Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07778-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07778-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07778-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 07778 01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de tutela de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional y subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La subdirectora de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
interpuso acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y el Tribunal Administrativo de Caldas, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la
UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS y CONSEJO
DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. dentro del proceso ejecutivo
No. 17001233300020150055100.
Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:
a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 15 de enero de 2024 y 1 de abril
de 2025 dictado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS confirmado
mediante proveído del 14 de mayo del 2025 por el CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. que decretaron medida de embargo
sobre todas las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular sin importar su
denominación o naturaleza, dictados dentro del proceso ejecutivo rad.
17001233300020150055100 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de
la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07778 00
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Accionante: UGPP
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General de la Nación destinados para el funcionamiento interno de la UGPP, así
como de aquellos que se recaudan por la UGPP por concepto de contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, que se administran en todas las cuentas de
titularidad de la UGPP en el Banco Popular.
b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular el
desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP. En subsidio,
respetuosamente solicito sr. Juez, el ordenar todo lo que el despacho considere
pertinente para garantizar el restablecimiento de mis derechos fundamentales.
[Mayúsculas y negrillas del escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante indicó que, mediante auto del 2 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Caldas libró mandamiento de pago en contra de la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a favor del señor José
Darío Castellanos, por concepto de capital e intereses y que, posteriormente, mediante
auto del 4 de octubre de 2023, el citado tribunal repuso el mandamiento inicial y modificó
los valores reconocidos, adicionando el pago de las diferencias en las mesadas que se
siguieran causando hasta el cumplimiento del fallo, los intereses moratorios, las costas
y agencias en derecho, así como intereses a la tasa DTF.
Continuó relatando que en el marco del proceso ejecutivo, el 15 de enero de 2024 el
Tribunal Administrativo de Caldas ordenó el embargo de los dineros que la UGPP tuviera
depositados en cuentas bancarias y otros productos financieros en diversas entidades,
entre ellas el Banco Popular, precisando únicamente algunas exclusiones relacionadas
con recursos de la Nación administrados por la Tesorería, rubros destinados al pago de
sentencias y ciertos recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Arguyó que, contra dicha decisión, la UGPP interpuso los recursos de reposición y
apelación. El recurso de reposición fue resuelto mediante auto del 1 de abril de 2024,
por el cual se mantuvo la medida de embargo sobre los dineros de la entidad en múltiples
entidades bancarias, fijando como límite máximo de la medida la suma de $120.000.000,
en atención al monto del crédito, los intereses y las costas, y ordenando a las entidades
financieras constituir los respectivos depósitos a órdenes del juzgado.
A su turno, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda – Subsección A, al resolver el recurso de apelación, mediante auto del 14 de
mayo de 2025, decidió confirmar el auto del 15 de enero de 2024, manteniendo en firme
la medida cautelar de embargo y retención de dineros decretada dentro del proceso
ejecutivo.
Frente a la procedencia de la acción de tutela, la parte accionante sostuvo que su
solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
Respecto de la relevancia constitucional, sostuvo que se ha generado una afectación de
tracto sucesivo sobre los recursos que integran el Presupuesto General de la Nación,
destinados al funcionamiento de la UGPP. Sobre el requisito de subsidiariedad,
manifestó haber interpuesto los recursos legales procedentes contra el auto que ordenó
el embargo, poniendo de presente a los despachos accionados que las cuentas
afectadas administran recursos de naturaleza inembargable. Finalmente, en lo atinente
a la inmediatez, indicó que el Auto del 14 de mayo de 2025 fue notificado el 10 de junio
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de 2025, por lo que entre su ejecutoria y la presentación de la acción no transcurrieron
más de seis (6) meses.
En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la providencia acusada
incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y defecto fáctico.
Sobre el defecto sustantivo, señaló que este se configura por la indebida orden de
embargo sobre los recursos depositados en las cuentas bancarias de la UGPP en el
Banco Popular y el Banco Agrario, con independencia de su denominación o naturaleza.
Al respecto, indicó que el principio de inembargabilidad de los recursos públicos,
especialmente de aquellos que integran el Presupuesto General de la Nación y el
Sistema de Seguridad Social, cuenta con una regulación amplia que impide su afectación
en procesos judiciales.
En cuanto al defecto fáctico, afirmó que los despachos judiciales omitieron valorar las
pruebas aportadas por la UGPP, las cuales demostraban, en primer lugar, que lo
pretendido en el proceso es el pago de sumas correspondientes a pensiones y no a
obligaciones de origen laboral, las cuales podrían constituir una excepción al principio de
inembargabilidad. En segundo lugar, que las cuentas corrientes en el Banco Popular
tienen carácter inembargable, circunstancia acreditada mediante la Resolución núm. 25
del 14 de enero de 2015 y la respectiva certificación de inembargabilidad.
Finalmente, respecto del desconocimiento del precedente judicial, citó varias sentencias
de la Corte Constitucional, en especial la Sentencia T-172 de 2022, en la cual se reiteró
que los recursos provenientes de cotizaciones no ingresan al patrimonio de las entidades
públicas encargadas de su recaudo ni al Presupuesto General de la Nación, sino que
están destinados exclusivamente a la satisfacción de las necesidades del Sistema
General de Seguridad Social.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 4 de diciembre de 20252 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta de esta Corporación que, por auto del 12 de diciembre de 20253 la
admitió y dispuso notificar4 a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y al Tribunal Administrativo de Caldas, como parte accionada; así como vincular5
José Darío Castellanos Rivera y al Banco Popular como terceros con interés en las
resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Caldas para que allegara copia
digital del expediente correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 17001
23 33 000 2015 00551 00/01/02, el cual fue remitido6.
2 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 00.
3 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de marzo de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 07778 00.
5 Ibidem
6
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 00.
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3.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A allegó 7 escrito en el que
solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente, al considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora y que no se cumple
el requisito de relevancia constitucional.
Asimismo, señaló que al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas decretó la medida cautelar de
embargo sobre las cuentas de la UGPP, se analizó el principio de inembargabilidad y,
conforme a la jurisprudencia pacífica vigente, se concluyó que la medida cautelar era
procedente dentro del trámite del proceso.
3.3. El Tribunal Administrativo de Caldas allegó escrito en el que informó sobre las
actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo identificado bajo el radicado 17001 23 33
000 2015 00551 00, y precisó que la medida cautelar de embargo se encontraba
debidamente sustentada tanto en los supuestos fácticos como en las normas aplicables
y la jurisprudencia relevante. Adicionalmente, indicó que el 17 de octubre de 2025 se
profirió sentencia anticipada de primera instancia, mediante la cual se declararon no
probadas las excepciones de pago, prescripción y compensación, y se ordenó continuar
con la ejecución.
3.4. El Banco Popular solicitó su desvinculación8 del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, al no haber vulnerado derecho fundamental alguno
de la parte actora, y señaló que las pretensiones están dirigidas a dejar sin efectos una
providencia judicial respecto de la cual no tuvo intervención alguna.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de febrero de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
Inicialmente, sostuvo que el asunto no satisface el requisito general de procedencia
relativo a la relevancia constitucional, pues la parte actora se limita a reiterar los
argumentos expuestos en el proceso ejecutivo y, en realidad, manifiesta su desacuerdo
con las conclusiones adoptadas por el juez natural.
Adicionalmente, indicó que el proceso ejecutivo identificado con el radicado 17001 23 33
000 2015 00551 00/01 se encuentra en curso y que la UGPP puede solicitar el
levantamiento de la medida de embargo sobre las cuentas, siempre que acredite el pago
de la obligación reclamada o constituya la caución correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 461 y 597 del Código General del Proceso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó señalando lo
siguiente:
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 00.
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Manifestó que dicho fallo desconoció la evidente relevancia constitucional del asunto, pues
las decisiones judiciales cuestionadas ordenaron el embargo indiscriminado de todas sus
cuentas bancarias, pese a que los recursos allí depositados son constitucional y legalmente
inembargables, lo cual configuró una vía de hecho con graves efectos institucionales y para
terceros.
Explicó que la tutela no fue promovida como una tercera instancia, sino como el único
mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales vulnerados, tanto de la UGPP
como de los integrantes del Sistema de Protección Social. En particular, se alegó
vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la seguridad social y a la salud, al haberse ordenado el embargo de recursos del
Presupuesto General de la Nación y de recursos parafiscales que no pertenecen a la UGPP
ni pueden destinarse al pago de cuotas partes pensionales, objeto del proceso ejecutivo.
Resaltó que las decisiones judiciales incurrieron en vía de hecho por defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente. Lo anterior, al considerar que, por un lado,
se aplicaron medidas cautelares sobre recursos expresamente protegidos por el principio
de inembargabilidad (art. 63 de la Constitución, Estatuto Orgánico del Presupuesto y CGP),
sin verificar si operaba alguna excepción constitucional, lo cual no ocurría al no tratarse de
obligaciones laborales; y, por otro lado, se omitió valorar pruebas documentales que
demostraban la naturaleza, destinación y titularidad de las cuentas embargadas.
Arguyó que las cuentas afectadas tenían dos naturalezas claramente diferenciadas pero
igualmente protegidas: unas correspondían a gastos de funcionamiento de la UGPP,
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación para pago de impuestos,
seguridad social de empleados y obligaciones administrativas; y otras correspondían a
cuentas parafiscales de la Planilla U – PILA, creadas exclusivamente para la recepción y
posterior dispersión de recursos embargados a aportantes morosos, los cuales pertenecen
a terceros (SENA, ICBF, Cajas de Compensación, sistema de salud y pensiones) y no
ingresan al patrimonio de la UGPP.
Insistió en que la UGPP no es entidad pagadora de pensiones ni de cuotas partes
pensionales, función que legalmente corresponde al Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional (FOPEP), por lo que, anotó que no existe identidad entre la naturaleza del
crédito perseguido en el proceso ejecutivo y la naturaleza de los recursos embargados, lo
que impide aplicar cualquier flexibilización del principio de inembargabilidad, conforme a la
jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional.
Asimismo, indicó que se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, pues el
embargo total de las cuentas paralizó el funcionamiento de la entidad, impidió el giro de
aportes parafiscales y puso en riesgo el pago de la seguridad social de empleados y de
terceros beneficiarios del sistema.
Con fundamento en lo anterior, la UGPP solicitó la revocatoria del fallo impugnado, el
amparo de los derechos fundamentales vulnerados y el levantamiento inmediato de los
embargos decretados, dejando sin efectos las providencias judiciales que los ordenaron.
Sostuvo que la tutela cumple plenamente los requisitos de procedencia excepcional contra
providencias judiciales y que la intervención del juez constitucional resulta necesaria para
restablecer el orden jurídico y proteger recursos públicos y parafiscales de destinación
específica.
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5.2. Por auto proferido el 13 de marzo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 26 de marzo de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. El señor José Darío Castellanos presentó demanda ejecutiva en contra de la
UGPP, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por concepto de
capital indexado adeudado, derivado de la declaratoria de nulidad de la Resolución núm.
4780 de 2004, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho previo.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Caldas16 que,
mediante auto del 2 de junio de 2023 libró mandamiento de pago en contra de la UGPP.
6.2.3. Posteriormente, mediante auto del 15 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo
de Caldas ordenó el embargo de los dineros que tuviera la entidad ejecutada en las
entidades bancarias allí indicadas, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo
2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015, y dispuso oficiar a dichas entidades.
9 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06838 00.
10 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 07778 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1
de abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 17001 23 33 000 2015 00551 00.
16 Al medio de control se le asignó el núm. único de radicación 08001 33 33 012 2024 00016 00.
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Contra esta decisión, la UGPP interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación. No obstante, mediante auto del 1 de abril de 2024, el tribunal decidió no
reponer la providencia y concedió el recurso de apelación.
6.2.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del
14 de mayo de 2025, confirmó el auto del 15 de enero de 2024, por el cual el Tribunal
Administrativo de Caldas decretó la medida cautelar de embargo y retención de dineros.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Frente a la relevancia constitucional
6.3.1.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes […]17.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
17 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
18 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia19. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por
no superar la relevancia constitucional.
6.3.1.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que20:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…).
[Se destaca].
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo
constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario
y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora
para reabrir el debate resuelto en el proceso ejecutivo frente a la decisión de embargo
de dineros de la entidad accionada en diversas entidades bancarias, especialmente el
Banco Popular.
Bajo este contexto, la Sala advierte que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia o recurso adicional al proceso ejecutivo, con el fin de
controvertir lo decidido por las autoridades judiciales accionadas en providencias del 15
de enero de 2024 y 1 de abril de 2025 proferidas por el Tribunal y del 14 de mayo del
2025 proferida por el Consejo de Estado, e insistir en que no se debió decretar el
embargo de sus cuentas bancarias.
Al respecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial accionada señaló que:
[…] tratándose de la ejecución que se adelante para el cobro de una sentencia
judicial, la aplicación de dicha norma no impide el embargo de los recursos que
pertenezcan al Presupuesto General de la Nación y que se encuentren depositados
en cuentas corrientes o de ahorros abiertas por las entidades públicas obligadas al
pago de la condena, aspecto precisado con toda claridad por el artículo 2.8.1.6.1.1
del Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” […]
[…]
De lo expuesto, puede concluirse que, los límites de la embargabilidad de los
recursos del Presupuesto General de la Nación, son los siguientes:
• La prohibición del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA se refiere a los rubros del
presupuesto destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de
Contingencias.
-Son inembargables las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente a
favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
-Pueden ser objeto de embargo las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las
entidades públicas que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación,
cuando se trata del cobro ejecutivo de sentencias o conciliaciones […].
La Sala observa que la accionante pretende que el juez constitucional reexamine un
asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
decisión distinta y favorable a sus intereses. En esencia, se busca controvertir los
argumentos de las decisiones cuestionadas, para que se evalúen nuevamente los
planteamientos debatidos en el trámite de la medida cautelar solicitada.
Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se
evidencia es su desacuerdo con las conclusiones del tribunal accionado respecto de su
declaración como contraventor de una norma de tránsito y la imposición de la
correspondiente sanción pecuniaria. Así, no se plantea un problema estrictamente
constitucional, sino que se pretende que la acción de tutela funcione como una instancia
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adicional. Por lo tanto, el requisito general de relevancia constitucional no se cumple en
la presente solicitud de amparo.
6.3.2. Frente a la subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable21.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial22: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable23.
En el asunto objeto de análisis, la accionante controvierte las providencias del 15 de
enero de 2024 y del 1 de abril de 2025, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Caldas, así como la decisión del 14 de mayo de 2025 emitida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó la decisión de decretar la
medida cautelar de embargo de dineros de la UGPP. En consecuencia, solicita que, en
esta sede constitucional, se ordene a la autoridad judicial demandada suspender los
efectos de dicha decisión.
21 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
22 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Sentencia T-150 de 2016.
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No obstante, es preciso señalar que el proceso ejecutivo identificado con el radicado
número 17 001 23 33 000 2015 00551 03 se encuentra actualmente en trámite24. En ese
contexto, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) puede solicitar, en dicho
proceso, el levantamiento del embargo de las cuentas afectadas, conforme lo dispuesto
en los artículos 461 y 597 del Código General del Proceso.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito general de relevancia constitucional y subsidiariedad, por lo
que se confirmará el fallo proferido el 26 de febrero de 2026 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Sección Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 7 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
24 El proceso entró al despacho para sentencia el 17 de febrero de 2026. Visto en el índice 10 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 17 001 23 33 000 2015 00551 03.
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