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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02792-00

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02792-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Nedis María Suárez Santos. SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la providencia del 3 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En este sentido, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, dicte sentencia de reemplazo en la cual valore integralmente el material probatorio obrante en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y con observancia de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia material. 26 El precedente antes reseñado difiere del asunto objeto de estudio. En aquella oportunidad, la controversia se circunscribió a determinar cuál debía tenerse como fecha de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales, ante la discrepancia existente entre la fecha de presentación de la solicitud del pago de cesantías y la consignada en el acto administrativo que reconoció la prestación, pues el tribunal de Antioquía primó la que se encontraba en el acto administrativo. En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó como fecha de presentación el 19 de agosto de 2021, esto es, la fecha indicada por la demandante en el escrito de la demanda, pese a que en el plenario se encontraba plenamente demostrada la radicación inicial del 16 de julio de 2021. Así las cosas, en el caso del señor Oscar Óscar Luis Lara Quintana se primó la fecha contenida en el acto administrativo que reconoció el pago de las cesantías, en el presente caso prevaleció lo que se había expuesto en la demanda máxime cuando había certeza que la fecha era el 16 de julio de 2021 y no el 19 de agostó de 2021. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00 Accionante: Nedis María Suárez Santos Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (Primera instancia) TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02792-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: NEDIS MARÍA SUÁREZ SANTOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – ampara los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela promovida el 13 de abril de 2026 1 por la
señora Nedis María Suárez Santos, quien actúa a través de apoderado judicial,
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. A su juicio, dicha autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio pro persona.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. La señora Nedis María Suárez Santos el 16 de julio de 2021 presentó una
solicitud ante el Departamento de Antioquia con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales. Esta petición fue resuelta
mediante la Resolución No. S2021060088474 del 30 de agosto de 2021, y la
prestación fue pagada el 2 de noviembre de 2021.

2. Posteriormente, el 19 de enero de 2022, la docente formuló reclamación
administrativa ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el Departamento
de Antioquia, con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 por el pago tardío de sus cesantías
parciales.

3. Comoquiera que la administración no emitió respuesta dentro del término legal,
se configuró el silencio administrativo negativo, materializado en un acto ficto que
fue demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

1 Índice 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL lunes, 13 de

abril de 2026 con secuencia: 4390 - Cuad.:1”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. La señora Nedis María Suárez Santos promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
el Departamento de Antioquia, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto
negativo configurado el 19 de abril de 2022, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006.

5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
entidades demandadas al pago de dicha sanción, equivalente a un día de salario
por cada día de mora en el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales,
así como al reconocimiento de la indexación, los intereses moratorios, el
cumplimiento de la sentencia y las costas del proceso.

6. Mediante sentencia del 25 de abril de 2025, el Juzgado Cuarto (4o)
Administrativo Oral del Circuito de Turbo2 declaró la nulidad del acto ficto negativo
mediante el cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó al Departamento de Antioquia a pagar a
favor de la demandante un día de salario por cada día de mora en el desembolso
de las cesantías parciales, correspondiente al período comprendido entre el 28
de octubre y el 1.º de noviembre de 2021, para un total de cinco (5) días.

7. En dicha providencia, el juzgado concluyó que la responsabilidad por la mora
era atribuible al Departamento de Antioquia, por cuanto expidió y notificó
extemporáneamente la Resolución No. S2021060088474 del 30 de agosto de
2021, y remitió la solicitud para pago únicamente el 14 de septiembre de 2021.

8. Por el contrario, el despacho judicial estableció que la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG realizó el estudio de la prestación el 22 de octubre
de 2021 y puso los recursos a disposición de la beneficiaria dentro del término de
45 días previsto en la Ley 1071 de 2006.

9. Mediante sentencia del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la decisión proferida el 25 de abril de 2025 por el Juzgado
Cuarto (4o) Administrativo Oral del Circuito de Turbo.

10. Para adoptar esa decisión, el Tribunal precisó que la fecha que debía tenerse
en cuenta para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria era el 19 de
agosto de 2021, toda vez que desde los hechos de la demanda la propia actora
estructuró sus pretensiones con fundamento en la solicitud de cesantías radicada
en esa fecha.

11. En ese sentido, advirtió que no era posible examinar la mora con base en la
solicitud presentada el 16 de julio de 2021, pues ello desconocería el principio de
congruencia y afectaría el derecho de defensa de las entidades demandadas.

2 Identificado bajo el radicado: 05837-33-33-004-2023-00052-00/01.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

12. Con fundamento en la fecha de radicación del 19 de agosto de 2021, concluyó
que entre la presentación de la solicitud y la expedición de la Resolución No.
S2021060088474 del 30 de agosto de 2021 no transcurrió el término de quince
(15) días hábiles previsto en la Ley 1071 de 2006 para resolver la petición.

13. Asimismo, señaló que el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para
efectuar el pago comenzó a correr a partir del 9 de septiembre de 2021, fecha en
la cual la interesada renunció expresamente a los términos de notificación y
ejecutoria del acto de reconocimiento. Como el pago de las cesantías parciales
se realizó el 2 de noviembre de 2021, el Tribunal concluyó que este se efectuó
dentro del término legal y, en consecuencia, que no se configuró mora en el pago
de la prestación.

Pretensiones

14. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en
sentencia del 28 de mayo de 2025 proferida dentro del medio de control
identificado con No. 05837-33-33-001-2023-00328-01 transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora ARGENIDA MARÍA LUGO
BURGOS, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios
de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo
vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que
garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el
fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la parte
demandante y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que
reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido
para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías
en favor de los docentes del Fomag ”3.

Fundamentos de la demanda de tutela

15. La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en defecto fáctico y en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
desestimar el formato de solicitud de cesantías y la hoja de revisión, documentos
en los que consta que la reclamación fue radicada el 16 de julio de 2021, y otorgar
prevalencia a la fecha del 19 de agosto de 2021 consignada en el escrito de
demanda.

16. A su juicio, dicha decisión desconoció las reglas de la sana crítica, el principio
de buena fe y la prevalencia del derecho sustancial, al restar valor a documentos

3 Índice electrónico 02 de SAMAI.
1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAOSCARSIERRAEST(.pdf) NroActua 2.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

oficiales y verificables aportados por la propia Secretaría de Educación, que
permitían establecer con certeza la fecha de radicación de la solicitud.

17. Afirmó que esta valoración probatoria incompleta condujo a una decisión
contraria a la verdad material y vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, al impedir el
reconocimiento de la sanción moratoria reclamada.

18. En respaldo de sus argumentos, invocó las sentencias T-442 de 1994 y C-
496 de 2015 de la Corte Constitucional. Con fundamento en lo anterior, solicitó
dejar sin efectos la providencia cuestionada y ordenar la expedición de una nueva
decisión en la que se valore integralmente el material probatorio conforme a las
reglas de la sana crítica.

Trámite en primera instancia

19. Mediante auto del 15 de abril de 20264, el despacho sustanciador admitió la
acción de amparo y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso vincular al
Juzgado Cuarto (4º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Turbo, a la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, al Departamento de Antioquia, al Ministerio Público y a los demás
intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado número 05837-33-33-004-2023-00052-00/01, como terceros con interés
en las resultas del proceso. Finalmente, reconoció la personería adjetiva al
abogado Yobany Alberto López Quintero.

Intervenciones

20. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo5 hizo un
recuento de los hechos del proceso ordinario y compartió el enlace del proceso
identificado bajo el radicado 05837-33-33-004-2023-00052-00.

21. El Departamento de Antioquia6 manifestó que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia respetó el derecho de defensa y el principio de
congruencia. Señaló que el Tribunal no podía reconocer la sanción moratoria con
fundamento en una fecha de radicación distinta de la planteada por la
demandante, pues ello implicaría modificar la causa petendi. Así, al tomar como
fecha de solicitud el 19 de agosto de 2021, concluyó razonablemente que no se
configuró mora, ya que las cesantías fueron pagadas dentro del término legal.

4 Índice electrónico 05 de SAMAI. 8Autoqueadmite_120260279200ADMITENE(.pdf) NroActua
5.
5 Índice electrónico 013 de SAMAI. 11_MemorialWeb_ConstestacionTutela(.pdf) NroActua 13.
6 Índice electrónico 014 de SAMAI. 13_MemorialWeb_Respuesta-Pronunciamientofren(.pdf)
NroActua 14.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

22. Agregó que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia
para reabrir el debate probatorio ni para corregir imprecisiones en la demanda.
En consecuencia, sostuvo que no se configuró vulneración de los derechos
fundamentales invocados y solicitó negar el amparo.

23. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 solicitó negar el amparo al
considerar que la acción de tutela pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto
por el juez natural.

24. Señaló que el desacuerdo de la parte actora con la decisión adoptada no
configura, por sí mismo, un defecto fáctico o procedimental. Agregó que
corresponde a las partes exponer de manera clara y precisa los hechos y las
pretensiones de la demanda, sin que sea posible trasladar al juez la carga de
corregir deficiencias en su formulación.

25. En ese contexto, sostuvo que la providencia cuestionada se encuentra
debidamente motivada, respeta el principio de congruencia y no incurre en
exceso ritual manifiesto.

26. Por consiguiente, afirmó que la tutela no puede utilizarse como una tercera
instancia para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas y solicitó negar las
pretensiones de la demanda.

27. El Ministerio de Educación8 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva. Adicionalmente, solicitó declarar
improcedente la presente acción por cuanto el asunto es estrictamente
económico.

28. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó
silencio, a pesar de que fue notificado9.

CONSIDERACIONES
Competencia

29. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.

7Índice electrónico 015 de SAMAI. 15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
004InformeTutela27(.pdf) NroActua 15.
8Índice electrónico 017 de SAMAI.
24RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALESNUEVOSSECG(.pdf) NroActua 17.
9 Índice electrónico 010 de SAMAI.
10 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los
procesos entre las secciones”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Problema jurídico y metodología de la decisión

30. Nedis María Suárez Santos promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia. La actora solicitó el 16 de julio de 2021 el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales ante el Departamento de
Antioquia. La petición fue resuelta mediante la Resolución No. S2021060088474
del 30 de agosto de 2021 y la prestación se pagó el 2 de noviembre de ese mismo
año.

31. El 19 de enero de 2022, presentó reclamación administrativa ante la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y el Departamento de Antioquia
para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
1071 de 2006. Ante la falta de respuesta dentro del término legal, se configuró el
silencio administrativo negativo, cuyo acto ficto fue demandado ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

32. La Sala debe resolver, en primer lugar, si la presente acción de tutela contra
providencia judicial cumple los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional. En caso afirmativo, deberá
establecer si la sentencia del 3 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrió en defecto fáctico y en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al definir la fecha de radicación de la
solicitud de cesantías parciales con fundamento en lo afirmado en la demanda
ordinaria, pese a la existencia de documentos que, según la accionante,
acreditaban una fecha anterior, y si ello vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

33. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) examinará si en el caso concreto se satisfacen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;
y (ii) análisis del caso concreto.

Requisitos generales de procedibilidad

34. Conforme al precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de
200511, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a
mostrar que concurren siete causales genéricas de procedencia, y al menos una
específica.

35. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar12: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y

11 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
12 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en
la SU-215 de 2022.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela13, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto
de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional14 o el Consejo de
Estado15, ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de
Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP16;
(iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se
promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada
y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales
en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable17 o los
medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que
exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente
legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que
esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si
tal error no hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido
sustancialmente distinto.

36. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o
el criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar
si la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En
consecuencia, se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con
las garantías constitucionales18.

37. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela
se concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A
continuación, se enuncian los defectos específicos explicados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, profundizando en el defecto invocado
por la parte actora.

13 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y
el principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de
2012 y T-373 de 2014.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
15 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de
2022, SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
17 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
18 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la
autoridad judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para
determinado asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica
de pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la
realización indebida y contraevidente de pruebas existentes en el
proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma
con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no
estaban llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones
jurídicas contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha
sido inducido por factores externos al proceso, y que tienen la
capacidad de influir en la toma de una decisión contraria a derecho o
a la realidad fáctica probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su
deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de las decisiones
establecidas por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia
de precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

38. Con base en las anteriores precisiones jurisprudenciales, se resuelven los
problemas jurídicos planteados.

Análisis del caso concreto

Estudio de procedibilidad de la acción de tutela

39. En el presente asunto, la Sala encuentra demostrado lo siguiente: (i) Nedis
María Suárez Santos cuenta con legitimación en la causa por activa, en tanto
es la titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados con la
sentencia cuestionada. A su vez, se satisface la legitimación en la causa por
pasiva respecto del Tribunal Administrativo de Antioquia, autoridad judicial que
profirió la providencia a la que se atribuye la transgresión alegada. Finalmente,
frente a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de Educación
Nacional, la Sala advierte que el FOMAG hizo parte del proceso ordinario y se

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

encuentra adscrito a dicha cartera ministerial, razón por la cual su vinculación al
presente trámite resulta procedente.

40. Adicionalmente, (ii) la parte accionante no dispone de otros medios de
defensa judicial para controvertir los aspectos aquí expuestos, pues la
providencia del 3 de octubre de 2025 puso fin al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, en el caso particular, no son procedentes
los recursos extraordinarios de revisión19 o de unificación20. En efecto supera la
subsidiariedad; (iii) la acción de tutela se presentó dentro de un plazo razonable,
dado que la decisión enjuiciada se notificó el 9 de octubre de 2025 y la solicitud
de amparo se radicó el 13 de abril de 2026 del mismo año21; (iv) la actora planteo
de manera clara una irregularidad procesal, representado en un exceso ritual
manifiesto; (v) la demanda identifica con precisión los hechos que originan la
presunta violación directa al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva y principio pro persona; y (vi) no se trata de una
sentencia de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto
de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de
Estado17 ni de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación
del Tribunal Especial para la Paz18.

41. Por último, la Sala advierte que (vii) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que la parte actora expuso de manera suficiente y razonada
las causas por las cuales considera que la autoridad judicial accionada
desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio pro persona. Tales
afirmaciones trascienden una simple inconformidad con la interpretación judicial
y plantean un cuestionamiento directo sobre la validez constitucional de la

19 En atención a las particularidades del caso —relativas a la determinación de la fecha de
radicación de la solicitud de cesantías y su incidencia en el reconocimiento de la sanción
moratoria—, se advierte que el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
idóneo ni eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados, en la medida en
que la controversia no se circunscribe a la legalidad formal de la decisión, sino a una presunta
afectación del debido proceso derivada de la valoración probatoria, aspecto que incide
directamente en la determinación del término de mora. En ese sentido, los cargos formulados no
se subsumen en las causales taxativas de dicho recurso —relativas, entre otras, a incongruencias
formales, vicios procesales, hechos nuevos, cosa juzgada o error inducido por ilícito—, sino que
se refieren a la apreciación judicial del acervo probatorio, lo cual escapa al ámbito propio de este
mecanismo extraordinario y le resta idoneidad para evitar la consolidación del perjuicio derivado
de la decisión cuestionada.
20 Del mismo modo, el recurso de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 257 del
CPACA exige la acreditación de una contradicción jurisprudencial relevante entre decisiones
judiciales, presupuesto que no se configura en el presente caso, toda vez que el cuestionamiento
formulado por la actora se dirige a denunciar una indebida valoración de las pruebas y no la
existencia de criterios jurisprudenciales disímiles que requieren ser armonizados.
21 El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, pues la providencia cuestionada fue
notificada en el plazo señalado. Ese lapso debe descontarse el período de vacancia judicial
comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, durante el cual no
corrieron términos judiciales, equivalente a 22 días calendario. En consecuencia, el tiempo
efectivo transcurrido entre la notificación de la sentencia demandada y la presentación del amparo
fue de aproximadamente 5 meses y 12 días, plazo que la Sala estima razonable y proporcionado
para acudir al juez constitucional. Al respecto ver Artículo 118 del CGP: “En los términos de días
no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier circunstancia
permanezca cerrado el juzgado”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

actuación desplegada por el juez ordinario. Esta dimensión iusfundamental del
debate exige un examen por parte del juez de tutela, pues la presunta afectación
no se limita a un error jurídico ordinario, sino que se proyecta sobre el núcleo
esencial de las garantías procesales y de acceso real a la justicia.

42. Adicionalmente, la Sala advierte que el asunto bajo examen trasciende los
límites de una controversia estrictamente legal o de una simple discrepancia
interpretativa entre las partes. Se trata de un caso de naturaleza excepcional que
amerita la intervención del juez constitucional, en tanto la discusión involucra la
protección del derecho al pago de las cesantías al cual tienen derecho los
docentes.

Configuración del defecto fáctico y exceso ritual manifiesto

43. La controversia constitucional se centra en que el Tribunal Administrativo de
Antioquia revocó la sentencia de primera instancia que había reconocido cinco
días de sanción moratoria a favor de la accionante, al tomar como momento
relevante de radicación de la solicitud de cesantías el 19 de agosto de 2021 —
por ser la indicada en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en
el acto administrativo de reconocimiento— y no el 16 de julio de 2021, fecha que
aparecía en documentos oficiales obrantes en el expediente. A continuación, se
reseñará el fallo impugnado.

Fallo impugnado

44. El Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera
instancia que había reconocido a favor de Nedis María Suárez Santos la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales. Para adoptar esa
decisión, el Tribunal tomó como fecha de radicación de la solicitud de cesantías
el 19 de agosto de 2021, porque esa fue la fecha indicada por la parte actora en
el escrito de demanda y en la Resolución S2021060088474 del 30 de agosto de
2021. Con base en esa fecha, concluyó que el acto de reconocimiento fue
expedido dentro del término de quince días y que el pago, realizado el 2 de
noviembre de 2021, se efectuó dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes
a la renuncia a términos de notificación y ejecutoria.

45. No obstante, la propia providencia reconoció que en el expediente obraban
documentos oficiales que acreditaban una fecha anterior de radicación: 16 de
julio de 2021. En particular, el Departamento de Antioquia aportó una constancia
de radicación de esa fecha y la hoja de revisión No. 2098935 del 22 de octubre
de 2021, en la que se registró el mismo número de radicación del trámite —2021-
CES-062206— con fecha 2021-07-16. A pesar de ello, el Tribunal desechó esa
prueba documental y prefirió la fecha consignada en la demanda, bajo el
argumento de que la causa petendi había sido estructurada por la demandante a
partir del 19 de agosto de 2021 y que tomar una fecha distinta desconocería el
principio de congruencia y el derecho de defensa de la contraparte.

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

46. Ese razonamiento constituye el núcleo del reparo constitucional, pues el
Tribunal privilegió una imprecisión formal del escrito de demanda sobre la
realidad probatoria acreditada en el expediente. La decisión no desconoció la
existencia de los documentos que demostraban la radicación del 16 de julio de
2021, pero les restó eficacia con fundamento en una consideración procesal, sin
valorar que se trataba de documentos oficiales aportados por la propia entidad
demandada y directamente relacionados con el mismo trámite de cesantías. En
esa medida, el defecto alegado consiste en que la autoridad judicial tomó como
base para negar la sanción moratoria la fecha formalmente enunciada en la
demanda, y no la fecha real demostrada en las pruebas, lo que pudo conducir a
una valoración probatoria irrazonable y a un exceso ritual manifiesto.

Estudio de los defectos

47. La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-195 de 2012 precisó que el
defecto fáctico se configura cuando cuando el fallo cuestionado demuestra una
indebida y contraevidente valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas
que obran en el expediente, un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una
omisión en el deber probatorio oficioso por parte de la autoridad judicial 22 o el
desconocimiento de reglas probatorias.

48. Por su parte, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto 23 se
presenta cuando la autoridad judicial, aun observando formalmente las reglas del
proceso, aplica de manera mecánica y estricta las formas procesales y, como
consecuencia de ello, sacrifica la justicia material y renuncia a la verdad jurídica
objetiva que surge de los hechos y de las pruebas válidamente incorporadas al
expediente.

49. Para la Sala, ambas causales tienen lugar cuando la decisión judicial se
aparta de la realidad probada o cuando el apego excesivo a formalidades
subsanables impide la adopción de una solución de fondo ajustada a la
prevalencia del derecho sustancial y a la protección efectiva de los derechos
fundamentales, en contravía de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución
Política.

50. De una parte, la Sala advierte que la providencia cuestionada incurrió en
defecto fáctico, en tanto la decisión se apartó de elementos probatorios
relevantes, conducentes y determinantes que obraban en el expediente y que
permitían establecer, con un grado suficiente de certeza, la fecha real de
radicación de la solicitud de cesantías parciales. En efecto, el Tribunal
Administrativo de Antioquia reconoció expresamente que el Departamento de
Antioquia aportó dos documentos de los cuales se desprendía que la petición
había sido radicada el 16 de julio de 2021: el formato o constancia de radicación
de la solicitud y la hoja de revisión del trámite prestacional. Sin embargo, pese a

22 Ver, por ejemplo, las sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017, SU-129 de 2021 y T-107
de 2023.
23 Corte Constitucional, sentencia T-535 de 2023.

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admitir la existencia y el contenido de tales documentos, decidió no otorgarles
eficacia probatoria para definir el extremo temporal a partir del cual debía
computarse la eventual mora.

51. Esa omisión valorativa resulta constitucionalmente relevante porque la fecha
de radicación de la solicitud constituía el presupuesto fáctico central para resolver
el litigio. De ella dependía establecer si la administración había expedido
oportunamente el acto de reconocimiento y si el pago de las cesantías parciales
se efectuó dentro del término legal previsto en la Ley 1071 de 2006. Por tanto,
no se trataba de una prueba secundaria o marginal, sino de un elemento decisivo
para determinar la existencia de la sanción moratoria reclamada. En esas
condiciones, al preferir la fecha mencionada en la demanda —19 de agosto de
2021— sobre la fecha acreditada en documentos oficiales obrantes en el
expediente —16 de julio de 2021—, el Tribunal sustituyó la valoración integral del
acervo probatorio por una lectura formal de la narración inicial de la parte actora.

52. La irregularidad se acentúa si se tiene en cuenta que los documentos que
acreditaban la radicación del 16 de julio de 2021 no provenían de una fuente
extraña al proceso ni fueron allegados de manera informal, sino que fueron
aportados por el propio Departamento de Antioquia, entidad demandada en el
proceso ordinario. En esa medida, su valoración no implicaba sorprender a la
contraparte, alterar el debate probatorio ni introducir un hecho ajeno al litigio,
pues se trataba de documentos oficiales relacionados con el mismo trámite
administrativo de reconocimiento de cesantías. Así, la Sala observa que el
Tribunal no explicó por qué tales pruebas carecían de fuerza demostrativa, ni
desvirtuó su autenticidad, pertinencia o conducencia; simplemente prescindió de
ellas por considerar que la parte demandante había mencionado una fecha
distinta en el escrito de demanda.

53. En consecuencia, el defecto fáctico se configura porque la autoridad judicial
dejó de valorar adecuadamente pruebas determinantes, reconocidas en la propia
providencia y directamente relacionadas con el hecho que debía ser esclarecido.
Tal proceder desconoció las reglas de la sana crítica, pues la decisión no se fundó
en una apreciación razonada, completa y armónica del material probatorio, sino
en la prevalencia de una afirmación formal contenida en la demanda sobre
documentos oficiales que daban cuenta de la realidad del trámite administrativo.
Esta forma de razonamiento probatoria tuvo incidencia directa en el sentido del
fallo, pues llevó al Tribunal a concluir que no se configuró mora, cuando el análisis
a partir de la fecha efectivamente acreditada podía conducir a una conclusión
distinta.

54. De otro lado, la Sala también encuentra configurado un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, en la medida en que el Tribunal otorgó prevalencia
a una formalidad procesal —la fecha indicada por la parte actora en la narración
de los hechos de la demanda— sobre la realidad probatoria acreditada en el
expediente. Aunque el principio de congruencia impone al juez decidir dentro del
marco fijado por las pretensiones y los hechos de la demanda, dicho principio no

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puede aplicarse de manera mecánica o aislada hasta el punto de impedir la
valoración de pruebas válidamente incorporadas al proceso, especialmente
cuando estas permiten establecer con mayor precisión un hecho relevante para
la solución del litigio.

55. En este caso, la utilización de la fecha del 16 de julio de 2021 no suponía
modificar la pretensión ni variar la naturaleza de la controversia24. La demandante
reclamaba el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías parciales; el debate seguía referido al mismo acto ficto, al mismo
trámite administrativo, a la misma resolución de reconocimiento y al mismo pago
de la prestación. Lo que variaba era la constatación probatoria de un dato
temporal indispensable para aplicar correctamente la regla jurídica. Por ello,
valorar los documentos que acreditaban la radicación del 16 de julio de 2021 no
implicaba construir una nueva causa petendi ni conceder algo distinto de lo
pedido, sino verificar, a partir del expediente, cuál era la fecha real de iniciación
del trámite prestacional.

56. La Subsección considera que el Tribunal aplicó el principio de congruencia
con un rigor incompatible con la prevalencia del derecho sustancial. Al estimar
que no podía atender la fecha demostrada documentalmente porque la demanda
mencionó otra, convirtió una imprecisión formal de la parte actora en una barrera
para resolver el asunto conforme a la verdad procesal. Ese entendimiento
desconoce que el proceso judicial no tiene por finalidad preservar errores
formales cuando estos pueden ser superados a partir del material probatorio
regularmente incorporado, sino servir como instrumento para la realización de la
justicia material, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

57. En efecto, el Tribunal asumió que no podía analizar la controversia a partir de
la solicitud radicada el 16 de julio de 2021, por cuanto ello implicaría modificar la
causa petendi fijada por la demandante. No obstante, esta conclusión parte de
una comprensión excesivamente rígida de dicho principio, pues la determinación
de la fecha efectiva de radicación no constituye una alteración sustancial de los
hechos jurídicamente relevantes ni de la pretensión, sino la verificación de un
dato fáctico cuya precisión corresponde al juez, en ejercicio de su función de
valorar integralmente el material probatorio. En ese sentido, no se trata de
introducir un hecho nuevo ni de modificar el fundamento de la demanda, sino de
establecer correctamente la situación fáctica que da lugar a la reclamación.

58. Así, la corrección de una imprecisión en la narración de los hechos —cuando
existe prueba documental clara, objetiva y no controvertida— no vulnera el
principio de congruencia ni el derecho de defensa, en la medida en que no altera

24 De acuerdo con la Sentencia T-082 de 2023, la congruencia exige verificar, entre otros
aspectos, la naturaleza de las pretensiones formuladas, si la providencia recae sobre
materias no demandadas, debatidas o probadas y si durante el proceso se garantizó un
espacio de contradicción y defensa para las partes. En esa misma línea, la Corte Constitucional
ha señalado que este principio busca evitar decisiones sorpresivas que afecten el derecho de
contradicción, no impedir que el juez atienda los hechos demostrados en el proceso cuando estos
guardan relación directa con el objeto del litigio.

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el marco de la controversia ni introduce un elemento sorpresivo para la
contraparte. Por el contrario, desconocer esa realidad probatoria sí comporta una
afectación al debido proceso, en tanto impide que la decisión judicial se
fundamente en la verdad jurídica objetiva.

59. Así, el exceso ritual manifiesto se configura porque la autoridad judicial
sacrificó la solución sustancial del litigio en favor de una lectura rígida de la
demanda, pese a que contaba con pruebas oficiales que permitían esclarecer el
hecho determinante para resolver la controversia. Además, no se advierte que la
valoración de tales documentos afectara el derecho de defensa de las entidades
demandadas, pues fueron allegados por el propio Departamento de Antioquia y
versaban sobre el mismo trámite administrativo discutido durante el proceso. En
consecuencia, la providencia cuestionada desconoció la función instrumental de
las formas procesales y subordinó la efectividad de los derechos al
mantenimiento de una imprecisión formal, razón por la cual incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.

60. En síntesis, comoquiera que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico y en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al desconocer
pruebas determinantes para la solución del litigio y privilegiar una formalidad
sobre la verdad material acreditada en el expediente, la Sala amparará los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia de la señora Nedis María Suárez Santos.

61. Ahora bien, la Sala advierte que, en una oportunidad anterior25, conoció de
un asunto que, aunque guardaba similitud temática con el presente —por
referirse al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de
cesantías parciales de docentes—, presentaba diferencias relevantes en su
supuesto fáctico y probatorio. En esa ocasión, el señor Óscar Luis Lara Quintana,
actuando por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
tutela judicial efectiva y al principio pro homine.

62. En dicho asunto, el accionante afirmó que había presentado la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías parciales el 28 de octubre de 2021; sin
embargo, el acto administrativo de reconocimiento —Resolución No.
S2022060000760 del 14 de enero de 2022— dejó constancia expresa de que la
petición había sido radicada el 27 de diciembre de 2021. Con fundamento en esta
última fecha, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el pago
efectuado el 5 de marzo de 2022 no fue extemporáneo. Además, en ese caso, la
fecha consignada en el acto administrativo no fue controvertida oportunamente
por el interesado mediante los recursos administrativos procedentes.

25 Identificado bajo el radicado: 11001031500020250686101.

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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

63. El presente asunto se diferencia de ese precedente, porque en el caso de la
señora Nedis María Suárez Santos sí obran en el expediente documentos
oficiales que acreditan una fecha de radicación anterior a la asumida por el
Tribunal. En efecto, aunque la demanda mencionó el 19 de agosto de 2021, el
propio Departamento de Antioquia aportó el formato de solicitud y la hoja de
revisión del trámite prestacional, de los cuales se desprende que la solicitud de
cesantías parciales fue radicada el 16 de julio de 2021. Por tanto, a diferencia del
caso previamente decidido por la Sala, aquí no se trata simplemente de acoger
la fecha consignada en el acto administrativo no controvertido, sino de establecer
si el juez ordinario podía prescindir de pruebas documentales oficiales que daban
cuenta de la fecha real de radicación de la solicitud26.

64. En virtud de lo anterior, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y se ordenará a esa autoridad judicial que
profiera una nueva decisión en la que valore integralmente el material probatorio
obrante en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y con
observancia de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de justicia
material.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de Nedis María Suárez Santos.

SEGUNDO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la providencia del 3 de
octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En este sentido, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el
término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte sentencia de reemplazo en la cual valore integralmente el
material probatorio obrante en el proceso, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y con observancia de los principios de prevalencia del derecho
sustancial y de justicia material.

26 El precedente antes reseñado difiere del asunto objeto de estudio. En aquella oportunidad, la
controversia se circunscribió a determinar cuál debía tenerse como fecha de radicación de la
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales, ante la discrepancia existente entre la
fecha de presentación de la solicitud del pago de cesantías y la consignada en el acto
administrativo que reconoció la prestación, pues el tribunal de Antioquía primó la que se
encontraba en el acto administrativo. En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Antioquia
tomó como fecha de presentación el 19 de agosto de 2021, esto es, la fecha indicada por la
demandante en el escrito de la demanda, pese a que en el plenario se encontraba plenamente
demostrada la radicación inicial del 16 de julio de 2021. Así las cosas, en el caso del señor Oscar
Óscar Luis Lara Quintana se primó la fecha contenida en el acto administrativo que reconoció el
pago de las cesantías, en el presente caso prevaleció lo que se había expuesto en la demanda
máxime cuando había certeza que la fecha era el 16 de julio de 2021 y no el 19 de agostó de
2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02792-00
Accionante: Nedis María Suárez Santos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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