compensación del derecho al descanso, en virtud de las
previsiones de los artículos 20 del Decreto Ley 1045 de 1978 y la Ley 995 de 2005.
Tomar mes a mes el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante-
apelante, con fundamento el salario legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el empleo en la planta de personal del SENA, conforme lo anotado
en precedencia, en cada uno de los periodos contratados con la accionante, del 17
de enero de 2005 al 14 de diciembre de 2015 (salvo las interrupciones) y si existe
diferencia entre los aportes realizados por la contratista y los que efectivamente
debió cumplir, cotizar al respectivo fondo de pensiones el valor faltante de aportes
a pensión en el porcentaje que le incumbía como empleador. Por su parte, el actor
acreditará las cotizaciones efectuadas al mencionado sistema durante estos
23
Numero interno: 5216-2023
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vínculos contractuales y si no las hubiese hecho o se verificara diferencia alguna en
su contra, tendrá la obligación de completar o cancelar, según corresponda, el
porcentaje que le concernía como trabajador, según lo analizado en los acápites
pertinentes de la sentencia de Unificación.
En lo relacionado a la devolución de los aportes efectuados por el demandante a
pensión y salud, lo cierto es que, esos recursos del sistema integral de seguridad
social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un
crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente al interesado. En consecuencia, resulta improcedente que se
disponga el reembolso por los mencionados conceptos.
Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos al reclamante durante el período comprendido entre el 17 de
enero de 2005 y el 14 de diciembre de 2015 (salvo sus interrupciones), procede a
título de restablecimiento del derecho y, en tal sentido, de acuerdo con las
sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta sección y la jurisprudencia imperante
en esta Sala, se deben tener en cuenta las prestaciones sociales de orden legal
percibidas por los servidores públicos de planta de la entidad de igual categoría
vinculado laboralmente a dicha planta como instructores, liquidadas sobre el salario
de estos.
Precisamente en igual sentido, debe decirse que en este caso se debe condenar a
la entidad al pago del reajuste salarial, es decir, la diferencia entre lo percibido por
concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de planta en el cargo de
instructor.
En efecto, la Subsección es del criterio que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta apareja también el de la diferencia entre lo que devenga un empleado
de la entidad y los honorarios pagados a los contratistas.
Esta Sala ha discurrido que pese a ejecutar las mismas funciones de los empleados
de planta, los contratistas solo reciben los honorarios, por lo que resulta una
consecuencia propia de la declaración de contrato realidad la de equipararlos.
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
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Por consiguiente, se reconocerá el reajuste salarial para de esta forma materializar
los mandatos constitucionales de dar prevalencia al derecho sustancial.
Por último, sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral
y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad de empleado
público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de
nombramiento o elección y su correspondiente posesión.
Como lo ha reiterado esta Corporación en diferentes fallos, entre los cuales cabe
resaltar la sentencia del 28 de julio de 2005, Exp. 5212-03, C.P. Tarcisio Cáceres
Toro, la cual efectuó un análisis de la forma de vinculación de los empleados
públicos, precisando que:
“(…) para que una persona natural desempeñe un EMPLEO PÚBLICO, EN
CALIDAD DE EMPLEADO PÚBLICO (RELACIÓN LEGAL Y
REGLAMENTARIA) que se realice su ingreso al servicio público en la forma
establecida en nuestro régimen, vale decir, requiere de la designación válida
(nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder
entrar a ejercer las funciones del empleo. Con ello la persona nombrada y
posesionada es quien se halla investida de las facultades y debe cumplir sus
obligaciones y prestar el servicio correspondiente”.
Las sumas que resulten a favor del demandante, deberán actualizarse de acuerdo
con la fórmula según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), así:
R = Rh Índice inicial
Índice final
Sobre la condena en costas
No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
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Numero interno: 5216-2023
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Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó y en su lugar acceder a las pretensiones de
la demanda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: – REVOCAR la sentencia de 10 de julio de 2023, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Antioquia, negó las pretensiones de la demanda,
presentada por el señor Alberto Echeverry Arroyave y en su lugar:
SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del acto del Oficio N 2-2017-002062, por
medio del cual la entidad negó el reconocimiento de la relación laboral y la
correspondiente liquidación y pago de las prestaciones sociales por el tiempo que
prestó sus servicios en la entidad demandada.
TERCERO. - Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor
Alberto Echeverry Arroyave y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA entre el 17
de enero de 2005 al 14 de diciembre de 2015.
CUARTO. – A título de restablecimiento del derecho, ordénese al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA pagar al señor Alberto Echeverry Arroyave las
correspondientes prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor
de la misma categoría, instructor, vinculado laboralmente a la planta de la entidad,
liquidadas sobre el salario de estos en proporción a los periodos en el lapso del 17
de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2015.
Ordenar a SENA el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, entre lo
percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta.
QUINTO. - COTIZAR, las diferencias entre los aportes pensionales realizados, si
los hubiere del periodo comprendido del 17 de enero de 2005 al 31 de diciembre
de 2015, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Alberto Echeverry Arroyave
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
SEXTO. – DECLARAR que el tiempo laborado por el demandante en el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios, desde 17 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2015, salvo sus
interrupciones, se debe computar para efectos pensionales.
SÉPTIMO. - ORDENAR al SENA, realizar sobre los valores que resulten de la
presente condena, la actualización referida en la parte motiva de esta sentencia.
OCTAVO. – NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.
NOVENO. - Sin condena en costas en esta instancia.
DECIMO. - DAR cumplimiento a este proveído dentro de los términos establecidos
para ello por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
ONCE. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA
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