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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06843-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06843-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación de la Comisaría Permanente de Familia Turno 3 de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué, la Oficina Jurídica, la Personería Municipal de Ibagué, la Defensoría del Pueblo – Seccional Ibagué y la Procuraduría General de la Nación, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Hernando Torres Gaitán contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06843-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., nueva (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionado: HERNANDO TORRES GAITÁN
Accionado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia e igualdad /
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Rechazó
el medio de control / DEFECTO FÁCTICO Y PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – No se
encuentran acreditados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Hernando Torres Gaitán, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591
de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de octubre de 2025, el señor Hernando Torres Gaitán, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y la igualdad.

Hechos relevantes

2. A juicio de la parte accionante se presentaron los siguientes hechos:

3. El 2 de mayo de 2022, se profirió una decisión en el proceso relacionado con un
tema de presunta violencia intrafamiliar, el cual se identifica con el radicado 047-
2022. Según el actor, en dicho procedimiento no se surtieron las notificaciones
correspondientes.

4. En este contexto, el señor Hernando Torres Gaitán presentó múltiples derechos
de petición, denuncias ante la Fiscalía, la Personería Municipal de Ibagué, la
Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura. De igual
modo, presentó una acción de tutela devuelta por falta de insistencia y archivada

1 Que ingresó para fallo el 24 de noviembre de 2025.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

por la Corte Constitucional así como una emitida por el Juzgado Tercero Penal que
emitió una sentencia “incompleta”2.

5. El 1.° de mayo de 2025, recibió unos documentos de denuncias falsas referentes
al proceso 047-2022. Motivo por el cual presentó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado. El proceso le fue asignado
el radicado 11001-03-24-000-2025-00191-00. Allí, solicitaba la nulidad de unas
decisiones expedidas por la “Comisaría permanente de Familia Turno 2 de Ibagué”
dentro del expediente 047-2022.

6. El asunto en mención le correspondió a la Sección Primera3, quien a través de
auto del 13 de junio de 2025 rechazó la demanda presentada. Esto debido a que
dicho asunto no era susceptible de ser demandado a través de los medios de
control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).

7. Inconforme con la decisión, el señor Hernando Torres Gaitán presentó recurso
de apelación, sin embargo, al tratarse de un proceso de única instancia no procedía
este. En aras de garantizar la primacía del derecho sustancial y de acuerdo con el
artículo 318 del Código General del Proceso, se tramitó como recurso de súplica y
se remitió al consejero en turno, para lo de su competencia según el auto del 18 de
julio de 20254.

8. Mediante auto del 17 de octubre de 20255, se resolvió el recurso de súplica y se
tomaron las siguientes determinaciones: (i) se confirmó el auto del 13 de junio por
medio del cual se rechazó la demanda y (ii) en firme la providencia se ordenó que
se devolviera al despacho de origen.

Pretensiones

9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“1-----Amparar mis derechos al debido proceso, acceso a justicia, igualdad
y supremacía constitucional.

2-----Declarar la existencia de vía de hecho en los autos del 13 de junio y 17
de octubre de 2025.

3-----Revocar dichos autos y ordenar la admisión de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho (rad. 11001-03-24-000-2025-00191-00) para
analizar vicios administrativos.

4-----Subsidiariamente, ordenar remisión inmediata del expediente a juez de
familia de Ibagué para apelación de medidas de protección.

5-----Reconocer indemnización por daños extrapatrimoniales (perjuicios
morales por dilaciones).

2 Ver pág. 2 del escrito de tutela.
3 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
4 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
5 M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

6-----Ordenar medidas de no repetición: capacitación a funcionarios del
Consejo de Estado en naturaleza mixta de Comisarías y vías de hecho.

7-----Solicitar revisión por la Corte Constitucional (art. 33 Decreto
2591/1991)”6.

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante indicó que la acción de tutela vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, a la supremacía constitucional e incluso tenían conexidad con el Pacto de
San José. Mencionó la sentencia SU-047 de 1999 y T-029 del 2025.

11. Explicó que cumplía con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez porque
no contaba con otro recurso y había presentado la acción de tutela de manera
oportuna. Además, indicó que contaba con legitimidad porque era la persona
afectada. En lo que se refiere al requisito de relevancia constitucional dijo que se
había presentado una vulneración inminente e irreparable de sus derechos
fundamentales.

12. En cuanto a los requisitos específicos adujo que la autoridad accionada incurrió
en un defecto fáctico positivo y negativo por interpretar integralmente una orden,
ignorando las demás evidencias, las cuales correspondían con el ocultamiento del
expediente 047-2022. Tampoco valoró el procedimiento administrativo previo.
También incurrió en un defecto procedimental absoluto por no analizar los vicios
denunciados, omitir la remisión del expediente ordinario y no garantizar la
contradicción plena. Lo anterior debido a la notificación inadecuada que se había
realizado dentro de ese proceso.

Trámite procesal

13. Mediante auto del 5 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Sección Primera del
Consejo de Estado como accionado y al Municipio de Ibagué, a la Secretaría de
Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué, a la Comisaría de Familia Turno 2 y a
los demás intervinientes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-03-24-000-2025-00191-00, como terceros con
interés, para que ejercieran su derecho de defensa. De otra parte, ordenó a la
Sección Primera que remitiera en calidad de préstamo el expediente anteriormente
mencionado y negó la solicitud de pruebas relacionada con “Oficio a Comisaría de
Familia Turno 2 y 3 de Ibagué para documento del Comisario T3 (admisión de
ausencia de defensa) y expediente VIRTUAL AUDIO VIDEO 047-2022. 3-
Testimonio mío sobre dilaciones y daños”7.

6 Ver pág. 4 y 5 del escrito de tutela.
7 Ver pág. 5 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Intervenciones

14. La Sección Primera a través del consejero Germán Eduardo Osorio
Cifuentes solicitó que se denegara la acción de tutela. Lo anterior debido a que el
juez ordinario analizó los reparos expuestos por el accionante, específicamente lo
que se refiere con la naturaleza jurisdiccional de las decisiones adoptadas por la
Comisaría de Familia en el proceso 047-2022. A su vez concluyó que no era canal
procesal idóneo para controvertirlas a través de ese medio de control. Por tanto lo
que el accionante quiere es reabrir el debate ya decidido por el juez natural.

15. De igual modo, argumentó que el accionante adujo sobre la existencia de una
vía de hecho en las providencias cuestionadas, porque adolecen los defectos
señalados. Pero como se había indicado en la providencia del 17 de octubre de
2025, las decisiones proferidas por una autoridad administrativa en ejercicio de
funciones jurisdiccionales no eran susceptibles de control judicial, como ocurre con
las contenidas en el acta de audiencia del 2 de mayo de 2022, proferida por la
Comisaría de Familia de Ibagué – Turno 2, de acuerdo con lo previsto en la Ley
2126 de 2021. Además, señaló que las Comisarías de Familia ejercen funciones
jurisdiccionales en el marco de los procesos de violencia intrafamiliar, es decir, que
las decisiones adoptadas allí solo pueden ser controvertidas a través de
mecanismos previstos por el legislador ante los jueces de familia y no ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por tanto, no se presenta ninguna.
Vulneración a un derecho fundamental.

16. La Sección Primera a través de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón
precisó que la acción de tutela no está llamada a prosperar, porque dicha Sección
no incurrió en un error, vicio o defecto alguno constitutivo de la vulneración de un
derecho fundamental. Lo anterior debido a que el asunto objeto de debate no era
susceptible de control jurisdiccional, porque lo que se pretendía era controvertir
unas decisiones proferidas por una Comisaría de Familia, es decir que no se trata
de actos administrativos propiamente dichos sino de providencias judiciales. Por
ello, en la resolución del recurso de súplica se confirmó la anterior decisión.

17. De igual modo explicó que, la Sección rechazó un asunto que no era susceptible
de ser enjuiciado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, decisión
que fue proferida bajo el amparo de normas procedimentales que rigen la materia
y la jurisprudencia reiterada por la Corporación.

18. El Municipio de Ibagué señaló que el accionante no demostró la existencia de
un perjuicio irremediable ni agotó los mecanismos de defensa judicial, lo cual hace
improcedente la acción de tutela. Lo anterior dado que es un mecanismo subsidiario
y no es procedente si existen otros mecanismos, como lo son los recursos
ordinarios en sede judicial o administrativa para controvertir la decisión de la
Comisaría Permanente de Familia Turno 2. La cual fue debidamente notificada y
surtió los trámites administrativos de acuerdo con la normatividad. Sin contar que
la sentencia T-760 de 2008 aduce que la acción de tutela no constituye mecanismo
judicial ordinario.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

19. De otra parte, mencionó que no existe alguna prueba que la alcaldesa de
Ibagué haya vulnerado sus derechos fundamentales. Igualmente, expuso que de
acuerdo con la Sentencia T-1215 de 2003 se explica la acción de tutela temeraria.
Esto para decir que el accionante ha presentado diferentes acciones de tutela8 que
contienen un hilo conductor sobre el expediente 047-2022 de la Comisaría de
Familia Turno 2 de Ibagué.

20. El Comisario Permanente de Familia Turno II de la Ciudad de Ibagué indicó
que el accionante ha presentado diferentes acciones de tutela por la misma
situación, pero estas han sido desfavorables. Por tanto, no entiende por qué el
ciudadano busca anular una decisión debidamente ejecutoriada y que ya no puede
ser objeto de recursos porque adquirió plena validez. Es decir que constituye en
una mala fe al instaurar varias acciones de tutela por los mismos hechos.

21. La Defensoría del Pueblo Regional del Tolima adujo que carecía de falta de
legitimación en la causa por pasiva debido a que en el escrito de tutela no se hace
ninguna mención de acción u omisión en la cual se hubiera incurrido en vulneración
de derechos por parte de ella. De otra parte, indicó que no se evidenciaba un
pronunciamiento contrario al ordenamiento jurídico sustancial que permita
establecer que el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
hubiere incurrido en una interpretación arbitraria o errónea.

22. El señor Hernando Torres Gaitán “remitió la información solicitada”9 en la cual
allegaba la dirección de la Comisaría Permanente de Familia Turno II de Ibagué.
Así mismo expuso la vinculación necesaria de (i) la Comisaría Permanente de
Familia Turno 3 de Ibagué; (ii) la Alcaldía de Ibagué; (iii) la Secretaría de Gobierno;
(iv) la Oficina Jurídica; (v) la Personería Municipal de Ibagué; (vi) la Defensoría del
Pueblo – Seccional Ibagué y (vii) la Procuraduría General de la Nación.

23. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué10 no intervino.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

24. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

8 Identificadas con los radicados 11001-02-03-000-2025-01767-00; 11001-02-30-000-2025-00381-
00 y 11001-22-10-000-2025-00947-00
9 En el auto admisorio no se le realizó ningún requerimiento al accionante.
10 Fue notificado al mismo correo electrónico del Municipio de Ibagué. Específicamente la dirección
electrónica notificaciones_judiciales@ibague.gov.co. El 6 de noviembre de 2025 según el índice 13
de samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

25. En primer lugar, la Subsección deberá estudiar la objeción presentada por el
Municipio de Ibagué y la Comisaría Permanente de Familia en su contestación,
relacionada con la múltiple presentación de acciones de tutela sobre un mismo
hecho. Esto debido a que hizo mención de una posible temeridad con respecto a
los procesos de tutela identificados con el radicado 11001-02-03-000-2025-01767-
00, 11001-02-30-000-2025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-00947-00.

26. En segundo lugar, se estudiará si la acción de tutela de la referencia satisface
los requisitos de procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta
Corporación resolverá ¿si la Sección Primera del Consejo de Estado, con la
expedición de las providencias del 13 de junio de 2025 y 17 de octubre de 2025,
incurrió en un defecto fáctico y procedimental absoluto al rechazar y confirmar el
rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto por tratarse
de un asunto susceptible de ser demandado a través de los medios de control
previstos en el CPACA?

27. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección
adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se reiterará el precedente judicial sobre la
temeridad en el trámite de acciones de tutela por presentar dos veces una misma
petición de amparo; (ii) se examinarán los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto.

Temeridad - Reiteración de jurisprudencia11

28. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 señala que, cuando sin motivo
justificado una persona presente dos veces o más, la misma acción de tutela contra
diversas autoridades judiciales, la misma será resuelta desfavorablemente. En
atención a ello, la jurisprudencia explica que, deberán despacharse negativamente
las peticiones de amparo cuando guarden identidad de partes, causa y
pretensiones, pero, además, deberá sancionarse por temeridad al tutelante que
actúe de mala fe.

29. Por ello, en punto a los eventos en que se presentan dos acciones de tutela por
los mismos hechos, pretensiones y partes, la jurisprudencia distingue entre los
conceptos de cosa juzgada y temeridad. Respecto a la cosa juzgada constitucional
en materia de tutela se ha indicado que, un juez tiene vedado fallar una petición de
amparo que ya fue resuelta previamente por otra autoridad judicial. Para identificar
si se presenta identidad entre una petición de protección y otra posterior, debe
examinarse si “entre ambos hay identidad jurídica de partes, objeto y causa”12.
Esta triple identidad se verifica cuando:

“1. Identidad de partes, esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado
o representantes y se dirija contra el mismo demandado.

11 Corte Constitucional, sentencias T-504 de 2024 y T-407 de 2022.
12 Corte Constitucional, Sentencia, SU-128 de 2024.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

2. Identidad de causa petendi, es decir, que el ejercicio repetido de la
acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de
sustento.

3. Identidad de objeto, en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.”

30. Así, cuando se verifica la triple identidad entre una primera acción de tutela y
una posterior, el segundo juez constitucional tiene vedado volverse a pronunciar
respecto del mismo asunto. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en
todo caso, si alguno de los elementos de esta triple identidad cambia, por ejemplo,
un hecho nuevo, no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada.

31. Un fenómeno procesal diferente pero cercano, es la temeridad, la cual, se
presenta cuando, además de identidad en los tres elementos de la cosa juzgada,
la actuación del tutelante se presenta por mala fe, esto es, con la intención de
defraudar a la administración de justicia. Para declarar que una actuación es
temeraria, la Corte Constitucional ha señalado que es necesario demostrar que el
actor “ha obrado con mala fe, deslealtad procesal, o si su actuación infringe el deber
de moralidad procesal”13. En este contexto, ha explicado que en consideración a
que el artículo 83 de la Constitución advierte que la buena fe se presume, sólo
existirá temeridad cuando sea posible derivar un actuar procesal desleal o esté
demostrado que se trata de una actuación que se ha motivado en la mala fe.

32. Lo anterior, dicho en otros términos, significa que la actuación del demandante
que ha interpuesto sucesivas acciones de tutela no es temeraria cuando “el ejercicio
simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en
el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento
del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho”14. A su vez, también se ha descartado la temeridad, por vía de ejemplo,
en aquellos eventos en donde por un error se radicó más de una acción de tutela o
ella fue formulada sin el conocimiento del accionante por los apoderados.

Solución al primer problema jurídico

33. Respecto a este problema jurídico se verifica que, tal como lo indicó el Municipio
de Ibagué y la Comisaría Permanente de Familia, se presentó una acción de tutela

13 Corte Constitucional. Sentencias SU-713 de 2006 y SU-377 de 2014.
Ibidem.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-184 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Por su parte, la
sentencia SU-027 de 2021 indicó que como excepciones a la temeridad estaban los siguientes
supuestos: “i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho
y no por mala fe. (ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho. (iii) La
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la
acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los
derechos fundamentales del demandante. (iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo
cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son extensivos
a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad
a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

identificada con el radicado 11001-02-03-000-2025-01767-00, 11001-02-30-000-
2025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-00947-00. Sin embargo, al examinar los
hechos de las sentencias y el presente escrito de tutela, se puede determinar que
no guardan total identidad respecto de las partes, así como tampoco la causa y sus
pretensiones. Sustento de lo anterior:

Tabla 1. comparación de las múltiples demandas presentadas por el actor
Radicado 11001-03- Radicado 11001-02-03- Radicado 11001-02- Radicado
15-000-2025-06843-00 000-2025-01767-00 30-000-2025-00381- 11001-22-10-000-
00 2025-00947-01

Partes: Partes: Partes: Partes:
a. Accionante: a. Accionante: a. Accionante: a. Accionante:
Hernando Torres Hernando Torres Gaitán Hernando Torres Hernando Torres
Gaitán Gaitán Gaitán
Accionado:
b. Accionado: Sección la Sala de Casación Accionado:
Primera del Consejo Penal de la Corte Comisión Nacional de
Suprema de Justicia, la Disciplina Judicial, la Accionado:
de Estado
Sala Penal del Comisión Seccional Sala de Casación
Tribunal Superior, los de Disciplina Judicial Civil – Corte
Juzgados Octavo Penal de Tolima, la Sala Suprema (Mag.
del Circuito y Penal y Civil-Familia Martha P. Guzmán
Quinto Penal Municipal del Tribunal Superior Álvarez)
con funciones de de Ibagué, los Jueces
Control de Segundo Civil
Garantías, la Comisaría Municipal, Cuarto y
Permanente de Familia Octavo Penal del
Turno II y Circuito con
la Personería Municipal, Funciones de
todos del Distrito Conocimiento,
Judicial de Quinto Penal
Ibagué. Municipal con
Funciones de
Control de Garantías,
Primero y Tercero
Penal Municipal con
Funciones de
Conocimiento,
Comisaría
Permanente de
Familia Turno Dos y
Tres, Personería
Municipal
Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones: Pretensiones:

1-----Amparar mis i.- A la Sala Penal del se deje sin efecto (i) […] 2-Ordenar a la
derechos al debido Tribunal Superior de el auto que la Magistrada Martha
proceso, acceso a Ibagué «revocar la Comisión Patricia Guzmán
justicia, igualdad y decisión del 14 de Seccional de Álvarez que, en un
supremacía marzo de 2025
constitucional. Disciplina Judicial de término no mayor a
(Radicado 73001-22-
04-000-2025-00219-00) Tolima profirió el 14 48 horas, responda
2-----Declarar la que remitió el de agosto de 2024; de fondo, de manera
existencia de vía de expediente a la Corte (ii) las sentencias de clara, precisa y
hecho en los autos del Suprema de Justicia, y tutelas que las Salas completa, cada
13 de junio y 17 de resolver de fondo [su] de Casación Penal y unade las seis
octubre de 2025. impugnación en un Civil de la Corte preguntas
plazo no mayor a 10
3-----Revocar dichos días, garantizando mis Suprema de Justicia, formuladas en el
autos y ordenar la derechos»; derecho de petición
admisión de la

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

demanda de nulidad y las Salas Penal y del 6 de julio de 2025
restablecimiento del ii.- A la Comisaría Civil-Familia Laboral y reiteradas en la
derecho (rad. 11001- Permanente de Familia del Tribunal Superior insistencia del 12 de
03-24-000-2025- Turno II de esa ciudad, de Ibagué, los Jueces julio de 2025, en
00191-00) para «entregar copia del
analizar vicios Segundo Civil particular sobre la
expediente virtual No.
administrativos. Municipal, Cuarto y inclusión del
047-2022 o certificar su
inexistencia en 48 Octavo Penal del expediente virtual
4----- horas, para garantizar Circuito con audio-video 047-
Subsidiariamente, [su] derecho de Funciones de 2022 en el trámite de
ordenar remisión defensa»; Conocimiento, revisión de la tutela
inmediata del
Quinto Penal con radicación
expediente al juez de iii.- A la Personería
familia de Ibagué para Municipal con 11001-22-10-000-
Municipal de esa urbe, Funciones de Control 2025-00947-01.
apelación de medidas «asignar[le] un abogado
de protección. de
de oficio en 48 horas
para que [le] represente Garantías, Primero y 3-Ordenar que, en
5-----Reconocer Tercero Penal caso de que el
en este proceso»; Y,
indemnización por Municipal con expediente virtual
daños
iv.- SOLICITUD al juez Funciones audiovideo 047-2022
extrapatrimoniales
(perjuicios morales de tutela dar máxima de Conocimiento, […] esté incluido en el
por dilaciones). visibilidad mediática a todos de Ibagué, trámite de revisión,
este caso, remitiendo profirieron en las se remita una copia
6-----Ordenar medidas copias a medios de
acciones de dicho expediente
de no repetición: comunicación ya la
Defensoría del Pueblo, constitucionales n.° a mi correo
capacitación a
para que mi situación 73001-31- Electrónico
funcionarios del
Consejo de Estado en sea conocida y se evite 870012022-00126- htorresgaitan@hotm
naturaleza mixta de la revictimización por 01, ail.com
Comisarías y vías de parte del sistema 73001-22-04-000- 4-Ordenar a la Corte
hecho. judicial. 2025-00219-00, Suprema de Justicia,
73001-22-13-000- Sala de Casación
7-----Solicitar revisión 2025- Civil, Agraria y Rural,
por la Corte
00041-00, 73001-40- que en caso de que el
Constitucional (art. 33
Decreto 2591/1991) 03-002-2025-00112- expediente virtual
00, 73001 40-88- audio-video 047-
005-2024-00379-01, 2022 no haya sido
73001-40-09-001- incluido, se abstenga
2025-00018 00, de remitir el
73001-40- expediente de tutela
090012025-00026-00 a la Corte
y 73-001-04-09-03- Constitucional hasta
2022-0123-00; (iii) la que dicho expediente
decisión de archivo sea
de la Fiscal incorporado,
Veintisiete garantizando así el
Seccional de Ibagué principio de
y (iv) la decisión que contradicción
el Comisario y el debido proceso.
Permanente de […]
Familia Turno Dos de 6-Solicitar a la Corte
la misma ciudad Constitucional que,
profirió el 2 de mayo en el marco de
de 2022, en cuanto a sus competencias,
la queja que su evalúe la posible
madre presentó en su configuración de un
contra por violencia fraude procesal […]
intrafamiliar. derivado de la
omisión del
expediente

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

virtual audio-video
047-2022.
Causa: Causa: Causa: Causa:

El accionante presentó Luego de que la Sala Luego de que se Luego de que la Sala
una demanda de Penal del Tribunal surtiera un proceso de Casación Civil,
nulidad y Superior de Ibagué relacionado con Agraria y Rural de la
restablecimiento del declaró improcedente la situaciones de Corte Suprema de
derecho. Mismo tutela que el accionante maltrato y violencia Justicia, profiriera
proceso que le promovió contra los intrafamiliar, el señor sentencia CSJ
correspondió a la Juzgados Quinto Penal Torres Gaitán STC8757 del 11 de
Sección Primera quien Municipal con funciones presentó múltiples junio de 2025, el
a través de auto del 13 de Control de Garantías acciones de tutela accionante presentó
de junio de 2025 y Octavo Penal del por el procedimiento un “recurso de
rechazó la demanda Circuito por la llevado a cabo, sin casación” por
presentada debido a inconformidad de otra obtener una improcedente a
que dicho asunto no acción constitucional, el respuesta positiva. través de auto de 2
era susceptible de ser accionante expuso que de julio.
demandado a través se ignoraron pruebas Por lo anterior,
de los medios de relevantes como la interpuso una queja Por tal motivo, radicó
control previstos en el ausencia del auto de disciplinaria contra un derecho de
CPACA. notificación y ese funcionario. petición a la
descargos. Misma que fue magistrada ponente
Inconforme con la conocida por la de la anterior
decisión, el señor Comisión Seccional decisión.
Hernando Torres de Disciplina Judicial
Gaitán presentó del Tolima, misma Luego, mediante
recurso de apelación. autoridad que oficio OSSCCT-No.
decretó la 354 del 9 de julio de
Este se tramitó como terminación del 2025, respondió a la
recurso de súplica y se proceso. misma.
remitió al consejero en
turno. Mediante auto Por ello, interpuso El 12 de julio de la
del 17 de febrero de una apelación y esa misma anualidad, el
2025 se confirmó el situación se remitió a accionante realizó
rechazo de la la Comisión Nacional una insistencia del
demanda. de Disciplina Judicial. derecho de petición.
Pero a la
A su vez, el 26 de interposición de la
enero de 2024 el tutela no fue resuelta
Comisario, se declaró la misma.
impedido y dispuso
remitir la actuación
de la queja de familia
ante la Secretaría de
Gobierno de la
Alcaldía de la misma
ciudad. Se aceptó el
impedimento y se
remitió las diligencias
a la Comisaría
Permanente de
Familia Turno Tres
de la misma ciudad.

A su vez, presentó
otras acciones de
tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

También presentó
peticiones y
solicitudes de
intervenciones, pero
no fueron resueltas.

Incluso expuso que
formuló una denuncia
penal contra ese
comisario por el delito
de prevaricato por
omisión, el cual fue
archivado.

Formuló otra
denuncia por
omisión, falsedad en
documento público,
ocultamiento de
pruebas y otros
delitos, pero se
presentó una dilación
en este trámite.

Además que, la
Comisión Seccional
de Disciplina Judicial
del Tolima vulneró
sus derechos
fundamentales al no
garantizar una
investigación
imparcial y oportuna
contra el comisario.

De igual modo
ocurrió lo mismo con
las decisiones de las
autoridades judiciales
accionadas.

Sumado a que la
Defensoría del
Pueblo y la
Personería
Municipal, la
Procuraduría
Provincial y la Oficina
Jurídica de la
Alcaldía archivaron
sin responder a sus
derechos de petición.
Entre otras
situaciones.

34. Con base en lo anterior, la Subsección estima que no se configura temeridad
en la presente acción de tutela, por cuanto no se cumple con el requisito de triple

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

identidad de partes, causa y objeto. En primer lugar, no hay identidad plena de
partes, tal como se muestra en el cuadro anterior, dado que estas son diferentes.
En segundo lugar, el objeto de cada tutela es distinto, pues (i) en la primera se
pretendió dejar sin efecto unas providencias de la Sección Primera; (ii) en la
segunda busca revocar una decisión de la Corte Suprema de Justicia; (iii) en la
tercera dejar sin efecto un auto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial así
como unas acciones de tutela en las cuales no se ha llevado a cabo un adecuado
proceso y (iv) la cuarta se relaciona con un derecho de petición que no fue
respondido por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, aunque todas las
acciones se relacionan con el proceso 047-2022 relacionado con un tema de
presunta violencia intrafamiliar, la causa petendi también difiere, según se puede
observar en la causa del presente cuadro, lo que excluye la configuración de cosa
juzgada constitucional y, por ende, de temeridad.

35. Además, la identidad de algunas de las partes de las acciones de tutela no
implica que se deba imponer la sanción de la temeridad. Esto pues el actor fue
explícito en señalar que esta situación ya había presentado diferentes mecanismos,
entre estos la acción de tutela. Por tal motivo, no incurrió en mala fe dado que,
desde el primer momento informó de esa situación, es decir, su objetivo no fue
engañar a la administración de justicia o de actuar deslealmente, sino que,
conforme a su explicación, ha presentado diferentes acciones como resultado de la
imposibilidad para resolver su situación de fondo respecto de un proceso de
violencia intrafamiliar.

Procedibilidad formal de la acción de tutela

36. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

37. El señor Hernando Torres Gaitán cuenta con legitimación en la causa por activa
para formular la acción de tutela, puesto que es el titular de los derechos
fundamentales que alega como vulnerados.

38. Respecto de la Sección Primera del Consejo de Estado también cuenta con
legitimación en la causa por pasiva, pues es la autoridad de quien el accionante
predica que ha vulnerado sus derechos fundamentales al proferir los autos del 13
de junio de 2025 y 17 de octubre de 2025.

39. Ahora bien, el 10 de noviembre de 202515, por medio de correo electrónico
enviado a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del
Consejo de Estado, el señor Hernando Torres Gaitán remitió una aparente
información solicitada en la acción de tutela a través de la cual explicaba sobre la
dirección electrónica de la Comisaría Permanente de Familia Turno 2 de Ibagué. A
su vez, precisó sobre una vinculación necesaria de las siguientes entidades: (i)
Comisaría Permanente de Familia Turno 3 de Ibagué; (ii) Alcaldía de Ibagué; (iii)

15 Ver índice 11 de samai.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Secretaría de Gobierno; (iv) Oficina Jurídica; (v) Personería Municipal de Ibagué;
(vi) Defensoría del Pueblo – Seccional Ibagué y (vi) Procuraduría General de la
Nación. Sin embargo, este requerimiento nunca fue solicitado por la Subsección.

40. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el Municipio de Ibagué, la Secretaría
de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué y la Comisaría de Familia Turno 2
ya habían sido vinculadas, de acuerdo con el auto admisorio del 5 de noviembre de
2025, proferido por este despacho.

41. Pero en lo que respecta a las demás entidades que solicitó su vinculación, no
se encontró argumentación alguna que permita al menos inferir que los solicitantes
tienen interés directo en el asunto de la referencia, deriven algún derecho de los
autos impugnados o pueda afectarlos alguna decisión que se adopte en el presente
trámite16. Esta carga de motivación resultaba indispensable si se considera que
la presente acción de tutela busca dejar sin efecto una providencia que rechazó
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, él jamás
señaló ni se deriva del documento anexado un interés particular, claro y
directo para intervenir en este trámite de tutela.

Inmediatez

42. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, dado que la última providencia se profirió el
17 de octubre de 2025. Misma que fue notificada el 27 de octubre de 2025. Por su
parte, el 30 de octubre de 2025, el señor Torres Gaitán presentó la solicitud de
amparo. En efecto, se supera el requisito de inmediatez, porque solo transcurrieron
3 días desde la decisión objeto de debate y la interposición de la tutela.

Subsidiariedad

43. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición.

44. En el presente caso, la Sala advierte que el señor Hernando Torres Gaitán no
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener la protección de los
derechos fundamentales al proferir las decisiones del 13 de junio de 2025 y 17 de
octubre de 2025. Razón por la cual procederá al estudio de fondo del caso. Además,
la jurisprudencia constitucional advierte que la tutela es el medio adecuado e idóneo
para asegurar estos derechos fundamentales.

Relevancia constitucional

45. En el caso bajo estudio, la acción de tutela supera el requisito de relevancia
constitucional porque el actor no pretende reabrir un simple debate de legalidad

16 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 1997 y Auto 281 de 2019. En esta última decisión, la
Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que: “en el caso de la acción de tutela, donde se define
la protección de derechos e intereses concretos, sólo los titulares de estos están legítimamente
facultados para intervenir en su defensa. (…) Así, por más que los asuntos debatidos en el ejercicio
del control concreto de constitucionalidad interesen a una persona natural o jurídica, cualquiera sea
su motivación, esa sola circunstancia no le otorga automáticamente las mismas facultades que sí
tienen las partes y terceros cuyos intereses se afecten o puedan verse afectados con la decisión.”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sobre la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sino proteger la dimensión fundamental del derecho al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, en un contexto en el que se le habría
cerrado toda posibilidad real de cuestionar decisiones que inciden directamente en
su esfera personal y familiar. La controversia supera el debate sobre si la Sección
Primera aplicó correctamente las reglas del CPACA y abarca un problema
constitucional: si la interpretación adoptada por el juez contencioso, al rechazar la
demanda y confirmar dicho rechazo, configura una denegación de justicia que
impide al ciudadano someter a control jurisdiccional unas medidas de protección
adoptadas por la Comisaría de Familia que, supuestamente, afectaron su honra, su
libertad de residencia, sus relaciones familiares y su estatus frente a acusaciones
de violencia intrafamiliar. En términos de la doctrina de la Corte, el caso versa sobre
el alcance y goce de derechos fundamentales -debido proceso, igualdad y acceso
a la justicia- y no sobre un asunto meramente legal o económico, lo que encaja en
los criterios positivos de relevancia constitucional y excluye su entendimiento como
una tercera instancia para revisar la legalidad del auto de rechazo.

Análisis del caso concreto y de los defectos específicos

46. La Sala negará la solicitud de protección de derechos al no encontrar
configurado el defecto fáctico y defecto procedimental absoluto, por las razones que
se explican a continuación:

47. En el presente asunto, el señor Hernando Torres Gaitán sostuvo que la Sección
Primera del Consejo de Estado, con la expedición de los autos del 13 de junio de
2025 y 17 de octubre de 2025, incurrió en un defecto fáctico porque omitió
interpretar integralmente las pruebas allegadas y basó su rechazo en una
clasificación jurisdiccional inadecuada.

48. De igual modo, expresó que se presentó un defecto procedimental absoluto
porque no se analizaron los vicios denunciados y omitir la remisión del expediente
a la “jurisdicción familiar”17.

49. No obstante, al analizar los argumentos planteados por los consejeros Peña
Garzón y Osorio Cifuentes, se concluye que resultan adecuados. Debido a que la
situación objeto de la presentación del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se refiere a una decisión proferida por una autoridad
administrativa que no es susceptible de control judicial. En este caso, el accionante
buscaba la nulidad de unas decisiones expedidas por la Comisaría Permanente de
Familia del Turno 2 de Ibagué, el 2 de mayo de 2022 dentro del expediente 047-
2022.

50. Ahora bien, dichos actos se referían a unas medidas de protección definitiva
por la violencia intrafamiliar proferida por esa Comisaría, en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales establecidas en las Leyes 294 del 16 de julio de 1996,
575 del 9 de febrero de 2000 y 1257 del 4 de diciembre de 2008. De ahí que este

17 Ver pág. 4 del escrito de tutela.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

tipo de determinaciones no pueden ser demandadas a través de los medios de
control previstos en el CPACA.

51. Para esto, la consejera Nubia Margoth Peña Garzón manifestó que, de acuerdo
con el artículo 104 del CPACA, no es resorte de su actuar como juez de revisión de
decisiones judiciales proferidas en otras jurisdicciones. Al respecto, la Sección
Primera18 expuso:

Es pertinente recordar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan
funciones administrativas, por lo tanto no es de su resorte actuar como juez de
revisión de decisiones judiciales proferidas en otras jurisdicciones19.

52. De igual modo, el consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes mencionó lo
siguiente en el auto que resolvió el recurso de súplica:

“Ahora bien, como lo ha sostenido esta Corporación10, las comisarías de
familia, creadas inicialmente por el Decreto Ley 2737 de 198911, cumplen
funciones de carácter policivo y de protección, las cuales fueron reforzadas por
la Ley 1098 de 200612 y precisadas por la Ley 2126 de 2021, que reconoció
expresamente su doble naturaleza administrativa y jurisdiccional.

En este último sentido, los artículos 16 y 17 de dicha ley establecen que, en los
casos de violencia intrafamiliar, las comisarías ejercen funciones
jurisdiccionales al imponer medidas de protección, frente a las cuales procede
el recurso de apelación ante los jueces de familia o promiscuos de familia.

Ahora, frente a los defectos alegados en el recurso, la Sala observa que, aun
de admitirse su ocurrencia, tales irregularidades se produjeron en el marco del
trámite jurisdiccional, por tal motivo, su examen corresponde a los jueces de
familia en sede de apelación, donde el actor puede plantear los argumentos de
inconformidad para que sea el juez competente quien analice dichos reparos
mas no esta jurisdicción a través de los medios de control previstos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En efecto, el acta de audiencia de 2 de mayo de 2022 no configura un acto
administrativo que cree, modifique o extinga una situación jurídica individual de
carácter administrativo. Lo que se desprende de ella son decisiones
jurisdiccionales adoptadas por la comisaría en ejercicio de las competencias
que la ley le ha conferido para conjurar situaciones de violencia intrafamiliar, en
las cuales estuvo involucrado el aquí demandante.

De esta manera, la falta de notificación, la supuesta ausencia de defensa
técnica y el ocultamiento del expediente 047-2022, alegados por el recurrente,
no tienen la virtualidad de convertir en administrativos las decisiones adoptadas
en ejercicio de una función jurisdiccional, pues como se anotó, tales reproches
deben ventilarse ante la autoridad judicial competente, mas no por vía del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”20.

53. De esta manera, lejos de acreditarse una falta de valoración o una indebida
valoración probatoria por parte de la autoridad judicial accionada, en este caso lo

18 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
19 Ver pág. 8 del auto proferido el 13 de junio de 2025 por la consejera Peña Garzón.
20 Ver pág. 5 del auto proferido el 17 de octubre de 2025. M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06843-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

que resulta evidente la parte accionante no tiene razón en su inconformidad, las
cuales solo cuestionan las conclusiones a las cuales arribó el juez de lo contencioso
administrativo al momento de rechazar la demanda del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

54. En otro sentido, tampoco se observa un defecto procedimental absoluto, puesto
que resulta evidente que la demanda de tutela constituye una inconformidad de la
parte accionante que carece de sustento jurídico y que solo se conciben como un
desacuerdo con las conclusiones a las cuales arribó el juez de lo contencioso
administrativo al momento de resolver el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

55. En este orden de ideas, al no encontrarse configurada ninguna de las causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
negará la acción de tutela presentada por el señor Hernando Torres Gaitán contra
la Sección Primera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR la solicitud de vinculación de la Comisaría Permanente de
Familia Turno 3 de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué, la Oficina Jurídica, la Personería
Municipal de Ibagué, la Defensoría del Pueblo – Seccional Ibagué y la Procuraduría
General de la Nación, en calidad de terceros interesados en las resultas del
proceso.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Hernando Torres Gaitán
contra la Sección Primera del Consejo de Estado, de acuerdo con la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

17

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