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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06838-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06838-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026, proferida por la Sección Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 06838 01 Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06838-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 06838 01
Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión
Oral C y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 19 de enero de 2026 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Christian Habid Fayad Fontalvo, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral C y
el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la presunción de inocencia y a la garantía de no autoincriminación consagrada en
el artículo 33 de la Constitución Política, los cuales fueron desconocidos por el
Juzgado 12 Administrativo Oral de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, al negar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la Resolución
sancionatoria de tránsito por presunta infracción C03.

2. Que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado 12
Administrativo Oral de Barranquilla (21 de mayo de 2025) y por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C” (5 de septiembre de 2025),
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2024-
00016.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06838 00

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Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

3 Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico dictar una nueva
sentencia, ajustada a los precedentes de la Corte Constitucional (C-038/20, C-
321/22, C-530/03 y C-980/10) y se respete el alcance del artículo 33 superior.

4. En subsidio, respetuosamente solicito sr. Juez, el ordenar todo lo que el
despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mis
derechos fundamentales.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que figura como propietario de cuatro vehículos, entre ellos el
identificado con placas KOY734, el cual fue entregado en calidad de regalo a su padre,
quien ejerce la posesión material y el uso habitual del automotor.

No obstante, el vehículo continúa inscrito a su nombre, dado que asumió voluntariamente
el pago de impuestos, SOAT y revisión técnico-mecánica, sin que ello implique control,
custodia o conducción del mismo.

Señaló que el 4 de noviembre de 2022, el vehículo de placas KOY734 fue objeto de una
foto detección por la presunta infracción C03 (bloquear la calzada), registrada mediante
un sistema tecnológico operado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
de Barranquilla.

Indicó que, dentro del trámite administrativo, solicitó y compareció a la audiencia de
descargos, en la cual manifestó de forma expresa que no conducía ni tenía la custodia
del vehículo al momento de la supuesta infracción, precisando que este se encontraba
bajo la posesión de su padre.

En dicha diligencia invocó el artículo 33 de la Constitución Política, ejerciendo su derecho
fundamental a no incriminar a un familiar, por lo que se abstuvo de suministrar los datos
personales de su padre como posible conductor. Asimismo, solicitó que la autoridad de
tránsito identificara al presunto infractor, recordando que la carga de la prueba
corresponde a la administración.

Manifestó que, pese a lo anterior, la Secretaría Distrital de Tránsito de Barranquilla
expidió la Resolución núm. 7565 del 28 de julio de 2023, mediante la cual lo sancionó
exclusivamente por su condición de propietario del vehículo, sin identificar al conductor
infractor y trasladándole la carga probatoria.

Frente a esa decisión, interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Distrito de Barranquilla, con el propósito de que se declarara la nulidad
de la citada resolución y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la
exoneración del pago de la multa impuesta.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, el cual, mediante sentencia del 21 de mayo de 2025, negó las pretensiones
de la demanda. Inconforme con esa decisión, el accionante interpuso recurso de
apelación; sin embargo, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del
5 de septiembre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia al considerar que el
accionante no acreditó que el vehículo no estuviera bajo su poder ni que hubiera sido
objeto de cesión o traspaso a un tercero, motivo por el cual no podía ser exonerado de
la sanción.

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Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que las providencias
judiciales cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la presunción de inocencia y a la garantía de no autoincriminación.

Alegó que el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, en la medida en
que aplicó de forma indebida la Sentencia C-321 de 2022, pese a que la infracción
imputada no se encuentra prevista en el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021.

En relación con el defecto fáctico, afirmó que las autoridades judiciales trasladaron
indebidamente la carga probatoria, desconociendo su presunción de inocencia
consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política y el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-051 de 2016, según el cual, en materia contravencional,
corresponde a la autoridad demostrar la responsabilidad.

Sostuvo igualmente que se configuró un desconocimiento del precedente constitucional,
al ignorar lo establecido en la Sentencia C-038 de 2020, que prohíbe imponer sanciones
derivadas de foto detección al propietario del vehículo por el solo hecho de ostentar esa
calidad, salvo en los eventos expresamente previstos en el artículo 10 de la Ley 2161 de
2021.

Finalmente, señaló que las providencias judiciales incurrieron en una violación directa de
la Constitución al sancionar al propietario sin identificar al verdadero infractor,
desconociendo de manera directa los artículos 6 (responsabilidad personal de los
particulares), 29 (debido proceso) y 33 (derecho a no auto incriminarse) de la
Constitución Política.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 30 de octubre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación que, por auto del 10 de noviembre
de 20253 la admitió y dispuso notificar4 al Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de
Decisión Oral C y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, como
parte accionada; así como vincular al distrito de Barranquilla como tercero con interés en
las resultas del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
para que allegara5 copia digital del expediente correspondiente al proceso identificado
con el radicado núm. 08001 33 33 012 2024 00016 00/01.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.
4 Esta orden se cumplió el 18 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06838 00.
5
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06838 00.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

3.2. El magistrado ponente de la providencia de segunda instancia cuestionada rindió
informe6 en el que sostuvo que la acción de tutela era improcedente, al no configurarse
los requisitos generales ni las causales específicas de procedencia.

Indicó además que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional a las
previstas por el legislador, pues ello desnaturalizaría su finalidad constitucional.

3.3. El apoderado del distrito de Barranquilla7 allegó escrito en el que solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se vulneraron derechos
fundamentales.

Señaló que el accionante interpretó erróneamente la Sentencia C-321 de 2022, pues
esta no limita la responsabilidad del propietario a las infracciones del artículo 10 de la
Ley 2161 de 2021, sino que reconoce deberes jurídicos derivados de la titularidad del
vehículo, incluso cuando no es conducido por su dueño, entre ellos colaborar en la
identificación del infractor.

Añadió que, conforme a la carga dinámica de la prueba, correspondía al accionante
demostrar que no conducía el vehículo y concluyó que no se configuró defecto alguno ni
desconocimiento del precedente.

3.4. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla remitió el
expediente solicitado, pero no se pronunció sobre los hechos de la tutela.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de
enero de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de relevancia constitucional.

Inicialmente, expuso que el asunto no cumple con el requisito general de procedencia
relativo a la relevancia constitucional, pues existe una insuficiente carga argumentativa
que permita evidenciar las razones por las cuales se considera que la providencia
cuestionada amenaza o vulnera los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.

Al efecto, anotó lo siguiente:

La Sala estima que los argumentos presentados por el accionante no acreditan
una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan
a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento. Además
de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala
estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas
al expediente, así́ como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto. Al
no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela
no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones

6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.

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Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
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judiciales. Por las razones expuestas, la solicitud no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional […].

Agregó que los fundamentos de la demanda de tutela no se orientan a controvertir las
razones que tuvo el tribunal accionado para confirmar la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda. Adujo que, lo que se evidencia, más bien, es
que el accionante se limitó a enunciar los derechos fundamentales que considera
vulnerados sin plantear las razones que permitan la revisión del núcleo esencial de los
derechos en contienda.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó8 señalando lo
siguiente:

Manifestó que la decisión impugnada incurre en un error al afirmar que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la controversia no se centra en la interpretación de una
norma de tránsito, sino en la vigencia efectiva del artículo 29 de la Constitución Política.

Afirmó que imponer al ciudadano la carga de probar su inocencia en un proceso
sancionatorio estatal constituye una vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo, que
desnaturaliza el Estado de Derecho.

Alegó que las decisiones judiciales lo sometieron a una prueba «diabólica», al exigirle
demostrar que no conducía el vehículo, lo cual invierte ilegítimamente el principio del onus
probandi y desconoce la presunción de inocencia, circunstancia que dota al caso de una
clara relevancia constitucional. Además, sostiene que el debate evidencia una resistencia
de la jurisdicción contencioso-administrativa a aplicar el precedente vinculante de la Corte
Constitucional, en particular la Sentencia C-038 de 2020, lo que transforma el asunto en un
problema de supremacía constitucional conforme al artículo 4 superior.

Agregó que los jueces de instancia aplicaron de manera analógica y extensiva la excepción
de responsabilidad objetiva admitida en la Sentencia C 321 de 2022, limitada a obligaciones
como el SOAT y la revisión técnico-mecánica, a una infracción de comportamiento (C03),
lo cual está expresamente prohibido por la Corte Constitucional. A su juicio, ello configura
un defecto sustantivo que debía ser corregido en sede de tutela.

Asimismo, indicó que validar dicha interpretación permitiría la creación de una
responsabilidad solidaria de facto ya excluida del ordenamiento. Finalmente, sostuvo que
al exigirle demostrar quién tenía el vehículo o identificar al conductor, los jueces lo obligaron
indirectamente a incriminar a un familiar, vulnerando el artículo 33 de la Constitución
Política, al imponerle una forma de coacción estatal incompatible con la garantía de no
autoincriminación y con la presunción de inocencia que el Estado debe salvaguardar.

5.2. Por auto proferido el 9 de marzo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 22 de enero de 202610.

8 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.
9 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 00.
10 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06838 01.

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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El señor Christian Habid Fayad Fontalvo, actuando por conducto de apoderado,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del distrito de
Barranquilla con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 7565 del 28 de
julio de 2023, mediante la cual se le declaró contraventor y a título de restablecimiento
del derecho solicitó ser exonerado del pago de la aludida multa.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 12 Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia del 21 de mayo de 2025, negó las
pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Fayad Fontalvo interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 5 de
septiembre de 2025 la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1

de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 08001 33 33 012 2024 00016

00/01.

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes […]16.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia18. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por
no superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que19:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…).
[Se destaca].

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo
constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario
y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.

Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
dado que sus inconformidades están encaminadas a controvertir la valoración probatoria
realizada por el juez natural de la causa al asegurar que hubo una errónea valoración de
las pruebas documentales allegadas al proceso ordinario.

En igual sentido, el accionante alegó que el tribunal accionado desconoció el precedente
jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 2020,
mediante la cual se declararon inexequibles las disposiciones que imponían
responsabilidad objetiva al propietario del vehículo por infracciones detectadas a través
de medios tecnológicos.

Bajo este contexto, la Sala advierte que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ordinario, con el fin de
controvertir lo decidido por el tribunal accionado en la sentencia del 5 de septiembre de
2025 e insistir en que no debió ser sancionado por la infracción de tránsito. En particular,
sostiene que los jueces le impusieron una forma de coacción estatal incompatible con la

19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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garantía de no autoincriminación y con la presunción de inocencia que el Estado debe
salvaguardar.

Al respecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada señaló que la
parte actora no logró desvirtuar que el vehículo de su propiedad, registrado en la
comisión de una infracción a las normas de tránsito, hubiera estado bajo la posesión de
un tercero o que, para la fecha de los hechos, fuese conducido por una persona distinta,
motivo por el cual debía asumir la sanción impuesta.

Adicionalmente, con relación a la no aplicación de la Sentencia 038 de 2020 explicó lo
siguiente:

[…] la Corte Constitucional mediante sentencia C-38 de 2020, no invalidó las
infracciones detectadas a través de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros
medios tecnológicos denominadas SAST, sino que declaró inexequible la
responsabilidad solidaria en materia sancionatoria entre el propietario del vehículo y
el conductor, prevista el parágrafo 1 de artículo 8 de la Ley 1843 del 2017.

En ese sentido, y frente a la aplicación de la sentencia C-038 de 2020, en los
procesos contravencionales adelantados por infracciones al tránsito detectadas por
medios técnicos y tecnológicos, es preciso señalar que es responsable “quien realizó
personalmente el acto reprochado” no obstante, para esta Corporación si no es
posible identificar e individualizar al conductor infractor, es viable la notificación al
último propietario registrado del vehículo, lo anterior debido a que es a aquel de quien
se conoce la identidad y datos de contacto y de quien, en principio, es
responsabilidad la utilización adecuada de su vehículo, sin que ello implique que sea
solidariamente responsable. […]

De la argumentación expuesta por el tribunal no se desprende un desconocimiento del
precedente constitucional, toda vez que la decisión no se sustentó exclusivamente en la
calidad de propietario, sino en la ausencia de prueba que permitiera desvirtuar la
tenencia del vehículo, lo cual corresponde a una valoración probatoria propia del juez
natural.

La Sala observa que el accionante pretende que el juez constitucional reexamine un
asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, se busca controvertir los
argumentos de las decisiones cuestionadas, para que se evalúen nuevamente los
planteamientos debatidos en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones del tribunal accionado respecto de su
declaración como contraventor de una norma de tránsito y la imposición de la
correspondiente sanción pecuniaria. Así, no se plantea un problema estrictamente
constitucional, sino que se pretende que la acción de tutela funcione como una instancia
adicional.

En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado, y que la decisión
del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de la contestación,
las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 06838 01
Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución Política y la ley,
en el ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no
ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia, entraría
en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del juez
competente para conocer del caso, en el escaso término legal que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le fueron
planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones, excepciones y
hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad el llamado a
decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre
las partes que precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido el
debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando ella está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han formulado
demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede comprometer el núcleo
fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que ese no es el
supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la parte accionante no alega que
el juez se haya desviado de los hechos o el derecho propuesto en el proceso.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se confirmará
el fallo proferido el 19 de enero de 2026 por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de enero de 2026, proferida por la Sección
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionante: Christian Habid Fayad Fontalvo
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 7 de
mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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