Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06977-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06977-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06977-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
11 de diciembre de 2025
Demandante: Yeferson Santisteban Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06977-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06977-00
Demandante: YEFERSON SANTISTEBAN RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 5 de noviembre de 2025, el señor Yeferson
Santiesteban Rodríguez, por conducto de apoderado, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
Estimó vulnerada tal garantía constitucional con ocasión de la sentencia del 30 de
abril de 2025, que confirmó el fallo del 24 de enero de 2024, mediante el cual el
Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones
de reintegro y pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-
020-2022-00306-00/01, promovido contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:
2. CONCEDER el amparo interpuesto y en consecuencia TUTELAR el derecho
fundamental al DEBIDO PROCESO, del señor YEFERSON SANTISTEBAN
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 7.181.122 de Tunja, Boyacá,
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conculcado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”.
3. REVOCAR y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “C”, el 30 de abril del 2025, dentro del proceso administrativo de nulidad
y restablecimiento de derecho, con el número radicado 11001-33-35-020-2022-00306-
01.
4. En consecuencia de la anterior declaración, ACCEDER y DECLARAR la NULIDAD
del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 04491, del 23 de diciembre de
2021 expedido por el Director General de la Policía Nacional. Así como también
acceder a las siguientes pretensiones:
Que a título de restablecimiento del derecho se CONDENE a la POLICÍA NACIONAL
al reconocimiento y pago indexado, con los respectivos incrementos fijados por el
Gobierno Nacional de todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados
de percibir por el señor YEFERSON SANTISTEBAN RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 7.181.122 de Tunja, Boyacá, como consecuencia de la
expedición del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 04491 del 23 de
diciembre de 2021.
Que a título de restablecimiento del derecho se CONDENE a la POLICÍA NACIONAL,
para que mi prohijado, señor YEFERSON SANTISTEBAN RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 7.181.122 de Tunja, Boyacá, sea reintegrado al servicio
activo de la Policía Nacional sin solución de continuidad en el grado que, conforme al
estatuto de carrera policial, deba ostentar para el momento del reingreso.
Que se disponga el pago de la indexación sobre todos los valores adeudados a mi
representado.
Que se disponga el pago de los intereses de mora sobre todos los valores adeudados
al representado.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
esta sentencia:
Relató que estuvo vinculado a la Policía Nacional, en el nivel ejecutivo, desde el 6
de septiembre de 2004 y fue patrullero desde el 1° de septiembre de 2005;
subintendente a partir del 30 de septiembre de 2015 e intendente del 30 de
septiembre de 2020. Grados en los que recibió condecoraciones, menciones,
medallas, felicitaciones y distintivos por su labor.
Afirmó que la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del
Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, mediante Acta 005- APROP-
GRURE – 3.22 del 8 de diciembre de 2021, recomendó su retiro.
Precisó que el director general de la Policía Nacional, por Resolución 04491 del 23
de diciembre de 2021, lo apartó del servicio activo.
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Señaló que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir la
legalidad del anterior acto administración y, obtener el reintegro y el pago de salarios
y prestaciones dejados de percibir. Demanda que fue repartida al Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado 11001-33-35-020-
2022-00306-00.
Detalló que dicha autoridad judicial, mediante sentencia del 24 de enero de 2024,
denegó las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó la falsa motivación
ni el desconocimiento de los derechos de audiencia y defensa invocados como
causales de nulidad. Decisión que apeló en oportunidad.
Enfatizó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a través del fallo del 30 de abril de 2025, confirmó lo resuelto por el
a quo porque el retiro cuestionado fue por voluntad de la Dirección General, previa
recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional. Providencia que le
fue notificada por correo electrónico el 5 de mayo del año en curso.
1.4. Sustento de la vulneración
El tutelante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Recalcó que el fallo cuestionado incurre en una vía de hecho por la valoración
defectuosa de las pruebas obrantes dentro del proceso ordinario. En la medida en
que parte de un erróneo convencimiento de que la Resolución 04491 del 23 de
diciembre de 2021 «fue expedida con ocasión a hechos ciertos y objetivos», cuando
no es así.
Explicó que fue retirado del servicio, de forma discrecional, porque la institución
policial presuntamente perdió la confianza en él y vio afectada su imagen, en
atención a que está vinculado a un proceso penal por falsedad ideológica en
documento público y hurto calificado y agravado, en el que se emitió una orden de
captura en su contra y se hacen señalamientos de haber sacado a un ciudadano de
un inmueble.
Describió que en la resolución enjuiciada «se hicieron afirmaciones que NO
corresponden a la realidad fáctica, pues en ninguno de los documentos que valoró
la Policía Nacional, así como tampoco aquellos que revisó el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“C” en el marco del proceso administrativo, dan cuenta [de que hubiese] sacado de
un inmueble “EN CONTRA DE SU VOLUNTAD” a un ciudadano.»
Subrayó que el señalamiento «en contra de su voluntad» fue una calificación creada
por la Policía Nacional para hacer más gravoso el escenario fáctico en el que
terminó inmiscuido.
Estimó que como en la justificación de su retiro se hacen alusiones a que sacó a un
ciudadano de un inmueble en contra su voluntad, lo cual no corresponde a la
realidad, resulta claro la resolución enjuiciada adolece de falsa motivación. Iteró que
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el tribunal accionado convalidó la actuación de la Policía Nacional, pese a que está
fundada en hechos que no son ciertos.
Puso de presente que en la orden de captura solo se dice que «“sacaron” a alguien»,
pero nada se precisa si fue con su anuencia o en contra de su voluntad, de ahí que
el componente «en contra de su voluntad» fue una calificación subjetiva y
parcializada de la Policía Nacional para perjudicarlo.
Concluyó que la tribunal accionado pese a contar con la prueba que demostraba la
falsa motivación, se apartó del contenido de la orden de captura 712 del 25 de
octubre de 2021, para negar injustificadamente las pretensiones de la demanda.
1.5. Trámite y contestación
Mediante auto del 10 de noviembre de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, en calidad de demandados.
Así mismo, se ordenó vincular al juez Veinte Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, al ministro de Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional como
terceros con interés en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1 El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá señaló
que la providencia del 24 de enero de 2024 fue emitida conforme a la normativa y
la jurisprudencia rectora, así como a las pruebas que se aportaron en oportunidad.
En todo caso, pidió ser desvinculo del trámite de la tutela, pues su decisión no se
está cuestionando y no ha vulnerado el derecho fundamental invocado.
1.5.2 La Policía Nacional considero que este mecanismo es improcedente pues
adolece de falta de relevancia constitucional y de inexistencia de un perjuicio
irremediable.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó su
desvinculación porque no emitió la decisión que se controvierte y no ha vulnerado
el derecho fundamental que se invoca.
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La Sala negará tal petición, debido a que la autoridad referida no fue vinculada a la
acción de tutela en calidad de accionada, sino como tercero con interés.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el señor Yeferson Santiesteban
Rodríguez, el material probatorio recaudado y los informes presentados, la Sala
deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C desconoció el derecho fundamental al debido proceso, con ocasión
de la sentencia del 30 de abril de 2025, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-020-2022-00306-
00/01.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
(iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
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[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la sala, el señor Santiesteban Rodríguez presentó acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, autoridad que en sentencia del 30 de abril de 2025, confirmó la
determinación del Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de
negar las pretensiones de reintegro y pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-020-2022-00306-00/01.
En criterio del tutelante, la referenciada decisión incurre en una vía de hecho por la
valoración defectuosa de las pruebas obrantes dentro del proceso ordinario, en
especial de la orden de captura 712 del 25 de octubre de 2021, pues en esa
documental no se hace un señalamiento de que sacó a un ciudadano de un
inmueble «en contra de su voluntad», como si ocurre en la justificación que da lugar
a su retiro del servicio, como un intento parcializado de hacer más gravosa su
situación.
Precisó que como el tribunal accionado avaló esa afirmación y se apartó del
contenido de la aludida orden de captura, negó las pretensiones de la demanda
pese a tener acreditada una falsa motivación.
Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 24 de enero de 2024, negó
las pretensiones de la demanda. Para arribar a esa determinación estableció que la
Policía Nacional cumplió con el requisito previo de la recomendación, pues la Junta
de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional expuso la razón por la cual se debía prescindir del
servicio prestado por el demandante (ahora accionante), la cual se concreta en la
pérdida de confianza en él debido a los hechos delictivos en los que presuntamente
participó (falsedad ideológica en documento público y hurto calificado y agravado).
Encontró que no existe divergencia entre la realidad fáctica y jurídica por cuanto la
orden de captura emitida por el Juzgado Setenta y Ocho Penal Municipal con
función de control de garantías, los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la
imputación y la medida de aseguramiento del Juzgado Treinta y Tres Penal
Municipal de Cali dan cuenta, de forma razonable, que el actor participó en la
comisión de los referenciados delitos.
Aseveró que la resolución enjuiciada se sustentó en hechos ciertos. Máxime cuando
no existe relación entre el proceso que el demandante adelantó en contra su
superior y su retiro del servicio, ni vestigio de retaliación alguna.
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Recordó que las anotaciones positivas, las felicitaciones, las condecoraciones y los
resultados operativos que registra el señor Yeferson Santiesteban Rodríguez
durante su vinculación laboral no generan per se estabilidad.
Aclaró que no existe vulneración de los derechos de defensa y contradicción, puesto
que la causal de retiro por facultad discrecional no prevé que deba seguirse un
procedimiento previo, como el disciplinario, sino que, únicamente debe mediar la
recomendación de la Junta respectiva, con argumentos razonables y
proporcionales, como ocurrió en el asunto sub examine.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a
través del fallo del 30 de abril de 2025, confirmó lo decidido por el a quo. Señaló
que el retiro demandado (i) fue por voluntad de la Dirección General, previa
recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional; (ii) está sustentado
en la pérdida de confianza en el uniformado, «debido a su vinculación en un proceso
penal por delitos relacionados con hurto calificado agravado en concurso
heterogéneo con falsedad ideológica en documento público»; (iii) parte de hechos
ciertos, como lo es «la legalización de captura del uniformado por orden del Juzgado
Treinta y Tres Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, dentro
del proceso 760016000193201813650», los cuales generan una afectación del
servicio y deterioran la imagen institucional; (iii) es independiente y no requiere de
investigaciones disciplinarias o penales previas que lo habiliten; (iv) no está limitado
por el buen desempeño; y (iv) no fue producto de una retaliación acreditada.
En cuanto al señalamiento de que el ahora accionante sacó a un ciudadano de un
inmueble «en contra de su voluntad», concluyó:
Finalmente, sostiene categóricamente la parte demandante que dentro del acto
administrativo de retiro se efectúan dos afirmaciones relacionadas con el hecho de
sacar a un ciudadano en contra de su voluntad de un inmueble, las cuales no tienen
sustento en ninguno de los documentos evaluados por la Junta.
Sobre el particular, obra la orden de captura 712 de 25 de octubre de 2021, proferida
dentro del proceso penal 760016000193201813650 seguido en contra del
demandante, en donde se incluyeron los siguientes hechos que trascribe el acta de la
Junta:
Como se observa, en la orden de captura se relaciona en los hechos expresamente:
“sacaron del inmueble al ciudadano DEIBY BRAYAN HERNÁNDEZ CAICEDO, a quien
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le dieron vueltas por el sector y posteriormente lo dejaron cerca del inmueble sin el
dinero ni los elementos”
Entonces, contrario a como lo afirma el recurrente, las conclusiones de la Junta
encuentran respaldo en lo consignado en la orden de captura, lo que quiere decir que
el análisis en sede administrativa no expone ningún planteamiento que no sea veraz,
por el contrario, es concordante con lo expuesto en la investigación penal.
Para la Sala, los argumentos expuestos por el señor Yeferson Santiesteban
Rodríguez en relación con la defectuosa valoración probatoria, están encaminados
a controvertir las conclusiones a las que arribó el tribunal accionado, toda vez que,
según su criterio, el señalamiento «en contra de su voluntad» fue una forma de
hacer más gravosa su situación y justificar su retiro del servicio activo, pese a que
no es cierto y configura una falsa motivación.
Acorde con lo expuesto, se hace evidente que el accionante busca imponer su
criterio, el cual estima más acertado, sobre el del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, lo cual denota un desconcierto
respecto al sentido de la decisión.
Respecto de lo expuesto, se advierte que la administración de justicia garantiza que
los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
determinaciones vía acción de tutela.
Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez natural.
Acorde con lo analizado y de los razonamientos expuestos en la acción de tutela,
concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida por la
autoridad judicial, después de hacer un análisis razonable de las pruebas obrantes,
sin que sea permitido reabrir el debate ya zanjado por el juez natural.
En consecuencia, se considera que, si bien el tutelante intenta exponer las razones
por las cuales considera que la Corporación accionada incurrió en una vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, en realidad lo que se evidencia es
una simple inconformidad con lo dispuesto en la providencia censurada, y las
conclusiones a las que arribó el fallador de la sentencia del 30 de abril de 2025, lo
cual, per se, no implica una trasgresión de la mencionada garantía.
En tal medida, esta Sala de decisión declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Yeferson Santiesteban Rodríguez por no cumplir el presupuesto de la
relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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