Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06945-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06945-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
26 de marzo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-00
Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 26 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06945-00
Demandante: LUCERO GUTIÉRREZ CARDONA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTROS
Temas: Derecho fundamental de petición. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela
Ruda Gallego contra el despacho 19 del Tribunal Administrativo de Antioquia, los
Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, el Tribunal Administrativo de Caldas,
los Juzgados 1 y 2 Administrativos de Manizales, el Juzgado 10 Administrativo de
Popayán, el Tribunal Administrativo del Casanare, el Tribunal Administrativo de Córdoba,
los Juzgados 4, 6, 9 y 11 Administrativos de Montería, los Juzgados 1, 3, 8 y 10
Administrativos de Neiva, el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio, el Juzgado 2
Administrativo de San José del Guaviare, los Tribunales Administrativos de Risaralda y
Santander y los Juzgados 2 y 7 Administrativos de Sincelejo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Lucero
Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego pidieron la protección de su derecho
fundamental de petición.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la falta de respuesta
de fondo a una petición que elevaron a las autoridades judiciales demandadas,
relacionada con información de procesos ejecutivos contractuales adelantados contra
municipios.
2. Pretensiones
El actor formuló la siguiente pretensión:
1. Tutelar el derecho fundamental de petición.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Despacho 019 del Tribunal Administrativo de
Antioquia; Juzgados 011 y 014 Administrativos de Barranquilla; Tribunal Administrativo de Caldas;
Juzgados 001 y 002 Administrativos de Manizales; Juzgado 010 Administrativo de Popayán; Tribunal
Administrativo de Casanare; Tribunal Administrativo de Córdoba; Juzgados 004,006,009 y 011
Administrativos de Montería; Juzgados 001, 003, 008 y 010 Administrativos de Neiva; Juzgado 004
Administrativo de Villavicencio; Juzgado 002 Administrativo de San José del Guaviare; Tribunal
Administrativo de Risaralda; Tribunal Administrativo de Santander; Juzgados 002 y 007 Administrativos
de Sincelejo; brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a las solicitudes presentadas entre los
días 30 de mayo, 3 y 4 de junio de 2025.
3. Hechos
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Manifestaron las tutelantes que el 30 de mayo, el 3 y 4 de junio de 2025 radicaron por
correo electrónico petición a las autoridades judiciales demandadas, en la que solicitaron:
i) que se les indicara si en los procesos ejecutivos iniciados desde enero de 2023 y
derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio, se exige el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.
ii) que les aportaran los enlaces de acceso a esos expedientes de procesos ejecutivos
contractuales contra municipios promovidos desde enero de 2023, en los que se hubiere
adelantado la primera actuación por parte del correspondiente despacho.
Que esa petición la habían elevado en razón de que se encontraban cursando la
maestría de derecho administrativo de la Universidad Autónoma Latinoamericana y
requerían esa información para presentar un proyecto investigativo de grado.
Que la respuesta que obtuvieron de las autoridades judiciales demandadas fue que no
estaban facultadas para emitir conceptos u opiniones generalizadas.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora alegó que la respuesta que obtuvieron no fue de fondo, porque lo pedido
no era que se emitiera un concepto general, sino que se informaran las decisiones que
se han tomado en los procesos ejecutivos con las especificaciones que señalaron en la
petición. Que, si las autoridades judiciales demandadas no conocían de procesos con
las características indicadas, solo bastaba con que informaran esa situación.
5. Trámite procesal
Por auto del 7 de noviembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados al magistrado titular del
despacho 19 del Tribunal Administrativo de Antioquia, a los jueces 11 y 14 Administrativos
de Barranquilla, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, a los jueces 1 y
2 Administrativos de Manizales, al juez 10 Administrativo de Popayán, a los magistrados
de los Tribunales Administrativos del Casanare y de Córdoba, a los jueces 4, 6, 9 y 11
Administrativos de Montería, a los jueces 1, 3, 8 y 10 Administrativos de Neiva, al juez 4
Administrativo de Villavicencio, al juez 2 Administrativo de San José del Guaviare, los
magistrados de Tribunales Administrativos de Risaralda y Santander y los jueces 2 y 7
Administrativos de Sincelejo.
El 23 de enero de 2026, el Despacho sustanciador advirtió que no se había notificado el
auto admisorio al juez décimo administrativo de Neiva, por lo que ordenó que se
procediera con la respectiva notificación.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 13 de noviembre
de 2025 y el 28 de enero de 2026.
6. Intervenciones
El presidente del Tribunal Administrativo del Casanare solicitó que se denegaran las
pretensiones de la parte actora, porque no tenían sustento, debido a que la respuesta
que emitió cumplía con los requisitos dispuestos por la jurisprudencia para el efecto.
Dijo que la petición de las tutelantes había sido atendida oportunamente el 4 de junio de
2025. Que se había dado una respuesta congruente, al atender los dos puntos expuestos
y que había sido clara y de fondo, por cuanto informó, por un lado, que esa corporación
no tenía competencias para absolver consultas, emitir conceptos o fijar posturas sobre
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los requisitos de procedibilidad de un medio de control específico, al margen de un asunto
sometido a conocimiento de manera concreta en un proceso judicial.
Que ello era así porque los magistrados que integran ese tribunal sustanciaban sus
procesos de acuerdo con la postura que consideran procedente y con fundamento en el
principio de autonomía judicial.
Por otro lado, que informó detalladamente a las peticionarias cómo elaborar consultas en
el aplicativo Samai, para que pudieran acceder a los procesos ejecutivos y filtrar y
consolidar la información que requerían.
El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla pidió que se le absolviera de la
presente acción constitucional. Informó que el 30 de mayo de 2025 dio respuesta a las
demandantes, en la que les manifestó que, con relación al primer punto de su petición,
no era un órgano consultivo, por lo que no le era posible emitir conceptos, opiniones o
asesorías jurídicas.
Que, respecto al segundo punto de la petición, a través de la plataforma Samai tenían
acceso a los procesos que cursaban en ese despacho judicial y que desde esa plataforma
podían consultar y descargar los documentos que conformaban los expedientes digitales
correspondientes. Que, en consecuencia, había resuelto el objeto de lo pedido.
El secretario del Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, porque esa corporación actuó conforme a la
Constitución y la Ley; además, garantizó el derecho fundamental de petición de las
accionantes.
Señaló que el 6 de junio de 2025 dieron respuesta a la petición elevada por la parte actora
de forma clara, congruente y ajustada a las competencias de ese tribunal. Que en esa
respuesta se explicó la imposibilidad que tenían de emitir conceptos o brindar asesoría
sobre decisiones procesales o actuaciones judiciales y orientaron a las peticionarias
hacia los mecanismos oficiales habilitados para la consulta de expedientes.
El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo pidió que se denegaran las
pretensiones de las tutelantes. Adujo que el 18 de junio de 2025 atendió de forma
oportuna la petición radicada por las demandantes, en la que les explicó la forma como
podían acceder a los expedientes digitales de su competencia.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio señaló que la acción de tutela
carecía de fundamento, porque el derecho fundamental de petición de la parte actora
había sido plenamente garantizado, debido a que el 13 de junio de 2025 les informó que
no tenía competencias para emitir conceptos, opiniones o valoraciones jurídicas de
carácter general o abstracto, y que todas las decisiones que adoptaba las podían
consultar en el sistema de gestión judicial SAMAI.
El despacho 19 del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo o que se denegara el amparo deprecado, al no
haberse demostrado la vulneración o amenaza del derecho fundamental de petición de
las demandantes. Dijo que el 19 de noviembre de 2025 dio respuesta a la solicitud
elevada por las accionantes, en el sentido de informar que no tenía competencias para
emitir concepto o absolver consultas y que en ese despacho no figuraban procesos
ejecutivos con las características señaladas por la parte actora, cuyos enlaces pudieran
ser suministrados.
El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva pidió denegar las súplicas de la demanda
de tutela, al considerar que no menoscabó el derecho de petición de las demandantes.
Manifestó que el 5 de junio de 2025 otorgó respuesta a la solicitud presentada por las
accionantes, en la que informó que no estaba facultado para emitir conceptos u opiniones
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generalizadas y que podía consultar a través del sistema de gestión judicial Samai la
información de los expedientes requeridos.
El Juzgado Noveno Administrativo de Montería dijo que no advertía la vulneración del
derecho fundamental de petición de la parte actora, porque profirió una respuesta
oportuna, clara, congruente y de fondo el 17 de junio de 2025, en la que indicó sobre la
imposibilidad de compartir acceso a expedientes, en razón a la protección de datos
personales, intimidad de las partes y reserva del expediente.
Que, en cuanto a la información general sobre exigencia del requisito de conciliación
prejudicial, no contaba con un registro estadístico sistematizado que permitiera consolidar
esa información y que extraerla implicaría revisar todos los expedientes, pero que esa
actividad estaba restringida por la reserva que gozan los procesos judiciales.
El Juzgado Décimo Administrativo de Popayán solicitó que se declarara la carencia
actual de objeto por hecho superado, por cuanto el 14 de noviembre de 2025 atendió la
solicitud presentada por las tutelantes y les informó que no tenía competencia para emitir
conceptos, pero que, en atención al propósito académico de la petición, no se exigía el
requisito de conciliación prejudicial en los procesos ejecutivos contractuales adelantados
contra municipios.
Que infortunadamente la base de datos con la que contaban no tenía filtros para la
información suministrada en el punto dos de la petición, pero que desde enero del año
2023 había recibido 9 demandas ejecutivas contra el municipio, que relacionó en un
cuadro.
El Juzgado Once Administrativo de Montería pidió denegar el amparo deprecado, al
considerar que la solicitud de las tutelantes fue atendida dentro del término legal, de
manera clara, congruente y de fondo el 6 de junio de 2025. Dijo que informó a las
peticionarias que los expedientes judiciales contenían información protegida por reserva
legal.
Que la información sobre conciliaciones prejudiciales en procesos ejecutivos no hacía
parte de registros estadísticos y su obtención exigiría un análisis individual de
expedientes que se encuentran sujetos a reserva. Que no era posible suministrar enlaces
de acceso a expedientes ni la información que se derive de su contenido.
El Juzgado Primero Administrativo de Manizales solicitó denegar el amparo al
derecho fundamental pretendido por las demandantes y declarar que la respuesta
ofrecida fue congruente, clara y ajustada a sus competencias. Informó que explicó a las
tutelantes que no podía emitir conceptos jurídicos o pronunciamientos abstractos sobre
la aplicación de normas procesales y que el acceso a expedientes estaba restringido, de
acuerdo con el artículo 123 del CGP.
Por otro lado, señaló que la acción de tutela no tenía relevancia constitucional, porque
reflejaba un fenómeno reiterado de instrumentalización del derecho de petición para
satisfacer cargas académicas, proyectos de aula o trabajos de grado, sin que existiera
un verdadero interés jurídico con una finalidad constitucionalmente relevante. Que no era
admisible convertir los despachos judiciales en oficinas de consultas académicas, ni era
dable desplazar hacia ellos la labor investigativa que corresponde a la comunidad
estudiantil.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo pidió que se denegara el amparo
pretendido por las accionantes, debido a que no vulneró ni amenazó su derecho
fundamental de petición, puesto que el 26 de junio de 2025 dio respuesta a la solicitud
elevada por las tutelantes, en la que relacionó los radicados de los proceso ejecutivos
contractuales iniciados en contra municipios a partir del años 2023 e indicó que en el
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marco de cada proceso verifica el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su
admisión.
Que no estaba facultado para emitir conceptos jurídicos generales ni pronunciamientos
abstractos por fuera de actuaciones judiciales concretas, conforme al artículo 141 del
CGP.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Montería solicitó que se denegara la acción de
tutela, por cuanto no evidencia la vulneración o amenaza del derecho fundamental de
petición, puesto que, a su juicio, el hecho de que la decisión no resultara favorable a las
interesadas no convertía la respuesta en aparente o insuficiente.
Adujo que el 16 de junio de 2025 emitió respuesta a las tutelantes, en la que expuso las
razones jurídicas que impedían atender lo solicitado, relacionadas con la protección del
derecho al habeas data, al principio de reserva judicial, el límite irrestricto a expedientes
judiciales, la ausencia de un sistema estadístico consolidado que permita responder de
forma global la información pretendida y la imposibilidad técnica para generar estadísticas
sin vulnerar la reserva judicial.
El Juzgado Segundo Administrativo de San José del Guaviare pidió denegar el
amparo deprecado por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales de la
parte actora. Informó que el 25 de junio de 2025 atendió la petición de las tutelantes, en
la que les manifestó que entre el mes de enero de 2023 y junio de 2025 no había conocido
procesos ejecutivos contractuales adelantados contra municipios y que no emitía
conceptos jurídicos.
El Juzgado Sexto Administrativo de Montería solicitó denegar el amparo al derecho
fundamental de petición de las demandantes, debido a que la petición que elevaron fue
atendida dentro del término legal, de fondo, de forma clara y congruente el 5 de junio de
2025, al explicar que, los expedientes judiciales contienen información protegida por el
principio de reserva judicial.
Que la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de publicidad de las
actuaciones judiciales no implica un acceso irrestricto de terceros cuando se pueden ver
afectados derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data. Que el hecho de que
la petición tenga fin académico no implique el levantamiento de reserva del expediente ni
el tratamiento de datos personales sin autorización de sus titulares. Que la información
pedida sobre la práctica de conciliación prejudicial en procesos ejecutivos no hace parte
de registros estadísticos públicos estructurados ni sistematizados por ese despacho y
que no era posible suministrar los enlaces de acceso a los expedientes ni la información
que se deriva directamente de su contenido.
El presidente del Tribunal Administrativo de Risaralda pidió denegar las pretensiones
de la acción de tutela. Dijo que el 9 de junio de 2025 atendió la solicitud de las
demandantes y que les manifestó que ese tribunal no tenía carácter de órgano consultivo.
Que esa corporación había recibido poco sobre el tema de interés de las accionantes,
pero que les informó de un auto de segunda instancia que no libró mandamiento de pago
y le adjuntó el enlace de la providencia. Que en Samai se cargaban todas las actuaciones
de los procesos y le indicó la forma de cómo consultar.
El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva solicitó que se desestimaran las
pretensiones de la acción de tutela, al no evidenciar la transgresión del derecho
fundamental de petición de las demandantes.
Informó que el 24 de junio de 2025 emitió respuesta a la solicitud objeto de tutela, en la
que indicó que carecía de competencias para emitir conceptos u opiniones de carácter
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general o abstracto, debido a que solo adoptaba decisiones judiciales. Que a través de
Samai podía consultar los expedientes de su interés.
Los jueces 14 Administrativos de Barranquilla, 2 Administrativos de Manizales, 1, 8
y 10 Administrativos de Neiva, así como los magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas y de Córdoba no se pronunciaron, pese a que, como se vio,
fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Lucero
Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego para proteger su derecho fundamental de
petición, presuntamente vulnerado por la falta de respuesta de fondo a una solicitud que
elevaron a las autoridades judiciales demandadas, relacionada con información de
procesos ejecutivos contractuales adelantados contra municipios.
La Sala anticipa que, por un lado, amparará el derecho de petición de las tutelantes
respecto de los Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, los Tribunales
Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba, los Juzgados 4, 6 y 9
Administrativos de Montería, los Juzgados 1 y 3 Administrativos de Neiva y del Juzgado
2 Administrativo de San José del Guaviare.
Por otro lado, denegará la solicitud de amparo con relación a las demás autoridades
judiciales demandadas.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) derecho fundamental de petición y, iii) el análisis del caso
concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. Derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé que el derecho de petición es fundamental
y faculta a toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener una respuesta oportuna, clara, precisa, de fondo y congruente con lo solicitado.
El derecho a recibir una respuesta de fondo implica que la autoridad que recibió la
solicitud, según su competencia, se pronuncie completa y detalladamente sobre todos
los asuntos expuestos por el solicitante. La autoridad no puede responder con evasivas
o con razones que no guarden relación con los temas planteados en la solicitud.
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El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los
particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna,
es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de
fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia,
debe entregar el destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable
al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia
para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el
destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.
4. Análisis del caso concreto
Previo a resolver, la Sala empezará por referirse a los hechos probados:
El 30 de mayo y el 3 y 4 de junio de 2025, Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda
Gallego remitieron correo electrónico a las siguientes direcciones web:
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm01bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm02bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm03bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm04bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm05bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm06bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm08bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm09bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm10bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm11bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm12bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm13bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm15bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sec01admcal@cendoj.ramajudicial.gov.co, admin01ma@cendoj.ramajudicial.gov.co,
admin02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, admin03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co,
admin04ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, admin05ma@cendoj.ramajudicial.gov.co,
admin06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, admin07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co,
admin08ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, j09adminmzl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, j01admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j02admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co, j03admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j04admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co, j05adminpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co, j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j08admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co,
jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co, sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j01admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co, j02admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j03admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co, j04admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j05admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co, setradmon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm01mon@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm02mon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm03mon@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm04mon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm05mon@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm06mon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm07mon@cendoj.ramajudicial.gov.co, juzadm08cord@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j09adminmon@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm10mon@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j11admmtr@cendoj.ramajudicial.gov.co, sectriadmhui@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm03nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm08nei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm09nei@cendoj.ramajudicial.gov.co, j10admnei@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, j01admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j02admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, j03admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j04admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, j05admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j06admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, j07admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co,
j08admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, j09admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co,
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j02admsjguaviare@cendoj.ramajudicial.gov.co, stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.co,
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adm03buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm04buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm05buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm06buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm07buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm08buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm09buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm10buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm11buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm12buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm13buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm14buc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm15buc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm01sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm02sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm03sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm01sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm02sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm03sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm04sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm05sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm06sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm07sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm08sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co, adm09sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
adm10sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co y j11admsinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
En el que manifestaron:
Cordial saludo,
A través de la presente, nos permitimos allegar solicitud en ejercicio del derecho fundamental de petición
que consagran el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015, la cual se
encuentra contenida en el archivo adjunto.
De antemano agradecemos las respuestas suministradas.
Cordialmente,
Manuela Ruda Gallego
Lucero Gutiérrez Cardona
Al parecer, en el documento adjunto pedían lo siguiente:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si, en los procesos ejecutivos derivados
de contratos en los que la parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero
de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación
prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos contractuales
contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023 hasta la fecha en que se brinde
respuesta a la presente solicitud, en los que se hubiese emitido al menos la primera actuación de
despacho.
Ahora bien, la Sala realizará el siguiente cuadro sobre las autoridades judiciales
demandadas, la fecha de la respuesta a la petición objeto de tutela y la contestación que
brindaron sobre cada punto:
Autoridad Fecha de Respuesta punto uno Respuesta punto dos
judicial respuesta
Despacho 19 4 de junio Se observa que la atención de este En cuanto a la segunda solicitud, se
del Tribunal de 2025 pedido con ese alcance conllevaría a informa que acorde con el inventario de
Administrativo la emisión de un concepto, conforme procesos activos que están al despacho,
de Antioquia a lo previsto en el artículo 28 del en la actualidad no figuran “(…)
CPACA1, aunque fuera con fines procesos ejecutivos contractuales contra
académicos. No obstante, dentro de municipios (…)” (p. 2) cuyos links
las competencias atribuidas a este puedan serles suministrados. En todo
despacho del tribunal, no está la de caso, por conducto de la secretaría
absolver consultas. general del tribunal se les podrá dar
En todo caso, atendiendo el propósito información sobre procesos de ese tipo
académico de la solicitud y que estén en la secretaría asignados al
maximizando la protección del despacho 19. Para este último efecto, se
derecho a la información, se hace remite copia del presente oficio a la jefe
saber que el cumplimiento del de esa dependencia.
requisito de procedibilidad de agotar
la conciliación prejudicial, se revisa en
cada uno de los procesos a cargo de
este despacho, acatando lo regulado
al respecto en el orden jurídico
colombiano, en especial, en el código
de procedimiento administrativo y de
lo contencioso administrativo y en el
estatuto de conciliación - ley 2220 de
2022 -
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Juzgado 11 No acreditó
Administrativo haber dado
de respuesta
Barranquilla
Juzgado 14 No acreditó
Administrativo haber dado
de respuesta
Barranquilla
Tribunal No acreditó
Administrativo haber dado
de Caldas respuesta
Juzgado 1 24 de junio Respecto de la solicitud formulada, Por lo tanto, no le es posible a este
Administrativo de 2025 este Despacho se permite señalar Despacho remitir los enlaces de acceso
de Manizales que no es posible emitir un solicitados ni permitir la consulta
pronunciamiento de fondo en los indiscriminada de los expedientes
términos requeridos, por cuanto los mencionados, salvo que quien lo solicite
jueces no están facultados para emitir acredite debidamente su calidad o
conceptos jurídicos generales ni para legitimación conforme a lo exigido por la
absolver consultas sobre la aplicación norma citada.
o interpretación normativa en
abstracto. La función judicial se ejerce
mediante la adopción de decisiones
dentro de los procesos concretos
sometidos a su conocimiento, a
través de providencias judiciales
(autos y sentencias) debidamente
motivadas y con efectos particulares
en cada caso.
(...)
En ese orden de ideas, cualquier
análisis relacionado con la aplicación
del requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 161 de la Ley
1429 de 2010 (modificado por la Ley
2220 de 2022), solo puede realizarse
en el marco de un caso concreto, a
partir del estudio del expediente, de
las pretensiones formuladas, de la
naturaleza del título ejecutivo y de las
condiciones específicas del contrato
que da lugar al proceso ejecutivo.
Juzgad 2 24 de junio Al literal primero, es importante De otro lado, y respecto del literal
Administrativo de 2025 recordarles que los Jueces no emiten segundo, y revisando los documentos
de Manizales conceptos jurídicos, en la esfera de que se adjuntaron a la petición, se pudo
sus funciones, los jueces se establecer que las peticionarias no
pronuncian únicamente mediante cumplen con alguna de las situaciones
providencias (autos y sentencias) las listadas en el artículo 123 del Código
cuales son de obligatorio General del Proceso, por esto no es
cumplimiento para las partes posible concederles acceso para
procesales que actúan en cada uno revisión de los expedientes que cursan
de los medios de control. Así mismo, en esta instancia judicial; además,
los Jueces dentro de sus funciones no revisados los archivos del Juzgado se
tienen asignado funciones de pudo establecer que no cursan ni han
consulta. cursado procesos ejecutivos derivados
de contratos en contra de alguna entidad
territorial del Circuito de Administrativo
de Manizales .
Juzgado 10 18 de En relación con la primera solicitud, Respecto a la segunda solicitud, se
Administrativo noviembre es importante precisar que emitir una aclara que infortunadamente las bases
de Popayán de 2025 respuesta categórica sobre si en de datos con fundamento en las cuales
todos los procesos ejecutivos filtramos la información de los procesos
contractuales radicados desde enero adelantados no cuentan con una
de 2023 contra municipios se exige el clasificación que permitan determinar
cumplimiento del requisito de con precisión y de forma unificada un
procedibilidad de la conciliación reporte de procesos ejecutivos de origen
prejudicial, implicaría la emisión de un contractual en contra de municipios.
concepto jurídico general. Tal
pronunciamiento constituye una
actividad consultiva que desborda las
funciones jurisdiccionales de este
Despacho, de conformidad con el
principio de independencia judicial y
el deber de imparcialidad que rige
nuestra función.
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Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
En todo caso, atendiendo el propósito
académico de la solicitud y
maximizando la protección del
derecho a la información, se hace
saber que, de acuerdo con la
normativa vigente y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, los procesos
ejecutivos contractuales promovidos
contra municipios ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo no
están sujetos al requisito de
procedibilidad consistente en la
audiencia previa de conciliación
prejudicial.
Tribunal No acreditó
Administrativo haber dado
del Casanare respuesta
Tribunal No acreditó
Administrativo haber dado
de Córdoba respuesta
Juzgado 4 No acreditó
Administrativo haber dado
de Montería respuesta
Juzgado 6 No acreditó
Administrativo haber dado
de Montería respuesta
Juzgado 9 No acreditó
Administrativo haber dado
de Montería respuesta
Juzgado 11 6 de junio En cuanto a la solicitud de que se Los expedientes judiciales contienen
Administrativo de 2025 informe si los despachos judiciales información sensible y de carácter
de Montería exigen el cumplimiento del requisito reservado, relacionada con datos
de procedibilidad de la conciliación personales de las partes procesales,
prejudicial en procesos ejecutivos como nombres, direcciones, números de
contractuales contra municipios, se cuentas bancarias, valores
informa que no se cuenta con un contractuales, y otros datos protegidos
sistema de registro estadístico constitucionalmente. Esta información
sistematizado que permita consolidar está resguardada por el derecho
dicha información. Su verificación fundamental al habeas data (artículo 15
solo sería posible mediante el estudio de la Constitución Política), la Ley
particular de cada expediente, el cual, Estatutaria 1581 de 2012 sobre
como ya se indicó, está sujeto a protección de datos personales, y por el
reserva. principio de reserva judicial, conforme al
artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 (Ley
de Transparencia).
(...)
Entendemos que la solicitud se motiva
en el desarrollo de un trabajo de grado
para la Maestría en Derecho
Administrativo. No obstante, la Corte
Constitucional ha sido enfática en
señalar que el interés académico, por
legítimo que sea, no habilita per se el
acceso a información reservada. La
protección del derecho fundamental a la
intimidad, a la autodeterminación
informativa y a los datos personales,
prevalece frente a la finalidad
investigativa cuando no se cuenta con
consentimiento ni con un marco legal
habilitante para su divulgación.
Juzgado 1 No acreditó
Administrativo haber dado
de Neiva respuesta
Juzgado 3 No acreditó
Administrativo haber dado
de Neiva respuesta
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Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Juzgado 8 24 de junio En primer lugar, debo señalarles que En segundo lugar, respecto de la
Administrativo de 2025 este Despacho Judicial carece de remisión de los enlaces de acceso a los
de Neiva competencia para emitir conceptos u diferentes procesos requeridos, debo
opiniones de carácter general o señalar que, por directriz del Consejo de
abstracto, puesto que las decisiones Estado, en la jurisdicción de lo
que se adoptan en el marco de los Contencioso Administrativo, desde el
procesos judiciales se profieren mes de diciembre del año
exclusivamente a través de 2021, se implementó el aplicativo Samai
providencias debidamente para efectos de la consulta de los
motivadas, emitidas en el contexto de procesos que se tramitan en los
casos concretos y con fundamento en diferentes despachos judiciales de la
los hechos particulares y en la jurisdicción, el cual permite la consulta
normatividad vigente aplicable a cada permanente de los usuarios sin
asunto. restricción alguna, salvo las
prohibiciones de reserva legal.
Juzgado 10 18 de junio En cuanto al primer punto, ha de Ahora, en cuanto al segundo punto, me
Administrativo e 2025 indicarse que esta agencia judicial no permito comunicarle que, a partir de
de Neiva está facultada para emitir conceptos u diciembre de 2021, el Consejo de Estado
opiniones generalizadas. Pues al puso en marcha el sistema de gestión
decidir de fondo sobre un proceso en judicial SAMAI para la jurisdicción
particular, se pronuncia a través de contencioso administrativa. Esa
autos y providencias. Sin embargo, plataforma facilitó el acceso a la
en cada asunto que se resuelve administración de justicia, permitiendo a
[procesos ejecutivos de contratos, en los ciudadanos gestionar sus procesos
los que la parte demandada es un judiciales o consultarlos de manera más
municipio). Las decisiones se toman fácil, rápida y segura a través de la
conforme a los fundamentos fácticos Página Web Oficial
y la normatividad vigentes al https://samai.consejadeestado.gov.co/
momento de analizar el caso en
particular.
Juzgado 4 13 de junio Este Juzgado, en cumplimiento de lo Por lo tanto, no es procedente emitir una
Administrativo de 2025 dispuesto en el artículo 228 de la respuesta sustantiva en los términos
de Constitución Política, la Ley solicitados, ya que ello desbordaría el
Villavicencio Estatutaria de la Administración de marco funcional de la jurisdicción. No
Justicia (Ley 270 de 1996) y las obstante, todas las decisiones
demás normas que regulan la función adoptadas por este Despacho pueden
jurisdiccional, carece de competencia ser consultadas públicamente a través
para emitir conceptos, opiniones o del sistema de gestión judicial SAMAI,
valoraciones jurídicas de carácter donde se encuentran debidamente
general o abstracto. Su función es digitalizados los expedientes y
estrictamente jurisdiccional y se providencias, en cumplimiento de los
ejerce exclusivamente en el marco de principios de publicidad y acceso a la
los procesos que le son asignados, información judicial.
conforme a los principios de
independencia, imparcialidad y
sujeción al ordenamiento jurídico.
En consecuencia, este Juzgado no
ejerce funciones de carácter
consultivo ni está facultado para
pronunciarse por fuera del ámbito
procesal sobre criterios jurídicos. Las
posturas y consideraciones jurídicas
adoptadas se concretan únicamente
a través de las providencias judiciales
—autos o sentencias— proferidas en
cada caso, con base en el análisis de
los hechos, el acervo probatorio y la
aplicación del derecho vigente y de la
jurisprudencia aplicable.
Juzgado 2 25 de junio En atención al derecho de petición No se pronunció sobre este punto
Administrativo de 2025 radicado ante este despacho,
de San José mediante el cual solicita información
del Guaviare sobre los procesos ejecutivos
derivados de contratos en los que la
parte demandada es el Municipio,
radicados a partir de enero de 2023,
me permito informarle que a la fecha,
el despacho no ha conocido de
procesos ejecutivos donde la parte
demandada sea un municipio.
Adicionalmente, le informo que esta
entidad no emite conceptos jurídicos.
No obstante, las decisiones
adoptadas en cada providencia se
fundamentan en la normativa vigente
y en la jurisprudencia. El despacho es
respetuoso de los precedentes
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Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
judiciales fijados por las Altas Cortes,
y en particular de las decisiones
proferidas por el Consejo de Estado,
en calidad de órgano de cierre de la
Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Tribunal 9 de junio En lo que respecta a esta pregunta,
Administrativo de 2025 se precisa de manera respetuosa que
de Risaralda el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda, no es un
órgano consultivo y, por lo tanto, no
está facultado para emitir los
conceptos solicitados, comoquiera
que, de conformidad con lo previsto
en los artículos 123, 125 y 151 a 153
de la Ley 1437 de 2011, entre las
competencias asignadas a los
Tribunales Administrativos, no se
encuentra esta función consultiva. Tribunal 6 de junio El Tribunal Administrativo de Ahora bien, con relación a su solicitud de
Administrativo de 2025 Santander, como entidad judicial, no consulta de expedientes de los procesos
de Santander cuenta con la competencia para emitir ejecutivos contractuales contra
conceptos jurídicos ni para brindar municipios que ingresaron a esta
asesorías legales sobre requisitos corporación desde enero de 2023 hasta
procesales. En consecuencia, esta la fecha, se informa que la jurisdicción de
corporación no puede proporcionar lo contencioso administrativo cuenta con
información específica ni un aplicativo denominado SAMAI
interpretaciones respecto a (Sistema Automatizado de Monitoreo de
procedimientos o actuaciones Actuaciones e Información), de acceso
procesales en curso, ya que dicha público.
información corresponde a la esfera
estrictamente judicial y a los
mecanismos oficiales de consulta
pública habilitados para tal fin. Juzgado 2 18 de junio Comedidamente, dentro de la En lo que respecta a aportar los links de
Administrativo de 2025 oportunidad legal prevista para ello, acceso de los procesos ejecutivos
de Sincelejo por medio de la presente, doy contractuales con la descripción
respuesta a la petición descrita en la indicada en la petición, debo señalar que
referencia, indicándoles que la es de Ustedes la carga de identificar los
postura adoptada por este Juzgado procesos frente a los cuales requieren se
frente a la exigencia del cumplimiento les brinde información y esta no puede
del requisito de procedibilidad de ser suplida por el Juzgado, puesto que
agotar la conciliación prejudicial en ello acarrearía una carga adicional a las
procesos Ejecutivos en los que es tareas del resorte habitual que podría
parte ejecutada un municipio, se afectar la atención a acciones de
encuentra contenida en las raigambre constitucional que se
decisiones dictadas por esta Unidad caracterizan por ser perentorias y de
Judicial, las cuales pueden ser inmediata resolución, sin dejar de lado la
consultadas en el aplicativo SAMAI, carga del despacho que no puede ser
previsto como motor de búsqueda objeto de mora.
para la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, por la Rama Judicial,
haciendo uso de los 23 dígitos que
conforman su radicación y/o de otros
datos que la misma herramienta
sugiere, verbigracia, la búsqueda
puede ser guiada por el NIT que
identifica a la entidad territorial
demandada cuando se desconoce el
número de radicación del proceso. Juzgado 7 26 de junio Este despacho actúa conforme a la A continuación, se relacionan los
Administrativo de 2025 normatividad y jurisprudencia números de radicado de los procesos
de Sincelejo vigentes, y en el marco de cada ejecutivos asignados a este despacho
proceso verifica el cumplimiento de por la Oficina Judicial, a través del
los requisitos legales exigidos por el sistema de reparto, desde enero de 2023
sistema jurídico.
No obstante, se hasta la fecha:
aclara que la suscrita no está (...)
facultada para emitir conceptos Estos procesos pueden ser consultados
jurídicos generales ni a través del sistema SAMAI, ingresando
pronunciamientos abstractos por a la opción “Consulta de procesos”,
fuera de una actuación digitando el número completo del
judicial concreta, conforme a lo radicado (21 dígitos) y seleccionando la
dispuesto en el artículo 141, numeral corporación Juzgado Administrativo de
12, del Código General del Proceso. Sincelejo.
De lo anterior, la Sala extrae, en primer lugar, que los Juzgados 11 y 14 Administrativos
de Barranquilla, los Tribunales Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba,
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-00
Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
los Juzgados 4, 6 y 9 Administrativos de Montería y los Juzgados 1 y 3 Administrativos
de Neiva no acreditaron haber atendido la petición de las tutelantes, con lo que
trasgredieron su derecho fundamental de petición.
En segundo lugar, que de la respuesta ofrecida por el Juzgado 2 Administrativo de San
José del Guaviare se advierte que solo atendió el punto uno de la petición radicada por
las accionantes, por lo cual, también vulneró su derecho fundamental de petición, por
cuanto no se pronunció completa y detalladamente sobre todos los asuntos expuestos
por las demandantes.
En tercer lugar, que las demás autoridades judiciales respondieron los dos puntos de la
solicitud que presentaron Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego. En este
punto, la Sala debe señalar que las respuestas a las peticiones no necesariamente deben
ser favorables o accesibles a las pretensiones, sino adecuadas, precisas y suficientes.
Frente al particular, es necesario recordar los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, en relación con la diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo
pedido1: «(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la
posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que
se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son
formas de violación de aquel y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el
uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental
(…)».
En igual sentido, en sentencia T-051 de 2023 indicó: «14. Se ha precisado que la satisfacción
del derecho de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que
conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido”2, que
se usa para destacar que “el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al
derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar
la materia de la solicitud como tal”3».
Siendo así, la Sala, por un lado, amparará el derecho de petición de las tutelantes
respecto de los Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, los Tribunales
Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba, los Juzgados 4, 6 y 9
Administrativos de Montería, los Juzgados 1 y 3 Administrativos de Neiva y del Juzgado
2 Administrativo de San José del Guaviare.
Por otro lado, denegará la solicitud de amparo con relación a las demás autoridades
judiciales demandadas. En la parte resolutiva se darán las órdenes correspondientes.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Amparar el derecho fundamental de petición de Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela
Ruda Gallego, respecto de los Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, los
Tribunales Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba, los Juzgados 4, 6 y
9 Administrativos de Montería, los Juzgados 1 y 3 Administrativos de Neiva y del
Juzgado 2 Administrativo de San José del Guaviare.
2. Ordenar a los Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, los Tribunales
Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba, los Juzgados 4, 6 y 9
Administrativos de Montería, los Juzgados 1 y 3 Administrativos de Neiva y del Juzgado
1
Sentencia T-242 de 1993.
2
Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014, T-058 de 2018 y T-424 de 2019.
3
Sentencias C-007 de 2017 y T-424 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-00
Demandante: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
2 Administrativo de San José del Guaviare que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, respondan completa y
detalladamente la petición elevada por las demandantes el 30 de mayo y el 3 y 4 de junio
de 2025.
3. Denegar la solicitud de amparo presentada por Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela
Ruda Gallego con relación al despacho 19 del Tribunal Administrativo de Antioquia, los
Juzgados 1 y 2 Administrativos de Manizales, el Juzgado 10 Administrativo de Popayán,
el Juzgado 11 Administrativo de Montería, los juzgados 8 y 10 Administrativos de Neiva,
el Juzgado 4 Administrativo de Villavicencio, los Tribunales Administrativos de Risaralda
y de Santander y los Juzgados 2 y 7 Administrativos de Sincelejo.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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