Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06861-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06861-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06861-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: OSCAR LUÍS LARA QUINTANA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El 31 de octubre de 20251, el señor Oscar Luís Lara Quintana, quien actúa a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia. A su juicio, dicha autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y principio pro homine.
Hechos relevantes
2. El tutelante señaló que, en su condición de docente del departamento de
Antioquia, el 28 de octubre de 2021, solicitó ante el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio2 el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.
3. La prestación fue reconocida mediante Resolución número S2022060000760 del
14 de enero de 2022 y pagada el 5 de marzo de 2022, por lo que consideró que el
desembolso se efectuó de manera extemporánea.
1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
viernes, 31 de octubre de 2025 con secuencia: 11096 - Cuad.:1 1”.
2
En adelante: FOMAG.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
4. El 28 de marzo de 2022, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria, pero
ante la falta de respuesta se configuró un silencio administrativo negativo, razón por
la cual el 12 de agosto de 2023 promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
5. Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Turbo Antioquia3 accedió a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que se acreditó que la solicitud para el pago de las cesantías fue
presentada el 28 de octubre de 2021 y que la administración debía resolverla dentro
de los quince (15) días previstos en la Ley 1071 de 2006, término que venció el 22
de noviembre de 2021; sin embargo, el reconocimiento solo se produjo el 14 de
enero de 2022. Posteriormente, vencido el término de ejecutoria, la entidad contaba
con cuarenta y cinco (45) días para pagar, plazo que expiró el 9 de febrero de 2022,
pero el pago se efectuó el 5 de marzo de 2022, configurándose, según el actor,
mora entre el 10 de febrero y el 4 de marzo de 2022.
6. El despacho concluyó que la responsable de la sanción moratoria es la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia, por haber expedido tardíamente el
acto de reconocimiento y remitir la prestación para pago solo hasta el 9 de febrero
de 2022. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo ficto y ordenó
al Departamento de Antioquia reconocer y pagar al demandante un (1) día de salario
por cada día de retardo, conforme al artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
7. Inconforme con la decisión de primera instancia, el Departamento de Antioquia
interpuso recurso de apelación y sostuvo que el cómputo de los términos debía
iniciarse desde la fecha consignada en el acto administrativo que reconoció las
cesantías parciales, esto es, el 27 de diciembre de 2021, y no desde el 28 de octubre
de 2021, como lo consideró el juez.
8. Mediante sentencia del 30 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la decisión apelada. Señaló que la solicitud fue radicada el 27 de
diciembre de 2021, por lo que el término de quince (15) días para la elaboración y
remisión del proyecto de acto administrativo vencía el 18 de enero de 2022. Como
el acto se expidió el 14 de enero de 2022, concluyó que la actuación se adelantó
dentro del plazo previsto en el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005 y que no se
configuró mora. Asimismo, precisó que no era procedente tomar como fecha de
solicitud el 28 de octubre de 2021, pues en el acto administrativo se dejó constancia
de que la petición fue presentada el 27 de diciembre de 2021 y frente a dicha
decisión no se interpuso recurso alguno.
Pretensiones
9. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en
sentencia del 30 de abril de 2025 proferida dentro del medio de control
3
Proceso identificado bajo el radicado: 05837333300420220000500/01.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
identificado con No. 05837-33-33-004-2022-00005-01 transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE del señor OSCAR LUÍS LARA QUINTANA, al
haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana
crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente
aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice
(i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr
el esclarecimiento de la situación fáctica del actor Oscar Luís Lara Quintana
y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las
competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de
las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los
docentes del Fomag”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en
un defecto fáctico, al no realizar una valoración integral y razonable de las pruebas
obrantes en el expediente, particularmente de la constancia que acreditaba la
radicación de la solicitud de cesantías el 28 de octubre de 2021. En su lugar, el
Tribunal otorgó prevalencia a la fecha consignada en el acto administrativo de
reconocimiento de la prestación —27 de diciembre de 2021— sin exponer una
motivación suficiente que justificara la exclusión del documento aportado con la
demanda, el cual no fue tachado de falso ni controvertido por la entidad demandada.
11. A juicio de la parte actora, esta decisión desconoció las reglas de la sana crítica
y el deber de motivación de las providencias judiciales, al privilegiar un medio
probatorio sobre otro sin un análisis integral del acervo probatorio. Ello condujo a
desestimar un elemento determinante para establecer la fecha real de la solicitud y,
por ende, para definir la existencia de mora en el reconocimiento y pago de las
cesantías.
12. En consecuencia, consideró vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el
principio de buena fe, pues el tribunal impuso al accionante una carga probatoria
desproporcionada al exigirle acreditar una actuación que correspondía a la
administración, pese a existir prueba documental idónea y oportunamente allegada
al proceso.
Trámite en primera instancia
13. Mediante auto del 5 de diciembre de 20255, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada, así como vincular al Juzgado
4 Administrativo de Turbo (Antioquia), al departamento de Antioquia y al FOMAG.
4
Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONTUTELAOSCARLUI(.pdf)
NroActua 2.
5
Índice electrónico 04 de SAMAI. 7Autoqueadmite_EJE1202505619JESSICA(.pdf) NroActua 4.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
Intervenciones
14. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo6 enunció los
hechos del caso, las actuaciones realizadas del proceso ordinario y compartió el
expediente digital del proceso.
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela, al considerar que no satisface el requisito general de
relevancia constitucional. En el proceso con radicado 05837-33-33-004-2022-00005
01, el demandado afirmó que valoró las pruebas conforme a la ley, la lógica y la
sana crítica, y adoptó su decisión en ejercicio de la autonomía judicial prevista en el
artículo 230 de la Constitución Política. Por ello, la acción de tutela no procede como
una tercera instancia para reabrir debates probatorios ni para controvertir las
conclusiones jurídicas de los jueces competentes.
16. En segunda instancia aplicó la normativa vigente y la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 sobre sanción moratoria por el no pago oportuno de
cesantías. Con fundamento en los hechos probados, el despacho tomó como
referencia la fecha de radicación consignada en el acto administrativo expedido por
la entidad demandada, amparado por la presunción de legalidad, y no la fecha
contenida en el documento aportado por la parte actora. A partir de ese parámetro
y del cómputo de los términos legales, concluyó que no se configuró mora en el
reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías.
17. El alegado defecto fáctico no se acredita, pues la parte actora expresa un
desacuerdo con la interpretación de los hechos y no demuestra una valoración
arbitraria de las pruebas. Además, ninguna de las partes utilizó oportunamente los
mecanismos procesales para controvertir la autenticidad o el valor de los
documentos, de modo que el juez natural ejerció legítimamente su facultad de
apreciación probatoria dentro de los márgenes constitucionales y legales.
18. El Ministerio de Educación8 solicitó ser desvinculado del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva y, adicionalmente,
pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues el debate planteado corresponde a una
controversia de naturaleza estrictamente económica y de intereses privados, ajena
al ámbito de protección propio del juez de tutela.
6
Índice electrónico 09 de SAMAI. 13_MemorialWeb_ConstestacionTutela004202200005(.pdf)
NroActua 9.
7
Ìndice electrónico 011 de SAMAI. 19_MemorialWeb_Respuesta-RespuestaTutelaRdo(.pdf)
NroActua 11.
8
Índice electrónico 010 de SAMAI. 18RECIBEMEMORIAL_2025EE335271Comunica(.pdf) NroActua
10.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
19. La Fiduprevisora S.A9 pidió ser desvinculada del trámite constitucional por falta
de legitimación en la causa por pasiva y, además solicitó negar la acción de tutela,
en tanto no se vulneraron los derechos fundamentales del actor.
20. El Departamento de Antioquia y el FOMAG guardaron silencio a pesar de
haber sido notificados10.
Sentencia de primera instancia11
21. Mediante providencia del 27 de noviembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al
debido proceso de Oscar Luis Lara Quintero. Señaló que el Tribunal debía valorar
integralmente el material probatorio y no descartar una prueba determinante sin
motivación suficiente.
22. Indicó que, aunque la Resolución número 2022060000760 del 14 de enero de
2022 registró como fecha de radicación el 27 de diciembre de 2021, no existe
prueba de que ese fuera el momento en que se allegó la documentación completa.
Por el contrario, se acreditó que la solicitud fue presentada el 28 de octubre de 2021
mediante un formato oficial de la Secretaría de Educación de Antioquia. Asimismo,
consideró desproporcionado exigir al actor que recurriera la resolución por el error
en la fecha, pues este no incidía en el reconocimiento de las cesantías parciales y
no se demostró que la documentación estuviera incompleta.
23. En consecuencia, se configuró un defecto fáctico; se dejó sin efectos la
sentencia del 30 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia y se
ordenó proferir una nueva decisión dentro de los veinte días siguientes a la
ejecutoria de la providencia.
Impugnación12
24. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó revocar la sentencia de tutela del
27 de noviembre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Señaló que otorgó mayor valor probatorio a la fecha de
radicación consignada en el acto administrativo de reconocimiento de cesantías,
amparado por la presunción de legalidad y cuya nulidad no fue demandada, y no al
documento aportado por el actor, pues este no permitía establecer que
correspondiera a la misma solicitud ni que contuviera la documentación completa
exigida para iniciar el trámite.
25. Indicó que el accionante no controvirtió oportunamente dicha fecha en sede
administrativa ni judicial, ni demostró en la acción de tutela que hubiera allegado la
9
Índice electrónico 012 de SAMAI.20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
cerrarorion282131(.pdf) NroActua 12.
10
Índice electrónico 08 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite tute(.pdf) NroActua 8.
11
Índice electrónico 015 de SAMAI. 22Sentencia_00920250686100TCPJNR(.pdf) NroActua 15.
12
Índice electrónico 019 de SAMAI. 25_MemorialWeb_Recurso-202506861Impugnaci(.pdf)
NroActua 19.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
documentación completa con el documento cuya valoración reclama, lo que impide
desvirtuar la información contenida en el acto administrativo.
26. Con base en esa fecha, concluyó que los términos para el reconocimiento,
liquidación y pago de las cesantías se cumplieron oportunamente y que no se
configuró mora. En consecuencia, sostuvo que su decisión se adoptó a partir de una
valoración razonada del material probatorio y dentro de la autonomía judicial, por lo
que no incurrió en defecto fáctico ni en vulneración del debido proceso, y la acción
de tutela resulta improcedente por falta de relevancia constitucional.
27. Por otro lado, mediante memorial del 3 de febrero de 202613, el Tribunal
Administrativo de Antioquia rindió informe sobre el cumplimiento de la sentencia de
tutela proferida el 27 de noviembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
28. Indicó que dicha providencia de tutela dejó sin efectos la sentencia del 30 de
abril de 2025 dictada por la Sala Séptima de Oralidad de esa Corporación dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
05837-33-33-004-2022-00005-01 y ordenó proferir una nueva decisión, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria, conforme a las consideraciones
expuestas en la parte motiva.
29. En cumplimiento de esa orden, la Sala Séptima de Oralidad profirió nueva
sentencia el 29 de enero de 2026, la cual fue notificada a las partes en la misma
fecha. En dicha providencia se confirmó la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda.
30. Para sustentar esta determinación, el Tribunal partió de que la solicitud de
cesantías fue radicada el 28 de octubre de 2021, de modo que el término de quince
(15) días hábiles con que contaba el Departamento de Antioquia para expedir el
acto administrativo de reconocimiento, notificarlo y remitirlo a la Fiduprevisora
vencía el 22 de noviembre de 2021. No obstante, el acto fue expedido el 14 de enero
de 2022, notificado el 24 de enero siguiente y remitido a la Fiduprevisora el 9 de
febrero de 2022, lo que evidenció que el trámite inicial no se adelantó dentro del
plazo legal.
31. A partir de esa fecha, y conforme a las reglas jurisprudenciales aplicables, el
Tribunal contabilizó diez (10) días para la ejecutoria del acto y, posteriormente, los
cuarenta y cinco (45) días previstos para efectuar el pago, término que vencía el 9
de febrero de 2022. Como el pago se realizó el 5 de marzo de 2022, concluyó que
se configuró mora entre el 10 de febrero y el 4 de marzo de 2022, equivalente a
veintidós (22) días.
32. Finalmente, el Tribunal determinó que la responsabilidad por la mora
corresponde al Departamento de Antioquia, por ser la entidad que ocasionó el
13
Índice electrónico 04 de SAMAI. 4RECIBEMEMORIAL_29_11001031500020250(.pdf) NroActua
4.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
retardo en el trámite de reconocimiento de la prestación, razón por la cual confirmó
integralmente la sentencia de primera instancia.
CONSIDERACIONES
Competencia
33. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201914.
Problema jurídico y metodología de la decisión
34. Óscar Luís Lara Quintana inició acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
y al principio pro homine.
35. Expuso que el 28 de octubre de 2021 solicitó ante el FOMAG el reconocimiento
y pago de sus cesantías parciales. La prestación fue reconocida mediante la
Resolución número S2022060000760 del 14 de enero de 2022 y pagada el 5 de
marzo del mismo año, circunstancia por la cual consideró que el desembolso se
efectuó de manera extemporánea.
36. En este escenario, la Sala debe determinar si la acción de tutela satisface el
requisito de relevancia constitucional. Ello resulta necesario, en tanto el actor ya
contó con la posibilidad de acceder a las dos instancias dentro del proceso ordinario,
lo que permite advertir que la tutela podría estar orientada a reabrir un debate
previamente resuelto por el juez natural de la controversia.
37. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional, análisis del caso
concreto.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
38. Conforme la Sentencia C-590 de 200515, reiterada de manera consistente por
la Corte Constitucional16, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante carga
14
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
15
Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2024 y SU-304 de 2024.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
39. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar17; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela18, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional19 o el Consejo de Estado20,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-21; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable22 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
40. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
41. La Corte Constitucional indicó23 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
17
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
18
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
20
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
22
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
42. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate24: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
43. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia25.
Análisis del caso concreto
44. Óscar Luis Lara Quintana promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia por la presunta vulneración de sus derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio pro
homine, en el marco de un proceso relacionado con el pago de cesantías parciales
reconocidas por el FOMAG. El actor sostuvo que presentó su solicitud el 28 de
octubre de 2021 y que, aunque el reconocimiento se efectuó mediante Resolución
del 14 de enero de 2022, el pago se realizó el 5 de marzo del mismo año, lo que
configuraba mora. En primera instancia, el Juzgado Cuarto (4) Administrativo Oral
del Circuito de Turbo acogió esta tesis y declaró la nulidad del acto ficto, al ordenar
el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006; sin embargo, el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión al considerar que la solicitud
relevante fue radicada el 27 de diciembre de 2021, por lo que el acto de
reconocimiento expedido el 14 de enero de 2022 se emitió dentro del término legal
previsto en el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, lo que descarta la configuración
de mora.
45. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; y, en segundo
lugar, verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Legitimación en la causa
46. Óscar Luís Lara Quintana cuenta con legitimación en la causa por activa, dado
que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración invoca.
24
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-134 de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, providencia que, según
afirma, transgredió sus garantías constitucionales.
47. En este sentido, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, autoridad judicial a la que se le atribuye la trasgresión
de los derechos fundamentales reclamados por el accionante.
48. El Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A solicitaron ser desvinculados
del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la Sala advierte que el Ministerio actuó como parte demandada dentro
del proceso ordinario y que las resultas de este son de interés para la Fiduprevisora
S.A., quien debe pagar las condenas que se deriven de la moratoria del pago de las
prestaciones sociales de los docentes; en consecuencia, ambas entidades
permanecerán vinculadas al presente trámite de tutela.
Relevancia Constitucional
49. La Sala considera que el defecto alegado no supera el requisito general de
relevancia constitucional, pues la acción de tutela es utilizada para reiterar
argumentos que ya fueron resueltos en el proceso ordinario26.
50. El defecto fáctico alegado no supera el requisito general de relevancia
constitucional. El tutelante sostuvo que el Tribunal incurrió en dicho yerro al omitir
una valoración integral y razonada del acervo probatorio, en especial de la
constancia que acreditaba la radicación de la solicitud de cesantías el 28 de octubre
de 2021. Afirmó que la autoridad judicial otorgó prevalencia a la fecha consignada
en el acto administrativo de reconocimiento —27 de diciembre de 2021— sin ofrecer
una motivación suficiente que explicara la exclusión del documento aportado con la
demanda.
51. No obstante, esta Sala observa que el Tribunal efectuó un examen conjunto de
los medios de prueba. La Corporación reconoció que la parte actora afirmó haber
presentado la solicitud el 28 de octubre de 2021; sin embargo, concluyó que la
radicación debía entenderse realizada el 27 de diciembre de 202127, fecha
consignada en la resolución que reconoció y ordenó el pago de la prestación. El
Tribunal fundamentó su decisión en la presunción de legalidad que ampara los actos
administrativos y destacó que la validez de esa resolución no fue cuestionada ni en
sede administrativa ni dentro del proceso judicial. Incluso, precisó que el inicio del
cómputo de los términos para la causación de la sanción moratoria de las cesantías
corresponde con la radicación completa de la solicitud y no con su simple radicación,
lo que ocurrió en la fecha señala y quedó consignada en el acto administrativo
26
Identificado bajo el radicado: 05837333300420220000500/01.
27
índice electrónico 02 de SAMAI. 5_DemandaWeb_Anexos_EXPEDIENTEORDINARIO(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2. En particular, páginas 26 a 30.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
mencionado28. Con apoyo en estas consideraciones, la autoridad judicial determinó
que no se configuró la mora alegada, revocó la sentencia de primera instancia y
negó las pretensiones de la demanda.
52. En este contexto, la valoración probatoria adelantada por el Tribunal no resulta
caprichosa, arbitraria o irrazonable. Por el contrario, responde a una interpretación
del material probatorio y se sustenta en criterios jurídicos objetivos, lo que excluye
la configuración de un defecto fáctico con entidad constitucional. En este sentido, el
actor busca reabrir un debate que la autoridad judicial abordó y resolvió en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
53. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, lo que evita la utilización de la tutela como un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
54. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con
el propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-administrativa,
donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la luz del acervo
probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene recordar que la
tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias desfavorables,
especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un análisis dentro
del proceso ordinario.
55. Adicionalmente, no se alega una vulneración del derecho al debido proceso en
su dimensión fundamental. La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho
solo resulta afectado en ese ámbito cuando se desconocen sus garantías
esenciales, como el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir
pruebas, la publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el
ejercicio de la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo
estudio, toda vez que el accionante intervino de manera activa en el proceso
ordinario, ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En
efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 30 de abril de 2025
resolvió la controversia.
56. En esa misma lógica, no se denunció una vulneración al derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia en su dimensión constitucional. El
peticionario dispuso de un acceso real, efectivo y sin restricciones a la jurisdicción
competente, así como a los recursos previstos en el ordenamiento jurídico para
controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso. No obra prueba que
28
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sentencia 30 de abril de 2024, pp. 22-24. Índice Samai 10
del expediente 05837-33-33-004-2022-00005-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06861-01
Accionante: Oscar Luís Lara Quintana
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)
permita inferir que se le negó la posibilidad de acudir al aparato judicial, que se
hubiere obstaculizado el normal desarrollo del trámite, o que se le hubieran
restringido sus facultades procesales para ejercer su derecho de defensa y
contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las garantías propias del
debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier afectación a la tutela
judicial efectiva.
57. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En concreto, no se acredita la relevancia constitucional, pues el solicitante pretende
emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya definido
en el proceso ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Oscar Luís Lara Quintana,
quien actúa a través de apoderado judicial, por no satisfacer el requisito general de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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