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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06957-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06957-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 11 de noviembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01 Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6 Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06957-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Confirma
declaratoria de improcedencia por falta de relevancia constitucional

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 4 de noviembre de 2025, Ferley Guillermo González Ortiz y Carlos Roberto

Alexander Ávila Aguilar instauraron acción de tutela, en busca de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegidos
y a la “revisión de decisiones judiciales”.

2. Sostuvieron que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 29

de noviembre y 18 de diciembre de 2024, así como del 16 de julio de 2025, proferidos
por la autoridad accionada dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión1
que interpusieron contra la sentencia del 12 de febrero de 2015, dictada por la
Sección Primera de esta Corporación2. En dicha providencia se decretó la pérdida
de investidura de los aquí accionantes -en ese entonces concejales-, al estimar que
incurrieron en una indebida destinación de dineros públicos, por crear una prima
técnica en favor del alcalde, la contralora y el personero del municipio de
Floridablanca.

1 Con radicado número 11001-03-15-000-2024-06374-00.
2 Dentro del proceso con radicado número 68001-23-33-000-2013-01077-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Como sustento de su pretensión, invocaron las causales previstas en los
numerales 13 y 54 del artículo 250 del CPACA. En relación con la primera, alegaron
el hallazgo de un nuevo documento, consistente en la sentencia del 11 de octubre
de 2023, ejecutoriada el 30 de noviembre del mismo año, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 11001-03-
25-000-2013-01491-00, que promovió el señor Ávila Aguilar junto con otros, con la
finalidad de obtener la declaratoria de nulidad de los actos que declararon su
responsabilidad disciplinaria por la creación de las referidas primas técnicas.

4. Según afirmaron, en esa providencia se concluyó que el juicio de adecuación típica

efectuado por la Procuraduría respecto de la conducta de los demandantes resultaba
equivocado, en la medida en que no se cumplía el elemento normativo de ser
“manifiestamente contraria a la ley”, para que se configurara el prevaricato por
acción. Lo anterior, por cuanto la determinación sobre la creación de los
emolumentos no podía calificarse como caprichosa o arbitraria, sino que respondía
a una interpretación jurídica razonable, que se sustentó en un análisis completo del
marco normativo y jurisprudencial aplicable, el cual, además, no había sido pacífico
al interior del máximo órgano de lo contencioso-administrativo.

5. Elconocimiento del recurso extraordinario correspondió a la Sala Especial de
Decisión No. 6 del Consejo de Estado, con ponencia del Magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez, quien, a través del proveído del 29 de noviembre de 2024, lo rechazó
por extemporáneo. Señaló que la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 12
de julio de 2017, mientras que el recurso fue interpuesto el 21 de noviembre de 2024,
es decir, cuando ya había transcurrido más de un año desde la ejecutoria de la
decisión cuestionada.

6. Contra la decisión anterior, los demandantes interpusieron recurso de reposición

y, en subsidio, súplica. Arguyeron el cómputo del término de caducidad no podía
efectuarse de manera objetiva a partir de la ejecutoria de la sentencia recurrida, sino
que debía considerarse la imposibilidad material de allegar el documento invocado
como nuevo, dado que este fue proferido luego de haber transcurrido un año desde
la ejecutoria de dicha providencia. En ese sentido, aun cuando invocaron la
configuración de la causal primera, solicitaron aplicar, por analogía, la regla prevista
para causales homólogas, según la cual el cómputo debía iniciarse desde la
aparición del nuevo documento.

7. Por medio de auto del 18 de diciembre de 2024, el consejero ponente resolvió no

reponer la decisión de rechazo. Indicó que, conforme el artículo 251 del CPACA, las
causales invocadas por la parte accionante deben alegarse dentro del año siguiente
a la ejecutoria del fallo cuya revisión se pretende. Asimismo, consideró que no había

3 “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se

hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”
4 “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.”

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

lugar a emitir algún pronunciamiento sobre el argumento relativo a la aplicación por
analogía de un término distinto al establecido para la causal 1°, comoquiera que este
tenía por objeto reformar la demanda.

8. En sede de súplica, mediante auto del 16 de julio de 2025, los demás integrantes

de la Sala resolvieron confirmar el proveído del 29 de noviembre de 2024. En su
criterio, no se reformó la demanda, por cuanto no se alteraron las partes, las
pretensiones, los hechos ni el acervo probatorio. Estimaron que los recurrentes se
limitaron a expresar sus razones de inconformidad frente a la decisión adoptada, lo
cual responde a la finalidad propia de los medios de impugnación.

9. Precisado lo anterior, concluyeron que no era posible aplicar, vía analógica, un

término diferente al establecido para el cómputo de caducidad de la causal primera
del artículo 250 del CPACA, toda vez que no existía alguna laguna o vacío en la
regulación dispuesta por el legislador para tal efecto. Puntualizaron que cuando se
pretende invocar la aludida causal no pueden aducirse como “recobrados”
documentos expedidos con posterioridad a la sentencia recurrida.

10. Como fundamento de la acción de tutela, los demandantes adujeron que la
autoridad accionada incurrió en un defecto procedimental absoluto, sustantivo y en
violación directa de la Constitución.

11. Lo anterior, por cuanto aplicó de manera rígida, formalista, restrictiva e irracional

el término de la caducidad previsto para la causal primera del recurso extraordinario
de revisión, sin considerar la naturaleza del hecho que dio origen a su interposición,
esto es, el hallazgo de una providencia posterior que, por su propia naturaleza, no
podía existir al momento de proferirse el fallo cuya revisión se perseguía.

12. En ese orden, sostuvieron que, al resolver el recurso de súplica, el juzgador
impuso una carga procesal no prevista en la ley, al exigir que el documento debía
existir con anterioridad a la sentencia recurrida para ser considerado "recobrado". A
su juicio, dicha interpretación introduce un requisito extralegal y desnaturaliza la
causal contenida en el numeral primero del artículo 250 del CPACA, que distingue
entre "encontrar" y "recobrar" documentos, tornando inoperante el recurso frente a
situaciones como la planteada.

13. Agregaron que ese yerro tuvo un efecto decisivo en el proceso, en tanto se cerró

definitivamente la posibilidad de acceder a la revisión de su caso a la luz de un
precedente posterior y favorable, lo que, en su sentir, configura una denegación de
justicia y perpetúa una sanción de pérdida de investidura basada en una
interpretación jurídica superada.

14. De esta manera, esgrimieron que la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento legalmente establecido para el trámite del recurso extraordinario de
revisión, al aplicar un cómputo inadecuado del término de caducidad, crear

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
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exigencias no previstas por el legislador y desconocer una causal de fuerza mayor
evidente.

B. Sentencia de primera instancia

15. A través del fallo del 11 de noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de

Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar que no se
satisfacía el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido
por la parte actora era emplear el mecanismo de amparo como una instancia
adicional al proceso cuestionado, bajo los mismos argumentos que fueron
analizados y resueltos por el juez de la causa, sin cumplir con la carga argumentativa
exigida para demostrar una afectación de derechos fundamentales.

C. Actuaciones con posterioridad al fallo de primera instancia

16. La parte accionante impugnó la decisión del a quo. Arguyó que la presente acción

reviste relevancia constitucional, por cuanto no tiene por objeto que se profiera una
decisión de fondo, ni plantea una discusión netamente económica, sino que busca la
protección de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencia de un
error en la interpretación normativa sobre la procedencia del recurso extraordinario
de revisión. A su juicio, el fallo de primera instancia validó un cómputo de caducidad
que parte de una fecha en la cual el hecho generador del recurso, esto es, la
providencia judicial invocada como documento nuevo, aún no existía, sacrificando
derechos políticos ante rigorismos procesales.

17. Por medio de auto del 3 de marzo de 2026, se declaró fundado el impedimento

manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez para decidir el presente asunto
en segunda instancia. En consecuencia, se le separó de su conocimiento y se ordenó
la designación de dos conjueces, a fin de integrar la Sala de Decisión respectiva.
Fueron designados los consejeros Diego Enrique Franco Victoria y Fredy Hernando
Ibarra Martínez.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

18. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

19. Se confirmará el fallo impugnado, tras constatar que la solicitud de amparo carece

de relevancia constitucional, en la medida en que su finalidad es reabrir un debate

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Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
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de interpretación normativa ya resuelto por el juez natural de la causa de forma
razonable.

20. Aligual que en el escrito de tutela, en los recursos de reposición y súplica
interpuestos contra el auto que rechazó el recurso extraordinario de revisión por
extemporáneo, la parte actora cuestionó la aplicación de las disposiciones
normativas relativas a la caducidad de dicho medio de impugnación. En particular,
sostuvo que el cómputo del término debía efectuarse desde el momento de la
aparición del documento invocado como nuevo y no desde la ejecutoria de la
decisión cuya revisión se perseguía, planteamiento que fue objeto de análisis por la
autoridad accionada en el auto del 16 de julio de 20255.

21. Al desatar ese alegato, la Sala Especial de Decisión no. 26 del Consejo de Estado

estimó que no era procede aplicar, vía analógica, un hito distinto al expresamente
previsto por el legislador para el cómputo del término de caducidad en la causal de
prueba recaudada, dado que no se presentaba alguna lagunas o vacío en la
regulación sobre la materia.

22. Explicó que la aplicación analógica de la ley constituye un mecanismo
excepcional de integración normativa, que procede únicamente en aquellos casos
en los que no existe regulación específica sobre determinado asunto.

23. Precisado lo anterior, señaló que, de conformidad con lo previsto en el inciso

primero del artículo 251 del CPACA, tratándose de la causal de revisión por prueba
recobrada, el término de caducidad debe contabilizarse desde la ejecutoria de la
sentencia cuya infirmación se pretende mediante el medio extraordinario. A partir de
la lectura de dicha disposición, estimó que la regulación es completa, en tanto: (i)
establece de manera expresa el momento a partir del cual debe computarse el
término para acudir a la jurisdicción; (ii) no omite considerar supuestos como los
alegados por la parte recurrente, esto es, el descubrimiento de sentencias con
posterioridad a la recurrida.

24. Agregó que esta Corporación ha puntualizado que cuando se pretende invocar la

causal primera de revisión no pueden aducirse como recobrados documentos que
hayan sido proferidos con posterioridad a la sentencia recurrida. Por el contrario, el
documento debe haber existido al momento de adoptarse la decisión censurada,
solo que no se aportó al proceso por encontrarse extraviado o refundido. Ello, bajo
el entendido de que el verbo ‘recobrar’ implica que la recuperación de algo
previamente extraviado, de manera que no resultan admisibles aquellos
documentos fechados posteriormente.

5 Si bien la parte actora atribuyó la vulneración de sus derechos a la expedición de los autos del 29 de noviembre

y 18 de diciembre de 2024, así como del 16 de julio de 2025, proferidos dentro del trámite del recurso
extraordinario de revisión objeto de reproche, la Sala concentrará su análisis en este último, por cuanto este
resolvió de forma definitiva la discusión relativa a la oportunidad de dicho medio de impugnación.

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25. De esta manera, concluyó que no era posible predicar la existencia de una laguna

o vacío normativo en relación con el hito para el cómputo del término de caducidad
de la causal de revisión de prueba recobrada, lo que impedía realizar el cómputo
desde un momento distinto al establecido por el legislador para tal efecto.

26. En tales condiciones, las inconformidades que sustentaron la vulneración alegada

también fueron planteadas en el trámite del recurso extraordinario y que, además,
fueron abordadas por la autoridad accionada bajo un análisis que no se muestra
caprichoso o irracional, sino, por el contrario, razonable y coherente a la luz del
marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto.

27. De conformidad con lo previsto en el artículo 251 del CPACA, en el supuesto

previsto en el numeral primero del artículo 250 ibidem, esto es, “haberse encontrado
o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”, el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la sentencia objeto de reproche.

28. En relación con el alcance de dicha causal, esta Corporación6 se ocupó de
analizar los conceptos de prueba “encontrada” y “recobrada”. Así, explicó que el
verbo “encontrar” alude al hallazgo de una cosa o persona, ya sea como resultado
de una búsqueda deliberada o de manera fortuita; mientras que “recobrar” implica la
recuperación de algo previamente conocido que se había perdido, lo cual supone
una búsqueda consciente. En ambos eventos, el elemento común radica en que el
objeto no se encuentra dentro del ámbito de disponibilidad del sujeto al momento
del proceso; no obstante, quien recobra tiene necesariamente conocimiento previo
de su existencia y pérdida, a diferencia de quien encuentra. Con todo, precisó que,
tanto en uno como en otro supuesto, el documento debe haber existido con
anterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende.

29. Bajo ese entendimiento, resulta razonable que la autoridad judicial accionada

haya estimado que no existe vacío normativo en la regulación prevista para la causal
primera del artículo 250 del CPACA, la cual fija como punto de partida para el
cómputo del término de caducidad la ejecutoria de la providencia objeto de revisión.
Ello, en la medida en que, tanto en el evento de prueba recobrada como de prueba
encontrada, se parte de la preexistencia del documento respecto de la sentencia
recurrida; criterio que ha sido reiterado por el Consejo de Estado en diversos
pronunciamientos7.

6 En la sentencia del 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), CP. Ramiro Pazos
Guerrero.
7 Al respecto, ver sentencias del 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), CP. Ramiro

Pazos Guerrero, 1 de marzo de 2023, exp. 11001-03-26-000-2019-00115-00 (REV), CP. Fredy Ibarra Martínez;
18 de marzo de 2024, exp. 11001-03-26-000-2022-00069-00 (REV), CP. José Roberto Sáchica Méndez y 8 de
septiembre de 2025, exp. 11001-03-15-000-2016-00198-00 (REV), CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera,
entre otras, así como los autos del 29 de enero de 2025, exp. 11001-03-26-000-2024-00175-00 (REV); José
Roberto Sáchica Méndez y 12 de agosto de 2025, exp. 11001-03-26-000-2024-00185-00 (REV); Nicolas Yepes
Corrales.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30. En tales condiciones, la interpretación normativa efectuada por la autoridad
accionada no se antoja caprichosa, irracional o arbitraria, sino que se enmarca
dentro de los parámetros de la razonabilidad jurídica. De hecho, no pasó por alto
que el documento invocado como nuevo había sido expedido con posterioridad a la
decisión cuya revisión se perseguía; sin embargo, el análisis de los preceptos
normativos y jurisprudenciales que definieron el alcance sobre la causal de prueba
encontrada o recobrada, en contraste con los argumentos expuestos por los
recurrentes, llevaron a la Sala de Decisión a considerar válidamente que no era
dable acudir a la analogía para aplicar un término de caducidad distinto al
establecido expresamente por el legislador para el efecto.

31. Dicha conclusión, por demás, se muestra razonable, si se tiene en cuenta que se

trata de una norma procesal que, por su propia naturaleza, es de orden público y,
por ende, de obligatorio cumplimiento tanto para los operadores judiciales, como
para las partes.

32. Apesar de lo anterior, la parte actora insiste en prolongar una discusión ya
zanjada por el juez de la causa, con el único propósito de imponer su propio criterio
sobre la forma en que debía contabilizarse el término de caducidad, sin ofrecer
razones suficientes que revelen una discusión que transcienda la esfera de lo
constitucional.

33.
Esa insuficiencia argumentativa cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta
que la providencia cuestionada fue proferida por una alta corte, cuyas decisiones
gozan de un margen interpretativo amplio que obliga a aceptar sus interpretaciones
y valoraciones probatorias, incluso cuando el juez de tutela discrepe con ellas, lo
que, a su vez, impone al actor una carga argumentativa aún más exigente,
encaminada a demostrar la ocurrencia de un vicio de tal magnitud que resulte
abiertamente incompatible con el ordenamiento jurídico, lo que se echa de menos en
esta oportunidad.

34. Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 21 de noviembre de 2025

proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.

35. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 11 de noviembre de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06957-01
Accionante: Ferley Guillermo González Ortiz y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión No. 6
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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