Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00321-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00321-01 (6629-2023)
Demandante: Lyda Astrid Muñoz Aponte
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Trabajo suplementario
Sentencia segunda instancia
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Lyda Astrid Muñoz Aponte presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio DESAJBOTHO20-1693 del 31 de julio de 2020, a
través del cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
le negó el reconocimiento del trabajo suplementario y sus efectos salariales y
prestacionales.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento del valor correspondiente a las horas laboradas con
recargo nocturno dentro de la jornada ordinaria, así como de las horas extras
diurnas, nocturnas, en días ordinarios, dominicales y festivos, junto con el pago del
doble de la asignación básica diaria por cada jornada realizada en día de descanso
obligatorio; ii) con fundamento en lo anterior, la reliquidación de los factores
salariales y prestacionales percibidos y, en consecuencia, de los aportes al sistema
1 En adelante CPACA.
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pensional; iii) la indexación de las sumas que llegaren a ser reconocidas; iv) el pago
de los intereses a los que hubiere lugar junto con la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y v) la condena en costas a la parte demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:
3.1. Lyda Astrid Muñoz Aponte se ha desempeñado en la Rama Judicial como juez
promiscuo municipal desde el 1 de julio de 2016. Su último lugar de prestación de
servicios fue en el municipio de Pacho, Cundinamarca.
3.2. Dentro de sus funciones, se encontraban las de ejercer el control de garantías,
adelantar audiencias preliminares, tales como la legalización de capturas, la
formulación de imputación de cargos, la legalización de allanamientos y la
imposición de medidas de aseguramiento, entre otras, conforme con lo previsto en
la Ley 906 de 2004.
3.3. Para atender dichas diligencias o actuaciones judiciales, debía permanecer en
disponibilidad conforme con los turnos asignados por el Consejo Superior de la
Judicatura, en este caso la Seccional Bogotá, lo que implicaba superar la jornada
ordinaria máxima tanto en el día como en la noche, con la inclusión de domingos y
festivos, sin que este tiempo adicional le fuera reconocido ni remunerado.
3.4. Solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
el reconocimiento del trabajo suplementario y sus consecuenciales; no obstante, la
entidad a través del Oficio DESAJBOTHO20-1693 del 31 de julio de 2020 negó la
petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 93 y 94 de la Constitución
Política; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley 5ª de 1969; 33, 39 y 42
del Decreto 1042 de 1978; y 99 de la Ley 50 de 1990; la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948; el Convenio Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia en la Ley 74 de
1968; Declaración Sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de
1998 de la Organización Internacional del Trabajo2; y los convenios 95, 100 y 111
de la OIT.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
5.1. El salario ha sido definido por la legislación laboral como la retribución directa y
periódica por el servicio prestado. El Decreto Ley 717 de 1978 reguló la
remuneración de la Rama Judicial y el Ministerio Público e indicó los días de
2 En lo que sigue OIT.
3 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS..pdf»,
folios 4 a 17.
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vacancia y el reconocimiento de compensatorios.
5.2. Con la Constitución Política de 1991 se asignó al Congreso la fijación de criterios
y objetivos generales para el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, y al gobierno nacional la determinación de los regímenes específicos. La
Ley 4ª de 1992 desarrolló esa competencia y el Decreto 57 de 1993 estableció la
remuneración de la Rama Judicial, sin establecer compensatorios ni recargos por
trabajo adicional, nocturno o en domingos y festivos.
5.3. Posteriormente, el gobierno nacional expidió decretos anuales sobre la Rama
Judicial sin prever pagos por trabajo suplementario. La Ley 906 de 2004 dispuso
que todos los días y horas eran hábiles para la función de control de garantías. A
su vez, el Decreto 2637 de 2002 y los acuerdos de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura regularon turnos y descansos compensatorios,
sin modificar el régimen salarial.
5.4. De esta forma, aunque la función de control de garantías debía prestarse de
manera permanente, la normativa solo reconocía un día de descanso
compensatorio por domingos y festivos laborados, conforme con los Decretos 717
de 1978 y 1888 de 1989. En ausencia de regulación especial sobre jornada laboral,
aplicaba el régimen general del Decreto 1042 de 1978.
5.5. Porlo tanto, la negativa al reconocimiento de horas extras y recargos
configuraba una nulidad por desconocimiento del ordenamiento jurídico, pues esas
labores no podían compensarse únicamente con descanso, ya que correspondía el
pago de una remuneración adicional del 200%.
5.6. La administración omitió aplicar las normas que regulaban la jornada laboral y
los derechos de los servidores judiciales, a pesar de su deber de garantizar
derechos fundamentales como el trabajo en condiciones dignas. En ausencia de
una regulación especial, el ejercicio de la función debía ajustarse a los derechos
mínimos e irrenunciables previstos en la legislación laboral, entre ellos la jornada
máxima, el descanso remunerado, el reconocimiento del trabajo suplementario y el
pago oportuno del salario, beneficios y prestaciones sociales en los términos
establecidos por la ley.
5.7. El acto administrativo acusado se encontraba falsamente motivado, ya que no
hacía referencia a los supuestos acreditados en la actuación y negaba su existencia,
a pesar de estar demostrado que la actora se desempeñaba como juez promiscuo
municipal, con la función de control de garantías en las audiencias preliminares de
tipo penal que le correspondían en días ordinarios, fines de semana y festivos.
1.2. Contestación de la demanda
6. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
con fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. De conformidad con el artículo 150, numeral 19, literales d) y e) de la
4 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 22, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «22_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONTAC2(.PDF) NroActua 22».
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Constitución, correspondía al Congreso de la República fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, incluidos los miembros del Congreso y de
la Fuerza Pública, así como regular las prestaciones sociales mínimas de los
trabajadores oficiales.
6.2. En ejercicio de dichas competencias, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual autorizó al gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial.
Posteriormente, la Ley 270 de 1996 otorgó al Consejo Superior de la Judicatura la
facultad de determinar su estructura, planta de personal y reglamentos internos
relacionados con la organización y funciones asignadas a los distintos cargos
6.3. Con la Ley 906 de 2004 se expidió el Código de Procedimiento Penal, que en su
artículo 528 dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de
la Nación ordenarían los estudios y adoptarían las medidas necesarias para la
implementación gradual del sistema acusatorio, y en su artículo 157 determinó que
las actuaciones de los jueces de control de garantías debían realizarse en jornadas
concentradas, siendo todos los días y horas hábiles para el ejercicio de esa función
6.4. En desarrollo de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura expidió diversas
disposiciones, entre ellas, los Acuerdos 2729 de 2004, 2892 de 2005, PSAA07-4141
de 2007, PSAA07-4216 de 2007 y PSAA08-5433 de 2008, así como la Circular
PSAC05-84 de 2005, mediante las cuales impartió directrices sobre la
compensación aplicable a los servidores judiciales adscritos al Sistema Penal
Acusatorio. Estas establecieron un sistema de turnos de disponibilidad para fines
de semana y períodos de vacancia judicial, que, cuando se cumplían, daban lugar
a descanso compensatorio. Al encontrarse regulado en actos administrativos
generales, dicho régimen gozaba de presunción de legalidad y debía aplicarse
mientras no fuera anulado o suspendido por la jurisdicción contencioso-
administrativa.
6.5. Eneste contexto, se concluyó que no existía trato desigual frente a otros
servidores, toda vez que la igualdad no podía concebirse como una equivalencia
matemática entre regímenes distintos. En el caso concreto, la necesidad de
garantizar la función de control de garantías se satisfacía mediante la concesión de
un descanso compensatorio al día hábil siguiente de la prestación del servicio en
sábado, domingo o festivo.
6.6. El Decreto 1042 de 1978 no resultaba aplicable a los servidores de la Rama
Judicial, criterio fijado por la Circular PSAC05-84 de 2005, la cual remitió al Decreto
1888 de 1989. Esta posición había sido reiterada por distintas decisiones del
Consejo de Estado (sin especificarlas).
6.7. Fue el legislador el que, en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, estableció
expresamente que los jueces y empleados de los juzgados penales con funciones
de control de garantías debían ejercer su labor en todos los días y horas, en atención
a la naturaleza de su función.
6.8. Enconsecuencia, como no existía norma expresa que autorizara la
remuneración económica de compensatorios en la Rama Judicial, ni la Dirección
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Ejecutiva de Administración Judicial ni sus seccionales estaban facultadas para
ordenar el pago de jornadas laboradas en fines de semana, festivos o períodos de
vacancia judicial por parte de los servidores adscritos a despachos del Sistema
Penal Acusatorio.
6.9. Porúltimo, se configuraron las siguientes excepciones: i) inexistencia de
transgresión normativa – inaplicabilidad del Decreto 1042 de 1978 a funcionarios de
la Rama Judicial; ii) días laborados en sábados, domingos y festivos fueron
compensados con tiempo de descanso; iii) cobro de lo no debido; y iv) innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia proferida el 30 de junio de 2023 negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, luego de
realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su
decisión en lo siguiente5:
7.1. Resultaba improcedente el reconocimiento del trabajo suplementario reclamado,
por cuanto el régimen salarial y prestacional aplicable a la demandante no
establecía el pago de horas extras, dominicales o festivos, sino únicamente
descansos remunerados.
7.2. Tampoco correspondía aplicar las disposiciones del Decreto Ley 1042 de 1978,
toda vez que existían normas especiales sobre compensatorios que prevalecían
frente a las generales. Además, la función de control de garantías desempeñada
por algunos servidores de la Rama Judicial, por su naturaleza, exigencias y
requisitos, no era comparable ni asimilable al régimen previsto para los empleados
de la Rama Ejecutiva, por lo que no era posible extender a aquellos lo dispuesto en
ese decreto.
7.3. En consecuencia, el acto acusado no adolecía de los vicios alegados por la parte
demandante, pues se fundamentó en la normativa que regulaba el régimen salarial
y prestacional aplicable, la cual no preveía el reconocimiento del trabajo
suplementario reclamado. Por ello, las pretensiones de la demanda debían ser
negadas.
7.4. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se reunieron los
presupuestos exigidos en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso6.
1.4. El recurso de apelación
8. La demandante apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos7:
5 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 59, actuación «SENTENCIA QUE NIEGA
LAS PRETENSIONES», documento «58_SENTENCIAQUENIEGALASPRETENSIONES(.pdf)
NroActua 59».
6 En lo que sigue CGP.
7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 62, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «59_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 62».
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8.1. Si bien el tribunal explicó que existían dos regímenes especiales que regulaban
en materia prestacional a los empleados de distintas ramas del poder público, no
podía perderse de vista que, conforme con los principios constitucionales del
artículo 53 de la Carta, dichos regímenes debían garantizar los derechos de los
trabajadores en condiciones de igualdad. En consecuencia, la mera distinción
establecida por la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 1042 de 1978, aplicada de forma
rígida en el caso concreto, resultaba contraria a los principios de igualdad y
favorabilidad laboral.
8.2. No se trataba de una actividad en la que procediera una aplicación exegética
que negara de plano a los funcionarios de la Rama Judicial con funciones de control
de garantías el reconocimiento y pago del trabajo suplementario en domingos,
festivos y recargos nocturnos, únicamente porque la norma especial no lo
estableciera. Tal distinción se tornaba arbitraria y desproporcionada.
8.3. Enel presente caso, la negativa de esos derechos generaba una clara
desproporción frente a otros empleados sometidos a regímenes diferentes, máxime
cuando se trataba de un cargo asistencial al servicio de los jueces penales
especializados o de control de garantías. Esa labor exigía un doble esfuerzo en
tiempo y dedicación, por lo cual no resultaba aceptable la conclusión del a quo, en
el sentido de que otros beneficios del régimen especial compensaban tal
desigualdad. Un simple día compensatorio no equivalía al tiempo de descanso real
que el trabajador podía dedicar a su familia, a la recreación o al ocio, ni se
equiparaba a la remuneración en dinero prevista en el régimen general.
8.4. Desde esta perspectiva, la mayor carga laboral atribuida a la demandante hacía
más favorable la aplicación del régimen general contenido en el Decreto 1042 de
1978, que reconocía beneficios salariales superiores frente al simple otorgamiento
de un día compensatorio tras un turno de disponibilidad durante todo un fin de
semana o en días feriados. La inferioridad del régimen especial en esta materia era
evidente y generaba una situación de desigualdad que vulneraba el principio de no
discriminación.
8.5. Adicionalmente, el a quo omitió considerar que el régimen especial de la Rama
Judicial no regulaba el trabajo suplementario de sus empleados y, por lo tanto, debía
acudirse al mecanismo de la unidad normativa, con aplicación de manera
excepcional de las disposiciones del régimen general.
1.5. Trámite en segunda instancia
9. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
8 Así se dispuso en el auto proferido el 4 de marzo de 2024. Samai, índice 6, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «5AUTOQUEADMITE_66292023ADMISORIOAPE(.pdf)
NroActua 4».
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del
CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias»
y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si a la demandante, en la condición
alegada de juez con funciones de control de garantías, le asiste derecho al
reconocimiento de horas extras, descansos compensatorios, recargos nocturnos,
así como recargos diurnos y nocturnos por trabajo en domingos y festivos,
calculados según la jornada laboral prevista para los empleados públicos en
general, y los efectos derivados de dicho reconocimiento en la liquidación de los
factores salariales y prestaciones sociales?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial
13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la Fuerza Pública.
14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e)
y f) de la Constitución Política».
15. Esta norma, en su artículo 1, estableció que el gobierno nacional, con sujeción a
las normas, criterios y objetivos allí contenidos, puede fijar el régimen salarial y
prestacional de: i) los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional,
cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; ii) los empleados
del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; iii)
los miembros del Congreso Nacional; y iv) los miembros de la Fuerza Pública.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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16. Por su parte, el Decreto 57 de 1993 fijó el régimen salarial y prestacional aplicable
a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados
a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero
de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional
establecido en ese decreto (artículo 2).
17. La norma ibidem regula distintos emolumentos, entre ellos la prima especial del
30%, el auxilio especial de transporte y el subsidio de alimentación; sin embargo,
no establece el reconocimiento ni el pago de horas extras, tampoco la doble
remuneración por el trabajo realizado en días dominicales o festivos.
18. Esta norma es modificada anualmente, por lo que, con posterioridad, y en similar
sentido, fueron expedidos los decretos 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de
1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 1475 de 2001, 2720 de 2001, 673 de
2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658
de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019,
299 de 2020, 982 de 2021, 456 de 2022, 907 de 2023, 302 de 2024 y 612 de 2025.
19. Estos decretos, de manera concordante, disponen como prohibición expresa que
«[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional previsto
en el presente decreto, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 4 de
1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de efectos y no generará derechos
adquiridos».
20. Ahora bien, en lo que atañe al pago de horas extras las mencionadas normas lo
establecieron únicamente para los «conductores y choferes».
2.3.2. De los servidores judiciales con función de control de garantías
21. El Acto Legislativo 003 del 20 de diciembre de 2002, que modificó los artículos
116, 250 y 251 de la Constitución Política, previó entre otras, lo siguiente:
«Artículo 2°. Modifica el Artículo 250 de la Constitución Política. El artículo 250
de la Constitución Política quedará así: Artículo 250. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de
oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual
estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las
funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal,
la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de
las víctimas.
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El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún
caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta
función».
22. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de ejercer la
acción penal y adelantar la investigación de todos los hechos que presenten
características de delito, siempre que existan motivos fundados y circunstancias
fácticas que indiquen su posible ocurrencia, ya sea que lleguen a su conocimiento
mediante denuncia, querella, petición especial o de oficio.
23. En consecuencia, la Fiscalía no puede suspender, interrumpir ni renunciar a la
investigación penal, salvo en los casos expresamente previstos en la ley a través
del principio de oportunidad, el cual se encuentra sometido al control de legalidad
por parte de los jueces con funciones de control de garantías.
24. Asimismo, la reforma constitucional dispuso la creación de una comisión
encargada de presentar ante el Congreso de la República los proyectos de ley
necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, lo que finalmente
condujo a la expedición de la Ley 906 de 2004.
25. En el artículo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 48 de la Ley
1453 de 2011, se estableció la función de control de garantías de la siguiente
manera:
«Artículo 39. De la función de control de garantías. La función de control de
garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el
control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento
del mismo caso en su fondo».
26. El artículo 157 de la Ley 906 de 2004, dispuso la oportunidad para la persecución
penal y las indagaciones de la siguiente manera:
«Artículo 157. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones
pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos
los días y horas son hábiles para ese efecto.
Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de
control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles
para el ejercicio de esta función.
Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en
días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente.
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten,
previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con
el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas».
27. Así entonces, la persecución penal y las indagaciones correspondientes pueden
adelantarse en cualquier momento, pues todos los días y horas se consideran
hábiles para tal efecto. Asimismo, las actuaciones realizadas ante los jueces con
funciones de control de garantías son de carácter concentrado y también pueden
llevarse a cabo en cualquier día y hora. En contraste, las diligencias tramitadas ante
el juez de conocimiento deben desarrollarse exclusivamente en días y horas hábiles,
de acuerdo con el horario judicial oficialmente establecido.
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28. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996, en su parágrafo 3, para la época de los
hechos del presente asunto, establecía que la «Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el
ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar
el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial».
29. Sobre la constitucionalidad de esa disposición, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-713 de 2008, precisó que «los parágrafos 2º y 3º, no plantean ningún vicio
de constitucionalidad, pues corresponden a normas operativas para imprimir celeridad y
eficiencia en la administración de justicia sin alterar las limitaciones de orden presupuestal.
Por lo tanto, se declarará su exequibilidad».
30. De igual forma, el numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 establecía
que a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura les
correspondía entre otras funciones fijar los días y horas de servicio de los
despachos judiciales.
31. Ahora, por medio del Acuerdo PSAA04-2729 del 16 de diciembre de 2004 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó los turnos para el
ejercicio de la función de control de garantías en el Distrito Judicial de Bogotá, para
lo cual estableció lo siguiente:
«Artículo primero.- En el Distrito Judicial de Bogotá se establecen los siguientes
turnos para garantizar la descentralización y continuidad en todos los días de
la semana en la prestación de la función de control de garantías por parte de
los Juzgados Penales Municipales:
El primero: de seis de la mañana (6:00 a.m.) a dos de la tarde (2:00 p.m), el
segundo: de dos de la tarde (2:00 p.m) a diez de la noche (10:00 p.m) y el
tercero de diez de la noche (10:00 p.m) a seis de la mañana (6:00 a.m.).
Los empleados y funcionarios judiciales que prestan sus servicios en horarios
nocturnos gozarán del descanso remunerado conforme a la ley, en días
compensatorios señalados previamente por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.
Artículo segundo.- La prestación de la función de Control de Garantías por parte
de los Jueces Penales Municipales del Distrito Judicial de Bogotá será rotativa
conforme a la distribución periódica que señale la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. Esa decisión se dará a conocer mediante
circular.
Artículo tercero.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
podrá variar los turnos y la asignación de las funciones de Control de Garantías
y de Conocimiento de los distintos servidores judiciales, de conformidad con
las necesidades del servicio».
32. Con posterioridad, esa Sala expidió el Acuerdo 2892 del 20 de abril de 2005, en
el que se definió el procedimiento para otorgar los compensatorios a los servidores
incorporados al Sistema Penal Acusatorio, en los siguientes términos:
«Artículo 1º. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, con jurisdicción en los Distritos Judiciales que se incorporen al
Sistema Penal Acusatorio, concederán a los Jueces y empleados, que prestan
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sus servicios en días y horarios que generan compensatorios, los descansos
remunerados conforme a la Ley.
Artículo 2º. Con el fin de determinar el tiempo de descanso, las mencionadas
Salas Administrativas llevarán un registro de los días laborados, conforme a los
turnos establecidos.
Artículo 3º. Los descansos se otorgarán, a partir del mes de mayo, teniendo en
cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio de justicia y siempre
se concederán, cuando el derecho se ha adquirido, para la totalidad de
servidores del despacho».
33. Mediante Acuerdo PSAA06-3563 de 2006, expedido por el hoy Consejo Superior
de la Judicatura, se delega en el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, la organización de los turnos y rotación de las sedes judiciales de
los jueces penales municipales de Bogotá para prestar la función de control de
garantías.
34. Por medio del Acuerdo PSAA08-5433 de 2008, expedido por la extinta Sala
Administrativa, hoy Consejo Superior de la Judicatura, se reglamentó los criterios
generales para la programación de turnos de los servidores judiciales que atienden
la Función de Control de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio.
35. En conclusión, para los empleados y funcionarios que laboran en horarios
nocturnos, así como en días y turnos que generan compensatorios, se reconoció el
derecho al descanso remunerado, el cual debe otorgarse en días previamente
señalados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo que
asegura el equilibrio entre la continuidad del servicio de administración de justicia y
la protección de los derechos laborales de los servidores judiciales.
2.3.2. Del Decreto 1042 de 1978
36. El Legislador a través de la Ley 5ª de 1978, le otorgó facultades extraordinarias
al presidente de la República para modificar escalas de remuneración, revisar
sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones
en materia de administración de personal.
37. En virtud de lo anterior, el gobierno nacional expidió el Decreto 1042 de 1978, el
cual, en su artículo 1, y respecto a su campo de aplicación, fue claro en determinar
que el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración que allí se estableció,
regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional.
38. En sus artículos 36 y siguientes estableció las horas extras diurnas, las horas
extras nocturnas, y el trabajo ordinario y ocasional en días dominicales y festivos.
39. Los decretos 4150 de 2004, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de
2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101
de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019, 304 de 2020, 961
de 2021, 473 de 2022, 905 de 2023, 301 de 2024 y 611 de 2025, en sus artículos
12, 13 o 14 fueron unánimes en limitar el pago de horas extras, trabajo ocasional en
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días dominicales y festivos, así como el reconocimiento de los descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, a los
siguientes niveles:
«Artículo 14. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago
de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como
el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios
de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá
pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el
grado 19.
Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros,
Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios
Ejecutivos de Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los
Despachos de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
Viceministros y Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías
Generales de Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a
devengar horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren
en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras
máximo a dos (2) Secretarios, a los que se refiere el inciso anterior.
Parágrafo 1. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación
de participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del
presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores
anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas
extras, dominicales y festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los
niveles asistencial, técnico y profesional. En ningún caso podrá pagarse
mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de cada funcionario
Parágrafo 2. El límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados
públicos que desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades a
que se refiere el presente título, será de cien (100) horas extras mensuales.
En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal».
40. Valga indicar, después de esa lectura, que el reconocimiento monetario de las
horas extras y del trabajo en días dominicales y festivos, dentro de la Rama
Ejecutiva destinataria de dicha regulación, no constituye un derecho generalizado
para todos los empleos, sino un beneficio limitado únicamente a los cargos y niveles
expresamente señalados por el legislador y el gobierno nacional en ejercicio de sus
facultades, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley 1042 de 1978 y en los
decretos anuales de actualización salarial.
41. En esa línea, el legislador dispuso con posterioridad la aplicación del régimen
prestacional previsto para los empleados del nivel nacional a quienes laboran en las
entidades territoriales, a través del Decreto Ley 1919 de 2000, lo que permitió la
extensión de dicho marco normativo a los servidores públicos de los distintos
órdenes de la administración.
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2.3.3. Sobre el reconocimiento del trabajo suplementario a los jueces con
función de control de garantías. Jurisprudencia del Consejo de Estado
42. En relación con el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, trabajo
en días dominicales y festivos a los jueces que cumplen funciones de control de
garantías, el Consejo de Estado ha considerado que dichos pagos no resultan
procedentes, en atención a la naturaleza especial de la labor y al régimen normativo
aplicable.
43. Así, en la sentencia del 27 de mayo de 2021, en el expediente 66001-23-33-000-
2017-00303-01 (4970-2019), la Sección Segunda, Subsección B, al resolver una
demanda presentada por 2 juezas penales municipales con función de control de
garantías, concluyó que:
«De conformidad con lo expuesto en el marco jurídico, las demandantes no
tenían derecho al reconocimiento del doble de la remuneración por laborar en
dominicales, festivos y días obligatorios de descanso por la especial labor que
desempeñaban que constituye un servicio público esencial, respecto de la cual
no se ha previsto la posibilidad de percibir una remuneración doble, ni se puede
extender por analogía el régimen fijado para los servidores de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.
Así mismo, no se trata de un cargo cualquiera, sino el de jueces que tienen la
naturaleza de un cargo de dirección y para los cuales se previó una regulación
especial, tal como consta en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 citado
previamente, en el que se determinó que esta es una función ininterrumpida y
permanente, para la cual todos los días y horas son hábiles, por lo que, en los
casos en los que desempeñen las tareas en un día domingo, o después de las
9 de la noche, o en una fecha establecida como fiesta, tan solo tienen derecho
al descanso remunerado compensatorio, pues se repite, se trata del horario
previsto en la normativa pertinente» [sic].
44. Así las cosas, según la sentencia en cita, i) la función de control de garantías,
conforme con el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, tiene carácter permanente, por
lo que todos los días y horas son hábiles para su ejercicio; ii) el régimen salarial
especial de la Rama Judicial no establece el pago de horas extras ni de recargos
nocturnos, dominicales o festivos, sino que prevé exclusivamente el descanso
remunerado compensatorio; y iii) no es viable aplicar supletoriamente lo dispuesto
en el Decreto 1042 de 1978, pues esta normativa corresponde al régimen de los
empleados de la Rama Ejecutiva y no a los funcionarios judiciales.
45. En consecuencia, se negaron las pretensiones orientadas al pago de recargos y
se precisó que la única compensación posible consiste en el descanso remunerado,
de acuerdo con la reglamentación interna de la Rama Judicial.
46. De manera similar, en la sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 17001-
23-33-000-2017-00740-01 (6476-2018), la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, resolvió una demanda presentada por un juez penal municipal
con función de control de garantías que solicitaba la nulidad del acto que negó el
reconocimiento y pago de horas extras, recargos dominicales, festivos y nocturnos,
así como la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales. En esta
oportunidad la Sala consideró que:
«[...] se precisa que los jueces y magistrados tienen la categoría de
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funcionarios de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 270 de
1996, porque tienen funciones de dirección y por ello no pueden estar
sometidos a la misma jornada de los demás empleados judiciales, entre
otras razones, porque gozan de un salario más alto dentro de su escala
competencial y, además, en su calidad de directores del despacho, pueden
distribuir sus funciones y cargas laborales.
En conclusión, se colige que (i) las normas que regulan el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial no contemplan el derecho
a las horas extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados;
(ii) la naturaleza del servicio de control de garantías es permanente, por ello
la Ley 906 de 2004 previó que todos los días y horas son hábiles, motivo por
el cual no hay lugar a recargos, puesto que este es el horario habitual; (iii) el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004 consagra una norma especial que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, se aplica de
preferencia a las disposiciones generales, por lo que no es dable extender
el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama
Judicial de manera supletiva ni integradora; y (iv) el pago de horas extras y
compensatorios no está previsto para remunerar a quienes tienen cargos de
dirección.
[...]
Dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama
Judicial que rige la remuneración de estos servidores, no se prevé el derecho
a las horas extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados,
como se reguló en los acuerdos citados en el acápite precedente, los cuales le
fueron reconocidos al actor (lo que no se discute en el proceso).
De igual forma, la función de control de garantías comporta naturaleza
permanente, lo que hace que se privilegien las necesidades del servicio y por
ello todos los días y horas son hábiles para quienes la ejercen, motivo por el
cual no hay lugar al pago de recargos, pues aquellos laboran en su horario
habitual.
Asimismo, al existir normas especiales que regulan el reconocimiento de
compensatorios, se aplican de preferencia frente a las disposiciones
generales, por lo que no es dable extender el régimen previsto en el Decreto
1042 de 1978 a servidores de la Rama Judicial de manera supletoria ni
integradora [...].
En otras palabras, tal prevalencia de la normativa especial, establecida por el
legislador y el Gobierno, encuentra fundamento en la función misma de control
de garantías que ejercen algunos servidores de la Rama Judicial, que impide
asimilar el régimen previsto para la Rama Ejecutiva al de la Judicial porque
trata funciones y calidades disímiles e irreductibles.
Cabe agregar que el caso concreto concierne a personas cuyos cargos se
enmarcan en la categoría de funcionarios, dispuesta en el artículo 125 de la
Ley 270 de 1996, es decir, aquellas que tienen funciones de dirección al interior
de la Rama Judicial, motivo por el cual deben acreditar unas condiciones
particulares muy exigentes, que no les permiten estar sometidas a las reglas
de jornada de los empleados de la Rama Ejecutiva, por ende, reciben una
contraprestación acorde a la importancia de su labor para la sociedad.
En ese orden de ideas, no resulta procedente acceder a las pretensiones de
pago de horas extras para los jueces de control de garantías, puesto que, en
relación a su jornada laboral, todos los días y horas son hábiles» [sic].
47. Con fundamento en lo expuesto, se precisa que el régimen salarial y prestacional
de los jueces de la Rama Judicial no establece el pago de horas extras ni de
recargos por trabajo en días festivos o de descanso obligatorio. En su lugar,
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únicamente reconoce descansos remunerados compensatorios, según la
reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
48. En lo que respecta a los jueces de control de garantías, la Ley 906 de 2004, en
su artículo 157, previó que su labor es de carácter permanente e ininterrumpido, por
lo que todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de sus funciones. Por esta
razón, no resulta aplicable el régimen ordinario de jornada máxima ni la normativa
que regula los recargos adicionales, dado que su horario habitual comprende
cualquier día y hora.
49. Adicionalmente, al existir una regulación especial sobre turnos y descansos
compensatorios en la Rama Judicial, esta debe aplicarse con preferencia frente a
disposiciones generales. En consecuencia, no procede extender de manera
supletoria o integradora el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978, aplicable
a los empleados de la Rama Ejecutiva, pues se trata de funciones y categorías
distintas que no admiten equiparación.
50. Cabe resaltar que los jueces tienen la categoría de funcionarios, según lo
dispuesto en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, en tanto ejercen funciones de
dirección al interior de sus despachos. En virtud de esta condición, no están
sometidos a igual jornada que los empleados judiciales, entre otras razones porque
cuentan con un nivel salarial superior dentro de la escala competencial y, como
directores del despacho, disponen de autonomía para organizar las cargas de
trabajo.
51. En ese orden de ideas, la Corporación concluyó que no procede el
reconocimiento de horas extras ni de recargos nocturnos, dominicales o festivos
para los jueces de control de garantías. Ello obedece a la naturaleza permanente
de sus funciones, a la prevalencia de la normativa especial que regula su régimen
y a la condición directiva que ostentan, la cual excluye la aplicación de normas
generales previstas para otros servidores públicos.
52. En el contexto del reconocimiento de horas extras y recargos en la Rama Judicial,
la jurisprudencia ha sido restrictiva respecto de los jueces con función de control de
garantías, toda vez que su labor se caracteriza por ser permanente e ininterrumpida,
lo que excluye la aplicación de una jornada máxima ordinaria.
53. En consecuencia, la Corporación ha sostenido que no procede el pago de horas
extras ni de recargos nocturnos, dominicales o festivos, pues la única compensación
prevista para estos funcionarios corresponde al descanso remunerado establecido
en la reglamentación interna de la Rama Judicial.
2.5. Caso concreto
54. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
54.1. De conformidad con las certificaciones laborales del 7 de septiembre de 202010
10Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
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y 3 de mayo de 202211, «LYDA ASTRID MUÑOZ APONTE identificada con la cédula de
ciudadanía Número No. 33.376.509 registra Vinculación a la RAMA JUDICIAL DEL PODER
PUBLICO desde el 04 de marzo de 2010 y ha desempeñado los siguientes cargos:
Cargo Estado Despacho Inicio Fin
funcionario
Escribiente Provisionalidad Juzgado 001 Promiscuo 04-03-2010 16-12-2010
municipal 00 Municipal Almeida
Auxiliar judicial IV Provisionalidad Juzgado 003 Familia del 01-02-2011 27-03-201212
00 Circuito de Tunja
Citador III 00 Encargo por Juzgado 003 Familia del 01-08-2011 31-12-2011
licencia Circuito de Tunja
Oficial mayor Encargo por Juzgado 002 Familia del 28-03-2012 20-08-2012
circuito 00 licencia Circuito de Tunja
Oficial mayor Provisionalidad Juzgado 002 Familia del 21-08-2012 19-08-201613
circuito 00 Circuito de Tunja
Secretario Encargo por Juzgado 002 Familia del 16-07-2015 30-07-2015
circuito 00 licencia Circuito de Tunja
Secretario Encargo por Juzgado 002 Familia del 03-08-2015 19-08-2015
circuito 00 licencia Circuito de Tunja
Secretario Encargo por Juzgado 002 Familia del 21-08-2015 31-08-2015
circuito 00 licencia Circuito de Tunja
Secretario Provisionalidad Juzgado 002 Familia del 01-09-2015 30-09-2015
circuito 00 Circuito de Tunja
Secretario Provisionalidad Juzgado 002 Familia del 03-05-2016 30-06-2016
circuito 00 Circuito de Tunja
Juez municipal Provisionalidad Juzgado 002 Familia del 01-07-2016 30-06-2018
00 Circuito de Tunja
Juez municipal Propiedad Juzgado 002 Promiscuo 04-10-2018 31-12-2020
00 Municipal de Pacho
Juez municipal Propiedad Juzgado 002 Promiscuo 01-01-2021 31-12-2021
00 Municipal de Pacho
Juez municipal Propiedad Juzgado 002 Promiscuo 01-01-2022 A la fecha
00 Municipal de Pacho
[…]» [sic].
54.2. Según el reporte de nómina expedido el 7 de septiembre de 2020 14 por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja, la demandante
devengó los siguientes conceptos:
• Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016: «sueldo básico, prima
especial servicios (2), prima especial de servicios vacaciones, prima de vacaciones,
vacaciones, bonificación judicial, diferencia prima de vacaciones, prima de navidad y
bonificación actividad judicial» [sic].
• Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017: «sueldo básico, bonificación por
servicios prestados, prima especial de servicios (2), bonificación judicial, vacaciones
bonificación judicial, diferencia sueldo, diferencia prima especial de serv (2), diferencia
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS.pdf»,
folio 29.
11 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 38, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «38_RECIBEMEMORIALES_RESPUESTA_A_REQUERIM(.zip) NroActua 38» carpeta
«38_250002342000202100321001RECIBEMEMORIAL20220505112312», archivo
«Reporte_Tiempo_Servicio(33376509,).pdf».
12 Así lo establece el documento.
13 Ibidem.
14 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS..pdf»,
folios 28 y 30 a 33.
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bonificación servicios, diferencia bonificación judicial, prima de servicios y bonificación
actividad judicial» [sic].
• Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017: «sueldo básico, prima especial servicios
(2), prima especial de servicios vacaciones, prima de vacaciones, vacaciones,
bonificación judicial, vacaciones bonificación judicial, prima de navidad y bonificación
actividad judicial» [sic].
• Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018: «sueldo básico, bonificación por
servicios prestados, prima especial servicios (2), prima de vacaciones, indemnización
vacaciones, bonificación judicial, indemn vacac bonif judicial, vacaciones bonificación
judicial, diferencia sueldo, diferencia prima especial de serv (2), diferencia bonificación
servicios, devolución fondo solidaridad, indem vac prima especial serv, devolución salud,
devolución pensión, devolución fondo subsistencia, diferencia bonificación judicial, prima
de servicios, prima de navidad y bonificación por actividad judicial» [sic].
54.3. A través del Oficio DESAJTUO20-2508 del 8 de septiembre de 202015, la
coordinadora del Área de Gestión Humana de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja certificó «que la jornada laboral es de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 01:00 p.m. a 05:00 p.m» [sic].
54.4. Mediante escrito (sin fecha), la actora solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración de Justicia de Bogotá el reconocimiento del trabajo suplementario
y sus efectos derivados16.
54.5. Con el Oficio DESAJBOTHO20-1693 del 31 de agosto de 202017, la
coordinadora del Área de Talento Humano de la entidad negó a la demandante la
anterior solicitud, con fundamento en las siguientes consideraciones:
«1. El artículo 9 del Decreto 204 de 2014 señala: “las horas extras se reconocen
a los empleados públicos que desempeñan el cargo de conductor en las
entidades de nivel nacional, con un límite para su pago de ochenta (80) horas
extras mensuales. Sólo entran para la liquidación de pensión, cesantías y prima
de productividad.
2. Si bien es cierto la Ley 270 en su artículo 106 numeral 6 establece
“Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito
de su jurisdicción conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional (…) 6- Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan”» [sic].
15 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS..pdf»,
folio 27.
16 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS..pdf»,
folios 20 a 22.
17 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 2, actuación «AL DESPACHO POR
REPARTO», documento «2ALDESPACHOPORREPARTO_15001233300020210024800(.RAR)
NroActua 2» carpeta «15001233300020210024800», archivo «01.- DEMANDA Y ANEXOS..pdf»,
folios 23 y 24.
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Demandante: Lyda Astrid Muñoz Aponte
54.6. A través de certificación del 3 de mayo de 202218, expedida por la Coordinadora
del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, se informó acerca de los diferentes cargos desempeñados por
la actora. En estas se verifica que desde el 4 de octubre de 2018 viene ejerciendo
en propiedad el cargo de juez 002 promiscuo municipal de Pacho, Cundinamarca,
y los conceptos y valores pagados en tal condición entre octubre de 2018 a febrero
de 2021; también se anexaron comprobantes de nómina de los años 2021 y 2022.
54.7. Por medio del Oficio CSJCUO22-2006 del 7 de octubre de 202219, expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, se certifican los turnos
asignados al Juzgado 002 Promiscuo Municipal de Pacho, Cundinamarca, desde el
4 de octubre de 2018 hasta octubre de 2022, así:
«2018:
Octubre: no se programaron turnos.
Noviembre: 03, 04 y 05.
Diciembre: no se programaron turnos.
Turnos de vacancia Judicial: 22, 23, 25, 29, 30 de diciembre y 01 de enero del
año 2019.
2019:
Enero: 19 y 20 de enero de 2022.
Febrero: no se programaron turnos.
Marzo: 09 y 10.
Abril: 06, 07 ,27 y 28.
Semana de Vacancia Judicial: No fue designado.
Mayo: No se programaron turnos.
Junio: No se programaron turnos.
Julio: 06 y 07.
Agosto: 17, 18 y 19.
Septiembre: No se programaron turnos.
Octubre: 05, 06, 26 y 27.
Noviembre: 23 y 24.
Diciembre: No se programaron turnos.
Turnos de Vacancia Judicial: No fue designado.
2020:
Enero: no se programaron turnos.
Febrero: 01 y 02.
Marzo: 21, 22 y 23.
Abril: No se programaron turnos.
Semana de Vacancia Judicial: no fue designado.
Mayo: 09 y10.
Junio: 27, 28 y 29.
Julio: no se programaron turnos.
Agosto: 15, 16 y 17.
Septiembre: no se programaron turnos.
Octubre: 03 y 04.
Noviembre: 21 y 22.
Diciembre: no se programaron turnos.
18 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 38, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «38_RECIBEMEMORIALES_RESPUESTA_A_REQUERIM(.zip) NroActua 38» carpeta
«38_250002342000202100321001RECIBEMEMORIAL20220505112312», archivo
«DESAJBOCER22-941.pdf».
19
Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 49, actuación «RECIBE MEMORIALES»,
documento «50_RECIBEMEMORIALES_CSJCUO222006(.pdf) NroActua 49».
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Demandante: Lyda Astrid Muñoz Aponte
Vacancia Judicial: 20 y 01, 02 y 03 de enero de 2023.
2021:
Enero: no se programaron turnos.
Febrero: 06 y 07.
Marzo: 27 y 28.
Abril: no se le programaron turnos.
Vacancia judicial (SS): No fue designado.
Mayo: 08 y 09.
Junio: no se le programaron turnos.
Julio: 03, 04 y 05.
Agosto: 21 y 22.
Septiembre: no se le programaron turnos.
Octubre: 09 y 10.
Noviembre: no se le programaron turnos.
Diciembre: 04, 05 y 08.
Vacancia Judicial: No fue designado.
2022:
Enero: no se le programaron turnos.
Febrero: no se le programaron turnos.
Marzo:12 y 13.
Abril: 30. y 01 de mayo.
Vacancia Judicial (SS): 14 y 15 de abril.
Mayo: 28, 29 y 30.
Junio: 18, 19 y 20.
Julio: 30 y 31.
Agosto: no se le programaron turnos.
Septiembre: 17 y 18.
Octubre: no se le programaron turno» [sic].
2.6. Análisis sustancial del caso concreto
55. En el presente asunto el a quo negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el reconocimiento del trabajo suplementario solicitado resultaba
improcedente, toda vez que el régimen salarial y prestacional aplicable no
establecía el pago de horas extras ni recargos por trabajo en domingos o festivos,
sino únicamente descansos remunerados.
56. Determinó, además, que no procedía la aplicación del Decreto Ley 1042 de 1978,
pues existían normas especiales sobre compensatorios que prevalecían frente a las
generales. La función de control de garantías en la Rama Judicial, por su naturaleza,
no era equiparable al régimen de la Rama Ejecutiva, de manera que el acto acusado
se ajustaba a la normativa vigente y carecía de los vicios alegados.
57. Inconforme con lo decidido en primera instancia, la demandante apeló al
considerar que la aplicación estricta del régimen especial a los funcionarios
judiciales con funciones de control de garantías desconocía los principios
constitucionales de igualdad, favorabilidad y no discriminación. Señaló que negar el
pago del trabajo suplementario en domingos, festivos y recargos nocturnos
generaba una desigualdad frente a otros servidores, pues la compensación
mediante un día de descanso no equivalía ni al goce efectivo del tiempo libre ni a la
remuneración prevista en el régimen general.
58. Agregó que la carga laboral propia de esos funcionarios hacía procedente la
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aplicación excepcional del Decreto 1042 de 1978, que otorga beneficios salariales
superiores. En su criterio, la ausencia de regulación expresa en el régimen especial,
sumada a la desventaja que comporta frente al régimen general, evidencia una
vulneración de derechos laborales y del principio de igualdad.
59. Para resolver, debe precisarse que el Decreto 57 de 1993 y sus modificatorios
regulan el régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, el cual no prevé el
reconocimiento de recargos por trabajo en jornadas distintas de la ordinaria o en
domingos y festivos. Este régimen, vigente para la demandante al haber sido
vinculada con posterioridad a 1993, no puede ser modificado por ninguna autoridad,
conforme con el artículo 10 de la Ley 4ª de 199220.
60. Este régimen salarial y prestacional aplicable a la actora solamente establece
para los casos de turnos, si ellos fueren en días distintos de la jornada ordinaria, el
descanso remunerado, y no otro. No por ello puede considerarse como un vacío
normativo, sino que obedece a la libre configuración normativa que tiene el gobierno
nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de estos servidores, conforme
con lo dispuesto en el artículo 150. 19 de la Constitución y en la Ley 4ª de 1992.
61. Elartículo 63A, parágrafo 3, de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, para la época de los hechos del caso concreto señalaba
que «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos,
jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la
Rama Judicial»21.
62. Asimismo, no fue el Consejo Superior de la Judicatura el que modificó la jornada
laboral de la demandante, sino la LEAJ, al disponer la creación de turnos, jornadas
y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías, para lo cual se facultó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura para fijar los días y horas de servicio de los despachos judiciales.
63. Aunque el Decreto 57 de 1993 fue expedido antes de la entrada en vigor del
Sistema Penal Acusatorio, los decretos salariales posteriores han reiterado la
prohibición de reconocer emolumentos distintos de los previstos de forma expresa.
64. En consecuencia, no es posible la remisión al Decreto 1042 de 1978, pues el
reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos allí previsto se limita a
algunos cargos operativos de la Rama Ejecutiva. Su campo de aplicación está
restringido por disposición del legislador a dicha Rama y a los empleados de los
niveles expresamente determinados. Ni siquiera dentro de la propia Rama Ejecutiva
procede su aplicación a niveles de remuneración no autorizados.
65. Los servidores de la Rama Judicial y los de la Rama Ejecutiva cuentan con
regímenes salariales y prestacionales distintos, lo que no significa un tratamiento
20 «Artículo 10.- Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en
desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
21 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-713 de 2008, dijo que con estos preceptos se
busca dar celeridad y eficiencia a la administración de justicia sin alterar las limitaciones de orden
presupuestal, por ello lo declaró exequible.
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desigual o discriminatorio, por no ser equiparables y responder «cada uno de ellos a
los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado de
responsabilidad y calificación profesional requerida»22.
66. De hecho, los decretos anuales de escalas salariales en la Rama Ejecutiva
establecieron que el pago de horas extras y de trabajo en domingos y festivos, así
como los descansos compensatorios regulados en el Decreto 1042 de 1978, solo
procede para empleados del nivel técnico hasta el grado 9 o del nivel asistencial
hasta el grado 19. Tal clasificación es ajena a la de la Rama Judicial y en nada
equiparable a un juez de control de garantías, cuyas funciones, salario y categoría
son sustancialmente superiores.
67. Por lo tanto, no existe un vacío normativo y el Decreto 1042 de 1978 únicamente
se aplica a los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los niveles
antes señalados.
68. En igual sentido, esta Subsección ha precisado que no es procedente acudir de
manera analógica al Decreto 1042 de 1978, puesto que su campo de aplicación
corresponde exclusivamente a la Rama Ejecutiva, lo que excluye los regímenes
especiales como el de la Rama Judicial. Además, existe regulación especial: el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que establece que todos los días y horas son
hábiles para el ejercicio de la función penal. En consecuencia, los turnos asignados
deben entenderse prestados en días y horas hábiles, no generan un nuevo
emolumento y ya se encuentran compensados con descansos remunerados. Al
respecto ha señalado23:
«[…] no se le otorgó un efecto diferente al contenido del artículo 157 de la Ley
906 de 2004 (norma que regula la oportunidad para que las autoridades
penales adelanten las correspondientes indagaciones y, en ese sentido, señala
que “[…] todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esa función”),
sino que se concluyó, conforme al régimen salarial aplicable al actor, que no
era procedente ordenar un pago adicional por concepto de los turnos que le
fueron asignados como empleado adscrito al Juzgado Primero (1º) y (6º)
Penales Municipales con Función de Control de Garantías.
Lo anterior, porque, en primer lugar, los turnos asignados al tutelante se deben
entender como prestados en días y horas hábiles, de conformidad con el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004, y su prestación no tenía la virtud de
modificar su régimen salarial, en cuanto a incluir un nuevo emolumento9 ; y, en
segundo lugar, ya le habían sido retribuidos aquellos con días de descanso
compensatorio, por lo que no resultaba procedente ordenar un reconocimiento
económico diferente a la remuneración mensual ordinaria que devengaba por
el cumplimiento de sus funciones.
De igual modo, las autoridades accionadas también determinaron que no era
procedente acudir de manera analógica a las disposiciones que sobre
remuneración de trabajo suplementario contempla el Decreto 1042 de 1978,
puesto que su campo de aplicación corresponde a los aspectos prestacionales
que atañen a los servidores de la Rama Ejecutiva, lo que excluye a los
regímenes especiales, como el de la Rama Judicial.
22 Sentencia C – 402 de 2013. Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, al estudiar la limitación
del ámbito de aplicación del decreto 1042 de 1978 a los empleados de la Rama Ejecutiva.
23 Sección segunda, subsección B, fallo de 7 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-
02273-00, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Además, no se advierte un vacío normativo que dé lugar a la aplicación del
mentado Decreto 1042, toda vez que, tal como se indicó en precedencia, existe
una disposición especial que regula la jornada laboral de los funcionarios que
prestan sus servicios en el sistema penal acusatorio, esto es, el artículo 157 de
la Ley 906 de 2004, por consiguiente, carece de fundamento jurídico tener en
cuenta disposiciones que prevén el régimen salarial de servidores que
desempeñan labores cuya naturaleza es diferente.
Por otra parte, tampoco es de recibo la afirmación de que el fallo atacado
desconoce las garantías mínimas establecidas en la Ley 4ª de 1992, que
preceptúa que el horario laboral no puede ser superior a ocho (8) horas diarias,
porque si bien es cierto que los turnos fijados por el Consejo Superior de la
Judicatura no se contemplaron para cumplirse en la jornada ordinaria del actor,
sino durante los días sábados, domingos y festivos, también lo es que estos
deben entenderse compensados a través de los descansos remunerados.
Además, vale la pena señalar que dichos turnos fueron establecidos para
garantizar la prestación continua de la justicia penal que se constituye en la
principal garantía para los ciudadanos de la celeridad con la que las
autoridades deben actuar ante la comisión de los delitos y la persecución de
los presuntos responsables».
69. En cuanto al alegado desconocimiento del derecho a la igualdad, valga señalar
que los funcionarios judiciales con función de control de garantías no están
desprotegidos en sus derechos, pues, aunque no reciben los emolumentos
reclamados, sí reciben un salario superior a los niveles de cargos de la Rama
Ejecutiva para los que se reconocen los incentivos. Además, el legislador dispuso
para ellos el reconocimiento de descansos compensatorios y el pago del salario
ordinario, incluso en los días en que no prestan servicio.
70. Tampoco se vulnera frente a otros jueces de la Rama Judicial que no cumplen
turnos en fines de semana o festivos, ya que estos últimos no reciben descansos
compensatorios. Las funciones de un juez de control de garantías son distintas de
las de los demás jueces, por lo que no son situaciones asimilables.
71. El régimen especial no desconoce la garantía de jornada máxima de 8 horas
prevista en la Ley 4ª de 1992. Aunque los turnos fijados por el Consejo Superior de
la Judicatura no coinciden con la jornada ordinaria, se entienden compensados con
descansos remunerados. Además, estos turnos garantizan la prestación continua
de la justicia penal, principal garantía de celeridad en la persecución del delito.
72. Dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama Judicial
que rige la remuneración de estos servidores, no se prevé el derecho a las horas
extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados, como se reguló
en los acuerdos citados en el acápite precedente.
73. La función de control de garantías comporta naturaleza permanente, lo que hace
que se privilegien las necesidades del servicio y por ello todos los días y horas son
hábiles para quienes la ejercen. En consecuencia, no hay lugar al pago de recargos,
pues aquellos laboran en su horario habitual.
74. De allí que prevalezca la normativa especial sobre la general, en atención a la
naturaleza de la función de control de garantías, lo que impide equiparar el régimen
de la Rama Ejecutiva con el de la Judicial.
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75. Además, el caso concierne a funcionarios en cargos de dirección dentro de la
Rama Judicial (art. 125 de la Ley 270 de 1996), que exigen calificaciones
profesionales especiales y que reciben una contraprestación acorde con la
importancia de sus funciones, lo que los hace incompatibles con las reglas de
jornada de la Rama Ejecutiva.
76. No se trata, pues, de un cargo ordinario, sino de jueces que cumplen funciones
ininterrumpidas y permanentes, para quienes todos los días y horas son hábiles.
Por ello, cuando cumplen funciones en domingos, nocturnos o festivos, únicamente
tienen derecho a descansos remunerados compensatorios.
77. En consecuencia, la demandante no tiene derecho al pago doble por laborar
sábados, domingos, festivos o días de descanso obligatorio, ni a horas extras o a la
reliquidación de prestaciones sociales, ya que pertenece al régimen especial salarial
de la Rama Judicial, que solo prevé descansos compensatorios, conforme con el
Decreto 57 de 1993 y la Ley 4ª de 1992. La especial naturaleza de la función de
control de garantías, como servicio público esencial, excluye la aplicación por
analogía del régimen de la Rama Ejecutiva.
78. En ese orden de ideas, no resulta procedente acceder a las pretensiones de pago
de trabajo suplementario para los jueces de control de garantías, toda vez que, en
relación con su jornada laboral, todos los días y horas son hábiles.
79. Ahora bien, no desconoce la Sala que en la sentencia del 27 de junio de 2024,
expediente 66001-23-33-000-2017-00523-01 (5027-2019), esta Subsección
reconoció el pago de horas extras y recargos a una secretaria judicial.
80. No obstante, no resulta aplicable al presente asunto, toda vez que aquella se
pronunció respecto de una secretaria de juzgado con conocimiento de funciones de
control de garantías, es decir, una empleada de apoyo adscrita a la Rama Judicial,
sin la calidad de juez ni la condición de cargo de dirección. Por el contrario, la
demandante ostenta la calidad de juez de control de garantías, cargo de dirección
sujeto a un régimen especial regulado por el Decreto 57 de 1993 y la Ley 270 de
1996. Este régimen excluye expresamente el reconocimiento de horas extras,
recargos por trabajo en domingos y festivos o doble remuneración, limitándose
únicamente a descansos compensatorios por turnos asignados.
81. Cabe señalar que el Decreto 1042 de 1978, que regula las horas extras,
dominicales y festivos, solo aplica a empleados de la Rama Ejecutiva en niveles
técnicos y asistenciales específicos, lo que refuerza la imposibilidad de trasladar sus
disposiciones al régimen especial de la Rama Judicial.
82. Asimismo, el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 regula expresamente la jornada
de los funcionarios del Sistema Penal Acusatorio, para lo cual establece que todos
los días y horas son hábiles para el ejercicio de la función de control de garantías,
y que los turnos prestados deben entenderse compensados mediante descansos
remunerados.
83. Por estas razones, las conclusiones de la sentencia citada no pueden trasladarse
al presente caso. Las diferencias sustanciales en la calidad del cargo, las
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responsabilidades funcionales y el régimen salarial aplicable hacen que su
invocación carezca de relevancia jurídica y resulte improcedente como fundamento
para la pretensión de reconocimiento de horas extras o pagos adicionales.
84. Ahora, valga señalar que la sentencia del 3 de julio de 2025 24, la Subsección A
de esta Sección, al estudiar un asunto similar al aquí estudiado, consideró lo
siguiente:
«25. La Sala negará al amparo solicitado por la accionante, por las razones que
a continuación se exponen
[…]
29. Así, se observa que la autoridad judicial accionada, indicó que el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, mediante el cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial que se
vincularan al servicio. Adicionalmente, señaló que en este no se consagró
alguna norma frente el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y
días de descanso obligatorio a su favor.
30. Expuso que el parágrafo 3 del artículo 63 de la Ley 270 de 1996 estableció
que «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará
los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la
función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen
salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial». Asimismo, señaló que
Corte Constitucional, en la Sentencia C-713 de 2008, determinó que estas
disposiciones corresponden a normas operativas, que pretenden imprimir
celeridad y eficiencia en la administración de justicia, sin alterar las limitaciones
de orden presupuestal.
31. De igual forma, indicó que el numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de
1996 estableció que a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la
Judicatura les corresponde, entre otras funciones, fijar los días y horas de
servicio de los despachos judiciales. En ese sentido, expuso que la corporación
precitada, en el Acuerdo No. 2892 de 200525, señaló que “las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, con jurisdicción
en los Distritos Judiciales que se incorporen al Sistema Penal Acusatorio,
concederán a los Jueces y empleados, que prestan sus servicios en días y
horarios que generan compensatorios, los descansos remunerados conforme
a la Ley”.
32. Ahora bien, sostuvo que la Ley 906 de 2004 privilegió la necesidad del
servicio y determinó que, para los efectos, todos los días y horas son hábiles,
motivo por el cual, no hay lugar a recargos, ya que este es el horario habitual
en que se desarrollan las labores. En consecuencia, afirmó que el artículo 157
de la Ley 906 de 2004 consagra una norma especial que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, se aplica de preferencia a las
disposiciones generales, por lo que no es posible extender el régimen previsto
en el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama Judicial de manera
supletiva, tal y como reconoció el Consejo de Estado, en sede de tutela26.
[…]
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2025, radicación
11001-03-15-000-2025-03070-00, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
25 «Por el cual se define el procedimiento para otorgar los compensatorios para los servidores
incorporados al sistema penal acusatorio».
26 «Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 20 de noviembre de 2019. Rad. 11001-03-15-
000-2019-04124-00. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de mayo de 2019. Rad
11001-03-15-000-2019-00149-01».
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34. Analizado lo anterior, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en virtud del estudio normativo y jurisprudencial efectuado,
encontró que no era procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978,
por cuanto el accionante no hacía parte de la Rama Ejecutiva sino de la Rama
Judicial, régimen especial, en el cual según los artículos 63 de la Ley 270 de
1996 (parágrafo 3) y el 157 de la Ley 906 de 2004, todos los días y horas son
hábiles para el ejercicio de la función de control de garantías, por lo que no se
generaba derecho a devengar el pago de los turnos cumplidos domingos y/o
festivos, sino el pago de días compensatorios de descanso.
35. Así, se tiene que en ningún momento la autoridad accionada efectuó un
examen equivocado de las normas del régimen prestacional de los funcionarios
y empleados judiciales; contrario a ello, explicó tales disposiciones, en especial,
las que rigen a quienes están incluidos en el Sistema Penal Acusatorio y
ejecutan función de control de garantías y coligió, bajo una interpretación
razonable, amparado en los principios de autonomía e independencia judicial
(artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la improcedencia del doble
reconocimiento salarial, situación que no constituye ningún yerro.
36. En esos términos, la Sala concluye que el cargo formulado no tiene
vocación de prosperidad, comoquiera que la corporación tutelada fue precisa
en señalar que no existía un vacío legal para regular la situación de la
accionante y determinó, de manera razonada, cuál era el marco normativo
aplicable a su caso y, con ello descartó, además, la aplicación por vía de
analogía del Decreto 1042 de 1978».
85. Asimismo, indicó que «en relación con la Sentencia proferida por la Subsección B de
esta Sección del 27 de junio de 2024, con radicado No. 66001-23-33-000-2017-00523- 01
(5027-2019), se repara en que esta no constituye precedente judicial en los términos de la
Ley 1437 de 2011, por lo que mal podría exigírsele a la autoridad accionada aplicar
únicamente la postura allí asumida, especialmente cuando no existe un criterio unificado al
interior de esta Sección».
86. Con fundamento en lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida el 30 de
junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.4. Costas
87. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00321-01 (6629-2023)
Demandante: Lyda Astrid Muñoz Aponte
89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma27.
90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
91. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
92. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso concreto la
demandante no tiene derecho al reconocimiento del trabajo suplementario y sus
consecuenciales. Lo anterior, toda vez que:
92.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, regulado por el Decreto
57 de 1993 y la Ley 4ª de 1992, no dispone el pago de horas extras, recargos
dominicales o festivos, sino únicamente descansos compensatorios.
92.2. Los turnos y jornadas de los jueces de control de garantías, establecidos para
garantizar la prestación continua de la justicia penal, se consideran prestados en
días y horas hábiles y se compensan mediante descansos remunerados.
92.3. No es procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978, pues este se
limita a empleados de la Rama Ejecutiva y no regula cargos de dirección o jueces.
92.4. Ladiferencia en regímenes salariales entre la Rama Judicial y la Rama
Ejecutiva no constituye discriminación, sino un reconocimiento de la naturaleza
especial de las funciones y responsabilidades de cada cargo.
92.5. La demandante, como juez de control de garantías, no tiene derecho a pagos
adicionales por turnos en fines de semana o festivos, ya que su salario ordinario y
los descansos compensatorios cubren su jornada laboral.
93. En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida el 30 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
27En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Lyda Astrid Muñoz Aponte
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda presentada por Lyda Astrid Muñoz
Aponte contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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