Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00069-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00069-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00069-00 (68.188)
Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / Estudio de las causales
previstas en los numerales 1° y 5° del artículo 250 del CPACA – No se configuraron
en el presente asunto.
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 contra la
sentencia del 9 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante la cual revocó el fallo
condenatorio dictado por el Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralidad del
Circuito de Medellín.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. El señor Fabio Nelson Gallego Henao y su grupo familiar2, demandaron bajo
el medio de control de reparación directa a la Nación – Fiscalía General de la
1
El recurso fue interpuesto por el señor Fabio Nelson Gallego Henao; al no haber sido presentado por
la totalidad de sujetos que intervinieron en la actuación judicial bajo el cual se dictó la sentencia objeto
de recurso, mediante auto del 24 de abril de 2023, se dispuso la vinculación de los demás sujetos que
integraron la parte demandante en aquel proceso SAMAI, índice 36.
2 Conformado por: María Fernanda Gallego Goez (hija), Yenny Carolina Barrasa Amaya (esposa), Ángel
María Gallego La Verde (padre), María del Carmen Henao Gil (madre), Claudia Patricia Gallego Henao,
Luz Ángela Gallego Serna, Luz Nora Henao, Martha Libia Henao, Carlos Eladio Ochoa Henao, Wismar
Alberto Gallego Henao, Nicolas Gallego Serna (hermanos).
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00069-00 (68.188)
Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
Nación, Rama Judicial y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin
de que se declarara su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los
perjuicios derivados de la privación de la libertad que afrontó dicho ciudadano 3,
en un proceso penal que finalizó con sentencia absolutoria.
2. Surtido el trámite legal correspondiente, el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, en sentencia del 22 de
marzo de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual
determinó la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo el
régimen objetivo de responsabilidad, debido a que el señor Gallego Henao fue
absuelto en virtud del principio in dubio pro reo4.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
3. Corresponde a la decisión del 9 de marzo de 2021, mediante la cual la Sala
Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo de
primer grado, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
4. Como fundamento de su decisión, el Tribunal señaló que la Corte
Constitucional, en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, estableció
que en los casos de privación injusta de la libertad no se privilegiaba un
régimen único de responsabilidad, por lo que le correspondía al juez
determinar en cada asunto en particular, si la restricción fue apropiada,
razonable y proporcionada.
5. Sobre esa base, arguyó que como al proceso no se allegaron los registros
magnetofónicos de las audiencias de legalización de captura, formulación de
imputación e imposición de medida de aseguramiento, no era posible
determinar cuáles fueron los supuestos de hecho y de derecho que llevaron al
ente acusador a solicitar la medida de aseguramiento contra el señor Fabio
Gallego y al juez de control de garantías a decretarla.
El recurso extraordinario de revisión
3 Durante el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2012 y el 19 de junio de 2013, con ocasión
del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.
4 Folios 33 a 49 del cuaderno de traslados número 2.
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Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otros
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6. La parte demandante señala que la sentencia antes referida incurrió en las
causales previstas en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, esto es,
“haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportarlo al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria” y en el numeral 5° del mismo
artículo, esto es, por “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
7. En cuanto a la primera causal invocada, precisó que las audiencias
preliminares no fueron allegadas al proceso de reparación directa, debido a
que el Tribunal Administrativo de Antioquia, antes de admitir el recurso de
apelación, no las decretó de oficio, ni tampoco le informó a la Fiscalía General
de la Nación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del
CPACA, debía probar los hechos objeto de controversia.
8. Frente a la segunda causal invocada, afirmó que la sentencia recurrida
desconoció los principios de congruencia y de la “non reformatio in pejus”, en
tanto que el Tribunal analizó si los elementos de prueba arrimados al proceso
acreditaban la razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento adoptada contra el señor Fabio Nelson Gallego Henao,
cuando la Fiscalía solo cuestionó en el recurso de apelación su ausencia de
responsabilidad por la configuración del hecho de un tercero; unido a lo
anterior, indicó que “el apelante único tiene derecho a que tan solo se examine
la sentencia en aquello que le es desfavorable”.
Oposición e intervenciones
9. La Nación - Fiscalía General de la Nación solicitó declarar infundado el
presente recurso, por cuanto lo que pretende la parte actora es cuestionar la
valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin
revelar un vicio procedimental que hubiese afectado la validez del fallo del 9
de marzo de 20215.
5 SAMAI: índice 18.
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10. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional sostuvo que el recurrente
desconoció la literalidad de las causales previstas en el artículo 250 del
CPACA y la finalidad real que perseguía el legislador con este medio de
impugnación. Así, puntualizó que como las críticas que realizó el recurrente
fueron resueltas en el proceso ordinario, no era posible analizarlas
nuevamente a través del recurso de alzada6.
11. La Nación – Rama Judicial explicó que el medio de impugnación
extraordinario carecía de vocación de prosperidad, toda vez que lo que
pretendía el apelante era reabrir el debate del proceso de reparación directa
tramitado bajo radicado 2016-00374, para acceder a las pretensiones de la
demanda7.
12. El Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión, por no concurrir los elementos que desarrollan las
causales contenidas en los numerales 1° y 5° del artículo 250 del CPACA.
13. Frente a la primera causal, precisó que en el recurso no se planteó una
justificación clara y convincente sobre las circunstancias que imposibilitaron
al recurrente para aportar al proceso los registros auditivos de la audiencia
preliminar. Respecto de la causal 5°, arguyó que al no obrar en sede de
revisión el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la
Nación, no era posible establecer el desconocimiento de los principios de
congruencia y de la non reformatio in pejus8.
Período probatorio
14. Mediante providencia del 15 de noviembre de 20229 se incorporó como
prueba las piezas del proceso de reparación directa No. 05001-33-33-028-
2016-0374-0110.
6 SAMAI: índice 20.
7
SAMAI: índice 19.
8 SAMAI: índice 17.
9 SAMAI: índice 30.
10 Se advierte que, a pesar de que en el ordinal sexto de la parte resolutiva del auto admisorio del 30 de
junio de 2022, el despacho ofició al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que remitiera copia digital
del expediente identificado con número 05001-33-33-028-2016-0374-01, el Juzgado Veintiocho
Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín solo envió la demanda de reparación directa, el
registro audiovisual, el acta de la audiencia inicial celebrada el 20 de junio de 2017 y la conciliación
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15. Posterior a ello, el 24 de abril de 2023, se ordenó vincular como
litisconsortes necesarios a 11 personas que obraron como parte demandante
en el proceso ordinario en el cual se profirió la sentencia que es objeto de
revisión; además, se ordenó notificarles personalmente el auto admisorio del
recurso extraordinario de revisión11.
II. CONSIDERACIONES
Objeto del recurso extraordinario formulado
16. Presentado el recurso de manera oportuna12, la controversia planteada
consiste en determinar, en primer lugar, si las pruebas allegadas con el
recurso extraordinario son documentos encontrados y/o recobrados después
de la sentencia impugnada que no pudieron ser aportados por los recurrentes.
En segundo término, se verificará si la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, al adoptar el fallo del 9 de marzo de 2021, generó
una nulidad en los términos referidos por el demandante.
El recurso extraordinario de revisión: naturaleza, objeto y alcance
17. El artículo 250 del CPCA estableció las causales bajo las cuales se puede
dar paso a utilizar este recurso cuyo fin último es corregir situaciones fácticas
en el plano de la justicia, al verificarse inconsistencias o actuaciones al margen
de la ley que afectan el fondo de la decisión cuestionada. Por ende, tiene un
carácter especial y excepcional, pues entra en pugna contra decisiones que
ya han cumplido su curso legal conforme al procedimiento ordinario, dejando
de lado el principio de cosa juzgada, para eludir la intangibilidad que
caracteriza a los fallos ejecutoriados.
18. Las causales de procedencia del medio de impugnación extraordinario
deben soportarse en situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el
judicial celebrada el 15 de mayo de 2018, entre la Fiscalía y el señor Fabio Nelson Gallego. SAMAI:
índice 24.
11 El aludido trámite se surtió de acuerdo con lo consignado los índices 40 y 70 de SAMAI.
12 La sentencia impugnada quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 2021 -SAMAI: índice 10-, por tanto, el
recurso promovido el 4 de marzo de 2022 -SAMAI: índice 2- fue presentado dentro del año previsto en
el artículo 251 del CPACA.
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proceso correspondiente, aspecto que excluye la posibilidad de esgrimir
argumentos de disenso sobre el criterio con que el operador judicial interpretó
o aplicó la ley en la sentencia. En ese sentido, su alcance y carácter
excepcional revelan que el mencionado recurso no comporta una nueva
instancia ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas
omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite
del proceso.
19. Bajo estos supuestos, las facultades del juez que conoce de este recurso
se limitan al estudio de los planteamientos esbozados por el recurrente, que
deben dirigirse a la construcción de un razonamiento que permita estructurar
la causal aducida y abstenerse de incluir argumentos tendientes a revivir la
controversia ya resuelta por la autoridad judicial competente13.
Las causales de revisión consagradas en los numerales 1° y 5° del
artículo 250 del CPACA
20. La causal 1° de revisión establece que, al “[h]aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria”.
21. Esta Corporación14 ha señalado que la causal de revisión referida exige el
cumplimiento de varios requisitos para su configuración, que son:
i) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida
la sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el
fallo objeto de revisión, pero que llegaron a conocimiento del impugnante con
posterioridad15.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de marzo
de 2022, expediente: 63.100 (RER), ponencia del suscrito magistrado.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión,
sentencia de 3 de abril de 2018, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 2016-02057-00 (REV).
15 Con base en lo expuesto, son inadmisibles los documentos fechados con posterioridad al fallo o los
que, aun siendo anteriores a esa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados
en las oportunidades procesales correspondientes, pues no se trata de remediar una inactividad o
negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el
recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.
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ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber
obrado en el proceso y haber sido valorados en conjunto con el material
probatorio, el sentido del fallo sería distinto16.
iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por “fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, hipótesis que implica que, a
través del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la
inactividad probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de la prueba
al proceso17.
22. Así, se precisa que esa hipótesis se asocia a la conducta de la parte que
ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que
le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente debido
a que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera
como prueba18.
Lo anterior, sin perjuicio de que la causal, excepcionalmente, se extienda a documentos generados con
posterioridad al vencimiento de la respectiva oportunidad probatoria, siempre que versen sobre hechos
sobrevinientes, y aparezcan luego de la sentencia, situación susceptible de ser analizada en
concordancia con lo previsto en los artículos 305 del CPC y 281 del CGP, según el caso.
Al respecto, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 12
de julio de 2005, rad. 2000-00236 (REV). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 1994, exp. 043.
Finalmente, resulta oportuno señalar que el Código General del Proceso, en su artículo 243, dispone
que “Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías,
cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones,
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter
representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares” (se
destaca).
16 “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario o diferente el fallo
recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su
fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado
probatorio a que llegó al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia
probatoria tal que destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen” DOVAL DE MATEO,
Juan de Dios “La revisión civil”, Barcelona, 1979, pág. 156.
17 Es decir, que la prueba documental no ha debido estar en el proceso ordinario, pues si así fuera no se
trataría de una prueba recobrada, sino de un medio de convicción que se allegó al proceso pero el
fallador no la decretó, o no la valoró al tomar la decisión, o simplemente no tuvo la fuerza suficiente para
acreditar el hecho que pretendía acreditar; así que si la prueba se encontraba en el expediente, se podrá
concluir que el demandante en revisión lo que persigue es reabrir la etapa probatoria del proceso
ordinario, a modo de tercera instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 56.129.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, radicado: 1999-00218.
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23. Sobre esa base, se concluye que esta causal procede cuando se aporta
un documento que existía previamente a la expedición del fallo y hubiere
estado refundido por un actuar atribuible a la contraparte, orientado a que la
prueba no pudiera ser arrimada al proceso, o por una circunstancia de fuerza
mayor o caso fortuito y que dicho documento tenga la entidad suficiente para
cambiar el sentido de la decisión recurrida.
24. Frente a la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250
del CPACA, esta Corporación ha señalado que para que se configure dicha
causal es necesario que concurran dos supuestos: que el vicio alegado se
materialice con la expedición del fallo, no antes y, además, debe ser grave e
insaneable, al punto que, de no presentarse, la decisión adoptada hubiese
sido distinta19.
25. En razón al primer supuesto, esta causal de revisión no se estructura
cuando la irregularidad se presenta en etapas anteriores al fallo, salvo que el
afectado no haya tenido la oportunidad de invocarlo ante el juez porque solo
los conoció cuando se dictó la sentencia recurrida. Este límite temporal y
material impide que emerja una confusión entre el instrumento de corrección
y/o saneamiento del proceso o de ser un hecho constitutivo de nulidad
insanable, con el de realización de la justicia material que subyace al recurso
extraordinario de revisión que tiene por objeto la decisión judicial que puso fin
a la litis20.
26. En virtud de lo anterior, no es posible invocar como fundamento del
recurso alguna causal de nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia,
toda vez que las nulidades procesales se someten a las reglas de oportunidad
y trámite del artículo 134 del Código General del Proceso, sin que esto implique
desconocer el deber que tiene el juez de declarar de manera oficiosa las
nulidades que observe antes de proferir el fallo.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia del 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. C.P. Alberto Montaña Plata.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia de 1 de septiembre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2020-00266-00. C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez.
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Asunto: Sentencia
27. En lo atinente al segundo presupuesto, se ha señalado que son
insanables: de un lado, las irregularidades originadas en vicios que constituyen
causal de nulidad del proceso que solo pudieron ser advertidos en la sentencia
y, de otro lado, los vicios graves que contiene la providencia y que generan
una vulneración del derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29
de la Constitución Política.
28. Con fundamento en estas premisas, se han identificado como integrantes
del aludido primer grupo, los siguientes defectos causantes de nulidad en la
sentencia: i) dictarse fallo a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque con esto se revive un proceso
legalmente concluido; ii) emitir sentencia cuando el proceso se encuentra
suspendido; iii) proferirse fallo sin las mayorías necesarias para la decisión; iv)
pretermitir la instancia, por ejemplo: a) al proferir una providencia sin
motivación o b) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada); y, v) decidir
aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del
juez21.
29. En estos casos, la irregularidad se deriva del desconocimiento de un
mandato constitucional, el operador judicial es el encargado de determinar si
lo que se alega tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo, pues no todo
vicio tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha
puesto fin al proceso; únicamente lo serán aquellas que tengan un carácter
sustancial, en la medida en que incidan en el sentido de la decisión por afectar
el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al
debido proceso.
30. En este punto, resulta oportuno recordar que la regla constitucional que
proscribe la reformatio in peius, contenida en el inciso segundo del artículo 31
de la Constitución22, impone al juez el deber de abstenerse de agravar la
situación definida en la sentencia de primera instancia, cuando se esté en
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio
de 2014. Rad: 27.283. C.P Danilo Rojas Betancourth.
22 RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. “Non reformatio in pejus” en las actuaciones administrativas.
En: Letras Jurídicas, Vol. 11, N° 2. p. 133.
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presencia de un único interés o múltiples intereses no confrontados23, esto es,
de un apelante único. Su finalidad, por tanto, es permitir el libre ejercicio de los
recursos, sin que por el hecho de la impugnación se deriven efectos nocivos
para el apelante único, respecto de las situaciones ventajosas reconocidas por
el juez de primera instancia.
31. Por otro lado, el Código General del Proceso, en su artículo 281, proscribe
que el principio de congruencia se erige como una verdadera garantía al
debido proceso de las partes en el proceso judicial, en tanto que al juez de la
causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo
pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que le sea
dable dictar sentencias ultrapetita, extrapetita o minipetita.
32. Sobre esa base, debe precisarse que el principio de congruencia, no
comprende el cotejo entre lo probado y lo decidido, pues, como se ha
explicado, tal principio exige al operador judicial que el fallo a proferir guarde
concordancia entre el petitum de la demanda y su contestación, así como,
entre la motivación y las conclusiones o decisión aducida por el juez al resolver
el conflicto. Por tal motivo, este recurso no admite inmiscuirse en la valoración
probatoria y los argumentos esgrimidos en la parte motiva de la sentencia,
salvo en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o en actitudes
dolosas24, pues de admitir tales reclamaciones desconocería el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia.
Análisis del caso concreto con fundamento en las causales invocadas
33. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, dado
que la parte actora no demostró los presupuestos necesarios para la
configuración de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del
CPACA.
23 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-327 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Esta posición fue
reiterada en las sentencias C-358 de 1997 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-583 de 1997 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, exp.:
35824, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Reiterado, entre otras, en la sentencia de 22 de noviembre
de 2021, exp.: 61.965, M.P.: María Adriana Marín (REV).
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34. En primer lugar, se observa que el registro magnetofónico de las
audiencias de legalización de captura, formulación de imputación e imposición
de medida de aseguramiento realizadas el 18 de diciembre de 2012 no puede
ser catalogado como un “documento recobrado”, toda vez que, si bien existía
al momento de dictarse el fallo de segunda instancia adoptado en el proceso
de reparación directa (que data del 9 de marzo de 2021), lo cierto es que el
recurrente omitió explicar por qué esa prueba llegó a su poder hasta ahora, es
decir, si estaba extraviada, oculta, perdida o refundida.
35. En segundo término, en la demanda no se expresó razón alguna en el
sentido de que la referida prueba documental no pudo aportarse al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, circunstancia
que tampoco encuentra sustento probatorio en el expediente, máxime si se
tiene en cuenta que el recurrente manifestó que las audiencias preliminares
no fueron arrimadas al proceso porque el Tribunal Administrativo de Antioquia,
antes de admitir el recurso de apelación, no las decretó de oficio, ni requirió al
ente acusador para que probara los hechos controvertidos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 167 del CGP.
36. Al respecto, se advierte que si bien el artículo 169 del C.G.P. prevé que el
juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pueden dejar una
deficiente concepción de la prueba, lo concreto es que dichas facultades
deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el
proceso, por lo que no pueden esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria
que corresponde atender a las partes desequilibrando la relación jurídico
procesal entre ambos extremos, pues al juez corresponde guardar la debida
neutralidad en el transcurso del proceso, salvo que se presenten o existan
condiciones excepcionales que le exijan hacer uso de las atribuciones
oficiosas en materia probatoria.
37. Lo anterior, demuestra la negligencia probatoria de la parte actora en el
proceso de responsabilidad extracontractual que dio origen a la sentencia que
ahora se estudia, pues, a pesar de que el Juzgado Veintiocho Administrativo
de Oralidad del Circuito de Medellín, en proveído del 20 de junio de 2017, ofició
al Centro de Servicios Judiciales para que remitiera copia íntegra del
expediente penal tramitado bajo radicado No. 058906000356201280082, el
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00069-00 (68.188)
Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
señor Fabio Gallego no cumplió con la carga que le fue impuesta, en tanto que
no solicitó el desarchivo del plenario para tomar copia de las piezas
procesales25.
38. A partir de lo anterior, la Sala encuentra razones suficientes para
descartar la configuración de la causal invocada, por la sencilla pero suficiente
razón de que el registró magnetofónico de la audiencia preliminar realizada el
18 de diciembre de 2012 no es un “documento recobrado”, circunstancia que
abre paso en toda su extensión y concepto, a la aplicación del principio nemo
propriam turpitudinem allegans potest, esto es, nadie puede alegar y
beneficiarse de su propia culpa.
39. En cuanto a la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250
del CPACA, la Sala advierte que tampoco se satisfacen los requisitos para su
configuración, porque, en primer lugar, los planteamientos del recurrente no
se enmarcan en una presunta vulneración del principio de congruencia, sino
que los mismos se ubican en un cuestionamiento probatorio en el que se
adoptó la decisión impugnada -lo probado y lo decidido-, de ahí que con la
argumentación presentada en el recurso se puede inferir que lo que realmente
está cuestionando es una falencia en la parte motiva.
40. Sobre esta base, la parte recurrente estructuró el argumento relativo a la
nulidad originada en la sentencia en el desconocimiento del mentado principio,
toda vez que el Tribunal Administrativo de Antioquia analizó si los elementos
probatorios allegados al proceso demostraban la legalidad proporcionalidad y
razonabilidad de la medida de aseguramiento proferida contra el señor Fabio
Gallego, cuando el motivo de disenso del recurso de apelación formulado por
la Fiscalía giró en torno a su ausencia de responsabilidad por la configuración
del hecho de un tercero.
25
En la sentencia del 9 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló lo siguiente:
“(…) las audiencias surtidas ante el Juez de Control de Garantías, que son precisamente las que se
echan de menos en vista que la parte actora no las aportó con la demanda y que del expediente penal
cuya remisión se invocó por el juez de prime grado, solo fue enviada la copia de la sentencia por parte
de la autoridad competente, situación que fue echada de menos por la parte interesada en el acopio de
la prueba (…) cuando en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Antioquia, se le había facultado para invocar el desarchivo del plenario e impuesto la
carga de tomar copia de las piezas procesales”. SAMAI: índice 2.
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00069-00 (68.188)
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41. Al respecto, cabe advertir que para la fecha en la que se desató el recurso
de apelación -9 de marzo de 2021-, al operador judicial le correspondía
determinar si existía o no méritos para proferir la medida de aseguramiento
solicitada contra el señor Fabio Gallego, debido a que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-072 de 201826, precisó que en ningún cuerpo normativo -a
saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley
270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- se estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable a estos asuntos.
42. En ese sentido y, comoquiera que al proceso de reparación directa no se
allegó el registro magnetofónico de las audiencias de legalización de captura,
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que se
le impuso al señor Fabio Gallego, al Tribunal Administrativo de Antioquia no le
fue posible evidenciar las razones de hecho y de derecho que llevaron al fiscal
a solicitar la medida de aseguramiento y al juez de control de garantías a
decretarla. Así se constata en su texto, cuyo tenor literal es el siguiente:
“(…) el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa en
reciente oportunidad, indicó que la metodología adecuada para abordar
el estudio de responsabilidad en los eventos de privación injusta de la
libertad, se estructuran conforme a las sentencias de -C-037 de 1996 y
SU-072, emanadas por la Corte Constitucional (…) así la sola privación
de la libertad de un ciudadano que posteriormente es absuelto no implica
, de manera automática, la condena al Estado (…) en el proceso penal
adelantado bajo el rito de la Ley 906 de 2004, la prueba de las decisiones
que se adoptan oralmente, son los registros fidedignos y auténticos, no
las actas que se extienden al final de la actuación como un resumen de
lo ocurrido, lo que obliga de manera inequívoca a concluir que en efecto
la parte actora obró a espaldas de su propio interés, al haber aportado
únicamente las actas correspondientes a la solicitud de revocatoria de la
medida de aseguramiento del juicio oral, celebradas en el curso del
proceso penal adelantado en contra del señor Fabio Nelson Gallego
Henao y no haber cumplido con la carga impuesta por la autoridad penal
de tomar copia física y digital de las piezas del proceso penal, lo que se
itera se identifica con la falta de prueba del daño sobre el cual se edifica
la pretensión de reparación, en tanto, la demostración de absolución se
26 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas, exps: T-6.304.188 y T-6.390.556.
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torna insuficiente para lograr acreditar el hecho negativo que se pregona
en el dossier, pues en tratándose del régimen jurídico de la privación
injusta de la libertad, resulta palmario comprender que el hito de partida
de la pretensión debió ser la acreditación de la detención, los motivos que
la determinaron, además del defecto que es lo que finalmente posibilita
su imputación”.
43. En todo caso, se advierte que como en el expediente no milita el recurso
de apelación formulado por la Fiscalía General de la Nación contra la decisión
del 22 de marzo de 2018, no es posible establecer, de manera cierta, si el fallo
que adoptó el Tribunal Administrativo de Antioquia desbordó o no los límites
fijados en el mentado recurso.
44. Finalmente, advierte la Sala que, contrario a lo manifestado por el
recurrente, el Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró la garantía de la
non reformatio in pejus, en tanto que la parte que apeló el fallo condenatorio
de primera instancia fue la demandada y, al haber sido revocada dicha
condena, no es dable afirmar que se desmejoró la situación del apelante
único27.
Costas
45. En el presente caso la parte recurrente, invocó tanto la causal 5 como la 1
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esta última con el fin de que esta
Corporación dejara sin efecto la sentencia recurrida y, en su lugar, dictara una
nueva de reemplazo, en la que se declarara la responsabilidad de las
demandadas y se accediera a las pretensiones patrimoniales del recurrente28.
46. Como el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora
se resolvió de manera desfavorable, la Subsección condenará en costas al
27 Lo anterior se desprende de la información contenida en la conciliación judicial celebrada el 15 de
mayo de 2018, ante el Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín y el fallo
del 9 de marzo de 2021.
28 Sumas tomadas de las sentencias de primera y segunda instancia en el proceso declarativo y que
corresponde a lo pedido por las víctimas indirectas por perjuicios morales y, a la víctima directa por
perjuicios morales -70 SMLMV- y por perjuicios materiales -$12’600.000 por lucro cesante y $31’800.000
por daño emergente-.
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Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
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recurrente Fabio Nelson Gallego Henao29, para lo cual fija por concepto de
agencias en derecho 3 SMLMV30 a favor de la Nación – Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
suma que se dividirá en partes iguales entre las entidades que conforman el
extremo pasivo31, esto es 1 SMLMV a cada una, monto que deberá pagar la
parte recurrente.
III. PARTE RESOLUTIVA
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Fabio Nelson Gallego Henao y otros contra la
sentencia proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, el 9 de marzo de 2021, dentro del expediente radicado bajo el
número 05001-33-33-028-2016-00374-01, mediante la cual se revocó la
decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Veintiocho Administrativo
de Oralidad del Circuito de Medellín.
SEGUNDO: CONDENAR por concepto de agencias en derecho el monto
equivalente a tres (3) SMMLV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, a
cargo de la parte recurrente -Fabio Nelson Gallego Henao- y en favor de la
Nación – Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, esto es, 1 SMLMV a cada una.
29 De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 365 del C.G.P.
30
Según las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el en el numeral 9 del
artículo 5 del Acuerdo 10554 de 2016, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales.
31 Entidades que comparecieron mediante su correspondiente apoderado judicial, en virtud de lo cual
tuvieron a su cargo la vigilancia del proceso; además, desplegaron actuaciones como las relacionadas
con la contestación del recurso extraordinario de revisión, por lo que la fijación de agencias en derecho
resulta procedente.
Radicación: 11001-03-26-000-2022-00069-00 (68.188)
Demandante: Fabio Nelson Gallego Henao y otros.
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
Las costas serán liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera, teniendo
en consideración las expensas demostradas en el proceso.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MENDEZ
VF
Nota: Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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