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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07778-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07778-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por el Banco Popular, de conformidad a lo expuesto. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07778-00 Demandante: UGPP – UGPP contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07778-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

26 de febrero de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07778-00
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07778-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial, auto que decretó medida
cautelar de embargo dentro de proceso ejecutivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la subdirectora de Defensa Judicial
Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP contra el auto de 14 de mayo de 2025,
mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, confirmó el
proveído de 15 de enero de 2024, en el que el Tribunal Administrativo de Caldas
decretó medida cautelar de embargo y retención de dineros dentro del proceso
ejecutivo que promovió José Darío Castellanos Rivera, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y de seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera,
con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS y CONSEJO DE ESTADO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. dentro del proceso ejecutivo No.
17001233300020150055100.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

a. DEJAR SIN EFECTOS las providencias del 15 de enero de 2024 y 1 de abril de 2025
dictado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS confirmado mediante
proveído del 14 de mayo del 2025 por el CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN A. que decretaron medida de embargo sobre todas las
cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular sin importar su denominación o
naturaleza, dictados dentro del proceso ejecutivo rad. 17001233300020150055100 y,
en consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre los
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación destinados para el
funcionamiento interno de la UGPP, así como de aquellos que se recaudan por la
UGPP por concepto de contribuciones Parafiscales de la Protección Social, que se
administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Popular.

b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular el desembargo
de todas las cuentas de titularidad de la UGPP.».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07778-00
Demandante: UGPP

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Mediante sentencia de 3 de junio de 2021, el Consejo de Estado confirmó la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 17 001 23 33 000 2015 00551 00/011, en el
sentido de ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, reliquidar la pensión de
jubilación del señor José Darío Castellanos Rivera, con base en el 75 % del promedio
del sueldo básico mensual, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios
prestados, percibidos como empleado del Fondo Nacional del Ahorro durante el
tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional.

Posteriormente, el señor Castellanos Rivera promovió proceso ejecutivo consecutivo
contra la UGPP con el fin de que se diera cumplimiento a la anterior decisión. En la
demanda solicitó como medida cautelar que se decretara el embargo y retención de
los dineros que la UGPP tuviera depositados en los establecimientos bancarios:
Banco Davivienda; Bancolombia; Banco BBVA; Banco de Bogotá; Banco Caja Social;
Banco Colpatria; Banco de Occidente y Banco Popular.

Mediante auto de 2 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas libró
mandamiento de pago y en proveído de 15 de enero de 2024, el decretó la medida
cautelar de embargo, en los siguientes términos:

«Primero: Ordenar el embargo de los dineros que posea la entidad ejecutada Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscal-UGPP-en cuentas bancarias, certificados de depósito,
cédulas de capitalización, acciones, o cualquier otro título representativo de dinero en los
bancos: a) Davivienda, b) Bancolombia, c) BBVA, d) Banco de Bogotá, e) Caja Social, f)
Colpatria, g) Occidente y h) Popular, salvo: i) lo establecido en el parágrafo del artículo
2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015, esto es, los recursos depositados por la Nación en
cuentas abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la
República o en cualquier otro establecimiento de crédito; ii) los rubros del presupuesto
destinados al pago de sentencias y conciliaciones, en los términos del parágrafo segundo
del artículo 195 del CPACA y; iii) Los recursos del SGSSS (Sistema General de Seguridad
Social en Salud) que tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados al sistema;
medida que se limitará por el a quo de conformidad con el numeral 10 del artículo 593 del
Código General del Proceso.

Segundo: Se ordena oficiar a las diferentes entidades bancarias, haciéndoles saber que
únicamente son inembargables: i) lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.1.6.1.1 del
Decreto 1068 de 2015, esto es, los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas
exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en
cualquier otro establecimiento de crédito; ii) los rubros del presupuesto destinados al pago
de sentencias y conciliaciones, en los términos del parágrafo segundo del artículo 195 del
CPACA y; iii) Los recursos del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud)
que tienen como fuente las cotizaciones de los afiliados al sistema. En caso de que los
productos se encuentren embargados o en concurrencia de embargos, la entidad bancaria
se encargará de registrar la medida hasta que se encuentre saldo disponible. Se le hará
saber a las entidades bancarias que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
final del artículo 594 del C.G.P».

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Sentencia de primera instancia de 17 de agosto de 2018.

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Demandante: UGPP

La parte ejecutada interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación contra la
anterior decisión, con el argumento de que las cuentas de la UGPP tienen el carácter
de inembargables.

El Tribunal Administrativo de Caldas, en auto de 1° de abril de 2024, mantuvo la
medida cautelar de embargo y retención de dineros, además, adicionó un párrafo al
ordinal primero del auto recurrido, así: «el embargo en mención se limitará a la suma
de diez millones setecientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos
($10.799.575)». Y adicionalmente, dispuso:

«Tercero: Ordenar que por la Secretaría de esta Corporación se oficie a los señores
gerentes de las entidades bancarias de los bancos Davivienda, Bancolombia, BBVA,
Banco de Bogotá, Banco Caja Social, Colpatria - Banco de Occidente y, Banco Popular
para que practiquen el embargo decretado en el monto máximo autorizado y mencionado
anteriormente, indicándoles que previamente a aplicar la medida cautelar, deberán
informar a esta autoridad judicial si los recursos afectados tienen calidad de
inembargables, para en su caso disponer lo que corresponda conforme al parágrafo del
artículo 594 del CGP.

Cuarto: Por la Secretaría de esta Corporación, informar a todas las entidades bancarias
que, la cuenta para depósitos judiciales para los fines pertinentes es la número
170011****** del Banco Agrario».

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en proveído del 14 de
mayo de 2025, confirmó el auto del 15 de enero de 2024, en el cual el Tribunal
Administrativo de Caldas decretó la medida cautelar de embargo y retención de
dineros.

2. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora aseguró que la presente acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedencia, pues se interpuso en tiempo, se agotaron los recursos
procedentes y las pretensiones se encuentran orientadas a evitar la configuración de
un perjuicio irremediable.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas al decretar la medida cautelar de
embargo incurrieron en defectos material o sustantivo, fáctico y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no se tuvo en cuenta la
naturaleza de los recursos de las cuentas que se ordenaron embargar.

Indicó que la UGPP se encuentra identificada con la sección presupuestal 131401 por
lo que sus rentas y recursos, independiente de la denominación del rubro presupuestal
o de la cuenta bancaria en que se encuentran están incorporados en el Presupuesto
General de la Nación y al Sistema de Protección Social, razón por la cual gozan de la
protección de inembargabilidad, al ser una de las excepciones señaladas y ratificadas
por la jurisprudencia constitucional para ser exonerada de embargo, por ser sumas de
dinero con una destinación específica como es la de funcionamiento y la seguridad
social de terceros, lo que hace que acorde con el artículo 48 de la Constitución Política,
dichos emolumentos no puedan ser utilizados ni destinados a temas diferentes a la
finalidad de su asignación, esto es funcionamiento de la Unidad y al pago de
parafiscales.

Lo anterior, tiene fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política, 594 del
CGP, 19 del Decreto ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto,

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Demandante: UGPP

reglamentado por el Decreto 1101 de 2007; 134 de la Ley 100 de 1993, y 2.2.8.9.1.
del Decreto 1833 de 2016.

Señaló que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta la certificación
en la cual se indicaba que la cuenta corriente del Banco Popular fue creada para la
recepción exclusiva de los recursos embargados a los aportantes como consecuencia
de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función
de seguimiento, colaboración y determinación de la liquidación y pago de las
contribuciones parafiscales de la protección social y, por ende, son recursos de
terceros, como el SENA, el ICBF, las Cajas de Compensación, etc.

Que no se tuvo en cuenta el criterio reiterado de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado sobre la imposibilidad de decretar embargos sobre los recursos que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación, pues se puede ocasionar una parálisis
en la gestión de la entidad, y los recursos de carácter parafiscal que no ingresan al
patrimonio de la ejecutada, sino que pertenecen a terceros, por hacer parte del
Sistema General de Seguridad Social.

3. Trámite previo

El 12 de diciembre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela,
negó la medida cautelar y ordenó notificar a los magistrados integrantes de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Caldas, en calidad de demandados; y, al
señor José Darío Castellanos Rivera y al Banco Popular, en condición de terceros con
interés.

4. La respuesta de los demandados

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela porque no ha vulnerado los derechos fundamentales
deprecados por la parte actora y no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, pues los argumentos están orientados a constituir una instancia
adicional del proceso ejecutivo.

Además, indicó que al resolver el recurso de apelación contra el auto mediante el cual
el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó la medida cautelar de embargo de las
cuentas de la UGPP, se ocupó de estudiar el principio de inembargabilidad y, en
consecuencia, determinó que acorde con la jurisprudencia pacífica sobre el tema, era
procedente la medida cautelar dentro del proceso.

El Tribunal Administrativo de Caldas informó cada una de las actuaciones que se
ha dado dentro del proceso ejecutivo 17001233300020150055100, precisando que la
medida cautelar de embargo se encontraba suficientemente sustentada en los
supuestos fácticos, en las normas que rigen el caso y la jurisprudencia que frente al
tema se ha desarrollado.

Aunado a lo anterior, señaló que el 17 de octubre de 2025, se profirió sentencia
anticipada de primera instancia, en la que se declaró no probadas las excepciones de
pago, prescripción y compensación; y, ordenó seguir adelante con la ejecución.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

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Demandante: UGPP

El Banco Popular solicitó que se le desvinculara del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado ningún derecho
fundamental de la parte actora y las pretensiones están orientadas a que se deje sin
efecto una providencia judicial respecto de la cual no tuvo ninguna injerencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, transgredió los derechos fundamentales
deprecados por la parte actora al decretar la medida de embargo sobre cuentas de la
UGPP, que considera tienen el carácter de inembargables, dentro del proceso
ejecutivo consecutivo que promovió el señor José Darío Castellanos Rivera.

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.

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Demandante: UGPP

La Sala anticipa que la acción de tutela se declarará improcedente por no cumplir con
el requisito general de relevancia constitucional, por las razones que se pasan a
exponer.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por
el Banco Popular.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por el Banco Popular, se aclara que dicha entidad estaba vinculada al
presente trámite constitucional en calidad de terceros con interés, dado que es la
autoridad que está ejecutando la medida cautelar decretada en la providencia que se
cuestiona, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.

6
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07778-00
Demandante: UGPP

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La parte actora cuestiona la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, de 15 de enero de 2024, en la cual se decretó la medida cautelar de embargo
y retención de dineros sobre las cuentas de la UGPP, dentro del proceso ejecutivo
que promovió José Darío Castellanos Rivera, decisión que confirmó el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto de 14 de mayo de 2025.

A juicio de la tutelante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos
material o sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial,
porque no se tuvo en cuenta que los recursos de las cuentas son inembargables.

Previo a empezar el análisis del caso, es necesario advertir que esta Sección ha
admitido, excepcionalmente, la procedencia de la acción de tutela contra autos
proferidos en un proceso que se encuentran en trámite7. Dicho análisis se fundamentó
en que se trataban de decisiones determinantes en el proceso, con clara potencialidad
de transgredir los derechos fundamentales de las partes8.

No obstante, en el presente caso la Sala advierte que la acción de tutela es
improcedente, porque no resulta pertinente la intervención del juez de tutela, ni
siquiera de manera excepcional, por las razones que se pasan a explicar.

El señor José Darío Castellanos Rivera promovió proceso ejecutivo consecutivo, con
el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia de 3 de junio de 2021, mediante la
cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, ordenó la
reliquidación de la pensión de jubilación.

Mediante auto de 15 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas decretó
medida cautelar de embargo y retención de dineros de las cuentas de la UGPP, que
tiene, entre otros en el Banco Popular. En dicha providencia, analizó los límites de la
embargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación, en los
siguientes términos:

«Como puede verse tanto la citada norma reglamentaria como la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado clarifican los límites de la embargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la
Nación, así:

7
En ese sentido se pronunció la Sección en las sentencias de 20 de abril de 2023, expediente 2023-00361-00, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Arguello, y; de 23 de agosto de 2018, expediente 2018-02227-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Se reitera el criterio adoptado por la Sección en fallo de 29 de febrero de 2024, expediente 2023-01171-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

7
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07778-00
Demandante: UGPP

• La prohibición del parágrafo 2 del artículo 195 del CPACA se refiere a los rubros del presupuesto
destinados al pago de sentencias y conciliaciones y al Fondo de Contingencias.

• También son inembargables las cuentas corrientes o de ahorros abiertas exclusivamente a favor
de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

• Por el contrario, pueden ser objeto de embargo las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las
entidades públicas que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación, cuando se trata del
cobro ejecutivo de sentencias o conciliaciones. - También son inembargables las cuentas corrientes
o de ahorros abiertas exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Por el contrario, pueden ser objeto de embargo las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las
entidades públicas que reciban recursos del Presupuesto General de la Nación, cuando se trata del
cobro ejecutivo de sentencias o conciliaciones.

Así pues, de acuerdo con todo lo anterior, se encuentra que, la cautela solicitada es procedente en
la medida que: (i) se trata de un proceso ejecutivo promovido para obtener el pago de una suma
reconocida en la Sentencia No. 082 del 17 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el
número 17 001 23 33 000 2015 00551 00; sentencia confirmada por la Sub Sección A de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 3 d
junio de 2021 y; (ii) la orden de embargo está dirigida a los dineros que tiene la Unidad de Gestiones
Pensionales y Contribuciones Parafiscales – UGPP – en los bancos: a) Davivienda, b) Bancolombia,
c) BBVA, d) Banco de Bogotá, e) Caja Social, f) Colpatria, g) Occidente y h) Popular sin que con ello
desconozcan las prohibiciones legales en relación con la embargabilidad de dineros de las entidades
públicas.

Sumado a lo anterior, es necesario precisar que, por cuanto la UGPP asumió las funciones
relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales, también resulta procedente el
embargo de los dineros que reposen en sus cuentas, para asumir el pago de obligaciones laborales
ordenadas en sentencias judiciales, como en el presente asunto.

Así las cosas, por ser procedente la solicitud formulada por la parte ejecutante, se accederá a la
solicitud de embargo de los dineros que posea la UGPP entidad ejecutada en cuentas bancarias,
certificados de depósito, cédulas de capitalización, acciones, o cualquier otro título representativo de
dinero en los bancos: a) Davivienda, b) Bancolombia, c) BBVA, d) Banco de Bogotá, e) Caja Social,
f) Colpatria, g) Occidente y h) Popular, salvo: i) lo establecido en el parágrafo del artículo 2.8.1.6.1.1
del Decreto 1068 de 2015, esto es, los recursos depositados por la Nación en cuentas abiertas
exclusivamente a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Banco de la República o en cualquier otro
establecimiento de crédito; ii) los rubros del presupuesto destinados al pago de sentencias y
conciliaciones, en los términos del parágrafo segundo del artículo 195 del CPACA y; iii) Los recursos
del SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud) que tienen como fuente las cotizaciones
de los afiliados al sistema; medida que se limitará por el a quo de conformidad con el numeral 10 del
artículo 593 del Código General del Proceso.

Finalmente se precisa que el artículo 594 ibidem prevé que “En el evento de que la autoridad judicial
o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero
congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones
de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las
sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la
sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene”, por ende, el a quo le hará
saber a las respectivas entidades bancarias en el oficio correspondiente que debe proceder
conforme a dicha disposición.»

La UGPP interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior
decisión, al considerar que la medida cautelar decretada no fue precisa y afectó
recursos públicos inembargables, pese a los criterios jurisprudenciales que exigen
identificar claramente la naturaleza de los recursos a embargar; la decisión fue
desproporcionada, ignoró riesgos de parálisis funcional y desconoció la prohibición
legal de embargo de estos recursos.

En auto de 1° de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió el recurso
de reposición, ratificando el embargo y la retención de recursos, pero fijó un tope de
$10.799.575. Además, ordenó a los bancos aplicar el embargo dentro de ese límite,

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informando previamente si los fondos eran inembargables, y dispuso que los
depósitos judiciales se realizaran en una cuenta del Banco Agrario.

Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió
el recurso de apelación, confirmando la medida cautelar decretada, por las siguientes
razones:

«38. Como se desarrolló en el marco normativo de la presente decisión, han sido desarrolladas
excepciones a la regla de inembargabilidad, previéndose que para recursos de naturaleza parafiscal
que son de destinación especifica, se continúa con las limitaciones como en el caso de los recursos
de la seguridad social, según lo preceptuó el numeral 1° del artículo 594 del Código General del
Proceso.

39. Así como lo señaló el recurrente en la apelación, el auto de 21 de septiembre de 2023 dictado
en el expediente 20001-23-39-000-2015-00609-0231 estableció que «los aportes que realizan los
empleadores y los trabajadores» del sistema de seguridad social tienen destinación específica «y
son inembargables, dado que son recursos parafiscales, razón por la cual no le pertenecen a la
entidad que los administra».

40. Sin embargo, la misma decisión no incluyó las cuentas corrientes recibidas desde los recursos
del presupuesto nacional, lo cual cobija a la Ugpp, debido a que el órgano de previsión social según
el artículo 1° del Decreto 5021 de 2009 es una entidad administrativa del orden nacional, de ahí que,
es beneficiaria de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, conforme a lo
contemplado por el artículo 11 del Decreto 111 de 1996.

41. Por lo tanto, era procedente el decreto de la medida cautelar de embargo adoptada por el a quo,
sobre las cuentas corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, tal cual lo reglamentó
el artículo el 2.8.1.6.1.1. del Decreto 1068 de 2015.

(…)
45. Por lo anterior, el interesado en el decreto de la medida cautelar de embargo y retención de
dineros tiene la carga de señalar las características para la identificación de los bienes sobre los que
recaerá la medida, es decir, comunicar si son inmuebles o muebles, de género o especie, entre otros
factores detallados en la legislación. No obstante, de la lectura de la prescripción legal no es dable
deducir que la carga que le asiste al ejecutante comprenda la especificación de la clase y los
números de las cuentas bancarias a embargar, por ello, si no aparece esa indicación con detalle, no
impide la procedencia de la solicitud de medida cautelar.

46. Nótese que la Sección Cuarta de la Corporación en la providencia de 17 de septiembre de 2020,
analizó que el artículo 594 de la Ley 1564 de 2012 no impuso al ejecutante la carga de identificar si
los dineros consignados en las cuentas bancarias son de naturaleza inembargable (…)

47. Precisado lo anterior, el señor José Darío Castellanos Rivera solicitó el embargo de los dineros
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social en los bancos Davivienda, Bancolombia, BBVA, de Bogotá, Caja Social, Colpatria,
Occidente y Popular, información que se encuadró en las hipótesis del artículo 83 de la Ley 1564 de
2012, toda vez que informó las entidades bancarias en las cuales la autoridad administrativa puede
poseer productos financieros, así mismo, no tenía la carga de especificar las cuentas bancarias ni
identificar si los dineros consignados en ésta son de carácter inembargable.

48. De otro lado, la entidad ejecutada señaló que la decisión fue desproporcionada e indiscriminada
por ser la medida cautelar amplia e imprecisa, no obstante, tal afirmación no es cierta por las
siguientes razones: i) la cuantía del embargo y retención de dineros se limitó a la suma de
$10.799.575; ii) la medida provisional se limitó únicamente al embargo de los recursos derivados del
presupuesto general de la Nación y que estuvieren depositados en cuentas corrientes o de ahorros
abiertas por la entidad condenada al tenor del artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto Único Reglamentario
del Sector de Hacienda y Crédito Público y iii) se solicitó a los gerentes de los bancos Davivienda,
Bancolombia, BBVA, de Bogotá, Caja Social, Colpatria, Occidente y Popular que al momento de
practicar la orden le informaran al despacho si los recursos afectados tenían la condición de
inembargables, para disponer lo que correspondiera conforme al parágrafo del artículo 594 de la Ley
1564 de 2012.»

Conforme con lo anterior, se evidencia que aunque la parte actora alega que las
providencias objeto de tutela vulneraron los derechos fundamentales invocados
porque presuntamente incurrieron en los defectos material o sustantivo, fáctico y por

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desconocimiento del precedente al decretar la medida cautelar de embargo de las
cuentas de la UGPP, los argumentos expuestos ya fueron resueltos por el juez natural.

Lo anterior, en el entendido que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, analizó los límites de embargabilidad de las cuentas, según lo previsto en el
numeral 1° del artículo 594 del Código General del Proceso, la naturaleza de los
recursos a embargar, la identificación de las mentadas cuentas, encontrando
procedente el decreto de la medida cautelar de embargo, al considerar que no era
desproporcionada, pues el monto estaba claramente delimitado, recayó sobre
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y además, se
establecieron controles para que los bancos informaran si los fondos tenían carácter
inembargable, conforme al artículo 594 del CGP.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso ejecutivo y lo que realmente se evidencia es su
inconformidad con las conclusiones a las que llegó el juez natural.

Además, debe indicarse que, el proceso ejecutivo 17 001 23 33 000 2015 00551 00/01
está en trámite, y la UGPP puede solicitar el levantamiento del embargo de las cuentas
una vez demuestre el pago de la obligación allí exigida o constituya la respectiva
caución, conforme a los artículos 461 y 597 del CGP, que prevén:

«Artículo 461: Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del
ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación
demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los
embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente […].»

«Artículo 597: Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

1. Si se pide por quien solicitó la medida, cuando no haya litisconsortes o terceristas; si los hubiere,
por aquel y estos, y si se tratare de proceso de sucesión por todos los herederos reconocidos y el
cónyuge o compañero permanente.
2. Si se desiste de la demanda que originó el proceso, en los mismos casos del numeral anterior.
3. Si el demandado presta caución para garantizar lo que se pretende, y el pago de las costas.
4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o
por cualquier otra causa.»

Entonces, la Sala advierte que, si la parte actora considera imperioso el levantamiento
de la medida cautelar decretada en las decisiones cuestionadas, puede con
fundamento en las anteriores normas solicitar su levantamiento, siempre que se
cumpla con los presupuestos allí previstos.

En suma, en el presente caso concurren causales de improcedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por el Banco Popular, de conformidad
a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

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Demandante: UGPP

– UGPP contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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