Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00540-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00540-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00540-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00540 00
Accionante: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica
Accionados: Unidad para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas – UARIV y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra Acto Legislativo
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por configurarse
carencia actual de objeto por sustracción de materia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jhon Jair Segura Toloza,
actuando en calidad de representante legal de la Asociación de Víctimas de la Costa
Pacífica, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV),
el Consejo Nacional Electoral, el presidente de la República, el Senado de la República
y la Cámara de Representantes, con ocasión del Acto Legislativo núm. 02 del 25 de
agosto de 2021.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jhon Jair Segura Toloza, actuando en calidad de representante legal de la
Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica, promovió acción de tutela en contra del Acto
Legislativo, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1} sírvase usted honorable magistrados como MEDIDA PROVISIONAL ordenar
de manera PROVISIONAL MENTE a los accionado el reconocimiento de las 5
curules al senado para las víctimas del conflicto armado por el periodo 2026-2030
para garantizar su plena participación en el senado de la república la MEDIDA
PROVISIONAL se solicita toda vez ya Que existe un riesgo probable de afectación
a derechos fundamentales por la demora en el tiempo (periculum in mora). Debe
existir “un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio
irremediable es cierta, y que el daño, por su gravedad e inminencia, requiere
medidas urgentes e impostergables para evitarlo”. Es decir, la medida provisional
procede cuando la intervención del juez es necesaria para evitar un perjuicio “a un
derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la
sentencia final. Teniendo en cuenta que se encuentra en riesgo las participaciones
de .9.8 millones e víctimas y según registro para el 2026 supera los 10 millones
de víctimas por lo que es procedente desde entrada amparar los derechos a la
participación política a las víctimas (Mayúsculas y negrillas originales del escrito
de tutela). (SIC a toda la cita).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00540 00.
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Accionante: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica
Accionados: UARIV y otros
La parte actora manifestó que la acción de tutela se relaciona con el Acto Legislativo núm.
02 del 25 de agosto de 2021, mediante el cual se crearon las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz y se dispuso que la Cámara de Representantes tendría
16 representantes adicionales para los períodos constitucionales 2022-2026 y 2026-
2030, elegidos en igual número de circunscripciones.
Indicó que, conforme a dicha disposición, la curul se asignaría al candidato de la lista con
mayor cantidad de votos y que las listas debían elaborarse con observancia de los
principios de equidad e igualdad de género. Sin embargo, reprochó que no se hubiera
previsto la creación o reconocimiento de un partido político para las víctimas.
Afirmó que esa omisión vulnera los derechos de aproximadamente diez millones de
víctimas a elegir y ser elegidas, a la igualdad, a la participación política, a la democracia
y a la reparación integral, pues dificulta su participación en el Senado de la República.
Señaló que el Acto Legislativo núm. 03 de 2017 reconoció derechos políticos a quienes
identificó como victimarios, mientras que el Acto Legislativo nro. 02 del 25 de agosto de
2021 no reconoció curules en el Senado de la República ni un partido político para las
víctimas.
Adujo que dicha situación vulnera sus derechos a la participación política y democrática,
así como los principios de igualdad de oportunidades y representación de un grupo
poblacional que, según sostuvo, tiene derechos especiales a la verdad, justicia,
reparación y no repetición.
Explicó que la acción de tutela pretende proteger esos derechos y garantizar la
participación de las víctimas en escenarios como la Presidencia de la República y el
Senado de la República, por ello, considera que se debe reconocer y crear el “Movimiento
de Víctimas Colombianas”.
Relató que, por los mismos hechos, presentó una demanda contra el Acto Legislativo
núm. 02 del 25 de agosto de 2021 ante la Corte Constitucional, con el fin de lograr su
nulidad. Precisó que dicha demanda fue radicada el 20 de enero de 2026.
Anotó que no había tiempo para esperar la admisión de esa demanda ni el decreto de
una medida cautelar, por lo que consideró necesaria la acción de tutela para proteger los
derechos de las víctimas del conflicto armado.
Sostuvo que existe un riesgo probable de afectación de derechos fundamentales por la
demora en el tiempo, esto es, periculum in mora, y que la amenaza de perjuicio
irremediable es cierta, grave e inminente. Por esa razón, afirmó que se requieren medidas
urgentes e impostergables.
Indicó que, en este caso, la medida provisional resulta necesaria desde la presentación
de la tutela, debido a la cercanía de las elecciones. A su juicio, negarla implicaría que los
derechos de las víctimas se vieran afectados durante cuatro años, al impedirles contar
con representación y vocería en el Senado de la República y con la posibilidad de tener
un candidato presidencial.
Expuso que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz nacieron del Acto
Legislativo núm. 02 de 2021, con el objetivo de garantizar la representación política de
las víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reparación integral. Agregó que
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ello fue señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-257 de 2021 y
desarrollado en el Decreto 1207 de 2021, que regula su elección.
Mencionó que dichas curules tienen como finalidad la reparación política, la
representación de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, con enfoque en
verdad, justicia y no repetición. También indicó que la condición de víctima se acredita
mediante certificación de la Unidad para las Víctimas.
Anotó que no existe una única sentencia del Consejo de Estado que reconozca las
curules, sino un conjunto de decisiones y normas que, con aval judicial, establecen su
marco legal y procedimental para garantizar la participación efectiva de las víctimas en el
Congreso y en otras corporaciones.
Reprochó que, pese a ello, no se ha reconocido a las víctimas un movimiento político ni
cinco curules en el Senado, como sí ocurrió, según afirmó, con las FARC. En su criterio,
ello dejó al Senado sin participación de las víctimas y configuró una forma de violencia
contra una población de especial protección.
Manifestó que el Acto Legislativo núm. 02 de 2021 presenta un vacío, porque limitó la
participación de las víctimas a la Cámara de Representantes y no contempló su
intervención en el Senado de la República ni en la Presidencia de la República.
Resaltó que el Senado es una corporación legislativa distinta de la Cámara de
Representantes, en la que también se requieren voceros y representantes de las
víctimas. Por ello, sostuvo que el acto demandado contiene vacíos que vulneran sus
derechos fundamentales y restringen su participación en otras corporaciones.
Adujo que las víctimas necesitan participar en el Senado y en la Presidencia de la
República durante el período 2026-2030, razón por la cual insistió en la necesidad de
decretar una medida provisional para evitar un perjuicio irremediable, sin esperar una
sentencia de la Corte Constitucional.
Relató que, mediante acta del 5 de junio de 2025, fue inscrito como candidato a la
Presidencia de la República por las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, manifestó
que, de acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, fue
objeto de amenazas y de un atentado, lo que impidió la recolección de firmas.
Expuso que había denunciado al director de la Unidad Nacional de Protección por
presuntos actos de corrupción. A partir de ello, sostuvo que el Estado ha discriminado a
la población víctima del conflicto armado y ha impuesto obstáculos para que pueda
acceder al poder político.
Señaló que dicha situación refuerza la necesidad de reconocer provisionalmente el
partido de las víctimas, pues, en su criterio, este debió otorgarse dentro del Acto
Legislativo 02 de 2021 como garantía de sus derechos.
Invocó el artículo 2 de la Constitución Política y manifestó que el Estado debe servir a la
comunidad, garantizar la efectividad de los derechos y facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida política, administrativa, económica y cultural
de la Nación.
Afirmó que faltaban aproximadamente 50 días para las inscripciones de candidatos a la
Presidencia de la República y que, dentro de ese término, no sería posible obtener un
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pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por ello, solicitó que el Congreso de la
República sesionara en plenaria ordinaria para que, antes del 8 de marzo de 2026,
expidiera una ley que habilitara a las cabeceras municipales de los municipios de
categorías 4, 5 y 6 para participar en las elecciones del período 2026-2030. Asimismo,
pidió que la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitara una inscripción provisional
y especial para las Circunscripciones Especiales de Cámara de Paz.
Agregó que no tiene sentido un proceso de paz que excluya a las víctimas del conflicto
armado de su reparación, por lo que lo solicitado en la tutela también constituye, a su
juicio, un medio de reparación.
Sostuvo que el Estado debe colocar a las víctimas en igualdad de condiciones frente a
las FARC, mediante el reconocimiento de cinco curules directas en el Senado de la
República y de un partido político propio.
Afirmó que, mientras las FARC cuentan con la posibilidad de mantenerse políticamente
a través de un partido, las víctimas no cuentan con ese mecanismo después del período
2026-2030, pues las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes no se convierten
en partido político.
En cuanto al concepto de la vulneración, señaló que el Acto Legislativo 02 de 2021
quebranta los derechos de las víctimas reconocidos en la Ley 1448 de 2011 y en la
jurisprudencia constitucional, en especial en las sentencias T-025 de 2004, C-069 de
2016, T-083 de 2017, T-366 de 2024 y T-389 de 2024.
Adujo que las víctimas de zonas urbanas de municipios de categorías 4, 5 y 6 también
sufrieron ataques y muertes derivados del conflicto armado, por lo que no pueden ser
excluidas del derecho a elegir y ser elegidas. En ese sentido, afirmó que el Acto
Legislativo 02 de 2021 discrimina a las víctimas del conflicto armado de zonas urbanas y
vulnera su derecho a la igualdad.
Invocó los artículos 1, 2, 13, 16 y 40 de la Constitución Política. Sobre el artículo 1,
sostuvo que Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y
pluralista, y afirmó que las víctimas no están representadas por los actuales senadores
ni por el Presidente de la República.
Respecto del artículo 13 superior, señaló que las víctimas requieren un trato especial y
flexible que les permita acceder a todos los escenarios del Estado sin limitaciones
injustificadas. Agregó que su representación en el Senado y en la Presidencia no puede
ser restringida.
En relación con el artículo 16 de la Constitución, manifestó que la participación de las
víctimas en el escenario político contribuiría a la reconciliación nacional y al
fortalecimiento del debate público, en búsqueda de transformaciones políticas
progresivas para dicha población.
Finalmente, frente al artículo 40 constitucional, sostuvo que las víctimas tienen derecho
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a elegir y ser
elegidas, a tomar parte en elecciones y a constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas. Reiteró que fue postulado como candidato a la Presidencia de la República por
las víctimas del conflicto armado, pero que estas no cuentan con el reconocimiento de un
partido político, como sí ocurrió con las FARC, por lo que consideró necesario dicho
reconocimiento para garantizar su participación en el Senado y en la Presidencia.
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 28 de enero de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 2 de febrero de 20263 dispuso remitirla a los Juzgados
Administrativos del Circuito de Pasto, al considerar que (i) las entidades accionadas son
del orden nacional y (ii) la presunta vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados se presentaba en la ciudad de Pasto, comoquiera que la parte
actora tiene domicilio en dicho lugar.
3.2. La tutela fue asignada por nuevo reparto al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pasto que, por auto del 11 de febrero de 20264 resolvió lo siguiente:
1-. Abstenerse de avocar conocimiento de la acción de tutela promovida por la
Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica, en contra de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV, el Consejo Nacional
Electoral, el Presidente de la República, el Senado de la República y la
Cámara de Representantes.
2-. Remitir el expediente a la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que
resuelva el conflicto negativo aparente de competencias.
3.3. Por auto 308 del 11 de marzo de 20265, notificado el 27 de marzo de 20266, la Corte
Constitucional resolvió lo siguiente:
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 2 de febrero de 2026, proferido por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
dentro del trámite de tutela promovido por Jhon Jair Segura Toloza en contra de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, el Consejo Nacional
Electoral, el presidente de la República, el Comité del Senado de la República y
la Cámara de Representantes Regionales, Paz y Negritudes.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5311 al Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera para que, de manera inmediata,
tramite y adopte la decisión a que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Pasto para
que, cuando considere que existe un conflicto de competencia en materia de
tutela, este debe ser resuelto por las autoridades establecidas en la Ley 270 de
1996 y en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICARLE la
decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Consejo de
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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4 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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5 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al Juzgado 005
Administrativo del Circuito de Pasto.
3.4. En cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional el despacho ponente,
mediante auto de 8 de abril de 20267, admitió la tutela, negó la medida provisional
solicitada y dispuso notificar8 a la UARIV, al Consejo Nacional Electoral, al presidente de
la República, al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, como partes
accionadas.
De igual forma, se requirió a la Secretaría General de la Corte Constitucional, para que
allegara copia digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente a la
demanda que, según se expuso en el escrito de tutela, fue presentada por la parte actora
en contra del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 e informara en qué estado se
encuentra dicho trámite.
3.5. La Corte Constitucional contestó el requerimiento9 en el que informó que el
expediente D-17195, correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el Acto
Legislativo 02 de 2021, fue radicada el 16 de enero de 2026, repartida el 28 de enero de
2026 al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis, y rechazada mediante auto del
13 de febrero de 2026, notificado el 17 de febrero siguiente. Finalmente, señaló que el
proceso fue archivado el 23 de febrero de 2026.
3.6. La división jurídica de la Cámara de Representantes allegó escrito10 en el que
manifestó que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en tanto las
pretensiones exceden su ámbito de competencia y la presunta vulneración de derechos
no le es atribuible, sino al Consejo Nacional Electoral.
Indicó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la legitimación por pasiva recae
en quien incurre en la acción u omisión vulneradora, lo que no ocurre en este caso. En
consecuencia, sostuvo que el asunto es ajeno a sus funciones constitucionales y legales,
por lo que solicitó su desvinculación del trámite.
3.7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 11 manifestó que
carece de legitimación en la causa por pasiva, en tanto las pretensiones del accionante
relativas a la creación de curules en el Senado y al reconocimiento de un partido político
para las víctimas corresponden a competencias exclusivas del Congreso de la República.
Señaló que no ha incurrido en acción u omisión alguna que vulnere los derechos
invocados y que, además, el proceso electoral se encuentra en curso, lo que impide
introducir modificaciones como las solicitadas. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la tutela respecto de esa entidad o, en su defecto, negar las pretensiones.
7 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00540 00.
8 Esta orden se cumplió el 10 de abril de 2026. Visto en los índices 21, 22 y 23 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00540 00.
9 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00540 00.
10 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06955 00.
11 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06955 00.
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Accionados: UARIV y otros
3.8. La UARIV12 señaló que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las
pretensiones sobre curules en el Senado y creación de un partido político son ajenas a
sus competencias, que se limitan a la atención y reparación de víctimas y a certificar
dicha condición. Indicó que no ha incurrido en acción u omisión vulneradora y que el
asunto corresponde al Congreso y a las autoridades electorales. En consecuencia,
solicitó su desvinculación y la improcedencia de la tutela.
3.9. El Consejo Nacional Electoral y el Senado de la República guardaron silencio.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 13 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,14 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201916, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
En relación con las solicitudes de desvinculación presentadas por la Cámara de
Representantes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
UARIV, se advierte que no son procedentes, comoquiera que dichas entidades fueron
señaladas por la parte actora como accionadas dentro del presente trámite de tutela, en
razón a las pretensiones formuladas en su contra, por lo tanto, se negará dichas
solicitudes.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la parte accionante presenta acción de tutela en contra de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), el Consejo
Nacional Electoral, el presidente de la República, el Senado de la República y la Cámara
de Representantes, con ocasión del Acto Legislativo núm. 02 del 25 de agosto de 2021
comoquiera que, según considera, dicha disposición “(…) viola derechos fundamentales
a las víctimas toda vez que no se le reconoció las curules al senado de la república como
también el partido político a las víctimas así como se les reconoció a los victimarios
(…)”17, razón por la cual, pretende que se ordene a las entidades accionadas “(…) el
12 Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001
03 15 000 2025 06955 00.
13 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
14 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
15 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00540 00.
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reconocimiento de las 5 curules al senado para las víctimas del conflicto armado por el
periodo 2026-2030 para garantizar su plena participación en el senado de la república
(…)”18.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que, en este caso, se configura una carencia
actual de objeto por sustracción de materia, porque los motivos que originaron la
presentación de la acción de tutela desaparecieron, ya no existen.
Al efecto, se recuerda que, la acción de tutela fue establecida por la Constitución Política
de 1991 con la finalidad de que toda persona, mediante un procedimiento preferente y
sumario, solicite la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública; “en
ocasiones, sin embargo, la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que
dieron origen a la presunta vulneración de los derechos, conlleva a que la acción de
amparo pierda su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial”19.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura “cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío” 20 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación
sobreviniente o (iv) sustracción de materia.
En cuanto a la sustracción de materia, en la sentencia T-204 del 2013, la Corte
Constitucional señaló que “(…) hay carencia actual de objeto por sustracción de materia,
en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión (…)”21 .
Por su parte, esta Sección, en la acción de tutela identificada con el radicado núm. 11001
03 15 000 2021 02730 00, anotó lo siguiente22:
“[…] En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por sustracción de
materia, la Sala Plena de esta Corporación ha señalado, lo siguiente:
“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de lo
contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción de materia la
desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan un medio
de control, antes acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda
pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó el acudir a la
jurisdicción…
“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta
Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del medio de control
desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya
que no hay objeto que se sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la
sustracción de materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la relación
sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”23.
18 Ibidem.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 522 del 5 de noviembre de 2019. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-204 del 12 de abril de 2013. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2021. M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón. AT Rad. 11001 03 15 000 2021 02730 00.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 00540 00
Accionante: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica
Accionados: UARIV y otros
(…)
De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de
materia, se configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico
respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la
protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del
derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en el presente caso […]”. (Se
destaca).
En consecuencia, como la parte actora solicitó con la presentación de esta acción
constitucional “el reconocimiento de las 5 curules al senado para las víctimas del conflicto
armado por el periodo 2026-2030 para garantizar su plena participación en el senado de
la república”, y las elecciones para el Senado, correspondientes a dicho período se
realizaron el pasado 8 de marzo de 2026, lo pretendido con esta acción constitucional,
que era la participación en dichas elecciones, ya no puede efectuarse.
Por lo tanto, los motivos que dieron origen a la acción de tutela desaparecieron y una
eventual orden del juez constitucional caería al vacío, razón por la cual la Sala declarará
la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Cámara de
Representantes, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN
DE MATERIA en la acción de tutela presentada por la Asociación de Víctimas de la Costa
Pacífica, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 14 de
mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Accionante: Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica
Accionados: UARIV y otros
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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