Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-03070-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-03070-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03070-00
Accionante: Romelia Nanclares Vélez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de dominicales y festivos. Ausencia de
los defectos invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Romelia Nanclares Vélez en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 21 de mayo de 2025, Romelia Nanclares Vélez, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa), igualdad, acceso a la
administración de justicia, mínimo vital y móvil y trabajo, así como de los principios
de favorabilidad laboral, seguridad jurídica e irrenunciabilidad a los derechos
laborales.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia
proferida el 21 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
05001-33-31-001-2016-00887-01 y, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial
precitada dictar una nueva providencia en la que se apliquen los postulados
constitucionales expuestos en la presente decisión y se advierta sobre «el deber de
garantizar la primacía de los derechos constitucionales protegidos […] en atención
al requerimiento expuesto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, el 27 de junio de 2024 [en el proceso con radicado] 66001-23-33-000-2017-
00523-01».
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Accionante: Romelia Nanclares Vélez
4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, Romelia Nanclares
Vélez afirmó que labora en calidad de secretaria en el Juzgado 4 Penal Municipal
con función de control de garantías de Medellín, que cumple desde la creación del
cargo en la Ley 906 de 2004 y el Acuerdo 3023 de 2005 del Consejo Superior de la
Judicatura.
5. Indicó que, a través de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No.
DESAJM 14-4188 del 12 de junio de 2014 y del acto ficto presunto negativo derivado
del silencio administrativo del recurso de apelación que presentó contra el anterior
acto administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordenara el pago de los dominicales y festivos laborados desde el 2008 al 2016 y el
pago de las respectivas prestaciones sociales.
6. Para fundamentar lo anterior, sostuvo que a pesar de que labora de manera
permanente domingos y festivos, únicamente se ha establecido para su pago, por
cada día festivo laborado, un día de descanso remunerado, sin que se atienda el
pago que ordinariamente se debe asignar a quien labora en día festivo, que
corresponde al pago doble más un día de descanso remunerado
7. El 21 de marzo de 2019, el Juzgado 1 Administrativo de Medellín accedió a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, afirmó que la demandante, en calidad
de oficial mayor o secretaria, laboró para los Juzgados 9 y 4 Penales Municipales
de Medellín, ambos con funciones de Control de Garantías, por lo que le
correspondió trabajar sábados, domingos y festivos.
8. En ese sentido, ante la inexistencia de una norma que regule ese aspecto para
los servidores de la Rama Judicial, indicó que lo procedente era acudir al artículo
39 del Decreto 1042 de 1978, por lo que la demandante tenía derecho, además del
compensatorio previamente otorgado, a que los sábados, domingos y festivos se
remuneren por el doble del valor del día y sin perjuicio de la remuneración ordinaria
del servidor, con fundamento en los principios laborales de dignidad, salario justo e
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos y favorabilidad, protegidos por la
Constitución Política y por los tratados internacionales sobre derechos laborales.
9. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión, para lo cual, entre otras cosas, indicó que no existe norma alguna que le
permita a la administración el pago reclamado de dominicales, festivos y horas
extras y el Decreto 1042 de 1978 va dirigido a los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva.
10. El 21 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que no era procedente asumir por analogía la normativa establecida
para los funcionarios de la Rama Ejecutiva del poder público como el Decreto 1042
de 1978, ya que la demandante en su calidad de empleada judicial tiene un régimen
especial, en el cual no estaba previsto el pago de dominicales y festivos.
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11. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al expedir la providencia del 21 de noviembre de 2024,
desconoció el «precedente» fijado por los juzgados administrativos de Medellín y
por el mismo Tribunal2, mediante el cual se ha reconocido los derechos laborales
de los empleados de la Rama Judicial que laboran en el sistema de turnos en los
juzgados penales municipales con función de control de garantías, en aplicación
directa del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.
12. Asimismo, manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó de los
criterios interpretativos del Consejo de Estado relacionados con la aplicación del
decreto mencionado para el reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos.
Concretamente, citó las Sentencias de 6 de marzo de 2008, Rad. 05001-23-31-000-
2001-00358-01 (5576-2005); 28 de abril de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2002-
05995-01(0594-05); 27 de junio de 2024, Rad. 66001-23-33-000-2017-00523-01
(5027-2019) y el Concepto No. 1254 del 9 de marzo de la Sala de Consulta y
Servicio Civil.
13. Adicionalmente, indicó que el Decreto 1042 de 1978 es una norma de carácter
nacional aplicable a empleados del nivel ejecutivo y, por analogía, a los de la Rama
Judicial. Expuso que la interpretación de la autoridad judicial demandada fue errada,
en el entendido que la norma precitada debía aplicarse ante el vacío de las
disposiciones especiales sobre la remuneración de las jornadas habituales
laboradas en domingos y festivos para los servidores judiciales regidos por el
sistema de turnos, con el propósito de garantizar el derecho a la remuneración justa.
14. Señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Política, el principio de favorabilidad debe aplicarse a todo trabajador, pues a este
se tiene la obligación de retribuir el salario en condiciones dignas y justas, de no
reconocerse se niegan dichos derechos constitucionales y el acceso a la justicia.
Además, sostuvo que existe desigualdad laboral entre un empleado que descansa
los domingos y festivos con horarios ordinarios de trabajo de la Rama Judicial, frente
a otro empleado de esa misma entidad, que labora dichos días por el sistema de
turnos especial previamente programado por su mismo empleador, sin la
remuneración adicional.
Intervenciones3
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la acción de tutela, para lo cual afirmó que no existe disposición
alguna que conceda el derecho a la remuneración de las horas extras, dominicales
2
El accionante refirió los siguientes pronunciamientos judiciales: rad. 05001-33-31-029-2011-00507-01, rad. 05001-33-31-
020-2011-00510-01, rad. 05001-33-31-005-2011-00493-02; rad. 05001-3331-022-2014-00180-01, rad. 05001-33-31-004-
2011-00516 00, rad. 05001-33-31-025-2015-01204-00, rad. 05001-33-33-027-2014-01234-00, rad. 05001-33-33-022-2015-
01351-00, rad. 05001-33-33-017-2015-00688-00, rad. 05001-33-33-025-2016-00315-00, rad. 05001-33-33-027-2016-00793-
00, rad. 05001-33-33-022-2014-00180-00, rad. 05001-33-33-084-2015-00489-00, rad. 05001-33-33-025-2017-00150-00, rad.
05001-33-33-012-2017-00016-00 y 05001-33-33-015-2015-00985-00.
3
El 23 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión admitió la acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y vinculó a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y al
Juzgado 1 Administrativo de Medellín, como terceros interesados en los resultados del proceso.
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y festivos a los servidores judiciales, sino que únicamente se consagra el derecho
al descanso remunerado.
16. Asimismo, indicó que el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 establece que todos
los días y horas son hábiles, para efecto de las actuaciones que se deban desarrollar
ante los jueces de control de garantías. En virtud de lo anterior, se expidió el artículo
1 del Acuerdo No. 2732 de 2004, mediante el cual se fijaron turnos para la prestación
del servicio y el Acuerdo No. 2892 de 2005, a través del cual se establecieron
compensatorios para los funcionarios y empleados del sistema penal.
17. Esclareció que si bien en decisiones anteriores se otorgó el derecho al
reconocimiento y pago de las horas extras y dominicales a favor de los funcionarios
y empleados de los juzgados con funciones de control de garantías, un nuevo
análisis de la normativa aplicable le permitió advertir que de conformidad con el
artículo 8 de la Ley 153 de 1887, debe aplicarse de manera preferente la norma
especial sobre la general, razón por la cual consideró desacertado aplicar el Decreto
1042 de 1978 a los miembros de la Rama Judicial.
18. Finalmente, indicó que, en la providencia censurada, no desconoció el
principio de favorabilidad, ya que en el asunto bajo estudio no se presentó duda
respecto de la norma procedente, comoquiera que la situación de la demanda se
rige por las reglas aplicables a los empleados de la Rama Judicial. En esos términos,
solicitó negar el amparo invocado por la parte accionante.
19. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
manifestó que no es procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978 a los
empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Al respecto, explicó que el artículo
39 de la disposición mencionada está dirigido a regular la prestación del servicio de
empleados del nivel operativo de la Rama Ejecutiva, por lo que no puede emplearse
a los servidores del ámbito del ámbito de la Rama Judicial, tal como lo interpretó la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en la Circular No.
PSAC05-84 de 2005, al regular el tema de los compensatorios de los servidores
judiciales.
20. Añadió que el legislador, en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, estableció
una situación especial para los jueces y empleados de los juzgados penales con
funciones de control de garantías, determinando por la naturaleza de su labor, que
todos los días y horas son hábiles para su ejercicio.
21. Así, sostuvo que como autoridad administrativa está sometida al imperio de la
ley y obligada a aplicar el derecho vigente, tal y como lo hizo en la expedición de los
actos administrativos cuestionados. Además, precisó que si bien es cierto que
existen pronunciamientos favorables a los demandantes, también lo es que hay
innumerables sentencias que han negado pretensiones como las que aquí se
formulan4. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia.
4
Entre otras, citó la sentencia emitida el 27 de mayo de 2021 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado con radicado 66001-23-33-000-2017-00303-01 (4970-19).
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II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
22. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que el análisis del presente asunto se centrará en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política por ser los que mejor se adecúan a los argumentos expuestos por la parte
accionante en el escrito de tutela.
Problema jurídico
23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al expedir la Sentencia de 21 de noviembre de 2024,
incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y/o violación
directa de la Constitución Política, tras considerar inaplicable el Decreto 1042 de
1978 a la situación particular de la parte actor y, por ende, vulneró los derechos
invocados por ella.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso (defensa), igualdad, acceso a la administración de
justicia, mínimo vital y móvil y trabajo, se argumentaron con suficiencia los reparos
alegados, los cuales se encajaron en las causales específicas mencionadas y no se
centran en aspectos de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2)
se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que Romelia
Nanclares Vélez es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas, y el Tribunal Administrativo de Antioquia fue la autoridad que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 21 de mayo de 2025, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 21 de
noviembre de 20245; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho
de realizarse el estudio sin un adecuado análisis normativo y jurisprudencial; (6) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
5
La providencia fue notificada por mensaje de datos el 25 de noviembre de 2024.
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Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
25. La Sala negará al amparo solicitado por la accionante, por las razones que a
continuación se exponen:
26. Romelia Nanclares Vélez solicitó la protección de sus derechos fundamentales
debido proceso (defensa), igualdad laboral, acceso a la administración de justicia,
mínimo vital y móvil y trabajo, así como el principio de favorabilidad laboral,
seguridad jurídica e irrenunciabilidad a los derechos laborales, los cuales estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al expedir la Sentencia del
21 de noviembre de 2024.
27. Para el efecto, afirmó que la autoridad judicial referida incurrió en defecto
sustantivo, al negar la aplicación del Decreto 1042 de 1978 para efectos de acceder
al reconocimiento salarial reclamado, en el entendido que dicha disposición, de
carácter nacional, rige a los empleados del nivel ejecutivo y por analogía a los de la
Rama Judicial. Señaló que la norma precitada debe aplicarse ante el vacío de las
disposiciones especiales sobre la remuneración de las jornadas laboradas en
dominicales y festivos para los servidores judiciales regidos por el sistema de turnos,
pues el propósito es garantizar el derecho a una remuneración justa del trabajador.
28. Pues bien, para resolver la anterior inconformidad, así como las relativas al
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución
Política, es necesario analizar los argumentos en que se cimentó la autoridad
accionada para revocar la sentencia proferida por el Juzgado 1 Administrativo de
Medellín y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
29. Así, se observa que la autoridad judicial accionada, indicó que el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, mediante el cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial que se
vincularan al servicio. Adicionalmente, señaló que en este no se consagró alguna
norma frente el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y días de
descanso obligatorio a su favor.
30. Expuso que el parágrafo 3 del artículo 63 de la Ley 270 de 1996 estableció
que «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los
turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de
control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y
prestacional vigente en la Rama Judicial». Asimismo, señaló que Corte
Constitucional, en la Sentencia C-713 de 2008, determinó que estas disposiciones
corresponden a normas operativas, que pretenden imprimir celeridad y eficiencia en
la administración de justicia, sin alterar las limitaciones de orden presupuestal.
31. De igual forma, indicó que el numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996
estableció que a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura les
corresponde, entre otras funciones, fijar los días y horas de servicio de los
despachos judiciales. En ese sentido, expuso que la corporación precitada, en el
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Accionante: Romelia Nanclares Vélez
Acuerdo No. 2892 de 20056, señaló que «las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, con jurisdicción en los Distritos Judiciales que se
incorporen al Sistema Penal Acusatorio, concederán a los Jueces y empleados, que
prestan sus servicios en días y horarios que generan compensatorios, los
descansos remunerados conforme a la Ley».
32. Ahora bien, sostuvo que la Ley 906 de 2004 privilegió la necesidad del servicio
y determinó que, para los efectos, todos los días y horas son hábiles, motivo por el
cual, no hay lugar a recargos, ya que este es el horario habitual en que se
desarrollan las labores. En consecuencia, afirmó que el artículo 157 de la Ley 906
de 2004 consagra una norma especial que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley 153 de 1887, se aplica de preferencia a las disposiciones generales, por
lo que no es posible extender el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a los
miembros de la Rama Judicial de manera supletiva, tal y como reconoció el Consejo
de Estado, en sede de tutela7.
33. Así las cosas, frente al caso en concreto, expuso lo siguiente:
«[…] La señora Romelia Nanclares Vélez presentó demanda en el medio de control
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura. Pretende la nulidad de la Resolución No.
DESAJM14 4188 del 12 de junio de 2014 y del acto ficto presunto negativo, mediante
el cual, se presume se niega la apelación del recurso concedido mediante la Resolución
No. DESAJMR14-4464 del 29 de julio de 2014 y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene el pago de los domingos y festivos laborados, desde el año 2008
al 2016 y el pago de las respectivas prestaciones sociales
Se encuentra probado que, desde el 13 de febrero de 2008, la señora Romelia
Nanclares Vélez ingresó a laborar con el Juzgado Noveno Penal Municipal con
funciones de control de garantías hasta el 2011 y en el Juzgado Cuarto Penal Municipal
a partir del 1 de junio de 2012 hasta el año 2017.
Se advierte que el 12 de mayo de 2014, la demandante presentó la siguiente petición
a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín:
“…1. Se ordene con asignación presupuestal, la reliquidación de las prestaciones
salariales y prestacionales donde se incluya, el pago que ordinariamente le
corresponde a mi representado por haber laborado los días domingos y festivos,
junto con los recargos nocturnos respectivos, de los años 2006 en adelante para
la correcta prestación del servicio, durante el tiempo que esté debidamente
certificado como laborado, por la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales
de Medellín y/o el Consejo Seccional de la Judicatura, según sea el caso, en
especial programados según sea el caso, en especial programados según
Resoluciones expedidas por esta entidad, números 266 de 5 diciembre de 2005,
392 de 28 de noviembre de 2006, 190 de 14 de abril de 2008, 914 de 30 de
noviembre de 2009, 001 del 06 de enero de 2009, la dictada en el año 2010, para
la prestación del servicio de la anualidad 2011, y la dictada en el año 2011 para
la prestación del servicio en el año 2011 y la que se haya dictado para el año
2013 y 2014.
2. Se reliquiden todos los rubros correspondientes frente a todo lo que
corresponda por asignaciones salariales y prestaciones sociales, conforme a lo
ordenado en el numeral anterior, durante los años laborados en aquellos días
con los recargos nocturnos respectivos y horas extras incluidas.
6
«Por el cual se define el procedimiento para otorgar los compensatorios para los servidores incorporados al sistema penal
acusatorio».
7
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 20 de noviembre de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2019-04124-00.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de mayo de 2019. Rad 11001-03-15-000-2019-00149-01.
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Accionante: Romelia Nanclares Vélez
3. Se ordene el traslado del monto porcentual de dichas asignaciones en la
liquidación de cesantías (doceava-rubro prima especial) al fondo de Cesantías
correspondiente, junto con los intereses que dichos valores han alcanzado por
corresponder a intereses a las cesantías.
4. En lo sucesivo, frete a cualquier liquidación salarial y de prestación social, sea
incluido dicho concepto a favor de mi representado.”
Mediante Resolución No. DESAJMR14-4188 del 12 de junio de 2014 “Por medio de la
cual se resuelve una petición”, se negó lo solicitado por la demandante al considerarse
que:
“Dado lo anterior, se encuentra que los Acuerdos No 2892 de 2005, No. 3023 de
2005, No. 3399 de 2006, No. 4711 de 2008, y No. 4597 de 2008 y establecieron
la entidad encargada y el procedimiento para disfrutar los compensatorios en el
Sistema Penal Acusatorio mientras el funcionario se encuentra laborando, así
como el disfrute de los días de vacaciones laborados. En tal sentido la Sala
Administración del Consejo Seccional de la Judicatura anualmente emite las
Resoluciones pertinentes para la compensación de dichos días.
De otra parte y si bien se hace alusión al Decreto 1042 de 1978, es importante
que se tenga en cuenta que dicha norma es específica para funcionarios de la
Rama Ejecutiva del poder público, por cuanto la misma dispone: “por el cual se
establece el sistema de nomenclatura y clasificación a los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las
escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras
disposiciones”, por lo tanto no es una norma aplicable a la Rama Judicial, en
donde existe una normatividad específica y diferente a la antes citadas.
Por lo tanto, no le es dable a la Dirección Seccional de Administración Judicial
interpretar una situación diferente frente al sistema de compensatorios, cuando
la norma es clara al regular el tema. Y en tal sentido es nuestro deber dar
cumplimiento a la Ley 270 de 1996, la cual en su artículo 63 A habla de la no
alteración del régimen salarial, (…)”
Está probado frente a la anterior decisión que la señora Romelia Nanclares Vélez
presentó recurso de apelación, el cual se concedió mediante la Resolución No.
DESAJMR14-4464 del 29 de julio de 201418, no obstante, hasta la fecha de
presentación de la demanda, la entidad no había otorgado respuesta alguna.
Considera la entidad demandada que no existe norma que permita realizar el pago de
los dominicales y festivos laborados, pues no obra normatividad que lo regule para los
empleados y funcionario de la Rama Judicial. Efectivamente, al existir un régimen
salarial especial de la Rama Judicial, no es procedente asumir por analogía, la
normativa establecida para los funcionarios de la Rama Ejecutiva del poder público
como el Decreto 1042 de 1978.
En consecuencia, la Corporación revocará la sentencia proferida el 21 de marzo de
2019, por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Medellín, que accedió
a las pretensiones de la demanda […]».
34. Analizado lo anterior, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud del estudio normativo y jurisprudencial efectuado, encontró que
no era procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978, por cuanto el
accionante no hacía parte de la Rama Ejecutiva sino de la Rama Judicial, régimen
especial, en el cual según los artículos 63 de la Ley 270 de 1996 (parágrafo 3) y el
157 de la Ley 906 de 2004, todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de la
función de control de garantías, por lo que no se generaba derecho a devengar el
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pago de los turnos cumplidos domingos y/o festivos, sino el pago de días
compensatorios de descanso.
35. Así, se tiene que en ningún momento la autoridad accionada efectuó un
examen equivocado de las normas del régimen prestacional de los funcionarios y
empleados judiciales; contrario a ello, explicó tales disposiciones, en especial, las
que rigen a quienes están incluidos en el Sistema Penal Acusatorio y ejecutan
función de control de garantías y coligió, bajo una interpretación razonable,
amparado en los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y
230 de la Constitución Política), la improcedencia del doble reconocimiento salarial,
situación que no constituye ningún yerro.
36. En esos términos, la Sala concluye que el cargo formulado no tiene vocación
de prosperidad, comoquiera que la corporación tutelada fue precisa en señalar que
no existía un vacío legal para regular la situación de la accionante y determinó, de
manera razonada, cuál era el marco normativo aplicable a su caso y, con ello
descartó, además, la aplicación por vía de analogía del Decreto 1042 de 1978.
37. Ahora bien, con respecto a la causal de desconocimiento del precedente
judicial, la Sala advierte que las sentencias proferidas por el Consejo de Estado el
6 de marzo de 2008, Rad. 05001-23-31-000-2001-00358-01 (5576-2005), y el 28 de
abril de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2002-05995-01(0594-05), así como el
Concepto No. 1254 de 9 de marzo de 2000 de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
no guardan similitud fáctica ni jurídica con la situación de la señora Romelia
Nanclares Vélez.
38. En efecto, en la primera de las mencionadas, la gerente del Hospital General
de Medellín ESE solicitó el reconocimiento y pago de la totalidad de los domingos y
festivos laborados, el pago de horas extras por haber laborado jornadas semanales
superiores a 44 horas y la indexación correspondiente a dichos valores. La
Subsección B de esta Sección concluyó que la jornada ordinaria de trabajo de los
empleados públicos del orden territorial está contenido en el Decreto 1042 de 1978.
Sin embargo, se declaró inhibida para conocer de las pretensiones concretas del
asunto, ante la insuficiencia probatoria en el caso.
39. Por su parte, se observa que en la Sentencia del 28 de abril de 2010 se resolvió
una reclamación de un funcionario de la Rama Judicial del reconocimiento y pago
en dinero de las vacaciones proporcionales al tiempo laborado, por haber operado
el retiro del servicio. Caso en el cual se accedió a lo pretendido con fundamento en
que, si bien el régimen especial de la Rama Judicial no prevé el pago compensado
de las vacaciones, sí permite pagar fraccionadamente el derecho a la prima de
vacaciones, prestación que se causa de forma dependiente al reconocimiento de
vacaciones. Igualmente, consideró para tal efecto, el artículo 21 del Decreto 1045
de 1978, que sí prescribe el pago proporcional de vacaciones en términos
específicos.
40. Asimismo, se denota que el Concepto No. 1254 de Sala de Consulta y Servicio
Civil versó sobre la procedencia o no del reconocimiento y pago de horas extras,
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recargos nocturnos, festivos y dominicales al personal del Hospital Militar Central,
estableciéndose que en materia salarial y prestacional los empleados públicos y
trabajadores oficiales vinculados al Hospital Militar Central debían regirse por el
régimen especial que habría de dictar el Gobierno Nacional, entre tanto, para
efectos del reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales
y festivos, debía acudirse a la aplicación de las normas generales contenidas en el
Decreto 1042 de 1978.
41. Finalmente, en relación con la Sentencia proferida por la Subsección B de esta
Sección del 27 de junio de 2024, con radicado No. 66001-23-33-000-2017-00523-
01 (5027-2019), se repara en que esta no constituye precedente judicial en los
términos de la Ley 1437 de 2011, por lo que mal podría exigírsele a la autoridad
accionada aplicar únicamente la postura allí asumida, especialmente cuando no
existe un criterio unificado al interior de esta Sección.
42. Ahora, con respecto a los pronunciamientos invocados para sustentar el
precedente horizontal, la aquí accionante no allegó copia de las providencias que
invoca como inobservadas, lo cual imposibilita un análisis de fondo de dicho
argumento. En todo caso, debe precisarse que ante las diferencias de criterios entre
las Salas del mismo Tribunal, los magistrados que las integran pueden optar por las
decisiones que determinen, siempre y cuando apliquen en debida forma para la
resolución de los casos la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar
los derechos fundamentales.
43. De otra parte, se observa que la peticionaria del amparo discutió el
desconocimiento del principio de favorabilidad; sin embargo, se repara en que la
autoridad accionada no desconoció la prerrogativa prevista en el artículo 53 de la
Constitución Política, por cuanto en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial, analizó las particularidades del asunto, las pruebas que obraban en el
expediente y la normativa y jurisprudencia aplicable, determinó que no podían
aplicarse, por analogía, las disposiciones previstas para los funcionarios de la Rama
Ejecutiva en el Decreto 1042 de 1978, puesto que la demandante contaba con un
régimen salarial especial, en la cual no estaban consagrados las horas extras ni los
recargos solicitados, de manera que el cargo de violación directa de la Constitución
Política tampoco está llamado a prosperar.
Conclusión
44. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala negará el amparo
solicitado por Romelia Nanclares Vélez, al no haberse estructurado los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política, comoquiera que el Tribunal Administrativo de Antioquia
adoptó su decisión con base en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Romelia Nanclares Vélez
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Romelia Nanclares Vélez en contra
del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.
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