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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01616-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01616-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Ibagué, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Hernando Torres Gaitán, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2026 01616 00 Accionante: Hernando Torres Gaitán Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01616-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01616 00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela, por cuanto se
dirige contra una sentencia de tutela y no se acreditó la
existencia de fraude que habilite de manera excepcional su
procedencia, conforme a los criterios fijados en la
Sentencia SU-627 de 2015.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Hernando Torres Gaitán en
contra de la sentencia proferida el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001 03 15
000 2025 06843 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Hernando Torres Gaitán, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
en contra de la citada providencia, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1-DECLARAR PROCEDENTE ESTA TUTELA POR FRAUDE PROCESAL
PROBADO.

2-AMPARAR MIS DERECHOS, DECLARANDO VÍAS DE HECHO EN LA
SENTENCIA DEL 19/02/2026.

3-REVOCAR DICHA SENTENCIA Y ORDENAR ADMISIÓN DE LA DEMANDA
ORIGINAL (RAD. 11001-03-24-000-2025-00191-00), VALORANDO VICIOS
ADMINISTRATIVOS Y FRAUDE (REMISIÓN INMEDIATA A JUEZ DE FAMILIA
PARA APELACIÓN).

4-SUBSIDIARIAMENTE, ANULAR EL PROCESO POR FRAUDE (ART. 140
CGP), COMPULSANDO COPIAS A FISCALÍA (ART. 453 CP) Y COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL.

5-RECONOCER INDEMNIZACIÓN POR PERJUICIOS MORALES (DILACIONES
CAUSADAS POR FRAUDE).

6-Ordenar no repetición: capacitación funcionarios en prevención de FRAUDE
PROCESAL y naturaleza mixta de comisarías (Ley 2126/2021).

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 0315000 2026 01616 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01616 00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

7-SOLICITAR REVISIÓN POR CORTE CONSTITUCIONAL (ART. 33 DECRETO
2591/1991). (Mayúsculas originales del escrito tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Comisaría Permanente de Familia – Turno 2 de Ibagué, con el fin que se
declarara la nulidad del acto administrativo expedido el 2 de mayo de 2022 en el marco
del proceso identificado con el radicado núm. 047-2022 tramitado ante dicha autoridad.

Señaló que a la citada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho le
correspondió el radicado núm. 11001 03 24 000 2025 00191 00 2 y fue asignada a la
Sección Primera de esta Corporación que, por auto del 13 de junio de 2025 dictado por
el despacho de conocimiento, la rechazó.

Inconforme con dicha decisión, el hoy accionante interpuso recurso de súplica y la Sala
de la Sección Primera, por auto del 17 de octubre de 2025, confirmó el rechazo de la
demanda.

El señor Torres Gaitán promovió acción de tutela en contra de los precitados autos a la
cual le fue asignado el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06843 00 y le correspondió
por reparto a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante
sentencia del 9 de diciembre de 2025 negó el amparo deprecado.

En contra de dicha decisión, el accionante presentó impugnación y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2026 la revocó y, en su
lugar, declaró improcedente la tutela.

El accionante expuso que la acción de tutela de la referencia se promueve en contra de
la sentencia de segunda instancia dictada el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado al estimar que dicha autoridad judicial omitió “[la] valoración
integral de mis pruebas”.

Con posterioridad, en el acápite del escrito de tutela denominado “II. HECHOS”, hizo un
recuento del trámite adelantado en el mencionado proceso identificado con el radicado
núm. 047-2022 tramitado ante la Comisaría Permanente de Familia – Turno 2 de Ibagué
en el que aseguró, entre otras cosas, que el expediente físico de dicho proceso fue
ocultado intencionalmente por los comisarios, pese a los derechos de petición que
presentó entre los años 2022 y 2025.

Agregó que el expediente virtual de audio y video correspondiente al trámite núm. 047-
2022 y específicamente, a la audiencia programada para el 2 de mayo de 2022, fue
ocultado o desaparecido y, según afirmó, continúa sin aparecer. A su juicio, esa
circunstancia le impidió ejercer plenamente su derecho de contradicción.

Expuso que formuló denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra el comisario
del Turno 2 y contra el abogado de la contraparte por el presunto ocultamiento y
desaparición de pruebas.

2 Con ponencia de la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón.

2

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El accionante señaló que los anteriores hechos constituían “medios fraudulentos o
instrumentos engañosos” y evidenciaban una actuación sistemática y continuada que
indujo en error a jueces y magistrados. En particular, atribuyó al comisario del Turno 2
haber remitido las actuaciones sin incluir el expediente virtual de audio y video núm. 047-
2022, que calificó como el elemento central del fraude alegado.

Afirmó que estas circunstancias no correspondían a una simple inconformidad con la
decisión cuestionada, sino a un fraude procesal que habría incidido directamente en ellas
y afectado sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y supremacía constitucional.

En cuanto a los defectos atribuidos a la providencia acusada, alegó, en primer lugar, la
configuración de un defecto procedimental absoluto, porque, según indicó, no se realizó
la audiencia programada dentro del trámite núm. 047-2022 y no se remitió integralmente
el expediente, lo que le impidió ejercer plenamente la contradicción.

En segundo lugar, invocó un defecto fáctico debido a que, según expuso, la autoridad
judicial accionada omitió valorar las pruebas que relacionó como demostrativas del
fraude, entre ellas, la inexistencia del expediente virtual de audio y video, la ausencia de
abogado defensor, las certificaciones aportadas y las circunstancias relacionadas con la
notificación y los descargos.

También alegó un defecto sustantivo, pues consideró que las autoridades judiciales
desconocieron los precedentes que invocó en el escrito de tutela, entre ellos, la sentencia
SP-2430 de 2018.

Respecto de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
proferidas en otro trámite de tutela, afirmó que se configuró un supuesto de fraude
procesal y cosa juzgada fraudulenta. Para sustentar esa posibilidad invocó, entre otras,
las sentencias SU-627 de 2015, T-023 de 2023 y T-487 de 2019 de la Corte
Constitucional.

Sobre la relevancia constitucional, sostuvo que la controversia recaía sobre el núcleo
esencial de sus derechos fundamentales. Frente a la inmediatez, indicó que la acción fue
presentada oportunamente después de la ejecutoria de la decisión cuestionada.

En cuanto a la subsidiariedad, afirmó que no disponía de otro mecanismo judicial idóneo,
pues, según explicó, la impugnación no permitía subsanar el fraude procesal que alegaba
ni las irregularidades derivadas de la ausencia del expediente virtual de audio y video
núm. 047-2022.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 27 de febrero de 20263 y correspondió por reparto al
despacho de la Consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón quien, junto con los
Consejeros de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Pablo Andrés Córdoba
Acosta, manifestaron estar incursos en las causales de impedimentos definidas en los
numerales 1 y 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual,

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
3

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solicitaron que se estudiara dicha manifestación de impedimento y, de considerarlo
fundado, se les separara del conocimiento de la solicitud de amparo.

3.2. Por lo anterior, el asunto ingresó al despacho del consejero ponente de esta
providencia el 16 de marzo de 20264, quien, por auto del 18 de marzo de 20265, ordenó
que por Secretaría General se realizara el correspondiente sorteo y designación de
conjueces en el presente caso.

3.3. Por acta del 24 de marzo de 20266, la Secretaría General de esta Corporación realizó
la diligencia de sorteo de conjueces, en la cual fueron designados los conjueces Sergio
González Rey, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.

3.4. Por auto del 23 de abril de 20267, la Sala8 declaró fundada las manifestaciones de
impedimento presentada por la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón y los
consejeros de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Pablo Andrés Córdoba
Acosta.

3.5. Mediante escrito del 13 de mayo de 20269, el consejero ponente de esta providencia
manifestó estar incurso en la causal de impedimento definida en el numeral 1 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, por integrar la Sección Primera del Consejo de
Estado, autoridad judicial que debe ser vinculada al presente trámite constitucional.

3.6. Por auto del 16 de julio de 202610, la Sala11 declaró infundada la precitada
manifestación de impedimento.

3.7. Mediante providencia del 4 de agosto de 202612 se admitió la tutela y se dispuso
notificar13 al Consejo de Estado – Sección Quinta, como parte accionada; así como
vincular14 a la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado; a los consejeros
de estado Nubia Margoth Peña Garzón, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Pablo
Andrés Córdoba Acosta, como integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado;
al municipio de Ibagué; a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué; a
la Comisaría de Familia Turno 2 de Ibagué; y a los demás intervinientes en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001 03 24 000
2025 00191 00, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

4 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
5 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
6 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
8 Conformada por el consejero de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro y los conjueces Sergio

González Rey, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Jaime Humberto Tobar Ordoñez.
9 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
10 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
11 Conformada los conjueces Sergio González Rey, Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Jaime Humberto Tobar

Ordoñez.
12 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
13 Esta orden se cumplió el 6 de agosto de 2026. Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 0315000 2026 01616 00.
14 Ibidem.

4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01616 00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

De igual forma, se requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para que allegara
copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la acción de
tutela identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06843 00/01.

3.8. El municipio de Ibagué15 Solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Explicó que la controversia planteada por el accionante se dirige contra la sentencia del
19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin que se
atribuya al municipio alguna acción u omisión relacionada con dicha providencia.

Señaló que las presuntas irregularidades vinculadas con la ausencia de la audiencia, el
ocultamiento del expediente virtual de audio y video núm. 047-2022 y la falta de defensa
técnica, atribuidas a los comisarios de Familia de los Turnos 2 y 3, ya fueron objeto de
análisis en la acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025
06843 01. Agregó que el presente asunto está dirigido a controvertir la providencia judicial
que resolvió dicho trámite y no las actuaciones de la administración municipal.

Asimismo, sostuvo que la valoración del fraude procesal alegado y el análisis de la validez
de la providencia cuestionada corresponden al juez constitucional y que las pretensiones
formuladas por el accionante se encuentran dirigidas principalmente contra la actuación
judicial, por lo que la vinculación del municipio obedecía únicamente a su condición de
tercero con interés en las resultas del proceso.

De manera subsidiaria, indicó que la acción de tutela contra sentencias de tutela es, por
regla general, improcedente y que su procedencia excepcional exige acreditar la
existencia de cosa juzgada fraudulenta. En ese sentido, afirmó que la inconformidad del
accionante con las decisiones proferidas el 9 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de
2026 no demostraba, por sí sola, la configuración del fraude procesal alegado.

3.9. El consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez rindió informe16 en el que
expuso que, frente al defecto fáctico alegado en la tutela anterior, se consideró que la
Sección Primera había analizado las decisiones de la Comisaría de Familia y concluido
que tenían naturaleza jurisdiccional, por lo que no podían ser cuestionadas mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Agregó que las
irregularidades relacionadas con la notificación, la defensa técnica y el supuesto
ocultamiento del expediente no modificaban dicha naturaleza.

Respecto del defecto procedimental, señaló que la Sección Primera no estaba obligada
a estudiar de fondo las irregularidades denunciadas ni a remitir el asunto a la jurisdicción
de familia dentro de un medio de control improcedente.

Precisó que los reproches formulados en la presente acción recaen sobre la sentencia
del 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente la tutela anterior. Por ello, sostuvo que no se
identificaba una conducta atribuible a la Subsección A de la Sección Tercera que
sustentara la vulneración alegada.

15 Visto en el índice 45 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
16 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

0315000 2026 01616 00.
5

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Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Finalmente, manifestó que tampoco se configuraban las condiciones excepcionales para
cuestionar mediante tutela la sentencia del 9 de diciembre de 2025, pues las
irregularidades alegadas se referían principalmente al trámite adelantado ante la
Comisaría de Familia dentro del expediente núm. 047-2022 y no existían elementos que
permitieran concluir que dicha providencia hubiera sido producto de una actuación
fraudulenta.

3.10. El Consejo de Estado – Sección Quinta; los consejeros de estado Nubia Margoth
Peña Garzón, Germán Eduardo Osorio Cifuentes y Pablo Andrés Córdoba Acosta, como
integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado; la Secretaría de Gobierno y
Seguridad Ciudadana de Ibagué y la Comisaría de Familia Turno 2 de Ibagué guardaron
silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 17 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,18 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201920, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

4.2.1. El Hernando Torres Gaitán promovió acción de tutela contra la Sección Primera del
Consejo de Estado, con ocasión de los autos del 13 de junio y 17 de octubre de 2025,
proferidos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 11001 03 24 000 2025 00191 00.

Mediante dichas providencias, respectivamente, se rechazó la demanda presentada
contra las medidas de protección adoptadas el 2 de mayo de 2022 por la Comisaría
Permanente de Familia – Turno 2 de Ibagué, dentro del expediente núm. 047-2022, y se
resolvió el recurso de súplica interpuesto contra esa decisión.

4.2.2. Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado, al considerar que no se
configuraban los defectos alegados por el accionante.

17 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
18 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
19 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
20 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Torres Gaitán presentó impugnación,
y la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2026
la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la solicitud de amparo.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación formulada por el municipio de Ibagué, la
Sala advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que dicha autoridad fue
vinculada al presente trámite en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso,
comoquiera que hizo parte de la tutela reprochada en esta oportunidad y del proceso
ordinario que dio origen a dicho trámite constitucional.

4.4. ANÁLISIS DE SALA

En el caso bajo estudio, el señor Hernando Torres Gaitán pretende que se deje sin
efectos la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que revocó la dictada el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A, Sección
Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela
identificada con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06843 00/01.

En la precitada tutela, esto es la 2025 06843 00/01, el señor Torres Gaitán reprochó los
autos del 13 de junio y 17 de octubre de 2025, proferidos por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado núm. 11001 03 24 000 2025 00191 00.

En ese sentido, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo se promueve en
contra de una sentencia proferida en otra acción de tutela.

Al respecto, uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial que la Corte Constitucional ha establecido es que “no se trate de
sentencias de tutela”21; lo anterior, debido a que:

[…] conforme con el procedimiento establecido para adelantar este tipo de
procesos –artículo 86 de la Constitución Política y Decreto Estatutario 2591 de
1991− los errores en que incurren los jueces de instancia y que afectan el derecho
al debido proceso, pueden ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional
en sede de revisión […]22.

En ese sentido, se tiene que la regla general es que la acción de amparo es improcedente
para cuestionar un fallo de tutela; sin embargo, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte
Constitucional unificó jurisprudencia respecto “de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores
a la sentencia”.

Al efecto, explicó lo siguiente:23

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

21 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional. T - 286 del 23 de julio de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
23 Corte Constitucional. SU- 627 del 1 de octubre de 2015. M.P.: Mauricio González Cuervo.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

Bajo dicho contexto, la Sala advierte que la petición de amparo deviene improcedente,
porque la parte actora está controvirtiendo una sentencia proferida en otra acción de
tutela y no demuestra que esta haya sido dictada como producto de una situación de
fraude, es decir, de cosa juzgada fraudulenta, para cuya configuración “se requiere estar
en presencia de un proceso que formalmente ha cumplido con todos los requisitos
procesales, pero que materializa, en esencia, un negocio jurídico fraudulento a través de
medios procesales, e implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”24.

Frente a la cosa juzgada fraudulenta, la Corte Constitucional también ha precisado que:

[…] no se configura únicamente en el evento en que se adopte una decisión
con fines ilegales ligados a una intención dolosa, sino que también se
materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisión
fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa
abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe
judicial […]25.

Bajo este marco, corresponde verificar si en el presente asunto se configura la excepción
jurisprudencial que habilita, de manera extraordinaria, la procedencia de la acción de
tutela contra sentencias de tutela.

Para que dicha excepción resulte procedente, no basta la mera inconformidad con el
sentido de la decisión cuestionada, sino que es necesario que la parte actora acredite,
de manera clara, específica y suficiente, que la providencia de tutela fue producto de una
situación de fraude o de un fraude a la ley, en los términos definidos por la jurisprudencia
constitucional.

En el presente asunto, el señor Hernando Torres Gaitán sostuvo que la sentencia del 19
de febrero de 2026 fue producto de un fraude procesal.

Para sustentarlo, alegó, entre otras circunstancias, que el comisario Permanente de
Familia – Turno 2 no realizó la audiencia programada para el 2 de mayo de 2022, que no
existe el correspondiente registro de audio y video, que el expediente núm. 047-2022 fue
24 Corte Constitucional. Sentencia T-073 del 25 de febrero de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
25 Ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 01616 00
Accionante: Hernando Torres Gaitán
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

ocultado o remitido de manera incompleta y que durante dicho trámite no contó con
defensa técnica.

Asimismo, invocó la configuración de los defectos fáctico, procedimental absoluto y
sustantivo, así como de un error inducido.

No obstante, los hechos que el accionante identifica como constitutivos de fraude se
refieren principalmente a las actuaciones adelantadas por la Comisaría Permanente de
Familia – Turno 2 de Ibagué dentro del expediente núm. 047-2022, circunstancias que,
por sí solas, no demuestran que la sentencia del 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, hubiera sido producto de una situación de fraude.

En efecto, del expediente no se advierte que el actor haya acreditado, de manera clara y
suficiente, la existencia de una actuación fraudulenta que hubiera determinado la
expedición de la sentencia de tutela cuestionada. Por el contrario, sus argumentos están
dirigidos a controvertir la valoración probatoria que la autoridad judicial accionada efectuó
respecto de las irregularidades que había denunciado en relación con el trámite
adelantado por la Comisaría de Familia.

A ello se suma que dichas circunstancias ya habían sido planteadas en la acción de tutela
anterior. Al efecto, en la sentencia del 9 de diciembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado analizó los cuestionamientos relacionados con
la notificación, la ausencia de defensa técnica y el supuesto ocultamiento del expediente
y consideró que estos no modificaban la naturaleza jurisdiccional de las decisiones
adoptadas por la Comisaría de Familia.

Por lo anterior, la Sala no encuentra acreditada la existencia de una situación de fraude
que permita predicar la configuración de una cosa juzgada fraudulenta. Lo que se
evidencia es la inconformidad del accionante con las decisiones adoptadas dentro del
anterior trámite constitucional y con la valoración efectuada respecto de las
irregularidades que atribuye al expediente núm. 047-2022, lo cual resulta insuficiente para
habilitar la procedencia excepcional de una acción de tutela contra una sentencia de la
misma naturaleza.

En consecuencia, sin que sea necesario descender al análisis de los demás requisitos
de procedencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por estar dirigida
contra una sentencia proferida dentro de otra acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de Ibagué,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor
Hernando Torres Gaitán, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 27 de
agosto de 2026.

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO SERGIO GONZÁLEZ REY
Consejero de Estado Conjuez

ISABEL CRISTINA JARAMILLO SIERRA JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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