República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-06807-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-01 (947)
Accionante: Empresa Asociativa de Trabajo y Apoyo al Conductor
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
controversias contractuales. Subtema 2: incumplimiento de contrato de prestación
de servicios. Subtema 3: defectos procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y
decisión sin motivación. Subtema 4: requisito de subsidiariedad, recurso
extraordinario de revisión.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por la Empresa Asociativa de Trabajo y Apoyo al
Conductor (Empreaco EAT) contra la sentencia de primera instancia del 10 de
diciembre de 2025 proferida por la Sección Cuarta de esta corporación.
1. Síntesis del caso
Empreaco EAT presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ocasión de la
sentencia del 2 de agosto de 2024 y las posteriores providencias del 18 de
noviembre de 2024 y el 28 de abril de 2025 proferidas dentro del proceso con
radicado núm. 68001-23-33-000-2018-00739-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-01 (947)
Accionante: Empreaco EAT
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
2. Empreaco EAT presentó escrito en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra la Empresa Terminal de Transporte del Socorro
SA (TTS), con las siguientes pretensiones: i) que se declare que entre las partes
existió el contrato de prestación de servicios 001 del 1 de diciembre de 2010 que
tuvo un término inicial de 5 años; ii) que el negocio fue modificado por varios otrosíes
y prorrogado en la Resolución 18 del 23 de junio de 2015 y el otrosí 03 de 2015; iii)
que la demandada incumplió el contrato; y, iv) que se declare la nulidad de las
resoluciones 24, 40 y 54 de 2016 y 30 y 37 de 2017 de terminación y liquidación del
contrato.
3. En consecuencia, que se ordenara el pago por lucro cesante pasado y futuro
con ocasión de las actas pendientes de desembolso y la utilidad dejada de percibir
y el daño emergente causado por la afectación del goodwill y el buen nombre, sumas
que debían ser indexadas.
4. El asunto correspondió conocerlo al Tribunal Administrativo de Santander bajo
radicado núm. 68001-23-33-000-2018-00739-00, autoridad que, en sentencia del 3
de octubre de 20221 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda ante
el incumplimiento de TTS.
5. Explicó que, en atención a la naturaleza de la entidad contratante y el régimen
jurídico aplicable, no era posible que expidiera actos administrativos para la
terminación anticipada del contrato; no obstante, bajo la égida de un incumplimiento,
la decisión adoptada por la demandada se ajustó a lo pactado, motivo por el cual
negó el reconocimiento de indemnizaciones.
6. Por otro lado, dejó sin efectos la liquidación unilateral del contrato porque la
entidad demandada no tenía competencia para ejercer dicha actuación. Por tal
razón, declaró la liquidación judicial y dispuso el pago del saldo pendiente producto
de la ejecución del contrato hasta el momento en que se declaró su finalización.
7. La anterior decisión fue apelada por las partes. En segunda instancia, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió sentencia el 2 de
agosto de 20242 en la que modificó y revocó parcialmente la decisión del tribunal.
8. En su lugar, aceptó la tacha de falsedad respecto del otrosí 3; declaró que no
produjo efectos la terminación y liquidación unilateral del contrato realizada por TTS;
estableció que Empreaco EAT no tenía obligación por concepto de mayor valor
cobrado; declaró liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios
celebrado entre las partes; y negó las demás pretensiones de la demanda.
9. Expuso que debía complementar la sentencia en el sentido de aceptar la tacha
de falsedad formulada por TTS respecto del otrosí 3 del contrato, según el cual se
renovó el contrato por un término igual al inicial de 5 años, porque estaba
1 Samai, expediente núm. 68001-23-33-000-2018-00739-00, índice 84, certificado 7E7F223F3561CDD9
C2EC99975AF06EC1 1287927DE572B016 2AE9673F12B403D6.
2 Samai, expediente núm. 68001-23-33-000-2018-00739-01, índice 29, certificado 53CBB1131639A9DC
0F2C3021164871AB 95B53AF00A8BDE80 AA69909A3DF08B76.
2
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Accionante: Empreaco EAT
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
debidamente acreditada en el expediente mediante el cotejo grafológico realizado
por la Seccional de Investigación Criminal Santander de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional3.
10. Indicó que la terminación del contrato fue un acto jurídico existente y válido,
pues correspondió a la manifestación de la voluntad de una de las partes, capaz,
que tuvo un objeto lícito, posible y determinado, cuyo consentimiento no estaba
viciado. No obstante, señaló que no produjo efectos en la medida en que «para la
fecha en que fue emitido este acto jurídico, el contrato […] ya se encontraba
terminado». Al respecto, indicó lo siguiente:
27. Mediante comunicación No. TTS 100-01-122 de 27 de agosto de 2015,23 en vista
de que a la fecha la Junta Directiva de la entidad no se había “pronunciado respecto
a la prórroga o no” del contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, la TTS
manifestó a Empreaco EAT que el contrato vencería el 30 de noviembre de 2015.
28. Solo hasta el 18 de abril de 2016, cuando el contrato de prestación de servicios
No. 1 de 2010 ya se encontraba terminado desde el 2 de diciembre de 2015, mediante
comunicación No. TTS 100-01-035 de la misma fecha, la TTS indicó a Empreaco EAT
(se trascribe): “el día CATORCE (14) de Abril del presente año, se llevó a cabo reunión
de Junta Directiva, donde se determinó que el contrato de Prestación de Servicios No
001 de fecha PRIMERO (01) de Diciembre del 2010, suscrito con la Terminal de
Transportes del Socorro, se prorrogo por un periodo igual al anterior o sea CINCO
(05) Años”.
29. En este punto, la Sala pone de presente que, al margen de que, con posterioridad
a la terminación del contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, la ejecución
de actividades contractuales por parte de Empreaco EAT con la aquiescencia de la
TTS haya perfeccionado un nuevo contrato consensual de prestación de servicios –
en virtud del régimen contractual de la TTS–, la declaratoria de existencia de un
negocio jurídico de tal naturaleza no fue solicitada como una pretensión en la reforma
de la demanda; por el contrario, lo que Empreaco EAT solicitó –en la pretensión
tercera de la reforma de la demanda– fue que se declarara que el contrato de
prestación de servicios No. 1 de 2010 fue prorrogado mediante la Resolución No. 18
de 23 de junio de 2015 y el otrosí No. 3 de 24 de junio de 2015.
11. Por las razones expuestas, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado consideró que, para la fecha en que la TTS terminó unilateralmente el
contrato de prestación de servicios 001 del 1 de diciembre de 2010, dicho negocio
ya había finalizado.
12. Posteriormente, la Sala dictó providencia el 18 de noviembre de 2024 en la
que negó las solicitudes de aclaración y adición4 de sentencia formuladas por
3 En la mencionada tacha, la entidad de investigación criminal determinó lo siguiente:
«“Las signaturas cuestionadas relacionadas en el ítem 4.1.1, como de la señora BELKIS MARISOL MUÑOZ
ARENAS [Gerente y representante legal de la TTS para la fecha], NO UNIPROCEDEN ESCRITURALMENTE,
con las muestras escriturales tomadas la señora BELKIS MARISOL MUÑOZ ARENAS (…)
El soporte cuestionado correspondiente a dos (02) documento como de un formato del TERMINAL DE
TRANSPORTE DEL SOCORRO S.A. (…), referenciado como OTRO SI No. 003 ‘PRORROGA CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-2010’, referenciado en el numeral 3.1.1; NO se identifica con las
características extrínsecas que presenta la muestra patrón aportada por el funcionario investigador.”».
4 La parte demandante solicitó lo siguiente:
«1. Aclarar, por qué razón, se tiene en cuenta una prueba que no fue pedida por el demandado, ni aportada en
la oportunidad procesal, ya que fue allegada después de dictarse la sentencia de primera instancia (…)
3
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Accionante: Empreaco EAT
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Empreaco EAT, dado que no perseguían que se aclarara conceptos o frases
motivos de duda o que se resolvieran extremos de la litis o cualquier otro punto
objeto de controversia, en los términos del artículo 285 del Código General del
Proceso (CGP). Consideró que las peticiones del demandante estaban dirigidas a
cuestionar los medios de prueba que sustentaron la decisión sobre la tacha de
falsedad y el debate probatorio y a obtener una reforma del fallo.
13. En consecuencia, la parte demandante presentó solicitud de nulidad con
fundamento en las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 del
CGP, por pretermisión de instancia y omisión en la oportunidad de solicitar, decretar
y practicar pruebas, pues la Subsección B tuvo en cuenta la prueba relacionada con
la tacha de falsedad, pese a que tenía varios vicios, entre otros, que no fue pedida,
practicada o decretada en las oportunidades probatorias, no se supo cómo se
obtuvo, fue aportada con el recurso de apelación cuando ya estaba vencido el
debate probatorio y de esta no se corrió traslado.
14. Por último, el despacho ponente de la sala de segunda instancia dictó auto el
28 de abril de 2025 en el que negó el incidente de nulidad. Como fundamento de su
decisión, indicó que los cargos debían ser discutidos mediante el recurso
extraordinario de revisión. Además, destacó que el Tribunal Administrativo de
Santander, en auto del 2 de mayo de 2022, decretó como pruebas las actuaciones
del proceso investigativo adelantado por el delito de falsedad material en documento
público, decisión que Empreaco EAT no controvirtió.
15. Agregó que el cotejo grafológico elaborado por la Seccional de Investigación
Criminal Santander de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía
Nacional antes de proferirse sentencia de primera instancia, fue allegado al proceso
por TTS el 3 de mayo de 2023 sin que Empreaco EAT manifestara oposición; y que,
la «ley no prevé un traslado o un tipo de contradicción especial para este tipo de
pruebas».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
16. Empreaco EAT solicitó al juez constitucional que amparara sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por la sentencia del 2 de agosto de 2024 y las providencias
del 18 de noviembre y 30 de abril de 2025. En consecuencia, pidió lo siguiente:
SEGUNDO: […] se ordene a la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado
proferir nueva sentencia de Segunda Instancia […], fallando de conformidad a los
recursos de apelación que fueron presentados y admitidos y fallar con sujeción al
principio de consonancia con los hechos de la demanda, las pruebas de la demanda,
las pretensiones y excepciones, sin apartarse de lo estrictamente pedido y probado,
sin extender ni modificar el decreto de pruebas centrando el análisis a razones
2. Aclarar, por qué razón se valoró una prueba que no fue objeto de traslado y contradicción del demandante.
3. Aclarar, por qué la sentencia no tuvo en cuenta los documentos que sustentan la prórroga del contrato, citados
en la sentencia cuando refiere la Resolución 18 de 23 de junio de 2015 que no fue tachada y la decisión de la
Junta Directiva de prorrogar el contrato el 14 de abril de 2016 (…)
[S]olicito que se adicione la sentencia:
4. En el sentido de pronunciarse sobre el efecto de la Resolución 18 de 23 de junio de 2015 que no fue tachada
y de la decisión de la Junta Directiva de prorrogar el contrato el 14 de abril de 2016, respecto del contrato.”».
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Accionante: Empreaco EAT
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contenidas en el recurso de apelación, valorando las pruebas debidamente
aportadas, aplicar los principios procesales de congruencia, no desbordar el
contenido del recurso de apelación, valorar las pruebas conforme a su contenido y no
excederse en la interpretación de la contestación de la demanda.
17. Para sustentar sus pretensiones, la parte actora sintetizó las actuaciones
surtidas en el proceso ordinario de controversias contractuales y afirmó que la
entidad accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental. Para
lo anterior, argumentó que se abordó la demanda desde una perspectiva
equivocada porque impuso al demandante «una forma de pretensión de declaración
de existencia del contrato, distinta a la que se presentó».
18. Adujo que la tacha formulada contra el otrosí 003, por medio del cual se
prorrogó el contrato de prestación de servicios por un término igual al inicial de 5
años, no fue tramitada, y que no resultaba lógico que, pese a la Resolución 18 de
2015 que habilitó dicha prórroga, se tuviera como inexistente el mencionado otrosí.
19. También afirmó que no se tuvieron en cuenta los medios probatorios aportados
en el proceso sobre la prórroga del contrato, que no fueron controvertidas; y que se
permitió el ingreso y valoración de pruebas que ni fueron decretadas ni sometidas
a contradicción de la contraparte, es decir, se pretermitió una etapa procesal.
20. Expresó que se desconoció la existencia del contrato que fue debidamente
celebrado, prorrogado y ejecutado y, en cambio, aplicaron unas reglas sustantivas
sobre la terminación del negocio para establecer que no surtió efectos, aspectos
que no fueron formulados como excepción por la entidad demandada. Además,
argumentó que la Subsección accionada incurrió en lo siguiente:
Suponer pruebas con efecto en la forma en que debió presentarse la demanda,
desconociendo la prohibición de violar el debido proceso al demandante, además de
violar las normas sobre interpretación de demanda.
21. Sostuvo que la autoridad accionada, con el auto del 28 de abril de 2025,
pretendió «darle ropaje de validez» a su actuación, pues desconoció que la prueba
debía ser aportada por la autoridad que la elaboró y no por la parte pasiva, y que el
auto del 2 de mayo de 2022 que decretó como pruebas hacía referencia a las
existentes en ese momento dentro del expediente de la pesquisa adelantada por el
delito de falsedad material, pues de lo contrario, se hubiera ordenado la suspensión
del proceso a la espera del resultado que arrojara la mencionada investigación.
22. En ese orden, argumentó lo siguiente:
[…] configuraron un defecto procedimental absoluto respecto del recurso de
apelación, al desconocer las reglas procesales para resolver el recurso de apelación
en la segunda instancia (formas propias de cada juicio) que se aprecia en la forma de
abordar de manera errada la práctica de pruebas de primera instancia, desconociendo
la limitación temporal y de contenido frente a las pruebas decretadas, y suponiendo
que la tacha fue tramitada, cuando lo cierto es que la prueba que se decretó fue de
oficio.
[…]
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Accionante: Empreaco EAT
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Se incurre en error de derecho, por darse una indebida aplicación a las reglas de
existencia y de validez del contrato, pues aplicó reglas de forma indebida las normas
sobre: la existencia, vigencia y terminación del contrato. El contrato se regía por
derecho privado. Por consiguiente, la continuidad de la ejecución era suficiente para
considerar que fue prorrogado, aspecto omitido por la Segunda Instancia, al
desconocer que, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes estipularon una
forma de terminación, que para este caso no se materializó, lo que comportó
desconocer el contrato “como ley para las partes” […].
[…]
La sentencia carece de motivación, al resolver el asunto con carencia de justificación
interna, porque la conclusión del fallo no es congruente con la motivación expuesta
en materia de lo que son los recursos de apelación y lo resuelto en sede de segunda
instancia, desviándose sin razón, dejando de abordar el objeto de la apelación, y
omitiendo resolver de fondo sobre este tema.
2.3. Trámite Procesal
23. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 5 de noviembre de 20255 en el que requirió
que se acreditara la representación legal de la empresa accionante. Subsanada la
anterior situación, dictó auto el 18 de noviembre siguiente, en el que admitió la tutela,
vinculó al Tribunal Administrativo de Santander y al TTS; requirió el expediente
ordinario; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
24. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado contestó que
las providencias cuestionadas contienen los argumentos necesarios para que el
juez de tutela emita la decisión que corresponda.
25. La Empresa Terminal de Transporte del Socorro SA pidió que se declarara la
improcedencia de las pretensiones de amparo dado que la acción no superaba el
requisito de subsidiariedad ante la existencia del recurso extraordinario de revisión
como mecanismo previsto para discutir los reparos de la tutelante. Afirmó que no se
configuraron los defectos alegados, pues no existe etapa probatoria en segunda
instancia y la sentencia del 2 de agosto de 2024 se limitó a valorar las que ya
integraban el expediente ordinario.
26. Por otra parte, sostuvo que la mencionada providencia fue motivada de
manera suficiente y que los argumentos de tutela reproducen aquellos que
sustentaron las solicitudes de apelación, aclaración y nulidad, lo que muestra que
se busca agotar una tercera instancia.
27. El Tribunal Administrativo de Santander refirió que carecía de legitimación en
la causa por pasiva por cuanto los reproches de tutela estaban dirigidos contra la
sentencia ordinaria de segunda instancia.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07218-00, índice 5, certificado CE014C0C218E1828
1EFF583573DFB64A 578E388BF279A17D 0B83C6EF41247296.
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2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
28. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 10 de diciembre de 20256, en la que negó la solicitud de desvinculación
formulada por el Tribunal Administrativo de Santander y declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar el requisito de subsidiariedad. Para lo anterior,
indicó que los reparos de tutela realmente cuestionan la sentencia del 2 de agosto
de 2024, al margen de que en las pretensiones se pidiera dejar sin efectos los autos
que resolvieron la aclaración y nulidad.
29. Por otro lado, expresó que los reproches de Empreaco EAT encuadran en una
de las causales del recurso extraordinario de revisión, específicamente, el relativo
a la violación del principio de congruencia en la sentencia, puesto que «es un medio
eficaz, en la medida en que puede proteger de manera integral los derechos
fundamentales vulnerados y se pueden tomar decisiones que restauren de forma
suficiente el derecho». En ese orden, concluyó:
Adicionalmente, en los argumentos relacionados con el defecto fáctico se advierte
que la valoración de los hechos y las pruebas es un aspecto que deberá ser objeto
de estudio por el juez del recurso extraordinario de revisión, al verificar si en el fallo
recurrido se configuró alguna de las situaciones que constituyan una nulidad originada
en la sentencia, por ejemplo, lo relativo a la congruencia planteada en la acción de
tutela.
Así las cosas, la solicitud de amparo resulta en improcedente, en tanto los argumentos
expuestos por la entidad accionante se pueden plantear a través del recurso
extraordinario de revisión, mecanismo judicial eficaz e idóneo para ventilar la presunta
vulneración del principio de congruencia.
2.6. Impugnación
30. La accionante presentó escrito de impugnación contra la sentencia del 10 de
diciembre de 2025, para lo cual afirmó que el juez de primera instancia abordó de
manera errada y parcial el objeto de la acción para reducirlo a una nulidad procesal
y falta de consonancia. Arguyó que el recurso extraordinario de revisión no ofrece
una solución eficaz porque se trata de un nuevo proceso y tampoco permite discutir
todos los reproches de la tutela como el defecto sustantivo atinente a las reglas
sobre la terminación del contrato.
31. Adicionó que se imponen cargas procesales excesivas y que existen
elementos sobre la configuración de un perjuicio irremediable ante la inminente
afectación del derecho al debido proceso. Indicó que solo era posible discutir con el
recurso extraordinario de revisión el exceso en las competencias del juez de
segunda instancia por complementar la sentencia del Tribunal. Finalmente, reiteró
los argumentos del escrito de tutela.
6 Samai. exp. núm. 11001-03-15-000-2025-07218-00, índice 16, certificado FC19C27A1F9A9480
DB3F8CB2AD6BF12F B3FC0FCC6D64A75E 4F62D00092EB31A0.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionante, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
33. La legitimación en la causa por activa de la Empresa Asociativa de Trabajo y
Apoyo al Conductor se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante
dentro del proceso de controversias contractuales en el que se emitió la sentencia
del 2 de agosto de 2024 objeto de tutela y, por lo tanto, es la titular de los derechos
que consideró fueron vulnerados.
34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque es la autoridad que profirió
las decisiones que, según afirmó la tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3.3. Cuestión preliminar
35. En el escrito de amparo la tutelante afirmó que la sentencia del 2 de agosto de
2024 y las posteriores providencias del 18 de noviembre de 2024 y el 28 de abril de
2025 vulneraron sus derechos fundamentales; sin embargo, los reproches sobre la
configuración defectos están dirigidos específicamente contra el referido fallo. En
ese orden, la Sala realizará el estudio del caso respecto de dicha providencia.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
36. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional8.
37. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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Accionante: Empreaco EAT
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iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
38. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 9 y,
por lo tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
39. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.
3.5. Problema jurídico
40. Al tener en cuenta que la sentencia de primera instancia declaró la
improcedencia de la acción, a la Sala le corresponde determinar si la solicitud de
amparo supera el requisito de subsidiariedad. En concreto, se deberá verificar si
resulta procedente el recurso extraordinario de revisión para discutir los cargos
formulados en el escrito de tutela.
41. Finalmente, se analizará si se cumplen los demás requisitos generales y, si a
ello hay lugar, se tendrá que establecer si la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de Empreaco EAT.
3.6. Caso concreto
42. En el asunto bajo estudio, Empreaco EAT adelantó proceso de controversias
contractuales contra la TTS con las pretensiones de que se declarara que entre las
partes existió un contrato, que el mismo fue modificado en varios otrosíes y
prorrogado en la Resolución 18 de 2015 y el otrosí 01 de 2015, que la demandada
incumplió sus obligaciones, y que se anularan las resoluciones que suspendió,
terminó y liquidó el negocio. En consecuencia, que se ordenara el reconocimiento y
pago de perjuicios por lucro cesante pasado y futuro y daño emergente.
43. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
el 3 de octubre de 2022 en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la
9 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
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Accionante: Empreaco EAT
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demanda. Apelada esta decisión por las partes, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado la «modificó y revocó parcialmente» en fallo del 2 de
agosto de 2024, en el sentido de que aceptó la tacha de falsedad respecto del otrosí
3; declaró que la terminación y liquidación unilateral del contrato realizada por TTS
no produjo efectos; estableció que Empreaco EAT no tenía obligación por concepto
de mayor valor cobrado; declaró liquidado judicialmente el contrato de prestación
de servicios celebrado; y negó las demás pretensiones.
44. El fallo de segunda instancia fue objeto de solicitudes de aclaración y adición
y de nulidad, sin embargo, en providencias del 18 de noviembre de 2024 y el 28 de
abril de 2025, respectivamente, fueron negadas.
45. Ahora bien, en el escrito de tutela, Empreaco EAT consideró vulnerados sus
derechos fundamentales con la sentencia del 2 de agosto de 2024, en términos
generales, con reproches dirigidos a cuestionar la forma en que se incorporó la
prueba sobre la tacha y que esta haya sido valorada; y, la congruencia del fallo
respecto de las pretensiones y argumentos de la demanda, los cargos de apelación
y lo resuelto por el juez de segunda instancia. Por su parte, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la tutela porque no se superó el
requisito de subsidiariedad ante la procedencia del recurso extraordinario de
revisión.
46. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de
subsidiariedad exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6
del Decreto 2591 de 199111 que el juez constitucional, por un lado, verifique que la
accionante no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus
derechos fundamentales; y, por otro lado, valore si dichos mecanismos resultan
idóneos y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de
acuerdo con las particularidades de cada caso12.
47. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos
no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables13.
3.6.1. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión
48. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia
y la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a
11
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
12 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
13 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
10
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una controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA14.
49. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales,
regulado en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA15, para casos en que la
decisión judicial está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el
error, la aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de
la decisión […]», entre otros16.
50. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del
juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»17.
51. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.
52. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa
precisa […], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y
fundamentada […]»18. Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de
revisión bajo el amparo de una de las causales previstas para su procedencia tiene
el deber de «[…] explicar cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente,
los hechos que sirven de fundamento para su configuración»19.
3.6.2. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
53. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
54. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que
puso fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
abril de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de
julio de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
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de apelación»20.
55. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado
de dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.
56. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP21. De tal
manera que no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como
vicios de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la
controversia, y no en etapas procesales anteriores a la decisión.
57. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a
la sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes
subsanen las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores
procesales que debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP
(antes el artículo 142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en
los términos del artículo 136 ib. (antes 144 CPC)» 22.
58. Por lo anterior, a través de la causal 5 del recurso extraordinario de revisión no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo
el caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…]
no pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin
embargo, el afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la
nulidad, para evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en
una tercera instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»23.
59. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
sustentado en la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados
eventos supralegales que comportan una lesión grave del derecho fundamental al
debido proceso.
60. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto
genéricamente en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la
configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia, sino solo en los
escenarios que expresamente ha reconocido la jurisprudencia, lo cual puede ocurrir,
entre otras, por las siguientes circunstancias excepcionales24:
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
21
Antes el artículo 140 del CPC.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del
3 de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia
del 13 de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
24 Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
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• Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación al debido proceso25.
• Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de
magistrados o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.
• Cuando la providencia carezca por completo de motivación26.
• Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus27.
• Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia28.
• Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio contra una persona
que no fue vinculada al proceso29.
• Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado30.
61. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo
29 constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la
decisión por afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso
[…]. Esto implica, que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si
el vicio que se alega impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia
material de manera que tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad
de la cosa juzgada»31.
62. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»32, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.
3.6.3. Principio de congruencia
63. El artículo 281 del CGP, que regula el principio de congruencia, establece que:
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
25 Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-
15-000-2015-02493-00 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-
03-15-000-2009-00494-00 (REV).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010,
radicación: 11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
28 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación:
11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
29
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01.
31 Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023,
exp. 11001-03-15-000-2020-03585-00.
32 Ibidem.
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No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegad por la
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
64. Bajo este postulado, la jurisprudencia ha desarrollado como motivos de
incongruencia que el juez emita un pronunciamiento por fuera de lo pedido (extra
petita), que se exceda en cuanto al reconocimiento de lo solicitado (ultra petita) o
que omita referirse a las pretensiones o a los hechos planteados por las partes (infra
petita). Todos estos escenarios constituyen una lesión al debido proceso en
términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional33.
65. Ahora bien, esta Subsección del Consejo de Estado ha identificado que el
principio de congruencia se concreta en dos escenarios, a saber:
Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y alegado
por las partes; y otra interna, relacionado (sic) con la coherencia entre lo dispuesto en
la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva de
la providencia […]. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad34.
66. De forma complementaria, en lo que respecta al recurso de apelación, los
artículos 320 y 328 del CGP regulan la limitación del superior para estudiar los
reparos puntuales propuestos por el apelante con el fin de que la providencia de
primera instancia sea revocada o reformada. De ahí que, el recurso de apelación se
propondrá en lo desfavorable a la parte, por lo cual en caso de que solo una de
estas haya apelado no podrá afectarse el principio de la non reformatio in pejus.
67. Aunque existe una limitación de la competencia del superior para estudiar la
apelación, ello debe ser entendido en el sentido de que «[…] la competencia del
juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido expresamente mencionados en
el recurso, que estén íntimamente ligados con el aspecto materia de
impugnación»35.
33 Corte Constitucional, sentencia T-455 de 2016.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de junio de 2024, exp. 1001-03-25-000-2020-00930-00 (2784-2020).
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp. 11001-
03-15-000-2016-02271-00. 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
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3.6.4. Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación al debido proceso.
68. En relación con las causales previstas en la ley, la Sala Especial de Decisión
13 de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo indicó, en fallo del 7 de junio
de 201636, que debía agregarse aquella consistente en la prueba recaudada con
violación del debido proceso, en los términos contenidos en la sentencia C-491 de
1995, siempre y cuando la decisión controvertida estuviera sustentada
exclusivamente en dicha prueba.
69. En la referida providencia, la Corte Constitucional analizó la demanda
interpuesta contra la expresión «solamente» del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, el cual enlistó las causales por las cuales el proceso era nulo,
y resolvió declarar exequible la expresión acusada, en el entendido de que también
podía invocarse como causal de nulidad la contenida en el artículo 29 de la
Constitución, que dispone que es «nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso». En esa oportunidad, el alto tribunal explicó lo
siguiente:
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta a los preceptos de la
Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos
procesales de las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140 del C.P.C.,
para indicar que en los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas causales
legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la
Constitución, según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", esto es, sin la observancia de las formalidades
legales esenciales requeridas para la producción de la prueba, especialmente
en lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual se opone
ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión demandada, con la referida
advertencia37.
70. En tal sentido, la Corte reconoció la existencia de una causal de nulidad
supralegal derivada de la obtención de una prueba con violación del debido proceso
que afectaba la validez de la actuación, es decir, sin el cumplimiento de las
formalidades previstas para su producción y, de manera específica, en lo atinente
al respeto del derecho a la contradicción. Esta postura fue reiterada en sentencia C-
217 de 1996. Por su parte, la Sala Especial de Decisión 12 acogió la tesis del alto
tribunal constitucional en sentencia del 6 de marzo de 201838, en los siguientes
términos:
Como se aprecia a simple vista, el entendimiento de la Corte difiere sustancialmente
del planteado por el recurrente; pues mientras este considera que la existencia de
una causal supralegal de nulidad –derivada del artículo 29 Superior–, permite alegar
cualquier irregularidad procesal enmarcándola como una violación al debido proceso;
por el contrario, los referidos pronunciamientos, que hicieron tránsito a cosa juzgada
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 13, exp. 11001-
03-15-000-2015-02493-00(REV).
37 La Sala destaca.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 12, exp. 11001-
03-15-000-2012-01027-00 (REV). Postura reiterada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia del 10 de septiembre de 2021.
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constitucional, son precisos en señalar que sí existe una causal supralegal de nulidad:
la expresamente contenida en el inciso final del artículo 29 Superior, restringiéndola
a la invalidez procesal por la obtención de pruebas con desconocimiento del debido
proceso.
[…]
Para la Sala, la causal de nulidad supralegal prevista por la Corte Constitucional en
el precedente invocado por el recurrente corresponde a la obtención de pruebas con
violación del debido proceso, tal como está prevista en el inciso último del artículo 29
Superior y debe entenderse en consonancia con las sentencias de constitucionalidad
que se pronunciaron sobre los apartes correspondientes del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil. Otras irregularidades constituyen causal de nulidad
únicamente si se encuentran enlistadas en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil.
3.6.5. Estudio del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
71. Revisado el escrito de tutela, la Sala observa que Empreaco EAT argumentó
como sustento de la vulneración de derechos alegada, en términos generales, que
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado fundamentó su
decisión en la grafología practicada dentro de una investigación penal, no obstante
que: i) dicho documento fue hecho con posterioridad a la sentencia de primera
instancia ordinaria; ii) fue aportado con el recurso de apelación; iii) el Tribunal
Administrativo de Santander no tramitó la tacha de falsedad en la etapa probatoria;
iv) no se decretó la prueba, no se le corrió traslado del mencionado documento ni
fue allegado por la autoridad que lo elaboró; y, v) no se le garantizó su derecho a la
contradicción lo que afectó el debido proceso.
72. Además, indicó que se valoró «de manera indebida [y no se apreció] las
[pruebas] aportadas» al proceso, como la Resolución 18 de 2015, que daban cuenta
de la prórroga del contrato.
73. Pues bien, de lo expuesto, la Sala considera que la accionante podría tener a
su alcance el recurso extraordinario de revisión para discutir los argumentos de
tutela objeto de análisis bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, nulidad
originada en la sentencia, porque, eventualmente, sus inconformidades estarían
relacionadas con la nulidad supralegal prevista en el artículo 29 de la Constitución
consistente en que la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba
recaudada con violación del debido proceso.
74. Lo anterior, en la medida en que, en los términos descritos por la Corte
Constitucional, la mencionada nulidad supone la inobservancia de las formalidades
para la producción de la prueba y la violación del derecho de contradicción,
situaciones que, precisamente, son las que el tutelante le atribuye a la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues argumentó, por un lado, que
no se decretó ni practicó en la forma y las etapas previstas en el CGP la prueba
grafológica sobre el otrosí 03 de 2015, y, por otro lado, que no se le corrió traslado
para controvertirla.
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75. También cabe advertir que la posible nulidad, de acuerdo con los cargos de
tutela, se configuró en la sentencia de segunda instancia y no en etapa anterior,
toda vez que la prueba «grafología sobre el otrosí 03 de 2015» no hizo parte del
acervo probatorio en primera instancia, se aportó al proceso ordinario con el escrito
de apelación que presentó la demandada y solo fue hasta la decisión objeto de
reparos que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo
referencia a dicho medio probatorio.
76. Además, la mencionada causal fue formulada en el proceso ordinario con
posterioridad al fallo del 2 de agosto de 2024, sin embargo, en auto del 28 de abril
de 2025 fue negada por la autoridad judicial accionada, entre otros argumentos, al
tener en cuenta que la controversia sobre la obtención y valoración de la prueba de
grafología debía ser agotada mediante el ejercicio del recurso extraordinario de
revisión.
77. Por último, cabe recordar que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado resolvió en su sentencia declarar la tacha de falsedad del otrosí
3. De esta manera, la autoridad judicial consideró que, cuando el negocio jurídico
fue terminado y liquidado unilateralmente por TTS en las resoluciones objeto de
demanda, el mismo ya había finalizado, pues se insiste, el contrato no fue
prorrogado con el otrosí 3 dada la falsedad de dicho otrosí, motivo por el que declaró
que no produjo efectos.
78. Así las cosas, se advierte que la prueba a la cual la tutelante le atribuye
irregularidades sustentó la decisión de declarar la tacha de falsedad del otrosí 3 de
2015, lo que, a su vez, permitió emitir las demás decisiones del fallo del 2 de agosto
de 2024.
79. En los términos expuestos, la Sala encuentra que los reparos formulados en
el escrito de amparo, en principio, cumplirían los requisitos previstos para que
puedan ser discutidos mediante el recurso extraordinario de revisión. En este punto,
valga decir que los reparos residuales sobre la supuesta indebida valoración o no
apreciación de las demás pruebas aportadas al proceso ordinario será un asunto
que corresponda definir al juez del recurso extraordinario en caso de encontrar
demostrada la causal de nulidad, lo que impide a esta Sala decidir de fondo al
respecto.
80. Por otra parte, la accionante argumentó que se desconocieron las reglas
procesales para resolver el recurso de apelación y la competencia de segunda
instancia y que la sentencia carece de motivación «al resolver el asunto con
carencia de justificación interna, porque la conclusión del fallo no es congruente con
la motivación expuesta en materia de lo que son los recursos de apelación y lo
resuelto en sede de segunda instancia, desviándose sin razón, dejando de abordar
el objeto de la apelación, y omitiendo resolver de fondo sobre este tema».
81. En las pretensiones de amparo, pidió que se ordenara a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado emitir una nueva decisión en la que aplique
los principios procesales de congruencia, no desborde el contenido del recurso de
apelación ni la interpretación de la contestación de la demanda. Agregó que se
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desatendieron «las facultades, competencias y limitaciones del Juez de segunda
instancia, en la medida que se excedió en la posibilidad de complementar sentencia,
si esto no fue pedido en la apelación».
82. Pues bien, para la Sala sería del caso emitir un pronunciamiento de fondo
sobre la procedibilidad de los anteriores reparos mediante la acción de tutela, no
obstante, la parte actora reconoció en el escrito de impugnación que estos eran
susceptibles de ser discutidos a través del recurso extraordinario de revisión, como
lo concluyó el juez constitucional de primera instancia.
83. En todo caso, no sobra decir que los reproches de la tutelante hacen referencia
a la posible falta de congruencia interna y externa en la que incurrió la sentencia del
2 de agosto de 2024, circunstancia que encuadra en la causal de revisión 5 del
artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia.
84. Finalmente, en el escrito de amparo se alegó la configuración de un defecto
sustantivo ante una «indebida aplicación [de] las reglas de existencia y validez del
contrato». Sin embargo, la Sala observa que no se citó alguna norma o
jurisprudencia que sustente tal afirmación, de manera que el alegato se reduce a
una inconformidad que, resolverla de fondo, implica suplantar las competencias
propias del juez ordinario para entrar a decidir de oficio sobre la aplicación normativa
que regula la materia.
85. En cuanto a la configuración de un perjuicio irremediable que se aludió en el
escrito de impugnación, se advierte que no se explicó en qué consiste, de qué forma
se materializa ni porqué es urgente, inminente y grave.
4. Conclusión
86. La Sala encuentra que los reparos contenidos en el escrito de tutela no
superan el requisito de subsidiariedad ante la procedibilidad del recurso
extraordinario de revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para discutirlos.
Por tal motivo, se confirmará la sentencia del 10 de diciembre de 2025 proferida por
la Sección Cuarta de esta corporación, que declaró improcedente la acción, por los
motivos expuestos en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Confirmar la sentencia del 10 de diciembre de 2025 emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06807-01 (947)
Accionante: Empreaco EAT
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx
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