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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04187-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04187-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas en la esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho fundamental de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental al habeas data del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04187-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 04187 00
Accionante: Giovanni Rojas Guzmán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Acción: Acción de tutela
Tema: Derechos fundamentales de petición y habeas data
Decisión: Declara la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto del derecho de petición y niega el amparo solicitado
respeto del derecho al habeas data

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Giovanni Rojas Guzmán en
contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Giovanni Rojas Guzmán, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
en contra de la referida autoridad, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al DERECHO DE PETICIÓN y HABEAS
DATA, presuntamente vulnerados por la entidad comisión nacional de disciplina
judicial.

2. ORDENAR a la entidad accionada que actualice la información de sanción que
aparece en la página, ya que la sanción por dos meses ya fue cumplida en su
totalidad

3. ORDENAR a la entidad accionada que ejecute de manera inmediata las acciones
técnicas y administrativas tendientes a la desanotación y actualización de mi
historial disciplinario en las bases de datos correspondientes.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante relató que, mediante sentencia del 10 de marzo de 2026, proferida por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, fue sancionado disciplinariamente
con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado.

Señaló que, una vez cumplido el término de la sanción, el 13 de mayo de 2026 presentó
derecho de petición ante la Comisión Nacional de Disciplina judicial solicitando “la
desanotación, eliminación y/o actualización” de sus antecedentes disciplinarios, por
considerar que la sanción ya se encontraba totalmente ejecutada y superada.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04187 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 04187 00
Accionante: Giovanni Rojas Guzmán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Adujo que, pese al tiempo transcurrido desde la radicación de la solicitud, la Comisión
Nacional no dio respuesta alguna dentro de los términos previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA y en la Ley
1755 de 2015, razón por la cual consideró configurada una vulneración de su derecho
fundamental de petición, al no recibir una respuesta de fondo, clara, congruente y
oportuna.

Adicionalmente, argumentó que la permanencia de la anotación disciplinaria en los
registros afecta su derecho al habeas data, específicamente lo que denomina el derecho
al olvido, así como su buen nombre y el ejercicio de su actividad profesional, pues, en su
criterio, se mantiene vigente una sanción que ya se encuentra cumplida y cuya
información debería ser actualizada o eliminada.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue radicada el 1 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto de 3 de junio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial como autoridad judicial accionada.

3.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial rindió informe5 en el que solicitó negar
la tutela en su contra, al considerar que no es la entidad competente para actualizar o
eliminar los antecedentes disciplinarios del accionante.

Indicó que la petición presentada por el accionante fue remitida a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bogotá y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA),
autoridades encargadas del registro y ejecución de la sanción. Por ello, alegó falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no sería responsable de la presunta vulneración
de los derechos fundamentales invocados y solicitó su desvinculación del presente
trámite tutelar.

3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, por auto del 22 de junio de 20266, el despacho
ponente dispuso la vinculación al presente trámite constitucional de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).

3.4. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá allegó escrito7 en el que
sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, ya que
la sanción disciplinaria fue impuesta y registrada conforme a la ley, carece de
competencia para modificar los antecedentes disciplinarios y, además, la anotación de la
sanción debe permanecer vigente durante cinco años, por lo que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
4 Esta orden se cumplió el 9 de junio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 04187 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
7 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
2

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Accionante: Giovanni Rojas Guzmán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

3.5. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia presentó
escrito8 en el que aseveró que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante, pues dio respuesta oportuna y de fondo a su petición, explicándole que
carecía de los documentos legalmente necesarios para registrar la sanción disciplinaria,
debido a que la Comisión Nacional no remitió la sentencia sancionatoria ejecutoriada ni
la constancia de ejecutoria.

En consecuencia, afirmó que la imposibilidad de efectuar el registro no obedece a una
actuación u omisión atribuible a esa Unidad, sino al incumplimiento del deber de remisión
por parte de la autoridad disciplinaria competente, razón por la cual solicitó negar el
amparo.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

4.2.1. El accionante, mediante mensaje de datos del 13 de mayo de 2026 dirigido al
correo electrónico correspondencia@cndj.gov.co, presentó derecho de petición ante la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que solicitó la desanotación, eliminación
o actualización del registro de antecedentes disciplinarios relacionado con la sanción de
suspensión que le fue impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial mediante
sentencia del 10 de marzo de 2026.

4.2.2. Mediante Oficio DP_17882_CJMB del 4 de junio de 2026, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial remitió, por competencia, la referida petición a la Comisión Seccional
y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con copia al
accionante.

4.2.3. Mediante Oficio del 16 de junio de 2026, comunicado al accionante por correo
electrónico el 18 de junio del mismo año, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia dio respuesta a la petición presentada por aquel.

8 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 04187 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
3

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Accionante: Giovanni Rojas Guzmán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Se observa que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el informe rendido dentro
del presente trámite constitucional, solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación de la presente acción de tutela.

No obstante, la Sala considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que
su vinculación obedeció a que el accionante la señaló como la autoridad presuntamente
responsable de la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y habeas data.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria no solo para garantizar
la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para asegurar el
respeto de los principios de contradicción y defensa, permitiéndole pronunciarse frente a
los cargos formulados por la parte accionante.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el accionante sostuvo que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial vulneró su derecho fundamental de petición al no resolver de fondo la solicitud
presentada el 13 de mayo de 2026, mediante la cual requirió la desanotación, eliminación
o actualización de sus antecedentes disciplinarios. Afirmó que, pese al transcurso del
término legal, la entidad no emitió una respuesta clara, de fondo y oportuna.

Adujo que esa omisión vulneró su derecho fundamental al habeas data, en la medida en
que la Comisión Nacional mantuvo vigente en sus antecedentes disciplinarios una
sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos meses que, a
su juicio, ya había sido cumplida.

Adicionalmente, sostuvo que dicha circunstancia afectaba su buen nombre y el ejercicio
de su profesión, por lo que consideró que tenía derecho a la actualización o eliminación
de esa información, en aplicación de lo que denominó el “derecho al olvido”.

4.4.1. Del derecho fundamental de petición

Del material probatorio obrante en el expediente se observa que el accionante, mediante
mensaje de datos del 13 de mayo de 2026 dirigido a la dirección electrónica
correspondencia@cndj.gov.co, presentó derecho de petición ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, mediante el cual solicitó la desanotación, eliminación o
actualización del registro de antecedentes disciplinarios correspondiente a la sanción de
suspensión que le fue impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá mediante sentencia de 10 de marzo de 2026, al considerar que dicha sanción ya
había sido cumplida.

Se encuentra acreditado, igualmente, que la Comisión Nacional, mediante Oficio DP-
17882_CJMB del 4 de junio de 2026, informó que carecía de competencia para resolver
directamente la solicitud y, en aplicación de lo previsto en el artículo 21 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispuso su remisión a
la Comisión Seccional y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia (URNA), con copia al peticionario.

En dicha comunicación explicó que, tratándose de sanciones disciplinarias que no fueron
objeto de apelación, corresponde a la Comisión Seccional informar a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados las sanciones ejecutoriadas, mientras que la ejecución
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material de estas se encuentra a cargo de dicha Unidad, de conformidad con el artículo
47 de la Ley 1123 de 2007.

Asimismo, obra en el expediente que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, mediante comunicación del 16 de junio de 2026, informó al
accionante que no era posible acceder a su solicitud, toda vez que la Comisión Nacional
no había remitido la sentencia sancionatoria ejecutoriada ni la constancia de ejecutoria
necesarias para efectuar el correspondiente registro.

Igualmente, precisó que su competencia se limita a registrar la fecha de inicio de las
sanciones disciplinarias. Dicha respuesta fue remitida al correo electrónico suministrado
por el accionante el 18 de junio de 2026.

4.4.1.1. De la carencia actual de objeto por hecho superado

La acción de tutela fue establecida por la Constitución Política de 1991 con la finalidad
de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y sumario, solicite la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en ocasiones, sin
embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de amparo pierda su razón
de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial”13

La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura “cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío” 14 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación
sobreviniente o (iv) sustracción de materia.

En cuanto al hecho superado, se presenta cuando:

[...] entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita)
[...]15

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado lo siguiente:

[...] la ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (...) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión

13 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

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instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser [...]16

Con fundamento en el anterior marco jurisprudencial, la Sala considera que, durante el
trámite de la presente acción constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
emitió el Oficio DP-17882_CJMB del 4 de junio de 2026, mediante el cual explicó las
razones por las que estimó carecer de competencia para resolver directamente la petición
y, en aplicación del artículo 21 del CPACA, la remitió a la Comisión Seccional y a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, informando de ello
al interesado.

Posteriormente, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
emitió pronunciamiento frente a la solicitud elevada por el accionante, en el que expuso
las razones jurídicas por las cuales no era posible acceder a lo solicitado, precisó el
alcance de sus competencias e indicó cuál era la autoridad encargada de administrar y
actualizar el registro de antecedentes disciplinarios. Dicha respuesta fue puesta en
conocimiento del peticionario mediante correo electrónico remitido el 18 de junio de 2026.

En esas condiciones, la Sala advierte que, durante el trámite del presente amparo, cesó
la omisión que dio origen a la presente acción de tutela, toda vez que el accionante obtuvo
una respuesta expresa frente a la petición formulada. En consecuencia, la pretensión de
obtener una contestación por parte de la administración fue satisfecha en el curso del
trámite constitucional17, circunstancia que configura la carencia actual de objeto por
hecho superado.

Conviene precisar que el derecho fundamental de petición no comprende el derecho a
obtener una respuesta favorable a lo solicitado, sino a recibir una contestación pronta,
clara, congruente y de fondo con lo requerido. En esa medida, el hecho de que las
autoridades involucradas no hubieran accedido a la pretensión material del accionante
no implica, por sí solo, la vulneración de dicha garantía constitucional, pues la
inconformidad con el contenido de la respuesta constituye un aspecto distinto de la
satisfacción del derecho de petición y será analizada por la Sala al estudiar la presunta
vulneración del derecho fundamental al habeas data.

4.4.2. Derecho fundamental al habeas data y su armonización con el principio de
publicidad

El ordenamiento jurídico constitucional18 prevé el habeas data como un derecho
fundamental en virtud del cual toda persona puede acceder a la información que repose
sobre ella en archivos o bases de datos, así como solicitar su actualización o rectificación,
especialmente cuando su contenido pueda incidir en su honra, buen nombre o en sus
oportunidades laborales y sociales.

16 Ibidem.
17 La presente acción de tutela fue radicada el día 1 de junio de 2026.
18 “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,

y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas.
[...]
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución.”
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Este derecho comprende, además, la potestad de exigir que el tratamiento de los datos
personales se ajuste a criterios de veracidad, necesidad y proporcionalidad, lo que
implica la posibilidad de oponerse a su recolección, conservación o difusión cuando la
información resulte desactualizada, inexacta o carezca de justificación frente a la finalidad
legítima del respectivo registro.

En relación con este asunto, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha
fijado parámetros respecto de la aplicación del derecho fundamental al habeas data,
precisando que aquél19:

[...] “busca proteger el dato personal, en tanto información que tiene la posibilidad de
asociar un determinado contenido a una persona natural en concreto”. Este derecho
faculta a la persona para: (i) conocer o acceder a la información que está recolectada
en las bases de datos sobre sí mismo; (ii) incluir nuevos datos, con el fin de que se
provea una imagen completa del titular; (iii) actualizar la información existente; (iv)
exigir la corrección de la información y, bajo ciertos presupuestos, (v) exigir que se
excluya o suprima la información que reposa en las bases de datos.

[...]

Este último derecho, en particular, puede entrar en tensión con otros derechos,
principios, bienes o intereses relevantes, como la publicidad de las actuaciones
judiciales, la transparencia, el debido proceso, la participación democrática, el
ejercicio de los derechos políticos o, incluso, “la operatividad del sistema procesal
penal de corte acusatorio”.

Adicionalmente, el alto tribunal Constitucional20 ha indicado que, las actuaciones
judiciales, incluidas las penales, están regidas por el principio constitucional de
publicidad, previsto en los artículos 74 y 228 de la Constitución, el cual garantiza el debido
proceso, la transparencia judicial y el derecho ciudadano a acceder y controlar la
información sobre las decisiones adoptadas por la administración de justicia, salvo las
excepciones legales.

Asimismo, la regulación vigente sobre la publicación de información en el portal web de
la Rama Judicial y en sus sistemas tecnológicos parte del principio constitucional de
publicidad de las actuaciones judiciales y del deber de modernización digital del servicio
de justicia; sin embargo, dicha publicidad no es absoluta, pues debe armonizarse con la
protección de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al habeas
data21.

De igual manera se ha señalado que, el legislador y el Consejo Superior de la Judicatura
han establecido un sistema institucional que asigna responsabilidades específicas en la
administración, actualización y control de la información publicada, con el CENDOJ como
administrador principal del portal y los despachos judiciales como administradores
secundarios, imponiendo además el deber de cumplir estrictamente las reglas de
tratamiento de datos personales previstas en la Ley 1581 de 2012 y en la jurisprudencia
constitucional22.

19 Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 2025, M.P. Miguel Polo Rosero. Sobre el particular, esta
sección se ha pronunciado al respecto en anterior oportunidad. Ver expediente 11001 03 15 000 2025
06109 00, sentencia de 7 de noviembre de 2025, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-203 de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
21 Ibidem.
22 Ibidem.

7

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En consecuencia, el modelo actual de publicación judicial en medios digitales exige una
ponderación permanente entre transparencia y protección de datos personales, bajo
reglas claras de responsabilidad institucional y con sujeción a los principios
constitucionales que gobiernan el tratamiento de información personal23.

Conforme con ese marco constitucional y jurisprudencial, la sola permanencia de
información personal en bases de datos o registros oficiales no comporta, por sí misma,
una vulneración del derecho fundamental al habeas data. Para que ello ocurra es
necesario acreditar que la información publicada sea falsa, inexacta, desactualizada,
innecesaria o desproporcionada, o que su tratamiento desconozca la finalidad legítima
que justifica su conservación y divulgación.

En atención a lo expuesto, la Sala considera que en el presente asunto no se acreditó la
vulneración del derecho fundamental al habeas data del señor Rojas Guzmán, por cuanto
no demostró que la información registrada respecto de las actuaciones disciplinarias en
las que estuvo vinculado fuera falsa, inexacta, desactualizada o presentada de manera
que distorsionara el concepto que la sociedad pudiera formarse sobre su persona.

Tampoco acreditó que la conservación o publicación de dicha información hubiera
perdido la finalidad constitucional que justifica su tratamiento o que su permanencia
resultara innecesaria o desproporcionada frente al interés público que subyace al
principio de publicidad de las actuaciones disciplinarias.

En consecuencia, no se advierten razones que, en el marco del ejercicio de ponderación
constitucional antes descrito, justifiquen restringir el principio de publicidad que ampara
las actuaciones judiciales.

Ahora bien, de la consulta efectuada en el Certificado de Sanciones Vigentes para
Abogados expedido por la Comisión Nacional se observa la siguiente información:

De lo anterior se advierte que, si bien en el Certificado de Sanciones Vigentes para
Abogados reposa información relacionada con el accionante y con la sanción disciplinaria

23 Ibidem.

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impuesta, no se observa que dicha publicación constituya una divulgación indiscriminada
de datos personales ni una circulación de información que exceda los límites
constitucionales y legales derivados del principio de publicidad de las actuaciones
judiciales. Por el contrario, se trata de información incorporada en un registro oficial que
responde a una finalidad constitucional y legalmente legítima, consistente en garantizar
la transparencia de la función disciplinaria y permitir el acceso a información relevante
para el ejercicio de la profesión de abogado, sin que ello implique, por sí solo, la
vulneración del derecho fundamental al habeas data.

En consecuencia, al no encontrarse acreditado que el tratamiento de los datos personales
del accionante desconociera los principios constitucionales que gobiernan el habeas
data, ni evidenciarse que la información publicada en el portal de la Comisión Nacional
exceda los límites constitucionales y legales derivados del principio de publicidad judicial,
la Sala concluye que la actuación de la entidad accionada se ajustó al ordenamiento
jurídico, razón por la cual negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, por las razones expuestas en la esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del
derecho fundamental de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental al habeas data del accionante,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 9 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

9

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 04187 00
Accionante: Giovanni Rojas Guzmán
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

10

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