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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07004-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07004-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Emi Johana Restrepo Bedoya en contra de la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07004-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO—ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)
Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema: requisito de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción de tutela interpuesta por la señora Emi Johana Restrepo Bedoya en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad.

1. Síntesis del caso

La ciudadana Emi Johana Restrepo Bedoya, en amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, trabajo digno, igualdad y acceso a la administración de justicia, solicitó
que se deje sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 que dictó el Tribunal
Administrativo de Antioquia al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió con el propósito de que se declare la existencia de una
relación laboral encubierta entre ella y la Empresa Social del Estado Hospital
General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.

2. Antecedentes

2.1. La acción de tutela

2.1.1. Pretensiones

1. El 7 de noviembre de 20251, la señora Emi Johana Restrepo Bedoya, mediante
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela2, solicitó lo siguiente:

1 Samái, índice 1, expediente digital.
2 Samái, índice 2, expediente digital, documento «3ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)
Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

(a) Que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo
digno y acceso a la administración de justicia, a su juicio vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, por haber dictado el fallo
del 28 de noviembre de 2024, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 05001-33-33-017-2017-00141-00/01.

(b) En consecuencia, que se deje sin efectos la anterior decisión y se le ordene a la
anterior autoridad judicial proferir un fallo de reemplazo en el que valore la totalidad
de las pruebas practicadas al interior del mencionado proceso ordinario y aplique
el precedente de la Corte Constitucional frente a asuntos similares.

2.1.2. Hechos

2. Para tal efecto, en síntesis, expuso los siguientes hechos:

(a) Relató que se desempeñó como auxiliar de enfermería en las instalaciones
de la Empresa Social del Estado Hospital General de Medellín Luz Castro de
Gutiérrez, del 11 de julio de 2007 al 30 de junio de 2014, con ocasión de los
contratos de prestación de servicios que suscribió con la Cooperativa de Trabajo
Asociado Coopfenix, la Corporación para la Salud Fénix Corfenix y el Sindicato de
Profesionales y Oficios de la Salud Darser.

(b) Presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
señalado Hospital con el fin de que se declarara que durante el periodo antes
señalado existió una relación laboral encubierta, en la que la institución de salud fue
su verdadero empleador, a pesar de que la vinculación se formalizó a través de
contratos que suscribió con intermediarios. En consecuencia, reclamó el pago de
los salarios y prestaciones que le correspondían como parte de la planta de personal
de la Empresa Social del Estado.

(c) Destacó que en primera instancia el Juzgado 17 Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, mediante sentencia del 8 de junio de 2018, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, al considerar que se acreditaron los tres
elementos configurativos de la relación laboral entre ella y el señalado Hospital, esto
es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación

(d) Subrayó que la anterior decisión, en segunda instancia, fue revocada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la sentencia del 28 de noviembre
de 2024, bajo el argumento que no se acreditaron los elementos constitutivos de la
relación laboral, especialmente la subordinación.

(e) Narró que contra el anterior fallo presentó recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, en el que insistió que entre ella y la institución de salud
sí existió una relación laboral encubierta, pero que dicho medio de impugnación fue
rechazado por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
providencia notificada el 6 de mayo de 2025, quien consideró que con aquel

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Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

simplemente se pretendería manifestar la inconformidad con la valoración
probatoria que se efectuó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.1.3. Concepto de violación

3. La parte accionante afirmó que la sentencia del 28 de noviembre de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos invocados, por haber
incurrido en las causales de procedibilidad de la acción de tutela de defecto fáctico
y desconocimiento del precedente.

4. El primero, porque no se realizó una adecuada valoración de las pruebas
aportadas al proceso que ilustraban las condiciones de dependencia en las que
prestó el servicio de auxiliar de enfermería para el Hospital General de Medellín Luz
Castro de Gutiérrez, tales como las obligaciones que le fueron impuestas en los contratos
que suscribió, la ininterrumpida renovación de estos, la naturaleza de la labor que
desempeñó y las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que desarrolló esta tarea,
de las cuales se infiere claros indicios de la subordinación a la que estuvo sometida.

5. En cuanto al desconocimiento del precedente, alegó que se desatendió el criterio
jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado frente a casos similares,
según el cual, en su criterio, frente a los auxiliares de enfermería existe una presunción
de subordinación de la labor que ejercen3; los pronunciamientos que destacan que los
contratos de prestación de servicios deben celebrarse por el término estrictamente
indispensable, lo que está en consonancia con su carácter temporal u ocasional, y los
que han precisado que no existe solución de continuidad cuando entre uno y otro contrato
no transcurrieron más de 30 días hábiles4.

6. Frente a los requisitos generales de procedibilidad de la acción constitucional contra
decisiones judiciales afirmó que también se cumplen, en tanto el presente asunto tiene
relevancia constitucional porque están en discusión garantías fundamentales derivadas
de una verdadera relación laboral de personas que se encuentran en situaciones
similares de hecho y derecho; agotó todos los mecanismos ordinarios de defensa como
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia; la demanda se presentó dentro
de los 6 meses siguientes a que se notificara el auto que rechazó el anterior medio de
impugnación y el que dispuso dar cumplimiento a este; se hizo una identificación
razonable de las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican el amparo solicitado, y
no se trata de la interposición de la acción de tutela contra una decisión de la misma
naturaleza.

3
Citó las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: (a) del 1 de septiembre de 2022, exp.
05001-23-33-000-2017-02520-01, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. (b) Del 29 de junio de 2023, exp. 05001-23-33-
000-2017-02041-01, M.P. César Palomino Cortés. (c) Del 15 de febrero de 2024, exp. 05001-23-33-000-2016-01454-
01, M.P. César Palomino Cortés. (d) Del 31 de octubre de 2024, exp. 05001-23-33-000- 2016-01955-01, M.P. Jorge
Edison Portocarrero Banguera.
4 Hizo alusión a un fallo de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, sin

precisar el radicado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)
Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

2.2. Trámite procesal

7. El despacho ponente, mediante auto del 12 de noviembre de 20255, admitió la
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia; vinculó al Juzgado 17
Administrativo de Medellín y a la ESE Hospital General de Medellín como terceros con
interés; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda; solicitó que se
aportara copia digital del expediente en la que se dictó la providencia acusada, y ordenó
las notificaciones de rigor.

2.3. Intervenciones

8. El Tribunal accionado solicitó que se niegue el amparo solicitado, para lo cual, en
síntesis, expuso lo siguiente6:

(…) esta Sala de Decisión no incurrió en vulneración alguna de sus derechos
fundamentales, pues la providencia cuestionada fue adoptada con estricto apego al
ordenamiento jurídico, aplicando de manera rigurosa las normas pertinentes, así como los
lineamientos jurisprudenciales que resultan aplicables al caso concreto teniendo en cuenta
que no se probaron los tres elementos para que se configure la relación laboral pretendida.
Igualmente, se realizó una valoración integral y razonada de las pruebas obrantes en el
expediente, conforme a los principios de la sana crítica, sin que pueda predicarse omisión
o desconocimiento de los elementos de prueba aportados. En consecuencia, no es posible
afirmar la existencia de un defecto fáctico o sustantivo, ni de una actuación arbitraria que
justifique la intervención del juez constitucional mediante tutela contra providencia judicial.

9. El Juzgado 17 Administrativo de Medellín sostuvo que las providencias proferidas
al interior del proceso ordinario «tuvieron un fundamento normativo y jurisprudencial
propio de la resolución de este tipo de controversias en la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo. En consecuencia, no resulta procedente su cuestionamiento mediante la
acción de tutela (…) toda vez que no se acredita ninguna de las causales generales que
habilitan su procedencia»7.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

10. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la acción de tutela
interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

11.La legitimación en la causa por activa de la señora Emi Johana Restrepo Bedoya se
encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el proceso de nulidad

5 Samái, índice 4, expediente digital, documento «9Autoqueadmite_20250700400Admite(.pdf) NroActua 4».
6 Samái, índice 9, expediente digital.
7 Samái, índice 8, expediente digital.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

12.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque fue la autoridad que profirió la providencia contra la
que se dirige la acción constitucional.

3.3. Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia es procedente
para dejar sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la accionante contra la
Empresa Social del Estado Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.

14. Para tal efecto, debe establecerse si la acción constitucional supera los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias y, en caso
afirmativo, si incurrió en defecto fáctico y/o desconocimiento del precedente por las
razones expuestas en la demanda.

15. Entre los requisitos generales de procedibilidad llama la atención el de la inmediatez,
debido al tiempo que transcurrió entre la firmeza de la providencia cuestionada y el
ejercicio de la acción constitucional. Por tal motivo, se estima que el primer problema
jurídico a resolver es el siguiente:

¿La peticionaria al presentar la demanda de la referencia el 7 de noviembre de 2025,
con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, ejerció en un término razonable la acción
de tutela?

16. Para abordar la anterior cuestión, la Sala se realizarán algunas consideraciones
sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
haciendo énfasis en el requisito de la inmediatez.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

17. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional9.

18. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante debe
acreditar los siguientes:

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.11001-03-

15-000-2012-02201-01 (IJ).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

(a) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(b) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
(c) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(d) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
(e) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración;
y,
(f) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

19. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible una
providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la salvaguarda
de los derechos fundamentales.

20. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere que
se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental
absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la autoridad judicial; vi)
decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente constitucional; o viii)
violación directa de la Constitución10.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.4.1.1. Requisito de inmediatez

21. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede presentar
en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata de los
derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un plazo
razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto, para
asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la urgencia y la
necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.

22. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una providencia
judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica y de
los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha definido un
litigio y una situación jurídica en particular.

10 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

23. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado11 explicó que
el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo se dirige
a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación, como regla
general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se efectuara en un
plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.

24. En el caso bajo estudio, la señora Emi Johana Restrepo Bedoya pretende que se
deje sin efectos la sentencia del 28 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-017-2017- 00141-01/01.

25. Al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial Samái12, se
observa que para notificar la anterior providencia a la señora Restrepo Bedoya y demás
sujetos procesales se envió el correo electrónico respectivo el 29 de noviembre de
202413, por lo que de conformidad con el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 quedó
notificada a los 2 días hábiles siguientes, es decir, el 3 de diciembre de 2024, de manera
tal que el término de ejecutoria de 3 días (art. 302 del CGP) venció el 6 de diciembre del
mismo año.

26. Teniendo en cuenta que la demanda de la referencia se presentó el 7 de noviembre
de 202514, se evidencia que transcurrieron casi 11 meses para que se ejerciera la acción
de tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que se pretende
dejar sin efectos, lo que impide considerar tener por cumplido el requisito general de
procedibilidad de la inmediatez.

27. No pasa por alto la Sala que contra la providencia del 28 de noviembre de 2024 la
peticionaria interpuso el recurso extraordinario unificación de jurisprudencia, que fue
rechazado por improcedente mediante auto de ponente del 23 de abril 2025 de la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado15, para cuya notificación se envió el
correo electrónico respectivo el 6 de mayo de la misma anualidad16. Empero, esta
circunstancia no justifica el ejercicio tardío de la acción de tutela, teniendo en cuenta que:

(a) La sentencia de segunda instancia del 28 de noviembre de 2024 fue la que de
manera definitiva e inmediata resolvió la controversia que planteó la peticionaria al
presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el cual
constituye la decisión que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, no
así la que rechazó por improcedente el recurso extraordinario de unificación de

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 En la sesión correspondiente al Tribunal Administrativo de Antioquia.
13 Samái, Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente digital, 05001-33-33-017-2017-00141-01, índice 21,

documento «Soporte notificación Sentencia de fecha 2(.pdf) NroActua 21».
14 Samái, índice 1, expediente digital.
15 Samái, Consejo de Estado, índice 6, expediente digital 05001-33-33-017-2017-00141-01.
16 Samái, Consejo de Estado, índice 9, expediente digital 05001-33-33-017-2017-00141-01.

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jurisprudencia.

(b) En consonancia con lo anterior, la peticionaria no dirigió motivo de inconformidad
alguno contra el rechazo por improcedente del referido medio de impugnación
extraordinario, sino únicamente contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por lo que es a partir de la ejecutoria de esta que debe valorarse el
ejercicio oportuno de la acción constitucional, como la circunstancia definitiva que
la accionante afirma vulneró sus derechos fundamentales.

(c) La interposición de un recurso improcedente, como el extraordinario de
unificación de jurisprudencia en el caso de autos, no puede prolongar el término que
la jurisprudencia constitucional ha estimado razonable para controvertir decisiones
judiciales, so pena de que estas, a pesar de su firmeza, permanezcan en un estado
de incertidumbre en detrimento de la confianza legítima, la seguridad jurídica y el
derecho al debido proceso de las partes e intervinientes.

28. Las anteriores consideraciones están en consonancia con el criterio de esta
Subsección frente a casos similares, en los que se pretendió justificar el ejercicio tardío
de la acción tutela contra providencias judiciales que finalizaron los procesos ordinarios
correspondientes, bajo el argumento que contra estas se presentó el recurso
extraordinario de unificación jurisprudencia, que fue rechazado por improcedente. Frente
a eventos como el descrito, por ejemplo, esta Sala en providencia del 3 de marzo de
202517 expuso las siguientes razones:

(…) la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de inmediatez se supera cuando
«[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que generó la presunta vulneración» 18, que el caso concreto
claramente fue la sentencia del 18 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 18001-33-31-001-2008-00254-001. Respecto a este punto, cabe recordar
que el Consejo de Estado ha sostenido en los casos de acciones de tutela contra
providencias judiciales que el plazo razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso […]»19 [Negrilla fuera del texto original].

46. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela en
contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser estricto,
con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre indefinidamente, por lo que
resulta necesario establecer un plazo razonable para su interposición. En este sentido, la
jurisprudencia es diáfana al determinar que la eventual afectación que surge de una
providencia ocurre cuando la parte tiene conocimiento de esta, lo que resulta identificable
desde el trámite en que se perfecciona su notificación y ejecutoria.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000-

2024-05371-01, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
18 Corte Constitucional SU-055 de 2018.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-

03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

47. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda derivar de
las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas una vulneración actual
o permanente de sus derechos fundamentales, pues se trata de actuaciones que
resolvieron la situación jurídica por el tutelante al interior del proceso con efecto inmediato
y no de forma continuada en el tiempo.

(…)

49. Por otra parte, es necesario precisar que el requisito de la inmediatez en la tutela, se
debe examinar en relación con el hecho o decisión judicial a la cual se le atribuye la
violación del derecho fundamental invocado, por ello, no es posible establecer la
oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la providencia
que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia,
pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.

50. Conviene recordar que, según los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de
tutela e impugnación, la parte actora cuestionó las sentencias del 29 de septiembre de
2011 y del 18 de septiembre de 2014, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por lo que el término
de la inmediatez debía analizarse a partir de la notificación de esta última, dado que fue la
decisión que resolvió de forma definitiva el proceso ordinario promovido por el accionante.

51. En concreto, determinar la oportunidad para acudir a la tutela a partir de la providencia
del 4 de marzo de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia por no cumplir con los requisitos mínimos de procedencia,
implicaría revivir términos en contravía de los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada.

52. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha precisado que la «interposición de un
recurso abiertamente improcedente no puede prolongar el término que esta corporación ha
estimado como razonable para reclamar la protección de derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de justicia» 20.

29. En ese orden de ideas, no se evidencia algún hecho concreto que le haya impedido
a la demandante ejercer oportunamente la acción de tutela, o que haga desproporcionada
la exigencia del agotamiento del referido requisito de procedencia. Por lo tanto, no se
encuentra justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo.

3.4.1.2 Conclusión

30. Por las razones expuestas, la peticionaria al presentar la demanda de la referencia
el 7 de noviembre de 2025, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 28 de
noviembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, no ejerció la acción de
tutela en un término razonable, de manera tal que se advierte el incumplimiento del
requisito general de procedibilidad de la inmediatez, sin que exista circunstancia
alguna que justifique su incumplimiento.

20 Al respecto, se puede ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de septiembre de 2018, exp. 11001-

03-15-000-2018-02703-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-00805-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de mayo de
2019, exp. 11001-03-15-000-2019-01209-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07004-00 (11113)
Accionante: Emi Johana Restrepo Bedoya
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

31. Sobre el particular, se reitera que la presentación del recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia contra la providencia cuestionada no justifica la
forma tardía en que se acudió al juez de tutela, teniendo en cuenta que fue esta la
que a juicio de la peticionaria afectó los derechos invocados, la que de manera
definitiva e inmediata resolvió la controversia que planteó en la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo, por lo que a partir de su firmeza existió la oportunidad
de acudir al juez de tutela. Además, porque la interposición de medios de
impugnación improcedentes, como el referido recurso, no pueden prolongar la
oportunidad que la jurisprudencia constitucional ha estimado razonable para controvertir
decisiones judiciales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Emi
Johana Restrepo Bedoya en contra de la sentencia del 28 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad , por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no
es impugnada esta decisión dentro de los 3 días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samái. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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