Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06817-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06817-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06817-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06817-00
Accionante: Humberto Alfonso Granados
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela / Mora judicial – niega amparo.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 29 de octubre del 2025, el señor Humberto Alfonso Granados instauró acción
de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital, acceso a la administración de justicia, derecho pensional y protección al adulto
mayor. Alegó que estos fueron vulnerados por la autoridad accionada al incurrir en
una presunta mora judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho2 que promovió contra Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, al no haber proferido fallo de
segunda instancia.
2.
El actor informó que es una persona de 87 años, que desde el 2014 viene
reclamando por el reconcomiendo de la sustitución pensional a la que considera
tiene derecho. Adujo que el 10 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B profirió sentencia en la cual
accedió a sus pretensiones. No obstante, la entidad demandada presentó recurso
de apelación, el cual fue admitido por auto de 23 de octubre de 2023 por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Radicado número 25000-23-42-000-2020-00979-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06817-00
Accionante: Humberto Alfonso Granados
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.
Expresó que el 27 de febrero de 2025, la autoridad judicial accionada profirió auto
en el cual ofició a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a la Administradora
Colombiana de Pensiones, para que allegaran al proceso una serie de documentos
indispensables para proferir una decisión de fondo. El 25 de junio del año en curso
el proceso ingresó al despacho para fallo.
4.
El actor manifestó que, al no tener otro mecanismo judicial para obtener el respeto
de los derechos fundamentales invocados, se veía obligado a acudir a esta acción
con el fin de que la accionada proceda a hacer el estudio respectivo de los medios
probatorios allegados y confirme la sentencia de primera instancia. Adicionó que la
tardanza en la resolución del asunto afecta gravemente sus derechos
fundamentales.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.
Mediante auto de 4 noviembre de 20253 se resolvió admitir la demanda, notificar
de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como comunicar la decisión
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También se requirió a la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 25000-23-42-000-2020-00979-01.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A4
6. El magistrado ponente del asunto manifestó que el proceso ingresó al despacho
para fallo el 25 de junio de esta anualidad, es decir, apenas hace cuatro meses.
Resaltó que conforme al principio de orden cronológico y a la carga procesal
existente, en el despacho reposan múltiples procesos que ingresaron con
anterioridad. Además, el trámite actual se desarrolla dentro de tiempos razonables y
conforme a los criterios de gestión judicial establecidos, sin que se evidencie
vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia por
mora judicial.
7. Señaló que el proyecto de sentencia sería registrado para Sala de decisión de la
Subsección A de la Sección Segunda que se celebraría el 27 de noviembre de 2025.
En consecuencia, solicitó se deniegue la protección solicitada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
8.
Esta Sala de Subsección negará el amparo deprecado en la demanda ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.
9.
De tiempo atrás esta Corporación ha recalcado que “no existe mora judicial por el
solo transcurso del tiempo, sino que ésta debe ser injustificada y estar probada la
3 Notificado el 10 de noviembre de 2025.
4 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 2 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06817-00
Accionante: Humberto Alfonso Granados
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
negligencia de la autoridad judicial accionada.”5. Al respecto, en sentencia SU-330
de 2020, la Corte Constitucional determinó que se presenta mora judicial injustificada
si: (i) es fruto de un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza
es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
10.
Por ende, el juez de tutela debe valorar en cada caso concreto la conducta del
funcionario o la corporación judicial a efectos de constatar si la tardanza en la
resolución del asunto es el resultado de la falta de diligencia en su actuar o sí, por el
contrario, obedece a circunstancias ineludibles e imprevisibles que impiden que la
controversia se resuelva dentro del plazo previsto por ley6.
11.
Dicho análisis abarca el estudio de los siguientes elementos: (i) la complejidad del
asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad
judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (v) el turno en el que
el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en los artículos
63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 y
18 de la Ley 446 de 1998.
12.
Una revisión de los elementos de juicio obrantes en el expediente, así como del
informe rendido por el magistrado a cargo el proceso en cuestión permite advertir
que, si bien a la fecha todavía no se ha proferido la sentencia de segunda instancia
dentro del asunto objeto de debate, dicha omisión no es atribuible a la negligencia o
desidia de la autoridad accionada.
13.
Para empezar, se advierte que el tiempo transcurrido entre que el expediente
ingresó al despacho para fallo -25 de junio de 2025- y la fecha en que se interpuso
la tutela -29 de octubre de 2025-, no es excesivo ni desproporcionado. Máxime si se
tiene en cuenta que dentro del proceso cuestionado se han surtido distintas etapas
procesales, necesarias para proferir decisión de fondo.
14.
Concretamente se advierte que: (i) se admitió el recurso de apelación el 23 de
octubre de 2023, notificado el 7 de noviembre de ese mismo año; (ii) el 27 de febrero
de 2025, se profirió auto oficiando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y a la Administradora
Colombiana de Pensiones para que allegaran al proceso unos documentos
indispensables para proferir una decisión de fondo; (iii) la UGPP allegó la información
requerida el 14 de mayo de 2025, por lo que se fijó en lista y corrió traslado el 6 de
junio de 2025; (iv) debido a que Colpensiones no allegó respuesta, se realizó
requerimiento a la entidad el 27 de mayo; (v) Colpensiones allegó la información el
10 de junio siguiente, la cual se fijó en lista y corrió traslado el 16 de junio del presente
año y; (vi) el 25 de junio del año en curso el asunto ingresó al despacho para fallo.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de 2009,
exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6 Al respecto, ver sentencia SU-179 de 2021, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06817-00
Accionante: Humberto Alfonso Granados
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.
La anterior información sustraída del aplicativo SAMAI permite ver que el proceso
del actor no ha estado inactivo, sino que, por el contrario, como se acaba de ver,
dentro de aquel se han surtido distintas etapas que se deben dar para proferir una
decisión en derecho, garantizando el debido proceso, así como el acceso a la
administración de justicia de todas las partes. Sumado al hecho que, según la
respuesta dada por la autoridad judicial accionada, en la Sala del 27 de noviembre
se llevaría el proyecto de sentencia del caso. Por lo que, aunque hasta la fecha no
se haya notificado una decisión, es claro que aquello está por suceder.
16.
En este punto, se debe recordar que existe un alto volumen de procesos que
ingresaron al despacho con anterioridad al caso del actor para los mismos efectos.
Sumado a que se presenta una congestión judicial que desborda las capacidades
humanas y se proyecta como un obstáculo para poder cumplir a cabalidad con los
términos judiciales, debido, entre otros, a los volúmenes de acciones
constitucionales de tutela que impactan la labor del juez de la legalidad. De acuerdo
con los artículos 63A de la Ley 270 de 1996 y 18 de la Ley 446 de 1998, los jueces
deben proferir las sentencias en el orden en que los expedientes hayan pasado al
despacho para ese mismo fin, sin que dicho orden pueda ser objeto de alteración,
salvo que existan circunstancias especiales que habiliten una atención prioritaria,
conforme a los criterios fijados por el legislador.
17.
Respecto a este último asunto, se resalta que muchos de los procesos que conoce
la Sección Segunda del Consejo de Estado están relacionados con derechos
pensionales, cuyos demandantes en la mayoría de los casos son, al igual que el
señor Humberto Alfonso Granados, sujetos de especial protección constitucional.
Por lo que no es dable para esta Sala de Subsección, sin contar con mayores
elementos de juicio, ordenar una prelación de fallo en el tema en cuestión, debido a
que pueden existir personas en situaciones similares o peores, que también
necesitan de una solución a su problema jurídico, cuyo proceso ingresó para fallo
mucho antes que el ahora analizado.
18.
Por último, el actor no alegó la configuración de un perjuicio irremediable, más allá
de su edad, y esta Sala no observa alguno; pues si bien es un sujeto de especial
protección constitucional, por ser adulto mayor, toda vez que nació el 22 de
noviembre de 1938, es decir, que cuenta con 87 años, no explicó, ni mucho menos
demostró siquiera de forma sumaria, que se encuentra afectado su mínimo vital de
manera grave o que no tenga los medios necesarios para su digna subsistencia. Por
lo que no se tiene ningún tipo de elemento para entrar a revisar un posible amparo
de derechos. A lo cual se suma que el consejero ponente en el asunto ordinario ya
está al tanto de la situación y, a pesar de que no se acredita la configuración de una
mora judicial injustificada, anunció la priorización del asunto. De ahí, que no se
estime indispensable la intervención del juez constitucional.
19.
Por lo expuesto en precedencia, la Sala negará el amparo constitucional
solicitado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06817-00
Accionante: Humberto Alfonso Granados
Accionado:Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
20. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
7 VF
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