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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06843-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06843-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 9 de diciembre de 2025, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, negó el amparo solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06843-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de febrero de 2026

_______________________________________________________________

Demandante: Hernando Torres Gaitán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06843-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06843-01
Demandante: HERNANDO TORRES GAITÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca y declara improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, a través de la cual se negó el amparo deprecado por la parte
actora.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Hernando Torres Gaitán, actuando en nombre propio, instauró acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Primera, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la «supremacía de la Constitución».

Las anteriores garantías las estimó trasgredidas, con ocasión de los autos
proferidos el 13 de junio y 17 de octubre de 2025, a través de los cuales se rechazó
la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Ibagué, Secretaría de Gobierno
y Seguridad Ciudadana y la Comisaría Permanente de Familia, Turno 2, y que se
identificó con el radicado 11001-03-24-000-2025-00191-00.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…] 2. Declarar la existencia de vía de hecho en los autos del 13 de junio y 17 de
octubre de 2025.

1 Radicada el 31 de octubre de 2025 con secuencia: 11067

1
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Demandante: Hernando Torres Gaitán
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06843-01

3. Revocar dichos autos y ordenar la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (rad. 11001-03-24-000-2025-00191-00) para analizar
vicios administrativos.

4. Subsidiariamente, ordenar remisión inmediata del expediente a juez de familia de
Ibagué para apelación de medidas de protección.

5. Reconocer indemnización por daños extrapatrimoniales (perjuicios morales por
dilaciones).

6. Ordenar medidas de no repetición: capacitación a funcionarios del Consejo de
Estado en naturaleza mixta de Comisarías y vías de hecho.

7. Solicitar revisión por la Corte Constitucional (art. 33 Decreto 2591/1991)2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Hernando Torres Gaitán instauró demanda contra el municipio de Ibagué,
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, y la Comisaría Permanente de
Familia, Turno 2, en la que formuló como pretensiones las siguientes:

«1- Declarar el día 1 de mayo de 2025; para aplicar el artículo 138 del CPACA que
establece, la acción debe presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la
notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto administrativo, tomando
como real y verdadera la fecha de entrega por parte de las comisarias t2 y t3 del
archivo 047-2022 el día 1 de mayo de 2025.

2- Declarar la nulidad de los actos administrativos proferidos por la Comisaría
permanente de Familia turno2 de Ibagué el 2 de mayo de 2022, con radicado 047-
2022 por vulnerar mis derechos fundamentales y subjetivos.

3- Ordenar el restablecimiento de mis derechos constitucionales artículos 4, 5, 13, 29,
42, 229 y derechos humanos vulnerados art. 8 .2. d, e.

4- Reconocer una indemnización por los daños y perjuicios causados, tanto
patrimoniales como extrapatrimoniales, derivados del daño irreparable ocasionado
por los actos administrativos nulos.

5- Ordenar medidas de no repetición, incluyendo la capacitación de los funcionarios
de la Comisaría permanente de Familia turno 2 y turno3. en el respeto del abuso de
autoridad, al debido proceso y los derechos fundamentales […]»

La demanda correspondió por reparto al Consejo de Estado, Sección Primera que,
mediante auto del 13 de junio de 2025, dispuso su rechazo.

Lo anterior, al considerar que, conforme a los documentos aportados se logró
determinar que el asunto debatido no era susceptible de control jurisdiccional, toda
vez que lo pretendido por el actor era controvertir las decisiones proferidas por una

2 Transcripción del texto original con posibles errores.

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Comisaría de Familia en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, por lo que no
se trata de actos administrativos propios, sino de decisiones judiciales.

Por lo anterior, concluyó que, lo que el actor denomina «actos administrativos», en
realidad son medidas de protección definitivas por violencia intrafamiliar proferidas
por la Comisaría de Familia aludida el 2 de mayo de 2022, en ejercicio de las
funciones jurisdiccionales establecidas en las Leyes 294 del 16 de julio de 1996,
575 del 9 de febrero de 2000 y 1257 del 4 de diciembre de 2008, razón por la cual
no pueden ser demandadas a través de los medios de control previstos en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como lo
pretendía el demandante.

Contra la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue
adecuado al de súplica y, remitido al Despacho del Magistrado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, por corresponder al que seguía en turno, y quien mediante
proveído del 17 de octubre de 2025 determinó que, el acta de audiencia celebrada
el 2 de mayo de 2022 ante la comisaría demandada, no configura un acto
administrativo que cree, modifique o extinga una situación jurídica individual de
carácter administrativo, toda vez que, lo que se desprende de ella son decisiones
jurisdiccionales adoptadas en ejercicio de las competencias que la ley le ha
conferido para conjurar situaciones de violencia intrafamiliar, en las cuales estuvo
involucrado el señor Torres Gaitán.

Conforme a lo expuesto, confirmó la decisión recurrida, al concluir que el asunto
planteado no era susceptible de control judicial.

La citada providencia fue notificada por estado a las partes el 29 de octubre de
20253.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora atribuyó a la providencia acusada los siguientes defectos:

«Defecto Fáctico (Positivo y Negativo): Las providencias incurren en valoración
defectuosa e incompleta de pruebas (T-029/2025: omisión de interpretar
integralmente la orden, ignorando evidencias contrarias). Se ignora el
documento del Comisario T3 admitiendo ausencia de defensa, el ocultamiento
del expediente virtual audio video0472022(prueba de fraude) y la entrega tardía
(1 mayo 2025), basando el rechazo en clasificación jurisdiccional sin valorar el
procedimiento administrativo previo (Ley 2126/2021, art. 3: naturaleza mixta de
Comisarías). Esto es flagrante y afecta directamente la decisión.

Defecto Procedimental Absoluto: Desviación del procedimiento al no analizar
vicios denunciados, omitir remisión del expediente a jurisdicción familiar (art.
152 CPACA) y no garantizar contradicción plena (T-029/2025: requiere
notificación a todos vinculados y etapa probatoria; aquí, omisión de valorar
pruebas de vicios administrativos viola celeridad y eficacia). Es grave,
trascendente, no atribuible a mí, sin otro remedio y viola derechos (requisitos de T-
327/2011)4.»

3 Índice 22 del expediente ordinario.
4 Transcripción del texto original con posibles errores.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 5 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia avocó el conocimiento de la solicitud de amparo y ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Primera5, en calidad de accionado.

Así mismo, vinculó como terceros con interés jurídico legítimo, al municipio de
Ibagué6, a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué 7, a la
Comisaria de Familia Turno 28 , a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado9, y a los demás intervinientes10 del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-03-24-000-2025-
00191-00.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

El Magistrado ponente de la providencia dictada el 17 de octubre de 202511 y que
se cuestiona, allegó escrito en el que manifestó que, en el caso sub examine no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional para que se torne procedente
la acción constitucional de la referencia, toda vez que, a su juicio, el asunto debatido
no gira en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental.

Refirió que, al momento de proferir el auto enjuiciado analizó los reparos expuestos
por el actor, particularmente en relación con la naturaleza jurisdiccional de las
decisiones adoptadas por la Comisaría de Familia en el proceso 047-2022, el canal
procesal idóneo para controvertirlas y la improcedencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para tal fin.

En consecuencia, refirió que lo que pretende el accionante es reabrir el debate
decidido por el juez natural, para que se ordene la admisión de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 11001-03-24-000-2025-
00191- 00.

5 Notificación efectuada a: notifpcordoba@consejodeestado.gov.co
lbastidasg@consejodeestado.gov.co notifogiraldo@consejodeestado.gov.co
lmartinezf@consejodeestado.gov.co notifnpena@consejodeestado.gov.co
dmontezumac@consejodeestado.gov.co jfayadc@consejodeestado.gov.co
crodriguezf@consejodeestado.gov.co notifgosorio@consejodeestado.gov.co
6 Notificación efectuada a: notificaciones_judiciales@ibague.gov.co
7 Notificación efectuada a: notificaciones_judiciales@ibague.gov.co
8 Notificación efectuada a: comisariapermanente2@ibague.gov.co pqr@ibague.gov.co
9 Notificación efectuada a: notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
10 Notificación efectuada a: notificaciones_judiciales@personeriaibague.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co comisariapermanenteturno3@ibague.gov.co
tolima@defensoria.gov.co juridica@defensoria.gov.co luherran@defensoria.edu.co
notificaciones_judiciales@personeriaibague.gov.co
11 Índice 8 de Samai

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Conforme a lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción
formulada, y en caso de que se aborde el fondo del asunto, se denieguen las
pretensiones incoadas por la actora, por no existir vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

Por su parte, la ponente de la decisión del 13 de junio de 2025, mediante escrito
allegado el 10 de noviembre de 202512 precisó que, la acción de tutela incoada no
está llamada a prosperar, toda vez que dicha Sección no incurrió en error, vicio o
defecto alguno constitutivo de violación de los derechos fundamentales del actor.

Adujo que la decisión de rechazar la demanda ordinaria se soportó bajo el amparo
de las normas procedimentales que rigen la materia y la jurisprudencia reiterada de
la Corporación, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente y la
argumentación expuesta por el propio actor, por lo que no se incurrió en vulneración
de derecho fundamental alguno.

1.6.2. Municipio de Ibagué

Manifestó que la acción de tutela se torna improcedente, en la medida que el actor
cuenta con recursos ordinarios en sede judicial o administrativa para controvertir la
decisión de la Comisaría Permanente de Familia Turno 2, la cual fue debidamente
notificada y surtió los trámites administrativos de conformidad a la normatividad;
máxime cuando en el presente asunto no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable.

Puso de presente la existencia de una posible actuación temeraria, ya que, de
acuerdo con su criterio, el tutelante ha promovido diferentes acciones de tutela con
un hilo conductor común y que giran en torno al expediente No. 047-2022
adelantado ante la Comisaría de Familia Turno II de Ibagué, a saber, 11001-02-03-
000-2025-01767-00, 11001-02-30-000-2025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-
00947-01.

En virtud de lo analizado solicitó que se disponga su desvinculación del presente
trámite por carecer de legitimación en la causa por pasiva; y se declare la
improcedencia del mecanismo de la referencia, al existir otro mecanismo de defensa
judicial para controvertir lo pretendido, además de configurarse la figura de la
temeridad.

1.6.3. Comisaría Permanente de Familia Turno 2 de Ibagué

Allegó escrito en el que puso de presente que el actor ha promovido diferentes
acciones constitucionales de manera repetitiva con el fin de obtener lo pretendido
mediante el presente asunto, por lo que su actuar, permite evidenciar una actitud
mal intencionada que conlleva a la mala fe.

12 Índice 10 de Samai

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1.6.4. Defensoría del Pueblo, Regional Tolima

Refirió que, revisadas las actuaciones judiciales cuestionadas no se evidencia un
pronunciamiento contrario al ordenamiento jurídico sustancial y procesal que
permita establecer que el rechazo del mecanismo obedezca a una interpretación
arbitraria o errónea de las competencias jurisdiccionales asignadas a las comisarías
de familia, las cuales son sujetas del control mediante el recurso de apelación ante
su superior.

Por último, solicitó que se disponga su desvinculación de la presente acción por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.5. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Ibagué, y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, pese a estar debidamente notificadas del presente
trámite, guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, negó el amparo deprecado por la parte actora.

En primer lugar, determinó que, si bien, el municipio de Ibagué y la Comisaría
Permanente de Familia alegaron la configuración de un actuar temerario por parte
del accionante, luego de haber analizado las tutelas con radicado 11001-02-03-000-
2025-01767-00, 11001-02-30-0002025-00381-00 y 11001-22-10-000-2025-00947-
00, se pudo determinar que no guardan total identidad respecto de las partes, así
como tampoco la causa y sus pretensiones, y por ende, no se logró acreditar la
existencia de la mencionada figura.

Esclarecido lo anterior, y al abordar el fondo del asunto, determinó que las razones
expuestas por la autoridad judicial accionada mediante las providencias acusadas
resultan adecuadas. Debido a que la situación objeto del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho se refiere a una decisión proferida por una autoridad
administrativa que no es susceptible de control judicial.

Así, y como lo pretendido por el actor a través del referido mecanismo, era obtener
la nulidad de las decisiones proferidas por la Comisaría Permanente de Familia del
Turno 2 de Ibagué, el 2 de mayo de 2022 y en las que se adoptaron algunas medidas
de protección definitiva por violencia intrafamiliar, en ejercicio de las funciones
jurisdiccionales establecidas en las Leyes 294 del 16 de julio de 1996, 575 del 9 de
febrero de 2000 y 1257 del 4 de diciembre de 2008, al interior del expediente No.
0472022. De ahí que ese tipo de determinaciones no pueden ser demandadas a
través de los medios de control previstos en el CPACA.

1.8. Impugnación

La parte actora allegó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de amparo, agregando además que «La sentencia impugnada
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incurre en vías de hecho por defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo,
ignorando lo no valorado y configurando denegación de justicia. Yo como ciudadano Debato
y controvierto cada aspecto, invocando todos los medios jurídicos disponibles (arts. 29, 86,
229 CP; Decreto 2591/1991; CPACA; Ley 2126/2021; jurisprudencia constitucional y
suprema; principios de primacía sustancial, favorabilidad y pro homine)».

De igual forma refirió que, «El fallo OMITE valorar integralmente mis pruebas: derechos
de petición, denuncias ante Fiscalía, Procuraduría, Personería y CSJ; ocultamiento del
expediente 047-2022; notificaciones defectuosas; y ausencia de defensa técnica (párrafos
12, 47 del fallo). Interpreta restrictivamente la naturaleza "jurisdiccional" de la Comisaría
(párrafos 50-52), ignorando su fase administrativa mixta (Ley 2126/2021, art. 16: funciones
policivas y protectoras previas). La Corte Constitucional (T-029/2025, SU-047/1999) exige
valoración holística (proceso de evaluación integral que considera a la persona como un
todo); aquí, se basa en valoración clasificación formal, configurando defecto negativo
(ignorancia de evidencias) y positivo (interpretación errónea que cierra acceso a justicia)».

Por último, precisó que en el asunto debatido se presenta un hecho nuevo, toda vez
que, con posterioridad a la admisión de la acción constitucional de la referencia se
profirió «El fallo CHAVERRA CASTRO-STP16437-2025, 09/10/2025 (anexo) desmonta los
argumentos: el Comisario admite ausencia de grabaciones virtuales (folio 10), violando
obligatoriedad en audiencias virtuales (Corte Constitucional, SU-371/2021: validez
probatoria de grabaciones; C-420/2020: fallas técnicas pueden invalidar si afectan
garantías; T-174/2022: remisión obligatoria de grabaciones en Comisarías; T-226/2024:
nulidad de fallos de Comisarías por vicios procesales). Esto evidencia FRAUDE
PROCESAL (art. 457 CGP: ocultamiento de pruebas), ya que impide contradicción plena y
verificación de la audiencia del 2/05/2022. Surge como hecho nuevo el 30/10/2025 (post-
admisión), justificando nulidad insanable (art. 140 CGP) y repetición del proceso (SU-
377/2014). Invoco incidente de nulidad por fraude (art. 286 CGP), compulsando copias a
Fiscalía y Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5. º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A el 9 de
diciembre de 2025. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

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En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
fundamentales del accionante, con ocasión de los autos proferidos el 13 de
junio y 17 de octubre de 2025, a través de los cuales se rechazó la demanda
instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el municipio de Ibagué, Secretaría de Gobierno y Seguridad
Ciudadana y la Comisaría Permanente de Familia, Turno 2, y que se identificó
con el radicado 11001-03-24-000-2025-00191-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: (i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
(iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su
procedencia.15

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202216.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal17 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Sentencia SU-573 de 2019.

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional19
[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica […]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales21”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal23. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso concreto

El señor Hernando Torres Gaitán invocó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la «supremacía de la Constitución».

Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de las referidas garantías
constitucionales a los autos proferidos el 13 de junio y 17 de octubre de 2025, por
el Consejo de Estado, Sección Primera, y a través de los cuales se rechazó la
demanda instaurada en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el municipio de Ibagué, Secretaría de Gobierno y Seguridad
Ciudadana y la Comisaría Permanente de Familia, Turno 2, adelantada bajo el
radicado 11001-03-24-000-2025-00191-00.

Ello, al considerar que, a través de las mismas se incurrió en los defectos fáctico
y procedimental absoluto; sin embargo, revisados los fundamentos de la
vulneración, se evidencia que la parte actora no desarrolló de manera puntual los
yerros que le son atribuidos a las providencias enjuiciadas y por ende, la discusión

18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ib.

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planteada no supera el requisito de relevancia constitucional, pues conforme a lo
analizado en la jurisprudencia en cita, al tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, se torna necesario que como mínimo el escrito de amparo
involucre un debate jurídico que gire en torno al contenido y alcance de la
providencia que se cuestiona, ya que el juez de tutela se encuentra vedado de
realizar un control oficioso y exhaustivo, de cara a la posible transgresión de los
derechos fundamentales invocados.

Aunado a lo anterior, se hace menester precisar que, tanto en los fundamentos de
la vulneración, como en el escrito de impugnación formulado, la parte actora hace
referencia a aspectos que no guardan relación con las consideraciones y
fundamentos de derecho en los que se soportó la corporación judicial accionada
para adoptar las decisiones objeto de cuestionamiento; pues si bien el tutelante
encamina sus argumentos a que en el asunto debatido se omitió realizar una
valoración integral de las pruebas aportadas al interior del proceso ordinario, tales
como, peticiones, denuncias ante la fiscalía, la procuraduría y la personería, entre
otras; lo cierto es que tales argumentos distan de las razones consignadas en los
autos acusados y que dieron lugar al rechazo de la demanda ordinaria instaurada.

Revisada la motivación desplegada en el auto del 13 de junio de 2025, se avizora
que en la misma se dejó consignado que:

[…] lo que el actor denomina “actos administrativos”, en realidad son medidas de
protección definitivas por violencia intrafamiliar proferidas por la Comisaria
Permanente de Familia Turno 2 de Ibagué el día 2 de mayo de 2022, en ejercicio de
las funciones jurisdiccionales establecidas en las leyes 294 de 16 de julio de 1996,
575 de 9 de febrero de 2000 y 1257 de 4 de diciembre de 2008, razón por la cual no
pueden ser demandadas a través de los medios de control previstos en el CPACA,
como se pretende en el presente proceso.

[…]

Teniendo en cuenta lo transcrito en precedencia, es claro que las medidas de
protección por violencia intrafamiliar adoptadas por las Comisarias de Familia son
decisiones de naturaleza jurisdiccional, las cuales pueden ser apeladas ante los
jueces de familia, lo que descarta que sean susceptibles de ser controvertidas ante
esta jurisdicción […]

En igual sentido, en la providencia del 17 de diciembre de 2025, que confirmó la
decisión anterior, la corporación accionada indicó:

[…] Ahora bien, como lo ha sostenido esta Corporación, las comisarías de familia,
creadas inicialmente por el Decreto Ley 2737 de 198911, cumplen funciones de
carácter policivo y de protección, las cuales fueron reforzadas por la Ley 1098 de
200612 y precisadas por la Ley 2126 de 2021, que reconoció expresamente su doble
naturaleza administrativa y jurisdiccional. En este último sentido, los artículos 16 y 17
de dicha ley establecen que, en los casos de violencia intrafamiliar, las comisarías
ejercen funciones jurisdiccionales al imponer medidas de protección, frente a las
cuales procede el recurso de apelación ante los jueces de familia o promiscuos de
familia.
[…]

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En efecto, el acta de audiencia de 2 de mayo de 2022 no configura un acto
administrativo que cree, modifique o extinga una situación jurídica individual de
carácter administrativo. Lo que se desprende de ella son decisiones jurisdiccionales
adoptadas por la comisaría en ejercicio de las competencias que la ley le ha conferido
para conjurar situaciones de violencia intrafamiliar, en las cuales estuvo involucrado
el aquí demandante.
[…]

Acorde con lo analizado, y si en gracia de discusión se aceptara que el escrito de
amparo presentado cuenta con la carga argumentativa necesaria para controvertir
las decisiones acusadas, realizada una interpretación armónica de los escritos de
amparo y de impugnación, se evidencia que lo argumentado por el tutelante es una
simple inconformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, y que resultó desfavorable a sus intereses.

Lo anterior, por cuanto si bien el señor Hernando Torres en la alzada formulada hizo
referencia al ocultamiento del expediente 047-2022, y a la realización de algunas
notificaciones que según su criterio se efectuaron de manera defectuosa, al igual
que a la ausencia de una defensa técnica, revisadas las consideraciones realizadas
en el auto del 17 de diciembre de 2025, se advierte que, con relación a dichos
reparos, la autoridad judicial accionada precisó:

[…] De esta manera, la falta de notificación, la supuesta ausencia de defensa técnica
y el ocultamiento del expediente 047-2022, alegados por el recurrente, no tienen la
virtualidad de convertir en administrativos las decisiones adoptadas en ejercicio de
una función jurisdiccional, pues como se anotó, tales reproches deben ventilarse ante
la autoridad judicial competente, mas no por vía del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Bajo estas consideraciones, y de conformidad con las normas y la jurisprudencia
previamente citadas, concluye la Sala que […] el asunto planteado no es susceptible
de control judicial […]

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que lo pretendido por el actor, es
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del operador judicial, lo
cual revela un desconcierto respecto al sentido de la decisión. En este orden de
ideas, se advierte que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente cuestionarlas vía acción de tutela.

En línea con lo analizado, se advierte que en el presente asunto, al tratarse de una
tutela contra providencia judicial, se exige con mayor énfasis que los reparos
planteados ejecuten una exposición que sin lugar a duda demuestre de forma
coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial. Sin embargo, se
vislumbra que lo pretendido por la parte actora es reabrir mediante el presente
asunto el debate zanjado de manera previa por el juez natural de la causa.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad accionada, que amerite
la intervención del juez constitucional, en tanto que, la acción de tutela no se

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encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal; máxime cuando
el amparo constitucional estudiado no tiene la identidad o trascendencia para
aplicar, interpretar o desarrollar mandatos constitucionales, pues como se indicó, el
tutelante omitió analizar exhaustivamente los vicios judiciales invocados, por lo que
se impone declarar la improcedencia de la presente acción.

En consecuencia, se revocará el fallo de tutela impugnado, en tanto negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados por el actor, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 9 de diciembre de 2025, a través de la
cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, negó el amparo
solicitado, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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