Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06806-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06806-011
Accionante : Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Vinculados : Juzgado 412 Administrativo Transitorio de Medellín y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama
Judicial
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia, pago de recargos a funcionaria
judicial
Decisión : Sentencia de segunda instancia
1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo de
5 de diciembre de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección C2, que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
3. La demandante interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad,
irrenunciabilidad del derecho laboral, al acceso a la administración de justicia,
remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad de
trabajo y principio de favorabilidad, presuntamente vulnerados por el Tribunal
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
C. P. Nicolás Yepes Corrales
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06806-01
Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Administrativo de Antioquia.
4. Por consiguiente, solicitó «[…] se deje sin efecto alguno la SENTENCIA 070 de 28 de abril de
2025 proferida por la sala transitoria del Tribunal Administrativo de Antioquia, siendo magistrada
ponente el Dr. GERARDO ORREGO LOMBANA».
1.3 Hechos3.
5. La señora Luz Amanda Ferreira Castro interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el pago adicional por los sábados, domingos y
festivos laborados como juez de los juzgados de Control de Garantías de Medellín,
así como el reconocimiento del factor salarial de la bonificación judicial creada por
el Decreto 383 de 2013.
6. El asunto correspondió inicialmente al Juzgado 35 Administrativo del Circuito de
Oralidad de Medellín. Dicho juez se declaró impedido y remitió el expediente a los
juzgados transitorios. Así las cosas, el Juzgado 412 Administrativo Transitorio del
Circuito de Oralidad de Medellín 4 profirió sentencia de primera instancia el 29 de
octubre de 2021 en la que accedió parcialmente a las pretensiones, concediendo
las relacionadas con el factor salarial de la bonificación judicial, pero guardó
silencio sobre el reconocimiento por disponibilidad de los fines de semana.
7. Por tal motivo, ambas partes apelaron la providencia. En consecuencia, el
Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Transitoria emitió la sentencia de
segunda instancia el 28 de abril de 2025, mediante la cual confirmó el
reconocimiento de la bonificación judicial y negó el pago de recargos por fines de
semana. Sobre este último aspecto, argumentó que la Ley 906 de 2004 dispuso
que todos los días resultaban hábiles para la función de control de garantías, por
lo que aplicó un régimen especial que solo otorga descanso compensatorio, sin
que procediera la aplicación por analogía del Decreto 1042 de 1978.
8. Al respecto, la demandante expuso que las providencias adolecen de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, en razón a que se ignoró la
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
4
Actual Juzgado 602 Administrativo.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06806-01
Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
naturaleza dual del descanso compensado. Explicó que el mandato constitucional
exige tanto el descanso compensatorio como el recargo salarial. Por tanto, al
compensar únicamente con tiempo libre, el Tribunal transgredió el artículo 53 de la
Constitución Política y el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos.
9. Igualmente, sostuvo que, el juez de segunda instancia inaplicó el precedente
horizontal de otras salas del mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, las cuales
concedieron el derecho a empleados en idénticas condiciones. Asimismo, esa
autoridad judicial omitió el precedente del Consejo de Estado, específicamente la
sentencia del 27 de junio de 2024 dentro del radicado 66001-23-33-000-2017-
00523-01, la cual, aplicó la analogía para ordenar la justa remuneración en este tipo
de casos.
1.4 Contestaciones de la acción
1.4.1 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)5 solicitó que se
nieguen las pretensiones. Para sustentar su solicitud, explicó que no es la autoridad
que emitió la providencia judicial controvertida, por lo que carece de aptitud legal
para responder por la presunta vulneración. De igual forma, aseveró que el escrito
de tutela se limita a exteriorizar una inconformidad con el fallo ordinario, sin
satisfacer la carga argumentativa exigida para controvertir decisiones judiciales.
1.4.2 El Juzgado 602 Administrativo Transitorio de Medellín (antes Juzgado
412 Transitorio)6 intervino únicamente para remitir el enlace al expediente digital
objeto de la tutela, en cumplimiento del requerimiento probatorio emitido por esta
Sala, sin formular peticiones adicionales sobre el fondo del amparo.
1.4.3 El Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Transitoria7 solicitó negar
el amparo invocado. Argumentó que la providencia atacada se encuentra
debidamente motivada y no incurrió en los defectos endilgados. Al respecto, sostuvo
que la accionante pretende instrumentalizar la acción de tutela como una tercera
instancia para reabrir un debate concluido en su escenario natural. Asimismo,
defendió la inaplicación del Decreto 1042 de 1978, reafirmando que este no rige
para los servidores de la Rama Judicial y que su decisión obedeció al precedente
5
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
6
Índice 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
7
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
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pacífico del Consejo de Estado aplicable a los juzgados de control de garantías.
1.4.4 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín8
pidió negar las pretensiones de la accionante. Fundamentó su petición en el
principio de autonomía e independencia funcional del juez, al indicar que el Tribunal
falló conforme a los parámetros del régimen especial de la Rama Judicial.
Adicionalmente, advirtió que acceder al pago de los recargos alteraría el régimen
salarial y prestacional de la Rama Judicial, lo cual resulta contrario a lo dispuesto
en el artículo 63A de la Ley 270 de 1996.
1.5 Providencia impugnada9
10. Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección C declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar
que «[…] Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional, pues, como se vio, la autoridad judicial estudió lo
atinente al reconocimiento de recargos por dominicales y festivos a servidores del sistema penal
acusatorio, la inaplicabilidad del Decreto 1042 de 1978 a funcionarios judiciales, la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado que niega dichos recargos, y la valoración de los antecedentes
invocados por la actora que no fueron reconocidos como precedente aplicable. Por ende, resulta
diáfano que las quejas elevadas por la convocante se limitan a criticar, de forma genérica, lo resuelto
en el proceso No. 05001333303520180024100/01, con el fin de que se desconozca la tesis del
Tribunal Administrativo de Antioquia».
1.6 La impugnación10.
11. Inconforme con esa determinación, la tutelante la impugnó, para lo cual insistió
en que la acción de tutela supera el requisito de relevancia constitucional, en tanto
se puso de manifiesto el eventual quebranto de sus derechos constitucionales.
Adicionalmente, señaló que, debe aplicarse el precedente contenido en la sentencia
del 24 de julio del 2025, dentro del radicado 66001-23-33-000-2017-00523-01,
proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
8
Índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00020 del expediente de Samai de primera instancia.
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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
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12. En virtud de los artículos 3211 del Decreto ley 2591 de 199112 y 2513 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201914 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
13. La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada
por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede
como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico
14. Se contrae a determinar si la presente acción de tutela es procedente para
establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un defecto
sustantivo que vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de la actora, al negar el pago de los recargos por el trabajo dominical y
festivo bajo la premisa de que el régimen especial del sistema penal acusatorio
excluyó la remuneración económica en favor del funcionario con ocasión del asueto
compensatorio.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
15. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
11
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
12
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
13
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
14
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
15
Sentencia C-590 de 2005.
16
sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
16. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
17. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
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del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto
18. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad,
irrenunciabilidad del derecho laboral, al acceso a la administración de justicia,
remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad de
trabajo y principio de favorabilidad; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, en la medida en que, la providencia atacada quedó ejecutoriada el 9 de
mayo de 202517 y la solicitud de amparo se radicó el 29 de octubre siguiente, es
decir, dentro de los 6 meses; y (v) la determinación acusada no desató una acción
de tutela.
19. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la óptica de defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento
del precedente, en tanto, el reproche alegado encuadra en dicha causal específica
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.5.1 Defecto sustantivo
20. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 30 de abril de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 5 de mayo, conforme al artículo 205 (numeral 2) del
CPACA.
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21. La jurisprudencia constitucional18 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales19.
22. En el asunto sub examine, la demandante aduce que, la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo al fundamentar su decisión en una interpretación
indebida de las normas aplicables al caso concreto. Así las cosas, la actora
argumentó que se desconoció la naturaleza dual del descanso compensatorio y se
omitió el deber de integración normativa, lo que derivó en la sustitución arbitraria de
un derecho económico por uno no económico e impuso una carga desigual frente a
otros servidores en idénticas condiciones.
23. Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno traer a colación las consideraciones del Tribunal accionado en
torno a la negativa a reconocer el pago de los recargos dominicales y festivos
solicitados por la accionante:
«En este sentido, mediante sentencia del 27 de mayo de 2019, la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado resolvió una acción de tutela interpuesta por un juez
penal con funciones de control de garantías, dirigida contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío que había revocado un fallo de primera instancia favorable a sus
pretensiones, en el que reclamaba el reconocimiento y pago de recargos por labor realizada
en días de descanso obligatorio, dominicales y festivos. La Corporación concluyó que no se
configuró defecto sustantivo alguno en la providencia judicial cuestionada, al considerar que
el régimen aplicable a dichos servidores es especial y no permite aplicar las disposiciones
contenidas en el Decreto 1042 de 1978, propias de la Rama Ejecutiva.
[…]
Al respecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio de 2019, al
resolver la acción de tutela promovida por una juez contra decisiones del Tribunal
Administrativo del Quindío y del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia. En dicha
providencia, la Sala concluyó que no se configuraban los defectos alegados por la accionante
y señaló que los jueces penales con funciones de control de garantías se rigen por un régimen
18
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
19
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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especial regulado por normas propias del sistema judicial, razón por la cual no pueden
equipararse con los empleados de la Rama Ejecutiva.
[…]
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sede de tutela, también se
pronunció sobre la inaplicabilidad del régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a los
funcionarios judiciales con función de control de garantías. En sentencia del 20 de noviembre
de 2019, la Corporación reiteró que estos servidores están sometidos a una regulación
especial en virtud del artículo 157 de la Ley 906 de 2004, el cual dispone que todos los días
y horas son hábiles para el ejercicio de dicha función. Por tanto, concluyó que no pueden ser
objeto de recargos por labor en domingos o festivos, ya que para ellos no existen días
inhábiles. […]
En sentencia de tutela del 28 de septiembre de 2020, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado reiteró que la función de control de garantías se rige por un régimen
especial que excluye la aplicación supletiva del Decreto 1042 de 1978, dada la naturaleza
permanente e ininterrumpida de dicha labor. Para fundamentar su decisión, la Sala trajo a
colación la sentencia C-402 de 2013 de la Corte Constitucional y diversos pronunciamientos
previos del propio Consejo de Estado, en los que se ha sostenido la improcedencia de
equiparar el régimen salarial de los servidores judiciales con el de la Rama Ejecutiva. En esa
providencia, […]
Del mismo modo, en sentencia de tutela del 12 de noviembre de 2020, la Sección Primera del
Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Roberto Serrato Valdés, al resolver el caso
de un empleado judicial que solicitaba el reconocimiento de recargos por domingos y festivos,
negó el amparo y reiteró que el régimen especial aplicable impide el reconocimiento de dichos
recargos […]
Esta postura fue reiterada por el Consejo de Estado en sentencia del 27 de mayo de 2021,
proferida en sede de nulidad y restablecimiento del derecho por la Sección Segunda,
Subsección A, con ponencia del Consejero Gabriel Valbuena Hernández. En dicho fallo, la
Corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Rama Judicial contra
la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que había accedido a las pretensiones de
dos juezas penales municipales con funciones de control de garantías, quienes solicitaban el
reconocimiento y pago de recargos por trabajo en días dominicales, festivos y de descanso
obligatorio. Al revocar el fallo de primera instancia, el Consejo de Estado negó dichas
pretensiones, tras concluir que los jueces de control de garantías están sometidos a un
régimen especial que no contempla tales pagos, y que no es posible aplicarles por analogía
el Decreto 1042 de 1978, propio de la Rama Ejecutiva. La Sala acogió los argumentos
desarrollados en fallos de tutela previos […]
Esta misma postura fue reiterada por el Consejo de Estado en sentencia del 17 de marzo de
2022, proferida en sede de nulidad y restablecimiento del derecho por la Sección Segunda,
Subsección B, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, al resolver el caso de
un juez penal municipal con funciones de control de garantías. En el proceso, el actor
solicitaba el reconocimiento y pago de horas extras y recargos por labor realizada en
domingos, festivos y días de descanso obligatorio entre 2014 y 2017, con fundamento en el
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978; sin embargo, la Sala confirmó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Caldas que negó las pretensiones, al considerar que los jueces con
funciones de control de garantías están sometidos a un régimen especial previsto en el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004. Además, señaló que el Decreto 1042 no es aplicable a la
Rama Judicial y que el actor ya había recibido compensatorios conforme a los turnos
asignados.
Posteriormente, el Consejo de Estado, en relación con el problema jurídico planteado acerca
de si el servidor judicial del sistema penal acusatorio tiene o no derecho al reconocimiento de
recargo por su labor en los sábados, domingos o festivos, adicional al compensatorio que les
es reconocido; ha sentado su postura como pasa a explicarse.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de
noviembre de 2023 se vio avocada al estudio del recurso de apelación interpuesto por la
Rama Judicial contra la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda en el sentido de
9
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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
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reconocer los recargos reconocidos por su trabajo en dominicales y festivos a un Juez Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías. Estableció como problema
jurídico a resolver, el de determinar si al demandante, en su condición de funcionario judicial,
le asistía el derecho al reconocimiento de horas extras, descansos compensatorios, recargos
ordinarios diurnos y nocturnos en días dominicales y festivos; así como la incidencia de estos
en los demás factores salariales y prestacionales.
[…]
Seguidamente, al dar solución al caso concreto, trajo como precedente la sentencia de tutela
proferida por la misma Sección, el 7 de julio de 2020, para resaltar la tesis de que los
empleados y funcionarios judiciales asignados al sistema penal acusatorio con función de
control de garantías, laboraban en turnos que debían entenderse prestados en días y horas
hábiles por la misma precisión que sobre este punto había hecho el Código de Procedimiento
Penal, y en consecuencia, la prestación del servicio no tenía la virtud de modificar su régimen
salarial en cuanto a incluir un nuevo emolumento, “por lo que no resultaba procedente ordenar
un reconocimiento económico diferente a la remuneración mensual ordinaria que devengaba
por el cumplimiento de sus funciones”
De lo anterior, se observa la existencia de una línea definida por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, a través de la cual ha negado la pretensión del reconocimiento del recargo
dominical y de días festivos, como el de la pretensión del caso que aquí nos ocupa.
En contraposición a la línea jurisprudencial citada, en la sentencia proferida el 27 de junio de
2024 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, dentro del radicado
66001-23-33-000-2017-00523-01, con Ponencia del Magistrado César Palomino Cortés, se
reconoció el derecho de una servidora judicial del sistema penal acusatorio, al pago de
recargos dominicales y festivos con base en la aplicación extensiva del Decreto 1042 de 1978.
A pesar de lo anterior, esta Sala no acogerá lo dicho en la sentencia del 27 de junio 2024,
recién citada, por las siguientes consideraciones:
1. Si bien se trata de una providencia del Consejo de Estado, no es una sentencia de
unificación, que lleve a considerar que el fallo del año de 2024 es de mayor peso, en
comparación con los múltiples fallos citados dentro de la línea jurisprudencial revisada en
este acápite.
Es más, se observa dentro del fallo en mención que, dentro de dicho trámite procesal, el
Ministerio Público solicitó unificación de jurisprudencia, por entre otras razones, determinar si
“se deben cancelar sumas de dinero a los servidores públicos que cumplen funciones de
control de garantías en el sistema penal acusatorio, por laborar sábados, domingos y/o
festivos”; pero esta petición que fue desestimada dentro del mismo proceso, bajo el
argumento de que en la solicitud del Ministerio Público no se “señalan las razones de
importancia jurídica, trascendencia económica o social o la necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y
aplicación que ameriten una sentencia de unificación”.
2. La existencia de una sentencia que se oponga a una línea jurisprudencial trazada no implica
per se un cambio jurisprudencial. Al respecto, en la sentencia SU 406 de 2016, de la Corte
Constitucional se lee:
Esta Corporación ha definido que, ante ciertas circunstancias específicas y bajo una
estricta exigencia argumentativa, es posible que se modifiquen las reglas fijadas en los
precedentes jurisprudenciales. Así las cosas, tales exigencias permiten, a su vez, reforzar
los mismos principios de igualdad, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, en la
medida en que impiden que el precedente judicial se convierta en una materia discrecional.
En estos términos, la hermenéutica constitucional ha señalado que resulta posible, por
parte de los Órganos de cierre, cambiar el precedente aplicable, siempre y cuando se
cumpla con la carga argumentativa de demostrar las razones que justifican dicho cambio.
Además, “para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que
la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el
solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de
determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06806-01
Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en
el caso concreto, primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en
el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que
fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho.
Así las cosas, si bien la sentencia del 27 de junio de 2024 argumenta los motivos para la
realización del reconocimiento laboral pedido, no presenta una carga argumentativa suficiente
que justifique el cambio frente a la postura previamente reiterada por múltiples secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, a las que se hizo referencia a lo largo de esta
providencia. En efecto, el fallo del 27 de junio de 2024 no hace una revisión crítica del
precedente consolidado ni identifica expresamente la ruptura jurisprudencial, ni menos aún
una voluntad deliberada de modificar o unificar el criterio institucional, motivo por el cual, no
cumple con los estándares establecidos por la sentencia SU - 406 de 2016, de la Corte
Constitucional, para considerar que en el presente caso, se ha dado un cambio en el
precedente.
24. De lo anterior, se colige que, contrario a lo que afirma la accionante, el Tribunal
Administrativo de Antioquia elaboró un análisis jurisprudencial en el que identificó la
postura sistemática y consolidada del Consejo de Estado, tanto en el marco de
acciones constitucionales de tutela como en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho, en las que se señaló que, no es procedente acceder a los pagos
suplementarios, en tanto, el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 califica todos los
días y horas como hábiles, en vista del ejercicio ininterrumpido de la función de
control de garantías.
25. Asimismo, señaló las razones por las cuales consideró que, si bien la sentencia
del 27 de junio de 2024 accedió al pago de dichos compensatorios, no constituye
un cambio jurisprudencial de acuerdo con los criterios señalados en la sentencia SU
• 406 de 2016 de la Corte Constitucional.
26. En suma, la Sala observa que, el Tribunal Administrativo de Antioquia adoptó, en
su decisión, la línea que, de manera consistente y reiterada ha desarrollado esta
Sala de Sección en la materia, de lo que puede destacarse que, en la sentencia del
25 de septiembre de 2025, con radicado 25000-23-42-000-2021-00321-01, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado abordó la misma
controversia y se apartó expresamente de la postura adoptada en el fallo del 27 de
junio de 2024. Bajo esta perspectiva, el Tribunal realizó un análisis juicioso y
ponderado de la jurisprudencia vigente para el asunto bajo examen, de modo que
no existen visos de haber desconocido el precedente judicial aplicable.
27. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala descarta que la decisión
objeto de cuestionamiento incurriera en desconocimiento del precedente o, incluso,
del principio de favorabilidad, toda vez que, como quedó visto, aplicó la posición
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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
jurídica que reiterada y mayoritariamente ha sido acogida por esta Corporación, en
atención a las normas que regulan la materia.
28. Finalmente, la Sala descarta, también, el desconocimiento del precedente
horizontal del Tribunal Administrativo de Antioquia contenido en la sentencia del 5
de mayo de 2025, dictada dentro del proceso con radicado 05001-33-33-033-2018-
00037-01, porque, de una parte, esta fue proferida por una Sala distinta a la que es
hoy accionada, y, de otra parte, porque, como quedó visto, el Tribunal acogió la
posición mayoritaria del Consejo de Estado en la materia, decisión que debe
respetarse en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.
29. En ese sentido, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
30. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la parte
demandante no acreditó que la providencia cuestionada haya incurrido en la causal
especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial invocada,
motivo por el cual, se revocará el fallo impugnado que declaró improcedente el
amparo deprecado y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
31. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 5 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, que declaró improcedente el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad,
irrenunciabilidad del derecho laboral, al acceso a la administración de justicia,
remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad de
trabajo y principio de favorabilidad invocados por el señor Luz Amanda Ferreira
Castro y, en consecuencia NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a la
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Accionante: Luz Amanda Ferreira Castro
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
motivación de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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