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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00251-02

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00251-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda presentada por Hugo Enrique Zuloaga Niño contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Segundo. Negar las pretensiones de la demanda Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Aclaración de voto Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Radicado: 85001-23-33-000-2021-00251-02 (6906-2024) Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2021-00251-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00251-02 (6906-2024)
Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Trabajo suplementario

Sentencia segunda instancia

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Hugo Enrique Zuloaga Niño presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad del acto ficto negativo originado por la falta de respuesta de
fondo a la petición presentada ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja3 el 24 de julio de 2020, en torno al reconocimiento
y pago de trabajo suplementario.

2. De manera subsidiaria, se declarara la nulidad del Oficio DESAJTUO20-2561 del
11 de septiembre de 2020, mediante el cual la DEAJ dio respuesta parcial a la
petición, específicamente en lo relacionado con la expedición del certificado de
tiempo de servicio y del reporte de acumulados, devengados y deducidos del
demandante.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho

1 En lo que sigue DEAJ
2 En adelante CPACA.
3 En lo sucesivo DESAJ

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

solicitó i) el reconocimiento del valor correspondiente a las horas laboradas con
recargo nocturno dentro de la jornada ordinaria, así como de las horas extras
diurnas, nocturnas, en días ordinarios, dominicales y festivos, junto con el pago del
doble de la asignación básica diaria por cada jornada realizada en día de descanso
obligatorio; ii) la reliquidación de los factores salariales y prestacionales percibidos
y de los aportes al sistema pensional; iii) la indexación de las sumas que llegaren a
ser reconocidas; iv) el pago de los intereses a los que hubiere lugar junto con la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; y v) la condena
en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes la Sala sintetiza los siguientes:

4.1. Hugo Enrique Zuloaga Niño se ha desempeñado en la Rama Judicial como juez
promiscuo municipal de Monterrey (Casanare) desde el 1 de julio de 2005.

4.2. Dentro de sus funciones, se encontraban las de ejercer el control de garantías,
adelantar audiencias preliminares, tales como la legalización de capturas, la
formulación de imputación de cargos, la legalización de allanamientos y la
imposición de medidas de aseguramiento, entre otras, conforme con lo previsto en
la Ley 906 de 2004.

4.3. Para atender dichas diligencias o actuaciones judiciales, debía permanecer en
disponibilidad conforme con los turnos asignados por el Consejo Superior de la
Judicatura, en este caso la Seccional Boyacá y Casanare, lo que implicaba superar
la jornada ordinaria máxima tanto en el día como en la noche, con la inclusión de
domingos y festivos, sin que este tiempo adicional le fuera reconocido ni
remunerado.

4.4. Solicitó a la DESAJ de Tunja el reconocimiento del trabajo suplementario y sus
consecuenciales; no obstante, la entidad a través del Oficio DESAJTUO20-2561 del
11 de septiembre de 2020 no dio respuesta de fondo a la petición; razón por la que
operó «el silencio negativo, sumado a que a la fecha no ha hecho pronunciamiento alguno,
frente la solicitud antes mencionada» (sic).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 93 y 94 de la Constitución
Política; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 de la Ley 5ª de 1969; 33, 39 y 42
del Decreto 1042 de 1978; y 99 de la Ley 50 de 1990; la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948; el Convenio Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia en la Ley 74 de
1968; Declaración Sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de
1998 de la Organización Internacional del Trabajo4; y los convenios 95, 100 y 111
de la OIT.

4 En lo que sigue OIT.

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente5:

6.1. Los actos acusados se expidieron con infracción de las normas en las que
debían fundarse, toda vez que desconocieron el ordenamiento jurídico superior que
regula el concepto de salario, entendido como la retribución directa, periódica y
habitual por el servicio prestado.

6.2. Si bien existe un marco normativo en torno al régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación,
entre ellos el Decreto Ley 717 de 1978, que reguló aspectos relativos a la
remuneración e indicó los días de vacancia y el reconocimiento de compensatorios,
con la implementación del Sistema Penal Acusatorio se establecieron turnos
permanentes que implicaron la prestación continua del servicio, incluso en días
domingos y festivos, sin que se hubiese ajustado el régimen salarial y prestacional
para reconocer la carga laboral impuesta.

6.3. En el caso de la Rama Judicial, aunque el Consejo Superior de la Judicatura ha
expedido varios acuerdos en los que se señalan que los servidores de ese sistema
gozarían del descanso remunerado conforme con la ley en días compensatorios y
el procedimiento para otorgarlos, así como la delegación en las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura la función de organizar
la programación de turnos, y la Circular PSAC05-84 del 4 de noviembre de 2005,
en la cual se definió que, en lo sucesivo y hasta tanto no se surtiera el trámite de
una reglamentación distinta, se aplicaría lo señalado en el Decreto 1888 de 1989,
en el sentido de otorgar compensatorio al día hábil siguiente de la prestación del
servicio para quienes laboraran el sábado, domingo o festivo, sin el reconocimiento
de pago por recargo o remuneración adicional, pese a que se implementaron
labores permanentes. Como consecuencia, ante la ausencia de regulación especial
sobre la jornada laboral, era aplicable el régimen general del Decreto 1042 de 1978.

6.4. La anterior disposición rige en principio, para los empleos que tienen actividades
permanentes o habituales, y que, de laborar los domingos o festivos, tienen derecho
a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio
remunerado, el cual se encuentra incluido en la asignación mensual.

6.5. Así pues, en ausencia de una regulación especial, el ejercicio de la función debía
ajustarse a los derechos mínimos e irrenunciables previstos en la legislación laboral,
entre ellos la jornada máxima, el descanso remunerado, el reconocimiento del
trabajo suplementario y el pago oportuno del salario, beneficios y prestaciones
sociales en los términos establecidos por la ley.

6.6. Por lo tanto, la negativa al reconocimiento de horas extras y recargos configuró
una nulidad por desconocimiento del ordenamiento jurídico, pues esas labores no
podían compensarse únicamente con descanso, sino también con el pago de una
remuneración adicional.

5Samaide Tribunales y Juzgados, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documentos
«1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua 3» y la subsanación de la demanda a índice 8, documento
«13_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_013SUBSANACION2021(.PDF) NroActua 8».

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

6.7. El acto administrativo acusado se encontraba falsamente motivado, ya que no
hizo referencia a «los supuestos probados dentro de la actuación alguna, negando su
existencia a pesar de que los medios de convicción demuestran que labora el demandante
como juez promiscuo municipal, y a cargo del control de garantías de las audiencias
preliminares de tipo penal que le correspondan, dentro de los días ordinarios y fines de
semana, así como los festivos» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

7. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
con fundamento en los siguientes argumentos6:

7.1. De conformidad con el artículo 150, numeral 19, literales d) y e), de la
Constitución, corresponde al Congreso de la República fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, incluidos los miembros del Congreso y de
la Fuerza Pública, así como regular las prestaciones sociales mínimas de los
trabajadores oficiales.

7.2. En ejercicio de tales competencias, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992,
mediante la cual autorizó al gobierno nacional para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial.
Posteriormente, la Ley 270 de 1996 otorgó al Consejo Superior de la Judicatura la
facultad de fijar los días y horas de servicio de los despachos judiciales. Asimismo,
con la Ley 1285 de 2009, que reformó la anterior norma, se reiteró la competencia
de la mencionada corporación para fijar los turnos y la obligación de garantizar la
función de control de garantías, pero también aclaró que con ello no se podía alterar
el régimen salarial y prestacional vigente para la Rama Judicial.

7.3. En este contexto, existen normas especiales aplicables a los servidores de la
Rama Judicial que garantizan tanto el derecho al descanso como la prestación del
servicio de administración de justicia en la especialidad de Control de Garantías del
Sistema Penal Acusatorio, mediante la compensación con tiempo de descanso
cuando, de acuerdo con el sistema de turnos de disponibilidad, se preste
efectivamente el servicio.

7.4. Aunque la jurisprudencia constitucional ha amparado el principio laboral según
el cual a trabajo igual salario igual, ello no implica una «homogenización, sino que las
diferencias salariales no se funden en criterios sospechosos sino conforme a una
justificación objetiva y razonable». Por su parte, el sistema de turnos de disponibilidad
y su compensación con días de descanso, atendió a la diferencia en el servicio que
prestan los juzgados de control de garantías y protege el derecho al descanso.

7.5. Con fundamento en lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura, en los
acuerdos por medio de los cuales se establecen los turnos de disponibilidad, ha
satisfecho la necesidad de garantizar la función de control de garantías mediante la
concesión de un descanso compensatorio al día hábil siguiente al de la prestación
del servicio en sábado, domingo o festivo.

6 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 15, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO»,

documento «18_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDAR(.pdf)
NroActua 15».

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

7.6. En consecuencia, como no existía norma expresa que autorizara la
remuneración económica de compensatorios en la Rama Judicial, ni la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial ni sus seccionales estaban facultadas para
pagar jornadas laboradas en fines de semana, festivos o períodos de vacancia
judicial por parte de los servidores adscritos a despachos del Sistema Penal
Acusatorio, contrario a ello, basó su actuación en las normas que le son aplicables
y en cumplimiento del principio de legalidad.

7.7. Con base en lo anterior, propuso las siguientes excepciones: i) «de la
imposibilidad material y presupuestal de reconocer las pretensiones del
demandante»; e ii) innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. Mediante la sentencia del 24 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Casanare accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: Declarar la existencia del acto ficto negativo, surgido del silencio
administrativo respecto de la petición radicada el 24 de julio de 2020 por el demandante
Hugo Enrique Zuloaga Niño, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago del
trabajo suplementario realizado en ejercicio de la función de control de garantías. En
consecuencia, se declara su nulidad, por lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama
Judicial a pagar al señor Hugo Enrique Zuloaga Niño el valor de las horas laboradas con
recargo nocturno dentro de la jornada ordinaria, así como las horas extras diurnas y
nocturnas en días ordinarios, dominicales y festivos que laboró según los turnos
programados por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Boyacá y Casanare en los acuerdos proferidos durante los años 2008 a 2023 en los
términos del Decreto 1042 de 1978, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.

TERCERO: Negar las demás pretensiones por lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia (…)».

9. Para el efecto, realizó un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, y
fundamentó su decisión en lo siguiente7:

9.1. Existe una omisión reglamentariasobre la materia, toda vez que no se ha
regulado de manera específica la remuneración económica de los servidores
judiciales que prestan sus servicios en control de garantías. Además, el
reconocimiento de tiempo compensatorio adoptado por el Consejo Superior de la
Judicatura tiene su fundamento en una disposición general (parágrafo del artículo
52 del Decreto 1888 de 1989), la cual no se relaciona con los parámetros del
Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004).

9.2. No era posible admitir, con fundamento en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004,
que todos los días y horas son hábiles en atención a la necesidad del servicio y que,

7 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 59, actuación «SENTENCIA», documento
«70SENTENCIA_accede_SentenciaNRD20210025(.pdf) NroActua 59».

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en virtud de ello, los servidores judiciales que trabajan en control de garantías solo
tienen derecho a que se les compense el tiempo, sin el reconocimiento económico
adicional por tiempo suplementario. Lo anterior, por cuanto el mencionado sistema
requiere de permanencia y habitualidad en la prestación del servicio, de modo que
tales servidores judiciales se encuentran sometidos a un criterio diferencial que no
ha sido reglamentado, sin que esa omisión pueda desconocer sus derechos
laborales.

9.3. Aunque el Consejo de Estado, en sentencia del 17 de marzo de 20228, señaló
que dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama
Judicial no se prevé el derecho a las horas extras, dominicales y festivos, sino
descansos remunerados, y que no existe un vacío normativo que dé lugar a la
aplicación del Decreto 1042 de 1978 (norma dirigida a los servidores de la Rama
Ejecutiva), comoquiera que existe una regulación especial contenida en el artículo
157 de la Ley 906 de 2004, y que, en cumplimiento de sus funciones, el Consejo
Superior de la Judicatura ha establecido la compensación del tiempo suplementario
con descansos remunerados; lo cierto es que mediante la sentencia del 27 de junio
de 20249, esa corporación planteó una tesis diferente.

9.4. En esa oportunidad, se consideró que, en el caso de los servidores judiciales
encargados de ejercer funciones de control de garantías, existe un vacío normativo
en lo relativo a la remuneración. Asimismo, indicó que el reconocimiento de tiempo
compensatorio adoptado por el Consejo Superior de la Judicatura se fundamentó
en una disposición general que no atiende de manera especial al Sistema Penal
Acusatorio, sin que se hubiese proferido una disposición específica sobre la materia.
En consecuencia, ante tal omisión reglamentaria, era aplicable de manera extensiva
el Decreto Ley 1042 de 1978, tesis que adoptó para solucionar el caso.

9.5. No obstante, en cuanto a la pretensión encaminada al reajuste de las
prestaciones sociales del demandante, fue negada porque la remuneración del
trabajo en dominicales y festivos no constituyen factor salarial para la liquidación de
aquellas, conforme con lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, y
los artículos 17 y 32 del Decreto 1045 de 1978.

9.6. La condena en costas era improcedente, toda vez que no se evidenció una
conducta irregular ni elemento de juicio que así lo ameritara.

1.4. El recurso de apelación

10. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en
los siguientes argumentos10:

10.1. El demandante pertenece al régimen especial salarial de la Rama Judicial, el
cual prevé el descanso compensatorio por los turnos realizados. «Este régimen no
puede ser modificado por ninguna autoridad por expresa consagración de la ley marco de

8 Sección Segunda – Subsección B, radicado: 17001-23-33-000-2017-00740-01 (6476-2018), C.P.

Carmelo Perdomo Cuéter.
9 Sección Segunda – Subsección B, radicado: 66001-23-33-000-2017-00523-01, C.P. César

Palomino Cortés.
10 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 64, actuación «74_MemorialWeb_Recurso-

APELACION_HUGOENRIQ(.pdf) NroActua 64».

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salarios en los sábados, domingos, festivos y días de descanso obligatorio» (sic).

10.2. Adicionalmente, el artículo 63 A parágrafo 3° de la Ley 270 de 1996, adicionado
por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, estableció que la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de reglamentar los turnos,
jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control
de garantías, sin que por ello se pueda alterar el régimen salarial y prestacional
vigente en la Rama Judicial.

10.3. La anterior disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante la sentencia C-713 de 2008, en los siguientes términos «en cuanto a los
parágrafos 2º y 3º, no plantean ningún vicio de constitucionalidad, pues corresponden a
normas operativas para imprimir celeridad y eficiencia en la administración de justicia sin
alterar las limitaciones de orden presupuestal. Por lo tanto, se declarará su exequibilidad»
(sic). Por ende, no existe norma expresa que autorice la remuneración de
compensatorios en la Rama Judicial.

10.4. En el anterior sentido, existe una línea pacífica del Consejo de Estado11 y, si
bien en el fallo recurrido se tuvo en cuenta el criterio expuesto en la sentencia del
27 de junio de 202412, este «no tiene el carácter de sentencia de unificación, ni presupone
un cambio de postura de la corporación, pues en el mismo no se tuvieron en cuenta las
múltiples decisiones del máximo órgano de lo contencioso» (sic).

10.5. Además, el Decreto 1042 de 1978 tiene un alcance limitado a la Rama Ejecutiva
del orden nacional, norma que además fue expedida en ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas en la Ley 5 de 1978 para únicamente fijar las escalas de
remuneración para los empleos allí determinados, por lo que no era posible extender
sus efectos más allá de lo allí previsto, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional
en la sentencia C-402 de 2013 al analizar la constitucionalidad del artículo 1 del
citado decreto.

1.5. Trámite en segunda instancia

11. De acuerdo con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar13.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto de forma
extemporánea.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A -

Sentencia del 27 de mayo de 2021 - Radicado 66001-23-33-000-2017-00303-01 (4970-2019) –
Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández; Sección Segunda, Subsección B - Sentencia del
17 de marzo de 2022 - Radicado 17001-23-33-000-2017-00740-01 (6476-2018) – Consejero
Ponente Carmelo Perdomo Cueter; y Sección Segunda, Subsección B - Sentencia del 30 de
noviembre de 2023 -Radicado 66001-23-33-000-2018-00560-01 (1906-2021) – Consejero Ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera.
12 radicado 6600123330020170052301, C.P. César Palomino Córtes
13 Así se dispuso en el auto proferido el 20 de febrero de 2025. Samai, índice 4, actuación «Auto que

admite recurso de apelación», documento «4Autoqueadmite_69062024admiteapelac(.pdf) NroActua
4».

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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00251-02 (6906-2024)
Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 14, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si al demandante, en la condición
alegada de juez con funciones de control de garantías, le asiste derecho al
reconocimiento de horas extras, descansos compensatorios, recargos nocturnos,
así como recargos diurnos y nocturnos por trabajo en domingos y festivos,
calculados según la jornada laboral prevista para los empleados públicos en
general, y no únicamente compensado con descanso remunerado?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Del régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la Fuerza Pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, «[m]ediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e)
y f) de la Constitución Política».

15. Esta norma, en su artículo 1, estableció que el gobierno nacional, con sujeción a
las normas, criterios y objetivos allí contenidos, puede fijar el régimen salarial y
prestacional de: i) los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional,
cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico; ii) los empleados
del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; iii)
los miembros del Congreso Nacional; y iv) los miembros de la Fuerza Pública.

16. Por su parte, el Decreto 57 de 1993 fijó el régimen salarial y prestacional aplicable
a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados
a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero
de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional
establecido en ese decreto (artículo 2).

17. La norma ibidem regula distintos emolumentos, entre ellos la prima especial del
30%, el auxilio especial de transporte y el subsidio de alimentación; sin embargo,
no establece el reconocimiento ni el pago de horas extras, tampoco la doble
remuneración por el trabajo realizado en días dominicales o festivos.

14 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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18. Esta norma es modificada anualmente, por lo que, con posterioridad, y en similar
sentido, fueron expedidos los decretos 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de
1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000, 1475 de 2001, 2720 de 2001, 673 de
2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658
de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013,
194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019,
299 de 2020, 982 de 2021, 456 de 2022, 907 de 2023, 302 de 2024 y 612 de 2025.

19. Estos decretos, de manera concordante, disponen como prohibición expresa que
«[n]inguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional previsto
en el presente decreto, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 4 de
1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de efectos y no generará derechos
adquiridos».

20. Ahora bien, en lo que atañe al pago de horas extras las mencionadas normas lo
establecieron únicamente para los «conductores y choferes».

2.3.2. De los servidores judiciales con función de control de garantías

21. El Acto Legislativo 003 del 20 de diciembre de 2002, que modificó los artículos
116, 250 y 251 de la Constitución Política, previó entre otras, lo siguiente:

«Artículo 2°. Modifica el Artículo 250 de la Constitución Política. El artículo 250
de la Constitución Política quedará así: Artículo 250. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal,
salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de
oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual
estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las
funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por
Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo
servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas
necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal,
la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de
las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún
caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta
función».

22. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de ejercer la
acción penal y adelantar la investigación de todos los hechos que presenten
características de delito, siempre que existan motivos fundados y circunstancias
fácticas que indiquen su posible ocurrencia, ya sea que lleguen a su conocimiento
mediante denuncia, querella, petición especial o de oficio.

23. En consecuencia, la Fiscalía no puede suspender, interrumpir ni renunciar a la

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investigación penal, salvo en los casos expresamente previstos en la ley a través
del principio de oportunidad, el cual se encuentra sometido al control de legalidad
por parte de los jueces con funciones de control de garantías.

24. Asimismo, la reforma constitucional dispuso la creación de una comisión
encargada de presentar ante el Congreso de la República los proyectos de ley
necesarios para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, lo que finalmente
condujo a la expedición de la Ley 906 de 2004.

25. En el artículo 39 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 48 de la Ley
1453 de 2011, se estableció la función de control de garantías de la siguiente
manera:

«Artículo 39. De la función de control de garantías. La función de control de
garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el
control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento
del mismo caso en su fondo».

26. El artículo 157 de la Ley 906 de 2004, dispuso la oportunidad para la persecución
penal y las indagaciones de la siguiente manera:

«Artículo 157. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones
pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos
los días y horas son hábiles para ese efecto.

Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces que cumplan la función de
control de garantías serán concentradas. Todos los días y horas son hábiles
para el ejercicio de esta función.

Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se adelantarán en
días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial establecido oficialmente.

Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo ameriten,
previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse otros días con
el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas».

27. Así entonces, la persecución penal y las indagaciones correspondientes pueden
adelantarse en cualquier momento, pues todos los días y horas se consideran
hábiles para tal efecto. Asimismo, las actuaciones realizadas ante los jueces con
funciones de control de garantías son de carácter concentrado y también pueden
llevarse a cabo en cualquier día y hora. En contraste, las diligencias tramitadas ante
el juez de conocimiento deben desarrollarse exclusivamente en días y horas hábiles,
de acuerdo con el horario judicial oficialmente establecido.

28. El artículo 63A de la Ley 270 de 1996, en su parágrafo 3, para la época de los
hechos del presente asunto, establecía que la «Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura reglamentará los turnos, jornadas y horarios para garantizar el
ejercicio permanente de la función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar
el régimen salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial».

29. Sobre la constitucionalidad de esa disposición, la Corte Constitucional, en la
sentencia C-713 de 2008, precisó que «los parágrafos 2º y 3º, no plantean ningún vicio
de constitucionalidad, pues corresponden a normas operativas para imprimir celeridad y
eficiencia en la administración de justicia sin alterar las limitaciones de orden presupuestal.
Por lo tanto, se declarará su exequibilidad».

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30. De igual forma, el numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 establecía
que a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura les
correspondía entre otras funciones fijar los días y horas de servicio de los
despachos judiciales.

31. Ahora, por medio del Acuerdo PSAA04-2729 del 16 de diciembre de 2004 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentó los turnos para el
ejercicio de la función de control de garantías en el Distrito Judicial de Bogotá, para
lo cual estableció lo siguiente:

«Artículo primero.- En el Distrito Judicial de Bogotá se establecen los siguientes
turnos para garantizar la descentralización y continuidad en todos los días de
la semana en la prestación de la función de control de garantías por parte de
los Juzgados Penales Municipales:

El primero: de seis de la mañana (6:00 a.m.) a dos de la tarde (2:00 p.m), el
segundo: de dos de la tarde (2:00 p.m) a diez de la noche (10:00 p.m) y el
tercero de diez de la noche (10:00 p.m) a seis de la mañana (6:00 a.m.).

Los empleados y funcionarios judiciales que prestan sus servicios en horarios
nocturnos gozarán del descanso remunerado conforme a la ley, en días
compensatorios señalados previamente por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

Artículo segundo.- La prestación de la función de Control de Garantías por parte
de los Jueces Penales Municipales del Distrito Judicial de Bogotá será rotativa
conforme a la distribución periódica que señale la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. Esa decisión se dará a conocer mediante
circular.

Artículo tercero.- La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
podrá variar los turnos y la asignación de las funciones de Control de Garantías
y de Conocimiento de los distintos servidores judiciales, de conformidad con
las necesidades del servicio».

32. Con posterioridad, esa Sala expidió el Acuerdo 2892 del 20 de abril de 2005, en
el que se definió el procedimiento para otorgar los compensatorios a los servidores
incorporados al Sistema Penal Acusatorio, en los siguientes términos:

«Artículo 1º. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, con jurisdicción en los Distritos Judiciales que se incorporen al
Sistema Penal Acusatorio, concederán a los Jueces y empleados, que prestan
sus servicios en días y horarios que generan compensatorios, los descansos
remunerados conforme a la Ley.

Artículo 2º. Con el fin de determinar el tiempo de descanso, las mencionadas
Salas Administrativas llevarán un registro de los días laborados, conforme a los
turnos establecidos.

Artículo 3º. Los descansos se otorgarán, a partir del mes de mayo, teniendo en
cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio de justicia y siempre
se concederán, cuando el derecho se ha adquirido, para la totalidad de
servidores del despacho».

33. Mediante Acuerdo PSAA06-3563 de 2006, expedido por el hoy Consejo Superior
de la Judicatura, se delega en el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, la organización de los turnos y rotación de las sedes judiciales de

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los jueces penales municipales de Bogotá para prestar la función de control de
garantías.

34. Por medio del Acuerdo PSAA08-5433 de 2008, expedido por la extinta Sala
Administrativa, hoy Consejo Superior de la Judicatura, se reglamentó los criterios
generales para la programación de turnos de los servidores judiciales que atienden
la Función de Control de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio.

35. En conclusión, para los empleados y funcionarios que laboran en horarios
nocturnos, así como en días y turnos que generan compensatorios, se reconoció el
derecho al descanso remunerado, el cual debe otorgarse en días previamente
señalados por el Consejo Superior de la Judicatura, lo que asegura el equilibrio
entre la continuidad del servicio de administración de justicia y la protección de los
derechos laborales de los servidores judiciales.

2.3.2. Del Decreto 1042 de 1978

36. A través de la Ley 5ª de 1978, el legislador le otorgó facultades extraordinarias
al presidente de la República para modificar escalas de remuneración, revisar
sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones
en materia de administración de personal.

37. En virtud de lo anterior, el gobierno nacional expidió el Decreto 1042 de 1978, el
cual, en su artículo 1, y respecto a su campo de aplicación, fue claro en determinar
que el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración que allí se estableció,
regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de
empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional.

38. En sus artículos 36 y siguientes estableció las horas extras diurnas, las horas
extras nocturnas, y el trabajo ordinario y ocasional en días dominicales y festivos.

39. Los decretos 4150 de 2004, 372 de 2006, 600 de 2007, 643 de 2008, 708 de
2009, 1374 de 2010, 1031 de 2011, 853 de 2012, 1029 de 2013, 199 de 2014, 1101
de 2015, 229 de 2016, 999 de 2017, 330 de 2018, 1011 de 2019, 304 de 2020, 961
de 2021, 473 de 2022, 905 de 2023, 301 de 2024 y 611 de 2025, en sus artículos
12, 13 o 14 fueron unánimes en limitar el pago de horas extras, trabajo ocasional en
días dominicales y festivos, así como el reconocimiento de los descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, a los
siguientes niveles:

«Artículo 14. Horas extras, dominicales y festivos. Para que proceda el pago
de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como
el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar, de descansos compensatorios
de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá
pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el
grado 19.

Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros,
Directores y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios
Ejecutivos de Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los
Despachos de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
Viceministros y Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías

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Generales de Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a
devengar horas extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren
en jornadas superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras
máximo a dos (2) Secretarios, a los que se refiere el inciso anterior.

Parágrafo 1. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación
de participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del
presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores
anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas
extras, dominicales y festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los
niveles asistencial, técnico y profesional. En ningún caso podrá pagarse
mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos más del
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de cada funcionario

Parágrafo 2. El límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados
públicos que desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades a
que se refiere el presente título, será de cien (100) horas extras mensuales.

En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal».

40. Valga indicar, después de esa lectura, que el reconocimiento monetario de las
horas extras y del trabajo en días dominicales y festivos, dentro de la Rama
Ejecutiva destinataria de dicha regulación, no constituye un derecho generalizado
para todos los empleos, sino un beneficio limitado únicamente a los cargos y niveles
expresamente señalados por el legislador y el gobierno nacional en ejercicio de sus
facultades, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Ley 1042 de 1978 y en los
decretos anuales de actualización salarial.

41. En esa línea, el legislador dispuso con posterioridad la aplicación del régimen
prestacional previsto para los empleados del nivel nacional a quienes laboran en las
entidades territoriales, a través del Decreto Ley 1919 de 2000, lo que permitió la
extensión de dicho marco normativo a los servidores públicos de los distintos
órdenes de la administración.

2.3.3. Sobre el reconocimiento del trabajo suplementario a los jueces con
función de control de garantías. Jurisprudencia del Consejo de Estado

42. En relación con el reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, trabajo
en días dominicales y festivos a los jueces que cumplen funciones de control de
garantías, el Consejo de Estado ha considerado que dichos pagos no resultan
procedentes, en atención a la naturaleza especial de la labor y al régimen normativo
aplicable.

43. Así, en la sentencia del 27 de mayo de 2021, en el expediente 66001-23-33-000-
2017-00303-01 (4970-2019), la Sección Segunda, Subsección B, al resolver una
demanda presentada por 2 juezas penales municipales con función de control de
garantías, concluyó que:

«De conformidad con lo expuesto en el marco jurídico, las demandantes no
tenían derecho al reconocimiento del doble de la remuneración por laborar en
dominicales, festivos y días obligatorios de descanso por la especial labor que
desempeñaban que constituye un servicio público esencial, respecto de la cual

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no se ha previsto la posibilidad de percibir una remuneración doble, ni se puede
extender por analogía el régimen fijado para los servidores de la Rama
Ejecutiva del orden nacional.

Así mismo, no se trata de un cargo cualquiera, sino el de jueces que tienen la
naturaleza de un cargo de dirección y para los cuales se previó una regulación
especial, tal como consta en el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 citado
previamente, en el que se determinó que esta es una función ininterrumpida y
permanente, para la cual todos los días y horas son hábiles, por lo que, en los
casos en los que desempeñen las tareas en un día domingo, o después de las
9 de la noche, o en una fecha establecida como fiesta, tan solo tienen derecho
al descanso remunerado compensatorio, pues se repite, se trata del horario
previsto en la normativa pertinente» [sic].

44. Así las cosas, según la sentencia en cita, i) la función de control de garantías,
conforme con el artículo 157 de la Ley 906 de 2004, tiene carácter permanente, por
lo que todos los días y horas son hábiles para su ejercicio; ii) el régimen salarial
especial de la Rama Judicial no establece el pago de horas extras ni de recargos
nocturnos, dominicales o festivos, sino que prevé exclusivamente el descanso
remunerado compensatorio; y iii) no es viable aplicar supletoriamente lo dispuesto
en el Decreto 1042 de 1978, pues esta normativa corresponde al régimen de los
empleados de la Rama Ejecutiva y no a los funcionarios judiciales.

45. En consecuencia, se negaron las pretensiones orientadas al pago de recargos y
se precisó que la única compensación posible consiste en el descanso remunerado,
de acuerdo con la reglamentación interna de la Rama Judicial.

46. De manera similar, en la sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 17001-
23-33-000-2017-00740-01 (6476-2018), la Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, resolvió una demanda presentada por un juez penal municipal
con función de control de garantías que solicitaba la nulidad del acto que negó el
reconocimiento y pago de horas extras, recargos dominicales, festivos y nocturnos,
así como la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales. En esta
oportunidad la Sala consideró que:

«[...] se precisa que los jueces y magistrados tienen la categoría de
funcionarios de acuerdo con lo previsto en el artículo 125 de la Ley 270 de
1996, porque tienen funciones de dirección y por ello no pueden estar
sometidos a la misma jornada de los demás empleados judiciales, entre
otras razones, porque gozan de un salario más alto dentro de su escala
competencial y, además, en su calidad de directores del despacho, pueden
distribuir sus funciones y cargas laborales.

En conclusión, se colige que (i) las normas que regulan el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial no contemplan el derecho
a las horas extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados;
(ii) la naturaleza del servicio de control de garantías es permanente, por ello
la Ley 906 de 2004 previó que todos los días y horas son hábiles, motivo por
el cual no hay lugar a recargos, puesto que este es el horario habitual; (iii) el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004 consagra una norma especial que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, se aplica de
preferencia a las disposiciones generales, por lo que no es dable extender
el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama
Judicial de manera supletiva ni integradora; y (iv) el pago de horas extras y
compensatorios no está previsto para remunerar a quienes tienen cargos de
dirección.

[...]

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Dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama
Judicial que rige la remuneración de estos servidores, no se prevé el derecho
a las horas extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados,
como se reguló en los acuerdos citados en el acápite precedente, los cuales le
fueron reconocidos al actor (lo que no se discute en el proceso).

De igual forma, la función de control de garantías comporta naturaleza
permanente, lo que hace que se privilegien las necesidades del servicio y por
ello todos los días y horas son hábiles para quienes la ejercen, motivo por el
cual no hay lugar al pago de recargos, pues aquellos laboran en su horario
habitual.

Asimismo, al existir normas especiales que regulan el reconocimiento de
compensatorios, se aplican de preferencia frente a las disposiciones
generales, por lo que no es dable extender el régimen previsto en el Decreto
1042 de 1978 a servidores de la Rama Judicial de manera supletoria ni
integradora [...].

En otras palabras, tal prevalencia de la normativa especial, establecida por el
legislador y el Gobierno, encuentra fundamento en la función misma de control
de garantías que ejercen algunos servidores de la Rama Judicial, que impide
asimilar el régimen previsto para la Rama Ejecutiva al de la Judicial porque
trata funciones y calidades disímiles e irreductibles.

Cabe agregar que el caso concreto concierne a personas cuyos cargos se
enmarcan en la categoría de funcionarios, dispuesta en el artículo 125 de la
Ley 270 de 1996, es decir, aquellas que tienen funciones de dirección al interior
de la Rama Judicial, motivo por el cual deben acreditar unas condiciones
particulares muy exigentes, que no les permiten estar sometidas a las reglas
de jornada de los empleados de la Rama Ejecutiva, por ende, reciben una
contraprestación acorde a la importancia de su labor para la sociedad.

En ese orden de ideas, no resulta procedente acceder a las pretensiones de
pago de horas extras para los jueces de control de garantías, puesto que, en
relación a su jornada laboral, todos los días y horas son hábiles» [sic].

47. Con fundamento en lo expuesto, se precisa que el régimen salarial y prestacional
de los jueces de la Rama Judicial no establece el pago de horas extras ni de
recargos por trabajo en días festivos o de descanso obligatorio. En su lugar,
únicamente reconoce descansos remunerados compensatorios, según la
reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

48. En lo que respecta a los jueces de control de garantías, la Ley 906 de 2004, en
su artículo 157, previó que su labor es de carácter permanente e ininterrumpido, por
lo que todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de sus funciones. Por esta
razón, no resulta aplicable el régimen ordinario de jornada máxima ni la normativa
que regula los recargos adicionales, dado que su horario habitual comprende
cualquier día y hora.

49. Adicionalmente, al existir una regulación especial sobre turnos y descansos
compensatorios en la Rama Judicial, esta debe aplicarse con preferencia frente a
disposiciones generales. En consecuencia, no procede extender de manera
supletoria o integradora el régimen previsto en el Decreto 1042 de 1978, aplicable
a los empleados de la Rama Ejecutiva, pues se trata de funciones y categorías
distintas que no admiten equiparación.

50. Cabe resaltar que los jueces tienen la categoría de funcionarios, según lo

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dispuesto en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, en tanto ejercen funciones de
dirección al interior de sus despachos. En virtud de esta condición, no están
sometidos a igual jornada que los empleados judiciales, entre otras razones porque
cuentan con un nivel salarial superior dentro de la escala competencial y, como
directores del despacho, disponen de autonomía para organizar las cargas de
trabajo.

51. En ese orden de ideas, la Corporación concluyó que no procede el
reconocimiento de horas extras ni de recargos nocturnos, dominicales o festivos
para los jueces de control de garantías. Ello obedece a la naturaleza permanente
de sus funciones, a la prevalencia de la normativa especial que regula su régimen
y a la condición directiva que ostentan, la cual excluye la aplicación de normas
generales previstas para otros servidores públicos.

52. En el contexto del reconocimiento de horas extras y recargos en la Rama Judicial,
la jurisprudencia ha sido restrictiva respecto de los jueces con función de control de
garantías, toda vez que su labor se caracteriza por ser permanente e ininterrumpida,
lo que excluye la aplicación de una jornada máxima ordinaria.

53. En consecuencia, la Corporación ha sostenido que no procede el pago de horas
extras ni de recargos nocturnos, dominicales o festivos, pues la única compensación
prevista para estos funcionarios corresponde al descanso remunerado establecido
en la reglamentación interna de la Rama Judicial.

2.5. Caso concreto

54. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

54.1. «HUGO ENRIQUE ZULOAGA NIÑO (…) registra vinculación en la Rama Judicial,
desde el 01 de julio de 2005, se relaciona el cargo y tiempo de servicio desempeñado así15:

Cargo Estado Despacho Inicio Fin
funcionario
Juez Propiedad Juzgado 001 01/07/2005 A la fecha
municipal Promiscuo Municipal
de Monterrey

(…)» (sic).

54.2. El 24 de julio de 2020, Hugo Enrique Zuloaga Niño solicitó a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Tunja el reconocimiento del
trabajo suplementario y sus efectos derivados. Para tal efecto, solicitó como
pruebas16:

«Previo a resolver las anteriores peticiones de conformidad con el artículo 40 de la Ley
1437 de 2011, se sirva practicar las siguientes pruebas dentro del procedimiento

15 De conformidad con la certificación laboral DESAJTUCER23-1280 del 28 de agosto de 2023.

Samai de Tribunales y Juzgados, índice 36, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRONICO»,
documento «46_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_PRUEBAREPUESTAHUGOZU(.pdf)
NroActua 36», página 3.
16 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 8, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRONICO»,

documento «13_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_013SUBSANACION2021(.PDF) NroActua
8», páginas 9 a 11.

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

administrativo: 1.-Oficiar al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Boyacá y
Casanare-Sala Administrativa para que remita los siguientes:
1.1.- Acuerdos de asignación de turnos para ejercer control de garantías en Casanare,
incluyendo el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Monterey Casanare, desde el
primero de enero de 2008 y hasta la fecha.
1.2.- Se sirva certificar los turnos asignados al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de
Monterey Casanare, desde el primero de enero de 2008 y hasta la fecha, para ejercer la
función de control de garantías, fuera de la jornada ordinaria laboral.
2.- Oficiar al área de talento humano de la dirección ejecutiva para que alleguen los
siguientes documentos:
1.- Certificación de tiempo de servicio.
2.- Certificación de los emolumentos devengados por el peticionario.
3.- Certificación de horario laboral establecido para los juzgados promiscuos municipales
de Casanare.
4.- Certificar si al demandante se le ha reconocido trabajo suplementario por cumplir su
función de control de garantías fuera del horario o jornada ordinaria. En caso afirmativo,
certificar los emolumentos reconocidos y pagados desde el 01 de enero de 2008 y hasta
la fecha».

54.3. Conel Oficio DESAJTUO20-2561 del 11 de septiembre de 202017, la
coordinadora del Área de Talento Humano de la entidad resolvió:

«Asunto: “Derecho de Petición, Rad. No. EXTDESAJTU20-4728 del 03 de Agosto
de 2020” Respetado Doctor: En atención al oficio del asunto, mediante el cual
remitió solicitud radicado en esta Dirección Ejecutiva y en cumplimiento a la
Circular DESAJTUC18-19, me permito informarle lo siguiente:  Certificado de
tiempo de servicios del servidor HUGO ENRIQUE ZULOAGA NIÑO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.222.208, generada por el Sistema Kactus, en 01
folio.  Reporte de acumulados, devengados y deducidos del servidor, generada
por el Sistema Oficial de Nomina Kactus, por el tiempo solicitado, en 31 folios. En
los anteriores términos dejo atendida su petición» (sic).

54.4. A través del Acuerdo 28 del 16 de julio de 2022, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura Seccional Boyacá fijó el horario de atención al
público de las corporaciones y despachos judiciales del Distrito Judicial de Yopal,
de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm 18.

54.5. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja -
Boyacá fijó los turnos en los cuales el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Monterrey cumplió funciones de control de garantías conforme con lo dispuesto en
la Ley 906 de 2004, desde el año 2008 al 2023 mediante los siguientes acuerdos,
así19:

Año Acuerdo Descripción Juzgado primero
promiscuo municipal
de Monterrey
2008 CSJBA08-30 del 2 por el cual se modifica el Acuerdo No. 1, 3, 4, 5 de mayo, 28,
de mayo de 2008 CSJBA07 128 del 28 de diciembre de 2007 con 29, 30 de junio, 26, 27 de
el cual se establecieron los turnos para ejercer julio, 30, 31 de agosto, 4,
durante los fines de semana la función de 5 de octubre, 8, 9 de
Control de Garantías en los Distritos Judiciales noviembre, 6, 7, 8 de
de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal por el diciembre de 2008

17 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 8, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRONICO»,

documento «13_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_013SUBSANACION2021(.PDF) NroActua
8», página 12.
18 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 36, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRONICO»,

documento «46_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_PRUEBAREPUESTAHUGOZU(.pdf)
NroActua 36», páginas 4 y 5.
19

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término comprendido entre el 11 de enero de
2008 y 19 de diciembre de 2008 y se definen
descansos compensatorios, para los
funcionarios"
2009 CSJBA09-207 del 4 por el cual se adoptan medidas para la 20, 25, 26, 27 de
de noviembre de atención de la Función de Control de Garantías diciembre de 2009
2009 (Ley 906 de 2004, Ley 1098 de 2006) y la
Acción Constitucional de Hábeas Corpus,
durante la Vacancia Judicial de fin del año de
2009-2010, en los Distritos Judiciales de Tunja,
Santa Rosa de Viterbo y Yopal.
2010 CSJBA10-97 agosto por el cual se establecen los turnos de 18, 19 de septiembre, 9,
23 de 2010 disponibilidad para ejercer durante los fines de 10, 30, 31 de octubre, 1,
semana y festivos la función de Control de 20, 21 de noviembre, 8
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en de diciembre de 2010
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, por el termino comprendido
entre el 04 de septiembre de 2010 y el 12 de
diciembre de 2010
2010 CSJBA10-125 Por el cual se establecen los turnos de 25, 26 de diciembre de
noviembre 24 de disponibilidad para la presentación de la 2010 y 8, 9, 10 de enero
2010 función de Control de Garantías en el Sistema de 2011
Penal Acusatorio, en los Distritos Judiciales de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, por el
termino comprendido entre el 17 de diciembre
de 2010 y el 10 enero de 2011
2010 CSJBA10-128 por el cual se Modifica Parcialmente el Acuerdo 18 y 19 de diciembre de
diciembre 1 de 2010 No. CSJBA10-128 del 24 de noviembre de 2010
2010, que definió los turnos de disponibilidad
para la presentación de la función de Control
de Garantías en el Sistema Penal Acusatorio,
en los Distritos Judiciales de Tunja, Santa
Rosa de Viterbo y Yopal, por el termino
comprendido entre el 17 de diciembre de 2010
y el 10 enero de 2011
2011 CSJBA11-1 enero 5 por el cual se establecen los turnos de 29, 30 de enero, 5, 6 de
de 2011 disponibilidad para ejercer durante los fines de marzo, 9, 10 de abril, 20,
semana y festivos la función de Control de 21 de mayo, 25, 26 y 27
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en de junio de 2011
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, por el termino comprendido
entre el 11 de enero de 2011 y el 30 de junio
de 2011
2011 CSJBA11-26 marzo Por el cual se establecen los turnos de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
9 de 2011 disponibilidad de Juezas y jueces para la de abril de 2011
prestación de la función de Control de
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, por el termino comprendido
entre el 18 y el 24 de abril de 2011
2011 CSJBA11-52 junio Por el cual se establecen los turnos de 23, 24 de julio, 27, 28 de
10 de 2011 disponibilidad de Juezas y jueces para ejercer agosto, 1, 2 de octubre,
durante los fines de semana y festivos, la 5, 6, 7 de noviembre, 8
función de Control de Garantías en el Sistema de diciembre de 2011
Penal Acusatorio, en los Distritos Judiciales de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, por el
termino comprendido entre el 01 de julio y el 19
de diciembre de 2011
2012 CSJBA12-166 mayo Por el cual se establecen los turnos de 28, 29 de julio, 1, 2 de
23 de 2012 disponibilidad de Juezas y jueces para ejercer septiembre, 6, 7 de
durante los fines de semana y festivos la octubre, 10, 11, 12 de
función de Control de Garantías en el Sistema noviembre, 17 de
Penal Acusatorio, en los Distritos Judiciales de diciembre de 2012
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, por el
termino comprendido entre el 1 de julio y el 19
de diciembre de 2012

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2012 CSJBA12-263 Por el cual se establecen los turnos de 2, 3 de febrero,16, 17 de
diciembre 12 de disponibilidad de Juezas y jueces para ejercer marzo 27, 28 de abril, 1,
2012 durante los fines de semana y festivos y 2, 3 de junio de 2013
vacancia judicial, la función de Control de
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, por el termino comprendido
entre el 11 de enero y el 30 junio de 2013
2013 CSJBA13-288 Por el cual se establecen los turnos de 6, 7 de julio, 10, 11 de
mayo 15 de 2013 disponibilidad de Juezas y jueces para ejercer agosto, 14, 15 de
durante los fines de semana y festivos y septiembre, 12, 13, 14
vacancia judicial, la función de Control de de octubre, 23, 24 de
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en noviembre de 2013
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, por el termino comprendido
entre el 1 de julio y el 17 de diciembre de 2013
2014 CSJBA14-413 Por el cual se asignan los turnos de 1, 3, 4, 10, 11 de enero,
diciembre 15 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer 14, 15 de marzo, 25, 26
2014 durante los fines de semana y festivos, la de abril, 30, 31 de mayo
función de control de garantías en el sistema de 2015
penal acusatorio, en los distritos judiciales de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, por el
término comprendido entre el 17 de enero al 29
de junio de 2015, ambas fechas inclusive
2015 CSJBA15-480 Por el cual se establecen turnos de Jueces y 4, 5 de julio, 7, 8 , 9 de
diciembre 10 de Juezas para la prestación de la FUNCIÓN DE agosto, 12, 13 de
2015 CONTROL DE GARANTÍAS EN EL SISTEMA septiembre, 17, 18 de
PENAL ACUSATORIO, en los distritos octubre, 21, 22 de
judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y noviembre, 17 de
Yopal, durante el 1 de julio y el 19 de diciembre diciembre de 2015
de 2015
2015 CSJBA15-480 Por el cual se establecen los turnos de 30, 31 de enero, 27, 28
diciembre 10 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer de febrero, 22, 23, 24, 25
2015 durante los fines de semana y festivos, la de marzo, 16, 17 de abril,
función de Control de Garantías en el Sistema 21, 22 de mayo, 25, 26
Penal Acusatorio, en los Distritos Judiciales de de junio de 2016
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, por el
término comprendido entre el 01 de enero y el
30 de junio de 2016
2016 CSJBA16-530 mayo Por el cual se establecen los turnos de 6, 7 de agosto, 1, 2 de
27 de 2016 disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer octubre, 26, 27 de
durante los fines de semana y festivos, la noviembre de 2016
función de Control de Garantías en el Sistema
Penal Acusatorio, en los Distritos Judiciales de
Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, durante
el 1 de julio y el 18 de diciembre de 2016
2016 CSJBA16-568 Por el cual se establecen turnos de Jueces y 24, 25 de diciembre de
septiembre 15 de Juezas para la prestación de la función de 2015 y 7, 8, 9 de enero
2016 control de garantías en el sistema penal de 2017
acusatorio, en los Distritos Judiciales de Tunja,
Santa Rosa de Viterbo y Yopal, durante la
vacancia judicial de fin de año, término
comprendido entre el 19 de diciembre de 2016
y el 9 de enero de 2017
2016 CSJBA16-587 Por el cual se establecen los turnos de 28, 29 de enero, 4, 5 de
noviembre 24 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer marzo, 8,9 de abril, 6, 7,
2016 durante los fines de semana, festivos y 27, 28, 29 de mayo, 15,
vacancia judicial, la función de Control de 16 de julio, 5, 6, 7 de
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en agosto, 9, 10 de
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa septiembre, 21, 22 de
de Viterbo y Yopal, durante el periodo octubre, 18, 19 de
comprendido entre el primero de enero y el 31 noviembre, 8, 9, 10 de
de diciembre de 2017 diciembre de 2017
2018 CSJBOYA18-106 Por el cual se establecen los turnos de 22, 23, 25 de diciembre
agosto 28 de 2018 disponibilidad de Juezas y Jueces, para la de 2018
prestación de la función de Control de

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Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa
de Viterbo y Yopal, durante la vacancia judicial
de fin de año, término comprendido entre el 20
de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019
2018 CSJBOYA18 139 Por el cual se establecen los turnos de 5, 6, 7 de enero, 9, 10 de
del 29 de noviembre disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer febrero, 16, 17 de marzo,
de 2018 durante los fines de semana, festivos y 15, 16, 17 de abril, 11, 12
vacancia judicial, la función de Control de de mayo, 15, 16 de junio,
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en 20, 21 de julio, 17, 18, 19
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de agosto, 28, 29 de
de Viterbo y Yopal, durante el periodo septiembre, 2, 3, 4 de
comprendido entre el 11 de enero y el 31 de octubre de 2019
diciembre de 2019
2020 CSJBOYA20 79 Por el cual se establecen los turnos de 23, 24 de enero, 27, 28
septiembre 30 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer de febrero, 3,4, 24, 25 de
2020 durante los fines de semana, festivos y abril, 29, 30 de mayo, 3,
vacancia judicial, la función de Control de 4, 5, 31 de julio, 1 de
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en agosto, 4, 5 de
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa septiembre, 9, 10 de
de Viterbo y Yopal, durante el periodo octubre, 13, 14, 15 de
comprendido entre el 11 de enero y el 19 de noviembre, 11, 12 de
diciembre de 2021 y se dictan otras diciembre de 2021
disposiciones
2020 CSJBOYA20 80 Por el cual se establecen los turnos de los 20 de diciembre de 2020
septiembre 30 de Juzgados para la prestación de la función de y 1, 2, 3 de enero de
2020 control de garantías en el sistema penal 2021
acusatorio, en los Distritos Judiciales de Tunja,
Santa Rosa de Viterbo y Yopal, durante la
vacancia judicial de fin de año, término
comprendido entre el 20 de diciembre de 2020
y el 10 de enero de 2021
2021 CSJBOYA21 Por el cual se establecen los turnos de 5, 6 de febrero, 12, 13 de
51septiembre 30 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer marzo, 9, 10, 30, de abril,
2021 durante los fines de semana, festivos y 1 de mayo, 4, 5 de junio,
vacancia judicial, la función de Control de 2, 3, 4, 30, 31 de julio, 3,
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en 4 de septiembre, 8, 9 de
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa octubre, 5, 6, 7 de
de Viterbo y Yopal, durante el periodo noviembre, 8 de
comprendido entre el 11 de enero y el 19 de diciembre de 2022
diciembre de 2022 y se dictan otras
disposiciones
2022 CSJBOYA22 269 Por medio del cual se establecen los turnos de 28, 29 de enero, 4, 5 de
septiembre 23 de disponibilidad de Juezas y Jueces para ejercer marzo, 8, 9. 29, 30 de
2022 durante los fines de semana, festivos y abril, 1 de mayo, 3, 4 de
vacancia judicial, la función de Control de junio, 1, 2, 3 de julio, 12,
Garantías en el Sistema Penal Acusatorio, en 13 de agosto, 9, 10 de
los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa septiembre, 14, 15, 16
de Viterbo y Yopal, durante el periodo de octubre, 18, 19 de
comprendido entre el 11 de enero y el 19 de noviembre de 2023
diciembre de 2023 y se dictan otras
disposiciones

54.6. Se anexaron al expediente los reportes de nómina expedidos el 25 de agosto
de 2023 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
del 1° de enero de 2008 al 31 de agosto de 2023, en los que consta los emolumentos
pagados y el total de lo devengado y deducido por el demandante mensualmente20.

54.7. En la audiencia de pruebas celebrada el 29 de agosto de 2023 se recibieron los

20 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 36, actuación «RECIBE POR CORREO ELECTRONICO»,

documento «46_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_PRUEBAREPUESTAHUGOZU(.pdf)
NroActua 36», páginas 6 a 37.

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testimonios de Edwin Jayet Barrera Moreno y Camilo Alfonso Díaz Socha21.

2.6. Análisis sustancial del caso concreto

55. En el presente asunto el a quo accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que existía una omisión reglamentaria sobre la remuneración de los
servidores judiciales con función de control de garantías, toda vez que el tiempo
compensatorio por el trabajo suplementario se fundamentó en normas generales
anteriores al Sistema Penal Acusatorio y que, por lo tanto, no atendía a sus
parámetros.

56. Además, manifestó que, aunque una postura del Consejo de Estado consistía en
negar la existencia del vacío normativo y limitar la compensación por el trabajo
suplementario a descansos remunerados, en el año 2024 esa corporación adoptó
una tesis distinta, que reconocía tal vacío y permitía la aplicación extensiva del
Decreto 1042 de 1978 para efectos remuneratorios adicionales.

57. Inconforme con lo decidido en primera instancia, la entidad demandada apeló la
anterior decisión con fundamento en que Hugo Enrique Zuloaga Niño, en calidad de
juez municipal, está sometido al régimen especial de la Rama Judicial, que solo
prevé descanso compensatorio por turnos, sin que sea permitido modificarle su
régimen.

58. Aunado a lo anterior, existe una línea jurisprudencial pacifica del Consejo de
Estado que niega el pago adicional en estos asuntos, y que la sentencia del 27 de
junio de 2024 mencionada no constituye un cambio jurisprudencial. Además, el
Decreto 1042 de 1978 no era aplicable, pues su campo de aplicación se limita a la
Rama Ejecutiva y no puede extenderse a la Judicial.

59. Para resolver el problema jurídico planteado la Sala debe precisar que el Decreto
57 de 1993 y sus modificatorios regulan el régimen salarial y prestacional de la
Rama Judicial, el cual no prevé el reconocimiento de recargos por trabajo en
jornadas distintas de la ordinaria o en domingos y festivos. Este régimen, vigente
para el demandante al haber sido vinculado con posterioridad a 1993, no puede ser
modificado por ninguna autoridad, conforme con el artículo 10 de la Ley 4ª de
199222.

60. En esa medida, el régimen salarial y prestacional aplicable al actor solamente
establece para los casos de turnos, si ellos fueren en días distintos de la jornada
ordinaria, el descanso remunerado, y no otro. No por ello puede considerarse como
un vacío normativo, sino que obedece a la libre configuración normativa que tiene
el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de estos servidores,
conforme con lo dispuesto en el artículo 150. 19 de la Constitución y en la Ley 4ª de
1992.

61. Ahora bien, el artículo 63A, parágrafo 3, de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la

21 Samai de Tribunales y Juzgados, índice 38, actuación «AUDIENCIA».
22 «Artículo 10.- Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en
desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

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Administración de Justicia, para la época de los hechos del caso concreto señalaba
que «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los turnos,
jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen salarial y prestacional vigente en la
Rama Judicial»23.

62. Asimismo, no fue el Consejo Superior de la Judicatura el que modificó la jornada
laboral del demandante, sino la DEAJ, al disponer la creación de turnos, jornadas y
horarios para garantizar el ejercicio permanente de la función de control de
garantías, para lo cual se facultó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura para fijar los días y horas de servicio de los despachos judiciales.

63. Aunque el Decreto 57 de 1993 fue expedido antes de la entrada en vigor del
Sistema Penal Acusatorio, los decretos salariales posteriores han reiterado la
prohibición de reconocer emolumentos distintos de los previstos de forma expresa.

64. En consecuencia, no es posible la remisión al Decreto 1042 de 1978, pues el
reconocimiento de horas extras, dominicales y festivos allí previsto se limita a
algunos cargos operativos de la Rama Ejecutiva. Su campo de aplicación está
restringido por disposición del legislador a esa Rama y a los empleados de los
niveles expresamente determinados. Ni siquiera dentro de la propia Rama Ejecutiva
procede su aplicación a niveles de remuneración no autorizados.

65. En todo caso, los servidores de la Rama Judicial y los de la Rama Ejecutiva
cuentan con regímenes salariales y prestacionales distintos, lo que no significa un
tratamiento desigual o discriminatorio, por no ser equiparables y responder «cada
uno de ellos a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado
de responsabilidad y calificación profesional requerida»24.

66. De hecho, los decretos anuales de escalas salariales en la Rama Ejecutiva
establecieron que el pago de horas extras y de trabajo en domingos y festivos, así
como los descansos compensatorios regulados en el Decreto 1042 de 1978, solo
procede para empleados del nivel técnico hasta el grado 9 o del nivel asistencial
hasta el grado 19. Tal clasificación es ajena a la de la Rama Judicial y en nada
equiparable a un juez de control de garantías, cuyas funciones, salario y categoría
son sustancialmente superiores.

67. Por lo tanto, no existe un vacío normativo y el Decreto 1042 de 1978 únicamente
se aplica a los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público en los niveles
antes señalados.

68. En igual sentido, esta Subsección ha precisado que no es procedente acudir de
manera analógica al Decreto 1042 de 1978, puesto que su campo de aplicación
corresponde exclusivamente a la Rama Ejecutiva, lo que excluye los regímenes
especiales como el de la Rama Judicial. Además, existe regulación especial: el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004, que establece que todos los días y horas son

23 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-713 de 2008, dijo que con estos preceptos se

busca dar celeridad y eficiencia a la administración de justicia sin alterar las limitaciones de orden
presupuestal, por ello lo declaró exequible.
24 Sentencia C – 402 de 2013. Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva, al estudiar la limitación

del ámbito de aplicación del decreto 1042 de 1978 a los empleados de la Rama Ejecutiva.

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hábiles para el ejercicio de la función penal.

69. En consecuencia, los turnos asignados deben entenderse prestados en días y
horas hábiles, no generan un nuevo emolumento y ya se encuentran compensados
con descansos remunerados. Al respecto se ha señalado25:

«[…] no se le otorgó un efecto diferente al contenido del artículo 157 de la Ley
906 de 2004 (norma que regula la oportunidad para que las autoridades
penales adelanten las correspondientes indagaciones y, en ese sentido, señala
que “[…] todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esa función”),
sino que se concluyó, conforme al régimen salarial aplicable al actor, que no
era procedente ordenar un pago adicional por concepto de los turnos que le
fueron asignados como empleado adscrito al Juzgado Primero (1º) y (6º)
Penales Municipales con Función de Control de Garantías.

Lo anterior, porque, en primer lugar, los turnos asignados al tutelante se deben
entender como prestados en días y horas hábiles, de conformidad con el
artículo 157 de la Ley 906 de 2004, y su prestación no tenía la virtud de
modificar su régimen salarial, en cuanto a incluir un nuevo emolumento9 ; y, en
segundo lugar, ya le habían sido retribuidos aquellos con días de descanso
compensatorio, por lo que no resultaba procedente ordenar un reconocimiento
económico diferente a la remuneración mensual ordinaria que devengaba por
el cumplimiento de sus funciones.

De igual modo, las autoridades accionadas también determinaron que no era
procedente acudir de manera analógica a las disposiciones que sobre
remuneración de trabajo suplementario contempla el Decreto 1042 de 1978,
puesto que su campo de aplicación corresponde a los aspectos prestacionales
que atañen a los servidores de la Rama Ejecutiva, lo que excluye a los
regímenes especiales, como el de la Rama Judicial.

Además, no se advierte un vacío normativo que dé lugar a la aplicación del
mentado Decreto 1042, toda vez que, tal como se indicó en precedencia, existe
una disposición especial que regula la jornada laboral de los funcionarios que
prestan sus servicios en el sistema penal acusatorio, esto es, el artículo 157 de
la Ley 906 de 2004, por consiguiente, carece de fundamento jurídico tener en
cuenta disposiciones que prevén el régimen salarial de servidores que
desempeñan labores cuya naturaleza es diferente.

Por otra parte, tampoco es de recibo la afirmación de que el fallo atacado
desconoce las garantías mínimas establecidas en la Ley 4ª de 1992, que
preceptúa que el horario laboral no puede ser superior a ocho (8) horas diarias,
porque si bien es cierto que los turnos fijados por el Consejo Superior de la
Judicatura no se contemplaron para cumplirse en la jornada ordinaria del actor,
sino durante los días sábados, domingos y festivos, también lo es que estos
deben entenderse compensados a través de los descansos remunerados.
Además, vale la pena señalar que dichos turnos fueron establecidos para
garantizar la prestación continua de la justicia penal que se constituye en la
principal garantía para los ciudadanos de la celeridad con la que las
autoridades deben actuar ante la comisión de los delitos y la persecución de
los presuntos responsables».

70. Ha de mencionarse que el régimen especial no desconoce la garantía de jornada
máxima de 8 horas prevista en la Ley 4ª de 1992. Aunque los turnos fijados por el
Consejo Superior de la Judicatura no coinciden con la jornada ordinaria, se
entienden compensados con descansos remunerados. Además, estos turnos
garantizan la prestación continua de la justicia penal, principal garantía de celeridad

25 Sección segunda, subsección B, fallo de 7 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-

02273-00, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

en la persecución del delito.

71. Dentro del régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la Rama Judicial
que rige la remuneración de estos servidores, no se prevé el derecho a las horas
extras, dominicales y festivos, pero sí a descansos remunerados, como se reguló
en los acuerdos citados en el acápite precedente.

72. La función de control de garantías comporta naturaleza permanente, lo que hace
que se privilegien las necesidades del servicio y por ello todos los días y horas son
hábiles para quienes la ejercen. En consecuencia, no hay lugar al pago de recargos,
pues aquellos laboran en su horario habitual.

73. De allí que prevalezca la normativa especial sobre la general, en atención a la
naturaleza de la función de control de garantías, lo que impide equiparar el régimen
de la Rama Ejecutiva con el de la Judicial.

74. Además, el caso concierne a funcionarios en cargos de dirección dentro de la
Rama Judicial (art. 125 de la Ley 270 de 1996), que exigen calificaciones
profesionales especiales y que reciben una contraprestación acorde con la
importancia de sus funciones, lo que los hace incompatibles con las reglas de
jornada de la Rama Ejecutiva.

75. No se trata, pues, de un cargo ordinario, sino de jueces que cumplen funciones
ininterrumpidas y permanentes, para quienes todos los días y horas son hábiles.
Por ello, cuando cumplen funciones en domingos, nocturnos o festivos, únicamente
tienen derecho a descansos remunerados compensatorios.

76. En consecuencia, el demandante no tiene derecho al pago doble por laborar
sábados, domingos, festivos o días de descanso obligatorio, ni a horas extras o a la
reliquidación de prestaciones sociales, ya que pertenece al régimen especial salarial
de la Rama Judicial, que solo prevé descansos compensatorios, conforme con el
Decreto 57 de 1993 y la Ley 4ª de 1992. La especial naturaleza de la función de
control de garantías, como servicio público esencial, excluye la aplicación por
analogía del régimen de la Rama Ejecutiva.

77. En ese orden de ideas, no resulta procedente acceder a las pretensiones de pago
de trabajo suplementario para los jueces de control de garantías, toda vez que, en
relación con su jornada laboral, todos los días y horas son hábiles.

78. Ahora bien, no desconoce la Sala que, en la sentencia del 27 de junio de 2024,
expediente 66001-23-33-000-2017-00523-01 (5027-2019), esta Subsección
reconoció el pago de horas extras y recargos a una secretaria judicial.

79. No obstante, no resulta aplicable al presente asunto, toda vez que aquella se
pronunció respecto de una secretaria de juzgado con conocimiento de funciones de
control de garantías, es decir, una empleada de apoyo adscrita a la Rama Judicial,
sin la calidad de juez ni la condición de cargo de dirección. Por el contrario, el
demandante ostenta la calidad de juez de control de garantías, cargo de dirección
sujeto a un régimen especial regulado por el Decreto 57 de 1993 y la Ley 270 de
1996. Este régimen excluye expresamente el reconocimiento de horas extras,

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recargos por trabajo en domingos y festivos o doble remuneración, limitándose
únicamente a descansos compensatorios por turnos asignados.

80. Cabe señalar que el Decreto 1042 de 1978, que regula las horas extras,
dominicales y festivos, solo aplica a empleados de la Rama Ejecutiva en niveles
técnicos y asistenciales específicos, lo que refuerza la imposibilidad de trasladar sus
disposiciones al régimen especial de la Rama Judicial.

81. Asimismo, el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 regula expresamente la jornada
de los funcionarios del Sistema Penal Acusatorio, para lo cual establece que todos
los días y horas son hábiles para el ejercicio de la función de control de garantías,
y que los turnos prestados deben entenderse compensados mediante descansos
remunerados.

82. Por estas razones, las conclusiones de la sentencia citada no pueden trasladarse
al presente caso. En efecto, si bien en la sentencia del 27 de junio de 2024 se
abordó, en un acápite específico, la regulación y reglamentación del pago del trabajo
ordinario en días de descanso obligatorio de los empleados y funcionarios que
ejercen funciones de control de garantías, e incluso se exhortó al Consejo Superior
de la Judicatura para que reglamentara este aspecto sin que la protección fuese
inferior a lo establecido por el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, lo cierto es
que el análisis del caso en concreto recayó sobre una situación fáctica diferente.
Aunado a ello, tal criterio fue posteriormente reevaluado, de manera que el criterio
vigente y actualmente acogido por la Sala corresponde al que se propone en el
presente caso.

83. Ahora, valga señalar que la sentencia del 3 de julio de 2025 26, la Subsección A
de esta Sección, al estudiar un asunto similar al aquí estudiado, consideró lo
siguiente:

«25. La Sala negará al amparo solicitado por la accionante, por las razones que
a continuación se exponen

[…]

29. Así, se observa que la autoridad judicial accionada, indicó que el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 57 de 7 de enero de 1993, mediante el cual fijó el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial que se
vincularan al servicio. Adicionalmente, señaló que en este no se consagró
alguna norma frente el reconocimiento de horas extras, dominicales, festivos y
días de descanso obligatorio a su favor.

30. Expuso que el parágrafo 3 del artículo 63 de la Ley 270 de 1996 estableció
que «la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará
los turnos, jornadas y horarios para garantizar el ejercicio permanente de la
función de control de garantías. En este sentido no podrá alterar el régimen
salarial y prestacional vigente en la Rama Judicial». Asimismo, señaló que la
Corte Constitucional, en la Sentencia C-713 de 2008, determinó que estas
disposiciones corresponden a normas operativas, que pretenden imprimir
celeridad y eficiencia en la administración de justicia, sin alterar las limitaciones
de orden presupuestal.

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de julio de 2025, radicación

11001-03-15-000-2025-03070-00, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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31. De igual forma, indicó que el numeral 26 del artículo 85 de la Ley 270 de
1996 estableció que a las Salas Administrativas del Consejo Superior de la
Judicatura les corresponde, entre otras funciones, fijar los días y horas de
servicio de los despachos judiciales. En ese sentido, expuso que la corporación
precitada, en el Acuerdo No. 2892 de 200527, señaló que “las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, con jurisdicción
en los Distritos Judiciales que se incorporen al Sistema Penal Acusatorio,
concederán a los Jueces y empleados, que prestan sus servicios en días y
horarios que generan compensatorios, los descansos remunerados conforme
a la Ley”.

32. Ahora bien, sostuvo que la Ley 906 de 2004 privilegió la necesidad del
servicio y determinó que, para los efectos, todos los días y horas son hábiles,
motivo por el cual, no hay lugar a recargos, ya que este es el horario habitual
en que se desarrollan las labores. En consecuencia, afirmó que el artículo 157
de la Ley 906 de 2004 consagra una norma especial que en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, se aplica de preferencia a las
disposiciones generales, por lo que no es posible extender el régimen previsto
en el Decreto 1042 de 1978 a los miembros de la Rama Judicial de manera
supletiva, tal y como reconoció el Consejo de Estado, en sede de tutela28.

[…]

34. Analizado lo anterior, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo
de Antioquia, en virtud del estudio normativo y jurisprudencial efectuado,
encontró que no era procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978,
por cuanto el accionante no hacía parte de la Rama Ejecutiva sino de la Rama
Judicial, régimen especial, en el cual según los artículos 63 de la Ley 270 de
1996 (parágrafo 3) y el 157 de la Ley 906 de 2004, todos los días y horas son
hábiles para el ejercicio de la función de control de garantías, por lo que no se
generaba derecho a devengar el pago de los turnos cumplidos domingos y/o
festivos, sino el pago de días compensatorios de descanso.

35. Así, se tiene que en ningún momento la autoridad accionada efectuó un
examen equivocado de las normas del régimen prestacional de los funcionarios
y empleados judiciales; contrario a ello, explicó tales disposiciones, en especial,
las que rigen a quienes están incluidos en el Sistema Penal Acusatorio y
ejecutan función de control de garantías y coligió, bajo una interpretación
razonable, amparado en los principios de autonomía e independencia judicial
(artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la improcedencia del doble
reconocimiento salarial, situación que no constituye ningún yerro.

36. En esos términos, la Sala concluye que el cargo formulado no tiene
vocación de prosperidad, comoquiera que la corporación tutelada fue precisa
en señalar que no existía un vacío legal para regular la situación de la
accionante y determinó, de manera razonada, cuál era el marco normativo
aplicable a su caso y, con ello descartó, además, la aplicación por vía de
analogía del Decreto 1042 de 1978».

84. Asimismo, indicó que «en relación con la Sentencia proferida por la Subsección B de
esta Sección del 27 de junio de 2024, con radicado No. 66001-23-33-000-2017-00523- 01
(5027-2019), se repara en que esta no constituye precedente judicial en los términos de la
Ley 1437 de 2011, por lo que mal podría exigírsele a la autoridad accionada aplicar
únicamente la postura allí asumida, especialmente cuando no existe un criterio unificado al
interior de esta Sección».

27 «Por el cual se define el procedimiento para otorgar los compensatorios para los servidores
incorporados al sistema penal acusatorio».
28 «Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 20 de noviembre de 2019. Rad. 11001-03-15-

000-2019-04124-00. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 27 de mayo de 2019. Rad
11001-03-15-000-2019-00149-01».

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85. En igual sentido se ha pronunciado esta Subsección en un asunto de similares
contornos facticos y jurídicos al ahora planteado29.

86. Con fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia proferida el 24 de
octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Casanare mediante la cual se
accedió a las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

87. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

88. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

89. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

90. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

91. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

92. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso concreto el
demandante no tenía derecho al reconocimiento del trabajo suplementario y sus
consecuenciales. Lo anterior, toda vez que:

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de septiembre de 2025,

radicado: 25000-23-42-000-2021-00321-01 (6629-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
30 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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92.1. El régimen salarial y prestacional de la Rama Judicial, regulado por el Decreto
57 de 1993 y la Ley 4ª de 1992, no dispone el pago de horas extras, recargos
dominicales o festivos, sino únicamente descansos compensatorios.

92.2. Los turnos y jornadas de los jueces de control de garantías, establecidos para
garantizar la prestación continua de la justicia penal, se consideran prestados en
días y horas hábiles y se compensan mediante descansos remunerados.

92.3. No es procedente aplicar por analogía el Decreto 1042 de 1978, pues este se
limita a empleados de la Rama Ejecutiva y no regula cargos de los niveles
superiores clasificados así en la función pública, esto es los de dirección o, en el
caso particular, de jueces.

92.4. Ladiferencia en regímenes salariales entre la Rama Judicial y la Rama
Ejecutiva no constituye discriminación, sino un reconocimiento de la naturaleza
especial de las funciones y responsabilidades de cada cargo.

92.5. El demandante, como juez de control de garantías, no tiene derecho a pagos
adicionales por turnos en fines de semana o festivos, ya que su salario ordinario y
los descansos compensatorios cubren su jornada laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de
la demanda presentada por Hugo Enrique Zuloaga Niño contra la Nación, Rama
Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclaración de voto

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29

Radicado: 85001-23-33-000-2021-00251-02 (6906-2024)
Demandante: Hugo Enrique Zuloaga Niño

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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