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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06879-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06879-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho al habeas data del señor Javier Ernesto Betancourt Valle. SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición del señor Javier Ernesto Betancourt en relación con la omisión por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio en dar trámite a la solicitud que elevó. En virtud de ello, ORDENAR lo siguiente: I. A la Fiscalía General de la Nación, efectuar el trámite que corresponda exclusivamente frente a la petición que le fue remitida por competencia el 2 de agosto de 2023 por parte del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao. II. A la Superintendencia de Industria y Comercio, llevar a cabo el trámite que corresponda exclusivamente frente a la solicitud que elevó el señor Betancourt Valle frente a dicha autoridad el 18 de septiembre de 2023. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00 TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, el Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, el Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06879-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06879-00
Accionante: JAVIER ERNESTO BETANCOURT VALLE
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho al habeas data y de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Consejo Superior de la Judicatura, de la Fiscalía General de
la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, del Juzgado 42 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y de la Superintendencia de
Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

Por auto del 5 de noviembre de 20251, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Javier Ernesto Betancourt Valle, en nombre propio, instauró
acción de tutela en contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía
General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, el Juzgado
42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la
Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de

1 Índice 4 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionados al Consejo Superior de la

Judicatura, la Fiscalía General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, el
Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Superintendencia de
Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales. A su vez, se ordenó
vincular como tercero con interés al Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA) y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610
del Código General del Proceso. Posteriormente, en auto del 21 de noviembre de 2025, se vinculó
al Juzgado 15 Penal Municipal Con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y al Centro de
Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá.

1
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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
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Datos Personales. Con la solicitud de amparo pretende que se le proteja sus
derechos fundamentales de petición, al habeas data, al buen nombre, a la honra
y al debido proceso.

2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión del registro de
un proceso de lavado de activos en su contra 2, en la página web de consulta de
procesos de la Rama Judicial, frente al cual asegura que nunca ha estado
vinculado. A su vez, cuestiona que pese a los traslados realizados por las
entidades accionadas a las peticiones que ha presentado, ninguna entidad ha
efectuado la corrección de la información que requirió.

3. En particular, el actor solicitó lo siguiente:

1. Amparar mis derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra,
petición y debido proceso.
2. Ordenar al CENDOJ y al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao eliminar
o corregir de inmediato la información que me asocia con un proceso penal por
lavado de activos.
3. Medida provisional: ocultar temporalmente la información o agregar nota
aclaratoria.
4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación certificar la inexistencia de proceso
penal vigente en mi contra.
5. Ordenar a la SIC ejercer vigilancia y control sobre la protección de mis datos
personales.
6. Disponer medidas de no repetición y verificación del cumplimiento del fallo.

1.2. Hechos

4. En el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial se encuentra publicada la información de un proceso penal3 que se
adelanta contra el señor Betancourt Valle por el delito de lavado de activos. La
última actuación registrada en dicho trámite cuenta con fecha del 18 de julio de
2019 y corresponde a la siguiente: «Grupo de Registro de Actuaciones REMITE
carpeta con 45 folios y 8 cd, al Archivo de Gestión en espera de impulso
procesal».

5. El 17 de julio de 2023, el actor elevó un memorial ante el Consejo Superior
de la Judicatura mediante el cual solicitó lo siguiente:

Que en cumplimiento de los principios de oportunidad, proporcionalidad y finalidad
que amparan el ejercicio del derecho fundamental del Habeas Data:

Se sirvan eliminar la información provista por ustedes en
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial, en la
cual se me señala como “demandado” dentro de un proceso penal por lavado de
activos, indicando con claridad, que no solo que no tengo procesos penales por
lavado de activos en Colombia y nunca los he tenido, sino que nunca he sido
denunciado o “demandado” por esa razón.

6. Mediante Oficio del 21 de julio de 2023, la presidencia del Consejo

2 Proceso identificado con el radicado 11001-60-000-96-2018-00277-00.
3 Ibidem.

2
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Superior de la Judicatura remitió por competencia la petición al Juzgado 42 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y al Grupo de
Correspondencia del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao.

7. Por medio de mensaje de datos remitido el 24 de julio de 2023, aquella
autoridad judicial remitió la solicitud por competencia al Juzgado 42 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento y le comunicó al actor lo siguiente:

le informo que el Juzgado procedió a verificar los radicadores de audiencias del
Despacho y el aplicativo Justicia Siglo XXI, estableciendo que NO HEMOS
REALIZADO, audiencia alguna relacionada con el proceso
110016000096201800277; no obstante en la caratula de la consulta del proceso,
figura anotación de que el proceso se encuentra a disposición del Despacho, al
parecer consiste en un error de digitación del Centro de Servicios Judiciales, ya
que la última actuación que se visualiza es la audiencia que resuelve una
apelación, realizada por el JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE
CONOCIMIENTO

8. A su vez, el 2 de agosto de 2023, el Centro de Servicios Judiciales del
Sistema Penal Acusatorio de Paloquemao remitió por competencia dicha petición
a la Fiscalía General de la Nación4. A su vez, le informó al señor Betancourt Valle
lo siguiente:

El traslado obedece a que para este centro de Servicios Judiciales NO es posible
despachar de manera favorable la solicitud elevada por el ciudadano como quiera
la carpeta 110016000096201800277 NI. 344465, se encuentra en el Grupo de
Archivo de Gestión en espera de Impulso Procesal.

9. Finalmente, el 18 de septiembre de 2023, el actor elevó una queja ante la
Superintendencia de Industria y Comercio en la que puso de presente dicha
situación y alegó que su solicitud no ha sido resuelta por ninguna de las
autoridades a las que se ha corrido traslado por competencia.

10. El actor alega que a la fecha de radicación de esta acción de tutela no se
ha dado tramite a su solicitud y la información sobre el proceso penal que se
adelanta en su contra sigue siendo de consulta pública en el Sistema de Consulta
de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial.

1.3. Sustento de la vulneración

11. El tutelante aseguró que el registro del proceso penal que se adelanta en
su contra en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama
Judicial corresponde a información falsa, puesto que en ningún momento ha sido
investigado por la comisión de algún delito. Al respecto, señaló que «de acuerdo
con la certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, no existe ni ha
existido en Colombia un proceso en contra del suscrito por lavado de activos»5.

4 La solicitud fue remitida a la siguiente dirección de correo electrónico:
Dirsec.bogota@fiscalia.gov.co
5 En relación con esta afirmación, se pone de presente que el señor Betancourt no allegó ningún

certificado o documento expedido por la Fiscalía General de la Nación.

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12. Alegó que, a pesar de la petición que elevó y de los traslados y
comunicación efectuados por las autoridades accionadas, su solicitud no se ha
tramitado y no se ha llevado a cabo la corrección de la información que solicitó,
por lo que el sistema web de consulta de la Rama Judicial «sigue mostrando una
asociación falsa con lavado de activos».

13. Sostuvo que dicha situación vulnera su derecho al habeas data y afecta
su buen nombre, reputación y vida profesional, al mantenerse información
errónea y sin soporte judicial vigente.

1.4. Intervenciones

14. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio solicitó
que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que, a su
juicio, los derechos fundamentales invocados no han sido vulnerados por esta
autoridad. A su vez, pidió que se niegue el amparo invocado, al no configurarse
ninguna transgresión de las garantías constitucionales del actor.

15. Puso de presente que, de conformidad con la información que reposa en
el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial, en contra del señor Javier
Ernesto Betancourt Valle se adelantó un proceso penal en el que se efectuaron
únicamente las audiencias preliminares. Agregó que la última actuación que se
registra es del 16 de julio de 2019 en la que el Juzgado 42 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento confirmó la decisión proferida por el Juzgado 15 Penal
Municipal con Función de Garantías mediante la cual se negó la solicitud al
defensor de declarar la ilegalidad de una audiencia de registro y allanamiento.
Agregó que, actualmente, las diligencias en el proceso se encuentran en espera
de impulso procesal, en el archivo de gestión del dicho centro de servicios
judiciales.

16. Argumentó que lo pretendido por el actor no tiene vocación de
prosperidad, dado que la solicitud de eliminar o corregir la información del
proceso únicamente puede ser ordenada por un juez de la República, lo que no
ha sucedido.

17. El Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Bogotá informó que el 16 de julio de 2019 confirmó la decisión proferida por el
Juzgado 15 Penal Municipal Con Función de Garantías de Bogotá que negó una
solicitud del defensor del señor Javier Ernesto Betancourt Valle, elevada en el
proceso penal que se adelanta en su contra. Añadió que la solicitud no es de
competencia del despacho, puesto que tal autoridad no se pronunció con
respecto al fondo del asunto. Finalmente, solicitó que se le desvinculara del
proceso en la medida en que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.

18. El Juzgado 42 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bogotá solicitó que se le desvinculara del presente asunto dado

4
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que no ha adelantado ninguna actuación en el proceso penal objeto de esta
acción constitucional. De tal forma, indicó que según las diligencias efectuadas
en dicho trámite, quien conoció del asunto fue el Juzgado 42 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá.

19. La Superintendencia de Industria y Comercio solicitó su desvinculación
por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que las
pretensiones de la acción son ajenas a sus competencias.

20. El Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Bogotá informó que el proceso penal con radicado 11001-60-000-96-2018-
00277-00 fue asignado por reparto a dicho despacho el 7 de junio de 2019 y que,
en dicha fecha, se negó una solicitud elevada por el apoderado del señor
Betancourt Valle en dicho proceso. Agregó que esta decisión fue apelada, motivo
por el cual se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para que se
tramitara el recurso de alzada. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso
de tutela al no haber vulnerado ningún derecho fundamental del actor.

1.5. Manifestación de impedimento

21. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 9 de
diciembre de 2025, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción
constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en la causal 1.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

22. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala
declaró infundada la causal, pues no se encontró́ acreditado el supuesto de
hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

23. La sala negará el amparo del derecho fundamental al habeas data, en la
medida en que no se acreditaron los elementos requeridos para la configuración
de su vulneración. Sin embargo, amparará el derecho fundamental de petición,
exclusivamente, en relación con la Fiscalía General de la Nación y la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela

24. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

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25. La Sala advierte que el señor Betancourt Valle está legitimado en la causa
por activa, puesto que es contra quien se adelanta el proceso penal de cuyo
registro público se predica la vulneración de su derecho al habeas data. A su vez,
es quien elevó la solicitud objeto de la presente acción constitucional. Por su
parte, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, el
Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la
Superintendencia de Industria y Comercio están legitimadas en la causa por
pasiva, pues son autoridades ante las cuales se elevó y remitió por competencia
la petición del actor. En tal medida, se negará la solicitud de desvinculación
elevada por estas autoridades en sus contestaciones.

26. Por su parte, los Juzgados 15 y 42 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bogotá solicitaron su desvinculación del presente
proceso. En relación con el juzgado 15, se negará la solicitud, en la medida en
que su vinculación tuvo como fundamento el haber conocido del proceso penal
cuyo registro público es objeto de la presente controversia constitucional. De
igual forma, la petición del juzgado 42 será negada, en la medida en que esta
autoridad llevó a cabo actuaciones relacionadas con la solicitud objeto de esta
acción constitucional, motivo por el cual fue vinculada en calidad de tercero con
interés.

27. En relación con el requisito de subsidiariedad, el artículo 86 de la
Constitución Política, reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, establece que la acción de tutela procederá únicamente cuando
el afectado no disponga de otro mecanismo judicial para la defensa de sus
derechos, salvo que sea utilizado como un mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. Esto implica que cuando una persona acude a la
administración de justicia, no puede desconocer los mecanismos judiciales
ordinarios contemplados en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de
tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un
determinado asunto radicado bajo su competencia.

28. De conformidad con lo anterior, la sala considera que este requisito se
encuentra acreditado, en la medida en que la parte actora no cuenta con otro
mecanismo judicial idóneo para la protección de sus derechos fundamentales,
atendiendo a las particularidades del caso en concreto, motivo por el cual es
necesario un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional.

29. Por último, se cumple con el requisito de inmediatez puesto que la
presunta vulneración de las garantías fundamentales del actor se ha prolongado
en el tiempo debido a la falta de trámite de su solicitud y el registro público del
proceso penal que se adelanta en su contra, según la información depositada en
el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial.

2.1.2. No se acreditó la vulneración del derecho al habeas data del actor

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30. El artículo 15 superior elevó a rango constitucional el derecho al habeas
data en los siguientes términos:

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad
y demás garantías consagradas en la Constitución.

31. De acuerdo con la Corte Constitucional6, este derecho tiene como finalidad
la protección del dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de
asociar determinado contenido a una persona natural en concreto.

32. Por su parte, el Alto Tribunal7 ha destacado que entre el titular de la
información y el dato personal existe un nexo inquebrantable y que, en tal sentido,
el derecho fundamental al habeas data le otorga la prerrogativa de exigir al
administrador de las bases de datos el acceso, inclusión, exclusión o supresión,
corrección, actualización, adición y certificación de tal información, así como la
limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de tales datos,
de conformidad con los principios que rigen el proceso de administración de
bases de datos personales.

33. De igual forma, la Corte8 ha establecido que el derecho a exigir que se
excluya o suprima una información que reposa en una base de datos, puede
entrar en tensión con otros derechos, principios, bienes o intereses relevantes
para el conjunto de la sociedad, como por ejemplo la publicidad de las
actuaciones judiciales, la transparencia o la operatividad del sistema procesal
penal acusatorio. Para resolver de manera adecuada dichas tensiones, la
jurisprudencia constitucional ha considerado relevante para establecer la mayor
o menor necesidad de protección, la siguiente clasificación9:

i. Información pública o de dominio público: se refiere a la información
que puede ser obtenida sin reserva alguna, aun cuando se trate de
información general, privada o personal.
ii. Información semiprivada: corresponde a los datos que no tienen una
naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no solo a su titular sino a determinado
sector, grupo d personas o a la sociedad en general.
iii. Información privada: aquellos datos que por su naturaleza íntima o
reservada, solo es relevante a su titular. Su acceso únicamente puede
ser mediante orden de autoridad judicial.

6 Sentencias SU-458de 2012, T-398 de 2023 y T125 de 2025.
7 Al respecto, ver: sentencias T-729 de 2002 y SU-139 de 2021.
8 Sentencia T-509 de 2020 y T 125 de 2025.
9 Sentencia T-203 de 2025.

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34. A su vez, el Alto Tribunal10 ha previsto que, de conformidad con el artículo
74 constitucional, por regla general, el acceso a los documentos públicos es un
derecho del que gozan todas las personas y cualquier restricción de acceso debe
ser establecido por el legislador. En relación con las actuaciones judiciales, el
fundamento de su publicidad está en el artículo 228 de la Constitución, que
dispone que la administración de justicia es una función pública y sus actuaciones
deben ser públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley.
Según dicha Corporación, tal publicidad es una garantía al debido proceso y
permite la materialización del derecho de acceso a la información pública, por lo
que se concreta con el deber de los jueces en los procesos de dar a conocer a
las partes y otros sujetos procesales las actuaciones judiciales.

35. De igual forma, la Corte11 ha sostenido que, en virtud de los artículos 74 y
228 superiores, las actuaciones judiciales deben ser puestas en conocimiento de
la comunidad en general, por lo que los ciudadanos tienen derecho a enterarse
de las decisiones adoptadas por la justicia. El Alto Tribunal ha señalado que esto
contribuye al principio de transparencia que debe regir el actuar judicial y
establece las condiciones necesarias para el derecho a controlar el ejercicio del
poder.

36. Ello también se predica de los procesos penales, puesto que el artículo 18
de la Ley 906 de 2004 prevé que la actuación procesal penal será pública y
tendrán acceso a ella la comunidad en general, además de los intervinientes y
los medios de comunicación. Por tanto, dicha Corporación12 ha reiterado la regla
general es que las decisiones judiciales en estos procesos pueden ser objeto de
consulta por cualquier persona, salvo que exista alguna reserva legal que lo
impida.

37. Al respecto, la Corte Constitucional también ha precisado que la publicidad
puede entrar en tensión con los derechos fundamentales del procesado a la
honra, al buen nombre y al habeas data, debido a la estigmatización que conlleva
la vinculación a los procesos penales13. En este tipo de casos, el alto tribunal ha
sostenido que «Cuando las actuaciones deban tener una amplia circulación,
como la orden de captura, se preferirá la garantía del derecho de publicidad. En
cambio, cuando la exposición de la información ha dejado de ser relevante para
las finalidades del proceso penal, la tensión debe resolverse a favor de los
derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y el habeas data»14.

38. Así mismo, es necesario advertir que una actuación judicial en un proceso
penal no tiene la misma naturaleza de un antecedente penal, en la medida en
que estos últimos, según el artículo 248 constitucional, hacen referencia

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.

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únicamente a las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma
definitiva15.

39. Los antecedentes penales son datos personales de naturaleza negativa,
dado que tienen la virtualidad de asociar una situación o circunstancia
determinada con una persona en concreto y tienen la potencialidad de ser
perjudiciales y desfavorables a nivel social. En tal sentido, ha sostenido la Corte16
que estos pueden ser clasificados como semiprivados, debido a que su acceso,
incorporación a bases de datos y divulgación es limitado y un tercero puede tener
conocimiento de la integralidad del dato mientras medie un interés constitucional
y legalmente reconocido.

40. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que en el presente asunto no
se acreditó la vulneración del derecho al habeas data del señor Betancourt Valle
en la medida en que el actor no probó que la información sobre las actuaciones
surtidas en el proceso penal sea falsa, imprecisa o incorrecta, y, precisamente
por esa razón, no se advierte por qué, en un ejercicio de ponderación, deba
restringirse el principio de publicidad de la actuación penal en curso.

41. Si bien el actor aseguró que en su contra no se ha adelantado ningún
proceso penal por la comisión de algún delito, lo cierto es que, en sus
intervenciones, el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá y el Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá dieron cuenta de las actuaciones que adelantaron en el
trámite surtido por la presunta comisión del tipo penal de lavado de activos por
parte del señor Betancourt Valle, identificado con el radicado 11001-60-000-96-
2018-00277-00. En tal sentido, informaron que en dicho proceso se negó en
primera y segunda instancia una solicitud elevada por el apoderado del
denunciado.

42. Dicha información puede ser corroborada en el Sistema de Consulta
Unificada de la Rama Judicial, en el que reposa la siguiente información de dicho
proceso y de los sujetos procesales:

15 Ibidem.
16 Sentencia SU-458 de 2012.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

43. A su vez, en relación con las actuaciones adelantadas por las autoridades
judiciales referenciadas con antelación, reposa la siguiente información:

44. Como puede percibirse de esta captura de pantalla, la última actuación
que registra el proceso tuvo lugar el 16 de julio de 2019, la cual consistió en la
remisión por parte del «Grupo de Registro de Actuaciones» del expediente al
«Archivo de Gestión en espera de impulso procesal». Esta información también
fue corroborada en las intervenciones de los juzgados mencionados con
antelación y del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

45. Finalmente, si bien el tutelante hizo referencia en el escrito inicial a un
certificado de la Fiscalía General de la Nación, según el cual, en su contra no se
ha adelantado ningún proceso penal, dicho documento no fue allegado al
expediente de esta acción constitucional, motivo por el cual no se cuenta con un
principio de prueba que permita tener por cierta tal afirmación.

46. En virtud de lo anterior, los errores o la falsedad de la información pública
sobre el proceso penal con radicado 11001-60-000-96-2018-00277-00 que, de
conformidad con dicho sistema de consulta web, se adelanta contra el actor,
corresponden a simples afirmaciones traídas a colación en la acción de tutela,
las cuales carecen de soporte o prueba que las respalden. Por el contrario, tal
como se ha puesto de presente, es posible concluir que contra el señor
Betancourt Valle se adelanta un proceso penal cuya última actuación tiene fecha
del 16 de julio de 2019.

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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06879-00

47. En dicha medida, dada la naturaleza de información pública con la que
cuenta el registro de este tipo de actuaciones judiciales, cuya veracidad no fue
desvirtuada, no es posible acceder al amparo del derecho al habeas data y dictar
alguna orden tendiente a su corrección o exclusión de la base de datos de
consulta dispuesta por la Rama Judicial. Por tanto, el amparo invocado en
relación con esta garantía constitucional será negado.

48. Ahora bien, se advierte que la petición elevada el 17 de julio de 2023 por
el actor ante el Consejo Superior de la Judicatura, fue sometida a múltiples
remisiones por competencia, de las cuales se acreditó que el último traslado se
efectuó a la Fiscalía General de la Nación, tal como puede apreciarse en la
siguiente captura de pantalla extraída de las pruebas allegadas por el interesado:

49. En efecto, el 2 de agosto de 2023, el Centro de Servicios Judiciales de
Paloquemao remitió por competencia la solicitud elevada por el actor a la Fiscalía
General de la Nación. A pesar de que esta autoridad fue debidamente vinculada
al proceso, guardó silencio, motivo por el cual no se acreditó que se hubiera dado
el trámite respectivo a la solicitud, tal como fue puesto de presente por el actor.
Por tanto, con fundamento en el principio de veracidad dispuesto en el artículo
2017 del Decreto 2591 de 1991, se amparará el derecho de petición del señor
Betancourt Valle con el fin de que esta autoridad lleve a cabo el trámite que
corresponda en relación con la petición que le fue trasladada el 2 de agosto de
2023.

50. Por su parte, el tutelante acreditó que el 18 de septiembre de 2023, elevó
una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la que puso de
presente la situación relacionada con la información que registra con respecto al
proceso penal adelantado en su contra y alegó que su solicitud no ha sido

17 Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se

tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa.

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resuelta por ninguna de las autoridades a las que se ha corrido traslado por
competencia. Ello se acreditó mediante el siguiente documento aportado por el
actor en su escrito inicial:

51. A pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio intervino en
el presente asunto, no hizo referencia alguna a tal solicitud radicada el 18 de
septiembre de 2023 y tampoco acreditó haberle dado trámite alguno, puesto que
en el informe que rindió se limitó a afirmar que carece de competencia para
tramitar las pretensiones formuladas. Por tanto, se concluye que esta autoridad
vulneró el derecho de petición del actor y, por tanto, se amparará dicha garantía
constitucional con el fin de ordenarle que surta el trámite que corresponda frente
a aquella solicitud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho al habeas data del señor Javier
Ernesto Betancourt Valle.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición del señor Javier Ernesto
Betancourt en relación con la omisión por parte de la Fiscalía General de la
Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio en dar trámite a la solicitud
que elevó. En virtud de ello, ORDENAR lo siguiente:

I. A la Fiscalía General de la Nación, efectuar el trámite que corresponda
exclusivamente frente a la petición que le fue remitida por competencia
el 2 de agosto de 2023 por parte del Centro de Servicios Judiciales de
Paloquemao.

II. A la Superintendencia de Industria y Comercio, llevar a cabo el trámite
que corresponda exclusivamente frente a la solicitud que elevó el señor
Betancourt Valle frente a dicha autoridad el 18 de septiembre de 2023.

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TERCERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Centro de
Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, el Juzgado 42 Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, el Juzgado 42 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el Juzgado 15 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y la Superintendencia
de Industria y Comercio.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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