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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2026-00012-01

Fecha
9 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2026-00012-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: proceso de responsabilidad
fiscal. Subtema 2: improcedencia.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Pedro Luis Chavez Bueno contra la sentencia del 30
de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

1. Síntesis del caso

El señor Pedro Luis Chávez Bueno, por conducto de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de su derecho fundamental al debido proceso,
que consideró vulnerado con ocasión del auto núm. URF2-1819 de 19 diciembre de
2025, proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial núm. 5 de la Unidad de
Responsabilidad Fiscal, dentro del expediente con radicado PRF. NÚM. 80703-
2024-46113.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.
El señor Pedro Luis Chávez Bueno fue designado como gerente de la E.S.E.
Hospital Universitario de Sincelejo entre el 8 de agosto de 2022 y el 28 de junio de
2023.

1

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

3.
La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la Contraloría General de la
República, mediante auto núm. 443 del 25 de julio de 2024 dio apertura al proceso
ordinario de responsabilidad fiscal núm. 80803-2024-461113 en atención a un
posible daño patrimonial causado a la E.S.E. Hospital Universitario de Sincelejo,
que se identificó con ocasión de la denuncia núm. 2023-280603-80704 y el hallazgo
SICA NÚM. COH-356-2024-1-DN por haberse empleado para un fin distinto los
recursos del proyecto de «Adecuación y puesta en funcionamiento de la subestación
eléctrica, cuarto de control eléctrico y construcción y puesta en funcionamiento de
la central de gases en la sede principal del HUS».

4.
En el referido auto se ordenó vincular como posibles responsables a los señores
Pedro Luis Chávez Bueno, Ana Cristina Barrios y Francisco Alexander Ordóñez
Rodelo.

5.
La entidad, a través de los autos 560 de 23 de septiembre de 2024 y 187 de 2
de septiembre de 2025, incorporó y decretó la práctica de unos elementos
probatorios necesarios para identificar los hechos materia de investigación.

6.
Posteriormente, la Gerencia Departamental Colegiada de Sucre de la
Contraloría General de la República, por medio del auto núm. 538 el 11 de
noviembre de 2025, resolvió archivar el proceso de responsabilidad núm. 80803-
2024-461113 seguido contra los señores Pedro Luis Chávez Bueno, Ana Cristina
Barrios y Francisco Alexander Ordóñez Rodelo.

7.
Adicionalmente, en la mencionada providencia ordenó tramitar el grado de
consulta de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
610 de 2000.

8.
La Contraloría Delegada Intersectorial núm. 5 de la Unidad de Responsabilidad
Fiscal, mediante auto núm. URF2 — 1819 de 19 de diciembre de 2025, resolvió
revocar el auto núm. 538 el 11 de noviembre de 2025 y, en su lugar, devolver el
expediente a la Gerencia Departamental Colegida de Sucre de la Contraloría
General de la República para que continuara el trámite respectivo con el fin de que
determinara si había o no mérito para endilgar responsabilidad fiscal o no a los
implicados, en los términos establecidos en la Ley 610 de 2000.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

Tutelar el derecho fundamental al debido proceso; como consecuencia ordenar que en
un término razonable se profiera una nueva decisión en el grado de consulta dentro del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal PRF n. º 80703-2024-46113, confirmando
la decisión contenida en el Auto No. 538 del 11 de noviembre de 2025, proferido por la
Gerencia Departamental Colegiada de Sucre, por medio del cual se ordenó el Archivo

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06977-00, índice 2, certificado núm. 1132ADFE89A4FEF0 3D650F6E79D9D1BB
63DA51E8CA0DAB5C 147199F0807F03F9.
2

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

por no merito, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80703-2024-46113
[…]2.

10.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que el auto
núm. URF2 — 1819 de 19 de diciembre de 2025, proferido por la Contraloría
Delegada Intersectorial núm. 5 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, vulneró su
derecho al debido proceso porque fue expedido por autoridad sin competencia y
con desconocimiento de los límites materiales propios del grado de consulta.

11.
En este sentido explicó que la autoridad accionada perdió competencia temporal
para revocar el auto de núm. 538 el 11 de noviembre de 2025, toda vez que el
artículo 18 de la Ley 610 de 2000 dispone de manera expresa que el superior
funcional cuenta con un término perentorio de un mes, contado a partir de la
recepción del expediente, para resolver el grado de consulta. Esta norma, también
establece que, vencido dicho término sin que se haya proferido la respectiva
providencia, el auto o fallo materia de consulta queda en firme «por ministerio de la
ley», sin que sea jurídicamente posible adoptar decisión posterior alguna.

12.
Explicó que al momento de expedirse el auto mediante el cual se revocó la
providencia de archivo, ya había transcurrido en exceso el término legal de un mes,
razón por la cual la referida decisión se encontraba ejecutoriada y en firme. «En
consecuencia, la autoridad que profirió la decisión revocatoria carecía de
competencia temporal, lo que vicia de nulidad absoluta el acto administrativo y
configura una actuación arbitraria contraria al principio de legalidad y al derecho
fundamental al debido proceso».

13.
Adujo que la jurisprudencia constitucional y contenciosa ha indicado que la
competencia, incluida la temporal, constituye un elemento esencial de validez del
acto administrativo, de manera que su ejercicio por fuera de los límites fijados por
el legislador comporta una violación directa del debido proceso y convierte la
actuación en una verdadera vía de hecho administrativa.

14.
Por otro lado, afirmó que el auto cuestionado incurrió en una extralimitación
funcional en el ejercicio del grado de consulta, debido a que efectuó valoraciones y
consideraciones que modificaron sustancialmente el entendimiento de los hechos
investigados y el daño fiscal, por lo que, en su criterio, se modificó el objeto del
proceso, de manera que se desconocieron los principios de seguridad jurídica,
legalidad, defensa y contradicción, al revivir una actuación concluida.

2.3. Trámite procesal

15.
El despacho ponente del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante auto del
22 de enero de 20263, admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la

2
Se transcribe incluso con errores
3
Samai, exp. 70001-23-33-000-2026-00012-01, índice 2, certificado núm. 0DF1B5AC999608A9 071D85463F71B9E5
7C3E895C1FA1D3B9 92B2E3B83B3689F9.
3

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

autoridad accionada, esto es, a la Contraloría General de la República y puso en
conocimiento el escrito de tutela al Ministerio Público.

2.4. Intervenciones

16.
La Contraloría General de la República y el Ministerio Publico no se
pronunciaron sobre los hechos y las pretensiones expuestos en el escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

17.
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 30 de enero de
20264 declaró improcedente la tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad.

18.
Al respecto, indicó que los argumentos del accionante están dirigidos a
cuestionar un acto administrativo emitido por la Contraloría General de la República,
a través de una de sus delegadas, que en sede de consulta revocó la decisión de
archivar el proceso de responsabilidad fiscal seguido en su contra.

19.
Así pues, explicó que, tratándose de actos administrativos, el accionante cuenta
con mecanismos ordinarios idóneos previstos en el ordenamiento jurídico, para
materializar la garantía del derecho fundamental que, a su juicio fue vulnerada.

20.
De esta manera, consideró que «la discusión sobre la legalidad de los actos
administrativos, cuyos efectos recaen sobre la situación particular y concreta del
accionante, debe darse primero internamente en sede administrativa, a través de
los recursos en las instancias de control fiscal (reposición y apelación) en los
términos previstos en la legislación». Por lo tanto, una vez finalizada la actuación
del órgano de control, la discusión de legalidad del proceder de la administración
puede pasar a sede judicial, ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, a través
de los mecanismos definidos por el legislador.

21.
Por lo anterior, afirmó que la acción de tutela es improcedente, debido a que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el instrumento idóneo
para garantizar la protección de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por la Contraloría General de la República, en cuyo escenario cuenta
con la oportunidad de llevar a cabo el debate probatorio necesario para estudiar la
legalidad de los actos que puedan afectarlo. Además, el actor puede solicitar el
decreto de las medidas cautelares, desde etapas tempranas del proceso como la
admisión o audiencia inicial.

22.
Finalmente, destacó que el tutelante no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que le permita la intervención del juez de tutela para acceder a la
protección del derecho invocado de manera transitoria, pues no obra una decisión

4
Samai, exp. 70001-23-33-000-2026-00012-01, índice 2, certificado núm. FA4F85FA5C752DB0 E148A09BCCC2FD2B
A3710A3FBC181295 D4A6290556CA6FCC.
4

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

definitiva que tenga unos efectos concretos sobre el accionante, dado que el
proceso de responsabilidad fiscal se encuentra en trámite.

2.6. Impugnación

23.
La parte actora presentó impugnación5 contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Sucre. En su escrito, indicó que la providencia impugnada incurrió
en error, al afirmar que el acto administrativo que resuelve una consulta dentro del
proceso de responsabilidad fiscal es susceptible de control judicial mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a que existe una
prohibición legal expresa que limita su controversia en sede judicial.

24.
Explicó que el artículo 59 de la Ley 610 de 2000 establece que: «en materia del
proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el acto administrativo con el cual termina el
proceso, una vez se encuentre en firme». Esta norma no admite interpretaciones
extensivas ni excepciones implícitas, pues el legislador optó por concentrar el
control jurisdiccional en el acto definitivo, excluyendo de manera expresa los actos
proferidos durante el trámite

25.
Manifestó que el acto administrativo que resuelve una consulta en el proceso
de responsabilidad fiscal no pone fin al trámite ni define la responsabilidad fiscal ni
impide la continuación del proceso, razón por la cual tiene la naturaleza de acto de
trámite. En tal medida, su legalidad solo puede ser cuestionada de forma indirecta
al momento de demandar el acto administrativo final que decide de fondo la
responsabilidad, conforme al diseño normativo previsto en la Ley 610 de 2000.

26.
Así pues, las consideraciones del fallo del Tribunal Administrativo de Sucre
desnaturalizan el procedimiento especial y desconocen los principios de legalidad y
del debido proceso, al permitir el enjuiciamiento autónomo de actuaciones
administrativas intermedias, que fueron expresamente excluidas de control judicial.

27.
Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

28.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 30 de
enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

5
Samai, exp. 70001-23-33-000-2026-00012-01, índice 2, certificado núm. 8BB10F98EB82BC23 927CCF9298D16F83
6B54068FDF49B053 75322B31C81A23B8.
5

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

3.2. Legitimación en la causa

29.
La legitimación en la causa por activa del señor Pedro Luis Chávez Bueno está
acreditada porque es la persona vinculada al proceso de responsabilidad fiscal en
el que fue expedido el auto que, a su juicio, desconoció su derecho fundamental.

30.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Contraloría
General de la República, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de estudio.

3.3. Problema jurídico

31.
Corresponde a la Sala determinar si la Contraloría Delegada Intersectorial núm.
5 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, al proferir el auto núm. URF2 — 1819 de
19 de diciembre de 2025, mediante el cual resolvió revocar el auto núm. 538 el 11
de noviembre de 2025, que había ordenado el archivo del proceso de
responsabilidad fiscal en el que estaba vinculado el señor Pedro Luis Chávez Bueno
y, en su lugar, ordenó continuar con el trámite con el fin de que determinara si había
o no mérito para endilgar responsabilidad fiscal, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso del tutelante.

32.
Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si el escrito de amparo
supera el requisito de procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela de
subsidiariedad.

33.
Para el efecto, se estudiará: i) las generalidades de procedibilidad de la acción
de tutela; y ii) el caso concreto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

34.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez6.

35.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable7; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»8.

6
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
7
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
8
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
6

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

3.4.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto

36.
El señor Pedro Luis Chávez Bueno presentó tutela con la pretensión principal
de que se deje sin efecto el acto administrativo contenido en el auto núm. URF2 —
1819 de 19 de diciembre de 2025, proferido por la Contraloría Delegada
Intersectorial núm. 5 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, por medio del cual se
revocó la decisión que había ordenado el archivo del proceso de responsabilidad
fiscal en el que se encontraba vinculado el señor Pedro Luis Chávez Bueno.

37.
Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 1991 9
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso10.

38.
En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables11.

39.
En el presente asunto, para la Sala es pertinente indicar que el artículo 36 de la
Ley 610 de 2000 «por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías», en su artículo 60 indica
expresamente las causales de nulidad, que puedan surgir durante el desarrollo de
la actuación administrativa. Al respecto, la norma referida indica lo siguiente:

Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal
la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho
de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales
que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de
conocimiento del proceso.

40.
El contenido de la norma referida permite advertir que los supuestos que pueden
derivar en una eventual nulidad del proceso de responsabilidad fiscal corresponden
a i) la falta de competencia del funcionario, ii) la violación del derecho de defensa
del implicado, o iii) las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

9
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en
[…]».
10
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
11
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
7

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

41.
Acorde con lo mencionado, el artículo 3812 de la Ley 610 de 2000 establece la
oportunidad para proponer la nulidad de la actuación administrativa. Así pues, la
norma indica que las causales de nulidad podrán plantearse por el interesado hasta
antes de que se profiera fallo definitivo. De igual manera menciona que contra el
auto que resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y de
apelación.

42.
Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa que la inconformidad del
accionante se centra en que la Contraloría Delegada Intersectorial núm. 5 de la
Unidad de Responsabilidad Fiscal auto núm. URF2 — 1819 de 19 de diciembre de
2025 vulneró su derecho al debido proceso porque, en su criterio, carecía de
competencia temporal para revocar el núm. 538 el 11 de noviembre de 2025, al
haber emitido la decisión por fuera del término de un mes previsto en el artículo 18
de la Ley 610 de 2000.

43.
Adicionalmente, indicó que la autoridad accionada desconoció su derecho al
debido proceso, a la defensa y el principio de legalidad al exceder los límites de su
competencia al introducir valoraciones y consideraciones que modificaron
sustancialmente el entendimiento de los hechos investigados y del presunto daño
fiscal, en la providencia cuestionada.

44.
En este orden, se advierte que las inconformidades planteadas por el
accionante en el escrito de tutela hacen referencia a circunstancias que,
posiblemente comprende una falta de competencia del funcionario que expidió la
decisión administrativa acusada, un desconocimiento del derecho de defensa del
implicado o incluso irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso.

45.
Por lo dicho, es posible inferir que los reparos que pretende atribuirle al auto
núm. URF2 — 1819 de 19 de diciembre de 2025 pueden ser valorados y analizados
por la respectiva delegada de la Contraloría General de la República bajo el
escenario del mecanismo de la nulidad en los términos de los artículos 36 y 38 de
la Ley 610 de 2000.

46.
En este punto, conviene mencionar que los instrumentos jurídicos diseñados
por el legislador para emplearse en sede administrativa le permite al afectado acudir
directamente a la entidad, que ha proferido una decisión que considera vulneradora
de sus derechos, para que esta pueda tener la oportunidad de revisar sus propios
actos, de manera que, en el evento de que sea procedente revoque o modifique su
determinación y acceda a la solicitud del interesado en caso de haber incurrido en
algún error y, en consecuencia, proferir una nueva decisión ajustada a derecho13.

12
Artículo 38. Término para proponer nulidades. Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo
definitivo. En la respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se
podrá formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por causal diferente. Contra el auto que
resuelva las nulidades procederán los recursos de reposición y apelación.
13
Corte Constitucional, sentencia T-682 de 2015.
8

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

47.
Esta situación no tiene otro propósito que contribuir a los fines del estado14,
pues no se puede desconocer que es un deber de las autoridades administrativas
servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y, la vigencia de un orden
justo15.

48.
Ahora bien, revisados los documentos aportados al expediente de tutela no se
observa que el señor Pedro Luis Chávez Bueno haya presentado la solicitud de
nulidad en contra del auto núm. URF2 — 1819 de 19 de diciembre de 2025, lo cual
le impidió a la administración revisar nuevamente su situación, cuyo análisis se
pretende en sede de tutela.

49.
En este sentido, resulta evidente que el tutelante cuenta con un mecanismo de
autotutela que le permite acudir directamente a la entidad para que revise y corrija
aquellos errores que advierta en su decisión, los cuales, en criterio del actor derivan
en una vulneración de sus derechos fundamentales.

50.
En todo caso, se debe aclarar que el proceso de responsabilidad fiscal se
encuentra en trámite y, según los hechos acreditados en el presente expediente, no
es posible advertir que la entidad accionada hubiera emitido fallo de primera
instancia, el cual, de ser el caso, podrá ser objeto de recursos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 610 de 2000.

51.
Asimismo, cabe advertir que el señor Pedro Luis Chávez Bueno tiene la
posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los
actos administrativos definitivos, que se pronuncien sobre la responsabilidad fiscal
objeto de investigación y, eventualmente, puedan llegar a afectarlo.

52.
Así pues, se tiene que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es un mecanismo judicial idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo
13816 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el tutelante puede solicitar que se deje sin
efecto el acto administrativo que eventualmente pueda lesionar sus derechos.

53.
Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es un espacio adecuado para
resolver los cuestionamientos que el actor planteó a través de esta acción de tutela,
en la medida en que lo pretendido se dirige a cuestionar el procedimiento y las
razones de orden legal y reglamentario en los que se fundamentó la administración
para tramitar y decidir de fondo el proceso de responsabilidad fiscal.

14
Constitución Política, artículo 209.
15
Constitución Política, articulo 2.
16
ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación
de aquel».
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Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

54.
Ciertamente, a través de dicho mecanismo judicial, se podrá desarrollar el
debate jurídico y probatorio que el actor pretende se realice en esta acción
constitucional, con relación a la garantía del derecho al debido proceso, respecto a
las competencias de la Contraloría General de la República para el trámite de un
proceso de responsabilidad fiscal, con posterioridad a una decisión de archivo.

55.
Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos definitivos expedidos en el proceso de responsabilidad fiscal, sino
también, de ser procedente, para emitir las órdenes necesarias con el fin de restituir
el derecho vulnerado por la entidad accionada e, incluso, ordenar la reparación de
daños.

56.
En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:

Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos
para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya
lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete17.

57.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección»18. En relación con las medidas
cautelares de urgencia, la Corte expuso lo siguiente:

El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar”19.

17
Se transcribe incluso con errores.
18
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
19
Ibidem.
10

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

58.
Ahora, es pertinente mencionar que, el accionante en los escritos de tutela e
impugnación no desarrolló una carga argumentativa y probatoria dirigida a informar
y demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que no es posible
constatar un hecho concreto derivado de la actuación de la entidad accionada que
pueda constituir un daño irreparable para el demandante.

59.
Al respecto, se debe precisar que el hecho de que los ciudadanos puedan estar
sometidos a una investigación penal, disciplinaria o fiscal no constituye por sí mismo
un perjuicio irremediable, ya que se trata de procedimientos legales diseñados para
verificar hechos, en los cuales se debe garantizar el debido proceso sin que ello
implique un daño irreparable o una afectación inminente a derechos fundamentales.

60.
En este punto de la providencia, es pertinente destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías administrativas y
jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de estas o cuando estas
no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la
acción de amparo constitucional.

61.
Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, como bien lo
indicó el juez de primera instancia, es improcedente, en el entendido de que el
agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no solo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino
un requisito necesario para la procedencia de la tutela como mecanismo de defensa,
por lo que no puede ser ejercida como un medio para subsanar la falta de actividad
del accionante.

4. Conclusión

62.
La Sala concluye que la solicitud de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el accionante tiene a su alcance la solicitud de
nulidad ante la entidad demandada y el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como la solicitud de medidas cautelares de
urgencia y los demás mecanismos previstos en el CPACA para pedir la protección
del derecho fundamental que, en su criterio, fue vulnerado por la Contraloría
General de la República.

63.
En virtud de lo anterior, la Subsección confirmará la sentencia del 30 de enero
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Pedro Luis Chávez Bueno.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

11

Radicado: 70001-23-33-000-2026-00012-01 (1654)
Accionante: Pedro Luis Chávez Bueno
Accionado: Contraloría General de la República

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

12

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