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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06997-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06997-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de diciembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró IMPROCEDENTE el mecanismo constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06997-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de febrero de 2026

Demandante: ETEMCO
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06997-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., diecinueve [19] de febrero de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06997-01
Demandante: CENTRO DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA
[ETEMCO]
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA CUARTA
DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial - controversias contractuales -
confirma - declara la improcedencia del mecanismo por falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 10
de diciembre de 2025, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 6 de noviembre de 2025, el Centro de Empleos Temporales de Colombia [en
adelante ETEMCO], por intermedio de apoderado, instauró acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión con el fin de que
se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de «DEFENSA TECNICA».

Las mencionadas garantías las consideró vulneradas con la expedición de la
providencia de 15 de mayo de 2025, por medio de la cual se definió la demanda de
controversias contractuales identificada con el radicado 66001-33-33-003-2019-
00346-00/01, en el sentido de negar las pretensiones del medio de control.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

1. Declarar sin efecto jurídico la sentencia del 15 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, por medio de la cual confirmó la
sentencia con fecha junio 21 de 2023, emitida por el Juzgado Tercero Contencioso
Administrativo de Risaralda, dentro del expediente de la acción controversias
contractuales, radicado bajo el No. Rad. 66001333300320190034601.

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Demandante: ETEMCO
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06997-01

2. Ordénese al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, proferir providencia
de reemplazo de la sentencia del 15 de mayo de 2025, teniendo en cuenta la prueba
obrante en el expediente y la protección de los Derechos Fundamentales violados y
que son invocados en esta acción constitucional.1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• ETEMCO ejerció el medio de control de «reparación directa» contra la E.S.E.
Hospital Universitario San Jorge de Pereira, con el fin de que se declarara el
incumplimiento del contrato 191 de 31 de enero de 2019, comoquiera que, si bien
el acuerdo de voluntades no contempló el aprovisionamiento de auxiliares de
enfermería, este fue suministrado a la entidad, lo que ocasionó un enriquecimiento
sin justa causa.

• El 24 de octubre de 2019 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Pereira inadmitió la demanda con el fin de que se adecuara al medio de control
al de controversias contractuales, en atención a que, lo que se discutía era el
presunto incumplimiento del contrato 191. Requerimiento que el actor atendió, por
lo que la acción contenciosa fue admitida el 25 de noviembre de 2019.

• El 21 de junio de 2023, el juzgado negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el manual de contratación de la E.S.E. Hospital Universitario San
Jorge de Pereira2 establecía que los contratos que celebraran por parte de la
entidad debían constar por escrito, y en el convenio 191 no se pactó el suministro
de auxiliares de enfermería, por lo que la E.S.E. no debía cubrir los gastos que se
hubieran incurrido, particularmente cuando se probó que no se realizaron adiciones
conforme al procedimiento establecido.

• El 15 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de
Decisión confirmó la sentencia de primera instancia, en atención a que las pruebas
aportadas al expediente no permitían identificar a las personas que interactuaron
acerca de la necesidad de la contratación de auxiliares de enfermería.

• Destacó que en el contrato 191 se acordó que ETEMCO suministraría personal
de diferentes áreas de la salud a la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de
Pereira, pero no se contempló a las auxiliares de enfermería y tampoco se realizó
una adición contractual en ese sentido según acuerdo 06 de 2014 de la entidad,
esto es, que fuera por escrito, lo que impedía incluirlas en el negocio jurídico,
máxime cuando ello incidía en la cuantía del convenio.

• La providencia que puso fin a la controversia contenciosa fue notificada el 19 de
mayo de 2025.

1 Transcrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
2 Artículo 33 del Acuerdo 6 de 2014.

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Demandante: ETEMCO
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1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada trasgredió sus garantías
constitucionales porque incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto.

Referente al yerro de índole probatorio señaló que al interior del proceso
contencioso se acreditó la falla en el servicio endilgada, comoquiera que se probó
que las auxiliares de enfermería que les suministró a la E.S.E. Hospital Universitario
San Jorge de Pereira cumplieron sus actividades; por tanto, debía reconocérsele el
pago, ya que de lo contrario se incurría en un enriquecimiento sin justa causa.

Destacó que resultaba evidente que ETEMCO no contó con una defensa técnica
adecuada, porque el abogado no cuestionó la decisión que ordenó adecuar la
demanda de reparación directa a la de controversias contractuales, máxime cuando
al interior del proceso contencioso no se pidieron las pruebas necesarias para
acreditar el suministro de las auxiliares de enfermería a la E.S.E. Hospital
Universitario San Jorge de Pereira.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 10 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió el mecanismo constitucional de la referencia contra la autoridad
judicial en mención, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso
al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y a la E.S.E.
Hospital Universitario San Jorge de Pereira.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Risaralda, precisó que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya que el accionante intenta
reabrir el debate legal. Agregó que la tutela no es el escenario para suplir las
falencias probatorias en las que incurrió en el proceso ordinario, ni para sustituir la
omisión de recurrir el auto que ordenó la adecuación del medio de control.

Precisó que no era de recibo el argumento de ausencia de defensa técnica, dado
que el profesional del derecho que actuó como apoderado de la demandante lo hizo
bajo una práctica jurídica adecuada.

1.6.2. La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira alegó que el
mecanismo constitucional era improcedente, porque los cargos que la sustentan
debieron plantearse al interior del proceso ordinario. Asimismo, señaló que el
accionante pretendía usar la tutela como una instancia adicional.

1.7. Fallo impugnado

El 10 de diciembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de tutela, al exponer que carecía de relevancia
constitucional «frente al defecto fáctico invocado, ya que los argumentos en los que

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se fundó ese cargo ya fueron analizados y desestimados por la autoridad accionada,
lo que impide emitir un nuevo pronunciamiento sobre el particular en estas
diligencias».

Por su parte, en cuanto al cargo sustentado en la falta de defensa técnica precisó
que «también resulta[ba] improcedente, pues no se advierte que el demandante se
encuentre dentro de los supuestos que habilitan la procedencia de la acción de
tutela por falta de defensa técnica: (i) que el error no comporte una estrategia de
litigio, (ii) que el yerro tenga un efecto definitorio en la controversia, (iii) que no se
hubiere dado por negligencia o abandono del proceso y (iv) que tenga la entidad de
afectar derechos fundamentales. En efecto, lo que se advierte es que la sociedad
demandante omitió presentar recurso contra el auto que inadmitió la demanda de
reparación directa y ordenó adecuarla a la demanda de controversias contractuales
y, por el contrario, adecuó el medio de control al de controversias contractuales».

1.8. Impugnación3

La parte accionante insistió en que el apoderado anterior no utilizó los recursos
legales adecuados, como apelar la inadmisión de la demanda, lo que afectó la
defensa de ETEMCO.

Agregó que la adecuación de la demanda de reparación directa a la de controversias
contractuales limitó la posibilidad de explorar otras hipótesis jurídicas, como el
enriquecimiento sin causa.

Precisó que el error en la defensa técnica resultó en una decisión desfavorable, ya
que se desestimaron las pretensiones de ETEMCO basándose en argumentos
contractuales que no se habrían presentado en el contexto de la reparación directa.

Enfatizó que la falta de defensa técnica vulnera el derecho fundamental al debido
proceso y de acceso a la justicia, lo que justifica la procedencia de la acción de
tutela.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación
presentada por el extremo activo, de conformidad con lo establecido en los Decretos
1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sección determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 10 de diciembre de 2025, proferida por la

3 El fallo fue notificado el 18 de diciembre de 2025, la impugnación se presentó el 13 de enero de

2026.

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Sección Cuarta del Consejo de Estado al interior del presente mecanismo
constitucional.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad,
y (iii) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 20228, en
cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-

000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

Por su parte, esta sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está
instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que
el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia9.

Sobre el particular, se considera que, diferente a lo expuesto por el a quo
constitucional, este asunto no es relevante constitucionalmente, como se pasará
a explicar.

En primer lugar, se advierte que, en materia de tutelas contra providencias
judiciales, le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los
fundamentos de los accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso, expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el
principio de autonomía judicial y así, se convertiría el mecanismo constitucional en
una tercera instancia.

En este orden de ideas, para esta sala, los argumentos que se resumen en la
indebida valoración probatoria y la falta de defensa técnica no cuentan con la carga
argumentativa para ser estudiados en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además de ser una reiteración de lo ya resuelto en sede
ordinaria, a primera vista, es posible colegir que no se desvirtúa la consideración
realizada por el tribunal frente a que no se probó el incumplimiento contractual en el

9 Énfasis de la sala.

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que se sustentó la demanda contenciosa.

En efecto, de entrada, no resulta irrazonada la conclusión del tribunal consistente
en que, al no haberse solemnizado el aprovisionamiento de auxiliares de enfermería
en el contrato 191, no era posible advertir un incumplimiento de la entidad ante la
contratación de auxiliares de enfermería por parte del contratista, máxime cuando
ello incidía en cuantía del convenio.

Por su parte, tampoco se advierte que el cargo de falta de defensa técnica tenga la
dimensión suficiente para trascender al plano del estudio de fondo por parte del juez
constitucional, comoquiera que se advierte la intención de usar la tutela como una
tercera instancia con el fin de suplir la omisión de oponerse, en la oportunidad
procesal pertinente, a la decisión de adecuar el medio de control de reparación
directa al de controversias contractuales, sobre todo cuando el daño alegado en la
demanda contenciosa provino de un contrato.

Al respecto, esta sección destaca que la Corte Constitucional contempla una serie
de presupuestos para estudiar el defecto procedimental por falta de defensa técnica,
como por ejemplo, la necesidad de justificar que, además de las falencias en la
defensa, esta no sea imputable a quien afronta las consecuencias negativas de la
decisión, o que la falla no haya estado amparada por una estrategia de defensa,
luego, si ab initio se advierte que la omisión es imputable a quien la alega y la
estrategia de defensa de continuar avante con el proceso obedeció para que no
fuera rechazada la demanda por no atender el requerimiento del juzgado 10, tal
actuar no resultaría, prima facie, constitutivo de la trasgresión de algún derecho
fundamental.

Por eso, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto, en
atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales de la tutelante, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la
demanda contenciosa, para, a su vez, disentir del análisis probatorio efectuado por
la autoridad judicial de segundo grado demandada.

De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por la accionante, la sala advierte que esta no se encuentra ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, máxime cuando sus
argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»11 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.

10 Ver T-272 de 2025.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.

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2.5. Conclusión

Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión del a quo, en atención a que no
puede el juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo,
toda vez que no se supera el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de diciembre de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró IMPROCEDENTE el
mecanismo constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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