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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00979-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00979-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Humberto Alfonso Granados en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Se condena en costas en esta instancia a la UGPP y a favor del demandante. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del 835 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2020-00979-01 (4145 -2023) Demandante : Humberto Alfonso Granados CGPP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA. Estas se liquidarán por las Secretaría del Tribunal. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado Consejero de Estado JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Consejero de Estado Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso. 835 24 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00979-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00979-01 (4145-2023)
Demandante: Humberto Alfonso Granados
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Indemnización sustitutiva de la pensión de jubilación
Decisión: Confirma la decisión que accede a las pretensiones de la
demanda. Condena en costas de segunda instancia.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada en contra de la sentencia de 10 de marzo de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E1, que accedió a las súplicas de la demanda que instauró el señor Humberto
Alfonso Granados en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Humberto Alfonso Granados, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de las
Resoluciones RDP 488 de 12 de enero de 2016, RDP 8622 de 25 febrero de
2016, RDP 14630 de 6 de abril de 2016, 41733 de 3 de noviembre de 2017, RDP

1 Con ponencia del magistrado Jaime Alberto Galeano Garzón.
2Expediente digitalizado primera instancia. Sistema SAMAI. Archivo:

«10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf».

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Demandante : Humberto Alfonso Granados

40110 del 4 de octubre de 2018, RDP 057 de 3 de enero de 2019 y RDP 26271
de 3 de septiembre de 2019, a través de la cuales la entidad demandada le negó
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle y pagarle la indemnización sustitutiva por los períodos
laborados del 22 de abril de 1970 al 30 de agosto de 1972, y del 1.° de septiembre
de 1972 al 23 de agosto de 1977, para un total de 7 años, 4 meses y un día.

4. Adicionalmente solicitó que las sumas reconocidas sean indexadas de acuerdo
con el IPC y que se reconozcan y paguen los intereses moratorios causados.

2.1.2. Hechos

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. El señor Humberto Alfonso Granados nació el 22 de noviembre de 1938 y
laboró para el Fondo Nacional Hospitalario como jefe de sección de ingeniería,
desde el 22 de abril de 1970 hasta el 23 de agosto de 1977.
7. El 5 de agosto de 2014 el demandante presentó una petición a la UGPP
solicitando que se verificara la existencia de la Resolución 9000 del 2 de agosto
de 1998, por medio de la cual presuntamente se le reconoció la pensión de
jubilación.
8. El 20 de agosto de 2014 la UGPP le informó que una vez revisados los
aplicativos de la UGPP, no se encontró registro alguno de la documentación
requerida.
9. Para la fecha del supuesto reconocimiento pensional realizado a través de la
Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998, el señor Humberto Alfonso Granados
no se encontraba residiendo en el país.
10. El 17 de septiembre de 2014 presentó una petición, en la que informó a la
UGPP que fue suplantado respecto a su pensión de jubilación y solicitó que se
iniciaran las investigaciones correspondientes, así mismo solicitó el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva.
11. El 28 de enero de 2015 el demandante presentó denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación por la suplantación de sus documentos ante
Cajanal para obtener el reconocimiento de una pensión de jubilación, asunto
ajeno a su conocimiento y sin tener los requisitos para ello.
12. Según indicó, no cobró una sola mesada pensional, no se encuentra
pensionado ni ha recibido indemnización sustitutiva.
13. El 24 de septiembre de 2015 el demandante solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva con todos los documentos
exigidos por la entidad, empero a través de la Resolución RDP 0488 de 12 de
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

enero de 2016 se le negó su petición con base en que se encontraba pensionado
actualmente por la entidad.
14. Contra la anterior decisión el demandante interpuso recursos de reposición y
apelación, que fueron decididos a través de las Resoluciones RDP 08622 de 25
de febrero de 2016 y RDP 14630 de 6 de abril de 2016, con los cuales se confirmó
la decisión inicial.
15. Posteriormente, el 18 de mayo de 2016 el señor Humberto Alfonso Granados
solicitó la revocatoria directa de la Resolución RDP 14630 de 6 de abril de 2016
y mediante Resolución ADP 007320 de 31 de mayo de 2016 la UGPP rechazó
su petición.
16. El 29 de julio de 2016 se llevó a cabo inspección judicial en las instalaciones
de la UGPP respecto de la carpeta del demandante y el 2 de agosto de ese mismo
año, rindió “descargos” respecto de la situación denunciada frente al
reconocimiento pensional.
17. El 22 de febrero de 2017 la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del Fiscal 35, se inhibió de abrir
investigación pensional por los delitos de fraude procesal, falsedad material y
estafa agravada al determinar que ocurrió la prescripción de la acción penal.
18. El 26 de julio de 2017 el accionante solicitó la indemnización sustitutiva de la
pensión de jubilación ante la UGPP, que fue resuelta a través de la Resolución
RDP 41733 de 3 de noviembre de 2017 por el subdirector de determinación de
derechos pensionales quien nuevamente le señaló que se encontraba
pensionado desde el mes de febrero de 1999 a través de la Resolución 9000 de
2 de agosto de 1998 y que la decisión de la Fiscalía General de la Nación no
lograba probar que ese reconocimiento había sido fruto de una suplantación.
19. A través de la Resolución RDP 40110 de 4 octubre de 2018 la UGPP señaló
que el demandante ya había solicitado en varias oportunidades el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva y le solicitó a la Subdirección de Defensa de la
entidad pronunciarse sobre la solicitud de reactivación de la pensión o dar
solución a su situación pensional señalando razones de fondo para ello.
20. El 31 de octubre de 2018 el demandante presento recurso de reposición y
apelación contra la anterior determinación; mediante las Resoluciones RDP 0057
de 3 de enero de 2019 y RDP 26271 de 3 de septiembre de 2019 se le indicó al
demandante que debía aportar los certificados de tiempos de servicio y factores
salariales, con el fin de verificar el reconocimiento de la pensión.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

21. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, y 48 de la Constitución
Política y los artículos 6.°, 17 y 37 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante : Humberto Alfonso Granados

22. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que los actos acusados
incurrieron en falsa motivación y en indebida aplicación de la norma.

23. Al efecto señaló que los actos demandados se limitaron a describir los
diferentes regímenes pensionales y con base en ello, se concluyó que de acuerdo
con la historia laboral del señor Humberto Alfonso Granados éste no cumplió con
los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación, poniendo en
evidencia una contradicción, con la cual se ha negado el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, pues el mismo demandante puso en conocimiento de
la Fiscalía General de la Nación que fue suplantado para obtener el
reconocimiento de la pensión.

24. De igual forma, precisó que no le fue posible efectuar más cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones dado que solo laboró y efectuó
cotizaciones entre el 22 de abril de 1970 y hasta el 30 de agosto de 1972 y del
1.° de septiembre de 1972 hasta el 23 de agosto de 1977 para un total de 7 años,
4 meses y 1 día, como jefe de la Sección de Ingeniería del Fondo Nacional
Hospitalario.

25. Igualmente señaló que él siempre actuó de buena fe siendo inclusive quien
formuló el 28 de enero de 2015 ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia
penal por las actuaciones de suplantación para obtener el reconocimiento de su
pensión de jubilación y pese a ello la entidad mantuvo su negativa en el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva sin más razones y sin realizar
alguna actuación administrativa para aclarar la situación.

2.2. Contestación de la demanda

26. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social3 dio contestación, en
oposición a las pretensiones de la demanda.
27. Al efecto hizo referencia al reconocimiento pensional efectuado a favor del
demandante a través de la Resolución 9000 de 2 de agosto de 1998, efectiva
partir del 22 de noviembre de 1993 y por la cual se canceló un retroactivo de
$22´832.440, sin embargo, fue suspendida desde el mes de enero de 1999 por
no cobro de las mesadas pensionales desde septiembre de 1998.
28. Si bien el demandante señaló que fue suplantado y que no ha realizado
ningún cobro de los dineros reconocidos de la pensión, no se allegó su
expediente pensional. Empero en algunas oportunidades solicitó que se le
reactivara en nómina para el pago de la pensión por lo que la entidad desvirtúa
que se estuviera tratando de una suplantación.

3 Expediente digitalizado, visible en el sistema SAMAI, correspondiente al a primera instancia, archivo:

«19_ED_11CONTESTACIONDEM.pdf ».
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

29. Además, en la decisión de la Fiscalía General de la Nación se señaló que
había ocurrido la prescripción de la acción penal y por tanto no había sido
desvirtuado que el peticionario haya sido suplantado para el reconocimiento
pensional. En consecuencia, dado el artículo 6.° del Decreto 1730 de 27 de
agosto de 2001 señala que la indemnización sustitutiva es incompatible con la
pensión de jubilación no era posible efectuar el reconocimiento pensional.

30. Propuso las excepciones de “falta de causa e inexistencia de la obligación”,
“buena fe”, “legalidad de los actos administrativos demandados”, “prescripción de
las mesadas pensionales” y “compensación”.

2.3. La sentencia apelada4

31. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, mediante sentencia de 10 de marzo de 2023 accedió las pretensiones de la
demanda.

32. Para ello, estableció que, el actor cumple con las exigencias establecidas en
la normatividad para ser acreedor de la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez, como quiera que cuenta con la edad para tener derecho a la pensión
de jubilación, pero no con el mínimo de semanas exigidas para el efecto, y se
encuentra en imposibilidad de continuar cotizando. Lo anterior, al encontrar
demostrado que el actor laboró 7 años, 4 meses y 2 días al servicio del Estado,
y cotizó a Cajanal, hoy UGPP, lo que significa que no cumple con el requisito de
tiempo de servicios para acceder a la pensión de vejez.
33. Igualmente, si bien la UGPP aseguró que por medio de la Resolución 9000
del 2 de agosto de 1998 el actor fue pensionado, por servicios a la Contraloría
General de la República desde el 22 de abril de 1968 al 30 de junio de 1991, sin
embargo, no aportó copia del extracto de cotizaciones realizadas para
controvertir o desconocer dicha afirmación. Tampoco aportó copia de la petición
que presuntamente elevó el actor y que dio lugar a la expedición de la resolución
de reconocimiento pensional para verificar los anexos que se aportaron, tales
como constancia laboral, certificación bancaria y copia de la cédula de
ciudadanía. Tampoco aportó constancia de la notificación personal al
demandante de la Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998.
34. Destacó el Tribunal que la UGPP tuvo la oportunidad probatoria de demostrar
de manera inequívoca que, el demandante fue pensionado y recibió las mesadas,
esto con los comprobantes de pago, certificaciones bancarias, la constancia de
recibido de la mesada pensional o con la prueba que acreditara tales hechos, sin
embargo, omitió asumir esa carga probatoria, estando en la mejor posibilidad de
hacerlo. Lo anterior, teniendo en cuenta que tenía la obligación de probar que en

4 ibidem. Archivo “42_SENTENCIA.pdf”.
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

efecto le reconoció y pagó al demandante la pensión de jubilación, como lo
manifestó en su defensa al contestar la demanda.
35. Luego de lo anterior concluyó que el señor Humberto Alfonso Granados tenía
derecho a la indemnización sustitutiva dado que aportó las pruebas que permiten
evidenciar que no tenía derecho a la pensión, pues únicamente cotizó 7 años, 4
meses y 2 días, y que por ello, al enterarse de que se le había reconocido la
pensión, informó a la UGPP la presunta suplantación de que había sido objeto,
para que realizara las investigaciones correspondientes, dado que no contaba
con las cotizaciones suficientes para el reconocimiento de la prestación
económica.
36. Estimó que el demandante contaba con 84 años, siendo sujeto de especial
protección constitucional que desde el año 2015 viene solicitando el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por lo cual ha elevado múltiples
peticiones a la UGPP para que investigue internamente lo sucedido; además,
interpuso la queja por los hechos que le puso de presente a la demandada;
también, aportó las pruebas suficientes que permitían establecer que no laboró
en la Contraloría General de la República y que no tenía el tiempo requerido para
el reconocimiento pensional.
37. Por ende, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados, con
excepción de la Resolución 41733 de 3 de noviembre de 2017 que no fue
aportada con la demanda ni con la contestación de la demanda y tampoco se
encontró en el expediente administrativo. Ordenó a la UGPP el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva teniendo en cuenta para ello los tiempos
cotizados, desde el 22 de abril de 1970 hasta el 30 de agosto de 1972, y desde
el 1.° de septiembre de 1972 hasta el 23 de agosto de 1977; esto en los términos
del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1730 de 2001, artículo 3.° con
aplicación de formula allí señalada.
38. Finalmente precisó que en el evento de que con anterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no
manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o
muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, debía
aplicarse “la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de
vejez de que trata el inciso 1.° del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las
cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley
(12%), es decir, se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el
equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado
se calculará la indemnización sustitutiva. Y, a partir de la vigencia de la Ley 100
de 1993 se tomará en cuenta el porcentaje de cotización establecido en el inciso
primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.”
39. Finalmente ordenó dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA e impuso condena en costas a cargo de la
entidad.

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2.4. Recurso de apelación

40. La apoderada de la UGPP5 presentó recurso de apelación, en el que, solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la
demanda.

41. Precisó que no compartía la postura del a quo, al ordenar el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva, pues esta prestación es jurídicamente
incompatible con la pensión de vejez.

42. Igualmente señaló que el Decreto 1730 de 2001, artículo 6.°, señala
expresamente que las indemnizaciones sustitutivas son incompatibles con las
pensiones de vejez e invalidez y en este caso el señor Humberto Alfonso
Granados ya tiene reconocida una pensión de jubilación reconocida a través de
Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998, cuyo pago fue efectivo a partir del 22
de noviembre de 1998 hasta el mes de septiembre de 1998 y que fue suspendida
desde el mes de enero de 1999. Asimismo, en el mes de diciembre de 1996 se
canceló al actor un retroactivo por valor de $22´823.440.74, sumas que dijo,
fueron efectivamente recibidas por él, pese a las manifestaciones de suplantación
aseveradas por la parte actora.

43. Según lo indicó, durante el trámite probatorio de la litis ha sido reiterada la
posición de la parte actora en indicar que existió una suplantación de su identidad
dentro del trámite de notificación y efectivo cobro de la pensión de jubilación
reconocida a través de la Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998, y que en
razón a dicha aseveración el demandante nunca ha adquirido el estatus
pensional, sin embargo no obra dentro del libelo probatorio, material alguno que
permita verificar dicha aseveración; al contrario la Fiscalía Delegada ante la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió inhibirse de abrir investigación
por prescripción de la acción penal.

44. Así mismo, la simple denuncia penal del actor no podía tenerse como prueba
de la suplantación, entonces, como indica el Decreto 1730 del 27 de agosto de
2001 se configura la incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de vejez
y la pensión de jubilación reconocida al accionante, toda vez que realizó el cobro
de dichos dineros y al no desvirtuarse la supuesta suplantación, se entienden
efectivamente cobrados por él.

45. Además, en el expediente aparece que el actor percibió sumas por concepto
de pensión y retroactivo, lo que confirma la adquisición del estatus pensional, en
conclusión, no es viable reconocer la indemnización sustitutiva porque el
demandante ya fue beneficiario de una pensión, lo que configura la
incompatibilidad prevista en la norma.

5 Ibidem. Archivo «44_Recurso apelación UGPP .pdf».
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. La parte demandante6 se pronunció en esta oportunidad en la que recalcó
que la demandada no logró probar que efectivamente le reconoció y pagó la
pensión de jubilación por medio de la Resolución 9000 de 2 de agosto de 1998,
teniendo todos los medios para presentar las pruebas de las cotizaciones que
presuntamente la Contraloría de la República realizó a nombre del demandante;
así mismo la UGPP no ha efectuado ninguna actuación administrativa para
verificar si ello fue una actuación fraudulenta. En consecuencia, dado que el actor
cumple con los requisitos señalados en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 se
le debe reconocer la indemnización sustitutiva reclamada.

2.5.2. Tanto la UGPP como el señor procurador delegado ante esta
Corporación guardaron silencio.

46. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

47. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.

48. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

49. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación, los
problemas jurídicos se contraen a determinar:

• ¿Es procedente el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
a favor del actor a la luz del artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y los

6 Índice 9. Aplicativo SAMAI.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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Demandante : Humberto Alfonso Granados

Decretos 1730 de 2001 y 4640 de 2005, por los aportes efectuados a
CAJANAL, hoy UGPP, mientras se desempeñó en cargos públicos, pese
a que mediante la Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998 CAJANAL
reconoció una pensión de jubilación a nombre de «Humberto Alfonso
Granados»?
• De igual manera deberá determinarse si ¿correspondía al actor acreditar
que su identidad fue suplantada en el trámite de expedición de la
Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998 dictada por CAJANAL?

50. Para resolver lo anterior, la Sala desarrollará el siguiente orden metodológico:
(i) naturaleza jurídica de la indemnización sustitutiva (ii) marco normativo y
jurisprudencial de la indemnización sustitutiva y iii) análisis del caso concreto.

3.3. Primer problema jurídico.

3. 3.1. Marco normativo y jurisprudencial. La naturaleza jurídica de la
«indemnización sustitutiva».

51. La indemnización sustitutiva se refiere a la compensación económica que
perciben las personas que a pesar de que en algún momento cotizaron y
cumplieron con la edad para obtener la pensión de vejez, no alcanzaron el
mínimo de semanas necesarias para obtener dicha prestación social, motivo por
el cual se les otorga una suma de dinero para cubrir dicha contingencia8. Así lo
ha definido el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 cuando consagró la
indemnización sustitutiva de la pensión, como una prestación a la que tiene
derecho una persona afiliada al régimen de prima media con prestación definida,
cuando se presenta una situación que impide consolidar el derecho a la pensión,
el artículo es del siguiente tenor:

«Artículo 37.- Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la
pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren
su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución,
una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal
multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le
aplica el promedio de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.»

52. De lo anterior se colige, que la indemnización sustitutiva está dirigida a
compensar o restituir el capital aportado en los términos dispuestos por la ley, o
recuperar los aportes efectuados durante el período laboral, ante la imposibilidad
de obtener la pensión 9.

8 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de febrero de 2017. Consejero ponente: Dr. William

Hernández Gómez. Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00089-00(AC).
9 Sentencia T-853 de 28 de octubre de 2010, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

53. A través del Decreto 1730 de 200110 se reglamentó el artículo 37 en mención,
en los siguientes términos:

«Artículo 1º. Causación del derecho. (Modificado por el Decreto 4640 de 2005.
Artículo 1.°) Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva
prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las Administradoras del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, cuando los afiliados al Sistema General de
Pensiones estén en una de las siguientes situaciones:

a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el
número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la
pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de
semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez,
conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993;

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios para
que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes,
conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;

d) Que el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o
muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-ley 1295 de 199411, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual
genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-ley 1295 de 1994».

Artículo 2.- Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada
Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que
haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la
indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.
En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones
haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva
corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de
reconocer las obligaciones pensionales.
En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar
las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep,
será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento
continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.
Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la
totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993.”

54. Como se aprecia, la norma en mención estableció el reconocimiento de la
indemnización en el régimen de prima media con prestación definida por tres
situaciones: i) como sustitutiva de la pensión de vejez o, ii) de la pensión de
invalidez o, iii) de la pensión de sobrevivientes, de la Ley 100 de 1993.

10 «Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la

indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida.»
11 NOTA: El texto subrayado fue declaro NULO por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 24 de julio
de 2017, Rad. No. 11001-03-25-000-2010-00279-00(2292-10).

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Demandante : Humberto Alfonso Granados

55. Es importante señalar que antes de la modificación introducida por el artículo
1.° del Decreto 4640 de 2005, el artículo 1.º del Decreto 1730 de 2001, exigía
que los eventos antes mencionados debían ocurrir «con posterioridad a la
vigencia del sistema general de pensiones.». Sin embargo, dicha exigencia, fue
declarada nula por el Consejo de Estado a través de sentencia de 14 de abril de
200512, por las siguientes razones:

«[…] En efecto, el hecho de que haya limitado la norma reglamentaria la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez sólo al hecho de que con
posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se cumplan la totalidad de los
requisitos enlistados en el precitado literal (edad, retiro del servicio y manifestación
de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema) no permitiría que tal prestación
se reconozca a los afiliados al sistema de prima media con prestación definida
afiliados a una administradora de este régimen, que habiendo cumplido la edad
bajo el régimen anterior se retiren del servicio bajo su vigencia, sin el número de
semanas exigidas para tener derecho a la prestación y declaren su imposibilidad
de seguir cotizando al sistema.

[…]
Es cierto que la opción de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez en
la legislación anterior a la Ley 100 de 1993 sólo existía para los afiliados al ISS;
sin embargo la nueva figura creada en la ley 100 cobija tanto a dichos afiliados
como a los de una administradora diferente al ISS, pues no sería razonable y
violaría el derecho a la igualdad que los afiliados a una administradora del régimen
de prima media con prestación definida, diferentes a éste, por el hecho de serlo,
no les sea permitido, si se dan las condiciones que la misma Ley establece en su
artículo 37, acceder a la prestación, pretextando la falta de tal beneficio en el
régimen anterior que los gobernaba.

[…]
Es un principio de derecho incuestionable que las leyes rigen hacia el futuro, por
lo que una lectura ligera y desprevenida de la frase acusada de la norma
reglamentaria daría como resultado una conformidad con las previsiones de la ley
reglamentada, sin embargo, haciendo un estudio a fondo de la especificidad de
categorías de afiliados y su derecho a escoger la norma más favorable, lleva a la
Sala a ser cuidadosa en su examen, por lo que la limitación en cuanto al
cumplimiento de la edad que trae la norma acusada, dejaría por fuera a algunos
afiliados que no obstante pertenecer al sistema, pues a la entrada de la vigencia
de la ley ingresaron a éste como afiliados forzosos, es decir cotizaron a dicho
régimen bajo las previsiones de la ley y se dieron los supuestos que ellas
contemplan, retiro del servicio e imposibilidad de seguir cotizando, quedarían
privados de ese beneficio, cuando ello no fue el querer del legislador. […]»

56. En este mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en
sentencia T – 849 A de 24 de noviembre de 2009 señaló que es inválida cualquier
interpretación restrictiva en la cual se establezca como requisito adicional para
acceder a la indemnización sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a
partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación
del trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión
de vejez, pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de
la Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad a

12 Sección Segunda. Expediente: 0477-03. Consejera ponente: Ana Margarita Olaya.
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

la cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional de
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53
superior13:

«[…] en relación con la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100
de 1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley, la Corte Constitucional
ha reiterado que esta normatividad es aplicable a todos los habitantes del
territorio nacional y a todas aquellas situaciones que al momento de su
expedición no se hubieren consolidado. Así lo sostuvo en sentencia T-850
de 2008, al indicar:

“El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
se encuentra en cabeza de aquellas personas que, independientemente de
haber estado afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social en el
momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 pero que habiendo
cumplido con la edad para reclamar la pensión, no cuenten con el número
de semanas cotizadas para acceder a dicha prestación. Además las
entidades de previsión social a las que en algún momento cotizó el
accionante, deben reconocer y pagar la indemnización so pena de que se
incurra en un enriquecimiento sin causa”.

Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual se
establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia de
la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del trabajador
éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez,
pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la
Constitución Política, (ii) propicia un enriquecimiento sin causa de la entidad
a la cual se efectuaron los aportes y (iii) vulnera el principio constitucional
de favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53
superior. […]».

57. El escenario descrito impone colegir que no se requiere como requisito para
tener derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión, que el afiliado se retire
del servicio habiendo cumplido con el requisito de la edad con posterioridad a la
vigencia del Sistema General de Pensiones14.

58. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 1.º del Decreto 1730 de 200115, la indemnización sustitutiva
procede cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de
vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para acceder a la prestación
de vejez, invalidez o de sobrevivientes, antes o después de la entrada en vigor

13 sentencia T-849 A de 24 de noviembre de 2009.
14 Sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de

Estado, rad. 2013-00462-
15 Modificado por el artículo 1.° del Decreto 4640 de 2005
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del Sistema General de Pensiones y manifiesta su imposibilidad de seguir
cotizando.

59. De otra parte, el artículo 6.° del precitado Decreto 1730 de 2001 estableció
que salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las
indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las
pensiones de vejez y de invalidez y, que las cotizaciones consideradas en el
cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta
para ningún otro efecto.

3.4. Análisis del caso concreto

60. Como ya se vio, en primera instancia, el Tribunal Administrativo accedió al
reconocimiento de la indemnización sustitutiva reclamada por el accionante al
señalar que acreditó la edad para tener derecho a la pensión de jubilación, pero
no con el mínimo de semanas exigidas para el efecto y se encontraba en
imposibilidad de continuar cotizando. Así mismo, que la UGPP no desplegó
alguna actividad probatoria para demostrar que el actor sí solicitó el
reconocimiento pensional, aportando los documentos para ello y que cobró las
mesadas pensionales en virtud de la Resolución 9000 de 2 de agosto de 1998.
En cambio, sí se probó que el señor Humberto Alfonso Granados sí acudió ante
la jurisdicción ordinaria a efectos de que se investigaran las posibles conductas
punibles cometidas por una presunta suplantación para obtener el
reconocimiento prestacional.

61. Ahora bien, en el recurso de apelación la entidad insiste en que el
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva
dado que CAJANAL profirió un acto de reconocimiento de la pensión de
jubilación a su favor del señor Humberto Alfonso Granados, a través de la
Resolución 9000 de 2 de agosto de 1998, con base en tiempos laborados ante la
Contraloría General de la República, por servicios prestaos desde el 22 de abril
de 1968 hasta el 30 de junio de 1991, cuyas mesadas fueron cobradas hasta el
mes de septiembre de 1998 y cuyo pago se suspendió por no cobro desde el año
1999. Por tanto, al asistirle la carga de la prueba y no demostrarse que hubo
suplantación, era evidente que ya contaba con un reconocimiento pensional y por
ello no se podía acceder al reconocimiento de la indemnización sustitutiva.

62. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, cuya presunción de autenticidad no fue desvirtuada por las
partes, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos relevantes:

3.4.1. Hechos probados

a. Edad y tiempo de servicios. De conformidad con la copia de la cédula de
ciudadanía visible en el folio 205 del archivo
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“10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf”, se tiene que el demandante nació el
22 de noviembre de 1938. De acuerdo con ello actualmente cuenta con 87
años de edad. Allí aparece identificado con la cédula de ciudadanía
3´796.741 expedida en la ciudad de Cartagena.

b. A folios 179 ibidem se observa copia de la certificación laboral expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social el 28 de octubre de 2014, en la que
se indica que el actor laboró desde el 22 de abril de 1970 hasta el 30 de
agosto de 1972, como jefe de Sección VI- 26 en la Corporación Proveedora
de Instituciones de Asistencia Social, y que sus aportes en pensión fueron
realizados a la Caja Nacional de Previsión Social.

c. A folio 182 idem, obra copia de la certificación de 28 de enero de 2018 en la
que se indica que laboró en el Fondo Nacional Hospitalario como jefe de la
Sección de Ingeniería, desde el 1.° de septiembre de 1972 hasta el 23 de
agosto de 1977 y que sus aportes fueron realizados a la Caja Nacional de
Previsión Social.

De acuerdo con ello se tiene que acreditó 7 años y 4 meses de servicios
laborados en la Corporación Proveedora de Instituciones de Asistencia Social
y en el Fondo Nacional Hospitalario.

d. Actuación administrativa.

➢ Al proceso se allegó copia de la Resolución 9000 de 2 de agosto de 199816 a
través de la cual CAJANAL reconoció la pensión de jubilación a favor del
señor Humberto Alfonso Granados, de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de
1985, por tiempos laborados en la Contraloría General de la Nación.

Es pertinente aclarar que pese a que en algunas intervenciones del
accionante y de la UGPP se identifica el acto “90006” y dictado en el año
“1996”, se constata que su número correcto es 9000 y que se profirió en el
año 1998:

16 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. Aplicativo SAMAI. Archivo:
«31_ED_CD_EXPEDIENTEADMINI.pdf». Folios 348 y s.s.
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

En la citada actuación se tuvieron en cuenta los siguientes requisitos que se
encontraron acreditados:

➢ A través de escrito de 5 de agosto de 201417 el señor Humberto Alfonso
Granados le solicitó a la UGPP confirmar si en su sistema aparecía algún
acto de reconocimiento pensional en atención a que, al acercarse a reclamar
la indemnización sustitutiva ante el FOPEP, allí se le informó que ya figuraba
como pensionado. Sin embargo, el demandante indicó que solo había
laborado en el Fondo Nacional Hospitalario, desde el 22 de abril de 1970
hasta el año 1978.

➢ Mediante memorial de 17 de septiembre de 201418 el demandante solicitó a la
UGPP iniciar la investigación correspondiente por el reconocimiento
pensional mencionado, para lo cual señaló que para esa época se
encontraba residiendo fuera del país. Así mismo indicó que no había recibido
suma alguna por cuenta de ese reconocimiento y que se pusiera esa
situación en conocimiento de las autoridades pertinentes, dado que se había
empleado su nombre y cédula para ese reconocimiento pensional.

➢ A folios 169 a 171 se aportó copia de la Resolución 488 de 12 de enero de
2016 en la que se resuelve la solicitud del demandante de reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva. Allí se le indicó que no era procedente
acceder a su solicitud dado que ya contaba con un reconocimiento pensional,

17 Ibidem. Folios 203 a 204 Archivo «10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf»
18 Ibidem Folio 199.
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que además había sido suspendido por falta de cobro a partir del año 1999.
➢ Contra la anterior determinación el señor Humberto Alfonso Granados
interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron decididos a
través de las Resoluciones RDP 8622 de 25 febrero de 201619 y RDP 14630
de 6 de abril de 201620, donde se confirmó la Resolución 488 de 12 de enero
de 2016. Allí se le indicó que no existía prueba suficiente que diera por
demostrado que el demandante había sido suplantado para el
reconocimiento de la pensión de jubilación. Y por tanto ante la
incompatibilidad de la misma con la indemnización sustitutiva no era posible
ordenar el pago de la indemnización.
➢ Mediante memorial de 28 de junio de 201821 ante la UGPP, el señor Alfonso
Granados solicitó que se le reactivara la pensión de jubilación dado que la
entidad se había negado a pagarle la indemnización sustitutiva dado que ya
contaba con un reconocimiento pensional.
➢ A través de la Resolución RDP 040110 del 4 de octubre de 2018 22, la UGPP
denegó su solicitud al indicarle que, dado que solo acreditaba 7 años, 4
meses y 2 días, no se le podía reconocer la pensión solicitada. Por ello podía
reconocerse el derecho a la indemnización sustitutiva «[…] siempre y cuando
sea legalizada la procedencia o no de la pensión de vejez que fue
reconocida».
➢ El señor Alfonso Granados interpuso los recursos de reposición y apelación.
Esos fueron desatados a través de las Resoluciones RDP 057 de 3 de enero
de 201923 y RDP 26271 de 3 de septiembre de 201924, en las cuales se le
indicó al demandante que ya se encontraba pensionado. Además, para
reingresar a nómina debía adjuntar los certificados de tiempos de servicio y
factores salariales.

➢ Actuación ante la Fiscalía General de la Nación.

➢ El señor Humberto Alfonso Granados presentó denuncia penal ante la
Fiscalía General de la Nación el 30 de enero de 201525 por la presunta
suplantación de que fue objeto por parte de terceros, para obtener un
reconocimiento pensional con su nombre y número de identificación, sin
que tuviera conocimiento de ello.
➢ A través de proveído 22 de febrero de 2017 la Unidad de Fiscalía Delegada
ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que obra a folios 130 y
s.s. Archivo ««10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf». Para tales efectos

19 Folios 158 a 161 Ibidem Archivo «10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf»..
20 Folios 155 a 157 Ibidem.
21 Folios 117 y s.s. Ibidem.
22
Folios 83 y s.s. Ibidem.
23
Folios 65 a 67 ibidem.
24
Folios 71 a 73 ibidem.
25 Así se indicó en la providencia de 22 de febrero de 2017 dictada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante

la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que obra a folios 130 y s.s. Archivo
«10_ED_02DEMANDA_YANEXOS.pdf».

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se consideró que en este caso había ocurrido la prescripción de la acción
penal frente a los delitos de fraude procesal, falsedad material de particular
en documento público agravada por el uso y estafa agravada por la
cuantía.

63. Finalmente es de indicar que, mediante auto de mejor proveer de 27 de
febrero de 2025, esta Subsección ordenó oficiar a la UGPP y COLPENSIONES,
para que, allegara certificación en la que se indique si el señor Humberto Alfonso
Granados, contaba con algún tipo de reconocimiento pensional por parte de
dichas entidades. Lo anterior remitiendo los actos administrativos, los
antecedentes administrativos que dieron origen a ellos, así como certificación
acerca de si el demandante se encuentra activo en la nómina de pensionados de
la entidad y los pagos realizados.

64. La UGPP remitió el expediente administrativo26 correspondiente la solicitud
de indemnización sustitutiva, donde se advierte nuevamente la Resolución 9000
de 2 de agosto de 199827 a través de la cual CAJANAL reconoció la pensión de
jubilación a favor del señor Humberto Alfonso Granados, pero además remitió
certificación28 en la que señala lo siguiente:

“Que revisados los registros de los sistemas de información con los que cuenta la
Subdirección de Gestión Documental de las transferencias documentales efectuadas
del fondo CAJANAL, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales no se encuentra
información relacionada con el expediente pensional correspondiente a los siguientes
datos.

NÚMERO DE CÉDULA NOMBRE
3796741 ALFONSO GRANADOS HUMBERTO

Se desconoce si los datos consignados anteriormente hagan parte integral de un
expediente pensional como sustituto o beneficiario. Se aclara que las piezas
documentales remitidas corresponden al expediente pensional suministrado una vez
fue asumida la competencia pensional de la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales. La presente constancia se expide a los 30 días del mes de Abril de
2025”.

65. Igualmente se remitió Oficio de 7 de mayo de 2025, suscrito por el subdirector
de Defensa Judicial Pensional (E) de la UGPP donde se indicó que al verificar el
histórico de pagos correspondiente al señor Humberto Alfonso Granados «tiene
estado de suspendido por no cobro y tiene pagos desde diciembre de 1996 hasta
junio de 1998». Además, que:

«Revisado el expediente se evidencia que CAJANAL en su momento efectuó
reconocimiento de pensión de jubilación mediante resolución No. 9000 de 02 de
agosto de 1996 (sic), efectiva a partir del 22 de noviembre de 1993,- condicionado a

26
Índice 28 de la segunda instancia. Aplicativo SAMAI.
27 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. Aplicativo SAMAI. Archivo:
«31_ED_CD_EXPEDIENTEADMINI.pdf». Folios 348 y s.s.
28
Archivo “38_MemorialWeb_Otro-3796741CAJANAL(.pdf) NroActua 28”.
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demostrar retiro definitivo del servicio. Verificado el sistema de BONOS
PENSIONALES del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se evidencia que se
registra como beneficiario de pensión de vejez así:
[…]
Verificado el expediente no se encuentra certificados laborales expedidos por la
CONTRALOR/A GENERAL DE LA REPUBLICA, con la cual se pueda verificar los
tiempos laborados en dicha entidad y por ende el soporte del reconocimiento
efectuado a favor del señor HUMBERTO ALFONSO GRANADOS; sin embargo, si se
encuentra certificados de tiempos de servicio así.
CORPORACIÓN PROVEEDORA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL
"CORPAL" desde 22/04/1970 hasta 30/08/1792.
[…]
FONDO NACIONAL HOSPITALARIO "FNH- - desde 01-09-1972 hasta 23/08/1977.
[…]
Es importante indicar que dentro del expediente se encuentra oficio de FOPEP en
donde se indica que el señor HUMBERTO ALFONSO GRANADOS, fue incluido en
nómina de diciembre de 1996, en los siguientes términos.
[…]
Teniendo en cuenta tal situación esta entidad (UGPP) negó solicitud de
indemnización sustitutiva de pensión de vejez, por incompatibilidad, conforme a
resoluciones POP 488 de 12 de enero de 2016, POP 47733 de 03 de noviembre de
2017, actos administrativos contra los cuales también se resolvieron los recursos de
vía gubernativa confirmado la decisión.»

66. Por su parte la directora de Nómina de Pensionados de COLPENSIONES
remitió oficio de 6 de junio de 2025, visible en el índice 33 del aplicativo SAMAI,
segunda instancia, en el que indicó:

«Verificado el aplicativo de Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana
de Pensiones - COLPENSIONES, se determinó que el señor HUMBERTO ALFONSO
GRANADOS, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 3796741, no
registra.
Así las cosas, con corte al período de mayo de 2025, no han ingresado prestaciones
dentro del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, a la Nómina de
Pensionados de esta Administradora, bajo dichos datos de identificación.
Es importante indicar, que la búsqueda en la base de datos de la Dirección de Nómina
de Pensionados se realiza por medio del número de documento de identidad,
nombres y apellidos y no se evidencia registro alguno de acuerdo con los datos
suministrados en su requerimiento. »

67. Establecidos los anteriores supuestos fácticos, le corresponde a la Sala
resolver el problema jurídico planteado.

3.4.2. Análisis sustancial

68. De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio se encuentra
demostrado que CAJANAL a través de la Resolución 9000 de 2 de agosto de
199829 reconoció una pensión de jubilación donde aparece como beneficiario el

29 Expediente digitalizado correspondiente a la primera instancia. Aplicativo SAMAI. Archivo:
«31_ED_CD_EXPEDIENTEADMINI.pdf». Folios 348 y s.s.
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Demandante : Humberto Alfonso Granados

señor el señor Humberto Alfonso Granados, por tiempos laborados en la
Contraloría General de la República.

69. De igual manera se indicó que el pago de la pensión se mantuvo hasta enero
de 1999 cuando fue suspendido su pago, por falta de cobro.

70. Ahora bien, es evidente que dicho reconocimiento pensional fue puesto en
conocimiento de las autoridades judiciales por el mismo señor Humberto Alfonso
Granados, quien presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la
Nación, en el año 2014, autoridad que con posterioridad decidió inhibirse de
iniciar investigación pensional por los hechos denunciados, dada la ocurrencia de
la prescripción penal para los delitos de delitos de fraude procesal, falsedad
material de particular en documento público agravada por el uso y estafa
agravada por la cuantía.

71. No pasa por alto la Corporación que pese a que fue el demandante quien
puso en conocimiento de la UGPP el reconocimiento pensional que aparecía a
su nombre realizado por parte de CAJANAL realizado a través de la Resolución
9000 de 2 de agosto de 1998, ésta no realizó ninguna actuación para aclarar esa
situación a efectos de verificar si ocurrió la suplantación del señor Humberto
Alfonso Granados, si se había incurrido en una conducta punible por parte de
particulares y/o servidores de la entidad.

72. La entidad simplemente mantuvo su decisión de no reconocimiento de la
indemnización sustitutiva al señalar que el actor ya gozaba de un reconocimiento
pensional, donde además señalaba que los pagos habían sido suspendidos por
falta de cobro desde el año 1999, sin adelantar ningún tipo de actuación adicional.

73. Ahora bien, en el recurso de apelación aduce la entidad que en este caso no
es procedente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva dado que este
derecho resulta incompatible con la pensión reconocida a través de la Resolución
9000 de 2 de agosto de 1998 y además, que no se probó que el demandado fue
objeto de suplantación, correspondiéndole al demandante la carga de la prueba.

74. La Sala no desconoce que efectivamente resulta incompatible el
reconocimiento de la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva, sin
embargo, en el asunto analizado el actor ha manifestado y acreditado que nunca
solicitó el reconocimiento pensional concedido en la Resolución 9000 de 2 de
agosto de 1998, afirmación que por parte de la UGPP no fue desvirtuada.

75. Además, es importante señalar, que la misma entidad precisó que los
efectos de la Resolución 9000 de 2 de agosto de 1998 fueron suspendidos
y por ende no se continuó realizando el pago de las mesadas reconocidas a
través del acto administrativo mencionado, tal como lo se lo indicó al accionante

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en el Oficio de 24 de septiembre de 2014 AN PEN 3006-14 RDO 426416 que
obra a folio 496 del archivo «31_ED_CD_EXPEDIENTEADMINI.pdf»30 .

76. En esa medida, no es posible que el derecho al reconocimiento de la
indemnización sustitutiva se mantenga en una espera indefinida por una situación
plasmada en un acto administrativo que se encuentra suspendido y frente al cual,
el accionante señala que, fue suplantado, tal como él mismo accionante lo advirtió
ante la entidad, siendo ésta la que ha omitido investigar y definir su situación.

77. Es menester recordar que la indemnización sustitutiva es un mecanismo
subsidiario en beneficio de aquellas personas que no lograron cumplir los
requisitos para pensionarse y que resulta vital para garantizar sus derechos
fundamentales, tales como el mínimo vital y la seguridad social, y más tratándose
de un adulto mayor de 84 años. De acuerdo con ello estima la Sala que no se
encuentra configurada la incompatibilidad pues el actor señaló que no solicitó el
reconocimiento pensional plasmado en la Resolución 9000 de 2 de agosto de
1998, acto administrativo que se encuentra actualmente suspendido, como
también que existen posibles irregularidades en los tiempos de servicios allí
plasmados, escenario del que se colige que no disfrutó de la citada prestación
periódica.

3.5. Segundo problema jurídico.

78. Estima la Sala que la respuesta a este interrogante es negativa,
correspondiéndole a la entidad asumir la carga probatoria.

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Expediente digitalizado primera instacia. Aplicativo SAMAI.
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79. En efecto, es evidente que accionado ha actuado de forma correcta dado que
ha insistido en el reclamo de su derecho a la indemnización sustitutiva, en lugar
de aprovecharse del reconocimiento pensional ya concedido. Veamos:

80. Una vez examinado el expediente administrativo, así como las pruebas
allegadas, en especial las que se aportaron en virtud del auto de mejor proveer
se advierte que quien desplegó su actividad para poner en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación la presunta suplantación fue el demandante quien
presentó la denuncia penal advirtiendo que, cuando se acercó a reclamar el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva ante el FOPEP allí se le
advirtió que ya contaba con un reconocimiento pensional a su favor por parte de
CAJANAL. Empero el actor manifestó que debió ser objeto de suplantación pues
él se encontraba fuera de país en ese momento y además solo acreditaba poco
más de 7 años de servicios.

81. Adicionalmente, si bien la Fiscalía General de la Nación culminó su actuación
mediante providencia del 22 de febrero de 2017, en la cual declaró la prescripción
de la acción penal, lo que imposibilitó continuar con la investigación, resulta
evidente que el actor carece de medios adicionales para acreditar la ocurrencia
de la presunta suplantación. Ello obedece a que, por una parte, la UGPP ha
manifestado no contar con los documentos que integraban el expediente
administrativo relacionado con la expedición de la Resolución 9000 del 2 de
agosto de 1998; y, por otra, la autoridad competente para adelantar la
investigación penal indicó que jurídicamente no era posible proseguir con las
actuaciones debido al fenómeno de la prescripción.

82. En ese contexto, la UGPP, no debía exigirle probar la suplantación, sino
atender a su manifestación de nunca haber solicitado la pensión reconocida e
iniciar las investigaciones administrativas encaminadas a revocar la resolución
9000 de 2 de agosto de 1998, por no tener soportes de los tiempos de servicios
de la Contraloría, pues su postura de no reconocer la indemnización sustitutiva y
mantener suspendido el pago de la pensión de vejez, lo único que ha causado
es vulnerar los derechos de un adulto mayor a contar con una prestación
periódica o unitaria que me ayude en su subsistencia.

83. Correspondía a la UGPP iniciar las acciones pertinentes encaminadas a
controvertir la legalidad del acto de reconocimiento teniendo en cuenta que no
contaba con soportes los tiempos de servicios laborados en la Contraloría y que
fueron computados para conceder el derecho.

84. En ese sentido, como su interés en este proceso era mantener la legalidad
de los actos demandados, le correspondía a la entidad demostrar que no se
produjo la suplantación y que efectivamente fue el señor Humberto Alfonso
Granados quien solicitó el reconocimiento pensional, percibió las mesadas y
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cobró el retroactivo pensional, máxime cuando dicha entidad recibió los
expedientes administrativos de las pensiones reconocidas en su momento por
CAJANAL.

85. De acuerdo con lo anterior, si bien existe un acto administrativo —la
Resolución 9000 del 2 de agosto de 1998— mediante el cual se reconoció la
pensión de jubilación a nombre del señor Humberto Alfonso Granados, no puede
la Sala desconocer la realidad procesal evidenciada en el expediente: (i) que los
efectos de la citada resolución de encuentran suspendidos tal como lo señaló la
misma entidad; (ii) que el accionante desplegó gestiones desde el año 2015 para
que las autoridades competentes investigaran la presunta suplantación; (iii) se
trata de una persona de avanzada edad, actualmente con 87 años, quien ha
manifestado no tener posibilidad de continuar laborando ni cotizando al sistema
pensional; y (iv) la UGPP no ha adelantado actuación administrativa alguna
tendiente a verificar las circunstancias que rodearon dicho reconocimiento, ni ha
promovido acción judicial para obtener la declaratoria de nulidad del referido acto
administrativo mediante los medios de control pertinentes.

86. Ahora bien, no pasa desapercibido por la Sala que la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez tiene como finalidad otorgar protección a las
personas que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la ley, es
decir, edad, o tiempo, para adquirir el estatus de pensionado, lo cual significa
que es supletoria, si no se alcanza el derecho a la pensión de vejez, se tendrá
derecho a la mencionada indemnización. Así, pues, es claro que correspondía
ordenar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva como lo ordenó el
Tribunal dado que el actor acreditó que no se reunió el mínimo de semanas
exigidas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez y se encontraba
en imposibilidad de continuar realizando las cotizaciones en pensión, motivo por
el cual, en el presente caso, al ser el demandante beneficiario de tal prestación,
tiene derecho al reconocimiento de la indemnización solicitada, pues el mentado
reconocimiento pensional fue una situación ajena a su voluntad, que no tiene
porque menguar su derecho de acceso al reconocimiento del a indemnización
sustitutiva.

87. Bajo ese entendido y dado que no fueron objeto de apelación los términos en
que el Tribunal ordenó el reconocimiento y cálculo del valor de la indemnización
sustitutiva, la Sala confirmará la sentencia apelada en sus precisos términos.

88. Finalmente, se exhorta a la UGPP para que inicie las actuaciones
administrativas y judiciales pertinentes a efectos de verificar si particulares o
servidores de esa entidad (CAJANAL) incurrieron en actuaciones ilegales para
lograr el reconocimiento pensional realizado a través de la Resolución 9000 de 2
de agosto de 1998.

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3.5. De la condena en costas en segunda instancia

89. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

90. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

91. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

92. En consecuencia, se impondrán costas a la UGPP, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

93. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho incoada por el señor Humberto Alfonso Granados en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: Se condena en costas en esta instancia a la UGPP y a favor del
demandante. La liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del
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CGPP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo
188 del CPACA. Estas se liquidarán por las Secretaría del Tribunal.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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