República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06945-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., primero (1º.) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-01 (5314)
Accionantes: Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Tema: tutela para la protección del derecho de petición. Subtema 1: obligación de
las autoridades a dar respuesta a las peticiones que les sean presentadas.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por los juzgados Cuarto Administrativo y Sexto
Administrativo de Montería contra la sentencia de primera instancia del 26 de marzo
de 2026, proferida por la Sección Cuarta de esta corporación.
1. Síntesis del caso
Las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego presentaron acción
de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental de petición, que
consideraron vulnerado por el despacho diecinueve del Tribunal Administrativo de
Antioquia, los tribunales administrativos de Caldas, Casanare, Córdoba, Risaralda
y Santander, los juzgados Once y Catorce administrativos de Barranquilla, Primero
y Cuarto administrativos de Manizales, Décimo Administrativo de Popayán, Cuarto,
Sexto, Noveno y Once administrativos de Montería, Primero, Tercero, Octavo y
Décimo administrativos de Neiva, Cuarto Administrativo de Villavicencio, Segundo
Administrativo de San José del Guaviare y Segundo y Séptimo administrativos de
Sincelejo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-01 (5314)
Accionantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
2. Antecedentes
2.1. Hechos y argumentos de la tutela
1. Las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego, el 30 de mayo
y el 3 y 4 de junio de 2025, presentaron petición de información ante las autoridades
accionadas en los siguientes términos:
PRIMERO. Se solicita a los despachos judiciales que indiquen si en los procesos
ejecutivos derivados de contratos en los que la parte demandada es un municipio y
que fueron radicados a partir de enero de 2023, el despacho exige el cumplimiento
del requisito de procedibilidad de agotar la conciliación prejudicial.
SEGUNDO. Aporte los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de 2023
hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los que se
hubiese emitido al menos la primera actuación de Despacho1.
2. Manifestaron que los despachos judiciales accionados no dieron una respuesta
clara y de fondo a la petición de información, debido a que se limitaron a indicar que
no estaban facultados para emitir conceptos u opiniones de los procesos que están
a su cargo.
3. Con fundamento en lo expuesto, las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y
Manuela Ruda Gallego pidieron al juez constitucional que ampare el derecho
fundamental de petición y, en consecuencia, que ordene lo siguiente:
[A]l Despacho 019 del Tribunal Administrativo de Antioquia; Juzgados 011 y 014
Administrativos de Barranquilla; Tribunal Administrativo de Caldas; Juzgados 001 y
002 Administrativos de Manizales; Juzgado 010 Administrativo de Popayán; Tribunal
Administrativo de Casanare; Tribunal Administrativo de Córdoba; Juzgados
004,006,009 y 011 Administrativos de Montería; Juzgados 001, 003, 008 y 010
Administrativos de Neiva; Juzgado 004 Administrativo de Villavicencio; Juzgado 002
Administrativo de San José del Guaviare; Tribunal Administrativo de Risaralda;
Tribunal Administrativo de Santander; Juzgados 002 y 007 Administrativos de
Sincelejo; brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a las solicitudes
presentadas entre los días 30 de mayo, 3 y 4 de junio de 20252.
2.3. Trámite Procesal
4. El despacho ponente de la Sección Cuarta de esta corporación, mediante auto
del 7 de noviembre de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó las
notificaciones de rigor a los accionados y tuvo como pruebas los documentos
aportados con la demanda.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 4.
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2.4. Intervenciones
5. El Tribunal Administrativo del Casanare4 indicó que la petición fue atendida de
manera oportuna el 4 de junio de 2025, con una respuesta congruente, clara y de
fondo. Explicó que se abordaron los puntos objeto de la solicitud y que se informó
que esa corporación no tenía competencia para atender consultas, emitir conceptos
o fijar posturas sobre los requisitos de procedibilidad de un medio de control
especifico. Además, que, en virtud del principio de autonomía judicial, cada proceso
es analizado de forma autónoma por lo cual la postura adoptada atiende a las
especificidades del caso. Expuso la manera en la que las peticionarias podían
realizar consultas en el aplicativo Samai con relación a la información requerida. Por
lo tanto, solicitó que se negaran las pretensiones de tutela.
6. El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla5 pidió que no se concedan las
pretensiones de amparo, dado que contestó la petición el 30 de mayo de 2025. Con
relación al primer punto, refirió que no le era posible emitir conceptos, opiniones o
asesorías jurídicas por no ser un órgano consultivo. De la misma manera, explicó el
uso del aplicativo Samai y como se podía acceder a la información de los procesos
judiciales que se adelantaban en ese despacho judicial, junto con los expedientes.
7. El Tribunal Administrativo de Santander6 solicitó que se negara la protección del
derecho fundamental alegado, ya que actuó conforme a la Constitución y la Ley.
Argumentó que emitió una respuesta clara, congruente y ajustada a las
competencias de esa corporación, en la que indicó la imposibilidad de emitir
conceptos o brindar asesorías con relación a las decisiones o actuaciones
adelantadas en el marco de los procesos judiciales, por lo cual explicó la forma
idónea para la consulta de expedientes.
8. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo7 refirió que, el 18 de junio de
2025, atendió de manera oportuna la petición de las actoras y les informó la manera
para acceder a los expedientes digitales. En consecuencia, demandó que se negara
el amparo deprecado.
9. El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio8 adujo que la acción
constitucional carecía de fundamento, toda vez que el 13 de junio de 2025 respondió
al escrito formulado por las tutelantes, en dicha oportunidad informó que ese
despacho no tenía competencia para emitir conceptos, opiniones o valoraciones
jurídicas de carácter general o abstracto, y que todas las decisiones podían ser
consultadas en la plataforma Samai. Por ende, no existe vulneración al derecho de
petición de las actoras.
10. El despacho diecinueve del Tribunal Administrativo de Antioquia9 consideró que
la acción era improcedente. Dijo que atendió la solicitud el 19 de noviembre de 2025
y comunicó a las peticionarias que carecía de facultad para emitir conceptos y/o
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 10.
5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 14.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 15.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 16.
8 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 17.
9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 18.
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absolver consultas, además, que no existían procesos ejecutivos con las
características indicadas en ese despacho judicial.
11. El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva10 requirió que se desestimaran las
pretensiones de la tutela al no existir vulneración del derecho de petición de las
accionantes. Manifestó que respondió la solicitud, el 5 de junio de 2025, en el
sentido de advertir que no tenía competencia para emitir conceptos y que la
información solicitada podía ser consultada a través del sistema de gestión judicial
Samai.
12. El Juzgado Noveno Administrativo de Montería11 expuso que el 17 de junio de
2025 atendió el escrito de las accionantes de forma clara, oportuna, congruente y
de fondo. Expreso que, en virtud de la protección de los datos personales, la
intimidad de las partes y la reserva de los expedientes no podía dar acceso a los
procesos judiciales adelantados en ese juzgado.
13. En ese sentido, arguyó que, en relación con el primer punto de la solicitud, no
tenía un registro estadístico sistematizado que consolidara la información requerida
y que su consecución requería la revisión de todos los expedientes, lo cual no podía
ser realizado porque tienen carácter reservado. En consecuencia, no se configuró
vulneración alguna al derecho de petición de las actoras.
14. El Juzgado Décimo Administrativo de Popayán12 sostuvo que se debe declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que el 14 de noviembre
de 2025 respondió el escrito formulado por las accionantes, e informó que carecía
de competencia para emitir conceptos, sin embargo, aclaró que no exigía el requisito
de conciliación de prejudicial en procesos ejecutivos contra municipios. Señaló que
no contaban con filtros para la información del punto dos de la petición pero que
desde 2023 habían recibido 9 demandas ejecutivas contra municipios.
15. El Juzgado Once Administrativo de Montería13 consideró que se debía negar el
amparo porque, el 6 de junio de 2025 dio respuesta de forma clara, congruente y de
fondo a la petición. Que la respuesta fue oportuna y los expedientes judiciales gozan
de reserva y que la información relacionada con las conciliaciones prejudiciales en
procesos ejecutivos no se encontraba en los registros estadísticos, por lo cual, la
consecución de la misma requería un análisis individual de los expedientes sujetos
a reserva. De esta manera, no era posible proporcionar enlaces de los expedientes
o información que se derive de los contenidos de estos.
16. Juzgado Primero Administrativo de Manizales14 al contestar la demanda de
tutela expuso que la pretensión de amparo se debe desestimar y declarar que brindó
una respuesta congruente, clara y ajustada a sus atribuciones, ya que informó a las
tutelantes la falta de competencia para emitir conceptos jurídicos o
10 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 19.
11 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 20.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 21.
13 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 22.
14 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 24.
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pronunciamientos en abstracto con relación a la aplicación de las normas
procesales.
17. De igual forma, a su juicio, la acción constitucional carece de relevancia
constitucional, puesto que se pretende utilizar el derecho de petición como medio
para satisfacer cargas académicas, proyectos de aulas o trabajos de grado, sin que
medie un interés jurídico relevante.
18. El Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo15 adujo que no se configuró
vulneración o amenaza alguna al derecho de petición de las accionantes y, por lo
tanto, el amparo se debe negar. Informó que el 25 de junio de 2025 respondió la
petición, presentada, en la que relacionó los radicados de los procesos ejecutivos
contractuales iniciados en contra del municipio desde el año 2024 y que ese
despacho en cada proceso verifica el cumplimiento de los requisitos legales para la
admisión. Planteó su falta de competencia para emitir conceptos jurídicos generales
y pronunciamientos en abstracto por fuera de actuaciones judiciales específicas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 141 del CGP.
19. El Juzgado Cuarto Administrativo de Montería16, argumentó que no se evidenció
una vulneración o amenaza al derecho fundamental de petición por lo que la tutela
se debe negar. Añadió que el hecho de que la decisión no haya sido favorable para
las interesadas no implica que la respuesta haya sido aparente o insuficiente.
20. Señaló que, el 16 de junio de 2025, dio respuesta a las solicitantes y explicó las
razones jurídicas que impedían atender lo pedido, pues dicha información se
encuentra protegida por el derecho de habeas data, el principio de reserva judicial,
las restricciones de acceso de los expedientes judiciales, la falta de un sistema
estadístico consolidado que permitiera proporcionar la información requerida y la
imposibilidad técnica de generar estadísticas sin vulnerar esa reserva.
21. El Juzgado Segundo Administrativo de San José del Guaviare17 pidió que se
nieguen las pretensiones formuladas al no existir vulneración a los derechos
fundamentales de las actoras, pues atendió de manera oportuna la petición, el 25
de junio de 2025. Que en la respuesta informó que no emitía conceptos jurídicos y
que entre los meses de enero de 2023 a junio de 2025 no había conocido de
procesos ejecutivos contractuales adelantados contra municipios.
22. El Juzgado Sexto Administrativo de Montería18 comunicó que atendió la petición
presentada por las demandantes dentro del término legal, el 5 de junio de 2025, con
una respuesta clara, de fondo y congruente, al indicar que los expedientes judiciales
se encuentran protegidos por el principio de reserva judicial. En consecuencia, se
debe negar el amparo ante la no afectación del derecho fundamental de petición.
23. Precisó que, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha expresado que el
principio de publicidad de las actuaciones judiciales se encuentra limitado por los
15 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 29.
16 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 26.
17 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 27.
18 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 9.
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derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, es decir, que no son de
libre acceso para terceros, entonces, aun cuando la información solicitada tenga
fines académicos no permite que se ignore el carácter de reserva de los
expedientes.
24. Por último, advirtió que los datos requeridos sobre la conciliación prejudicial en
procesos ejecutivos no hacen parte de registros estadísticos públicos o
sistematizados por ese juzgado, razón por la que no era posible proporcionar
enlaces de accesos a los expedientes ni información obtenida de forma directa de
estos.
25.El Tribunal Administrativo de Risaralda19 afirmó que el amparo se debe negar.
Argumentó que, el 9 de junio de 2025, respondió la solicitud allegada y en ella
expuso que no actúa como órgano consultivo.
26. El Juzgado Octavo Administrativo de Neiva20 en su contestación adujo que las
pretensiones de la acción de tutela se deben desestimar porque no se configuró una
vulneración al derecho fundamental de petición de las accionantes. Resaltó que el
24 de junio de 2025 dio respuesta a la solicitud objeto de controversia, en la cual
refirió que carecía de competencia para emitir conceptos u opiniones de carácter
general o abstracto, por tratarse de una autoridad con funciones estrictamente
jurisdiccionales. Por último, advirtió que los expedientes podían ser consultados por
las peticionarias mediante la plataforma Samai.
27. Los demás accionados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
28. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia el 26 de marzo de
202621 en la que amparó el derecho fundamental de petición respecto de los
tribunales administrativos de Caldas, Casanare y Córdoba y los juzgados Once y
Catorce administrativos de Barranquilla, Cuarto, Sexto y Noveno administrativos de
Montería, Primero y Tercero administrativos de Neiva y Segundo Administrativo de
San José del Guaviare y negó las pretensiones de la tutela frente a los demás
accionados, en consecuencia, ordenó lo siguiente:
2. Ordenar a los Juzgados 11 y 14 Administrativos de Barranquilla, los Tribunales
Administrativos de Caldas, del Casanare y de Córdoba, los Juzgados 4, 6 y 9
Administrativos de Montería, los Juzgados 1 y 3 Administrativos de Neiva y del Juzgado
2 Administrativo de San José del Guaviare que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, respondan completa y
detalladamente la petición elevada por las demandantes el 30 de mayo y el 3 y 4 de
junio de 2025.
29.Lo anterior, debido a que encontró que los tribunales administrativos de Caldas,
Casanare y Córdoba, los juzgados Once y Catorce administrativos de Barranquilla
19 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 11.
20 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 12.
21 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 43.
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y Cuarto, Sexto y Noveno administrativos de Montería no acreditaron en el trámite
de la tutela haber dado respuesta a la petición de las accionantes. Asimismo, indicó
que el Juzgado Segundo Administrativo de San José del Guaviare solo se pronunció
frente a un punto de la solicitud.
30. En lo atinente a las demás autoridades accionadas, afirmó que la Corte
Constitucional ha diferenciado entre «el derecho de petición y el derecho a lo
pedido». De esa manera, al margen de si las respuestas fueron favorables o no a
los requerimientos hechos por las tutelantes, sus pronunciamientos sobre la
solicitud fueron adecuados, precisos y suficientes. Por tanto, negó el amparo frente
a los demás despachos judiciales cuestionados.
2.6. Impugnación
31. El Juzgado Cuarto Administrativo de Montería22 presentó recurso de
impugnación contra la sentencia de primera instancia del 26 de marzo de 2026, con
fundamento en que, según afirmó, emitió respuesta de manera oportuna y
sustentada frente a la solicitud de las accionantes. Argumentó que los jueces no
pueden emitir conceptos sobre los asuntos que tienen a su cargo, so pena de
comprometer la imparcialidad en posteriores litigios. En consecuencia, solicitó que
se revoque el fallo y se niegue el amparo.
32. El Juzgado Sexto Administrativo de Montería23 impugnó la decisión de primera
instancia debido a que, según expuso, atendió de forma oportuna la petición de las
accionantes, en el sentido de que les expreso las razones por las cuales no podía
acceder a esta. Mencionó que no fueron valoras todas las pruebas del expediente
de tutela. Pidió que se revoque el fallo impugnado y que se niegue el amparo frente
a ese despacho judicial.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
33. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación que presentó la parte accionada, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y
32 del Decreto 2591 de 1991.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
34. La legitimación en la causa por activa de las señoras Lucero Gutiérrez Cardona
y Manuela Ruda Gallego se encuentra acreditada por cuanto fueron quienes
presentaron la petición frente a la cual, a su juicio, no se emitió una respuesta clara,
precisa y de fondo.
22 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 54, certificado A631F5496569D489
3BC4D8C55D9DB714 41F10D3FDEB3717F 3D9F31BDED0142F3.
23 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 51.
7
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35. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de tribunales
administrativos de Antioquia, Caldas, Casanare, Córdoba, Risaralda y Santander y
los juzgados Once y Catorce administrativos de Barranquilla, Primero y Cuarto
administrativos de Manizales, Décimo Administrativo de Popayán, Cuarto, Sexto,
Noveno y Once administrativos de Montería, Primero, Tercero, Octavo y Décimo
administrativos de Neiva, Cuarto Administrativo de Villavicencio, Segundo
Administrativo de San José del Guaviare y Segundo y Séptimo administrativos de
Sincelejo, por cuanto son las autoridades ante las cuales se interpuso la solicitud.
3.3. Problema jurídico
36. En primer lugar, es pertinente aclarar que el fallo de primera instancia concedió
el amparo en relación con, entre otros despachos judiciales, los juzgados Cuarto y
Sexto administrativos de Montería. No obstante, el estudio del caso en segunda
instancia se limitará a lo concerniente a las autoridades impugnantes. En segundo
lugar, se puntualiza que, frente a estas, la petición se radicó el 3 de junio de 2025.
37. Establecido lo anterior, la Sala debe decidir si ¿la sentencia proferida el 26 de
marzo de 2026, que amparó el derecho fundamental de petición frente a los
juzgados Cuarto y Sexto administrativos de Montería, debe ser revocada,
modificada o confirmada?
38. En particular deberá definir si ¿los juzgados Cuarto y Sexto administrativos de
Montería dieron respuesta a la petición que formularon las accionantes el 3 de junio
de 2025?
3.4. Generalidades del derecho de petición
39. El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a formular
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de
interés general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas.
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de
2015, especificó que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La
Corte Constitucional24, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:
Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El
núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la
petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.
40. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii)
precisión, que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo
pedido sin acudir a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud;
y (iv) consecuencia, aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada
24 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
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guarde concordancia con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que
la petición surge en el marco de un procedimiento administrativo.
41. En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de
2011, en adelante CPACA. En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone
que, si la autoridad a la que se dirige la solicitud no es la competente, deberá
remitirla a quien sí lo es dentro del plazo de 5 días siguientes a su radicación y de
tal actuación informará al peticionario.
42. Además, el artículo 14 de esa codificación prevé que las peticiones deberán ser
respondidas, por regla general, en el término de 15 días hábiles siguientes a su
recepción; las de documentos e información, en 10 días; y aquellas de consultas a
autoridades en relación con las materias a su cargo, en 30 días.
3.5. Caso concreto
43. En el asunto bajo estudio, las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela
Ruda Gallego, el 3 de junio de 2025, formularon escrito ante los juzgados Cuarto y
Sexto administrativos de Montería con el fin de que se les indicara si en los procesos
ejecutivos contractuales radicados a partir del 2023 exigían el cumplimiento de la
conciliación prejudicial y los enlaces de acceso a tales expedientes. Dada su
inconformidad con la respuesta obtenida, instauraron acción de tutela para la
protección de su derecho fundamental de petición.
44. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de marzo
de 2026, accedió a la solicitud de amparo, al considerar que los accionados no
atendieron el requerimiento de las accionantes. Los juzgados Cuarto y Sexto
administrativos de Montería impugnaron la anterior decisión y argumentaron que,
conforme a las pruebas en el expediente, se pronunciaron de forma oportuna,
precisa y de fondo.
45. Ahora bien, de la revisión del expediente, se observa que el Juzgado Cuarto
Administrativo de Montería, el 18 de junio de 2025, dio respuesta25 a la solicitud de
las accionantes, en la que indicó que no era posible suministrar información sobre
los expedientes a su cargo, en atención a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, que
establece la protección y el tratamiento de datos personales.
46. En ese sentido, expresó que, si bien la petición tenía un fin académico, ello no
constituye una justificación para acceder y divulgar información y datos personales
«sin el consentimiento expreso de sus titulares». Al respecto, indicó lo siguiente:
En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que:
• Los expedientes judiciales contienen información de carácter sensible y
reservado, cuya divulgación podría vulnerar derechos fundamentales como la
intimidad y la protección de datos personales.
25 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 2, certificado 10FFF2971F8AD076
7B625CBCCF185BE7 D12E922E0951289D 1318824A216BBF06, folios 66 y 67 e índice 26.
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Accionantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
• El interés académico, aunque legítimo, no justifica por sí solo el acceso a dicha
información sin el consentimiento expreso de los titulares o sin una orden judicial
que lo autorice.
• La solicitud de información general no puede ser atendida debido a la ausencia
de un sistema de registro estadístico consolidado que permita obtenerla de manera
sistemática.
Por lo tanto, en atención a lo anterior, se informa que no es posible acceder a los
expedientes judiciales solicitados ni proporcionar la información contenida en ellos,
en virtud de la protección de los derechos fundamentales mencionados.
47. Por otro lado, se evidencia que el Juzgado Sexto Administrativo de Montería,
el 5 de junio de 2025, atendió26 la petición instaurada por las señoras Gutiérrez
Cardona y Ruda Gallego. En su respuesta explicó que los expedientes judiciales
contienen datos carácter de reservado de las partes procesales, por lo que, en virtud
de la Ley 1581 de 2012, no era procedente suministrar acceso a dicha información
sin el consentimiento de sus titulares. Expresó que la protección de datos
personales y el derecho a la intimidad prevalece frente a los fines investigativos de
la solicitud. Sobre lo anterior, concluyó:
Respecto a su petición de que se informe si los despachos exigen la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad en procesos ejecutivos contractuales contra
municipios, se aclara que esta información no forma parte de registros estadísticos
públicos estructurados y, en consecuencia, no es objeto de sistematización o
consolidación institucional. La verificación de dicha práctica procesal solo puede
obtenerse a partir del análisis individual de expedientes concretos, los cuales, como se
explicó, están sujetos a reserva.
En conclusión, no es posible conceder el acceso a los expedientes solicitados ni
entregar información que se derive directamente de su contenido, en cumplimiento del
deber constitucional de proteger los datos personales y la reserva judicial.
48. Así las cosas, la Sala encuentra que los juzgados Cuarto y Sexto administrativos
de Montería respondieron de manera clara y de fondo a la solicitud que radicaron
las señoras Gutiérrez Cardona y Ruda Gallego. Lo anterior, debido a que, si bien no
accedieron a lo solicitado, sí expusieron de manera razonable y con sustento en la
ley las razones por las cuales despacharon desfavorablemente la petición.
49. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que la respuesta de fondo,
pronta y oportuna no implica de manera sine qua non la aceptación de lo pedido,
sino «la resolución material de la solicitud, independientemente de que esa
resolución coincida o no con las expectativas del peticionario sobre el sentido en
que sería resuelta su petición»27.
50. En consecuencia, no se advierte una vulneración del derecho fundamental de
petición alegado por las accionantes en relación con los juzgados Cuarto y Sexto
administrativo de Montería frente a la petición presentada el 3 de junio de 2025.
26 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-06945-00, índice 2, certificado 10FFF2971F8AD076
7B625CBCCF185BE7 D12E922E0951289D 1318824A216BBF06, folios 68 y 69.
27 Corte Constitucional, sentencia T-370 de 2025.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-01 (5314)
Accionantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
4. Conclusión
51. Por las razones expuestas, la Sala encuentra que los juzgados Cuarto y Sexto
administrativos de Montería no vulneraron el derecho fundamental de petición de
las accionantes. Por tal motivo, revocará parcialmente la sentencia del 26 de marzo
de 2026, proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que accedió a la
pretensión de tutela respecto a dichas autoridades judiciales y, en su lugar, negará
el amparo frente a los referidos juzgados y confirmará en todo lo demás la decisión
impugnada.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Revocar parcialmente la sentencia del 26 de marzo de 2026, dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en lo atinente al amparo concedido y las
ordenes emitidas en relación con los juzgados Cuarto y Sexto administrativos de
Montería, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Negar las pretensiones de tutela respecto a los juzgados Cuarto y Sexto
Administrativos de Montería, conforme a las consideraciones expuestas en
precedencia.
Tercero: Confirmar en todo lo demás la providencia del 26 de marzo de 2026,
proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, por las razones contenidas en
esta decisión.
Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06945-01 (5314)
Accionantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
AB/DACJ/SEJV
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