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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06977-01

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06977-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: retiro del servicio. Subtema 3: defecto
fáctico

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Yeferson Santiesteban Rodríguez contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

1. Síntesis del caso

El señor Yeferson Santiesteban Rodríguez, por conducto de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido
proceso, que consideró vulnerado con ocasión de la sentencia del 30 de abril de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 11001-33-35-020-2022-00306-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

2.
El señor Yeferson Santiesteban Rodríguez ingresó al curso de formación como
integrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, el 6 de septiembre de 2004.
Posteriormente, ocupó los siguientes grados: i) patrullero, desde el 1 de septiembre
de 2005; ii) subintendente, a partir del 30 de septiembre de 2015; y iii) intendente
desde el 30 de septiembre de 2020. En dichos cargos recibió condecoraciones,
menciones, medallas, felicitaciones y distintivos por su labor.

3.
La Junta de Evaluación y Clasificaciones para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, mediante Acta 005 — APROP —
GRURE — 3.22 del 8 de diciembre de 2021 recomendó el retiro del accionante.

4.
El director General de la Policía Nacional, a través de la Resolución núm. 04491
del 23 de diciembre de 2021, resolvió retirar del servicio activo al tutelante.

5.
El señor Yeferson Santiesteban Rodríguez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se dejara sin efecto el referido acto
administrativo y se ordenara su reintegro a la institución y el pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir.

6.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 24 de
enero de 2024, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
acreditó la falsa motivación ni el desconocimiento de los derechos de audiencia y
de defensa invocados como causales de nulidad. Contra dicha decisión, la parte
actora presentó recurso de apelación.

7.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
a través de providencia del 30 de abril de 2025, confirmó en todas sus partes el fallo
de primera instancia, al concluir que el retiro cuestionado por el demandante operó
por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, previa recomendación
de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

1. Se RECONOZCA personería jurídica al suscrito para actuar en la presente acción
constitucional, conforme las facultades otorgadas por el señor YEFERSON
SANTISTEBAN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 7.181.122 de
Tunja, Boyacá.

2. CONCEDER el amparo interpuesto y en consecuencia TUTELAR el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, del señor YEFERSON SANTISTEBAN
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 7.181.122 de Tunja, Boyacá,
conculcado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 2, certificado núm. 1132ADFE89A4FEF0 3D650F6E79D9D1BB
63DA51E8CA0DAB5C 147199F0807F03F9.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

3. REVOCAR y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “C”, el 30 de abril del 2025, dentro del proceso administrativo de nulidad
y restablecimiento de derecho, con el número radicado 11001-33-35-020-2022-00306-
01.

4. En consecuencia, de la anterior declaración, ACCEDER y DECLARAR la NULIDAD
del acto administrativo contenido en la Resolución 04491, del 23 de diciembre de 2021
expedido por el director General de la Policía Nacional. Así como también acceder a
las siguientes pretensiones: […] 2.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico porque realizó una defectuosa
valoración de las pruebas obrantes en el proceso ordinario, en la medida en que no
tuvo en cuenta que los motivos descritos en la Resolución núm. 04491 del 23 de
diciembre de 2021, proferida por el director General de la Policía Nacional carecían
de certeza y, por ende, se demostraba el cargo de su falsa motivación.

10.
Afirmó que el referido acto administrativo dispuso su retiro del servicio, de forma
discrecional, debido a que la institución policial perdió la confianza en él y vio
afectada su imagen, en atención a que fue vinculado a un proceso penal por
falsedad ideológica en documento público y hurto calificado y agravado, en cuyo
trámite se emitió una orden de captura en su contra y se hicieron señalamientos de
haber sacado a un ciudadano de un inmueble.

11.
Precisó que en la resolución demandada se efectuaron «afirmaciones que NO
corresponden a la realidad fáctica, pues ninguno de los documentos que valoró la
Policía Nacional, así como tampoco aquellos que revisó el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
«C» en el marco del proceso administrativo, dan cuenta [de que hubiese] sacado de
un inmueble «EN CONTRA DE SU VOLUNTAD» a un ciudadano.»

12.
En concreto, indicó que el Tribunal omitió examinar los fundamentos fácticos y
jurídicos contenidos en el acto administrativo demandado y cotejar esta información
con la orden de captura 712 del 25 de octubre de 2021, con el propósito de verificar
si los motivos de la decisión administrativa tenían relación con los hechos en los
que se sustentó el proceso penal.

13.
Así pues, concluyó que el Tribunal accionado pese a contar con la prueba que
demostraba la falsa motivación, se apartó del contenido de la orden de captura 712
del 25 de octubre de 2021, para negar injustificadamente las pretensiones de la
demanda.

2
Se transcribe incluso con errores
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

2.3. Trámite procesal

14.
El despacho ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
auto del 10 de noviembre de 20253, admitió la solicitud de amparo, ordenó la
notificación a la autoridad accionada, esto es, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y puso en conocimiento el escrito
de tutela al Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, al Ministerio de Defensa
Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, en calidad de terceros
interesados.

2.4. Intervenciones

15.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá4 manifestó que la providencia del
24 de enero de 2024 fue emitida conforme a las pruebas aportadas al proceso, así
como la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso objeto de estudio.

16.
Adicionalmente, refirió que la solicitud de amparo se dirige a cuestionar la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por lo que pidió
su desvinculación del presente trámite constitucional.

17.
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional5 afirmó que la
providencia cuestionada fue proferida con fundamento en las pruebas, la normativa
y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo cual permitió concluir que la
decisión administrativa que retiró del servicio activo al demandante se ajustó a los
criterios de proporcionalidad, razonabilidad y motivación exigidos para el ejercicio
de la facultad discrecional, toda vez que estaba demostrado que la investigación
penal y la consecuente medida de aseguramiento impuesta al uniformado
generaron una afectación real en la confianza institucional, en la imagen de la
Policía Nacional y en la adecuada prestación del servicio.

18.
Por lo anterior, consideró que la decisión acusada no incurrió en vía de hecho
alguna ni amenazó o vulneró los derechos fundamentales del accionante.

19.
Además, advirtió que tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que requiera la intervención excepcional del juez de tutela. En
consecuencia, solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela.

20.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
guardó silencio.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 4, certificado núm.6791AA2FE6A54FFF ECF78F78F7A2F9F5
A047161C26C311BD EE9C1242E899EA38.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 9, certificado núm. 96F1C1EFF812839B 8C4AD07A4D10A407
9CD11DCC3BB55D98 FBE9A685F1D86696.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 10, certificado núm. BD6F0A93893CE57A 33906236E1EC57B7
9782DE9FB15CDDE8 D961785E95ED7DAC.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

2.5. Sentencia de primera instancia

21.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 11 de diciembre
de 20256 declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

22.
Al respecto, indicó que los argumentos del accionante, en relación con la
defectuosa valoración del acto administrativo de retiro, están encaminados a
controvertir las conclusiones a las que llegó el Tribunal accionado en la sentencia
objeto de tutela e imponer un criterio de análisis particular que considera más
acertado en comparación con lo decidido por la autoridad judicial accionada.

23.
En este sentido, advirtió que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
determinaciones vía acción de tutela.

24.
Aclaró que el juez constitucional no está instituido para ejercer control de las
decisiones judiciales que son adoptadas en el curso ordinario de los procesos,
conforme con las etapas establecidas por el legislador, pues de avalarse dicha tesis,
conllevaría a una deformación de este mecanismo constitucional y la desarticulación
de la organización judicial.

25.
Por lo anterior, precisó que la controversia planteada por el tutelante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos probatorios que ya fueron abordados y definidos
razonablemente por el juez natural.

26.
Destacó que, si bien el tutelante intenta exponer las razones por las cuales
considera que la corporación accionada incurrió en una vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, en realidad lo que se evidencia es la inconformidad
con lo dispuesto en la sentencia del 30 de abril de 2025.

2.6. Impugnación

27.
La parte actora presentó impugnación7 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Quinta En su escrito, indicó que los argumentos expuestos en
el escrito de tutela tienen relevancia constitucional, en la medida en que lo
pretendido es la protección del derecho al debido proceso, que, en su criterio,
resultó afectado con la decisión del Tribunal accionado.

28.
Afirmó que el asunto tiene importancia constitucional, puesto que el ejercicio de
apreciación de la prueba es parte integral del derecho fundamental al debido
proceso, por lo que el argumento relacionado con la defectuosa valoración de los

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00 índice 13, certificado núm. 7A062820646D5389 9050C1625104E3AB
750D935A60367B0B 78C2E2E9EEA4252B.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 17, certificado núm. BFD6FB08C1421306 D68BBE6B5C501224
D17B8F50112E7E99 209A286A1FA72DDB.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

elementos probatorios, como se expuso el escrito de tutela, hace procedente el
estudio de fondo del defecto fáctico. De manera, que no le asiste razón al a quo en
decretar la improcedencia de la acción.

29.
Resaltó que la litis de la acción no se limita a asuntos meramente legales o
económicos, por el contrario, explicó las razones de hecho y de derecho por las
cuales se configuró la vulneración al derecho fundamental al debido proceso del
accionante, pues a partir de un indebido análisis probatorio, se emitió una decisión
errónea.

30.
Precisó que la solicitud de amparo no tiene por objeto reabrir el debate
probatorio ni revivir el proceso administrativo. Por el contrario, la exposición de los
hechos y las pruebas era indispensable porque la tutela se fundamentó en la
configuración de un defecto fáctico, entendido por la jurisprudencia constitucional
(sentencias C-590 de 2015 y SU-116 de 2018), como una irregularidad que afecta
las decisiones judiciales. En consecuencia, consideró que en el presente asunto
procedente realizar el estudio de fondo del asunto.

31.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

32.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 11 de
diciembre de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

33.
La legitimación en la causa por activa del señor Yeferson Santiesteban
Rodríguez está acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

34.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, debido a que
fue la autoridad que profirió la providencia, objeto de estudio.

35.
Por otro lado, se advierte que el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá
solicitó su desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, por cuanto no
había proferido la decisión cuestionada en el escrito de tutela.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

36.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha autoridad participó como juez de primera instancia dentro del proceso
ordinario en el que fue emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia,
la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos
expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

38.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

39.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

40.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

41.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

42.
Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

43.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

44.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

45.
Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 30 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, fue notificada el 5 de mayo
siguiente16, y la demanda de tutela se presentó el 5 de noviembre de 202517, esto
es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 18 y
del Consejo de Estado19 como razonable.

46.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

47.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

48.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación al defecto fáctico y, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

49.
Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C incurrió, en la sentencia del 30 de abril de 2025,
en defecto fáctico y en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de Yeferson Santiesteban Rodríguez?

50.
Para el efecto, se estudiarán: (i) la generalidad del defecto invocado; y (ii) el
caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

51.
De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

16
Samai, exp. 11001-33-35-020-2022-00306-01, índice 16.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

52.
La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»23.

53.
En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.

54.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»26.

55.
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas

22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.5 Caso concreto

56.
En el asunto bajo estudio, el señor Yeferson Santiesteban Rodríguez presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la
pretensión de dejar sin efectos el acto administrativo que lo retiró del servicio activo
de la institución y, en su lugar, ordenar su reintegro al cargo en el que se encontraba
vinculado.

57.
En primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante
providencia del 24 de enero de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

58.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C emitió providencia el 30 de abril de 2025 en la que
confirmó la decisión de primera instancia.

59.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 30 de abril de 2025, incurrió en defecto fáctico
porque no efectuó una adecuada valoración de los elementos probatorios aportados
al proceso ordinario, con los cuales pretendía demostrar el cargo de falsa motivación
en el que había incurrido la entidad demandada en el acto administrativo que lo
desvinculó del servicio activo.

60.
Lo anterior, por cuanto omitió examinar los fundamentos fácticos y jurídicos
contenidos en Resolución núm. 04491 del 23 de diciembre de 2021, proferida por el
director General de la Policía Nacional y cotejar esta información con la orden de
captura 712 del 25 de octubre de 2021, con el propósito de verificar si las razones
de la decisión administrativa tenían relación con los hechos en los que se sustentó
el proceso penal.

61.
Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 30 de abril de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
precisó que la parte demandante cuestionó la legalidad de la Resolución núm.
04491 del 23 de diciembre de 2021, por medio de la cual la entidad demandada
retiró del servicio activo al intendente Yeferson Santisteban Rodríguez por voluntad
de la Dirección General de la Policía Nacional bajo los cargos de falsa motivación y
desconocimiento del derecho de defensa y audiencia.

62.
Para verificar las irregularidades alegadas por la parte actora, respecto del acto
administrativo, la autoridad accionada examinó el contenido de los siguientes
documentos: i) el extracto de la hoja de vida del demandante; ii) los formularios de

27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

evaluación del desempeño policial; y iii) el Acta 005-APROP-GRURE-3.22 de 8 de
diciembre de 2021, expedida por la Junta de Evaluación y Calificación para
Suboficiales del Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, en
cuyo contenido se recomendó el retiro del demandante.

63.
Con relación a este último, el Tribunal accionado puso de presente que la
recomendación de la junta de evaluación y clasificación fue el documento en el que
se soportó la Resolución núm. 04491 del 23 de diciembre de 2021. Dicha acta, a su
vez, se fundamentó en documentos que «evidencian hechos en los que resultó
involucrado el intendente Yeferson Santisteban Rodríguez, y que fueron el motivo
de la orden de captura emitida en su contra». Sobre el particular, la providencia
acusada destacó la siguiente prueba documental:

-. Oficio suscrito por el director de investigación criminal e INTERPOL, de 22
de noviembre de 2021, dirigido al director general de la Policía Nacional, a
través del cual le solicitó estudiar la posibilidad de someter a la Junta de
Evaluación y Clasificación para la Policía Nacional, entre otros, al señor
Yeferson Santisteban Rodríguez.

-. Oficio de 29 de octubre de 2021, suscrito por el jefe de coordinación de
servicio de investigación criminal, en el que informó al director de investigación
criminal e INTERPOL, la novedad ocurrida con el demandante, quien fue
cobijado como medida de aseguramiento de detención domiciliaria, dentro del
proceso 760016000193201813650, en el cual se realizó audiencia de
imputación de cargos y medida de aseguramiento por el delito de hurto
calificado en mayor cuantía y falsedad ideológica en documento público por
hechos ocurridos el 25 de mayo de 2018, en la ciudad de Cali, cuando
pertenecía al área especializada bajo el mando del Mayor Jeferson
Tocarruncho.

-. Orden de captura 712 de 25 de octubre de 2021, proferida dentro del proceso
760016000193201813650, en contra del demandante en donde se incluyeron
los siguientes hechos que trascribe el acta de la Junta:

[…]

-. Acta de derechos del capturado de 27 de octubre de 2001 y constancia de
buen trato.

-. Acta de la audiencia preliminar celebrada el 27 de octubre de 2021, por el
Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de
Garantías, en la cual se ordenó la cancelación de la orden de captura emitida
por el Juzgado 78 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, por haberse hecho efectiva. Así mismo, la Fiscalía formuló imputación,
entre otros, al señor Yeferson Santisteban Rodríguez, como presunto coautor
de las conductas punibles de hurto calificado agravado, en concurso
heterogéneo con falsedad ideológica en documento público. Finalmente, se le
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva
domiciliaria, por cuanto “de los medios de conocimiento allegados se infiere
razonablemente la autoría o participación del imputado con el delito
enrostrado”.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

-. Boleta de encarcelación domiciliaria emitida por el Juzgado Treinta y Tres
Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de Garantías, con destino
al INPEC, en el que solicitó hacer la reseña decadactilar del procesado y
disponer su traslado al lugar de residencia.

64.
A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que el
Acta 005-APROP-GRURE-3.22 del 8 de diciembre de 2021 estudió «la situación del
actor partiendo de unos antecedentes ciertos, esto es, la legalización de captura del
uniformado por orden del Juzgado Treinta y Tres Penal Municipal de Cali con
Funciones de Control de Garantías, dentro del proceso 760016000193201813650,
donde se resolvió imponerle medida de aseguramiento, al imputársele como
presunto coautor de las conductas punibles de hurto calificado agravado, en
concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público».

65.
La corporación accionada expuso que en el mencionado documento se
describió que la conducta por la cual fue investigado penalmente el demandante
«[…] afectó de manera grave el buen nombre de la institución y puso en tela de
juicio la ética y el ejercicio de las funciones. Esto bajo la comprensión razonada de
que existe una mayor exigencia para los miembros de la Policía Nacional, que al
momento de ingresar a la institución juran cumplir con ética y honor sus funciones.
Y el encartado, después de esta valoración, no asegura esos fines constitucionales
e institucionales, por el contrario, se apartó de ellos».

66.
De esta manera, la providencia cuestionada analizó los alcances de los
documentos valorados por la junta de evaluación y clasificación, que le permitieron
adoptar la decisión de recomendar el retiro del actor, a partir de las siguientes
consideraciones:

En ese orden, para el Tribunal, lo que se ha surtido en esta actuación administrativa,
es proporcional y razonable que la Junta haya concluido que los hechos tipificados en
la legislación penal en los que presuntamente incurrió el actor y que originaron la orden
de captura, causaron una afectación real al servicio prestado por la institución que, sin
duda, disminuyen la confianza que la comunidad deposita en la Policía Nacional.

A todas luces, el comportamiento endilgado al demandante desborda los postulados
éticos y morales de la institución y afecta gravemente la imagen institucional, y aunque
para la fecha del retiro el proceso penal no hubiere culminado, lo cierto es que, como
bien lo señaló la Junta en el acta correspondiente, la investigación adelantada en contra
del actor logra afectar el servicio y acarreó pérdida de credibilidad y confianza,
circunstancias que no podrían desconocerse para permitir que un servidor en esas
condiciones continúe encargado de la protección y la defensa de la comunidad, cuando
se encuentra en tela de juicio el cumplimiento leal de sus deberes.

Son razonables los argumentos de la Junta y suficientes para emitir la recomendación
de retiro del servicio, partiendo de la confianza que debe tener el nominador en su
personal para la adecuada prestación del servicio que busca eficacia y eficiencia por
parte de los integrantes de la Policía Nacional.

[…]

Para el Tribunal, tal como se analizó en sede administrativa, la investigación penal
adelantada contra el actor y su posterior detención, efectivamente empañan su
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

trayectoria institucional e influyen negativamente en el grado máximo de confianza que
la institución exige al personal a su servicio. No responde al comportamiento intachable
que da lugar a la continuidad en la Policía Nacional, pues entraña una afectación real
y seria del servicio, no aparente como lo estima la parte actora.

Lejos de hacer señalamientos o acusaciones que impliquen un prejuzgamiento o la
aplicación de una sanción de destitución, el análisis que hace la Junta en torno a la
investigación penal en contra del actor, resulta obligatoria por ser una situación fáctica
que hace parte de los antecedentes del uniformado. Además, está visto que su análisis
partió de la gravedad de la conducta imputada, lo que llevó a la pérdida de confianza
en el uniformado, motivo más que suficiente para disponer su retiro de la institución.

La existencia de una orden judicial de privación de la libertad o de una investigación
penal, no impide a la institución hacer uso de la figura discrecional legal para el retiro
del personal, ni comporta una usurpación a las funciones de la Rama Judicial porque
la Junta no emitió un juicio de valor sobre ellos, sino que analizó su incidencia en la
pérdida de confianza en el uniformado como obstáculo para el cabal cumplimiento de
la misión que se le otorga como servidor del Estado.

67.
De lo expuesto, se advierte que, para el Tribunal accionado la Resolución núm.
04491 del 23 de diciembre de 2021 se encontraba debidamente motivada, pues se
sustentó en el Acta 005 — APROP — GRURE — 3.22 del 8 de diciembre de 2021,
expedida por la junta de evaluación y clasificación, la cual efectuó un análisis
pertinente de la investigación penal a la que fue sometido el actor, así como su
posterior detención, cuya actuación no solo afectó su trayectoria institucional, sino
que influyó negativamente en el grado máximo de confianza que la entidad exige al
personal a su servicio.

68.
Esta situación, en criterio de la autoridad judicial accionada no respondió al
comportamiento intachable que le asiste a un servidor público para garantizar su
continuidad en la Policía Nacional, pues entrañaba una afectación real del servicio,
que no se podía considerar como un hecho aparente como lo estimaba la parte
actora.

69.
Adicionalmente, la sentencia acusada resaltó que las actuaciones tendientes a
determinar las posibles responsabilidades penal, disciplinaria y la situación
administrativa de retiro del integrante de la fuerza pública tienen fines y propósitos
distintos.

70.
Al respecto, mencionó que la acción disciplinaria está dirigida a sancionar la
conducta que desconoce el código de conducta obligatoria que debe tener el
uniformado y debe estar claramente tipificada como falta disciplinaria en el estatuto
disciplinario. En tanto, la decisión de retiro es una actuación administrativa y tiene
fundamento en el concepto de la junta de evaluación y clasificación, que no exige
como requisito previo adelantar un proceso disciplinario o penal porque no tiene
como fin sancionar al uniformado, sino determinar su continuidad en la institución.

71.
Por otro lado, el Tribunal se pronunció sobre la anotación registrada en el acta
de la junta de evaluación y clasificación relacionada con los hechos descritos en la
orden de captura 712 del 25 de octubre de 2021, en lo siguientes términos:
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

Sobre el particular, obra la orden de captura 712 de 25 de octubre de 2021, proferida
dentro del proceso penal 760016000193201813650 seguido en contra del
demandante, en donde se incluyeron los siguientes hechos que trascribe el acta de
la Junta:

[…]

Como se observa, en la orden de captura se relaciona en los hechos expresamente:
“sacaron del inmueble al ciudadano DEIBY BRAYAN HERNÁNDEZ CAICEDO, a quien
le dieron vueltas por el sector y posteriormente lo dejaron cerca del inmueble sin el
dinero ni los elementos”

Entonces, contrario a como lo afirma el recurrente, las conclusiones de la Junta
encuentran respaldo en lo consignado en la orden de captura, lo que quiere decir que
el análisis en sede administrativa no expone ningún planteamiento que no sea veraz,
por el contrario, es concordante con lo expuesto en la investigación penal.

72.
Así pues, para la autoridad judicial accionada no era posible desvirtuar la
información descrita en el Acta 005 — APROP — GRURE — 3.22 del 8 de diciembre
de 2021, debido a que se trataba de una transcripción literal de la orden de captura
712 de 25 de octubre de 2021, expedida dentro del proceso penal con radicado
núm. 760016000193201813650 seguido en contra del demandante, por los delitos
de falsedad ideología en documento público y hurto calificado y agravado, fundado
en las pruebas recogidas al interior de este.

73.
Lo anterior, tomaba relevancia si se tenía en cuenta que el demandante no
aportó al proceso contencioso prueba alguna que permitiera inferir lo contrario a lo
descrito en la orden de captura 712 de 25 de octubre de 2021.

74.
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal advirtió que la motivación de la
Resolución núm. 04491 del 23 de diciembre de 2021 fue clara, suficiente y
razonada, toda vez que explicó ampliamente los motivos por los cuales se consideró
que hubo pérdida de confianza y afectación de la imagen institucional, por lo que se
justificaba el ejercicio de la facultad discrecional con el fin de garantizar una
adecuada prestación del servicio, de manera que no fue una decisión arbitraria,
irracional o desproporcionada, dado que existían razones objetivas, verificables y
ciertas por parte de la administración para desvincular al actor.

75.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 30 de abril de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no incurrió en
defecto fáctico, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia28,
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por el tutelante, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos
y los elementos probatorios aportados al trámite judicial.

28
Sentencia del 24 de enero de 2024, proferida por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá.
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

76.
En concreto, se observa que la decisión objeto de tutela realizó una valoración
adecuada del contenido de la Resolución núm. 04491 del 23 de diciembre de 2021
y del Acta 005 — APROP — GRURE — 3.22 del 8 de diciembre de 2021, lo cual le
permitió concluir que la decisión administrativa por medio de la cual se desvinculó
al señor Yefersón Santiesteban Rodríguez de la Policía Nacional por voluntad de la
dirección general de la institución estuvo debidamente sustentada en razones del
buen servicio.

77.
En efecto, se advierte que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que la tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

78.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»29.

79.
Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable del material probatorio allegado al proceso
ordinario. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales, como lo plantea la parte accionante.

80.
De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

81.
La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C no vulneró el derecho fundamental invocado por
el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por el defecto fáctico que exija la intervención del
juez de tutela.

29
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

82.
En consecuencia, se modificará la sentencia del 11 de diciembre de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción para en su lugar negar la pretensión de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado
Veinte Administrativo de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Yeferson
Santiesteban Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-01 (1016)
Accionante: Yeferson Santiesteban Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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