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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00077-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00077-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. –MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia emitida el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Segunda de Decisión, el cual quedará así: «4. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, a pagar en favor de la señora CAROLINA VALENCIA CHICA, las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo la bonificación por servicios prestados, prima de servicio anual, prima vacacional, prima de navidad, bonificación por recreación, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, y demás prestaciones sociales legales de acuerdo a lo devengado por un servidor de la misma categoría [profesional de apoyo a la gestión - encargada de la atención al público] vinculado laboralmente a la planta de la entidad liquidadas sobre el salario de estos o, sobre los honorarios pactados en los contratos [en caso de inexistencia de aquel cargo], en proporción a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 1º de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones. En ese mismo periodo, se ordena al Unidad Administrativa Especial De Gestión de Restitución de Tierras Despojadas reconozca y pague a favor de la señora Carolina Valencia Chica el reajuste salarial, es decir, la diferencia a su favor entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta de la misma categoría [profesional de apoyo a la gestión - encargada de la atención al público], en caso de existir este último. 40 Número interno: 1288-2023 Demandante: Carolina Valencia Chica Demandada: UAEGRTD SEGUNDO. – CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida el 26 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Segunda de Decisión, que accedió las parcialmente pretensiones de la demanda promovida por la señora Carolina Valencia Chica contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD, ordenando la nulidad del acto […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2020-00077-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 66001-23-33-000-2020-00077-01 (1288-2023)1
Demandante : Carolina Valencia Chica
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos de prestación
de servicios.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
del 26 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda2 - Sala
Segunda de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1. Pretensiones.

La señora Carolina Valencia Chica, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho de carácter laboral, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para formular demanda
contra del Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del Oficio No.
URTDTVCO2875 del 17 de septiembre de 2019, expedido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, mediante

1
Expediente digital
2
Sala conformada por los magistrados Dufay Carvajal Castañeda, Juan Carlos Hincapié Mejía y Leonardo Rodríguez Arango.
3
La demanda fue radicada el 30 de 05 de 2019.

2

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

el cual fue negado el reconocimiento y pago de los derechos salariales y
prestacionales solicitados por la demandante por haber laborado en dicha entidad
entre el 1° de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó:

Declarar la existencia de la relación laboral por el periodo del 1° de diciembre de
2016 y el 31 de marzo de 2019, entre la demandante y la demandada, sin solución
de continuidad.

Como consecuencia se reconozca y pague como compensación y/o indemnización
de perjuicios las sumas correspondientes a: salarios adeudados, factores salariales
no pagados, recargos, reajustes, horas extras, prestaciones sociales,
indemnizaciones, seguridad social asumida por la actora y demás emolumentos
dejados de percibir y que fueron inherentes a su cargo, debidamente actualizados
desde la fecha de la desvinculación hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga
fin al proceso.

Se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos “176
del CCA” y “177 del CCA” y se condene en costas a la parte demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La señora Carolina Valencia Chica prestó sus servicios personales a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el
cargo profesional de apoyo a la gestión - encargada de la atención al público, a
través de diversos contratos de prestación de servicios desde el 1 de diciembre de
2016 hasta el 31 de marzo de 2019.

3

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Que el objeto contractual desarrollado estaba enfocado a la atención al público,
absolver consultas jurídicas sobre la restitución, formalización y protección de
derechos sobre la tierra a los ciudadanos que se acercaban a la oficina de la
dirección territorial de la UAEGRTD, así como, apoyar la organización y
conformación de los expedientes por cada solicitud recibida en la dirección
territorial; brindar información y orientación a los ciudadanos sobre los trámites,
procedimientos y competencia con temas relacionados con la atención de víctimas
del conflicto armado; responder derechos de petición o requerimientos; apoyar al
equipo jurídico en labores orientadas a impulsar el procedimiento de restitución de
tierras; presentar informe ejecutivo mensual de las actividades atendidas; tener
disponibilidad para viajar a las zonas donde estuviera interviniendo la dirección
territorial y las demás funciones que le fueran asignadas.

Que debía cumplir con un horario asignado durante los días lunes a viernes, de 8:00
am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm., para desarrollar las actividades.

Sostuvo que debía cumplir las órdenes que impartían los coordinadores y la
directora territorial del Valle y eje cafetero de la entidad, señora Sandra Paola Niño
Niño; precisando que su último jefe inmediato fue el coordinador de sede del eje
cafetero, señor Julián Andrés Escobar Cano, quien se encargó de vigilar las labores
del personal de la zona, de ejercer la supervisión de los contratos, el cumplimiento
de horarios y otorgar permisos para poder retirarse del sitio de trabajo. En cuanto
los elementos para desarrollar ejecutar sus funciones, eran de la entidad
demandada.

Señaló que la prestación del servicio fue continua, aseverando que a pesar que
entre algunos contratos hubo días de interrupciones, lo cierto es que debía asistir a
cumplir sus funciones legales, pese a no tener contrato vigente.

4

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Afirmó la demandante que fue le otorgada licencia de maternidad, suspendiendo el
contrato desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo de 2018, mediante carta que
fue elaborada en su totalidad por la UAEGRTD.

Indicó que se cumplieron todos los elementos de relación laboral, por cuanto las
labores y funciones prestadas a la entidad lo fueron de manera directa y
permanente, ocultándose la relación laboral mediante contratos de prestación de
servicios, con la finalidad de evadir el pago de los derechos que le atañen.

Informa que la directora territorial Sandra Paola Niño Niño el día 20 de marzo de
2019, a través de correo electrónico, le notificó a que el contrato de prestación de
servicios tendría como fecha de terminación el día 31 de marzo de 2019.

Que el 29 de agosto de 2019 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de
las prestaciones laborales de orden legal por todo el tiempo servido dado el contrato
realidad (sic), frente a lo cual obtuvo respuesta negativa mediante la actuación
administrativa enjuiciada.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Artículos 1, 2, 4. 6, 13, 16, 25, 29, 42, 48, 122 y 209 de la Constitución Política;
Decreto 3135 de 1968, artículos 8, 9, 10 modificado por el Decreto 3148 de 1968 y
41; Decreto 1848 de 1969 artículos 43 a 49 y 51; Decreto 1045 de 1978, artículos 8
a 26, 28 a 31, 32, 33 y 45, Decreto 451 de 1984; Ley 6 de 1945, artículo 17; Ley 65
de 1946, artículo 1; Decreto 1160 de 1947; Decreto 3118 de 1967, modificado por
Ley 432 de 1998 y reglamentado por Decretos 1582 y 1453 de 1998; Ley 50 de
1990, artículos 99, 102 y 104; Ley 344 de 1996, artículos 13 y 14; Ley 244 de 1995;
Decreto 1252 de 2000; Decreto 1042 de 1978, artículos 58 y 59; Decreto 372 de
2006; Ley 100 de 1993, artículo 20 modificado por Ley 797 de 2003; Ley 780 de

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

2002, artículo 12; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 67 a 70 y “Código
Contencioso Administrativo: 2, 3 y ss.”

Sostuvo que el acto administrativo acusado es nulo por infringir las normas jurídicas
en que debían fundarse, haciendo alusión al derecho al trabajo y a la seguridad
social en el estado social de derecho; así como, al principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades; adicionalmente, citó sentencia de la jurisprudencia
del Consejo de Estado sobre el tema de las relaciones laborales encubiertas.

2. Contestación de la demanda4.

La apoderada de la entidad se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la
demanda, teniendo en cuenta que a la demandante no le asiste derecho reclamado
ya que nunca existió la relación laboral entre la actora y la UAEGRTD. También hizo
referencia a la naturaleza de la entidad, el desarrollo normativo y la exigente carga
que ha venido teniendo para el cumplimiento de las políticas públicas, lo cual
conllevó a la contratación de profesionales que apoyaran la gestión.

Manifestó que por designación de la Dirección General las direcciones territoriales
de la entidad se encargan de llevar a cabo las actuaciones de la etapa administrativa
tendientes a la inclusión de predios y víctimas en el registro de tierras despojadas,
lo cual generó un incremento de trabajo debido al número de solicitudes de
inscripción en el registro, lo que generó a la vez la necesidad de contratar personal
para suplir la demanda del servicio.

Sostuvo que los contratos suscritos con la demandante fueron ejecutados con plena
autonomía técnica y administrativa, de forma interrumpida y sin exigencia de
cumplimiento de horarios.

4
expediente digital archivo diligencia contestación.

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Señaló que el señor Julián Andrés Escobar Cano era el coordinador en la sede del
eje cafetero donde la actora ejecutó las actividades de sus contratos, éste no era su
jefe inmediato, sino que ejercía funciones de coordinación y enlace entre los
directores territoriales, los empleados y contratistas dado que la labor de estos
últimos no es ajena a la naturaleza de la entidad y por lo mismo requiere la debida
organización para que cada dirección territorial cumpla con eficiencia sus metas y
objetivos, sin que por ello dicho funcionario se convierta en jefe inmediato.

Asevera que en el presente caso no se configuró la relación laboral, por cuanto no
concurrió el elemento subordinación.

Aduce que de conformidad al clausulado del contrato 1141 de 2018, referente a la
suspensión temporal de común acuerdo entre las partes, la contratista fue quien
solicitó dicha suspensión entre el 23 de marzo al 31 de mayo de 2018.

Propuso como excepción la denominada: inexistencia de la relación laboral.

3. La sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Segunda de Decisión, a través de la
sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y sin condena en costas a la entidad demandada, así:

«1. Se declara no probada la tacha de sospecha de la prueba testimonial, formulada por la
entidad demandada, conforme lo razonado.

2. Se declara no probada la prescripción extintiva de derechos, de acuerdo con lo
argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

3. DECLÁRASE LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio No. URT-
DTVCO2875 del 17 de septiembre de 2019, expedido por la Unidad Administrativa Especial

5
Expediente digital

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, mediante el cual fue negado el
reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales solicitados por la
demandante, conforme las razones expresadas en la parte considerativa de la presente
providencia.

4. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho,
SE CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DESPOJADAS, a pagar en favor de la señora CAROLINA VALENCIA CHICA,
las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo la bonificación
por servicios prestados, prima de servicio anual, prima vacacional, prima de navidad,
bonificación por recreación, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, y demás
prestaciones sociales legales a que haya lugar, tomando como base los honorarios
contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios, correspondientes a los
períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el 1º
de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones de 14, 4, 15 y 19
días hábiles señaladas en el cuadro correspondiente, tal como quedó explicado en la parte
motiva de esta sentencia.

5. La entidad demandada condenada deberá tomar todos los períodos en los que la
demandante fungió como contratista (entre el 1º de diciembre de 2016 y el 31 de marzo
de 2019) y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de aquella, mes a mes,
teniendo en cuenta todos los honorarios pagados y, si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista, y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo
de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje
que le correspondía en su calidad de empleador. Para tales efectos, la parte actora deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante todos los vínculos referidos como
contratista y en la eventualidad de que no las hubiese efectuado o existiere diferencia, tendrá
la carga de cancelar o completar el aporte, según sea el caso, en el porcentaje que le incumbía
como trabajador, según lo analizado en los acápites pertinentes de este proveído.

6. Declárase que el tiempo laborado por la actora como contratista, se debe computar para
efectos pensionales, salvo sus interrupciones antedichas.

[…]

9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.

10. SIN COSTAS en esta instancia, conforme lo esgrimido en este proveído».

El A-quo analizó los elementos de la relación laboral encontrando probado la
prestación de servicios profesionales de servicios por parte de la actora como
profesional de apoyo a la gestión, encargada de la atención al público, de apoyar y
acompañar a la UAEGRTD en las actividades y acciones vinculadas con la
administración del Registro Único de Predios y Territorial Abandonados (RUPTA),
en los periodos del 1° al 31 de diciembre de 2016, 23 de enero al 28 de marzo de
2017, 4 de marzo al 31 de agosto, 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 24

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

de enero al 31 de diciembre de 2018 (interrupción del 23 de marzo al 31 de mayo
de 2018) y del 30 de enero hasta el 31 de marzo de 2019.

Sostuvo el Tribunal que también se acreditó el elemento de la remuneración.

Frente a la subordinación consideró que se encuentra probado a través de las
pruebas documentales aportadas y además con la prueba testimonial recibida,
elementos probatorios que dan cuenta de las condiciones, actividades y
características propias de la actividad desplegada por la demandante.

Manifestó que la tacha realizada por la entidad, frente al testimonio de la señora
Tatiana Marcela Ocampo Montoya por adelantar un proceso en contra la entidad,
no prospera dado que dicha situación no afecta la imparcialidad y credibilidad de la
declarante.

Señaló que no se configuró el fenómeno de la prescripción dado que la reclamación
fue presentada dentro los 3 años siguientes a la finalización del vínculo.

Como restablecimiento reconoció y ordenó pagar las prestaciones de ley
correspondientes, aportes pensionales y negó el rembolso al demandante de los
porcentajes de cotización a pensión, sanción moratoria por pago extemporáneo de
cesantías e indemnización por despido sin justa causa.

4. Recursos de apelación6.

4.1. La parte demandante

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Memoriales obrantes en la herramienta electrónica Samai

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Presentó recurso de apelación parcial, esto es, solo respecto a la negativa en
reconocer la sanción moratoria por el no pago de cesantías; aduciendo que existe
solicitud de pago en tal sentido, la cual debe tenerse en cuenta, y no precisar que
los derechos laborales surgen con la sentencia, sino cuando se causó el
incumplimiento en el pago.

Manifestó que estas decisiones premian a las entidades para que sigan vinculando
trabajadores a través de contratos de prestación de servicios, omitiendo el pago de
prestaciones sociales que son obligatorias, insistiendo en que el empleador debe
devolver al demandante el dinero que este pago por seguridad social.

En cuanto al tiempo reconocido señaló que se debe reconocer desde el 16 de
febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, tiempo que fue laborado sin
interrupciones, y no con base a los periodos establecidos en los contratos.

Respecto el reembolso de los dineros pagados por la demandante a seguridad
social (salud pensión y ARL), indicó que deben ser reconocidos sobre el total del
tiempo trabajado y reintegrar dicho valor a favor de la demandante por haber sido
quien asumió un pago que no le correspondía a la entidad.

4.2. Entidad demandada

Manifestó que no ha desconocido la existencia de seis contratos entre las partes;
no obstante, de su solo análisis no puede concluirse la configuración de dos de los
tres elementos necesarios para que surja la relación laboral, como aquí se hizo,
dando con ellos por acreditado la prestación del servicio y la remuneración,
precisando que esta no se configuró pues lo que hubo fue el pago de unos
honorarios, más no salario.

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

En cuanto la subordinación adujo que no existió, que lo que hubo fue la debida
coordinación y la obligación legal de vigilar el cumplimiento del objeto contractual.

Señaló que, dada la misión de la entidad, no resulta extraño el contrato sea
ejecutado en las instalaciones de la entidad y con elementos suministrados por esta;
puesto que, en virtud de los protocolos de seguridad y confidencialidad de la
información, se requiere de control de la información para evitar posibles filtraciones
o fugas que pongan en peligro la integridad de las víctimas.

Solicitó la revocatoria del fallo y negar las pretensiones.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 29 de junio de 20237, este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin
embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del
periodo para que las partes alegaran de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
25 de Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

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Índice 008 SAMAI

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Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

2.2. Problema jurídico.
Le corresponde a la Sala establecer si revoca o modifica la sentencia del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones. Para el
efecto, se analizará (i) sí se configuró una verdadera relación laboral entre las
partes; y (ii) en caso afirmativo, si el restablecimiento del derecho ordenado por el
a quo se hizo ajustado a derecho.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad.

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general
relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo

32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre

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Demandante: Carolina Valencia Chica
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el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio,
en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes,
de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se
hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto
de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.»

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19688, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]» , dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como
los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia,
entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación
laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la

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Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 9.

De igual manera, la Subsección B de esta Sección Segunda10 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público.

9
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).

15

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

2.2.2. Hechos probados

• Obran los contratos de prestación de servicios suscritos por el UAEGRTD con la
señora Carolina Valencia Chica, así:

N° Objeto Periodos
Contratos
2407 de El mismo objeto y actividades del contratista contemplados 1 al 31 de
en el contrato 1141 de 2018 diciembre de 2016
2016
interrupción de 14 días hábiles
1149 de El mismo objeto y actividades del contratista contemplados 23 de enero al 28 de
en el contrato 1141 de 2018 marzo de 2017 (de
2017
acuerdo a los
certificados, pero
en la demanda dice
la entidad que es 28
de febrero)
Interrupción de 3 días hábiles
1277 de Efectuar sus servicios profesionales con plena autonomía 4 de marzo al 31
2017 técnica y administrativa para proponer, apoyar y acompañar de agosto de 2017
a la UAEGRTD en las actividades vinculadas con la atención
al ciudadano en la dirección territorial y algunas relacionadas
a la etapa administrativa y judicial conforme a lo dispuesto
por la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4801 de 2011, el
parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015 y
normas concordantes, así como ejercer la supervisión
desinada conforme la Ley 1474 de 2011
Interrupción de 4 días hábiles
1834 de El mismo objeto y actividades del contratista contemplados 7 de septiembre al
2107 en el contrato 1141 de 2018 31 de diciembre de
2017

interrupción de 15 días hábiles
1141 de Efectuar sus servicios profesionales con plena autonomía 24 de enero al 31
2018 técnica y administrativa para proponer, apoyar y acompañar de diciembre de
a la UAEGRTD en las actividades vinculadas con la atención 2018
al ciudadano en la dirección territorial y algunas relacionadas
a la etapa administrativa y judicial conforme a lo dispuesto
por la Ley 1448 de 2011 y Decreto 4801 de 2011, el
parágrafo 1 del artículo 28 del Decreto 2365 de 2015 y
normas concordantes, así como ejercer la supervisión
desinada conforme la Ley 1474 de 2011
interrupción de 19 días hábiles

1098 de Ejecutar servicios profesionales con plena autonomía 30 de enero al 31
2019 técnica y administrativa para apoyar y acompañar a la de marzo de 2019
UAEGRTD en las actividades y acciones vinculadas con la

16

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

administración del Registro Único de Predios y Territorial
Abandonados (RUPTA), y las relacionadas con la gestión de
los casos remitidos por la Unidad para las víctimas a través
del anexo 11 del FUD, así como ejercer la supervisión que le
sea designada bajo los parámetros de la Ley 1474 de 2011.

Según se desprende de los citados contratos las obligaciones contractuales
pactadas eran: 1. Absolver consultas jurídicas que presenten los ciudadanos ante la dirección
territorial de la UAERGTD, en relación con el derecho a la restitución, formalización, protección o
cancelación de medidas publicitarias o cautelares. 2. Apoyar en la conformación de cada expediente
de cada solicitud. 3. Brindar orientación e información a los ciudadanos sobre trámites,
procedimientos y competencias en temas de atención a víctimas del conflicto armado. 4. Dar
respuesta derechos de petición, acciones de tutela y requerimientos. 5. Atender actividades
relacionadas con el anexo 11, de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la
UAERGTD, para lo cual debe garantizar de por lo menos 10 actos administrativos o documentos de
respuesta y 10 documentos de citación para complementar información, todo de acuerdo a lo que
determine el supervisor y que esté previsto en el plan de trabajo de la dirección territorial. 6. Servir
de apoyo a la dirección territorial en el procedimiento de restitución de tierras, tanto en su etapa
administrativa como judicial. 7. Presentar informe ejecutivo mensual de actividades. 8. Atender
comisiones de servicio que se requieran en las zonas en las que intervenga la dirección territorial. 9.
Acompañar y apoyar a la dirección territorial en las acciones de recolección de información
proveniente de entidades que intervengan en los procesos de restitución. 10. Apoyar el correcto flujo
de información de acuerdo al direccionamiento del director territorial. 11. Desarrollar las actividades
que le sean designadas en lo desarrollado con el RUPTA, según lo que determine el supervisor del
contrato y lo que señale el plan de trabajo de la dirección territorial. 12. Atender procedimientos del
sistema integrado de gestión. 13. Diligenciar el instrumento designado por la dirección jurídica para
el auto de seguimiento debidamente diligenciado. 14. Realizar la supervisión de los contratos
designados. 15. Las demás actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato 11.

-Certificación sobre la suscripción y ejecución de contratos de prestación de
servicios, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas - Coordinación del Grupo de Gestión, según la cual entre
dicha entidad y la señora Carolina Valencia Chica se suscribieron y ejecutaron
contratos desde el año 2016 a 2019, y se especifican las actividades desarrolladas,
fecha de inicio y terminación, valor del contrato y su estado12.

-Hoja de vida de la demandante y anexos, certificaciones, antecedentes y requisitos
mencionados en el documento hoja de control del contrato 2407 de 2016 13. Formato
de “estudios previos” del mismo contrato de “fecha octubre 2016”.

11
expediente digital - 13anexosContestacionDemanda.pdf” ff 610 - (fl. 16 expediente físico)
12
expediente digital – archivo reparto y radicación anexos- fl. 10 a 69 PDF
13
“expediente digital 13anexosContestacionDemanda.pdf” -- ff 19 a 68 expediente físico

17

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

-Respuesta a requerimiento del Tribunal, en virtud del cual se precisa si en el
período 2016 – 2019 existía en la planta de cargos de la entidad funcionarios de
carrera en el cargo de profesional de apoyo a la gestión; en caso afirmativo si
cumplían las mismas funciones de la señora Carolina Valencia Chica, en respuesta
la entidad manifestó: «Al respecto, es preciso señalar que conforme a la información
suministrada por el Grupo de Gestión de Talento y Desarrollo Humano y el Grupo de Gestión en
Contratación e Inteligencia de Mercado de la UAEGRTD, en el periodo comprendido entre el 2016-
2019, los funcionarios de planta no cumplían las mismas funciones que la señora Carolina Valencia
Chica. Lo anterior, debido a que la señora Carolina Valencia únicamente estaba obligada al
cumplimiento de obligaciones contractuales contenidas en los contratos de prestación de servicios
suscritos con la UAEGRTD, actividades que eran distintas de las funciones que tenían a su cargo
los profesionales de planta. Finalmente, es necesario precisar que el certificado de inexistencia de
personal de planta que hacía parte integral de los contratos suscritos por la demandante con mi
representada indica: “Que revisada la planta de personal de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS, ésta no cuenta con
personal suficiente, con la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto a
contratar»14.

-Certificado de disponibilidad presupuestal del 2016-01-0515.

-“Hoja de control” de requisitos de los contratos, para el contrato 1149-2017 y
sus anexos, antecedentes, estudios previos, certificaciones laborales, de
disponibilidad presupuestal, de inexistencia de personal de planta, asignación de
supervisión, pólizas, hoja de vida, planillas de pago de seguridad social, RUT,
certificación bancaria y demás requisitos mencionados en el documento hoja de
control16.

“Hoja de control” de requisitos de los contratos, para el contrato 1277-2017 y sus
anexos, antecedentes, estudios previos, certificaciones laborales, de disponibilidad
presupuestal, de inexistencia de personal de planta, asignación de supervisión,
pólizas, hoja de vida, planillas de pago de seguridad social, RUT, certificación
bancaria y demás requisitos mencionados en el documento hoja de control17.

14
expediente digital – Samai - Gestión de otros despachos - índice 13
15
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”
16
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”
17
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”

18

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

“Hoja de control” de requisitos de los contratos, para el contrato 1834-2017 y sus
anexos, antecedentes, estudios previos, certificaciones laborales, de disponibilidad
presupuestal, de inexistencia de personal de planta, asignación de supervisión,
pólizas, hoja de vida, planillas de pago de seguridad social, RUT, certificación
bancaria y demás requisitos mencionados en el documento hoja de control18.

“Hoja de control” de requisitos de los contratos, para el contrato 1141-2018 y sus
anexos, antecedentes, estudios previos, certificaciones laborales, de disponibilidad
presupuestal, de inexistencia de personal de planta, asignación de supervisión,
pólizas, hoja de vida, planillas de pago de seguridad social, RUT, certificación
bancaria y demás requisitos mencionados en el documento hoja de control19.

“Hoja de control” de requisitos de los contratos, para el contrato 1098-2019 y sus
anexos, antecedentes, estudios previos, certificaciones laborales, de disponibilidad
presupuestal, de inexistencia de personal de planta, asignación de supervisión,
pólizas, hoja de vida, planillas de pago de seguridad social, RUT, certificación
bancaria y demás requisitos mencionados en el documento hoja de control20.

-Correo electrónico del 6 de octubre de 2017, enviado por
carolinavalenciachica@gmail.com a María Fernanda Durán Flórez
«maría.duran@restituciondetierras.gov.co», en el cual informa que «va llegar tarde
porque va para la clínica, para que le informe a los coordinadores». Posteriormente,
carolinavalenciachica@gmail.com vuelve a enviar un correo a María Fernanda
Durán Flórez «maría.duran@restituciondetierras.gov.co», colocando en
conocimiento su estado de embarazo para los fines pertinentes21.

18
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”
19
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”
20
expediente digital - Samai - Gestión de otros despachos- índice 5 -13anexosContestacionDemanda.pdf”
21
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 133

19

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Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

-Obra captura de pantalla del correo electrónico del 23 de marzo de 2018 enviado
María Fernanda Durán Flórez «maría.duran@restituciondetierras.gov.co» dirigido a
carolinavalenciachica@gmail.com, con el siguiente mensaje:

«remito Acta de Suspensión de Contrato según lo programado para que por favor lo
revises, lo firmes y me lo remitas nuevamente al correo».

A este correo electrónico antecede el que fue enviado en la misma fecha por Germán
Barreto Useche a stefanny.ortega@restituciondetierras.gov.co «contratista grupo de
gestión en contratación e inteligencia de mercado Secretaría General Unidad de
Restitución de Tierras», con el texto: «suspensión Carolina Valencia», «querida Stefanny
buen día le envío la suspensión para tramitar firma gracias»22

-Documento fechado 8 de marzo de 2018, suscrito por la señora Carolina Valencia
Chica y dirigido a la secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras «con
el propósito de solicitar la SUSPENSIÓN del contrato de prestación de servicios… en razón a que
en la actualidad me encuentro en estado de embarazo y tengo programada para el día 24 de marzo
del año en curso cirugía de cesárea razón por la cual desde el día 23 de marzo hasta el 31 de mayo
estaré incapacitada».23

-Obra Registro Civil de nacimiento con indicativo serial 5760425, de la menor Abigail
Saldarriaga Valencia, quien nació el día 24 de marzo de 2018 y es hija de Carolina
Valencia Chica y Julián Enrique Saldarriaga Tabares24.

-Captura de pantalla de correo electrónico de fecha 5 de junio de 2018 dirigido al
coordinador de la oficina Eje Cafetero de la Dirección Territorial Valle del Cauca Eje
Cafetero, mediante el cual la actora solicita autorización para realizar el trabajo
desde su casa en horario de 8 am a 1 pm durante 8 días hábiles, en razón de
circunstancias familiares25.

22
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 71- 72. (ff 62 expediente físico)
23
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 74 – (ff 65 expediente físico
24
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 70
25
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 75 – (fl. 66 expediente en físico)

20

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

• Extractos de la cuenta de ahorro individual de la señora Carolina Valencia Chica
donde se observa «Abono Bco DIRECCIÓN», de los meses julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de
201926.

• “Planilla Integrada Autoliquidación Aportes soporte de pago general”, en la cual
figura como “aportante independiente” la señora Carolina Valencia Chica,
correspondiente al mes de febrero del año 2017; igualmente planillas entre los
meses de marzo a diciembre de 2017, enero a diciembre de 2018 y enero a mayo
de 201927.

• Captura de pantalla de correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2019, originado
por la señora Sandra Paola Niño Niño, directora territorial Valle del Cauca – Eje
Cafetero”, dirigido a la demandante, cuyo mensaje tiene como: «asunto
terminación contrato de prestación de servicios» y en el texto se lee: « Buenas tardes
Carolina, por medio de la presente agradecemos los servicios prestados a la Unidad de Restitución
durante la presente vigencia e informamos que …la ejecución del mismo será hasta el día 31 de
marzo del presente año, por ser la fecha de vencimiento de su vigencia »28.

-Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los siguientes
señores (audiencia de pruebas del 9 de septiembre de 2021):

Interrogatorio de parte de la demandante Carolina Valencia Chica, en el cual
señaló que es abogada con especialización en derecho urbano, que estuvo
vinculada con la entidad demandada en los años 2016 a 2019, cumpliendo
obligaciones contractuales, tales como la atención al público, respuesta de
derechos de petición y de acciones de tutela, recepción de solicitudes y que también
impartía unas capacitaciones con cobertura en las ciudades de Armenia y Manizales
y ejecutaba las actividades contractuales en la sede de Pereira; que la supervisión
de los contratos la ejercía la señora Sandra Paola Niño; que durante la ejecución de

26
Expediente digital - archivo repartoyradicananexos – ff 76 – 86
27
105 a 132
28
Expediente digital – archivo repartoyradicananexos – ff 86 (fl. 77, expediente en físico)

21

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

los contratos le exigían cumplimiento de un horario, aunque no por escrito, sino que
se verificaba, en primer lugar, a través de una aplicación denominada Digiturno, en
segundo lugar, la persona de talento humano verificaba que se encontraran en los
puestos de trabajo a las 8 am, al mediodía y a las 5pm y, en tercer lugar, había una
cámara al frente que verificaba que se encontraba en el puesto desarrollando la
atención al público, que dicha cámara la enfocaba de forma directa, no conoce las
razones por las cuales no era de enfoque general.

Indicó que debía presentar informe de actividades para efectos del pago, en la
cuenta de cobro relacionar las personas que atendía, los derechos de petición que
respondía, los números con los que le ingresaban los derechos de petición y los
números con los que salían, las acciones de tutela, las capacitaciones que daba.
Finalmente dijo que cuando suscribió los contratos de prestación de servicios tenía
conocimiento que debía asumir el pago de la seguridad social.

• Testimonio de la señora Tatiana Marcela Ocampo Montoya: (la entidad
accionada formuló tacha de sospecha dado que la testigo tiene un proceso en curso
contra la entidad por hechos similares). La declarante dijo que estuvo vinculada con
el ente demandado en el cargo de recepcionista o auxiliar administrativa, por
contrato de prestación de servicios entre los años 2016 y 2018; que conoce a la
demandante desde el año 2016, cuando la actora ingresó a trabajar a la Unidad de
Restitución de Tierras, como abogada de atención al público. Explicó que las
funciones a cargo de ésta eran responder derechos de petición y demandas,
también recepcionar las solicitudes de las personas víctimas del conflicto, lo cual le
consta porque las personas pasaban primero por el filtro de la testigo como
recepcionista y si les podía dar la información requerida lo hacía, en caso contraría
las direccionaba para donde la aquí demandante.

Precisó que la actora estuvo vinculada a la entidad desde el año 2016, cree que en
diciembre y en el año 2018. En cuanto a horario, afirmó que la actora debía estar
desde las 8 am hasta las 5 pm, que era el horario de atención al público, el cual era
fijado desde la dirección territorial de la entidad, a cargo de la señora Sandra Paola
Niño, quien fue la última directora que les correspondió, también los coordinadores
jurídicos impartían órdenes; ellos eran los señores Jhon Jairo Álvarez, el doctor
Eisenhower, Diego Bello Mora, también contratistas.

Señala que ella (la declarante) no presenció alguna orden individual que le dieran a
la demandante, pero que sí en las reuniones generales para todo el grupo de la
oficina se daban órdenes dirigidas a todo el personal. Sostuvo que la demandante
solo dejó de prestar el servicio por dos meses, en virtud de su licencia de
maternidad; que entre un contrato y otro la actora continuaba prestando el servicio.

22

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Que la actora utilizaba equipo de computador, escritorio, camisetas, chalecos,
carné, agendas, elementos que los entregaba la oficina de talento humano de la
entidad demandada.

Asegura que las labores no las podía realizar la demandante desde un lugar distinto
a la oficina por el tema de la confidencialidad. Que desconoce si había personal de
planta con las mismas funciones de la actora. Que no se le hicieron llamados de
atención individuales.

En cuanto a órdenes que recibiera la demandante, afirmó que las impartían los
coordinadores y ellos hacían la salvedad que las recibían de la doctora Sandra
Paola Niño.

Manifestó que en total eran dos abogados en atención al público, vinculados por
contrato de prestación de servicios.

En cuanto a permisos para ausentarse precisó que no había formatos, la solicitud
se hacía por correo electrónico al coordinador, recuerda que la actora lo hizo
únicamente cuando la licencia de maternidad. Finalmente, expuso que los
abogados se les asignaban metas no tanto en atención al público, sino en cuanto a
respuesta de tutelas y peticiones.

• Testimonio del señor Diego Giovanni Bello Mora: Informó que es abogado,
especialista en derecho constitucional y en cultura de paz y derecho internacional
humanitario. Que ha tenido y tiene actualmente vínculo con la entidad demandada
como contratista de prestación de servicios desde el año 2014, cuando inició en
otras seccionales, luego a partir de marzo del 2017 fue trasladado a la sede de
Pereira como coordinador de micro-zona y coordinador de la zona y en la Dirección
Territorial del Valle del Cauca y Eje Cafetero, se desvinculó de la entidad en el año
2019 y regresó en el año 2020 a otras seccionales. Indicó que conoció a la
demandante desde abril de 2017 cuando él llegó a la sede de Pereira, que dentro
de las funciones que asumió estaba la de supervisión de los contratos del grupo de
atención al ciudadano, del cual era parte la actora como abogada de ese equipo,
que compartió con ella el espacio en ejercicio de esas funciones, desde marzo de
2017 hasta diciembre el 2018.

Refirió que la principal función que cumplía la demandante era la atención a la
ciudadanía, se desempeñaba como abogada de atención al público, en donde la
principal función es prestar la asesoría y la atención a los ciudadanos que se
acercan a las instalaciones físicas de la unidad; igualmente prestar esa asesoría y
atención de manera telefónica y además de eso estaba también a cargo de
actividades relacionadas con derechos de petición y acciones de tutela, todo ello es
competencia del Área de Atención al Ciudadano.

23

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

En cuanto al horario para el cumplimiento de las actividades por parte de la actora,
manifestó que sí debía cumplir horario, que era indispensable que ella estuviera en
el horario en el que la unidad presta la atención al público, es decir, de 8 de la
mañana a 5 de la tarde, con un espacio de una hora para el almuerzo. Respecto de
órdenes para la realización de las funciones, sostuvo que sí tenía que recibir
directrices e instrucciones, “principalmente de parte mía como coordinador jurídico
de la oficina, pero en línea directa de las directrices que él recibía de la Dirección
Territorial y de la Dirección Jurídica y el nivel central de la entidad”; las cuales
consistían en el cumplimiento de horario, cómo tenía que contestar los PQR’s
(peticiones, quejas y reclamos), las acciones de tutela y el público”.

En cuanto a la continuidad o no en la vinculación de la actora dijo que hubo una
temporada en la que no pudo prestar los servicios personalmente en la oficina, dado
su licencia de maternidad. Que entre un contrato y otro ella tenía la obligación de
seguir asistiendo a la unidad para no dejar la atención al público vacante. Precisó
que la demandante solamente podía cumplir sus funciones en la sede de la entidad,
que era imposible que lo hiciera desde otro lugar, en atención principalmente a que
la atención a la ciudadanía se presta de manera física en las instalaciones de la
entidad.
Afirmó que la totalidad de los elementos que la demandante utilizaba para sus
labores eran suministrados por la unidad, desde el computador al que únicamente
podía accederse desde las instalaciones de la oficina por la confidencialidad hasta
cualquier elemento necesario para cumplir sus funciones, como resma de papel,
chalecos, esferos, la documentación y los insumos necesarios eran suministrados
por la Unidad.

Sostuvo que la actora no tenía autonomía en el desarrollo de sus funciones, por
cuanto debía seguir lineamientos, instrucciones y directrices que se le daban de
manera explícita y con directrices concretas de las coordinaciones y de la dirección.

Respecto de quien le asignó la supervisión del contrato de la actora, indicó que la
Directora Territorial, doctora Sandra Paola Niño, cabeza de la entidad durante los
años 2017 y 2018, delegó la función de supervisión de contratos en algunos
coordinadores; aclaró que la Directora Territorial no permanecía en la oficina de
Pereira, sino en la sede de la oficina de Cali, entonces el declarante como
coordinador jurídico y como coordinador de la oficina o de la sede recibía las
directrices de la Directora Territorial y se las transmitía al equipo.

Indicó el declarante que en la regional de Pereira, para la época en que laboraba la
demandante, existían vinculados a la planta de personal como 2 o 3 abogados, de
un grupo que ascendía aproximadamente a 15 a 20 profesionales del derecho, los
demás eran contratistas. A los abogados de atención al ciudadano le pagaban los
honorarios con el rubro del área jurídica, aunque no está seguro de este tema
presupuestal.

24

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Refirió el declarante que, para efectos de obtener algún permiso para ausentarse
del cargo por temas de salud o de calamidades, incapacidades o situaciones de ese
tipo, había un procedimiento en el área de talento humano de la entidad. En cuanto
a uniformes, señaló el testigo que él en calidad de coordinador de la oficina jurídica,
además de las funciones propiamente jurídicas, también tenía funciones de logística
y dentro de ello recibió varias veces dotaciones que él mismo le entregaba a la
totalidad del personal, entre ellos a la demandante, y consistían en gorras,
camisetas, camisas institucionales, chalecos agendas, esferos, que los enviaban
desde Bogotá del nivel central.

En relación con la autonomía que pudieran tener los abogados encargados de
atención a los ciudadanos, como la actora, para elaborar su agenda o establecer
citas, precisó que necesariamente tenían que seguir las instrucciones de la entidad,
en primer lugar, porque no se podían rehusar a atender a los ciudadanos que
llegaban diariamente y, además de eso, la unidad generaba citas que las dos
colaboradoras de atención al ciudadano tenían que cumplir.

Indicó que la actora no recibió ningún llamado de atención, por el contrario, el
declarante como coordinador de la oficina la felicitó en algunas oportunidades,
porque había un buen desempeño, asistía a laborar algunos sábados y domingos.

La señora Sandra Paola Niño expresó que es abogada especializada en derecho
público y en derecho laboral y relaciones industriales y labora al servicio de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
como Directora Territorial para el Valle del Cauca y Eje Cafetero, desde el año 2017
y que ha ocupado otros cargos, para un total de nueve años al servicio de la entidad,
bajo la figura de prestación de servicios. Señaló que conoce a la demandante desde
el año 2017 cuando fue directora territorial.

Que las actividades que realizaba la actora en la entidad consistían en prestar
atención a las personas que asistían a la entidad a pedir asesorías, daba respuesta
a PQRs (peticiones, quejas y reclamos) que formularan a la entidad y recepcionaba
solicitudes de restitución, todo ello en la sede de Pereira, esas eran a grandes
rasgos sus actividades.

En cuanto al horario de la actora, manifestó que la demandante tenía autonomía
para cumplir con su labor, siempre y cuando garantizara la atención oportuna de las
personas cuando se presentaban a la entidad, entonces debía garantizar ese
servicio y de igual manera la recepción y la respuesta de las PQRs, recepción que
se hacía en ventanilla por otra persona y la actora debía dar respuesta en los plazos
establecidos de ley para esos PQRs.

25

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Explica que por la naturaleza de la información que maneja la Unidad de Restitución
de Tierras y el tipo de información de datos de las víctimas, solo se puede hacer el
registro de información de los procesos en los equipos que estaban dentro de la
entidad para el sistema de registro y para hacer consultas, precisamente por la
confidencialidad y seguridad de los reclamantes de tierras. La entidad tiene unos
sitios asignados para atención al público, aunque no asisten personas todo el día
para ser atendidas, lo que permite que se pueda manejar el tiempo por parte de
quienes ejercen esa labor de atención al público, que por tanto no hay una atención
permanente y continua que exija que deba haber alguien permanentemente sentado
en un puesto de atención al ciudadano.

Respecto de órdenes o directrices que recibiera la demandante, explicó la
declarante que más que instrucciones y directrices, ella desde su rol tenía claridad
sobre la manera en que debía dar respuesta a los requerimientos y que la testigo
en su condición de directora territorial lo que validaba era que efectivamente en el
marco de sus obligaciones contractuales diera cumplimiento a las respuestas de
PQRs dentro de los términos de ley.

En cuanto a elementos de trabajo indicó que la Unidad de Restitución de Tierras
tiene dispuesto equipos para acceso al sistema de registro, con las credenciales
que permiten acceder a esos sistemas para que las personas puedan realizar sus
labores accediendo a la información. Señaló que no existía en la sede de Pereira
personal de planta que realizara las mismas funciones que la demandante, que en
esta sede solo era de planta un ingeniero de sistemas y uno o dos topógrafos y que,
de resto, eran personas vinculadas por contrato de prestación de servicios.
Respecto de permisos no existía ningún procedimiento para la demandante, que
dicho procedimiento es solo para las personas vinculadas en planta, que los
contratistas eran autónomos en el manejo de su horario y explica que ella (la testigo)
ejercía la función de supervisión de los contratos y no permanece en Pereira sino
en la sede de Cali, y que en todo caso los contratistas tienen total autonomía en el
manejo de sus tiempos. Negó haber delegado la supervisión de los contratos en
algún funcionario, y expresó que ella misma realizaba dicha supervisión en los
cuatro años que lleva en la dirección territorial.

En cuanto al procedimiento para la presentación de las cuentas de cobro por parte
de los contratistas de la dirección territorial Valle del Cauca y Pereira, explicó que la
testigo tiene su sede permanente en Cali y hace visitas quincenales a la sede de
Pereira, y para las cuentas de cobro hay una persona del área financiera que hace
la recepción de las cuentas de cobro y de los informes de actividades que se deben
presentar por los contratistas y se los remitía a la declarante para el visto bueno, o
cuando ésta venía a la sede de Pereira los revisaba como supervisora. Que no
recuerda cuántas personas estaban vinculadas en la sede de Pereira, solo recuerda
que eran tres personas de planta, pero no sabe cuántos contratistas había en la
sede de Pereira.

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Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Precisó que los equipos de cómputo que usaba la demandante tenían información
confidencial que no permite acceder al sistema de registro fuera de la entidad o
llevarse los equipos fuera de la entidad, lo que sí era posible era usar en otro lugar
documentos en la proyección de decisiones o respuestas a las PQRs. Igualmente,
la entidad desde el área de comunicación entregaba al personal elementos
distintivos como gorras o chalecos o camisetas, no por disposición de la testigo,
sino que ese tema lo manejaba la oficina de comunicaciones y era más que todo al
personal que salía de la sede de la entidad para que los identificaran y como imagen
institucional. No recuerda si para la finalización del contrato con la demandante le
envió un correo, pero que sí era usual hacerlo.

En lo atinente si en la entidad se ha adelantado algún estudio sobre planta de
cargos, estructura orgánica o similares para determinar las necesidades de personal
de la entidad, indicó que supone que se ha hecho, pero que ese es un tema que se
maneja desde el nivel central y que la Unidad maneja una planta global que se va
acomodando de acuerdo a las necesidades de cada dirección territorial, lo que sí
sabe es que las territoriales hacen un ejercicio de planeación para la siguiente
vigencia anual, según la cantidad de solicitudes o de requerimientos en las
diferentes regiones, se mira la necesidad de colaboradores así por la modalidad de
prestación de servicios o con la planta global que maneja la entidad, pero un estudio
a nivel general nacional, no tiene la certeza, supone que sí se ha hecho; precisó
que la planta de cargos ha sido estable en la entidad, es global y permite hacer ese
tipo de cambios en las distintas direcciones y varía en cuanto a la necesidad de
personal dependiendo del número de metas que se establezcan para cada vigencia,
que hay años en los que para esta dirección territorial se ha aumentado o disminuido
el número de colaboradores, o por temas presupuestales se congelan cupos de
planta.

Respecto de si la atención al público es una actividad misional de la entidad,
sostuvo: “claramente sí, digamos que hace parte del área porque es jurídica, maneja
la parte jurídica, catastral y social, sí señor sí hace parte digamos de labores que se
desempeñan hacen parte del área misional de la entidad”.

Actuación administrativa

El 25 de agosto de 2019 la demandante presentó reclamación administrativa ante
la entidad, solicitando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
originados en virtud de los contratos suscritos29. La anterior petición fue negada a

29
Expediente digital -archivo RepartoyRadicaciónanexos ff 87 - 103.

27

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

través del oficio N° URTDTVCO2875 del 17 de septiembre de 2019, expedido por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas30.

2.2.3. Caso concreto

La señora Carolina Valencia Chica solicitó declarar la nulidad del oficio N° URT-
DTVC-02875 del 17 de septiembre de 2019 y, como restablecimiento del derecho,
concluir que hubo una verdadera relación laboral entre ella y la UAEGRTD al haber
prestado sus servicios como abogada en el área de atención al público en el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2019.

El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda, quien accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda ordenando
la nulidad del acto acusado, declaró la existencia de la relación laboral entre el 1º
de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones y, en
consecuencia, el pago de aportes a la seguridad social y prestaciones legales,
negando las demás pretensiones. Contra dicha decisión ambas partes interpusieron
recurso de apelación, la entidad demandada aduciendo que no se acreditó la
subordinación en la ejecución de los contratos convenidos y, la parte demandante
por no haber ordenado el pago de la sanción moratoria, pide no se tenga en cuenta
las interrupciones y que la diferencia de seguridad social que se ordena pagar se
haga directamente a la demandante.

Así las cosas, se pasa a analizar si en este evento se configuraron los tres
elementos necesarios para que surja la relación laboral encubierta.

30
Expediente digital -archivo RepartoyRadicaciónanexos ff 134 - 141.

28

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

En cuanto la prestación personal del servicio está demostrado que la señora
Carolina Valencia Chica prestó sus servicios en el periodo del 1 al 31 de diciembre
de 2016, 23 de enero al 28 de febrero de 2017, 4 de marzo al 31 de agosto de 2017,
7 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 24 de enero al 31 de diciembre de
2018 (salvo el periodo en el cual hubo suspensión del contrato No. 1141 de 2018,
esto es, desde el 23 de marzo al 31 de mayo de 2018, por licencia de maternidad)
y del 30 de enero al 31 de marzo de 2019, como abogada de atención al público en
las instalaciones de la UAEGRTD. Así se desprende del análisis de los contratos,
los correos electrónicos, la certificación de la entidad, las declaraciones de todos los
testigos que fueron escuchados y lo manifestado por la demandante en el
interrogatorio; dando entonces por cumplido dicho elemento.

Respecto a la contraprestación económica tenemos que en los contratos de
allegados se pactó el valor de los honorarios por cada uno de ellos, así como
extractos bancarios aportados se registra anotación de «abono Bco DIRECCIÓN»
en el año 2018 y 2019, el testimonio de la señora Sandra Paola Niño y el
interrogatorio de parte de la demandante hacen referencia al pago, previa
elaboración de cuenta de cobro, de los honorarios pactados; pruebas en virtud de
las cuales se logra establecer que con ocasión de la labor desempeñada por la
actora le eran cancelados unos honorarios de forma mensual. Por lo anterior, se
encuentra probado este elemento, debiéndose aclarar que la contraprestación se
da por acreditado independiente de la denominación que se haya usado para pagar
la labor desempeñada -honorarios-.

Con relación a la subordinación tenemos que la señora Carolina Valencia Chica
se desempeñó en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras – UAEGRTD, como abogada con atención al público desde el año 2016 al
2019.

29

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

De acuerdo a los testimonios recibidos de los señores Diego Giovanni Bello Mora y
Tatiana Marcela Ocampo Montoya, la actora ejerció su función en las instalaciones
de la entidad, en el horario en que la entidad tenía atención al público, esto es, de
8:00 a.m. a 5:00 p.m., ya que la demandante cumplía la función de atención a la
ciudadanía como abogada, quien resolvió las consultas y brindaba asesoría a los
ciudadanos, resolvía derechos de petición, tutelas etc; la prestación del servicio
debía ser en las instalaciones de la demandada dado que se manejaba información
que por su carácter de confidencialidad y reservado no podía circular; los
implementos que utilizaba eran proporcionados por la entidad como el computador,
escritorio, camisetas, chalecos, carné, agendas entregados por talento humano.

El señor Diego Giovanni Bello Mora manifestó además que efectivamente la actora
recibía órdenes de personal de la entidad y por parte del mismo testigo, quien fue
coordinador jurídico, en los siguientes términos «que tenía que cumplir con un horario hasta
de cómo tenía que atender a la ciudadanía, cómo tenía que contestar los PQR’s (peticiones, quejas
y reclamos), cómo tenía que contestar las acciones de tutela, cómo debía prestarse la atención a la
ciudadanía que se acerca a las oficinas para solicitar restitución de tierras o como eventuales
opositores, cómo atender a cada una de estas personas, y que también se le daban directrices
jurídicas específicamente, sobre los conceptos y lineamientos que profiere la Unidad de Restitución
de Tierras». También dijo, que «la señora Carolina Valencia Chica no tenía autonomía para el
desarrollo de las funciones, debía seguir lineamientos, instrucciones y directrices que se le daban de
manera explícita y concreta por parte de las coordinaciones y de la dirección».

El testigo en cita y la señora Tatiana Marcela Ocampo Montoya coinciden en afirmar
que, entre un contrato y otro, a pesar de haber días de interrupción, en la práctica
no se daban pues la demandante tenía que continuar prestando sus servicios, ya
que el área de atención al público seguía en funcionamiento. Así mismo, señalaron
que para ausentarse de sus funciones tenía que pedir permiso mediante correo
electrónico dirigido a talento humano.

30

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

La directora territorial para el Valle del Cauca y Eje Cafetero, señora Sandra Paola
Niño manifestó que la demandante tenía autonomía para cumplir con su labor,
siempre y cuando garantizara la atención oportuna; sin embargo, dicha declaración
no coincide con lo dicho por los otros testigos ni por la actora en su interrogatorio
de parte.

Las actividades desarrolladas por el demandante tienen relación con las actividades
que ejecuta la entidad, la cual fue creada en virtud de lo dispuesto en la Ley 1448
de 2011 «por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno», teniendo como misión: «Somos el órgano del Gobierno

nacional encargado del proceso administrativo y acompañamiento judicial de
restitución de tierras y territorios que acompaña a las formas organizativas
campesinas, pueblos étnicos, así como sujetos víctimas de despojo y abandono
forzado en el territorio nacional para la restauración de los territorios en armonía con
los planes de vida de las comunidades y la Consolidación de la paz total». Y su
propósito institucional es restituir territorios para armonizar la naturaleza y la vida de
los pueblos.

Según el artículo 105 de la Ley 1448 de 2011 las funciones de la demandada son:

1. Diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente de conformidad con esta ley y el reglamento.
2. Incluir en el registro las tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de oficio o a
solicitud de parte y certificar su inscripción en el registro.
3. Acopiar las pruebas de despojos y abandonos forzados sobre los predios para presentarlas
en los procesos de restitución a que se refiere el presente capítulo.
4. Identificar física y jurídicamente, los predios que no cuenten con información catastral o
registral y ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la consecuente apertura
de folio de matrícula a nombre de la Nación y que se les asigne un número de matrícula
inmobiliaria.
5. Tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los
despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la
acción, en los casos previstos en esta ley.
6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las sentencias de los procesos de
restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa.

31

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

7. Pagar a los despojados y desplazados las compensaciones a que haya lugar cuando, en
casos particulares, no sea posible restituirles los predios, de conformidad con el reglamento
que expida el Gobierno Nacional.
8. Formular y ejecutar programas de alivios de pasivos asociados a los predios restituidos y
formalizados.
9. Crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes se les
formalicen los predios de conformidad con este capítulo, para la cancelación de los
impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios restituidos y
el alivio de créditos asociados al predio restituido o formalizado.
10. Las demás funciones afines con sus objetivos y funciones que le señale la ley.

Como se expuso anteriormente, en los contratos se pactó como obligaciones: «1.
Absolver consultas jurídicas que presenten los ciudadanos ante la dirección territorial de la
UAERGTD, en relación con el derecho a la restitución, formalización, protección o cancelación de
medidas publicitarias o cautelares. 2. Apoyar en la conformación de cada expediente de cada
solicitud. 3. Brindar orientación e información a los ciudadanos sobre trámites, procedimientos y
competencias en temas de atención a víctimas del conflicto armado. 4. Dar respuesta derechos de
petición, acciones de tutela y requerimientos. 5. Atender actividades relacionadas con el anexo 11,
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la UAERGTD, para lo cual debe
garantizar de por lo menos 10 actos administrativos o documentos de respuesta y 10 documentos
de citación para complementar información, todo de acuerdo a lo que determine el supervisor y que
esté previsto en el plan de trabajo de la dirección territorial. 6. Servir de apoyo a la dirección territorial
en el procedimiento de restitución de tierras, tanto en su etapa administrativa como judicial. 7.
Presentar informe ejecutivo mensual de actividades. 8. Atender comisiones de servicio que se
requieran en las zonas en las que intervenga la dirección territorial. 9. Acompañar y apoyar a la
dirección territorial en las acciones de recolección de información proveniente de entidades que
intervengan en los procesos de restitución. 10. Apoyar el correcto flujo de información de acuerdo al
direccionamiento del director territorial. 11. Desarrollar las actividades que le sean designadas en lo
desarrollado con el RUPTA, según lo que determine el supervisor del contrato y lo que señale el plan
de trabajo de la dirección territorial. 12. Atender procedimientos del sistema integrado de gestión. 13.
Diligenciar el instrumento designado por la dirección jurídica para el auto de seguimiento
debidamente diligenciado. 14. Realizar la supervisión de los contratos designados. 15. Las demás
actividades asignadas para el diligente cumplimiento de su contrato».

Analizadas tales obligaciones y confrontadas con las funciones de la llamada a
juicio, se concluye que aquellas hacían parte del giro ordinario de la demandada.

32

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

Analizadas todas las pruebas para la Sala sí se encuentra probada la subordinación
en la labor que desempeñó la señora Carolina Valencia Chica en la entidad
demandada, pues para desarrollar aquella no tenía independencia, debía cumplir
horarios, atender órdenes de la coordinación tal como lo dijeron los testigos Diego
Giovanni Bello Mora y Tatiana Marcela Ocampo Montoya; además, como ya se
expuso, la labor desarrollada hace parte de la misión de la demandada.

Entonces, contrario a lo manifestado por la entidad, el a quo hizo un estudio del
elemento subordinación, concluyendo que se demostró que la actora estuvo
sometido a órdenes del jefe inmediato, debía cumplir con un horario, entregar
informes, ejecutó actividades del giro ordinario de la entidad y bajo la supervisión
del coordinador Giovanni Bello Mora, de donde emerge con contundencia la
desestimación de la afirmación enrostrada por la demandada sobre la no
configuración de los elementos propios de la relación laboral, particularmente de la
subordinación.

Sobre el particular, se recuerda que en la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202131, se precisaron aspectos que se consideran indicios para
acreditar la subordinación como elemento esencial a la hora de probar la existencia
de una verdadera relación laboral, así:

1. Lugar de trabajo: en el caso concreto era en las instalaciones de la entidad
demandada, es decir, en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras – UAEGRTD.

2. Horario de labores: la demandante debía cumplir un horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo.

31
Radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

33

Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

3. Dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: en este sentido
se resalta que el coordinador Bello Mora, aquí testigo, reconoció ser el jefe
inmediato y coordinador, quien daba órdenes a la demandante para ejercer
sus labores, además era el interventor de los contratos y, según Tatiana
Marcela Ocampo Montoya era quien le exigía el cumplimiento del horario y
funciones.

4. Que las actividades o tareas a desarrollar sean de la que los empleados
de planta realizan: Se manifestó por los testigos Diego Giovanni Bello Mora
y Sandra Paola Niño que en la seccional Valle existía el mismo cargo, pero
en la seccional Eje cafetero – Pereira no lo había, solo lo ejercía la señora
Carolina Valencia a través de contrato de prestación de servicios.

En este sentido, las pruebas reunidas permiten concluir la existencia de una
subordinación laboral, refuerza la anterior tesis:

(i) La permanencia prolongada en la prestación de los servicios con la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras - UAEGRTD a lo largo
de casi 3 años, desvirtúa la naturaleza temporal y autónoma que caracteriza los
contratos de prestación de servicios. Este elemento refleja una relación de
estabilidad y continuidad que es propia de un vínculo laboral y, (ii) El nexo directo
entre las funciones desempeñadas por el contratista y el objeto social de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras - UAEGRTD,
recordando que aquella brindaba asesoría a las víctimas del conflicto armado
interno y acerca del derecho a la restitución de tierras.

Así las cosas, se concluye que en este caso se probaron los tres elementos
configurativos de un contrato realidad; por tanto, a través de los contratos de

34

Número interno: 1288-2023
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Demandada: UAEGRTD

prestación de servicio se encubrió una relación laboral en detrimento de los
derechos laborales de la demandante.

Ante ello, se considera que le asiste razón a la actora en sus pretensiones por lo
que se confirmará la sentencia que reconoció la existencia de la relación laboral y
accedió parcialmente a las pretensiones.

Finalmente, en lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la
declaratoria de existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25
de agosto de 201632, esta Sección estimó:

«quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados
a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el fenómeno
prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho
pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad» [se resalta].

En la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 202133 de la Sección Segunda
de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, se reitera que la Sala consideró
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa de fuerza» para el
juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que

32 Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
33 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que
se reputa laboral.

Bajo esa perspectiva, se observa que no existieron interrupciones considerables, ya
que entre un contrato y otro no se superaron los 30 días; por tanto, no hubo solución
de continuidad.

En ese sentido, la prescripción trienal corre desde la terminación del último contrato
suscrito, esto es, desde el 31 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo de 2022, la
reclamación administrativa fue presentada oportunamente el 29 de agosto de 2019,
interrumpiendo con ella la citada figura jurídica, y en ese mismo año se presentó la
demanda; esto es, no se configuró la prescripción, tal como lo precisó el Tribunal.

Se advierte que, aunque se acreditó que se suspendió el contrato N° 1141 de 2018
por el período del 23 de marzo al 31 de mayo de 2018; dicha suspensión no genera
solución de continuidad dado que tuvo un justificante, esto es, gozar de la licencia
de maternidad, el cual es un derecho de toda madre gestante; por tanto, se itera,
este no afectó la continuidad de la prestación del servicio.

Respecto al recurso de apelación de la parte demandada, conforme se dijo en
precedencia, del análisis de la totalidad de pruebas allegadas al plenario quedaron
acreditados los elementos de la relación laboral, aclarando que ello ocurrió no solo
con los contratos suscritos entre las partes, como se pregona por el recurrente, sino
también de la certificación expedida por la entidad, los extractos bancarios y los
testimonios recaudados que corroboraron que la señora Carolina prestó las
funciones en la UAEGRTD.

Contrario a lo manifestado por la entidad, el a quo hizo un estudió del elemento
subordinación, concluyendo que se demostró que la actora estuvo sometido a

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Número interno: 1288-2023
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Demandada: UAEGRTD

órdenes del jefe inmediato en este caso en coordinador jurídico, debía cumplir con
un horario, pedir permiso para ausentarse, ejecutó actividades del giro ordinario de
la entidad de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y bajo supervisión de los
superiores, el cual es compartido por esta instancia, como en precedencia se dijo;
así las cosas, emerge con contundencia la desestimación de la afirmación
enrostrada por la demandada sobre la no configuración de los elementos propios
de la relación laboral, particularmente de la subordinación.

2.2.4. Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Debe indicarse que el pago de los derechos económicos laborales reconocidos a la
demandante durante el período del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de
2019, salvo interrupciones, procede a título de restablecimiento del derecho y, en
tal sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-005-16 de 25 de
agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021 de esta
sección y la jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en cuenta las
prestaciones sociales de orden legal percibidas por los servidores públicos de planta
de la entidad de igual categoría vinculado laboralmente a dicha planta, liquidadas
sobre el salario de estos.

Aclarado lo anterior, tenemos que recurso de apelación de la parte demandante
no tiene vocación de prosperidad por cuanto en casos como el que nos ocupa no
hay lugar a ordenar el pago de sanción moratoria dado que la sentencia es la
constitutiva del derecho; la condena en costas no procede por el simple hecho de
ser vencida en juicio la contraparte, para que ella opere se requiere la verificación
de haber obrado con temeridad o mala fe, lo cual aquí no ocurrió; en cuanto a la
devolución de aportes a la seguridad social de forma directa a la demandante, no
es posible dado que aquella no es titular de dicho derecho como más adelante se

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Demandante: Carolina Valencia Chica
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expondrá; y durante el tiempo en que hubo las interrupciones de los contratos no
pueden ser ordenados pago alguno ya que no se demostró que hubiera orden de la
entidad en prestar en esos periodos el servicio. :

En cuanto al reembolso de los aportes de cotización correspondientes a la
seguridad social en pensión reconocidos por el a quo y solicitados por la
demandante, debe indicarse que los recursos del sistema integral de seguridad
social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un
crédito a favor del contratista34, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente a la interesada. En consecuencia, resulta improcedente que se
disponga el reembolso por los mencionados conceptos y por dicho motivo se revoca
el numeral cuarto de la providencia apelada.

Frente al no reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de las
cesantías, se debe decir adicionalmente que de acuerdo a la jurisprudencia desde
el momento en que se declara la existencia de la relación laboral, nace el
reconocimiento y pago de las cesantías, lo que lleva implícito la no aplicación de la
sanción, más aún cuando legalmente se ha aplicado un régimen de interpretación
restrictiva en esta figura jurídica. Por lo que, no son de reciba los argumentos de la
parte actora.

Debe decirse que en el caso de las relaciones laborales encubiertas el criterio de
esta Subsección en lo referente a los salarios y prestaciones objeto del
restablecimiento del derecho es que deben reconocerse teniendo como referencia
el salario devengado por el empleado de planta que desarrollaba iguales funciones
o los honorarios cuando no exista el cargo en dicha planta. Esta consideración se
hace a partir del principio de «…a trabajo igual salario igual…».

34 Consejo de Estado radicación No 05001-23-33-000-2018-00275-01 y 25000-23-42-000-2019-01304-01

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Demandante: Carolina Valencia Chica
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Así las cosas, se ordenará el pago de las prestaciones devengadas por un servidor
de la misma categoría [profesional de atención al público] vinculado laboralmente a
la planta de la entidad, o sobre los honorarios pactados en caso de inexistencia de
aquel, decisión que se ajusta al criterio de la Subsección en estos casos.

Sumado a lo anterior, se reconocerá el reajuste salarial ordenando el pago a favor
de la demandante de la diferencia que surja entre los honorarios pagados y el salario
devengado por un empleado de planta que realizará la misma función; lo anterior,
con el fin de materializar los mandatos constitucionales de dar prevalencia al
derecho sustancial.

De otra parte, sin perjuicio que pueda declararse la existencia de la relación laboral
y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, se debe aclarar que por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad
de empleado público.

Condena en costas.

No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso; como quiera que no se evidencia mala fe o temeridad
por quien fue vencido en juicio.

III. DECISIÓN

La Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y ordenó la nulidad del acto administrativo acusado y el pago de las

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prestaciones sociales legales y la seguridad social en pensión durante el tiempo que
se configuró la relación laboral encubierta con base en los honorarios pactados; lo
anterior, referente a señalar que aquel restablecimiento del derecho se debe de
hacer teniendo en cuenta el salario devengado por un servidor de la misma
categoría [profesional de atención al público] vinculado laboralmente a la planta de
la entidad, o sobre los honorarios pactados en caso de inexistencia de aquel; así
como, ordenándose a favor de la demandante el reajuste salarial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. –MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia emitida el 26 de mayo
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Segunda de Decisión, el
cual quedará así:

«4. Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho,
SE CONDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DESPOJADAS, a pagar en favor de la señora CAROLINA VALENCIA CHICA,
las prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho, incluyendo la bonificación
por servicios prestados, prima de servicio anual, prima vacacional, prima de navidad,
bonificación por recreación, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías, y demás
prestaciones sociales legales de acuerdo a lo devengado por un servidor de la misma
categoría [profesional de apoyo a la gestión - encargada de la atención al público] vinculado
laboralmente a la planta de la entidad liquidadas sobre el salario de estos o, sobre los
honorarios pactados en los contratos [en caso de inexistencia de aquel cargo], en proporción
a los periodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, entre el
1º de diciembre de 2016 y el 31 de marzo de 2019, salvo sus interrupciones.

En ese mismo periodo, se ordena al Unidad Administrativa Especial De Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas reconozca y pague a favor de la señora Carolina
Valencia Chica el reajuste salarial, es decir, la diferencia a su favor entre lo percibido por
concepto de honorarios y lo devengado por un empleado planta de la misma categoría
[profesional de apoyo a la gestión - encargada de la atención al público], en caso de existir
este último.

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Número interno: 1288-2023
Demandante: Carolina Valencia Chica
Demandada: UAEGRTD

SEGUNDO. – CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida el 26 de mayo de
2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Segunda de Decisión, que
accedió las parcialmente pretensiones de la demanda promovida por la señora
Carolina Valencia Chica contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD, ordenando la nulidad del acto
administrativo acusado y como restablecimiento del derecho el pago de las
prestaciones sociales legales y la seguridad social en pensión durante el tiempo que
se configuró la relación laboral encubierta a favor de la demandante.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO.- Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

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denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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