Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO
TESIS: OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PENALES.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN
RELACIÓN CON UN EXPEDIENTE. SE DECLARA LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A OTRO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y HABEAS DATA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1, la UNIDAD DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA2, el CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN JUDICIAL3 y los JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
1
En adelante DEAJ.
2
En adelante UTDI.
3
En adelante CENDOJ.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00
Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS, SEGUNDO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA y OCTAVO
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, a través de
apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al habeas data, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por la DEAJ, la UTDI, el CEDOJ y los
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE GUADUAS, SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE ANTIOQUIA y OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por no haber eliminado y/u ocultado
del aplicativo web de consulta de procesos de la Rama Judicial los
adelantados en su contra junto con sus datos personales.
I.2.- Hechos
Indicó que cumplió las condenas que le fueron impuestas dentro de
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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO
los procesos penales identificados con los números únicos de
radicación 2013-00019-00 y 2019-00010-00, no obstante, en el
sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, no ha sido
ocultada la información que lo relaciona frente a dichos expedientes.
Adujo que el 8 de agosto de 2025, solicitó al JUZGADO OCTAVO DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN el ocultamiento de su información que reposa dentro del
proceso identificado con el número único de radicación 2013-00019-
00, no obstante, previo a resolver, esta autoridad requirió a los
juzgados de ejecución de penas del municipio de Guaduas, para que
informaran sobre la extinción de la pena, sin que a la fecha haya
decidió de fondo la petición.
Explicó que, a través de auto de 2 de septiembre de 2025, el
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MEDELLÍN ordenó el ocultamiento de la
información contenida en la página web de la Rama Judicial respecto
del proceso 2019-00010-00, sin embargo, este aún tiene información
pública relacionada con otras autoridades judiciales.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO
Adujo que, comoquiera que ya cumplió las condenas que le fueron
impuestas, el tratamiento público de su nombre debe limitarse,
porque lo contrario permitiría perpetuar estigmas laborales y
sociales.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…]Se le solicita de forma respetuosa al honorable juez de
tutela que se estudie la posibilidad por medio del CENDOJ
es el administrador del portal web www.ramajudicial.gov.co
Quien tiene el manejo de registro de personas, se logre
corregir y ocultar el registro en la consulta de la rama
judicial que está perjudicando al señor JEISON EUCLIDES
SÁNCHEZ HENAO CC No 1.017.154.126 de Medellín. Ya que
cada momento que es verificado en dicho sistema sigue
apareciendo el nombre del mencionado y no aparece el
registro de cedula de la persona pese que ya está
totalmente extinguida las penas (sic) […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El CENDOJ se opuso a la prosperidad de la acción de tutela,
por cuanto carece de competencia para atender la solicitud de
ocultamiento y/o modificación de información en la Consulta Nacional
Unificada de Procesos Judiciales.
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Anotó que, conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA11-9109 de
2011, actúa como administrador funcional del portal web de la Rama
Judicial y se encarga de garantizar el espacio para la publicación de
información administrativa y judicial, pero no interviene en el registro
y/o modificación de datos procesales, los cuales son ingresados
directamente por los despachos judiciales y corporaciones a través
del sistema justicia Siglo XXI.
Precisó que la información visible en la consulta pública es un reflejo
de los registros efectuados por los juzgados competentes, y que el
portal cumple una función de publicidad y transparencia en atención
a lo previsto en los artículos 228 de la Constitución Política y 2° y 7°
de la Ley 1712 de 6 de marzo de 20144, por lo que su finalidad no es
generar antecedentes penales o disciplinarios.
Señaló que la protección de datos personales en la Rama Judicial se
encuentra reglamentada mediante el Acuerdo PSAA14-10279 de
2014, la Circular DEAJC19-9 de 2019 y los manuales de seguridad
de la información definidos por la DEAJ, los cuales establecen los
procedimientos técnicos para su ocultamiento y solo pueden ser
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“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO
activados previa orden expresa del despacho judicial competente.
I.5.2- La DEAJ solicitó ser desvinculada de la presente acción
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no es responsable de las publicaciones efectuadas en la
Consulta Nacional Unificada de Procesos Judiciales ni de la
actualización de la información en el sistema justicia Siglo XXI.
Precisó que, si bien el actor indicó haber elevado una petición ante
las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que ante ella no ha
radicado solicitud alguna a través del correo
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, dispuesto para tal fin.
Señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270
de 7 de marzo de 19965, cumple funciones técnicas y administrativas
de soporte para la Rama Judicial, pero no tiene competencia para
registrar, modificar o suprimir información procesal, pues tales
actuaciones corresponden exclusivamente a los despachos judiciales.
Afirmó que la información visible en el portal web de la Rama Judicial
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“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
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se alimenta directamente por los usuarios judiciales autorizados, esto
es, por centros de servicios, juzgados, tribunales y corporaciones,
quienes tienen la responsabilidad de ingresar y actualizar la
información de cada proceso.
Señaló que el ocultamiento de datos personales debe ser tramitada
ante el juez de conocimiento o de ejecución de penas, en virtud del
principio de autonomía judicial y de las disposiciones previstas en los
Acuerdos PSAA11-9109 de 2011, PSAA14-10118 y PSAA15-10406.
I.5.3.- El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que conoció de
la vigilancia de la pena impuesta al actor en sentencia de 30 de
agosto de 2013 por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA, no obstante, por razones de
competencia, las diligencias fueron remitidas en marzo de 2017 a los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Guaduas.
Señaló que el 13 de agosto de 2025 recibió una solicitud por parte
del accionante, en la que pidió el ocultamiento de su información en
el sistema justicia Siglo XXI, por lo que mediante auto de 16 de
septiembre de 2025, requirió a los juzgados de ejecución de penas y
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medidas de seguridad de Guaduas para que informaran sobre el
estado actual del proceso 2013-00019-00.
Anotó que la Secretaría del JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS remitió el
auto 625 de 31 de marzo de 2017, en el que declaró cumplida la
pena impuesta al actor.
Explicó que, con fundamento en esa verificación, a través de auto de
9 de octubre de 2025, ordenó al Centro de Servicios Administrativos
ocultar la información del proceso aludido en los módulos de gestión
de procesos y manejo documental de justicia XXI, con el fin de evitar
la consulta pública indiscriminada de los datos personales del
condenado.
I.5.4.- El JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS informó que no tiene ni
ha tenido a cargo ejecución de sentencia alguna contra el accionante.
En consecuencia, sostuvo que no ha realizado actuación u omisión
alguna que pueda comprometer los derechos fundamentales cuya
protección se invoca.
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Agregó que, no obstante, consultada la plataforma SISIPEC, el
nombre del actor registra en dos procesos en estado “finalizado”,
identificados con los códigos CUI 057366000310201900016-00 y CUI
057366100000201300019-00.
Destacó que, respecto del primero, la vigilancia de la condena
corresponde al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN; y en relación con el
segundo, del cual el accionante afirmaba haber sido vigilado por el
circuito judicial de Guaduas, la observancia estuvo a cargo del
JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MEDELLÍN.
I.5.5.- El JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló no haber recibido
solicitud directa del accionante en relación con el ocultamiento de
datos personales, pero que, atendiendo al objeto de la tutela,
procedió de oficio a verificar los antecedentes judiciales a su cargo y
a disponer lo pertinente para garantizar los derechos invocados.
Advirtió que tuvo conocimiento de los procesos identificados con los
números únicos de radicación 2012-00004-00 y 2013-00019-00, y
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en atención a que ambos cumplían con los criterios previstos para la
aplicación de la medida de ocultamiento en el sistema de gestión
Siglo XXI, mediante auto de 9 de octubre de 2025, le ordenó al
Centro de Servicios realizar tal actuación.
Agregó que, respecto del proceso 2019-00010-00, este fue asignado
al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE ANTIOQUIA, el cual debe pronunciarse sobre su trámite y el
eventual cumplimiento de las condiciones para aplicar la medida de
reserva de información.
I.5.6.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, notificado
por error secretarial, advirtió que no le corresponde pronunciarse
comoquiera que no fue enunciado en el escrito introductorio, así
como tampoco vinculado en el auto de admisión respectivo.
I.5.7.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que, revisado el
sistema de gestión judicial, no encontró proceso en el que
actualmente esté o haya estado a su cargo la ejecución de la pena
impuesta al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO.
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Señaló que, según el registro del sistema, el citado ciudadano
aparece privado de la libertad dentro del proceso 2013-00019-00,
cuya vigilancia corresponde al JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por lo que
es este despacho el llamado a informar cuál es la situación jurídica
actual del condenado y el estado del cumplimiento de la pena que le
fue impuesta.
I.5.8 El JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que no ha tenido
ni tiene a cargo la vigilancia de pena alguna impuesta al señor
JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO y que tampoco obra petición
elevada por el accionante pendiente por resolver.
I.5.9.- El JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló que conoció del proceso
2019-00010-00, dentro del cual, mediante sentencia de 20 de abril
de 2020, condenó al señor JEISON EULICES SÁNCHEZ HENAO, a
la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa
equivalente a mil trescientos cincuenta (1.350) salarios mínimos
legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), así como a la accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por
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el mismo término.
Explicó que el 18 de mayo de 2022, el proceso fue remitido a los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín,
correspondiéndole su vigilancia al juzgado segundo de esa
especialidad.
Indicó que, en relación con la petición de ocultar la información
personal del sentenciado en la consulta pública de la Rama Judicial,
no ha recibido solicitud alguna, por lo que pidió negar la solicitud de
amparo.
I.5.10.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que tuvo a su
cargo la vigilancia y control del cumplimiento de la pena impuesta al
señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 2013-00019-00.
Precisó que, mediante auto de 21 de marzo de 2017, declaró
cumplida la pena privativa de la libertad impuesta al condenado y
dispuso la devolución de la actuación al juzgado de conocimiento
para su unificación y archivo.
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Relató que el 18 de septiembre de 2025 el JUZGADO OCTAVO DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
MEDELLÍN lo requirió para que informara si, en esa actuación se
había decretado la extinción de la pena a favor del condenado y para
que remitiera copia de la providencia.
Señaló que dio respuesta anexando la decisión, junto con las
comunicaciones enviadas a las autoridades que conocieron de la
sentencia condenatoria para efectos de registro.
Sostuvo que el trámite relacionado con la solicitud de “ocultamiento”
de la información en la página pública de la Rama Judicial debe ser
resuelto por el JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1o. del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión previa
La Sala advierte que la DEAJ solicitó que se le desvincule del
presente caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
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violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, la DEAJ sí esta legitimada en la causa por pasiva
para ser parte en el presente asunto, comoquiera que conforme lo
establece el artículo 98 de la Ley 270, es el órgano técnico y
administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades
administrativas de la Rama Judicial, de la cual dependen las unidades
de planeación, recursos humanos, presupuesto e informática7,
razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Caso concreto
En el presente caso el actor pretende que se ordene a las autoridades
7
Corte Constitucional, T-398 de 2023, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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accionadas que oculten los registros de las bases de consulta públicas
de procesos de la Rama Judicial, en relación con los expedientes
penales identificados con los números únicos de radicación 2013-
00019-00 y 2019-00010-00.
La divergencia radica en el hecho de que, el actor asegura haber
cumplido las condenas que le fueron impuestas en los referidos
expedientes, no obstante, aún aparece vinculado a estos al efectuar
la búsqueda por su nombre en el sistema de consulta de procesos
nacional unificado.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, determinar si se encuentran vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y al habeas data del actor, al no
ocultarse su nombre en el sistema de consulta de procesos de la
Rama Judicial, en relación con los expedientes 2013-00019-00 y
2019-00010-00.
Por cuestión metodológica, en primer lugar, la Sala hará mención al
marco jurídico de la protección del derecho del habeas data, para en
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seguida resolver el problema jurídico planteado.
Derecho fundamental al hábeas data y la protección frente a
la circulación de información personal sensible
El orden constitucional reconoce el hábeas data como el derecho
fundamental que le asiste a toda persona para conocer, actualizar y
rectificar la información que sobre ella se haya recogido en bancos
de datos o archivos, en especial cuando esa información es
susceptible de afectarla en su honra, su buen nombre o acceso a
oportunidades laborales y sociales.
Este derecho incorpora también la facultad de exigir límites a la
recolección, conservación, tratamiento, difusión y acceso a datos
personales cuando dicho tratamiento resulta desactualizado,
impreciso, desproporcionado o innecesario frente a la finalidad
legítima del archivo.
En materia penal, esta dimensión adquiere especial intensidad, pues
la divulgación en bases públicas de la Rama Judicial o en sistemas
como el SPOA de la Fiscalía de reseñas de actuaciones penales
terminadas, precluidas, archivadas, extinguidas por pena cumplida o
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incluso sin condena, puede generar una afectación directa y continua
al buen nombre y a las posibilidades de reintegración social y laboral
de la persona, puesto que la simple consulta del nombre la sigue
asociando de manera indefinida a hechos delictivos ya superados.
Este tema ha llevado a que por vía jurisprudencial la Corte
Constitucional haya estableció directrices sobre la caducidad de las
anotaciones en materia penal, como garantía del derecho al olvido,
sobre el cual en sentencia T-125 de 2025, con ponencia del
magistrado Miguel Polo Rosero, dijo:
“[…] En cuanto al derecho al habeas data, la Corte ha indicado
que “busca proteger el dato personal, en tanto información que
tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una
persona natural en concreto”8. Este derecho faculta a la persona
para: (i) conocer o acceder a la información que está recolectada
en las bases de datos sobre sí mismo; (ii) incluir nuevos datos,
con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii)
actualizar la información existente; (iv) exigir la corrección de la
información y, bajo ciertos presupuestos, (v) exigir que se
excluya o suprima la información que reposa en las bases de
datos.
[…]
Si bien el acceso a la información sobre procesos penales
responde al principio de publicidad, este debe ser armonizado
con la protección de los derechos al buen nombre y al habeas
data. En especial, cuando la anotación penal no refleja una
sentencia condenatoria, sino un estado procesal que ha
concluido, sin que se demuestre responsabilidad penal, y
8
Corte Constitucional, sentencias SU-139 de 2021 y T-398 de 2023.
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siempre que su causa sea el desistimiento de un delito
querellable, como es el caso sub examine, en donde la
exposición indefinida de estos datos puede derivar en
afectaciones desproporcionadas a tales derechos.
[…]
El derecho al olvido, también conocido como el “principio de la
caducidad del dato negativo”, ha sido reconocido por la
jurisprudencia constitucional como el derecho que tiene el titular
de un dato negativo a que dicho dato sea eliminado de la base
de datos respectiva, por el paso del tiempo. Inicialmente, este
derecho fue desarrollado en el marco de las actividades
crediticias y financieras con fundamento en la Ley 1266 de 20089
que, en el artículo 13, contempla la permanencia de la
información y dispone que, mientras que la información de
carácter positivo puede permanecer indefinidamente en los
bancos de datos, la relativa a la mora, el estado de la cartera o
la situación de incumplimiento, se rigen por un término máximo
de permanencia, vencido el cual debe ser retirado de los bancos
de datos, de forma que no pueda ser consultada. La ley en cita
dispuso que el tiempo máximo de permanencia de la información
negativa en materia crediticia y financiera sería del “doble del
tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de
la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea
extinguida la obligación”.
Ahora bien, el ordenamiento no contiene una norma de
semejante naturaleza para determinar un plazo máximo cuando
la información negativa corresponda a otra materia, como ocurre
con la información registrada como consecuencia de las
anotaciones penales. Sin perjuicio de esto, lo cierto es que el
artículo 15 de la Constitución dispone que “en la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución”, sin que de
este artículo pueda desprenderse una distinción de cara a la
naturaleza de los datos. Con fundamento en lo anterior, en la
sentencia T-398 de 2023, la Corte señaló que esta disposición
constitucional no tenía el mismo alcance en materia penal que
en materia crediticia, por dos razones: (i) porque en materia
penal no existe norma especial, mientras que en materia
crediticia sí y, además, (ii) porque las finalidades que persigue
la conservación de la información es distinta en ambos casos:
9
“Por la cual se las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
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mientras en materia crediticia se pretende evaluar el
comportamiento del deudor respecto del pago de sus
obligaciones10, en materia penal se pretende garantizar la
moralidad de la función pública, la aplicación de la ley penal,
adelantar actividades de inteligencia y la ejecución de la ley
[…]”.
Ahora bien, en la jurisprudencia constitucional sobre información
pública de antecedentes penales en bases oficiales de acceso masivo,
la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela mantiene
su naturaleza subsidiaria y residual, lo que implica que el
afectado debe haber ejercido su derecho de hábeas data ante la
autoridad que controla, pública o administra el dato cuestionado,
solicitando expresamente la supresión o restricción de acceso de esos
datos frente al público general.
En efecto, el artículo 15 de la Ley 1581 de 17 de octubre de 201211
establece el procedimiento directo que tiene cualquier titular de datos
personales frente al responsable del tratamiento para reclamar la
actualización, rectificación, corrección y supresión de su información,
cuando considere que la información es inexacta, incompleta,
fraccionada, desactualizada, o cuando su conservación o divulgación
vulnera sus derechos fundamentales.
10
Lo dicho, con fundamento en las sentencias T-414 de 1992, SU-458 de 2012 y T-098 de 2017.
11
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
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La normativa en comento prevé:
“[…] Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que
consideren que la información contenida en una base de datos
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de
los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo
ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:
1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento,
con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que
dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los
documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta
incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del
requerimiento, sin que el solicitante presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.
En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para
resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término
máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al
interesado.
2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base
de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo
del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha
leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.
3. El término máximo para atender el reclamo será de quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de
su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de
dicho término, se informará al interesado los motivos de la
demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes
al vencimiento del primer término […]”.
La anterior regla de procedibilidad no es ajena en materia de
ocultamiento de información de procesos penales, porque dada la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, es necesario que el
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interesado acuda primero ante la autoridad judicial que ordenó el
registro del dato cuestionado, para que lo corrija o vuelva anónimo,
conforme corresponda.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad, expediente 2019-00010-00.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»12 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por subsidiariedad, para estudiar
los reproches respecto del ocultamiento de la información del actor
12 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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en relación con el proceso 2019-00010-00.
En efecto, en relación con dicho proceso, el JUZGADO CUARTO
PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló
que tuvo conocimiento, dentro del cual, mediante sentencia de 20 de
abril de 2020, condenó al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ
HENAO, sin que hasta el momento este haya elevado petición alguna
tendiente al ocultamiento de su información.
En tal sentido, si el actor esta interesado en que le sea ocultada la
información relacionada con el proceso aludido, debe solicitarlo a la
autoridad que dispuso la anotación que cuestiona, para que sea esta
la que se pronuncie sobre la procedencia o no de tal solicitud, pues
el juez de tutela no está habilitado para suplir los trámites ordinarios
previstos para tal efecto.
Lo anterior, máxime si no se advierte una situación que configure un
perjuicio irremediable y que le impida al actor agotar los mecanismos
ordinarios previstos para ventilar sus reproches.
Carencia de objeto por hecho superado frente al proceso
identificado con el número único de radicación 2013-00019-00.
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El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD DE MEDELLÍN indicó que, en efecto, el 13 de agosto
de 2025 recibió una solicitud de ocultamiento de información en el
sistema siglo XXI en relación con el proceso identificado con el
número único de radicación 2013-00019-00, elevada por el
apoderado del señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, por lo
que a través de auto de 9 de octubre de este año, libró un oficio
dirigido al secretario del Centro de Servicios para que se restringiera
el acceso al público de tal información.
Por otro lado, verificado el sistema de consultas de procesos de la
Rama Judicial la Sala advierte que el proceso esta rotulado como
“privado” así:
Número de Radicación Fecha de Fecha Despacho Sujetos
Radicación Ultima Procesales
Actuac.
05736610000020130001900 JUZGADO 002 PENAL DE --- [
CIRCUITO PROCESO
ESPECIALIZADO DE PRIVADO ] --
ANTIOQUIA -
(ANTIOQUIA)
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado puesto que, en el curso de la
presente acción de tutela, el despacho judicial accionado ejecutó la
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actuación pretendida por el actor respecto al proceso identificado con
el número único de radicación 2013-00019-00.
En relación con el concepto de la carencia actual de objeto
desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-653 de
2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”14. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
14
Ibídem.
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adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”15.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, en lo que respecta al proceso identificado con el número
único de radicación 2013-00019-00, la Sala declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-000-
2016-00061-01(AC).
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legitimación en la causa por pasiva elevada por la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia en relación con el proceso identificado
con el número único de radicación 2019-00010-00, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO frente al proceso identificado con el número
único de radicación 2013-00019-00, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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