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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06955-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06955-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda El Piñal del Municipio de Dagua (Valle del Cauca) y la Veeduría Ciudadana para la Vigilancia de la Gestión Pública, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06955-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 06955 00
Accionantes: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda El
Piñal del Municipio de Dagua (Valle del Cauca) y Veeduría
Ciudadana para la Vigilancia de la Gestión Pública
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de la Vereda El Piñal del Municipio de Dagua (Valle del Cauca) y la Veeduría
Ciudadana para la Vigilancia de la Gestión Pública, en contra de la providencia proferida
el 16 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio
de control de nulidad simple identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2024 00645
00.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda El Piñal del municipio de
Dagua (Valle del Cauca) y la Veeduría Ciudadana para la Vigilancia de la Gestión Pública,
actuando a través de sus representantes legales, promovieron acción de tutela en contra
de la precitada providencia, y para ello, formularon las siguientes pretensiones1:

PRIMERA: CONDENAR al honorable Magistrado del “Tribunal Administrativo
del Valle”, Dr., ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, por vulnerar los
derechos fundamentales al “Debido Proceso”, la “Igualad” (sic), el “Acceso a
la Administración de Justicia”, y la “Aplicación de los Precedentes
Jurisprudenciales Verticales y Horizontales”, al expedir el “Auto
Interlocutorio No. 282”, del dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco
(2.025), por medio del cual se decidió “Levantar la Medida Cautelar Decretada”.

SEGUNDO: CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al
“Debido Proceso”, la “Igualad” (sic), el “Acceso a la Administración de
Justicia”, y la “Aplicación de los Precedentes Jurisprudenciales Verticales y
Horizontales.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06955 00.

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Accionantes: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
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TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS el “Auto Interlocutorio No. 282”, del
dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2.025), por medio del cual se
decidió “Levantar la Medida Cautelar Decretada”.

CUARTO.- ORDENAR al honorable Magistrado del “Tribunal Administrativo del
Valle”, Dr., ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT que, una vez quede en firme
el auto que ordenó correr traslado de la demanda al vinculado municipio de Dagua,
proceda de forma inmediata a; i- ordenar el levantamiento de la suspensión del
proceso; ii- correrle traslado a todas las partes procesales de la “Solicitud de
Levantamiento de la Medida Cautelar Decretada”; y iii- resolver nuevamente la
misma, pero;

i- valorando integralmente todas las pruebas documentales y técnicas aportadas
al proceso para demostrar la ilegalidad de las resoluciones administrativas
demandadas y el perjuicio que ocasiona a múltiples comunidades étnicas
legalmente reconocidas en el municipio de Dagua;

ii- valorando integralmente las (4) cuatro sentencias de tutela proferidas en
segunda instancia por el “Honorable Tribunal Administrativo del Valle” que,
por manifiesta su ilegalidad, ordenaron la “Inaplicación de la resolución de
cierre de la actualización catastral en el municipio de Dagua”;

iii- valorando integralmente las sentencias de unificación “SU-123/2018”, “SU-
111/2020” y “SU- 291/2022”, la cuales ordenan que, “La acción de tutela, es el
único mecanismo judicial prevalente e ideal para garantizar la protección del
derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas,
porque las acciones contencioso administrativas tienen finalidades
absolutamente diferentes”;

iv- valorando integralmente las sentencias de revisión “T-063 de 2019”, “T 281
de 2019”, “T-444 de 2019”, y “T-154 de 2021”, la cuales ordenan que, “La
acción de tutela, es el único mecanismo judicial prevalente e ideal para
garantizar la protección del derecho fundamental a la consulta previa de las
comunidades étnicas, porque las acciones contencioso administrativas
tienen finalidades absolutamente diferentes”;

v- valorando integralmente lo interpretado y resuelto por la “Honorable Corte
Constitucional” en la sentencia de revisión “T-247/2015”, la cual interpretó que,
“Es una obligación internacional, constitucional, legal y jurisprudencial, el
adelantar el procedimiento administrativo de la solicitud de determinación
de procedencia y oportunidad de la consulta previa, cuando se pretenda
implementar medidas administrativas de formación o actualización catastral
al interior de territorios con presencia de comunidades étnicas”.

vi- Valorando que en el municipio de Dagua existen múltiples comunidades étnicas
que se verán nuevamente afectadas en sus territorios étnicos amplios por el
levantamiento de la medida cautelar. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que, en el marco de la implementación del sistema
denominado “Catastro con enfoque multipropósito” en el municipio de Dagua (Valle del
Cauca), la Unidad Administrativa Especial de Catastro del departamento del Valle del
2

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Cauca2, en calidad de gestor, suscribió el Convenio Marco de Operación Catastral nro.
1.120.10-59-2-0006 con el operador Valle Avanza S.A.S.3, con el fin de realizar las
actividades de formación, actualización, conservación y difusión de la información
catastral en todos los municipios en los que se encuentra habilitado como gestor catastral
el departamento del Valle del Cauca.

Manifestaron que, en virtud del mencionado convenio, la gerencia de la Unidad
Administrativa Especial expidió la Resolución nro. 00008 del 11 de octubre de 2021, “Por
medio de la cual se ordenó la apertura y ejecución del proceso de actualización catastral
en el municipio de Dagua y se fijó la fecha de iniciación d ellos trabajos y operaciones
correspondientes”4.

Relataron que, conforme la precitada resolución, la Unidad Administrativa Especial, el
municipio de Dagua y el operador catastral, comenzaron a socializar a las comunidades
campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes de dicho municipio, el inicio del
denominado “Barrido Predial Masivo” por parte de los reconocedores de predios, con el
fin de adoptar la medida administrativa de actualización catastral con enfoque
multipropósito en toda la jurisdicción territorial del municipio.

Señalaron que, en virtud de lo anterior, los representantes de las comunidades
campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes del municipio de Dagua y la
Veeduría Ciudadana Nacional para la vigilancia de la Gestión Pública, previnieron a la
Unidad Administrativa Especial, al municipio de Dagua y al operador catastral que5:

[…] estaban viciando con una “Causal de Nulidad” la “Decisión Administrativa de
Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito en Toda la Jurisdicción
Territorial del Municipio de Dagua”, por vulnerar el artículo 46 de la Ley 1437 del
año 2011, en razón a que; i- habían “Omitido” realizar los “Estudios Técnicos
Jurídicos, Cartográficos, Geográficos y Espaciales que se Requerían para la
Adopción Legal de la Decisión Administrativa de Actualización Catastral con
Enfoque Multipropósito al Interior de los Territorios Étnicos Amplios del Municipio
de Dagua Valle”; y ii- habían “Omitido” radicar ante la “Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior” y con todos los precitados
“Estudios Técnicos”, el obligatorio “Formato con la Solicitud de Determinación de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Adopción de la Decisión
Administrativa de Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito en Toda la
Jurisdicción Territorial del Municipio de Dagua Valle” […].

Indicaron que, el 30 de diciembre del 2022, la gerencia de la Unidad Administrativa
Especial, omitiendo radicar ante Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
del Ministerio de Interior el formato con la solicitud de “Determinación de la Procedencia
y Oportunidad de la Consulta Previa para la Adopción de la Medida Administrativa de
Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito en Toda la Jurisdicción Territorial del
Municipio de Dagua”, expidió la Resolución nro. 00030 del 30 de diciembre de 2022, por
medio de la cual se clausuraron las labores de la actualización catastral en el municipio
de Dagua y se ordenó la renovación de la inscripción catastral de todos los predios que

2 En adelante, la Unidad Administrativa Especial.
3 En adelante, el operador catastral.
4 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06955 00.
5 Ibidem.

3

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conforman el área urbana y rural de dicho municipio que fueron actualizados durante los
años 2021 y 2022.

Reprocharon que6:

[…] a pesar de las oportunas, respetuosas y sustentadas prevenciones escritas
de todas las “Comunidades Étnicas del Municipio de Dagua”, de la “Veeduría
Ciudadana Nacional para la Vigilancia de la Gestión Pública” y de la propia
“Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio de Interior”;
la “Unidad Administrativa Especial de Catastro del Departamento del Valle”, el
“Operador Catastral Valle Avanza S.A.S”, y el “Municipio de Dagua”, ilegalmente
decidieron proceder a clausurar y adoptar la “Medida Administrativa de
Actualización Catastral con Enfoque Multipropósito en Toda la Jurisdicción
Territorial del Municipio de Dagua”: “Omitiendo Realizar todos los Estudios
Técnicos Jurídicos, Cartográficos, Geográficos y Espaciales que se Requerían
para poder Adoptar Legalmente la Decisión Administrativa”; y “Omitiendo Radicar
ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, el Formato con la
Obligatoria Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la
Consulta Previa para la Adopción de la Medida Administrativa de Actualización
Catastral con Enfoque Multipropósito en todo el Municipio de Dagua Valle” […].

Anotaron que, por lo anterior, varios consejos comunitarios de comunidades negras
promovieron distintas acciones de tutela en las que, por una parte, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Cali y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali,
ampararon el derecho fundamental a la consulta previa; pero, por otra parte, a otros
consejos comunitarios, “(…) injustamente se les había negado su acción de tutela por
parte de un “Juzgado del Circuito de Familia de Cali” (…)”7.

Narraron que, en virtud de la negación y rechazo de algunas acciones de tutela,
promovieron demanda en el medio de control de nulidad simple en contra de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones nro. 00008 del 11 de octubre de 2021 y
nro. 00030 del 30 de diciembre de 2022 y solicitaron como medida cautelar, la suspensión
provisional de dichas resoluciones.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca que,
por auto del 31 de octubre de 2024 la admitió y dispuso notificar a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro del departamento del Valle del Cauca.
Posteriormente, mediante proveído del 9 de abril de 2025, dicho tribunal, por una parte,
decretó la suspensión provisional de la Resolución nro. 00030 del 30 de noviembre de
2022; y por otra, negó la medida cautelar respecto de la Resolución nro. 00008 del 11 de
octubre de 2021.

Destacaron que, por auto del 5 de septiembre de 2025, el despacho de conocimiento del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso vincular al proceso al municipio de
Dagua como litisconsorte necesario.

Mencionaron que, el 16 de septiembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial solicitó
al despacho de conocimiento, reconsiderar la medida cautelar decretada y, por

6 Ibidem.
7 Ibidem.

4

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consiguiente, revocar la suspensión de la Resolución nro. 00030 del 30 de noviembre de
2022.

Alegaron que8:

[…] a pesar de estar el proceso de nulidad simple “Legalmente Suspendido”, y a
pesar de lo evidente de las temerarias e improcedentes solicitudes de la “UAECV”,
sin corrernos traslado de la solicitud de medida cautelar elevada por la “UAECV”,
el día 17 de Septiembre del año 2025, el honorable Magistrado Ponente Dr.,
ÓSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, mediante “Comunicación No. 410018”,
visible en el (Samai índice 106), nos comunicó a las partes solamente lo siguiente:

“SE CORRE TRASLADO DE LA SOLICITUD ESPECIAL ALLEGADA POR LA
APODERADA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE EN RELACIÓN A ESTUDIAR
Y CONSIDERAR LA EXPEDICIÓN DE UNA MEDIDA PROVISIONAL”:

28)- El mismo día 17 de Septiembre del año 2025, y conforme al memorial visible
en (Samai índice 107), inmediatamente procedimos a descorrer el traslado de las
“Inoportunas Solicitudes de Decretar unas Medidas Provisionales”, previniendo al
honorable Magistrado de las “Temerarias e Ilegales Solicitudes de la UAECV”, y
advirtiéndole que el proceso de nulidad simple se encontraba “Legalmente
Suspendido” […].

Agregaron que, por auto del 16 de octubre de 2025, el despacho de conocimiento del
tribunal accionado levantó la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
nro. 00030 de 2022.

Expusieron que, en contra de dicha decisión, promovieron incidente de nulidad le cual
fue negado por el tribunal accionado mediante proveído del 29 de octubre de 2025.

Los accionantes argumentaron que, ante la ausencia de recursos ordinarios contra el
auto que levantó la medida, acuden a la presente acción de tutela con el fin que se
garantice la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la aplicación del precedente judicial.

Aseguraron que la presente solicitud de amparo cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, comoquiera que la controversia planteada (i) no versa sobre
asuntos legales o económicos; (ii) no busca reabrir un debate concluido; y (iii) persigue
la protección de los derechos fundamentales citados previamente.

Frente a los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, adujeron que en el auto cuestionado se incurrió en defecto fáctico y
en defecto procedimental absoluto.

En cuanto al defecto fáctico, aseveraron que el magistrado ponente de la decisión “omitió
valorar en su integridad todas las pruebas determinantes que obraba en el expediente y
omitió realizó una lectura incompleta de todo el acervo probatorio técnico y documental”.

Al respecto, explicaron que9:

8 Ibidem.
9 Ibidem.

5

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[…] el honorable Magistrado al momento de tomar la perjudicial decisión de
levantar la medida cautelar decretada, no ponderó, valoró y estudió de manera
real:

i- El “Radicado No. 2022-2-002410-020493” del 2022-10-19, por medio del cual la
“DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA DEL
MINISTERIO DE INTERIOR”, le contestó expresamente a la entonces Alcaldesa
del “Municipio de Dagua Valle” Arq., ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO,
sobre la obligatoriedad de presentar la “Solicitud de Determinación de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa”;

ii- El “Informe Final de Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad
Administrativa Especial de Catastro del Departamento del Valle del Cauca y la
Empresa de Economía Mixta Valle Avanza – Vigencias 2021 y 2022”, expedido
por la “Contraloría Departamental del Valle del Cauca”, con fecha 2023/12/13 (…).

iii- La “Certificación de Existencia en el Municipio de Dagua de Catorce Consejos
Comunitarios de Comunidades Negras”, que le indicaban las afectaciones directas
y los perjuicios que sufrirían otras múltiples comunidades étnicas legalmente
reconocidas en el municipio de Dagua;

iv- Cuatro sentencias de Tutela de segunda instancia del mismo “Tribunal
Administrativo del Valle”, que le demostraban la manifiesta ilegalidad y lesividad
de los actos administrativos acusados, hasta el punto de ordenar Inaplicar la
“Resolución Administrativa No. N00008 del 11 de octubre de 2021”, hasta tanto
no se formalicen los territorios étnicos amplios de las (4) cuatro comunidades
étnicas accionantes […].

Agregaron que10:

Por otra parte, jurídicamente consideramos que, “Se nos Vulneró el derecho
fundamental del debido proceso” y se incurrió en un “Grave Defecto Fáctico”, con
la expedición del “Auto Interlocutorio No. 282”, del dieciséis (16) de octubre de dos
mil veinticinco (2.025), por fundamentarse en una “Interpretación Errada de los
Fundamentos de Hecho de la Demanda”.

Al efecto, subrayaron que11:

[…] al momento de interpretar nuevamente los supuestos de hecho, los
fundamentos de derecho y las pretensiones de la demanda de nulidad simple, con
el fin de poder entrar a justificar legalmente el levantamiento de la medida cautelar
ya decretada; el honorable Magistrado Ponente Dr., ÓSCAR ALONSO VALERO
NISIMBLAT, incurrió en (2) dos “Graves Errores Jurídicos”: i- interpretó mal los
supuestos de hecho en que se fundan las pretensiones de la demanda; ii-
interpretó mal las normas jurídicas y los precedentes jurisprudenciales que
consagran el efecto jurídico de nulidad que persigue la parte demandante.

Pues, el “Verdadero Objeto del Litigio”, o el “Verdadero Problema Jurídico
Alrededor del Cual Gira la Controversia en el Medio de Control de Nulidad Simple”,
no es el de la “Obligatoriedad o No de la Consulta Previa”; sino, el de la “Nulidad
de las Resoluciones Administrativas de Apertura, Ejecución y Cierre de la Medida

10 Ibidem.
11 Ibidem.

6

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Administrativa de Actualización Catastral en el Municipio de Dagua” por la
comprobada, intencional y grave “Ilegalidad”.

Sobre el defecto procedimental absoluto advirtieron que en la providencia acusada se
incurrió en dicho yerro “(…) al desconocerse “Precedentes Jurisprudenciales de
Unificación” de la “Honorable Corte Constitucional de Colombia” y “Precedentes
Verticales del Honorable Tribunal Administrativo del Valle” (…)”12.

Arguyeron que13:

Las graves irregularidades procesales alegadas en este proceso tutelar, surten
efectos jurídicos determinantes, lesivos y perjudiciales para la partes del proceso
de nulidad simple y para múltiples “Comunidades Indígenas, Negras y
Afrodescendientes Legalmente Reconocidas en el Municipio de Dagua”; pues, con
la omisiva decisión judicial acusada, en la actualidad; i- quedó nuevamente
surtiendo sus perjudiciales efectos jurídicos la resolución administrativa de cierre
de la “Actualización catastral en el Municipio de Dagua”; ii- quedaron nuevamente
sufriendo “Graves Afectaciones Directas” las múltiples “Comunidades Indígenas,
Negras y Afrodescendientes del Municipio de Dagua no Amparadas por las (4)
Cuatro Acciones de Tutela”; iii- quedaron nuevamente siendo vulnerados los
derechos fundamentales de múltiples “Comunidades Indígenas, Negras y
Afrodescendientes del Municipio de Dagua”; y iv- quedó jurídicamente
cuestionado todo lo decidido en las (4) cuatro sentencias de tutela sobre la
procedencia de la consulta previa en la medida administrativa de actualización
catastral en el municipio de Dagua; y v- “Actos Administrativos que son
manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico, continúan surtiendo sus
lesivos efectos jurídicos en el municipio de Dagua y vulnerando de paso los
derechos fundamentales de múltiples comunidades étnicas, en razón de la errada
decisión judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de noviembre de 202514 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 12 de noviembre de 202515 la admitió y dispuso notificar16 al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como parte accionada; así como vincular17 a
los sujetos procesales que intervinieron en el medio de control de nulidad simple
identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2024 00645 00, como terceros con
interés directo en el resultado del proceso constitucional.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06955 00.
15 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06955 00.
16 Esta orden se cumplió el 14 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06955 00.
17 Ibidem.

7

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De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad simple con el
radicado nro. 76001 23 33 000 2024 00645 00, el cual fue remitido18.

3.2. El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe19 en el que sostuvo
que la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales ni específicos
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Resaltó que, que si bien el numeral 2 del artículo 243A del CPACA establece que contra
el auto que decrete el levantamiento de una medida cautelar no proceden recursos, no
es menos cierto que dentro del trámite procesal los actores formularon un incidente de
nulidad con el fin de que se invalidar todo lo ocurrido a partir de la promulgación del auto
del 16 de octubre de esta anualidad.

En ese sentido, explicó que por auto del 29 de octubre de 2025 se desató de manera
negativa la nulidad deprecada por los accionantes, decisión que es susceptible del
recurso de apelación.

Consideró que en el caso concreto no se configuraba un desconocimiento del precedente
judicial. Al efecto, indicó que el actor se limitó a citar cuatro sentencias de tutela sin
explicar su pertinencia frente al debate propio del medio de control de nulidad simple y
precisó que, en todo caso, dichas decisiones tienen efectos inter partes.

Concluyó que, de conformidad con el artículo 235 del CPACA, el despacho se encontraba
facultado para modificar o dejar sin efectos las medidas cautelares decretadas y que, aun
cuando el proceso se hallaba suspendido por la vinculación del litisconsorte necesario y
el traslado de la demanda, la alteración o levantamiento de las medidas provisionales no
comporta nulidad procesal alguna por dicha situación.

3.3. La gerente de la Unidad Administrativa Especial de Catastro del departamento del
Valle del Cauca allegó escrito20 en el que solicitó que se declare que dicha unidad no ha
vulnerado derecho fundamental alguno a la parte accionante, comoquiera que no le es
atribuible la actuación objeto de reproche y carece de competencia funcional para cumplir
con las pretensiones y, en consecuencia, se le exonere de toda responsabilidad frente a
la presente acción constitucional.

3.4. El municipio de Dagua (Valle del Cauca) guardó silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 21 y el artículo

18 Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 06955 00.
19 Ibidem.
20 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001

03 15 000 2025 06955 00.
21 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”

8

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,22 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202123, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201924, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente25:

4.2.1. El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda El Piñal, del municipio
de Dagua (Valle del Cauca) promovió demanda de nulidad simple en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro del departamento del Valle del Cauca, pretendiendo
la nulidad de las Resoluciones nro. 00008 del 11 de octubre de 2021 y nro. 00030 del 30
de noviembre de 2022, expedidas por la entidad demandada.

En el escrito de la demanda, se solicitó como medida cautelar la suspensión provisional
de las precitadas resoluciones.

4.2.2. El conocimiento del medio de control de nulidad simple correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que, por auto del 31 de octubre de 2024 admitió la
demanda y dispuso notificar a la Unidad Administrativa Especial de Catastro del
departamento del Valle del Cauca.

4.2.3. Por auto del 9 de abril de 2025, el despacho de conocimiento resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional de la Resolución nro. 00030
del 30 de noviembre de 2022, “por medio de la cual se clausuran las labores
de la actualización catastral en el municipio de Dagua y se ordena la
renovación de la inscripción catastral de los predios que conforman el área
urbana y rural del municipio de Dagua que fueron actualizados durante los
años 2021 -2022”, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro
del Departamento del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
considerativa.

SEGUNDO: NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante,
consistente en la suspensión provisional de la Resolución nro. 00008 del 11
de octubre de 2021, “Por medio de la cual se ordena la apertura y ejecución
del proceso de actualización catastral en el municipio de Dagua y se fija la
fecha de iniciación de los trabajos y operaciones correspondientes”, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

22 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
23 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
24 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
25 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad simple identificado con el radicado nro.

76001 23 33 000 2024 00645 00. Visto en los índices 11 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial
del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 06955 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 06955 00
Accionantes: Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
de la Vereda el Piñal y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

4.2.4. En otro auto interlocutorio del mismo día, esto es el 9 de abril de 2025, el despacho
de conocimiento del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó vincular al
proceso a la Veeduría Ciudadana Nacional para la Vigilancia de la Gestión Pública.

4.2.5. Por auto del 5 de septiembre de 2025, el despacho de conocimiento del proceso
ordenó vincular al municipio de Dagua (Valle del Cauca) al medio de control y le corrió
traslado de la demanda.

4.2.6. Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2025, la Unidad Administrativa
Especial de Catastro del departamento del Valle del Cauca solicitó el levantamiento de la
medida cautelar decretada contra la Resolución nro. 00030 de 2022.

4.2.7. Por auto del 16 de octubre de 2025, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dispuso lo siguiente:

PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la
Resolución nro. 00030 del 30 de noviembre de 2022, expedida por la Unidad
Administrativa Especial de Catastro del departamento del Valle del Cauca,
decretada mediante auto interlocutorio nro. 094 del 9 de abril de 2025, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: NO ACCEDER a la solicitud de decretar medidas cautelares de
suspensión solicitadas por la parte demandada departamento del Valle del cauca,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta decisión y vencidos los términos establecidos en el
numeral tercero del auto interlocutorio 245 del 5 de septiembre de 2025, pasar
para continuar con el trámite pertinente. (Mayúscula y negrilla original de la
providencia).

4.2.8. Inconformes con la decisión anterior, los hoy accionantes presentaron memorial
solicitando se declarada la nulidad del proceso desde la “ «Comunicación No. 410018»
visible en el (Samai índice 106), por medio de la cual, estando legalmente suspendido el
proceso de conformidad con lo ordenado en el “Auto Interlocutorio 245 del 5 de
septiembre de 2025” y el artículo 61 del “C.G.P.”, irregularmente se “Reanudó” y
“Continuó” con el trámite del mismo”.

4.2.9. Por auto del 29 de octubre de 2025, el despacho ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó la solicitud de nulidad presentada al considerar
que cuenta con la facultad de modificar o dejar sin efectos las medidas cautelares
decretadas y que tal decisión no vicia el trámite procesal, por cuanto —a su juicio— se
han respetado las garantías fundamentales y el debido proceso de las partes.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

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Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela sólo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable26.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito de subsidiariedad envuelve tres
eventos que conducen a la improcedencia de la acción contra providencia judicial, esto
es, i) cuando el asunto está en trámite; ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y, iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico27.

No obstante, dicha Corporación ha establecido dos excepciones a dicho requisito, a
saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con la
características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de
carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable28.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario29. Al respecto, ha precisado que30:

26 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los

criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto, se está ante la
presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental;
(ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que
resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad
de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales.
27 Corte Constitucional, sentencia T-396 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28 Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
29 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
30 Ibidem.

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[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].

Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente31:

[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un
proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]. (Se
destaca).

Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la parte accionante está
relacionada con el auto proferido el 16 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que levantó la medida cautelar de suspensión del acto administrativo
demandado en el proceso de nulidad simple identificado con el radicado nro. 76001 23
33 000 2024 00645 00, la acción de tutela resulta improcedente, en tanto el referido
proceso aún se encuentra en curso.

Al efecto, la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo al proceso
judicial para la defensa de los intereses de las partes, pues ello implicaría que es el juez
de tutela y no el juez competente de la causa quien decide sobre la sustanciación y
ritualidad de los procesos.

Adicionalmente, la Sala advierte que la accionante no alegó ni acreditó la ocurrencia de
un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio.

En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad comoquiera que el proceso en el que fue proferida la
providencia cuestionada se encuentra en curso, y no se alegó ni acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

31 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra de la Vereda El Piñal del Municipio de Dagua (Valle
del Cauca) y la Veeduría Ciudadana para la Vigilancia de la Gestión Pública, según lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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