Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06974-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06974-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06974-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
15 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional. Sentido del fallo de
tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Betelgeuse Fyne Acosta, a
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 4 de noviembre de 20252, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, trabajo y seguridad
jurídica, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, con ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2025,
que modificó la sentencia del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado
Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el sentido de
confirmar la nulidad del Decreto 2965 de 11 de julio de 2018 y revocar la orden de
reintegro de la hoy accionante, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesto contra la Procuraduría General de la
Nación, de radicado 88-001-33-33-001-2019-00022-00/01.
1
Índice 2 de SAMAI, certificado 1BCF31691FD8023B A43EE9D9CFBD9222 2F89F427D191B364 69FDF33BB78D5402.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado 97C11A7A56EBE2D3 438FF3DE3888724D 3442B76E71DEFA64 9DE4D5170A06AD82.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2. Hechos
2.1. La señora Betelgeuse Fyne Acosta presentó demanda3 contra la Procuraduría
General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 2965 del
11 de julio de 2018 y de la posesión del señor Lenin Aduar Huertas Solarte. A título
de restablecimiento del derecho, entre otras cosas, solicitó: i) reintegrarla al cargo
que desempeñaba o a otro de igual o superior jerarquía; y ii) pagar todos los
emolumentos dejados de percibir, de manera indexada, desde su retiro del servicio
hasta la fecha de su reincorporación, más los intereses corrientes y moratorios a
que hubiere lugar.
2.2. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
por medio de sentencia del 25 de septiembre de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En ese sentido, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad de la acción, por lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad del acto acusado Decreto No.2965 de 11 de julio
de 2018, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora
Betelguese Fyne Acosta, en el cargo de Procurador Judicial I, Código 3PJ, Grado EG de
la Procuraduría General de la Nación sede San Andrés Isla.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se ORDENA a la Procuraduría General de la Nación, a reintegrar a la
señora Betelguese Fyne Acosta, sin solución de continuidad para todos los efectos
legales, en el cargo de Procurador Judicial I, Código 3PJ, Grado EG de la Procuraduría
General de la Nación sede San Andrés Isla.
CUARTO: ORDÉNASE a la Procuraduría General de la Nación, reubicar, sin solución
de continuidad, al señor Lenín Aduar Huertas Solarte, en el cargo de Procurador Judicial
I, Código 3PJ, Grado EG, con diferente ubicación al del Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
QUINTO: CONDENAR a la Procuraduría General de la Nación, a título de
indemnización, a reconocer, liquidar y pagar los salarios y demás emolumentos dejados
de percibir por la señora Betelguese Fyne Acosta, por el término equivalente de
veinticuatro (24) meses; así como el correspondiente pago de los aportes por este
periodo a las entidades de seguridad social.
SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.”4 (Resaltado original del
texto).
3
Archivo denominado “Demanda de N y RD [...]”, carpeta “01 Folio 236 Expediente principal”, visible a índice 23 de SAMAI,
certificado 3EC221C998AA442D 33712EDDF8F1E20E 85B57B02D81C1D4C BA2F9494A955C780.
4
Archivo denominado “31. Sentencia [...]”, visible a índice 23 de SAMAI, certificado 3EC221C998AA442D
33712EDDF8F1E20E 85B57B02D81C1D4C BA2F9494A955C780.
3
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.3. Inconforme con la decisión, la Procuraduría General de la Nación interpuso
recurso de apelación.
2.4. Posteriormente, el 10 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina profirió sentencia de segunda instancia en la
que modificó la decisión apelada, en los siguientes términos:
“PRIMERO: MODIFÍQUESE la sentencia No. 092-23 de fecha 25 de septiembre de
2023, proferida por el Juzgado Único Contencioso Administrativo de este Circuito
Judicial, y en tal sentido, se dispone:
PRIMERO: CONFÍRMESE la declaratoria de nulidad del acto acusado Decreto
No.2965 de 11 de julio de 2018, por medio del cual se efectúa un nombramiento en
periodo de prueba y se desvincula un servidor en provisionalidad, conforme las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVÓQUESE la orden de reintegro de la señora Betelguese Fyne
Acosta al cargo que ocupaba, así como el pago de salarios dejados de percibir y
demás efectos del restablecimiento del derecho, conforme las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el término
máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta
providencia, proceda a proveer la vacante generada por la nulidad del nombramiento,
agotando la lista de elegibles del concurso correspondiente en estricto orden de
mérito, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales y especiales
establecidos para el ejercicio del cargo en el régimen insular del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
CUARTO: En caso de no existir aspirantes en la lista de elegibles que reúnan los
requisitos exigidos por la normativa aplicable al régimen insular, la Procuraduría
General de la Nación podrá efectuar la provisión provisional del empleo, garantizando
en todo caso el cumplimiento integral de los requisitos legales y especiales vigentes
para el desempeño del cargo.
QUINTO: EXHÓRTESE a la Procuraduría General de la Nación, para que, en lo
sucesivo, previa la realización de nombramientos, tenga en cuenta que con ellos no
se vulnere el marco normativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, que dispone la forma de proveer cargos públicos y los
requisitos especiales de residencia e idioma que se deben cumplir por las personas
que pretendan ocupar cargos en el territorio departamental. […]”5 (Resaltado original
del texto).
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
5
Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, certificado
01748E1B941555ED 511C517DCCAA540E BCF2347B324A68D4 F16E1DA946FD75AD, radicado
88001333300120190002201.
4
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3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, porque no relacionó,
analizó ni valoró la totalidad de las pruebas aportadas al proceso, entre otras, las
siguientes: i) sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
del 19 de enero de 2017, radicado 25000-23-42-000-2016-04954-01; ii) correo
electrónico del 1 de agosto de 2018 suscrito por Lenin Aduar Huertas Solarte,
dirigido a la Procuraduría Regional de San Andrés; iii) correo electrónico del 15 de
agosto de 2018 de la jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación; iv) correos electrónicos del 25 de julio de 2018 y 3 de agosto
de 2025 dirigidos a la Procuraduría General de la Nación, al procurador general, al
viceprocurador y a la jefe de la División de Gestión Humana, a través de los cuales
se advertían las irregularidades en el acto de nombramiento del señor Huertas
Solarte; v) oficio JDN del 6 de agosto de 2018 suscrito por el Sindicato de
Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual solicitaba
la revocación del nombramiento de Lenin Aduar Huertas Solarte por no cumplir los
requisitos exigidos por la ley y por el concurso de méritos convocado mediante la
Resolución 040 de 2015, para ocupar el cargo de procurador 292 Judicial I Penal
de San Andrés; vi) declaraciones juramentadas ante notario de Catherine Rudas
Rios y Nelly Arrieta Turizo, del 28 de agosto de 2018, que demostraban la calidad
de madre cabeza de familia de la accionante; y vii) Resolución 006510 del 14 de
agosto de 2016 emitida por la directora de la OCCRE, por medio de la cual negó la
residencia al señor Huertas Solarte para laborar en el territorio insular.
3.2. El tribunal desconoció que el señor Huertas Solarte no cumplía con los
requisitos especiales exigidos, tales como contar con la residencia OCCRE y acreditar
el dominio del idioma inglés. Esta omisión llevó a que no analizara la falsa e indebida
motivación del acto administrativo mediante el cual fue desvinculada del servicio,
independientemente de que su nombramiento fuera en provisionalidad. En su
criterio, aunque la autoridad accionada confirmó la nulidad del Decreto 2965 del 11
de julio de 2018, indebidamente negó el restablecimiento de su derecho al revocar
la orden de reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir, con lo cual
transgredió su derecho al debido proceso.
Igualmente, desconoció los efectos de la nulidad, consistentes en retrotraer la
actuación al estado en que se encontraban las cosas.
5
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3.3. La accionante alude a la jurisprudencia trazada por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional frente a la desvinculación de servidores públicos en
provisionalidad. Refiere las sentencias SU-917 de 2010, T-373 de 2017, SU-075 de
2018 y T-126 de 2012, así como la providencia 00942 de 2018 del Consejo de
Estado.
4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: TUTELAR a favor de BETELGEUSE FYNE ACOSTA para que se le
garanticen el ejercicio pleno de sus DERECHOS y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, SEGURIDAD
JURIDICA, CONFIANZA LEGITIMA, PROTECCIÓN ETNICA RAIZAL, DERECHO AL
TRABAJO Y ESTABILIDAD LABORAL y que en consecuencia se ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES ISLAS en término prudencial, se
profiera nueva Sentencia que CONFIRME en su totalidad la sentencia de primera
instancia número 092-23 del 25 de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado Único
Administrativo de San Andrés Islas en el radicado 88-001-33-33-001- 2019-00022-00/01.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, al amparo tutelar se ordene a la Procuraduría
General de la Nación a reintegrar en el menor tiempo posible a BETELGEUSE FYNE
ACOSTA, sin solución de continuidad para todos los efectos legales, en el cargo de
Procurador Judicial I, Código 3PJ, grado EG, de la Procuraduría General de la Nación
sede San Andrés Isla.
TERCERO: Que, en consecuencia, al amparo tutelar se ordene a la Procuraduría
General de la Nación a pagar los salarios y demás emolumentos dejados de percibir a
la señora BETELGEUSE FYNE ACOSTA, así como el pago de los aportes de seguridad
social.”6 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 24 de febrero de 20267, el despacho ponente admitió la
acción de tutela, vinculó al Juzgado Único Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, a la Procuraduría General de la Nación y a Lenin
Aduar Huertas Solarte. También dispuso la notificación a las partes y a los
vinculados.
6
Índice 2 de SAMAI, certificado 1BCF31691FD8023B A43EE9D9CFBD9222 2F89F427D191B364 69FDF33BB78D5402,
folios 34 y 35.
7
Índice 17 de SAMAI, certificado 05C60C7446773968 3FD3E0AE7A35D0A9 E28F8DFA4A26305F 0ACFAB59B0884168.
6
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5.2. La Procuraduría General de la Nación8 señaló que la acción de tutela es
improcedente, porque la pretensión se dirige única y exclusivamente a generar una
nueva instancia judicial sobre una problemática ya resuelta en el proceso ordinario.
Adicionalmente, manifestó que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, razón por la cual la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad.
5.3. El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina9 afirmó
que la acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, pues la accionante pretende que se surta una tercera instancia.
Adicionalmente, sostuvo que en la providencia censurada no incurrió en defecto
fáctico, porque, respecto de las pruebas que la actora menciona como omitidas,
entre ellas las declaraciones juramentadas sobre su calidad de madre cabeza de
familia y los correos electrónicos dirigidos a la Procuraduría, su eventual valoración
no habría modificado la conclusión jurídica central de la sentencia. La razón es que
el fundamento de la decisión de revocar el reintegro no descansó en desconocer la
situación personal de la accionante, sino en la aplicación del marco jurisprudencial
consolidado sobre la estabilidad laboral de los servidores en provisionalidad frente
al concurso de méritos. En consecuencia, efectuó un ejercicio hermenéutico
riguroso y motivado, compatibilizando el régimen especial del departamento
Archipiélago, el sistema de carrera administrativa, el principio del mérito y los
derechos de la servidora provisional, conforme al bloque de constitucionalidad y a
la jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Insistió en que, aunque el acto de nombramiento del concursante careció de los
requisitos especiales del régimen insular, por lo que fue declarado nulo, ello no
transformó la situación de la servidora provisional ni le otorgó un derecho al
reintegro que no tenía antes de la sentencia.
5.4. El Juzgado Único Administrativo de San Andrés y Lenin Aduar Huertas Solarte
no se pronunciaron.10
8
Índice 26 de SAMAI, certificado F18EFE4C0CC04DA9 9C3469B91A100A6D 945C5CC7D339D404 55170F5083FC01AC.
9
Índice 27 de SAMAI, certificado 88FED418152ED6B9 7FF2580A2A22204E DFA6CD3EEDBD034D 72077BA58CAF6E6F.
10
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que el Juzgado Único Administrativo de San
Andrés y Lenin Aduar Huertas Solarte hubieran rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida, obrante en los
índices 20 y 33 de SAMAI.
7
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por
Betelgeuse Fyne Acosta en contra del Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”.13
11
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
8
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, la señora Betelgeuse Fyne Acosta sostiene, en esencia,
que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió
en un defecto fáctico, al omitir la apreciación integral de diversos elementos
probatorios allegados al expediente. En particular, cuestiona que no se hubieran
valorado de manera suficiente distintos documentos y actuaciones relacionados con
el nombramiento del señor Lenin Aduar Huertas Solarte, entre ellos providencias
judiciales, comunicaciones electrónicas dirigidas a la Procuraduría General de la
Nación, actuaciones sindicales, declaraciones extraproceso y actos administrativos
expedidos por la OCCRE, los cuales, a su juicio, daban cuenta de presuntas
irregularidades en dicho nombramiento y de circunstancias particulares de
protección en su favor.
14
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
15
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Asimismo, afirma que el tribunal pasó por alto que el señor Huertas Solarte no
acreditaba requisitos especiales exigidos para el desempeño del cargo, como la
residencia OCCRE y el dominio del idioma inglés. A partir de ello, considera que la
autoridad judicial no examinó adecuadamente la alegada falsa motivación del acto
administrativo que dispuso su desvinculación, pese a tratarse de un nombramiento
en provisionalidad. Señala, además, que aunque se confirmó la nulidad del Decreto
2965 del 11 de julio de 2018, se negó el restablecimiento de sus derechos al
revocarse las órdenes de reintegro y de pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, decisión que estima contraria al debido proceso.
Finalmente, aduce que la providencia cuestionada desconoció los efectos propios
de la declaratoria de nulidad, particularmente aquellos orientados a restablecer las
cosas al estado anterior a la expedición del acto anulado.
4.4. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de segunda
instancia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, se observa el siguiente análisis:
“[…] Bajo este entendido, no se observa que el a quo haya hecho una interpretación
subjetiva o haya desconocido los principios que rigen la función pública, por el contrario,
se observa que el operador judicial en su autonomía, aplicó el marco normativo vigente
con base en las pruebas obrantes en el expediente, concretamente, en la constatación
de que el señor Lenin Aduar Huertas Solarte pese a haber superado las etapas del
concurso de méritos, no cumplía con los requisitos particulares del territorio, ni en el
momento del nombramiento ni en el de la posesión, tal como el mismo concursado le
informó a la entidad demandada.
Aunado a ello, nótese que, el a quo en aras de dar prevalencia al principio del mérito y
garantizar una solución armónica entre el respeto al régimen especial del Archipiélago y
la protección de los derechos derivados del concurso de méritos, dispuso el
nombramiento del señor Lenin Aduar Huertas Solarte en una sede distinta a la del
Departamento Archipiélago, con lo cual no se vislumbra un desconocimiento al principio
del mérito y de contera, el derecho del concursado de ingresar a la carrera administrativa.
Bajo este entendido, a partir de los hechos probados y el marco normativo especial
aplicable al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
considera la Sala que la expedición del acto de nombramiento contenido en el Decreto
2965 del 11 de julio de 2018, mediante el cual se nombró al señor Lenin Aduar Huertas
Solarte en el cargo de Procurador Judicial I Penal con sede en San Andrés Isla vulneró
el régimen jurídico especial del Departamento Archipiélago, al haberse proferido sin la
acreditación previa del cumplimiento de requisitos esenciales, como el dominio del
idioma inglés comúnmente hablado por la comunidad raizal, como acertadamente
concluyó el a quo.
[…] Por otro lado, la parte apelante sostiene que la decisión del a quo desconoce el
principio de igualdad en el concurso de méritos, en tanto se anuló el nombramiento del
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Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
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Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
señor Lenin Aduar Huertas Solarte, quien obtuvo un mayor puntaje en la lista de
elegibles, por incumplimiento de requisitos del régimen especial insular, para nombrar a
la demandante, quien adujo tener protección especial por ser parte de la población étnica
raizal, presente en el territorio insular.
Para abordar este punto, se debe recordar que el análisis efectuado en este caso
particular se circunscribió a determinar la legalidad del acto de nombramiento del señor
Lenin Aduar Huertas Solarte, en lo concerniente a la verificación del cumplimiento de los
requisitos exigidos para ocupar un cargo público en el Departamento Archipiélago.
En esa medida, al limitarse el estudio del presente asunto a examinar la idoneidad del
nombrado en relación con el cargo convocado, no da lugar a considerar que esta
situación per se derive en la señora Betelguese Fyne Acosta, un restablecimiento
automático de un derecho, entendido este como el derecho a ser reintegrada o
permanecer en el cargo, máxime cuando su desvinculación se produjo con ocasión a la
provisión del cargo en el marco de un concurso de méritos; nombramiento que aunque
haya carecido de los requisitos especiales mencionados, constituye una causa objetiva
y legalmente admisible para el retiro de la servidora, sin que ello configure una
vulneración que deba ser reparada con el reintegro.
Al respecto, debe recordarse que la demandante ostentaba el cargo provisto de manera
provisional, esto es, sin pertenecer a la carrera administrativa ni haber superado un
concurso de méritos, por lo que, en el evento de que posteriormente se anulare el
nombramiento, como en efecto ocurre, se advierte que la señora Fyne Acosta no cuenta
con una posición jurídica consolidada que dé lugar a un restablecimiento automático del
derecho.
Al respecto, la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010, dispuso que la
terminación del nombramiento provisional o el de su prórroga, procede por acto
motivado, y sólo es admisible una motivación donde la desvinculación invoque
argumentos puntuales como la provisión del cargo por haberse realizado el
concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la
calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando
y debería prestar el funcionario concreto.
[…] En este orden de ideas, al no ostentar la señora Betelguese Fyne Acosta un derecho
de carrera administrativa, ni tener un derecho subjetivo al cargo, en tanto su vínculo se
encontraba revestido de la transitoriedad propia de la provisionalidad, por lo que, ordenar
su reintegro como mecanismo de restablecimiento del derecho, implicaría reconocer
efectos jurídicos propios de un servidor de carrera a un servidor que, se itera, no goza
de mecanismos de estabilidad ni de reintegro automático cuando son retirados de sus
cargos por causas objetivas.
Bajo este entendido, aunque que el designado no cumplió con los requisitos propios del
Departamento Insular para ocupar el cargo en litigio, no se evidencia que la
desvinculación de la demandante obedeciera a un acto arbitrario o carente de causa
objetiva que justifique su reintegro al cargo, pues se itera, que la causa legal invocada
obra como razón objetiva para desvincularla de un cargo provisto en provisionalidad.
En consecuencia, esta Corporación modificará la sentencia No. 092-23 de fecha 25 de
septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Único Contencioso Administrativo de este
Circuito Judicial, y en tal sentido, confirmará la declaratoria de nulidad del acto contenido
en el Decreto 2965 del 11 de julio de 2018, mediante el cual se nombró al señor Lenin
Aduar Huertas Solarte en el cargo de Procurador Judicial I Penal con sede en San
Andrés Isla y, revocará la orden de reintegro impartida en la sentencia de primera
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
instancia, por no ser procedente, en este caso particular, el restablecimiento del derecho
en favor de la señora Betelguese Fyne Acosta.”16 (Resaltado original del texto).
4.5. Luego de lo expuesto, se advierte que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que se efectúe una nueva valoración de los argumentos ya planteados y
resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.
En efecto, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre las generalidades de la carrera
administrativa y la función pública, la protección internacional y nacional de los
derechos a la identidad lingüística y, en especial, se detuvo a estudiar el régimen
jurídico del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Precisó que el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de enero de 2017,
radicación 25000-23-42-000-2016-04954-01, concluyó que para el desempeño de
cargos públicos en el territorio del archipiélago no basta con acreditar el mérito en
abstracto, sino que resulta imperativo cumplir los requisitos adicionales que impone
el régimen especial, entre ellos, la tarjeta OCCRE y el dominio del idioma inglés.
Descendiendo al caso concreto, el tribunal, luego de valorar el acervo probatorio
relevante para resolver el litigio, encontró acreditado que el acto de nombramiento
del señor Lenin Aduar Huertas Solarte, contenido en el Decreto 2965 del 11 de julio
de 2018, vulneró el régimen jurídico especial del departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a que no acreditó el cumplimiento de
los requisitos especiales exigidos para el cargo, particularmente el dominio del
idioma inglés hablado por la comunidad raizal, pese a haber superado el concurso
de méritos. En ese sentido, consideró ajustada la decisión del juez de primera
instancia de declarar la nulidad de aquel decreto, como consecuencia de aplicar el
marco normativo especial del territorio insular y los principios que rigen la función
pública y el mérito.
Asimismo, la providencia precisó que, aunque el nombramiento fue anulado, ello no
implicaba el reintegro automático de la entonces demandante, quien ocupaba el
cargo en provisionalidad y no ostentaba derechos de carrera administrativa. En
efecto, el tribunal recordó que su desvinculación obedeció a una causa objetiva y
válida, consistente en la provisión del cargo mediante concurso de méritos,
16
Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, certificado
01748E1B941555ED 511C517DCCAA540E BCF2347B324A68D4 F16E1DA946FD75AD, radicado
88001333300120190002201.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
conforme a los criterios fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917
de 2010 sobre terminación de nombramientos provisionales.
En consecuencia, confirmó la nulidad del Decreto 2965 de 2018, pero revocó la
orden de reintegro impartida en primera instancia, al considerar improcedente el
restablecimiento del derecho en favor de la demandante, dado que su vinculación
provisional no le otorgaba estabilidad ni un derecho subjetivo al cargo. Dicho de otra
manera, determinó que la accionante, al ocupar un cargo en provisionalidad, no
ostentaba un derecho al reintegro automático, aun cuando posteriormente se
hubiera declarado la nulidad del acto de nombramiento expedido en el marco del
concurso de méritos adelantado por la Procuraduría General de la Nación.
Ahora, si bien la inconformidad de la actora radica en que la autoridad judicial
accionada no hizo una referencia individualizada a ciertos medios de convicción y
concluyó que no procedía su reintegro al cargo que ocupaba en provisionalidad, lo
cierto es que el tribunal sí desarrolló un análisis probatorio orientado a determinar
la legalidad del acto de nombramiento y la procedencia del reintegro reclamado. Así
las cosas, la controversia planteada no involucra un problema de evidente
relevancia constitucional, sino una discrepancia con la interpretación normativa y la
valoración del material probatorio efectuadas por el juez natural, aspectos que
pertenecen al ámbito de su autonomía e independencia judicial.
4.6. Finalmente, respecto del argumento orientado al desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido
que establecer su configuración exige que el accionante vincule la falta de aplicación
de una regla jurisprudencial con la vulneración de una garantía fundamental o, en
otros términos, que explique con suficiencia por qué el precedente con identidad
fáctica y jurídica resultaba aplicable a su caso y de qué forma la inobservancia de
tales consideraciones o reglas jurisprudenciales afectó sus garantías
fundamentales.17
En el sub lite, la accionante alude a las sentencias SU-917 de 2010, T-373 de 2017,
SU-075 de 2018 y T-126 de 2012, así como a la providencia de radicado 00942 de
2018 del Consejo de Estado; sin embargo, no indica la similitud fáctica y jurídica
17
Compárese, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11
de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04599-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
que permita concluir, de manera acertada, que en efecto se incurrió en la causal
específica invocada, ni logra vincular de manera inescindible los fundamentos de
hecho con una situación que pudiera transgredir los derechos fundamentales de los
que es titular. Esta falta de sustento impide el análisis del cargo y releva a la Sala
de efectuar un estudio de fondo, lo que permite concluir que el defecto alegado
carece de relevancia constitucional.
Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en el proceso 88-001-33-33-001-2019-00022-00/01. Cuestión distinta es que la
parte accionante no comparta el sentido de la decisión adoptada, aspecto que
desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le
corresponde definir la forma en que el juez natural debe decidir.
4.7. En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.
4.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada18, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario19.
18
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
19
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06974-00
Accionante: Betelgeuse Fyne Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso, lo que conduce a que la acción
constitucional resulte improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional, de conformidad
con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
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