Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06838-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06838-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06838-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06838-00
Accionante: CHRISTIAN HABID FAYAD FONTALVO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Juzgado
12 Administrativo Oral del Circuito de Barraquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico.
1. Solicitud de tutela
El 30 de octubre de 2025, Christian Habid Fayad Fontalvo, obrando a nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y a la
garantía de no autoincriminación que consideró vulnerados por el Juzgado 12
Administrativo Oral del Circuito de Barraquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, al proferir las sentencias del 21 de mayo de 2025 y 5 de septiembre de
2025 respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de radicado no. 08-001-33-33-012-2024-00016-00/01.
En virtud del amparo, solicita que (se transcriben, incluso con errores):
«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
a la presunción de inocencia y a la garantía de no autoincriminación consagrada
en el artículo 33 de la Constitución Política, los cuales fueron desconocidos por
el Juzgado 12 Administrativo Oral de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C”, al negar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra la Resolución
sancionatoria de tránsito por presunta infracción C03.
2. Que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado 12
Administrativo Oral de Barranquilla (21 de mayo de 2025) y por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “C” (5 de septiembre de
2025), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
2024-00016.
3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico dictar una nueva
sentencia, ajustada a los precedentes de la Corte Constitucional (C-038/20, C-
321/22, C-530/03 y C-980/10) y se respete el alcance del artículo 33 superior.
4. En subsidio, respetuosamete solicito sr. Juez, el ordenar todo lo que el
despacho considere pertinente para garantizar el restablecimiento de mis
derechos fundamentales.».
2. Hechos relevantes
El 4 de noviembre de 2022, el vehículo de placas KOY 734 fue objeto de una de
una foto detección por presunta infracción C03 (bloquear calzada con el vehículo),
registrada a través de un sistema tecnológico de la Secretaría Distrital de Tránsito
y Seguridad Vial de Barranquilla. El carro es de propiedad del accionante y él es
quien se encarga del pago de los impuestos, el SOAT y de la revisión
tecnomecánica. Sin embargo, manifiesta que se lo regaló a su padre y que es
utilizado principalmente por él.
Durante la audiencia de descargos, el accionante expuso que el vehículo fue un
regalo para su padre, que él tiene custodia del mismo y que el accionante no era
quien manejaba en el momento de la infracción. Además, manifestó que se «acogía
al artículo 33 de la Constitución Política, el cual consagra el derecho fundamental a
no incriminar a mi padre, razón por la cual no estaba obligado a dar datos de él a la
autoridad de tránsito». Finalmente, le solicitó a la autoridad que identificara quién
era el conductor que cometió la infracción pues a ella le correspondía la carga de la
prueba.
El 28 de julio de 2023, la Secretaría Distrital de Tránsito expidió la Resolución 7565
por medio de la cual sancionó al accionante.
El accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Distrito de Barranquilla. Solicitó que se anulara la Resolución No. 7565
del 28 de julio de 2023, que declara a Christian Habid Fayad Fontalvo, contraventor
de una norma de tránsito y se le impone una sanción pecuniaria por valor de $
468.867. Como restablecimiento del derecho solicitó ser exonerado del pago de la
aludida multa. Alegó que se violó el precedente constitucional fijado en la Sentencia
C-530 de 2003, C-980 de 2010 y C-038 de 2020 que proscribió la responsabilidad
objetiva del propietario en casos de fotodetección, y que se vulneraron los artículos
29 y 33 de la Constitución Política por sancionarlo sin prueba de autoría y
obligándolo a incriminar a su padre.
El 21 de mayo de 20251, el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla, mediante sentencia, negó las pretensiones de la demanda, con el
argumento de que la carga de la prueba le correspondía al accionante y no a la
entidad y que el demandante no probó que el automotor no estaba en su posesión,
y no se allegó prueba de un traspaso o cesión que demuestre que el vehículo no
era de su propiedad. Es decir, la parte actora, no satisfizo esta carga, en la medida
que no allegó los elementos probatorios necesarios para desvirtuar la legalidad del
acto acusado.
El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión el 30 de junio
de 20252. Insistió que la sentencia de primera instancia desconoció precedentes
constitucionales, violó el debido proceso, trasladó indebidamente la carga
probatoria al actor, desconoció el artículo 33 de la Constitución Política, y no se
analizó adecuadamente lo relativo a la notificación del comparendo.El 5 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral
“C” confirmó la decisión de primera instancia, por no probar que encontró que como
la parte actora no probó que el vehículo no se encontraba en su poder, o que había
sido objeto de cesión o traspaso a un tercero, no podía ser exonerado de la sanción
1 Cfr. SAMAI, Índice 35 del proceso 08001-33-33-012-2024-00016-00. Min. 38:12 – 39:28.
2 Cfr. SAMAI, Índice 36 del proceso 08001-33-33-012-2024-00016-00
impuesta. En igual sentido, encontró que no se violó el artículo 33 de la Constitución
Política pues no se le exigía formular una acusación en su contra, sino aportar
prueba documental que permitiera inferir que no tenía la tenencia del vehículo.
Finalmente, indicó que se realizaron las notificaciones conforme a la ley.
3. Fundamentos de la solicitud
Sobre las causales genéricas de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, argumenta que la providencia incurre en cuatro.
Alegó que las providencias reprochadas incurrieron en defecto sustantivo o material,
en razón a que las autoridades accionadas aplicaron indebidamente la sentencia
C-321 de 2022 al caso pues la infracción excede el objeto de la providencia ya que
no se encuentra entre el catálogo contenido en el artículo 10 de la Ley 2161 de
2021. Argumentó que el precedente jurisprudencial es claro en que la
responsabilidad objetiva en materia de tránsito solo procede para infracciones
específicas (SOAT, revisión técnico-mecánica, velocidad, semáforo en rojo,
circulación en pico y placa o zonas restringidas), mas no para infracciones como la
de “bloquear una vía pública, impidiendo o alterando el normal tránsito de vehículos”
(C03), la cual exige identificar al verdadero conductor infractor. Adujo, que al
imponer la sanción partiendo de la responsabilidad objetiva no prevista legalmente,
los fallos reprochados incurrieron en violación directa de los artículos 6 y 29 de la
Constitución y desbordaron el principio de legalidad.
Alegó que también incurrió en defecto fáctico el fallo proferido por el Juzgado 12
Administrativo de Barranquilla. Expresó que el accionante “no allegó prueba de que
hubiese vendido o entregado el vehículo a su padre”, desconociendo que la carga
de la prueba en materia sancionatoria no recae en el ciudadano sino en la autoridad
administrativa, que debe acreditar la comisión de la falta por el infractor. Así, la
autoridad judicial trasladó indebidamente la carga probatoria contrariando la
presunción de inocencia, contenida en el artículo 29 de la Constitución y el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-051 de 2016, donde
se reiteró que materia contravencional corresponde a la autoridad demostrar la
responsabilidad. Alega que se incurre en defecto fáctico porque la carga de la
prueba correspondía a la autoridad de tránsito, partió de la presunción de
culpabilidad y se desconoció la presunción de inocencia.
Alegó que las decisiones judiciales reprochadas incurrieron en defecto por
desconocimiento del precedente constitucional pues ignoraron lo establecido en la
sentencia C-038 de 2020. En particular, que las sanciones por foto detección no
pueden imponerse al propietario del vehículo por este simple hecho, solo pueden
imponerse a este cuando se trata de infracciones previstas en el artículo 10 de la
Ley 2161 de 2021, numerales A y B. Indica que al imponerse la sanción, con la mera
calidad del propietario del vehículo, sin que se demostrara quién era el conductor
en el momento de la infracción, se contravino la sentencia C-038 de 2020, que
declaró inexequibles las disposiciones que imponían responsabilidad objetiva al
propietario en las infracciones detectadas por medios tecnológicos.
Además, se desconoció el alcance del artículo 33 de la Constitución, que garantiza
el derecho a no auto incriminarse, el cual fue interpretado por la Sentencia C-530
de 2003 para advertir que el propietario de un vehículo no puede ser compelido a
señalar al infractor bajo amenaza de sanción.
Alega que se incurrió en desconocimiento del precedente, específicamente las
sentencias C-980 de 2010 y C-089 de 2011. Estas reiteran que las sanciones
derivadas de sistemas automáticos deben sujetarse al principio de responsabilidad
personal.
Finalmente, alegó que la sentencia incurrió en defecto por violar la Constitución
directamente, al sancionar al propietario sin identificar al verdadero infractor, las
providencias desconocieron de manera directa los artículos 6 (responsabilidad
personal de los particulares), 29 (debido proceso) y 33 (derecho a no auto
incriminarse) de la Carta Política.
La aplicación extensiva del régimen de responsabilidad objetiva configuró una
sanción sin sustento legal ni constitucional, quebrantando la supremacía de la
Constitución y el principio de legalidad en materia sancionatoria.
4. Trámite de primera instancia
El 10 de noviembre se admitió3 la acción de tutela y se ordenó su notificación a las
autoridades judiciales accionadas, y al Distrito de Barranquilla en calidad de tercero
con interés. También se notificó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
El 19 de noviembre de 20254, en la contestación la Sala de Decisión Oral C del
Tribunal Administrativo del Atlántico manifestó que la tutela era improcedente
porque no se estructuró ninguno de los requisitos generales y causales específicos
de procedencia. Adujo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia
más de las que el legislador ha establecido, pues ello desnaturaliza el fin que
persigue.
El 21 de noviembre de 20255, el Distrito de Barranquilla solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. Frente a los cargos realizados por el accionante
en contra de los fallos reprochados manifestó que yerra la parte actora en el alcance
otorgado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-321 de 2022 ya que la misma
no establece una limitación a la responsabilidad del propietario exclusivamente a
las infracciones del artículo. 10 de la Ley 2161. Sino que, por el contrario, esta
explica que el propietario del vehículo sí tiene deberes jurídicos derivados de su
titularidad, ante cualquier infracción cometida, incluso cuando no conduce. Estos
deberes incluyen colaborar con la identificación del presunto infractor. Igualmente,
indica que la responsabilidad del propietario no es objetiva, pero tampoco
desaparece por el solo hecho de alegar que un tercero manejaba el vehículo enseña
la Corte Constitucional. Frente a los argumentos relativos al defecto fáctico y al
desconocimiento del precedente, manifiesta que, en el entendido de que la carga
de la prueba era dinámica, el demandante debió aportar pruebas que de mostraran
que no conducía el vehículo. Por último, indicó que no hubo vulneración de ningún
derecho fundamental.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
3 Cfr. SAMAI, Índice 4.
4 Cfr. SAMAI, Índice 9.
5 Cfr. SAMAI, Índice 11
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las
providencias del 21 de mayo de 2025 y 5 de septiembre de 2025, en el marco de la
nulidad y restablecimiento del derecho, en el que el accionante fungió como parte
demandante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental6. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia
constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio
irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una
irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la
solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción
de tutela7.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
7 Ibidem.
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional8: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial
censurada; (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia
verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».
Caso concreto
El accionante consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, al proferir las providencias reprochadas. Sostienen que
en estas se incurrió en los defectos sustantivo o material, fáctico, de
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. Alegó el
8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
defecto sustantivo o material por la aplicación de la sentencia C-321 de 2022 al
caso; el defecto fáctico porque se trasladó la carga de la prueba al accionante; el
desconocimiento del precedente porque se ignoró lo establecido en las sentencias
C-530 de 2003 y C-038 de 2020 sin explicar por qué se aparta de él; y la violación
directa de la constitución por desconocer los artículos 29 y 33.
La Sala advierte que los reproches que el accionante hizo a las sentencias reiteran
los presentados en el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario.
Dicho recurso argumentó que se desconoció el precedente por aplicar la sentencia
C-038 de 2020, C-530 de 2003 y C-980 de 2010. Alegó que se violaron los derechos
al debido proceso, presunción de inocencia y principio de responsabilidad personal
al no aplicar la responsabilidad personal sino la objetiva. Adujo que se traslado
indebidamente la carga de la prueba al demandante, que se desconoció el artículo
33 de la Constitución Política y que el comparendo se notificó indebidamente.
En consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
manifestó lo siguiente:
«Sobre el particular, la Sala pone de presente que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-38 de 2020, no invalidó las infracciones detectadas a través de sistemas
automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos denominadas SAST,
sino que declaró inexequible la responsabilidad solidaria en materia sancionatoria
entre el propietario del vehículo y el conductor, prevista el parágrafo 1 de artículo 8
de la Ley 1843 del 2017.
En ese sentido, y frente a la aplicación de la sentencia C-038 de 2020, en los
procesos contravencionales adelantados por infracciones al tránsito detectadas por
medios técnicos y tecnológicos, es preciso señalar que es responsable “quien
realizó personalmente el acto reprochado” no obstante, para esta Corporación si no
es posible identificar e individualizar al conductor infractor, es viable la notificación
al último propietario registrado del vehículo, lo anterior debido a que es a aquel de
quien se conoce la identidad y datos de contacto y de quien, en principio, es
responsabilidad la utilización adecuada de su vehículo, sin que ello implique que sea
solidariamente responsable.
En ese orden, a la autoridad de tránsito le que corresponde respetar el derecho a la
defensa del investigado dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, en
donde se constituyan medios probatorios para que en audiencia pública se conozca
la verdad de los hechos y estos permitan sancionar o absolver al inculpado bajo
claros principios de oportunidad, transparencia y equidad.
Por tal razón, a juicio de esta Sala, si la parte actora no aportó documentos ni medios
probatorios que demostraran que el vehículo no se encontraba bajo su poder, o que
había sido objeto de cesión o traspaso a un tercero, ello implica que no puede ser
exonerada de la sanción impuesta, como se pretende en el escrito de apelación. En
igual sentido, no se configura una violación del artículo 33 Constitucional, el cual
garantiza el derecho del actor a no incriminar a su padre, pues no se le exigía
formular una acusación en su contra, sino únicamente aportar prueba documental
que permitiera inferir que no tenía la tenencia del vehículo. »
La Sala estima que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento. Además de ello,
revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que
provienen de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente,
así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto. Al no advertirse una
actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada, resulta
improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la interpretación y alcance
dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional
al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia
que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la solicitud
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, se advierte que el solicitante se limitó a la enunciación de los
derechos fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones que
permitan una revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda o el alcance
de disposiciones constitucionales relativas a esos derechos, con ocasión a la
vulneración que el solicitante manifiesta. De ahí que la discusión planteada en el
escrito de tutela, se reitera, está motivada en el desacuerdo con el contenido de la
providencia dictada por el juez natural. La vulneración debe estar justificada con la
carga argumentativa mínima suficiente que permita al juez de tutela valorar la
procedencia de la solicitud. Esto, además en procura del respeto por la cosa
juzgada, seguridad jurídica y la garantía de independencia y autonomía de los
jueces, como elementos fundamentales para el cimiento de la actividad judicial del
Estado.
Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala la declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Christian Habid Fayad
Fontalvo, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral-
Sección C y el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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