Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06879-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06879-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06879-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06879 01
Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Derecho de petición y habeas data
Decisión: Confirma la sentencia impugnada. No se acredita la
vulneración del derecho fundamental al habeas data
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra el fallo de tutela
proferido el 11 de diciembre de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental al habeas data y se
concedió la protección del derecho fundamental de petición.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Javier Ernesto Betancourt Valle, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado 42 Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación – Dirección
Especializada contra el Lavado de Activos y la Superintendencia de Industria y Comercio
– Delegatura para la Protección de Datos Personales.
Como pretensiones de la acción, se señalaron las siguientes1:
1. Amparar mis derechos fundamentales al hábeas data, buen nombre, honra,
petición y debido proceso.
2. Ordenar al CENDOJ y al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao eliminar
o corregir de inmediato la información que me asocia con un proceso penal por
lavado de activos.
3. Medida provisional: ocultar temporalmente la información o agregar nota
aclaratoria.
4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación certificar la inexistencia de proceso
penal vigente en mi contra.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06879 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06879 01
Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
5. Ordenar a la SIC ejercer vigilancia y control sobre la protección de mis datos
personales.
6. Disponer medidas de no repetición y verificación del cumplimiento del fallo.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante adujo que en el portal de consulta de procesos de la Rama Judicial aparece
vinculado a un proceso penal por lavado de activos, pese a que, según certificación
expedida por la Fiscalía General de la Nación, no existe ni ha existido en su contra
actuación penal alguna por ese delito.
Indicó que, mediante petición del 14 de julio de 2023, solicitó al Centro de Documentación
Judicial2 del Consejo Superior de la Judicatura la eliminación o corrección de dicha
información; sin embargo, la entidad respondió de manera desfavorable.
Señaló que el 21 de julio de 2023 la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Oficio PCSJ023-786, trasladó su solicitud al Juzgado 42 Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá.
Expuso que el 24 de julio de 2023 el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao
informó que el proceso no había tenido audiencia alguna ante ese despacho y que la
inclusión de su nombre podría obedecer a un error de digitación, razón por la cual remitió
su solicitud al Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento y al propio
Centro de Servicios Judiciales.
Agregó que el 2 de agosto de 2023 el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao,
mediante Oficios RU-9009 y RU-90010, le informó que el expediente con radicado 11001
60 00 096 2018 00277 se encontraba inactivo; no obstante, su información continuaba
publicada en el portal de consulta.
Manifestó que el 18 de septiembre de 2023 presentó queja ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, sin que, a la fecha de interposición de esta acción, se hubiera
adoptado decisión alguna.
Finalmente, sostuvo que esta situación vulnera su derecho fundamental al habeas data
y afecta su buen nombre, reputación y vida profesional, al mantenerse información
errónea y carente de soporte judicial vigente.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 31 de octubre de 20253 y correspondió por reparto a la
Sección Quinta de esta Corporación que, por auto de 5 de noviembre de 20254 la admitió,
2 En adelante CENDOJ.
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06879 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.11001
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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
negó la medida provisional y dispuso notificar5 al Consejo Superior de la Judicatura, a la
Fiscalía General de la Nación – Dirección Especializada de Lavado de Activos, al Juzgado
42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y la Superintendencia de
Industria y Comercio – Delegatura para la Protección de Datos Personales, como partes
accionadas; así como vincular al Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como terceros con interés en las
resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, para que informara si el accionante figura como parte dentro del
proceso penal con radicado número 11001 60 000 96 2018 00277 00.
3.2. Mediante providencia de 21 de noviembre de 20256, se vinculó al Juzgado 15 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá y al Centro de Servicios
Judiciales de Paloquemao de Bogotá.
3.3. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá7 allegó
informe donde solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, pues a su juicio, no ha incurrido en acción u omisión alguna que conduzca a la
vulneración alegada por el accionante.
Adujo que, no ha vulnerado derecho alguno del accionante, pues carece de competencia
para eliminar o corregir la información publicada, ya que dicha actuación solo puede
realizarse por orden expresa de un juez de la República; en consecuencia, considera que
la acción de tutela debe negarse, al no existir vulneración y contar el actor con otros
mecanismos ordinarios de defensa.
3.4. El Juzgado 42 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá8 solicitó
su desvinculación, en razón a que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados
por el accionante.
Indicó que no tiene competencia para ordenar el ocultamiento de la información solicitada
por el accionante, porque la providencia emitida dentro del proceso penal no fue una
decisión de fondo ni puso fin a la actuación, sino que se limitó a resolver un recurso
relacionado con la legalidad de una audiencia y la exclusión de pruebas.
3.5. El Juzgado 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá9
en su informe solicitó su desvinculación por cuanto:
Una vez examinados los archivos de este Juzgado, así como los anexos de la
acción constitucional, debe reiterar este Juzgado lo contestado al ahora
accionante en el mensaje electrónico del 24 de julio de 2023 que él mismo adjunta,
5 Esta orden se cumplió el 7 de noviembre de 2025. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.11001 03 15 000 2025 06879 00.
6
Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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7
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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8
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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9
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
esto es, que pese a que en la consulta del proceso aparece como si fuera este
Juzgado quien lo tramita, lo cierto es que ante esta autoridad no se ha
adelantado ninguna diligencia, lo que incluso se puede confrontar del historial
del proceso en la página web la Rama Judicial.
Aunado a lo anterior, se reitera, de la simple consulta de las actuaciones, se
avizora que la última de ellas emana del Juzgado 42 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá, por lo que solicito se le vincule a esa
autoridad al presente trámite.
3.6. La Superintendencia de Industria y Comercio10 allegó escrito mediante el cual solicitó
su desvinculación del presente trámite, por falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que carece de competencia para conocer del asunto controvertido.
3.7. El Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías11 presentó
contestación en la cual solicitó su desvinculación al considerar no haber vulnerado ningún
derecho fundamental del accionante.
Indicó que, de la revisión del sistema Siglo XXI, los libros del despacho y el correo
institucional, se constató que la carpeta identificada con CUI 11001 60 000 96 201800277
00, NI 344465, registra lo siguiente:
[…]fue repartida a este Juzgado el pasado 07 de junio de 2019, audiencias
programadas solicitudes especiales art 98. Exclusión de evidencias y devolución
de bienes. Delito: LAVADO DE ACTIVOS ART 323 C.P.
Se dio inicio a las audiencias el día 7/06/2019, el defensor solicitante de la
audiencia. “Solicita exclusión de evidencias y devolución de bienes.
“DECISION DEL DESPACHO: Escuchada la solicitud y sustentación de elevada
por el defensor se niega la solicitud impetrada. defensa apela la decisión.
Se devuelve la carpeta física de manera íntegra al centro de servicios judiciales
de Paloquemao para que se envié al grupo de reparto conocimiento, para que sea
repartida al juzgado penal del circuito con función de conocimiento que conozca
del recurso de alzada.
el 16/07/2019. el juzgado 42 penal del circuito resolvió confirmar la decisión
proferida por el juzgado. 15 penal municipal con función de control de garantías
celebrada el 07/06/2019, mediante la cual se negó la solicitud del defensor, de
declarar ilegal la audiencia de registro y allanamiento y de manera subsidiaria
excluir de evidencia y devolución de bienes.
Es de anotar que este juzgado devolvió la carpeta física de manera íntegra con
los CDS al centro de servicios de Paloquemao, como ya se mencionó, no
poseyendo este juzgado la carpeta ya los juzgados de garantías, una vez
realizadas las audiencias preliminares, no se quedan con estas se devuelven para
su correspondiente tramite, máxime que para la época año 2019, las audiencias
se realizaban en sala y se manejaban las carpetas físicas, se grababan estas en
CDS el mismo día de la audiencia.
10
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 06879 00.
11
Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
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Por lo anterior el juzgado no posee la carpeta del proceso.
3.8. El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General del Nación y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de diciembre de
2025, negó la tutela del derecho al habeas data y amparó el derecho de petición del
accionante.
Sostuvo que sí existe un proceso penal adelantado contra el accionante por el delito de
lavado de activos, según la información oficial registrada en el Sistema de Consulta
Unificada de la Rama Judicial y lo informado por los juzgados intervinientes, y que el actor
no aportó prueba que desvirtúe esa información; por tanto, no es posible amparar el
derecho al habeas data ni ordenar la corrección o eliminación del registro público.
Concluyó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Superintendencia de
Industria y Comercio vulneraron el derecho de petición del accionante, al no acreditar que
hubieran dado trámite o respuesta a las solicitudes que les fueron trasladadas; en
consecuencia, amparó dicho derecho y ordenó a dichas entidades adelantar el trámite
correspondiente.
5. IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó el numeral primero de la sentencia de primera instancia, mediante
el cual se negó el amparo del derecho fundamental al habeas data. En su escrito sostuvo
que dicha decisión omitió ponderar la relevancia actual de la exposición pública, abierta
e indefinida del dato personal, pese a la ausencia de impulso procesal durante varios
años.
Adujo que la pretensión constitucional no versa sobre antecedentes penales, sino sobre
la corrección de la presentación inexacta, descontextualizada y desactualizada del dato
personal negativo publicado.
En consecuencia, solicitó revocar el numeral primero del fallo de tutela y ordenar la
corrección, actualización y contextualización del registro público, así como conceder la
protección reforzada del derecho fundamental de petición.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
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concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. El 17 de julio de 2023, el accionante presentó derecho de petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, con el fin de que:
Se sirvan eliminar la información provista por ustedes en
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial, en
la cual se me señala como “demandado” dentro de un proceso penal por lavado
de activos, indicando con claridad, que no solo que no tengo (sic) procesos
penales por lavado de activos en Colombia y nunca los he tenido, sino que nunca
he sido denunciado o “demandado” por esa razón.
6.2.2. Mediante correo electrónico del 24 de julio de 2023, el Consejo Superior de la
Judicatura dio respuesta y remitió la petición al Juzgado 42 Penal Municipal con Función
de Control de Garantías de Bogotá.
6.2.3. Asimismo, mediante correo electrónico de la misma fecha, el referido Juzgado
respondió la solicitud elevada por el accionante y la remitió al Juzgado 42 Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, al “Apoyo Secretarial de Bogotá-
Paloquemao” y a la “Recepción Juzgados- Paloquemao- Seccional Bogotá”.
6.2.4. El Grupo de Recepción de Juzgados del Centro de Servicios Judiciales de
Paloquemao, mediante Oficio RU-9009 del 2 de agosto de 2023, respondió la solicitud
del accionante en los siguientes términos:
Al respecto, me permito informarle que revisado el aplicativo para la Rama Judicial
Justicia XXI, se observa que efectivamente cursa el proceso de la referencia
seguido en su contra por el delito de Lavado de activos. El proceso se encuentra
en el grupo de Archivo de Gestión en espera de impulso procesal, cuya
investigación se encuentra en la etapa preliminar con diligencias reservadas.
Por tal razón se corre traslado de su petición a la Oficina de Asignaciones de la
Fiscalía General de la Nación, para que sea direccionado a la siguiente FISCALÍA:
al correo Dirsec.bogota@fiscalia.gov.co.
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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En consecuencia, se remitió el derecho de petición a la Oficina de Asignaciones de la
Fiscalía General de la Nación.
6.2.5. De la búsqueda efectuada en el portal de Consulta de Procesos de la Rama
Judicial, se observa la siguiente información respecto del proceso con radicado núm.
11001 60 000 96 2018 00277 00:
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
De la lectura del escrito de impugnación el accionante señaló lo siguiente:
Impugno específicamente el numeral PRIMERO del fallo, mediante el cual se negó
el amparo del derecho fundamental al habeas data, y solicito que la decisión sea
modificada en el sentido de AMPARAR los derechos fundamentales al habeas
data, buen nombre, honra y debido proceso, impartiendo órdenes claras,
materiales y verificables orientadas a la corrección, actualización y adecuada
contextualización de la información publicada en el sistema de consulta de
procesos de la Rama Judicial.
Por su parte, el juez de tutela de primera instancia consideró que en el presente caso se
encontraban acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
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Señaló que el actor estaba legitimado en la causa por activa, en tanto es la persona contra
quien se adelanta el proceso penal cuyo registro público se señala como vulnerador de
su derecho fundamental al habeas data.
Indicó, además, que el accionante no dispone de otro mecanismo judicial idóneo para la
protección de sus derechos y que la presunta vulneración alegada se ha prolongado en
el tiempo, debido a la falta de trámite de su solicitud y a la permanencia del registro
público del proceso penal adelantado en su contra, conforme a la información consignada
en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama Judicial.
No obstante, concluyó que no se acreditó la vulneración del derecho invocado, en la
medida en que el actor no demostró que la información publicada sobre el proceso penal
fuera falsa, inexacta o desactualizada. Por el contrario, se constató la existencia del
proceso en los registros judiciales, los cuales tienen naturaleza pública y se encuentran
amparados por el principio constitucional de publicidad de las actuaciones judiciales.
En consecuencia, al no haberse desvirtuado la veracidad del dato ni existir prueba que
justificara restringir su divulgación, consideró improcedente ordenar su corrección o
eliminación.
En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si la decisión de primera instancia
debe confirmarse, modificarse o revocarse, al negar el amparo del derecho fundamental
al habeas data del accionante respecto de la información relativa al proceso penal
identificado con el radicado núm. 11001 60 000 96 2018 00277 00.
6.3.1. Derecho fundamental al habeas data y su armonización con el principio de
publicidad
El ordenamiento jurídico constitucional16 prevé el habeas data como un derecho
fundamental en virtud del cual toda persona puede acceder a la información que repose
sobre ella en archivos o bases de datos, así como solicitar su actualización o rectificación,
especialmente cuando su contenido pueda incidir en su honra, buen nombre o en sus
oportunidades laborales y sociales.
Este derecho comprende, además, la potestad de exigir que el tratamiento de los datos
personales se ajuste a criterios de veracidad, necesidad y proporcionalidad, lo que implica
la posibilidad de oponerse a su recolección, conservación o difusión cuando la
información resulte desactualizada, inexacta o carezca de justificación frente a la finalidad
legítima del respectivo registro.
En el ámbito penal, esta garantía adquiere particular relevancia, pues la permanencia y
divulgación en bases de datos públicas de la Rama Judicial o en sistemas como el SPOA
de la Fiscalía, de registros relacionados con actuaciones penales concluidas, precluidas,
archivadas, extinguidas por cumplimiento de la pena o incluso sin sentencia
condenatoria, puede traducirse en una afectación continua del buen nombre y en un
obstáculo para la reintegración social y laboral del individuo. Ello ocurre en la medida en
16 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.
[…]
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución.”
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que la simple consulta de su identidad lo mantiene vinculado indefinidamente a hechos
delictivos ya superados.
En relación con este asunto, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha
fijado parámetros respecto de la aplicación del derecho fundamental al habeas data,
precisando que aquél17:
[...]“busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad
de asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto”. Este
derecho faculta a la persona para: (i) conocer o acceder a la información que está
recolectada en las bases de datos sobre sí mismo; (ii) incluir nuevos datos, con el
fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii) actualizar la información
existente; (iv) exigir la corrección de la información y, bajo ciertos presupuestos,
(v) exigir que se excluya o suprima la información que reposa en las bases de
datos.
[…]
Este último derecho, en particular, puede entrar en tensión con otros derechos,
principios, bienes o intereses relevantes, como la publicidad de las actuaciones
judiciales, la transparencia, el debido proceso, la participación democrática, el
ejercicio de los derechos políticos o, incluso, “la operatividad del sistema procesal
penal de corte acusatorio”.
Adicionalmente, el Alto Tribunal Constitucional18 ha indicado que, las actuaciones
judiciales, incluidas las penales, están regidas por el principio constitucional de
publicidad, previsto en los artículos 74 y 228 de la Constitución, el cual garantiza el debido
proceso, la transparencia judicial y el derecho ciudadano a acceder y controlar la
información sobre las decisiones adoptadas por la administración de justicia, salvo las
excepciones legales.
Asimismo, la regulación vigente sobre la publicación de información en el portal web de
la Rama Judicial y en sus sistemas tecnológicos parte del principio constitucional de
publicidad de las actuaciones judiciales y del deber de modernización digital del servicio
de justicia; sin embargo, dicha publicidad no es absoluta, pues debe armonizarse con la
protección de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al habeas
data19.
De igual manera se ha señalado que, el legislador y el Consejo Superior de la Judicatura
han establecido un sistema institucional que asigna responsabilidades específicas en la
administración, actualización y control de la información publicada, con el CENDOJ como
administrador principal del portal y los despachos judiciales como administradores
secundarios, imponiendo además el deber de cumplir estrictamente las reglas de
tratamiento de datos personales previstas en la Ley 1581 de 2012 y en la jurisprudencia
constitucional20.
En consecuencia, el modelo actual de publicación judicial en medios digitales exige una
ponderación permanente entre transparencia y protección de datos personales, bajo
17 Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2025, M.P. Miguel Polo Rosero. Sobre el particular, esta
sección se ha pronunciado al respecto en anterior oportunidad. Ver expediente 11001 03 15 000 2025
06109 00, sentencia de 7 de noviembre de 2025, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
reglas claras de responsabilidad institucional y con sujeción a los principios
constitucionales que gobiernan el tratamiento de información personal21.
6.3.2. Caso concreto
En atención a lo expuesto, la Sala concluye, como bien lo señaló el juez de tutela de
primera instancia, que en el presente asunto no se acreditó la vulneración del derecho
fundamental al habeas data del señor Betancourt Valle, toda vez que no demostró que la
información registrada respecto de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal
fuera falsa, inexacta o desactualizada. En consecuencia, no se advierten razones que,
en el marco de un ejercicio de ponderación constitucional, justifiquen restringir el principio
de publicidad que ampara las actuaciones penales en curso.
Si bien el actor afirmó que en su contra no se ha adelantado proceso penal alguno, lo
cierto es que el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá y el Juzgado 42 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá
informaron sobre las actuaciones desplegadas dentro del trámite identificado con el
radicado núm. 11001 60 000 96 2018 00277 00, seguido por la presunta comisión del
delito de lavado de activos. De igual forma, precisaron que en dicho proceso fue resuelta,
en primera y segunda instancia, una solicitud presentada por el apoderado del aquí
accionante.
Ahora bien, de la búsqueda realizada en el Sistema de Consulta Unificada de la Rama
Judicial se observa lo siguiente respecto del precitado expediente 2018-002747-00:
21 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2025 06879 01
Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
De lo anterior se advierte que tanto la información relativa a las partes como las
actuaciones procesales registradas en el sistema se encuentran sujetas a restricciones
de acceso. En ese sentido, la circunstancia que el accionante identifica como generadora
de la presunta vulneración del derecho al habeas data carece de sustento actual, pues el
expediente y su contenido no se encuentran disponibles para consulta pública.
Así, al no evidenciarse una divulgación abierta o indiscriminada de los datos personales
del actor, ni una circulación que exceda los límites constitucionales y legales del principio
de publicidad judicial, no se configura la afectación alegada. Por el contrario, la
información permanece bajo los parámetros de reserva y control institucional propios del
trámite penal.
En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó la vulneración del derecho
fundamental al habeas data del accionante y, por tanto, confirmará la sentencia de tutela
de 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.
Finalmente, en lo concerniente a la solicitud de “reforzar” el amparo del derecho
fundamental de petición, la Sala no emitirá pronunciamiento adicional, toda vez que en el
escrito de impugnación no se desarrolló argumentación alguna orientada a cuestionar o
modificar la orden impartida por el juez de tutela de primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06879 01
Accionante: Javier Ernesto Betancourt Valle
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 5 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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