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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-000- 2016-00061-01(AC). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00 Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO legitimación en la causa por pasiva elevada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia en relación con el proceso identificado con el número único de radicación 2019-00010-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente al proceso identificado con el número único de radicación 2013-00019-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00 Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06109-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

TESIS: OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PENALES.
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD EN
RELACIÓN CON UN EXPEDIENTE. SE DECLARA LA CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A OTRO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y HABEAS DATA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1, la UNIDAD DE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA2, el CENTRO DE

DOCUMENTACIÓN JUDICIAL3 y los JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE

1
En adelante DEAJ.

2
En adelante UTDI.
3
En adelante CENDOJ.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06109-00
Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS, SEGUNDO

PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA y OCTAVO

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

MEDELLÍN.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, a través de

apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo

86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al habeas data, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la DEAJ, la UTDI, el CEDOJ y los

JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

DE GUADUAS, SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

DE ANTIOQUIA y OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS

DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por no haber eliminado y/u ocultado

del aplicativo web de consulta de procesos de la Rama Judicial los

adelantados en su contra junto con sus datos personales.

I.2.- Hechos

Indicó que cumplió las condenas que le fueron impuestas dentro de

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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

los procesos penales identificados con los números únicos de

radicación 2013-00019-00 y 2019-00010-00, no obstante, en el

sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, no ha sido

ocultada la información que lo relaciona frente a dichos expedientes.

Adujo que el 8 de agosto de 2025, solicitó al JUZGADO OCTAVO DE

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

MEDELLÍN el ocultamiento de su información que reposa dentro del

proceso identificado con el número único de radicación 2013-00019-

00, no obstante, previo a resolver, esta autoridad requirió a los

juzgados de ejecución de penas del municipio de Guaduas, para que

informaran sobre la extinción de la pena, sin que a la fecha haya

decidió de fondo la petición.

Explicó que, a través de auto de 2 de septiembre de 2025, el

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE MEDELLÍN ordenó el ocultamiento de la

información contenida en la página web de la Rama Judicial respecto

del proceso 2019-00010-00, sin embargo, este aún tiene información

pública relacionada con otras autoridades judiciales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

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Actor: JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO

Adujo que, comoquiera que ya cumplió las condenas que le fueron

impuestas, el tratamiento público de su nombre debe limitarse,

porque lo contrario permitiría perpetuar estigmas laborales y

sociales.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…]Se le solicita de forma respetuosa al honorable juez de
tutela que se estudie la posibilidad por medio del CENDOJ
es el administrador del portal web www.ramajudicial.gov.co
Quien tiene el manejo de registro de personas, se logre
corregir y ocultar el registro en la consulta de la rama
judicial que está perjudicando al señor JEISON EUCLIDES
SÁNCHEZ HENAO CC No 1.017.154.126 de Medellín. Ya que
cada momento que es verificado en dicho sistema sigue
apareciendo el nombre del mencionado y no aparece el
registro de cedula de la persona pese que ya está
totalmente extinguida las penas (sic) […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CENDOJ se opuso a la prosperidad de la acción de tutela,

por cuanto carece de competencia para atender la solicitud de

ocultamiento y/o modificación de información en la Consulta Nacional

Unificada de Procesos Judiciales.

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Anotó que, conforme a lo establecido en el Acuerdo PSAA11-9109 de

2011, actúa como administrador funcional del portal web de la Rama

Judicial y se encarga de garantizar el espacio para la publicación de

información administrativa y judicial, pero no interviene en el registro

y/o modificación de datos procesales, los cuales son ingresados

directamente por los despachos judiciales y corporaciones a través

del sistema justicia Siglo XXI.

Precisó que la información visible en la consulta pública es un reflejo

de los registros efectuados por los juzgados competentes, y que el

portal cumple una función de publicidad y transparencia en atención

a lo previsto en los artículos 228 de la Constitución Política y 2° y 7°

de la Ley 1712 de 6 de marzo de 20144, por lo que su finalidad no es

generar antecedentes penales o disciplinarios.

Señaló que la protección de datos personales en la Rama Judicial se

encuentra reglamentada mediante el Acuerdo PSAA14-10279 de

2014, la Circular DEAJC19-9 de 2019 y los manuales de seguridad

de la información definidos por la DEAJ, los cuales establecen los

procedimientos técnicos para su ocultamiento y solo pueden ser

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“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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activados previa orden expresa del despacho judicial competente.

I.5.2- La DEAJ solicitó ser desvinculada de la presente acción

constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto no es responsable de las publicaciones efectuadas en la

Consulta Nacional Unificada de Procesos Judiciales ni de la

actualización de la información en el sistema justicia Siglo XXI.

Precisó que, si bien el actor indicó haber elevado una petición ante

las autoridades judiciales accionadas, lo cierto es que ante ella no ha

radicado solicitud alguna a través del correo

medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, dispuesto para tal fin.

Señaló que en virtud de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270

de 7 de marzo de 19965, cumple funciones técnicas y administrativas

de soporte para la Rama Judicial, pero no tiene competencia para

registrar, modificar o suprimir información procesal, pues tales

actuaciones corresponden exclusivamente a los despachos judiciales.

Afirmó que la información visible en el portal web de la Rama Judicial

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“Estatutaria de la Administración de Justicia”.

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se alimenta directamente por los usuarios judiciales autorizados, esto

es, por centros de servicios, juzgados, tribunales y corporaciones,

quienes tienen la responsabilidad de ingresar y actualizar la

información de cada proceso.

Señaló que el ocultamiento de datos personales debe ser tramitada

ante el juez de conocimiento o de ejecución de penas, en virtud del

principio de autonomía judicial y de las disposiciones previstas en los

Acuerdos PSAA11-9109 de 2011, PSAA14-10118 y PSAA15-10406.

I.5.3.- El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que conoció de

la vigilancia de la pena impuesta al actor en sentencia de 30 de

agosto de 2013 por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA, no obstante, por razones de

competencia, las diligencias fueron remitidas en marzo de 2017 a los

juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Guaduas.

Señaló que el 13 de agosto de 2025 recibió una solicitud por parte

del accionante, en la que pidió el ocultamiento de su información en

el sistema justicia Siglo XXI, por lo que mediante auto de 16 de

septiembre de 2025, requirió a los juzgados de ejecución de penas y

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medidas de seguridad de Guaduas para que informaran sobre el

estado actual del proceso 2013-00019-00.

Anotó que la Secretaría del JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN

DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS remitió el

auto 625 de 31 de marzo de 2017, en el que declaró cumplida la

pena impuesta al actor.

Explicó que, con fundamento en esa verificación, a través de auto de

9 de octubre de 2025, ordenó al Centro de Servicios Administrativos

ocultar la información del proceso aludido en los módulos de gestión

de procesos y manejo documental de justicia XXI, con el fin de evitar

la consulta pública indiscriminada de los datos personales del

condenado.

I.5.4.- El JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS informó que no tiene ni

ha tenido a cargo ejecución de sentencia alguna contra el accionante.

En consecuencia, sostuvo que no ha realizado actuación u omisión

alguna que pueda comprometer los derechos fundamentales cuya

protección se invoca.

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Agregó que, no obstante, consultada la plataforma SISIPEC, el

nombre del actor registra en dos procesos en estado “finalizado”,

identificados con los códigos CUI 057366000310201900016-00 y CUI

057366100000201300019-00.

Destacó que, respecto del primero, la vigilancia de la condena

corresponde al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN; y en relación con el

segundo, del cual el accionante afirmaba haber sido vigilado por el

circuito judicial de Guaduas, la observancia estuvo a cargo del

JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE MEDELLÍN.

I.5.5.- El JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló no haber recibido

solicitud directa del accionante en relación con el ocultamiento de

datos personales, pero que, atendiendo al objeto de la tutela,

procedió de oficio a verificar los antecedentes judiciales a su cargo y

a disponer lo pertinente para garantizar los derechos invocados.

Advirtió que tuvo conocimiento de los procesos identificados con los

números únicos de radicación 2012-00004-00 y 2013-00019-00, y

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en atención a que ambos cumplían con los criterios previstos para la

aplicación de la medida de ocultamiento en el sistema de gestión

Siglo XXI, mediante auto de 9 de octubre de 2025, le ordenó al

Centro de Servicios realizar tal actuación.

Agregó que, respecto del proceso 2019-00010-00, este fue asignado

al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO

DE ANTIOQUIA, el cual debe pronunciarse sobre su trámite y el

eventual cumplimiento de las condiciones para aplicar la medida de

reserva de información.

I.5.6.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, notificado

por error secretarial, advirtió que no le corresponde pronunciarse

comoquiera que no fue enunciado en el escrito introductorio, así

como tampoco vinculado en el auto de admisión respectivo.

I.5.7.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN informó que, revisado el

sistema de gestión judicial, no encontró proceso en el que

actualmente esté o haya estado a su cargo la ejecución de la pena

impuesta al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO.

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Señaló que, según el registro del sistema, el citado ciudadano

aparece privado de la libertad dentro del proceso 2013-00019-00,

cuya vigilancia corresponde al JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN

DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN, por lo que

es este despacho el llamado a informar cuál es la situación jurídica

actual del condenado y el estado del cumplimiento de la pena que le

fue impuesta.

I.5.8 El JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que no ha tenido

ni tiene a cargo la vigilancia de pena alguna impuesta al señor

JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO y que tampoco obra petición

elevada por el accionante pendiente por resolver.

I.5.9.- El JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló que conoció del proceso

2019-00010-00, dentro del cual, mediante sentencia de 20 de abril

de 2020, condenó al señor JEISON EULICES SÁNCHEZ HENAO, a

la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión y multa

equivalente a mil trescientos cincuenta (1.350) salarios mínimos

legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.), así como a la accesoria de

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por

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el mismo término.

Explicó que el 18 de mayo de 2022, el proceso fue remitido a los

juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Medellín,

correspondiéndole su vigilancia al juzgado segundo de esa

especialidad.

Indicó que, en relación con la petición de ocultar la información

personal del sentenciado en la consulta pública de la Rama Judicial,

no ha recibido solicitud alguna, por lo que pidió negar la solicitud de

amparo.

I.5.10.- El JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE GUADUAS indicó que tuvo a su

cargo la vigilancia y control del cumplimiento de la pena impuesta al

señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 2013-00019-00.

Precisó que, mediante auto de 21 de marzo de 2017, declaró

cumplida la pena privativa de la libertad impuesta al condenado y

dispuso la devolución de la actuación al juzgado de conocimiento

para su unificación y archivo.

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Relató que el 18 de septiembre de 2025 el JUZGADO OCTAVO DE

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

MEDELLÍN lo requirió para que informara si, en esa actuación se

había decretado la extinción de la pena a favor del condenado y para

que remitiera copia de la providencia.

Señaló que dio respuesta anexando la decisión, junto con las

comunicaciones enviadas a las autoridades que conocieron de la

sentencia condenatoria para efectos de registro.

Sostuvo que el trámite relacionado con la solicitud de “ocultamiento”

de la información en la página pública de la Rama Judicial debe ser

resuelto por el JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE MEDELLÍN.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1o. del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Cuestión previa

La Sala advierte que la DEAJ solicitó que se le desvincule del

presente caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la

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violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, la DEAJ sí esta legitimada en la causa por pasiva

para ser parte en el presente asunto, comoquiera que conforme lo

establece el artículo 98 de la Ley 270, es el órgano técnico y

administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades

administrativas de la Rama Judicial, de la cual dependen las unidades

de planeación, recursos humanos, presupuesto e informática7,

razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

Caso concreto

En el presente caso el actor pretende que se ordene a las autoridades

7
Corte Constitucional, T-398 de 2023, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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accionadas que oculten los registros de las bases de consulta públicas

de procesos de la Rama Judicial, en relación con los expedientes

penales identificados con los números únicos de radicación 2013-

00019-00 y 2019-00010-00.

La divergencia radica en el hecho de que, el actor asegura haber

cumplido las condenas que le fueron impuestas en los referidos

expedientes, no obstante, aún aparece vinculado a estos al efectuar

la búsqueda por su nombre en el sistema de consulta de procesos

nacional unificado.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, determinar si se encuentran vulnerados los derechos

fundamentales al debido proceso y al habeas data del actor, al no

ocultarse su nombre en el sistema de consulta de procesos de la

Rama Judicial, en relación con los expedientes 2013-00019-00 y

2019-00010-00.

Por cuestión metodológica, en primer lugar, la Sala hará mención al

marco jurídico de la protección del derecho del habeas data, para en

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seguida resolver el problema jurídico planteado.

Derecho fundamental al hábeas data y la protección frente a

la circulación de información personal sensible

El orden constitucional reconoce el hábeas data como el derecho

fundamental que le asiste a toda persona para conocer, actualizar y

rectificar la información que sobre ella se haya recogido en bancos

de datos o archivos, en especial cuando esa información es

susceptible de afectarla en su honra, su buen nombre o acceso a

oportunidades laborales y sociales.

Este derecho incorpora también la facultad de exigir límites a la

recolección, conservación, tratamiento, difusión y acceso a datos

personales cuando dicho tratamiento resulta desactualizado,

impreciso, desproporcionado o innecesario frente a la finalidad

legítima del archivo.

En materia penal, esta dimensión adquiere especial intensidad, pues

la divulgación en bases públicas de la Rama Judicial o en sistemas

como el SPOA de la Fiscalía de reseñas de actuaciones penales

terminadas, precluidas, archivadas, extinguidas por pena cumplida o

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incluso sin condena, puede generar una afectación directa y continua

al buen nombre y a las posibilidades de reintegración social y laboral

de la persona, puesto que la simple consulta del nombre la sigue

asociando de manera indefinida a hechos delictivos ya superados.

Este tema ha llevado a que por vía jurisprudencial la Corte

Constitucional haya estableció directrices sobre la caducidad de las

anotaciones en materia penal, como garantía del derecho al olvido,

sobre el cual en sentencia T-125 de 2025, con ponencia del

magistrado Miguel Polo Rosero, dijo:

“[…] En cuanto al derecho al habeas data, la Corte ha indicado
que “busca proteger el dato personal, en tanto información que
tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a una
persona natural en concreto”8. Este derecho faculta a la persona
para: (i) conocer o acceder a la información que está recolectada
en las bases de datos sobre sí mismo; (ii) incluir nuevos datos,
con el fin de que se provea una imagen completa del titular; (iii)
actualizar la información existente; (iv) exigir la corrección de la
información y, bajo ciertos presupuestos, (v) exigir que se
excluya o suprima la información que reposa en las bases de
datos.

[…]

Si bien el acceso a la información sobre procesos penales
responde al principio de publicidad, este debe ser armonizado
con la protección de los derechos al buen nombre y al habeas
data. En especial, cuando la anotación penal no refleja una
sentencia condenatoria, sino un estado procesal que ha
concluido, sin que se demuestre responsabilidad penal, y

8
Corte Constitucional, sentencias SU-139 de 2021 y T-398 de 2023.

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siempre que su causa sea el desistimiento de un delito
querellable, como es el caso sub examine, en donde la
exposición indefinida de estos datos puede derivar en
afectaciones desproporcionadas a tales derechos.

[…]

El derecho al olvido, también conocido como el “principio de la
caducidad del dato negativo”, ha sido reconocido por la
jurisprudencia constitucional como el derecho que tiene el titular
de un dato negativo a que dicho dato sea eliminado de la base
de datos respectiva, por el paso del tiempo. Inicialmente, este
derecho fue desarrollado en el marco de las actividades
crediticias y financieras con fundamento en la Ley 1266 de 20089
que, en el artículo 13, contempla la permanencia de la
información y dispone que, mientras que la información de
carácter positivo puede permanecer indefinidamente en los
bancos de datos, la relativa a la mora, el estado de la cartera o
la situación de incumplimiento, se rigen por un término máximo
de permanencia, vencido el cual debe ser retirado de los bancos
de datos, de forma que no pueda ser consultada. La ley en cita
dispuso que el tiempo máximo de permanencia de la información
negativa en materia crediticia y financiera sería del “doble del
tiempo de la mora, máximo cuatro (4) años contados a partir de
la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea
extinguida la obligación”.

Ahora bien, el ordenamiento no contiene una norma de
semejante naturaleza para determinar un plazo máximo cuando
la información negativa corresponda a otra materia, como ocurre
con la información registrada como consecuencia de las
anotaciones penales. Sin perjuicio de esto, lo cierto es que el
artículo 15 de la Constitución dispone que “en la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución”, sin que de
este artículo pueda desprenderse una distinción de cara a la
naturaleza de los datos. Con fundamento en lo anterior, en la
sentencia T-398 de 2023, la Corte señaló que esta disposición
constitucional no tenía el mismo alcance en materia penal que
en materia crediticia, por dos razones: (i) porque en materia
penal no existe norma especial, mientras que en materia
crediticia sí y, además, (ii) porque las finalidades que persigue
la conservación de la información es distinta en ambos casos:

9
“Por la cual se las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.

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mientras en materia crediticia se pretende evaluar el
comportamiento del deudor respecto del pago de sus
obligaciones10, en materia penal se pretende garantizar la
moralidad de la función pública, la aplicación de la ley penal,
adelantar actividades de inteligencia y la ejecución de la ley
[…]”.

Ahora bien, en la jurisprudencia constitucional sobre información

pública de antecedentes penales en bases oficiales de acceso masivo,

la Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela mantiene

su naturaleza subsidiaria y residual, lo que implica que el

afectado debe haber ejercido su derecho de hábeas data ante la

autoridad que controla, pública o administra el dato cuestionado,

solicitando expresamente la supresión o restricción de acceso de esos

datos frente al público general.

En efecto, el artículo 15 de la Ley 1581 de 17 de octubre de 201211

establece el procedimiento directo que tiene cualquier titular de datos

personales frente al responsable del tratamiento para reclamar la

actualización, rectificación, corrección y supresión de su información,

cuando considere que la información es inexacta, incompleta,

fraccionada, desactualizada, o cuando su conservación o divulgación

vulnera sus derechos fundamentales.

10
Lo dicho, con fundamento en las sentencias T-414 de 1992, SU-458 de 2012 y T-098 de 2017.
11
“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

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La normativa en comento prevé:

“[…] Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que
consideren que la información contenida en una base de datos
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de
los deberes contenidos en esta ley, podrán presentar un reclamo
ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado del
Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento,
con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que
dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los
documentos que se quiera hacer valer. Si el reclamo resulta
incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las
fallas. Transcurridos dos (2) meses desde la fecha del
requerimiento, sin que el solicitante presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo.

En caso de que quien reciba el reclamo no sea competente para
resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un término
máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al
interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base
de datos una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo
del mismo, en un término no mayor a dos (2) días hábiles. Dicha
leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de
su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo dentro de
dicho término, se informará al interesado los motivos de la
demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en
ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes
al vencimiento del primer término […]”.

La anterior regla de procedibilidad no es ajena en materia de

ocultamiento de información de procesos penales, porque dada la

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, es necesario que el

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interesado acuda primero ante la autoridad judicial que ordenó el

registro del dato cuestionado, para que lo corrija o vuelva anónimo,

conforme corresponda.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad, expediente 2019-00010-00.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

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aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»12 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por subsidiariedad, para estudiar

los reproches respecto del ocultamiento de la información del actor

12 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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en relación con el proceso 2019-00010-00.

En efecto, en relación con dicho proceso, el JUZGADO CUARTO

PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE ANTIOQUIA señaló

que tuvo conocimiento, dentro del cual, mediante sentencia de 20 de

abril de 2020, condenó al señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ

HENAO, sin que hasta el momento este haya elevado petición alguna

tendiente al ocultamiento de su información.

En tal sentido, si el actor esta interesado en que le sea ocultada la

información relacionada con el proceso aludido, debe solicitarlo a la

autoridad que dispuso la anotación que cuestiona, para que sea esta

la que se pronuncie sobre la procedencia o no de tal solicitud, pues

el juez de tutela no está habilitado para suplir los trámites ordinarios

previstos para tal efecto.

Lo anterior, máxime si no se advierte una situación que configure un

perjuicio irremediable y que le impida al actor agotar los mecanismos

ordinarios previstos para ventilar sus reproches.

Carencia de objeto por hecho superado frente al proceso

identificado con el número único de radicación 2013-00019-00.

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El JUZGADO OCTAVO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE

SEGURIDAD DE MEDELLÍN indicó que, en efecto, el 13 de agosto

de 2025 recibió una solicitud de ocultamiento de información en el

sistema siglo XXI en relación con el proceso identificado con el

número único de radicación 2013-00019-00, elevada por el

apoderado del señor JEISON EUCLIDES SÁNCHEZ HENAO, por lo

que a través de auto de 9 de octubre de este año, libró un oficio

dirigido al secretario del Centro de Servicios para que se restringiera

el acceso al público de tal información.

Por otro lado, verificado el sistema de consultas de procesos de la

Rama Judicial la Sala advierte que el proceso esta rotulado como

“privado” así:

Número de Radicación Fecha de Fecha Despacho Sujetos
Radicación Ultima Procesales
Actuac.
05736610000020130001900 JUZGADO 002 PENAL DE --- [
CIRCUITO PROCESO
ESPECIALIZADO DE PRIVADO ] --
ANTIOQUIA -
(ANTIOQUIA)

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que se configuró la carencia

actual de objeto por hecho superado puesto que, en el curso de la

presente acción de tutela, el despacho judicial accionado ejecutó la

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actuación pretendida por el actor respecto al proceso identificado con

el número único de radicación 2013-00019-00.

En relación con el concepto de la carencia actual de objeto

desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T-653 de

2017, que lo define como «la imposibilidad material en la que se

encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita

salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido

encomendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda

13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”14. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo

siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere

14
Ibídem.

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adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”15.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, en lo que respecta al proceso identificado con el número

único de radicación 2013-00019-00, la Sala declarará la carencia

actual de objeto por hecho superado, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. sentencia de 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-000-
2016-00061-01(AC).

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legitimación en la causa por pasiva elevada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia en relación con el proceso identificado

con el número único de radicación 2019-00010-00, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO frente al proceso identificado con el número

único de radicación 2013-00019-00, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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